Declaracion pública:

sobre los sucesos de la embajada japonesa en Lima del

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu)

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), frente a los hechos ocurridos en Perú, señala a la opinión pública lo siguiente:

• 1. La grave situación producida en el Perú debido al desalojo violento por las fuerzas armadas de la Embajada de Japón tomada por los miembros del MRTA, nos deja consternados por las pérdidas de vidas que ha significado. Como organismo de derechos humanos no podemos dejar de condenar este hecho, puesto que de el resultó una masacre.

• 2. No es creíble la versión oficial que señala que los miembros del comando del MRTA murieran en el enfrentamiento. Pensamos que estos hechos deben investigarse, para descartar la grave posibilidad de que ellos fueran ejecutados sumariamente por las fuerzas militares al interior del recinto diplomático de Japón.

• 3. CODEPU, manifestó su opinión contraria a la toma de la Embajada de Japón porque involucraba y violentaba a personas inocentes, a las que exponían sus vidas a graves riesgos. También manifestó que cualquier resolución de la crisis debía seguir canales pacíficos y de negociación que resguardaran la vida.

• 4. La toma de la Embajada por el MRTA, puso de manifiesto ante la opinión pública internacional, la grave situación de inseguridad y violación permanente de los derechos humanos que viven diariamente los miles de presos políticos en las cárceles de ese país, entre los cuales se encuentran cinco chilenos condenados por "traición a la patria peruana". Lo que ha sido denunciado insistentemente por diversos organismos internacionales.

• 5. Frente a estos graves acontecimientos consideramos que la comunidad internacional está obligada a condenar enrgicamente la salida violenta del conflicto. Asimismo, debe exigir al gobierno peruano que se revise la situación de los presos políticos, con el objeto de garantizar el derecho al debido proceso que se les ha negado hasta ahora y las condiciones humanitarias mínimas de reclusión.

• 6. Rechazamos enérgicamente, la posición del gobierno chileno que elogia una solución militar y violenta al conflicto. Recordamos que el gobierno de Fujimori ha rechazado permanentemente las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y la cooperación pacificadora de entidades humanitarias y políticas internacionales, para lograr una solución concertada y pacífica.

• 7. La muertes ocurridas por el desalojo, incluidos todos los miembrosdel MRTA, dos efectivos militares y un representante de la corte Suprema del Perú, pone de manifiesto la situación de violencia en ese país, que impacta por el desprecio a la vida que se observa en sus autoridades para resguardar la tranquilidad nacional.

• 8. Finalmente, nos preocupan las consecuencias y represalias que puedan surgir de la situación generada. Vemos con preocupación un incremento de la violencia en el Perú y un aumento de la represión hacia el pueblo peruano, en particular hacia sus organizaciones de derechos humanos. Preocupación que se reafirma al conocer el discurso de justificación de la violencia antiterrorista que ha esgrimido el Presidente Fujimori.

Santiago de Chile, 23 de Abril de 1997.

Editado en Madrid por el Equipo Nizkor el 01 de mayo de 1997.