En este ámbito, la injusticia social y el desprecio por la calidad de vida de los sectores mas postergados crecen con el crecimiento de la economía. El actual modelo de desarrollo refleja un crecimiento que produce mayor desigualdad social. La presencia del capital especulativo o capital golondrina acentúa esta tendencia.
En el ámbito ambiental, el derecho a contaminar y a depredar los recursos naturales se han convertido en incentivo fundamental para llamar a la inversión extranjera.
Por tanto, esta situación puede desembocar en serias limitaciones a la consolidación democrática, cuanto de una sociedad justa y equitativa.
La sociedad civil es la gran ausente en el proceso de globalización en marcha; no es consultada o considerada a la hora de tomar acuerdos o firmar tratados de libre comercio. Así, los ciudadanos iberoamericanos ven reducido su papel a potenciales consumidores pasivos y son excluidos de la toma de decisiones.
Sabido es que los tratados económicos y procesos de integración priorizan los intereses de las empresas transnacionales por sobre otras consideraciones sociales.
Desde la década de los anos 70, el incremento de los precios del petroleo que genero gigantescos depósitos en los grandes bancos privados mundiales, posibilito una enorme disponibilidad de capitales que fueron ofrecidos a los gobiernos de América latina y de otros países del tercer mundo, en carácter de prestamos.
La irresponsabilidad interna en los gobiernos latinoamericanos, muchos de ellos dictaduras militares, unido al afán de lucro rápido característico tanto del sistema financiero internacional como de los sistemas financieros nacionales, genero uno de los factores de empobrecimiento más significativos de los últimos anos: el incremento continuo y constante de la deuda externa y de su creciente y agobiante servicio.
Inicialmente, las condiciones financieras en el otorgamiento de créditos fueron menos desfavorables. Poco tiempo después, en base a exigencias - cuestionadas, por cierto, en su legalidad en diversos países - empezaron a incrementarse los intereses. Se firmaron contratos atentatorios a la soberanía de nuestros países.
A partir de ese momento y hasta la fecha, las medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional pasan al primer plano de las agendas gubernamentales. Las condiciones establecidas por el FMI en sus programas de estabilización incluyen medidas que afectan profundamente el funcionamiento económico de nuestros países, tanto a corto como a mediano y largo plazo.
Las características de la política de ajuste son: exportar lo máximo posible, congelar el incremento de los salarios reales y gastar menos a nivel publico para reducir las importaciones, aumentar las tasas de interés para atraer nuevos capitales y encarecer el crédito, devaluar la moneda y restablecer las reservas internacionales, así como también en la producción de bienes y servicios, preferentemente los servicios básicos, que son monopolios naturales y las actividades de gran significación económica en cada uno de nuestros países.
Las dictaduras dejaban el poder tras largos periodos de haber accedido a este en cruentos golpes de Estado.
Sin embargo, a menos de dos anos, al optimismo inicial por el nuevo ciclo de gobiernos democráticos, se impone un escepticismo de la sociedad civil, producto que la clase política es incapaz de responder a las demandas reivindicativas, sociales, ambientales y políticas.
Un golpe militar en Haití ponía fin a su efímera democracia, restauraba un régimen de terror y enviaba al presidente Arístide al exilio en USA.
Mas tarde, un cuartelazo veraniego tenia lugar en Caracas en Febrero de 1992, abriendo una espiral de ingobernabilidad que no terminaría hasta la renuncia de Carlos Andrés Pérez ante acusaciones crecientes de corrupción, algo semejantes a lo ocurrido tras la salida del poder de Collor de Melo, en Brasil, o de Salinas de Gortari en Mexico.
En abril de 1992, la percepción de "paz social" en el continente terminaba de derrumbarse con el autogolpe institucional de Estado llevado adelante por el hoy reelecto Presidente del Perú, Alberto Fujimori. Algo del recuerdo golpista anida sin duda en un preciado lugar del alma de los militares del continente, pues en 1995 intentos en tal sentido afectaron a la frágil democracia paraguaya, solo aplastada por la acción decidida de su población organizada de no retornar a las sombras de la dictadura militar.
Por otro lado, la democracia chilena, a seis anos del inicio de su transición a la democracia, aun no logra desatar los enclaves autoritarios legados por el pinochetismo, que restan fuerza a las autoridades electas. Así se inscribe el sistema democrático chileno en un contexto de sello autoritario no modificado - entre otras razones - por las propias restricciones impuestas al sistema por la dictadura saliente tales como un tercio del Senado designado por la dictadura, o un sistema electoral binominal que entrega una representación superior a la real a las fuerzas de la derecha. Asimismo, se constata la falta de decisión y voluntad política del bloque en el gobierno para resolver estas limitaciones de la democracia chilena.
Esto origina en Iberoamérica un proceso de erosión de confianza en la institucionalidad política, que genera a su vez una creciente distancia entre la ciudadanía y la institucionalidad actual (partidos - parlamento - justicia - servicios públicos). Esta zona gris de desconfianza puede ser llenada a futuro por cualquier tipo de populismo o nacionalismo disfrazado.
Las constituciones políticas de los estados Latinoamericanos son intrínsecamente presidencialistas, un modelo que muchas veces también se copia y se refleja en el espacio local. También preocupa la corrupción institucionalizada en los distintos niveles, relacionada muchas veces a la producción, la comercialización o el lavado de dinero del narcotráfico.
A esto se suma la incapacidad del Estado para resolver los problemas de violencia, enfrentados en las sociedades iberoamericanas, particularmente en Colombia, Perú y Brasil. Hay también un trasfondo de impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, que deslegitiman los sistemas políticos y hacen de la justicia una deuda impaga de los estados, pero con sus sociedades.
Todos estos elementos han significado una mayor apatía de la ciudadanía en general frente a los procesos electorales, y que resulta ser uno de los pocos indicadores de rectificación que tienen la sociedad civil para dar señales claras al mundo político.
Las consecuencias de este proceso son múltiples. Cualquier gobierno que llegue al poder vera reducidas sus posibilidades, pese a sus buenas intenciones. Obviamente, la gobernabilidad se debilita.
Los resultados son claros: se acentúa dramáticamente la pobreza; tienden a desaparecer las capas medias. Se agudiza la polarización social, reflejando a nivel local lo que a nivel mundial afirma el informe sobre el Desarrollo Humano 1996: 358 personas en el mundo obtienen ingresos acumulados superiores a los de 2.300 millones de personas.
La salud y la educación se convierten en servicios de consumo inaccesibles para las grandes mayorías. Lejos de ser responsabilidad de sus gobiernos y sociedades, se integran a una dimensión económica mercantil, objeto de transacción privada.
La sobreexplotación irracional de los recursos naturales, anulando criterios de uso conservacionista, los pone en peligro de deterioro irreversible.
Queda así abonado el terreno para una mayor conflictividad social, con el consecuente aumento de inseguridad en todos los niveles, haciendo insuficientes los recursos de nuestros estados para el funcionamiento de la justicia y el orden interno.
El Estado como garante del bien común, cada vez pierde mas fuerza. Los medios de difusión masiva, en concreto, dejados cada vez mas a la corriente privatizadora, acrecientan su transmisión unidireccional de enfoque y concepciones de vida que afirman o presuponen que solo tiene valor y solo es viable aquello que puede ser comprado, vendido, o es rentable.
Dentro de este esquema general de acción, los derechos sociales, así como las organizaciones de base de la sociedad civil son ignorados.
La sobredimensionada presencia de las fuerzas armadas al interior del Estado en algunos países del continente como en Chile, o Venezuela en algunos periodos, puede ser visto como:
i) El resultado de una negociación de gobernabilidad pactada entre civiles y militares (Chile, Uruguay, Argentina, España, etc.)
ii) Como un intento de un régimen político en decadencia por relegitimarse ante su pueblo por la vía de incorporar militares al Estado y por tanto de expresar su voluntad de mano dura y poner orden ante las eventuales amenazas del movimiento popular, o de asonadas de los sectores mas empobrecidos y marginalizados de las sociedades.
En tal sentido, se puede destacar el creciente protagonismo que adquieren los altos mandos militares ante las crisis sociales e institucionales permanentes en Colombia, o la debacle financiera y protagonismo popular en Mexico, lo que les plantea para un sector reaccionario de la sociedad como una reserva moral a la cual acudir, (todo ello alentado por los medios de comunicación, extensión propagandística de los grupos económicos de nuestros países).
Como vemos, Latinoamérica sigue siendo un continente frágil, sea por la vigilancia de la institucionalidad militar hacia los procesos de democratización, o por la facilidad con lo cual se generan conflictos bélicos entre países vecinos.
Hay una necesidad de hacer inversiones concretas en una cultura de paz, empezando por un plan concreto de desarme y de reconversión del sector militar a nivel latinoamericano. El ejemplo de Costa Rica puede ser positivo y ayudar en este sentido.
Resulta fácil de comprender la conversión posterior a la ortodoxia neoliberal, de parte de los demás países latinoamericanos como Argentina y Perú, siguiendo una ruta iniciada por Chile en el ano 75 con el aval de la dictadura militar, y promocionada por el Banco Mundial y el FMI para el continente.
Pero estas políticas han tenido diversos rechazos por parte de algunas sociedades civiles. Claros ejemplos de ello son: el rechazo a la privatización de la seguridad social tras el plebiscito en Uruguay, la ola de huelgas que se desatan en este ano en Perú, el paro de Argentina, y las protestas y paralizaciones de los mineros del carbón, la salud, los profesores en Chile, o la masacre del 17 de Abril de 1996 a los Sin Tierra en Para, Brasil, el alzamiento de los indígenas de Chiapas y el cuestionamiento de una democracia corrupta en Mexico.
Parece claro que mientras los indicadores económicos muestran ciertos éxitos en las cifras macroeconómicas que ponen optimistas a los inversionistas, banqueros, empresarios y políticos, la mayoría de la población no ve que estos éxitos lleguen a su vida diaria.
Las protestas sociales del continente tienen como denominador común de las políticas de ajuste estructural e integración comercial subordinada de las grandes transnacionales, que exigen la profundización de este modelo vía reformas económicas. La apertura de nuevos mercados tanto por la extracción de materias primas como de su ubicación en un mercado mundial altamente competitivo, significa suprimir derechos de los trabajadores y de paso reducir el gasto estatal.
Pareciera así que los gobiernos se ocuparon solo de cuestiones económicas, abandonando su rol de garante de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y descuidando los problemas socio políticos que ahora afloran.
Indicadores como la distribución de la riqueza en los países de Iberoamérica o el mantenimiento de una linea de pobreza resistente a las políticas sociales de nuevo cuno permanecen como señales de inequidad en el plano de las reformas económicas en marcha. Agreguemos a esto las crecientes tasas de desempleo de Argentina, particularmente en el gran Buenos Aires, donde sobrepasa el 15%, o en Uruguay donde alcanza el 12%, o los efectos sociales de crisis en el sistema como el llamado efecto tequila mexicano de 1995.
Lo más notorio es la insuficiencia en el campo de la equidad. Si bien es cierto que la incidencia de la pobreza ha caído en la mayoría de los países de América latina, son mas altos que en 1980, mientras la distribución del ingreso ha empeorado. ( Gert Rosenthal, secretario de la Cepal 12-09-1996).
i) La ausencia de un sistema institucional construido para canalizar y dar fluidez a las aspiraciones democráticas de la sociedad.
ii) Un acuerdo implícito de manejar los conflictos nacionales al interior de las seguras paredes del congreso, o las salas de reuniones de las cúpulas políticas, evitando así el posible desborde social que podría poner en jaque los acuerdos y consensos construidos, incluso cuando son objeto de debate publico.
Esta contradicción puede ser perjudicial para la profundización de nuestras democracias, tarea pendiente en la medida que la sociedad civil se resta de la intrincada telaraña política tejida por los técnicos y dirigentes políticos.
En el escenario planetario de acción del capital, eliminadas las fronteras nacionales para la circulación de mercancías e instrumentos financieros, los Estados nacionales parecen jugar un nuevo papel. Su interés mayor esta en vender bien nuestros países en el exterior, suscribir acuerdos y tratados de libre comercio, apoyar al empresariado en su accionar, apoyar con recursos y condonaciones de quiebras a bancos y grandes empresas.
Todo ello contrasta con el débil marco de influencias que los trabajadores en nuestros países tienen en su relación con el Estado. En Chile se condonan los intereses de la enorme deuda que los Bancos tienen con el Estado contrastando con la dureza e inflexibilidad ante los deudores habitacionales, u otros sectores de la población de menor influjo social.
Muchos países de la región conocen distintos matices del alejamiento ciudadano en los procesos electorales. Estos pueden ir de la abstención del 70% en Colombia hasta la apatía de la juventud en Chile para participar de las elecciones Municipales de 1996, donde 550 mil jóvenes no se inscribieron dando como resultado un universo electoral menor comparativamente hablando que el de 1993.
Este fenómeno parece constituirse como un creciente proceso de deslegitimación social de nuestras democracias y de las decisiones políticas, lo cual favorece la tecnopolítica y dificulta la viabilidad de poner en el centro los derechos y la acción popular. Sin embargo no les es fácil encontrar buenos argumentos para convencer a la población del continente para que crean en la clase política.
Esta, junto a las fuerzas armadas, el poder judicial, vive un momento de clara deslegitimación ante la población de nuestros países. El velo de la corrupción en muchos lados se ha corrido botando gobernantes, encarcelando autoridades, dejando al descubierto compra de jueces, policías, etc.
La sensación de corrupción y decadencia del sistema no produce por si solo una alternativa política de recambio, en esta época histórica, sino que alienta la violencia social desutopizada, no hay opción de futuro y más bien catastrofista expuesta a ser manejada por intereses espurios como en el caso de los jóvenes sicarios de Colombia manejados por el narcotráfico.
En todos nuestros países la violencia crece, no solo el delito habitual sino la ligada al narcotráfico, y a la desesperación individual y colectiva de numerosos seres humanos excluidos como si no contaran del sistema político y de las supuestas bondades del mercado.
Por todo ello es posible que los canales de participación institucionalmente construidos por las democracias liberales no funcionen para canalizar conflictos y estos se expresen mas allá del sistema político con su carga de denuncias y frustraciones. Ejemplos como las asonadas callejeras de Caracas, Río de Janeiro, Santiago del Estero, alzamientos indígenas mexicanos, o la crisis Colombiana expresan este fracaso del régimen político liberal en el continente, lo que contrasta con el exitismo de las elites ante las propuestas liberalizadoras en materias económicas.
Pese al cuadro de regresión que se observa en la situación general de los pueblos de Iberoamérica, se vislumbran también señales de esperanza.
Se hacen esfuerzos por redefinir los objetivos del desarrollo humano, del desarrollo sustentable, para la vida de esta y futuras generaciones. Se intenta cambiar la perspectiva económica para sacarla del lavado de dolares y de intereses que hacen primar la esfera del lucro individual por sobre la del bien común. Se trata de avanzar hacia formas de acción basadas en criterios de economía humana.
Instamos a nuestros presidentes a tomar en consideración que, a lo largo y ancho de la geografía iberoamericana, empiezan a manifestarse intentos sostenidos por cambiar la concepción de una economía que concibe al otro como el enemigo al cual hay que combatir en base a una competencia feroz, hacia una visión económica de cooperación en el logro de objetivos comunes.
Aun en medio de la regresión, se observan intentos de respuestas humanizantes. En el umbral del tercer milenio, el espíritu humano declina. Sin embargo, estos esfuerzos por si solos, aun no logran una dimensión amplia de acción. Son embriones crecientes de humanidad opuestos a una vía que se agota en si misma, que ya ni siquiera en los países más poderosos del orbe tiene una sustentación clara, en donde la crisis empieza a hacerse presente, con una paulatina pero creciente cuota de empobrecimiento.
Pensamos que es hora de rescatar una dimensión ético-política, crecientemente oscurecida en los últimos anos por la lógica reduccionista del mercantilismo financiero internacional. En este contexto, nos parece oportuno el llamado que al respecto hace el Cardenal Paulo Evaristo Arns sobre el reto de la hora actual, desde una dimensión de fe, en dios, y en la gente. Se trata de: "Salvar las vidas que corren el riesgo de desaparecer exige de los cristianos actitudes solidarias y colectivas audaces y una caridad organizada, cuando son millones de seres humanos los que dependen de este gesto y de este amor político"
No existe una forma de democracia única y adecuada para todas las personas y transferible a todos los países; pero sí, un gobierno transparente y responsable y el respeto por la justicia y los derechos civiles y políticos son ingredientes fundamentales de un sistema democrático y participativo. Algunos gobiernos argumentan que las necesidades del crecimiento económico demandan la suspensión de estos derechos hasta que se haya logrado un nivel mas alto de desarrollo. Pero, aunque algunos países, han logrado altas tasas de crecimiento manteniendo estructuras políticas opresivas, esto no quiere decir que la autocracia sea necesaria para el desarrollo. Más importante aun, los derechos civiles y políticos son derechos inalienables que todas las personas deben poder ejercer, independientemente del grado de desarrollo económico del pais en el que viven.
Un crecimiento económico logrado a costa de estos derechos no constituye un proceso sostenible de desarrollo.
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España) por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Noviembre de 1996.El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta.Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor.nizkor@derechos.org |