129. El Tribunal, como conclusión de todo lo señalado en esta sección A), considera que el asesinato del señor Almonacid Arellano formó
parte de una política de Estado de represión a sectores de la sociedad civil, y representa sólo un ejemplo del gran conjunto de conductas
ilícitas similares que se produjeron durante esa época. El ilícito cometido en contra del señor Almonacid Arellano no puede amnistiarse
conforme a las reglas básicas del derecho internacional, puesto que constituye un crimen de lesa humanidad. El Estado incumplió su
obligación de adecuar su derecho interno a efectos de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana, porque mantuvo
y mantiene en vigencia el Decreto Ley No. 2.191, el que no excluye a los crímenes de lesa humanidad de la amnistía general que otorga.
Finalmente, el Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, e incumplió con su deber de garantía, en
perjuicio de los familiares del señor Almonacid Arellano, porque aplicó el Decreto Ley No. 2.191 al presente caso.
130. La Convención Americana en su artículo 8.1 establece que toda persona tiene el derecho de ser oída por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial. Así, esta Corte ha señalado que "toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un
órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete" |152|.
131. El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y
excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las
fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra
bienes jurídicos propios del orden militar |153|. Al respecto, la Corte ha dicho que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso", el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia |154|.
132. En el presente caso, la Corte ha encontrado probado que el 27 de septiembre de 1996 el Segundo Juzgado Militar de Santiago solicitó
al Primer Juzgado del Crimen de Rancagua que se inhibiera de seguir conociendo la causa porque las personas investigadas al momento
en que ocurrieron los hechos estaban sujetas al fuero militar (supra párr. 82.16). Como resultado de lo anterior, la Corte Suprema chilena
resolvió el conflicto de competencia a favor de la Jurisdicción Militar (supra párr. 82.17), la que finalmente concluyó las investigaciones
del presente caso aplicando el Decreto Ley de autoamnistía (supra párr. 82.20 y 82.21).
133. En vista de lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el Artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunto con el artículo
1.1 de la misma, por otorgar competencia a la jurisdicción militar para que conozca el presente caso, ya que ésta no cumple con los
estándares de competencia, independencia e imparcialidad anteriormente expuestos.
134. De conformidad con el análisis realizado en el capítulo precedente, la Corte declaró que Chile es responsable por la violación de los
derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, y por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan
de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una
obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente |155|. A tales efectos, el artículo 63.1
de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
135. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno
de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma
internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación |156|.
136. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno |157|.
137. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones
cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores |158|.
138. En el capítulo de Hechos Probados, este Tribunal tuvo como demostrado que Chile, a partir del retorno a la democracia, ha llevado
adelante una política de reparaciones por las violaciones perpetradas durante el período de dictadura militar. Esta política ha beneficiado a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas, y ha buscado la reconciliación nacional. La Corte celebra los pasos dados por el Estado y resalta el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (supra párr. 82.26 a 82.30). Asimismo, es un hecho no controvertido que los familiares del señor Almonacid Arellano se beneficiaron de esta política de reparación estatal (supra párr.
82.34 y 82.35).
139. Sin embargo, el presente caso se refiere a la denegación de justicia que sufrieron la señora Gómez Olivares y sus hijos a raíz de los hechos analizados en el capítulo anterior. Por tanto, esta Corte, de conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso y a la luz de los anteriores criterios, procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por el representante y las
consideraciones del Estado, para después dictar las reparaciones que crea pertinentes.
143. En los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte considera como "parte lesionada" a la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y a los señores Alfredo, Alexis y José Luis Almonacid Gómez, en su carácter de víctimas de las violaciones detalladas en el capítulo anterior de la presente Sentencia.
144. Ahora, la Corte procede a determinar las medidas de reparación que estime oportunas para el presente caso. Para ello, primero se
referirá a aquellas medidas que más se acerquen a la restitutio in integrum de las violaciones declaradas en esta Sentencia, a saber: la adecuación del derecho interno a la Convención Americana y la obligación del Estado de continuar con las investigaciones del presente caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables; medidas que además forman parte de las garantías de no repetición de hechos lesivos a los derechos humanos. En segundo lugar, la Corte se referirá a la compensación económica por los daños materiales e inmateriales que la Comisión y los representantes alegan que los beneficiarios sufrieron a consecuencia de los hechos del presente caso. Finalmente, la Corte ordenará la publicación de esta Sentencia como una medida de reparación del daño inmaterial.
145. Como fue detallado en el párrafo 119 de la presente Sentencia, la Corte dispone que, al pretender amnistiar a los responsables de
delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley No. 2.191 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos
jurídicos; en consecuencia, el Estado debe: i) asegurar que no siga representando un obstáculo para la investigación de la ejecución
extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, sanción de los responsables, y ii) asegurar que el Decreto
Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables de otras
violaciones similares acontecidas en Chile.
146. El Tribunal ha establecido que el Estado violó los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y los señores Alfredo, Alexis y José
Luis Almonacid Gómez. Esta violación se produjo por dos causas: i) el otorgamiento de competencia a la jurisdicción militar para que
conociera el caso por la muerte del señor Almonacid Arellano, y ii) por la aplicación del Decreto Ley No. 2.191. La primera violación fue
producto de la resolución de la Corte Suprema de 5 de diciembre de 1996 (supra párr. 82.17), mientras que la segunda fue consecuencia de
las sentencias de 28 de enero de 1997 del Segundo Juzgado Militar de Santiago (supra párr. 82.20) y de 25 de marzo de 1998 de la Corte
Marcial (supra párr. 82.21).
147. En vista de lo anterior, este Tribunal dispone que el Estado debe dejar sin efecto las citadas resoluciones y sentencias emitidas en el
orden interno, y remitir el expediente a la justicia ordinaria, para que dentro de un procedimiento penal se identifique y sancione a todos
los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano.
148. La Corte ha establecido con anterioridad que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus
familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención |159|.
149. La Corte desea resaltar una vez más la importancia que han cumplido las diversas Comisiones chilenas (supra párr. 82.26 a 82.30) en
tratar de construir de manera colectiva la verdad de lo ocurrido entre 1973 y 1990. Asimismo, la Corte valora que en el Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se encuentra mencionado el nombre del señor Almonacid Arellano y se haga un breve
resumen de las circunstancias de su ejecución.
150. No obstante, sin desconocer lo anterior, la Corte considera pertinente precisar que la "verdad histórica" contenida en los informes de
las citadas Comisiones no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. En tal sentido,
los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención protegen la verdad en su conjunto, por lo que Chile tiene el deber de investigar judicialmente los
hechos referentes a la muerte del señor Almonacid Arellano, atribuir responsabilidades y sancionar a todos quienes resulten partícipes. En
el propio informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se concluyó lo siguiente:
Desde el punto de vista estrictamente preventivo, esta Comisión estima que un elemento indispensable para obtener la reconciliación
nacional y evitar así la repetición de los hechos acaecidos, sería el ejercicio completo, por parte del Estado, de sus facultades punitivas.
Una cabal protección de los derechos humanos sólo es concebible en un real estado de Derecho. Y un Estado de Derecho supone el
sometimiento de todos los ciudadanos a la ley y a los tribunales de justicia, lo que envuelve la aplicación de sanciones previstas en la
legislación penal, igual para todos, a los transgresores de las normas que cautelan el respeto a los derechos humanos |160|.
151. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y
sancionar penalmente a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano. Chile no podrá volver a aplicar el Decreto Ley No.
2.191, por todas las consideraciones dadas en la presente Sentencia, en especial las contenidas en el párrafo 145. Pero además, el Estado
no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como cualquier excluyente similar de
responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.
152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser
inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad |161| claramente afirmó que tales ilícitos internacionales "son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido".
153. Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa.
155. En el presente caso, se cumplen dos de los supuestos señalados. En primer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no
guardaban la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del Decreto Ley No. 2.191
consistió en sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra del señor Almonacid
Arellano en la impunidad. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el principio de ne bis in idem, para no cumplir con lo
ordenado por la Corte (supra párr. 147).
156. Por otro lado, el Estado, para cumplir con su deber investigativo, debe garantizar que todas las instituciones públicas brinden las
facilidades necesarias al tribunal ordinario que conocerá el caso del señor Almonacid Arellano (supra párr. 147) y, en consecuencia,
deberán remitirle la información y documentación que les solicite, llevar a su presencia a las personas que éste requiera y realizar las
diligencias que les ordene.
157. Finalmente, el Estado debe asegurar que la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y los señores Alfredo, Alexis y José Luis
Almonacid Gómez tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la
ley interna y las normas de la Convención Americana |164|. Los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados
por el Estado, de manera tal que la sociedad chilena pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso |165|.
158. El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias
de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con las violaciones |166|. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y
las aflicciones causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy
significativos para las personas o sus condiciones de existencia |167|.
159. En el presente caso, el representante fundamenta su solicitud de indemnización por daño material e inmaterial en la muerte del señor
Almonacid Arellano. Así, por ejemplo, se refiere a las bonificaciones que recibió su familia como indemnización a partir del año 1992, la
expectativa de vida del señor Almonacid Arellano y el lucro cesante, y el dolor de los familiares por la pérdida de su ser querido en las
circunstancias violentas en que se dieron los hechos. Asimismo, la Comisión solicita que se otorgue una "indemnización adicional a las
que ya hubiere recibido la familia y que se estime pertinente por daños materiales y morales". Es decir, que la Corte incremente el monto
que la familia del señor Almonacid Arellano ha recibido como indemnización por la muerte de éste.
160. Las violaciones declaradas en esta Sentencia se refieren a la denegación de justicia que sufrieron los familiares del señor Almonacid
Arellano y el incumplimiento del Estado de sus deberes generales consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.
Consecuentemente, las reparaciones que se dictan en esta instancia deben referirse únicamente a estos aspectos y no a aquellos sobre los
cuales la Corte no se ha pronunciado por falta de competencia ratione temporis. Ni el representante ni la Comisión han presentado
argumentos ni pruebas que demuestren que las violaciones declaradas en la presente Sentencia produjeron un daño material. En vista de
ello, la Corte no fijará indemnización por este concepto.
161. En lo referente al daño inmaterial, este Tribunal reconoce que las víctimas del presente caso sufrieron por la denegación de justicia producto de los hechos que se analizaron en los capítulos anteriores. De igual forma, toma nota lo expresado por el representante en el
sentido de que el interés principal de las víctimas en este caso es la consecución de justicia. Por otro lado, la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal considera no ordenarel pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial, debido a que estima, como lo ha hecho en otros casos, que esta sentencia constituye per se una forma de reparación |168|, y que las medidas que se detallan en los párrafos 145 a 157 de esta Sentencia constituyen una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana.
163. Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia
condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance. Teniendo en cuenta la naturaleza de
la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos, esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable |170|.
164. En el presente caso, la Corte nota que el representante no ha acreditado ni probado un monto concreto por concepto de costas y
gastos, por lo que procederá a fijarlas en equidad. Para ello, el Tribunal considera que las costas y gastos a nivel interno deben calcularse
desde el 5 de diciembre de 1996, fecha en que la Corte Suprema resolvió que la jurisdicción militar era la competente para seguir
conociendo el caso (supra párr. 82.17), puesto que desde esa fecha se inició la denegación de justicia que se ha analizado en el presente
caso. Las costas y gastos a nivel internacional se considerarán desde la presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana. En
consecuencia, la Corte estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena, a la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares, quien entregará a su
representante la cantidad que le corresponda, por concepto de costas y gastos.
165. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá efectuar el reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año
contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. En cuanto a la publicación de la presente Sentencia (supra párr. 162), el Estado
dispone de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma, para cumplir con lo ordenado. En el caso de las otras
reparaciones ordenadas, deberá cumplirlas en un plazo razonable (supra párrs. 145 a 157).
166. Si por causas atribuibles a la beneficiaria del reintegro de costas y gastos no fuese posible que ésta lo reciba dentro del plazo indicado
en el párrafo anterior, el Estado consignará dicho monto a favor de la beneficiaria en una cuenta o certificado de depósito en una
institución financiera chilena solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la
legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado
con los intereses devengados.
167. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad
equivalente en moneda chilena, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza
de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
168. La cantidad asignada en la presente Sentencia bajo el concepto de reintegro de costas y gastos, no podrá ser afectada o condicionada
por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregada a los beneficiaria en forma íntegra conforme a lo establecido en
esta Sentencia.
169. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Chile.
170. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Chile deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
171. Por tanto,
La Corte,
Decide:
Por unanimidad:
1. Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
Declara:
Por unanimidad, que:
2. El Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de dicho tratado, en perjuicio de la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y de los señores Alfredo, Alexis y José Luis Almonacid Gómez, en los términos de los párrafos 86 a 133 de la presente Sentencia.
3. Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley No. 2.191 es incompatible con la Convención
Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho tratado.
4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
Y Dispone:
Por unanimidad, que:
5. El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones
de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables, conforme
a lo señalado en los párrafos 145 a 157 de esta Sentencia.
6. El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su
caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile, conforme a lo señalado en el párrafo 145 de esta Sentencia.
7. El Estado deberá efectuar el reintegro de las costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente
fallo, en los términos de los párrafos 164 de esta Sentencia.
8. El Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 162 de la presente Sentencia, dentro del plazo de seis meses
contados a partir de la notificación de la misma.
9. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal
cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado
deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña la presente Sentencia.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 26 de septiembre de 2006.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Antônio A. Cançado Trindade
Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. He votado en favor de la adopción, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la presente Sentencia en el caso Almonacid
Arellano y Otros versus Chile. Dada la importancia de las cuestiones en ella tratadas por la Corte, me veo en la obligación de agregar a la presente Sentencia este Voto Razonado, con mis reflexiones personales como fundamento de mi posición al respecto de lo deliberado por
el Tribunal Corte. Centraré mis reflexiones en tres puntos básicos, a saber: a) la falta de validez jurídica de las autoamnistías; b) las autoamnistías y la obstrucción y denegación de justicia: la ampliación del contenido material de las prohibiciones del jus cogens; y c) la conceptualización de los crímenes contra la humanidad en la confluencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.
I. La Falta de Validez Jurídica de las Autoamnistías.
2. La presente Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano y Otros se inserta en su línea de razonamiento
inaugurada en su histórica Sentencia (del 14.03.2001) en el caso Barrios Altos referente al Perú, en la cual la Corte afirmó que
"son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (párr. 41).
La Sentencia de esta Corte en el caso de Barrios Altos, - en el cual hubo allanamiento por parte del Estado peruano, - se ha tornado
mundialmente conocida y reconocida en los círculos jusinternacionales, por haber sido la primera vez que un tribunal internacional
determinó que una ley de autoamnistía carece de efectos jurídicos. En su Sentencia en el caso de Barrios Altos, la Corte afirmó, de forma pionera y lapidaria, que
"Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los
hechos (...) ni para la identificación y el castigo de los responsables (...)" (párr 44).
3. En el presente caso Almonacid Arellano y Otros, si bien no hubo allanamiento por parte del Estado chileno, éste ha asumido una actitud
positiva y constructiva en el procedimiento ante la Corte (como se desprende de la presente Sentencia), pues en ningún momento ha
afirmado que el Decreto Ley n. 2191 (de auto-amnistía) del 18.04.1978 no viola la Convención Americana (párr. 90), y él propio ha admitido que "en principio, las leyes de amnistía o autoamnistía son contrarias a las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos" (párr. 112). En la presente Sentencia, la Corte correctamente caracterizó el referido Decreto Ley No. 2191 como de
autoamnistía, dictado por "el propio régimen militar, para sustraer de la acción de la justicia principalmente sus propios crímenes", perpetrados durante el estado de sitio entre 11.09.1973 y 10.03.1978 (párrs. 119 y 81.10).
4. Es de conocimiento general que hay distintos tipos de amnistía |171|, "concedida" en medio a pretextos de alcanzar la "reconciliación nacional" mediante la revelación de la "verdad" (según los términos de la amnistía en cuestión) y el perdón; esos pretextos, en la práctica de algunos Estados, han sido invocados individual o conjuntamente |172|. Sin embargo, el perdón no puede ser impuesto por decreto ley,
ni de ninguna otra forma: sólo puede ser concedido espontáneamente por las propias víctimas. Y, para eso, éstas han buscado la
realización de la justicia. A propósito, la Corte recuerda en la presente Sentencia que, al dar a público, en 04.03.1991 en Informe final (del 08.02.1991) de la Comisión de la Verdad, el entonces Presidente de Chile, Sr. Patricio Aylwin, pidió perdón, en nombre del Estado (y de la nación), a los familiares de las víctimas, en los siguientes términos:
"Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no
supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los
responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. (...) Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas" |173|.
5. Los diferentes tipos de amnistía han sido estudiados en los últimos años, sin que sea necesario retomar aquí este aspecto de la materia en aprecio. Cabe, esto sí, en las circunstancias del cas d'espèce, retener la atención sobre un tipo específico de amnistía, la llamada "autoamnistía", que busca substraer de la justicia los responsables por violaciones graves de los derechos humanos, conllevando así a la impunidad. Cabe, de inicio, recordar que las verdaderas leyes no pueden ser arbitrarias, no tienen nombre y apellido de los que se consideran estar por encima de ellas. Cuentan con un cierto grado de abstracción, inevitable en la operación del Derecho. Encierran principios, que las informan y las conforman, y les dan vida propia, siendo aprehendidos por la razón humana, la recta ratio. Dan expresión a valores, que se muestran siempre presentes. Como se señaló en un célebre estudio sobre la interpretación de las leyes,
"Las leyes permanecen idénticas a sí mismas, mientras por debajo de ellas fluye el curso siempre nuevo de la historia y de la vida" |174|.
6. Esta misma Corte, en su Opinión Consultiva n. 6 (del 09.05.1986), sostuvo que
"la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención [Americana] significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las Constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes" (párr. 38).
7. Las autoamnistías están lejos de satisfacer todos estos requisitos. Las autoamnistías no son verdaderas leyes, por cuanto desprovistas del necesario carácter genérico de éstas |175|, de la idea del Derecho que las inspira (esencial inclusive para la seguridad jurídica) |176|, y de
su búsqueda del bien común. Ni siquiera buscan la organización o reglamentación de las relaciones sociales para la realización del bien común. Todo lo que pretenden es substraer de la justicia determinados hechos, encubrir violaciones graves de derechos, y asegurar la impunidad de algunos. No satisfacen los mínimos requisitos de leyes, todo lo contrario, son aberraciones antijurídicas.
8. Quien escribió más elocuentemente sobre los fines del derecho y las injusticias practicadas con base en supuestas "leyes" fue, a mi
juicio, Gustav Radbruch. En sus célebres Fünf Minuten Rechtsphilosophie, publicado por primera vez como una circular dirigida a los
estudiantes de la Universidad de Heidelberg en 1945, poco después - y ciertamente bajo el impacto - de las atrocidades de la II guerra
mundial, el gran jusfilósofo afirmó que "los tres valores que todo el derecho debe servir" son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Sin embargo, hay "leyes" que se muestran tan nocivas para el bien común, tan injustas, que se muestran desproveídas del carácter de "jurídicas".
9. En su crítica devastadora al positivismo, G. Radbruch prosiguió: "También hay principios fundamentales del derecho que son más fuertes que todo y cualquier precepto jurídico positivo, de tal modo que toda ley que los viole no podrá dejar de ser privada de validez |177|. Y remató el gran jusfilósofo que la concepción positivista
"fue la que dejó sin defensa el pueblo y los juristas contra las leyes más arbitrarias, más crueles y más criminosas. Torna equivalentes, en última instancia, el derecho y la fuerza, llevando a creer que dónde esté
la segunda estará también el primer" |178|.
10. Al evocar el pensamiento de G. Radbruch al final de su vida, me permito agregar que las autoamnistías son, a mi modo de ver, la
propia negación del Derecho. Violan abiertamente principios generales del derecho, como el acceso a la justicia (que en mi concepción
pertenece al dominio del jus cogens), la igualdad ante la ley, el derecho al juez natural, entre otros. En algunos casos, han encubierto
inclusive crímenes contra la humanidad y actos de genocidio |179|. En la medida en que impiden la realización de la justicia por crímenes de tamaña gravedad, las autoamnistías son violatorias del jus cogens (cf. infra).
11. En la presente Sentencia en el caso Almonacid Arellano y Otros, la Corte Interamericana, en la misma línea jurisprudencial inaugurada
en el caso Barrios Altos, advirtió que las autoamnistías con las características del supracitado Decreto Ley n. 2191 de 1978,
"conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en
ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su
naturaleza, el Decreto Ley n. 2191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto
de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile" (párr. 118).
12. En nada sorprende que, en la bibliografía jurídica especializada, el referido Decreto Ley n. 2191 haya sido particularmente criticado |180|. Al fin y al cabo, fue precisamente en el período cubierto por dicha auto-amnistía que la mayor parte de los crímenes de Estado del régimen Pinochet fueron perpetrados. La Corte Interamericana ha establecido en la presente Sentencia que, precisamente en el período entre 11.09.1973 y 10.03.1978 la "dictadura militar" en Chile,
"dentro de una política de Estado encaminada a causar miedo, atacó masiva y sistemáticamente a sectores de la población civil considerados como opositora al régimen, mediante una serie de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional, entre las cuales se cuentan al menos 3.197 víctimas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, y 33.221 detenidos, de quienes una inmensa mayoría fue víctima de tortura" (párr. 102).
Entre estas numerosas víctimas estuvo el Sr. Almonacid Arellano, ejecutado extrajudicialmente por agentes estatales, en medio a un
"patrón sistemático y generalizado" de crímenes contra la población civil (párr. 103).
13. Relatos y testimonios publicados en los últimos años coinciden al respecto: la dictadura instaurada en Chile el 11 de septiembre de
1973 optó por la "eliminación inmediata" mediante "fusilamientos colectivos"; del total de no menos de 3.197 muertos y desaparecidos,
"1.823 lo fueron en los primeros cuatro meses después del golpe" |181|. El 11 de septiembre de 1973 empezaba así la "guerra [sic] contra
el terrorismo", al igual que el 11 de septiembre de 2001: en una y otra se optó por violar los derechos humanos y el Derecho Internacional,
al combatir el terrorismo equivocadamente mediante el terrorismo de Estado.
14. En la "guerra total" iniciada el 11 de septiembre de 1973, personas sospechosas y prisioneros políticos
"fueron amontonados en improvisados campos de concentración, como el Estadio Nacional de Santiago. Se ejecutó sumariamente a más
de mil personas (...). Los militares chilenos iniciaron una nueva táctica para América Latina: enterraban los cuerpos de los prisioneros
ejecutados en tumbas secretas masivas o 'fosas comunes', mientras negaban a las familias de los prisioneros que alguna vez hubieran
estado bajo custodia.
- (...) Porque el enemigo tenía alcance internacional, Pinochet ideó un esquema internacional para vencerlo. Con este fin creó una alianza secreta con los gobiernos militares de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. (...) La iniciativa fue bautizada como 'Operación
Cóndor' (...). Casi invariablemente, las víctimas del Cóndor desaparecían" |182|.
15. Pretender amnistiar los responsables por la perpetración de dichos crímenes de Estado es una afrenta al Estado de Derecho en una
sociedad democrática. Como sostuve en mi Voto Concurrente en el caso de Barrios Altos,
"Las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el
propio acceso a la justicia). Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de los Estados Partes
en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de
los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25). (...)
- Hay otro punto que me parece aún más grave en relación con la figura degenerada - un atentado en contra el propio Estado de Derecho - de las llamadas leyes de autoamnistía. Como los hechos del presente casoBarrios Altos lo revelan - al llevar la Corte a declarar, en los
términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado demandado, las violaciones de los derechos a la
vida |183| y a la integridad personal |184|, - dichas leyes afectan derechos inderogables - el minimum universalmente reconocido, - que recaen en el ámbito del jus cogens" (párrs. 5 y 10).
16. Y concluí mi referido Voto Concurrente ponderando que
"ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos. (..) Hay que
decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las
llamadas 'leyes' de autoamnistía no son verdaderamente leyes: no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la
conciencia jurídica de la humanidad" (párr. 26).
II. Las Autoamnistías y la Obstrucción y Denegación de Justicia: La Ampliación del Contenido Material de las Prohibiciones del
jus cogens.
17. Dichas autoamnistías, aunque basadas en instrumentos "legales", - leyes, decretos leyes, u otros, - son la propia negación del Derecho, son verdaderamente una aberración jurídica. La adopción y promulgación de dichas autoamnistías constituyen, a mi modo de ver, una violación adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tempus commisi delicti es el de la decretación de la autoamnistía en cuestión, - violación adicional de la Convención que se suma a las violaciones originales de la misma en el caso concreto. La autoamnistía viola per se, por su propia existencia, los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, obstruye el acceso a la justicia por parte de los victimados o sus familiares (artículos 25 y 8 de la Convención), impide la investigación de los hechos (requerida por el artículo 1(1)) de la Convención, imposibilita la realización de la justicia y el otorgamiento de reparaciones adecuadas. Conllevan, en suma, a las más flagrantes obstrucción y denegación de justicia, dejando los victimados y sus familiares en la más completa e inadmisible indefensión.
18. Tal denegación de justicia se configura circundada de circunstancias agravantes, con todas sus consecuencias jurídicas, por cuanto
conlleva al deliberado encubrimiento de violaciones de derechos fundamentales, v.g., por medio de la práctica sistemática de detenciones
ilegales o arbitrarias, secuestros, tortura y desapariciones forzadas de personas, cuya prohibición absoluta recae en el dominio del jus
cogens |185|. Siendo así, dichas autoamnistías comprometen la responsabilidad internacional agravada del Estado.
19. Dicha responsabilidad internacional agravada es una consecuencia de la violación del jus cogens, - conformando una ilegalidad
objetiva |186|,- que acarrea otras consecuencias en materia de reparaciones. Ningún Estado puede acudir a artificios para violar normas del jus cogens |187|; las prohibiciones de este último no dependen del consentimiento del Estado |188|. En su muy reciente Sentencia, de
hace cuatro días, en el caso Goiburú y Otros versus Paraguay (del 22.09.2006), la Corte Interamericana amplió el contenido material del jus cogens de modo a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e internacional, en el sentido en que venía yo propugnando en el seno de la Corte hace ya algún tiempo, tal como señalé en mi Voto Razonado (párrs. 62-68) en este caso.
20. Además, la referida denegación de justicia constituye una violación grave de los artículos 1(1), 2, 25 y 8 de la Convención Americana conjuntamente. El Estado que la comete mediante la imposición de una "autoamnistía" deja de "respetar" y "hacer respetar" los derechos consagrados en la Convención Americana (en los términos del deber general consignado en su artículo 1(1)), deja de armonizar su derecho interno con la normativa de la Convención Americana (en los términos del otro deber general consagrado en su artículo 2), e impide el acceso a la justicia ya no sólo formalmente sino también materialmente |189| (artículos 25 y 8 de la Convención). O sea, el acceso a la justicia y todo el debido proceso legal pasan a mostrarse comprometidos, denegados que se encuentran por la "autoamnistía"; la interrelación ineluctable entre las disposiciones de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana, aquí violadas, es reconocida enfáticamente por la doctrina jurídica contemporánea más lúcida, inclusive en relación con las "autoamnistías", al advertir que
"The right of access to justice is expressed in human rights treaties in the interrelated provisions for the right to a hearing and the right to
an effective remedy" |190|.
21. En última instancia, las autoamnistías violan los derechos a la verdad y a la justicia, desconocen cruelmente el terrible sufrimiento de las víctimas, obstaculizan el derecho a reparaciones adecuadas. Sus efectos perversos, a mi modo de ver, permean todo el cuerpo social,
con la consecuente pérdida de fe en la justicia humana y en los verdaderos valores, y una perversa distorsión de los fines del Estado.
Originalmente creado para la realización del bien común, el Estado pasa a ser un ente que extermina miembros de segmentos de su propia
población (el más precioso elemento constitutivo del propio Estado, su substratum humano) ante la más completa impunidad. De un ente creado para la realización del bien común, se transforma en un ente responsable por prácticas verdaderamente criminales, por innegables crímenes de Estado.
22. Se desprende de la presente Sentencia de la Corte (párr. 152) en el caso Almonacid Arellano que el jus cogens transciende el derecho de los tratados, y abarca el Derecho Internacional general. Y no podría ser de otra forma, por su propia conceptualización como derecho imperativo. La Corte Interamericana determina significativamente, en el cas d'espèce, que
"El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente a los responsables de la muerte del Sr. Almonacid Arellano. Chile no podrá volver a aplicar el Decreto Ley n. 2.191, por todas
las consideraciones dadas en la presente Sentencia, puesto que el Estado está en la obligación de dejar sin efecto el citado Decreto Ley
(supra, párr. 144). Pero además, el Estado no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio non bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables" (párr. 150).
23. De ahí el punto resolutivo n. 3 de la presente Sentencia, en el sentido de que "al pretender amnistiar a los responsables de delitos de
lesa humanidad, el Decreto Ley n. 2.121 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz
de dicho tratado". O sea, como dicho Decreto Ley carece de efectos jurídicos a la luz de la Convención Americana, no podrá el Estado
demando mantener formalmente en vigencia en el plano de su derecho interno, para poner fin a la violación, establecida por la Corte
(punto resolutivo n. 2), de los artículos 1(1) y 2, así como 25 y 8, de la Convención Americana (capítulo VIII de esta Sentencia).
24. En el seno de esta Corte, siempre he interrelacionado, en los planos ontológico y hermenéutico, los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (como, inter alia, v.g., en mi reciente Voto Razonado - párrs. 28-65 - en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, Sentencia del 31.01.2006), en la construcción conceptual del derecho de acceso a la justicia (derecho a la prestación jurisdiccional, derecho al Derecho) como un imperativo del jus cogens. Del mismo modo, desde mis primeros años en esta Corte, he consistentemente interrelacionado los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, desde mi Voto Disidente (párrs. 2-11) en el caso El Amparo referente a Venezuela, en la Sentencia sobre reparaciones, del 14.09.1996. En otro Voto Disidente en el mismo caso El Amparo (Resolución del 16.04.1997 sobre Interpretación de Sentencia), sostuve asimismo la responsabilidad internacional objetiva o "absoluta" del Estado por falta de cumplimiento de sus obligaciones legislativas bajo la Convención Americana, de modo a armonizar su derecho interno con sus obligaciones convencionales (párrs. 12-14 y 21-26).
25. Asimismo, en mi Voto Disidente en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (Sentencia sobre reparaciones, del
29.01.1997) sostuve, sobre dicha interrelación entre los deberes generales de respetar y garantizar dos derechos protegidos y de adecuar el
ordenamiento jurídico interno a la normativa de protección de la Convención Americana (párr. 6), que
"En realidad, estas dos obligaciones generales, - que se suman a las demás obligaciones convencionales, específicas, en relación con cada uno de los derechos protegidos, - se imponen a los Estados Partes por la aplicación del propio Derecho Internacional, de un principio
general (pacta sunt servanda) cuya fuente es metajurídica, al buscar basarse, mas allá del consentimiento individual de cada Estado, en consideraciones acerca del carácter obligatorio de los deberes derivados de los tratados internacionales. En el presente dominio de
protección, los Estados Partes tienen la obligación general, emanada de un principio general del Derecho Internacional, de tomar todas las
medidas de derecho interno para garantizar la protección eficaz (effet utile) de los derechos consagrados.
- Las dos obligaciones generales consagradas en la Convención Americana - la de respetar y garantizar los derechos protegidos (artículo
1.1) y la de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de protección (artículo 2) - me parecen ineluctablemente interligadas.
(...) Como estas normas convencionales vinculan los Estados Partes - y no solamente sus Gobiernos, - también los Poderes Legislativo y
Judicial, además del Ejecutivo, están obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convención Americana en el
plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad
internacional del Estado, por actos u omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial. En suma, las obligaciones
internacionales de protección, que en su amplio alcance vinculan conjuntamente todos los poderes del Estado (...)" (párrs. 8-10).
III. La Conceptualización de los Crímenes contra la Humanidad en la Confluencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.
26. En mi reciente Voto Razonado, de cuatro días atrás (siempre bajo la presión temporal despiadada, y agudizada por los actuales
"métodos" acelerados de trabajo de la Corte Interamericana, que no comparto), en la Sentencia en el caso Goiburú y Otros versus
Paraguay (del 22.09.2006), situé la conceptualización de los crímenes contra la humanidad en la confluencia entre el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. En este anterior Voto Razonado, me permití señalar que los
crímenes contra la humanidad
"son perpetrados por individuos pero siguiendo políticas estatales, con la impotencia, o tolerancia, o connivencia, o indiferencia del
cuerpo social que nada hace para impedirlos; explícita o implícita, la política de Estado está presente en los crímenes contra la humanidad, inclusive contando con el uso de instituciones, personal y recursos del Estado |191|. No se limitan a una simple acción aislada de individuos alucinados. Son fríamente calculados, planificados y ejecutados.
- La tipificación de los crímenes contra la humanidad es una gran conquista contemporánea, abarcando en mi entender no sólo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también el Derecho Penal Internacional, al reflejar la condenación universal de violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales e inderogables, o sea, de violaciones del jus cogens; de ahí la no-aplicabilidad, en casos de su ocurrencia, de los llamados statutes of limitations propios de los sistemas jurídicos internos o nacionales |192|. La configuración de los crímenes contra la humanidad es, a mi juicio, una manifestación más de la conciencia jurídica universal, de su pronta reacción contra crímenes que afectan la humanidad como un todo.
- Los crímenes contra la humanidad sitúanse en la confluencia entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Revestidos de particular gravedad, en sus orígenes estuvieron los crímenes contra la humanidad vinculados a
conflictos armados, pero hoy día se admite, en una perspectiva humanista, que tienen incidencia en el dominio también del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (v.g., en casos sistemáticos de tortura y humillación de las víctimas), denegatorios que son de la humanidad en general, al buscar deshumanizar sus víctimas |193|. Los crímenes contra la humanidad tiene un carácter masivo y sistemático, son organizados y planificados como política criminal estatal, - tal como conceptualizados en su jurisprudencia por los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la Ex-Yugoslavia y Ruanda |194|, - son verdaderos crímenes de Estado |195|.
- Organizados y planificados por el Estado, en sus más altos escalones, los crímenes de Estado son ejecutados por muchos individuos en
cumplimiento de una política criminal del Estado en cuestión, constituyendo verdaderos crímenes de Estado, que comprometen de
inmediato la responsabilidad internacional tanto del Estado en cuestión (en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos) como de los individuos que los ejecutaron |196|. De ahí la importancia de su prevención, dada su especial gravedad, así como
de la garantía de su no-repetición" (párrs. 40-43).
27. La Corte Interamericana ha incorporado esta temática en su razonamiento en la presente Sentencia en el caso Almonacid Arellano y
Otros versus Chile. En muestra de jurisprudential cross-fertilization, la Corte evoca la jurisprudence constante del Tribunal Penal
Internacional ad hoc para la Ex-Yugoslavia (TPIY, Trial Chamber) en el sentido de que un único acto gravemente violatorio de los
derechos humanos por parte de un perpetrador puede constituir un crimen contra la humanidad, si cometido dentro de un contexto de una
práctica sistemática, resultante de un "sistema político basado en el terror y la persecución" (caso Tadic, 07.05.1997, párr. 649). Lo que está en cuestión es la conducta del Estado, la presencia de un "elemento de policy" (caso Kupre[ki], 14.01.2000, párrs. 550-551). Actos aislados de un perpetrador, si planificados por el Estado, formando una práctica "sistemática" en ejecución de una "política de Estado", constituyen crímenes contra la humanidad (caso Kordic, 26.02.2001, párrs. 176-179).
28. En mi reciente Curso General de Derecho Internacional Público ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya
(2005), me permití ponderar que, en realidad, ya en los albores del Derecho Internacional, se acudió a nociones básicas de humanidad para regir la conducta de los Estados. Lo que, con el pasar del tiempo, vino a denominarse "crímenes contra la humanidad" emanó,
originalmente, del Derecho Internacional consuetudinario |197|, para desarrollarse conceptualmente, más tarde, en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario |198| , y, más recientemente, en el del Derecho Penal Internacional |199|.
Aquí nos encontramos en el dominio del jus cogens, del derecho imperativo. En la ocurrencia de tales crímenes victimizando seres humanos, la propia humanidad es del mismo modo victimizada. Esto ha sido expresamente reconocido por el TPIY (en el caso Tadic, 1997); tales crímenes afectan la conciencia humana (TPIY, caso Erdemovic, 1996) |200| , - la conciencia jurídica universal, - y tanto los individuos agraviados como la propia humanidad tórnanse víctimas de los mismos |201|. Esta línea de entendimiento, que alcanzó el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional contemporáneo, debe, a mi juicio, integrarse también al universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La presente Sentencia de la Corte Interamericana en el presente caso Almonacid Arellano y Otros constituye un primer paso en este sentido.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Notas:
(*) El Juez Oliver Jackman informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y adopción
de la presente Sentencia. La Jueza Cecilia Medina Quiroga, de nacionalidad chilena, se excusó de participar en la deliberación y firma de
la presente sentencia. [Volver]
1. Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 61; Caso
Alfonso Martín del Campo Dodd. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113, párr. 68; y Caso
Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 34. [Volver]
2. Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota 1, párr. 73. [Volver]
3. Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota 1, párr. 74. [Volver]
4. Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota 1, párr. 84. [Volver]
5. Cfr. Caso Comunidad indígena Yakye Axa. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 117. [Volver]
6. Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párrs. 135 a 156. [Volver]
7. Cfr. Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 147. [Volver]
8. Cfr. Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 146. [Volver]
9. Cfr. Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 125. [Volver]
10. Cfr. Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párrs. 65 a 69. [Volver]
11. No consta en el expediente del presente caso obrante ante el Tribunal la supuesta solicitud de prórroga del Estado de 15 de abril de
2005 (supra párr. 52.b). [Volver]
12. Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 124. [Volver]
13. Cfr. Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 38; Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párrs. 56 y 57;
y Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 83. [Volver]
14. Cfr. Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 42; Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de
1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 106; y Caso Baldeón García.Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 60. [Volver]
15. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 43; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 107; y Caso Baldeón García,
supra nota 14, párr. 61. [Volver]
16. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 44; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 108; y Caso Baldeón García,
supra nota 14, párr. 62. [Volver]
17. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 48; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 112; y Caso Baldeón García,
supra nota 14, párr. 65. [Volver]
18. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 48; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 121; y Caso Baldeón García,
supra nota 14, párr. 66. [Volver]
19. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 55; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 17, párr. 122; y Caso Baldeón García,
supra nota 14, párr. 70. [Volver]
20. Como lo ha expresado la Corte Europea, aunque sólo se tenga competencia temporal en relación con hechos posteriores a la
ratificación del Convenio Europeo, "puede, sin embargo, tomar en consideración los hechos anteriores a la ratificación, en la medida en
que […] pudieran ser relevante para la comprensión de los hechos ocurridos luego de tal fecha". ECHR, Case Broniowski v Poland [GC].
Judgment of 22 June 2004, Application nos. 31433/96, para. 122. [Volver]
21. Cfr. certificado de matrimonio conferido por el Registro Civil y de Identificación de Rancagua, (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 1, folio 1675). [Volver]
22. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo III, pág. 18, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2572). [Volver]
23. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 42, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2101). [Volver]
24. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 47, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2103). [Volver]
25. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 60, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2110). [Volver]
26. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 115, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2137). [Volver]
27. Cfr. Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, pág. 177 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 4, folio 3583). [Volver]
28. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Primera Parte, capitulo II y Segunda Parte, Págs. 15 a 104
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 2); e Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de
derechos humanos y de la violencia política de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, pág. 37 (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 2822). [Volver]
29. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pág. 19 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 2, folio 2089); Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política de la
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3); e
Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo
4). [Volver]
30. Cfr. cuadro 16 "Víctimas declaradas por el Estado, Clasificadas como muertas y desaparecidas", anexo 1 del Informe sobre
calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política de la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación, pág. 576 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 3356). [Volver]
31. Cfr. cuadro 17 "Denuncias investigadas y víctimas declaradas por el Estado, según el año en que ocurrieron los hechos denunciados",
Anexo 1 del Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, pág. 577, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 3357).
[Volver]
32. Cfr. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, pág. 178 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 4, folio 3584). [Volver]
33. Cfr. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, pág. 177, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 4, folio 3583). [Volver]
34. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 114, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2137). [Volver]
35. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 115, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2137). [Volver]
36. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado,
Anexo 2); Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3); e Informe de la
Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 4). [Volver]
37. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 117, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2138). [Volver]
38. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo III, pág. 18, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 2, folio 2572). [Volver]
39. Cfr. providencia del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 3 de octubre de 1973, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1628). [Volver]
40. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 7 de noviembre de 1973, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1631). [Volver]
41. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 7 de diciembre de 1973, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1634). [Volver]
42. Cfr. resoluciones del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 8 de abril (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 1, folio 1631), 17 de mayo (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folio 1658), y de 7 de
agosto de 1974 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folio 1666). [Volver]
43. Cfr. resoluciones de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 30 de abril y 18 de junio de 1974 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1655 y 1661). [Volver]
44. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 4 de septiembre de 1974 (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1669). [Volver]
45. Cfr. querella criminal presentada por Elvira del Rosario Gómez Olivares el 4 de noviembre de 1992,(expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1694 a 1696). [Volver]
46. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 5 de noviembre de 1992, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1697). [Volver]
47. Cfr. declaración de Castro Osorio de 18 de noviembre de 1992 ante el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, (expediente de
anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1698 a 1700). [Volver]
48. Cfr. declaración de Neveu Cortesi de 12 de enero de 1993 ante el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folio 1707). [Volver]
49. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 3 de febrero de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1711). [Volver]
50. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 3 de junio de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1740). [Volver]
51. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 5 de abril de 1994, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1774). [Volver]
52. Cfr. recursos de reposición y apelación presentados por el representante de la señora Gómez Olivares el 9 de febrero de 1993,
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1718 y 1719). [Volver]
53. Cfr. recursos de reposición y apelación presentados por el representante de la señora Gómez Olivares el 5 de junio de 1993,
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1741 y 1742). [Volver]
54. Cfr. recursos de reposición y apelación presentados por el representante de la señora Gómez Olivares el 8 de abril de 1994,
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1777 y 1778). [Volver]
55. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 25 de febrero de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1721). [Volver]
56. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 7 de junio de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1742). [Volver]
57. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 9 de abril de 1994, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1779). [Volver]
58. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 5 de abril de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 1, folio 1730). [Volver]
59. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de 9 de noviembre de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 1, folio 1747). [Volver]
60. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de 11 de octubre de 1994, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado,
Anexo 1, folio 1788). [Volver]
61. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 23 de diciembre de 1994, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1796). [Volver]
62. Cfr. escrito de 28 de diciembre de 1994 del representante de la señora Gómez Olivares, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folios 1797 y 1798). [Volver]
63. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 2 de enero de 1995, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1798). [Volver]
64. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 8 de febrero de 1995, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1802). [Volver]
65. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 15 de febrero de 1995 (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1803). [Volver]
66. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 3 de noviembre de 1995, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1817). [Volver]
67. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 5 de junio de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1854). [Volver]
68. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 28 de agosto de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folios 1873 y 1874). [Volver]
69. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 31 de agosto de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folios 1877 y 1878). [Volver]
70. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 3 de octubre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1902). [Volver]
71. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 4 de octubre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 1, folio 1907). [Volver]
72. Cfr. recurso de apelación interpuesto por el representante de Castro Osorio el 5 de octubre de 1996, (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1917 y 1918). [Volver]
73. Cfr. resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 30 de octubre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 2044). [Volver]
74. Cfr. incidente de competencia presentado por el Segundo Juzgado Militar de Santiago contra el Primer Juzgado del Crimen de
Rancagua el 27 de septiembre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1886 y 1887).
[Volver]
75. Cfr. resolución del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua de 7 de octubre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1916). [Volver]
76. Cfr. resolución de la Corte Suprema de Justicia de 5 de diciembre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 1, folio 1931). [Volver]
77. Cfr. resolución del Segundo Juzgado Militar de Santiago de 16 de diciembre de 1996, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folio 1933). [Volver]
78. Cfr. resolución del Segundo Juzgado Militar de Santiago de 13 de enero de 1997, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del Estado, Anexo 1, folio 1970). [Volver]
79. Cfr. comunicación de 14 de enero de 1997 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folios 1934 y 1935). [Volver]
80. Cfr. sobreseimiento No. 28 dictado por el Segundo Juzgado Militar de Santiago el 28 de enero de 1997,(expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folios 1936 a 1938 y 1974 a 1976). [Volver]
81. Cfr. recurso de apelación presentado por el representante de la señora Gómez Olivares el 26 de febrero de 1997, (expediente de
anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folio 1949). [Volver]
82. Cfr. sentencia de la Corte Marcial de 25 de marzo de 1998, considerando 5, (expediente de anexos a la demanda, Anexo 3, folio 41).
[Volver]
83. Cfr. sentencia de la Corte Marcial de 25 de marzo de 1998, considerando 6 (expediente de anexos a la demanda, Anexo 3, folio 42).
[Volver]
84. Cfr. sentencia de la Corte Marcial de 25 de marzo de 1998, considerando 9 (expediente de anexos a la demanda, Anexo 3, folios 43
y 44). [Volver]
85. Cfr. voto disidente de la Ministra Morales a la Sentencia de la Corte Marcial de 25 de marzo de 1998 (expediente de anexos a la
demanda, Anexo 3, folios 44 y 45). [Volver]
86. Cfr. recurso de casación presentado por el representante de la señora Gómez Olivares, (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, Anexo 1, folios 2000 a 2016). [Volver]
87. Cfr. resolución de la Corte Suprema de 16 de abril de 1998, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1,
folio 2019). [Volver]
88. Cfr. orden de archivo de 11 de noviembre de 1998, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 1, folio
2039). [Volver]
89. Cfr. boletín No. 654-07, presentado el 7 de abril 1992 por los senadores Rolando Calderón Aránguiz, Jaime Gazmuri Mujica,
Ricardo Núñez Muñoz y Hernán Vodanovic Schnake (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 10, folios
4269 a 4274); Boletín No. 1718-07, presentado el 11 de octubre de 1995 por los senadores Ruiz de Giorgio y Mariano Ruiz Esquide
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 11, folios 4276 a 4285). [Volver]
90. Cfr. boletín No. 1.622-07, presentado el 6 de junio 1995 por el senador Sebastián Piñera Echenique (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 12, folios 4365 a 4371). [Volver]
91. Cfr. boletín No. 1632-07, presentado el día 14 de junio 1995 por el senador Francisco Javier Errazuriz (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 13, folios 4373 a 4377). [Volver]
92. Cfr. boletín No. 1657-07, presentado el 19 de julio de 1995 por los senadores Diez, Larraín, Otero y Piñera (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 14, folios 4379 a 4389). [Volver]
93. Cfr. boletín No. 4162-07, presentado el 21 de abril de 2006 por los senadores Girardi, Letelier, Navarro y Ruiz-Esquide (Anexo 9
alegatos finales escritos del Estado, folios 4249 a 4267). [Volver]
94. Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Apelación Rol No. 38683-94 de 30 de septiembre de 1994 (expediente de
documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 483 a 495); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 3831-97 de 8 de junio
de 1998 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 186 a 196); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No.
469-98 de 9 de septiembre de 1998 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 364 a 380); Corte Suprema,
Recurso de Casación Rol No. 2097-1998 de 29 de diciembre de 1998 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública,
folios 299 a 305); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 247-98 de 7 de enero de 1999 (expediente de documentos presentados en
la Audiencia Pública, folios 197 a 206); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 1359-2001 de 26 de agosto de 2002 (expediente de
documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 220 a 234); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 4135-2001 de 29 de
noviembre de 2002 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 207 a 219); Corte Suprema, Recurso de
Casación Rol No. 4054-2001 de 31 de enero de 2003 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 272 a 283);
Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 4053-2001 de 31 de enero de 2003 (expediente de documentos presentados en la Audiencia
Pública, folios 253 a 271); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 4209-01 de 3 de marzo de 2003 (expediente de documentos
presentados en la Audiencia Pública, folios 284 a 298); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 2231-01 de 28 de agosto de 2003
(expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 235 a 252); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No.
1134-2002 de 4 de noviembre de 2003 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 306 a 316); Corte
Suprema, Recurso de Casación Rol No. 2505-2002 de 11 de noviembre de 2003 (expediente de documentos presentados en la Audiencia
Pública, folios 317 a 324); Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Apelación Rol No. 11821-2003, de 5 de enero de 2004
(expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 443 a 475); Corte Suprema, Recurso de Casación, Rol No.
457-2005, de 9 de febrero de 2005 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 424 a 437); Corte Suprema,
Recurso de Casación Rol No. 4622-2002, de 29 de marzo de 2005 (expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios
325 a 339); Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Revisión Rol No. 15765-2004, de 6 de julio de 2005 (expediente de
documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 438 a 442); Corte Suprema, Rol No. 3925 -2005, de 5 de septiembre de 2005
(expediente de documentos presentados en la Audiencia Pública, folios 390 a 423); Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de
Apelación Rol No. 37483-2004, resolución 8472, dictada por la Secretaria Criminal, de 18 de enero de 2006 (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 4, Tomo II, folios 4170 a 4179); Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Apelación Rol
No. 24471-2005, resolución 43710, dictada por la Secretaría Criminal, 20 de abril de 2006 (expediente de fondo, Tomo IV, folios 1089 a
1093); Corte Suprema, Recurso de Queja Rol No. 396-2006, Resolución 9334, dictada por la Secretaría Única, de 8 de mayo de 2006
(expediente de fondo, Tomo IV, folios 1094 y 1095); Corte Suprema, Recurso de Casación Rol No. 3215-2005, Resolución 11745,
dictada por la Secretaría Única, de 30 de mayo de 2006 (expediente de fondo, Tomo IV, folios 1157 a 1159); Corte de Apelaciones de
Santiago, Rol No. 14567-2004, Resolución 64656, dictada por la Secretaría Criminal, de 2 de junio de 2006 (expediente de fondo, Tomo
IV, folios 1160 y 1161); Corte de Apelaciones de Santiago, Rol No. 14058-2004, Resolución 74986, dictada por la Secretaria Criminal, de
27 de junio de 2006 (expediente de fondo, Tomo IV, folios 1263 a 1270); Corte de Apelaciones de Santiago, Rol No. 32365-2005,
Resolución 76786, dictada por la Secretaria Criminal, de 29 de junio de 2006 (expediente de fondo, Tomo IV, folios 1260 a 1262).
[Volver]
95. Cfr. considerando primero del Decreto Supremo No. 355 de 25 de abril de 1990, en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, Tomo I, págs. XI a XIV (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 2, folios 2077 a 2079).
[Volver]
96. Cfr. artículo primero del Decreto Supremo No. 355 de 25 de abril de 1990, en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, Tomo I, págs. XI a XIV (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 2, folios 2077 a 2079).
[Volver]
97. Cfr. mensaje a la Nación del Presidente Patricio Aylwin al dar a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, 4 de marzo de 1991, en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo II, págs. 887 a 894
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 2, folios 2529 a 2533). [Volver]
98. Cfr. mensaje a la Nación del Presidente Patricio Aylwin, supra nota 97. [Volver]
99. Cfr. mensaje a la Nación del Presidente Patricio Aylwin, supra nota 97. [Volver]
100. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Tomo II, pág. 904 y Tomo III, pág. 18 (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 2, folios 2233 y 2572). [Volver]
101. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Tomo II, págs. 824 y 825 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 2, folio 2498). [Volver]
102. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Tomo II, págs. 826 y 827 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 2, folio 2499). [Volver]
103. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Tomo II, págs. 827 a 836 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 2, folios 2499 a 2504). [Volver]
104. Cfr. Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 3, folios 3383 a 3395). [Volver]
105. Cfr. artículo 1 de la Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 3383). [Volver]
106. Cfr. artículos 17 a 27 de la Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3, folios 3389 a 3392). [Volver]
107. Cfr. artículo 28 de la Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 3393). [Volver]
108. Cfr. artículos 29 a 31 de la Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, Anexo 3, folios 3393 a 3394). [Volver]
109. Cfr. artículo 32 de la Ley No. 19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, Anexo 3, folio 3394). [Volver]
110. Cfr. Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del
Estado, Anexo 4, folio 3430). [Volver]
111. Cfr. Ley No. 19.980 publicada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2004, (expediente de anexos a la contestación a la demanda,
folios 376 a 379). [Volver]
112. Cfr. declaración de Cristián Correa Montt testigo propuesto por el Estado (expediente de fondo, Tomo II, folios 421 a 440). [Volver]
113. Cfr. documento titulado "Memoriales construidos con Aportes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior",
anexo 1 al declaración de Cristián Correa Montt (expediente de fondo, Tomo II, folios 441 a 450); libro "Políticas de Reparación. Chile
1990-2004" de Elizabeth Lira y Brian Loveman, anexo 2 a la declaración de Cristián Correa Montt (expediente de fondo, Tomo II, folios
451 a 463). [Volver]
114. Cfr. declaración de la señora Elvira Gómez Olivares en la audiencia pública del 29 de marzo de 2006; declaración de Cristián Correa
Montt (expediente de fondo, Tomo II, folio 439); constancias de la División Pago de Beneficios del Departamento de Operaciones del
Instituto de Normalización Provisional, de febrero de 2006 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Anexo 4, tomo
II, folios 4392 a 4394). [Volver]
115. Cfr. declaración de la señora Elvira Gómez Olivares (audiencia pública celebrada el 29 de marzo de 2006); listado de obras
Rancagua http://www.ddhh.gov.cl/DDHH/ob ras/info_VIR/VIR_rancagua.html (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
folio 381). [Volver]
116. Cfr. alegatos orales del Estado (audiencia pública celebrada el 29 de marzo de 2006). [Volver]
117. Cfr. Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convenio núm. IV).
[Volver]
118. Egon Schwelb, Crimes Against Humanity, British Yearbook of Internacional Law. Vol 23, (1946), 178, pág. 181. "[L]os crímenes
contra la humanidad y la civilización de los cuales son responsables los miembros del Gobierno turco, así como los agentes implicados en
las masacres". [Volver]
119. Artículo 6.- El Tribunal establecido por el Acuerdo aludido en el Artículo 1 del presente para el enjuiciamiento y condena de los
principales criminales de guerra del Eje Europeo estará facultado para juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de
los intereses de los países del Eje Europeo, cometieron los delitos que constan a continuación, ya fuera individualmente o como
miembros de organizaciones:
[…]
(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos
inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o
religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una
vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron. [Volver]
120. Cfr. United States Nuremberg Military Tribunal, United States v. Ohlendort, 15 I.L.R. 656 (1948); United States v. Alstotter ( 1948
Justice Case), in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 Vol. III 956 (U.S.
Gov. Printing Office 1951); History of the U.N. War Crimes Commission and the Development of the Laws of War complied by the U.N.
War Crimes Commission (1948);Cfr. O.N.U., Principios de Derecho Internacional Reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg
y la Sentencia del Tribunal. Adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el año 1950, U.N. Doc.
A/1316 (1950), part III, párr. 123; artículo I.b de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de
la humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 (XXIII) de 25 de noviembre de 1968.
[Volver]
121. Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, caso Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Opinion and Judgement, May
7, 1997, at para. 649. Esto fue posteriormente confirmado por el mismo tribunal en Prosecutor v. Kupreskic, et al, IT-95-16-T, Judgement,
January 14, 2000, at para. 550, y Prosecutor v. Kordic and Cerkez, IT-95-14/2-T, Judgement, February 26, 2001, at para. 178. [Volver]
122. Cfr. Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, Germany, (1947) at 218. [Volver]
123. Cfr. O.N.U., Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 95(I), Quincuagésima quinta reunión plenaria de 11 de
diciembre de 1946. [Volver]
124. Cfr. O.N.U., Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptado
por la de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 177 (II), 123ª sesión plenaria de 21 de noviembre de 1947.
[Volver]
125. Cfr. O.N.U., Principios de Derecho Internacional Reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las Sentencias del
Tribunal. Adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el año 1950 (A/CN.4/34). [Volver]
126. Cfr. ECHR, Case Kolk and Kislyiy v. Estonia, Judgment of 17 January 2006. Applications Nos. 23052/04 and 24018/04. [Volver]
[Los señores Kolk y Kislyiy] señalaron que los actos en relación a los cuales fueron condenados sucedieron en el año 1949 en el territorio
de [la República Socialista Soviética de] Estonia. En el momento material de los hechos era aplicable en el territorio de Estonia el Código
Criminal de 1946 de la República Socialista Federal Rusa. Este código no incluía crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad para
crímenes de lesa humanidad no fue establecida en Estonia sino hasta el 9 de Noviembre de 1994 […]. [Volver]
La Corte observa, primero, que Estonia perdió su independencia como consecuencia del Pacto de no Agresión entre Alemania y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (también conocido como el "Pacto de Molotov-Ribbentrop"), adoptado el 23 de agosto de 1939, y sus
protocolos adicionales secretos. […] El régimen totalitario comunista de la Unión Soviética condujo acciones sistemáticas y a gran escala
en contra de la población de Estonia, incluyendo, por ejemplo, la deportación de cerca de 10.000 personas el 14 de junio de 1941 y más de
20.000 el 25 de marzo de 1949.
[…]
La Corte observa que la deportación de población civil estaba expresamente reconocida por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de
1945 como un crimen de lesa humanidad (artículo 6 (c)). Aun cuando el Tribunal de Nuremberg fue establecido para perseguir a los
principales criminales de guerra de los países del Eje Europeo por los delitos cometidos antes o durante la Segunda Guerra Mundial, la
Corte observa que la validez universal de los principios sobre los crímenes de lesa humanidad fueron confirmados subsiguientemente por,
inter alia, la Resolución No. 95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (11 de diciembre de 1946) y luego por
la Comisión de Derecho Internacional. Por consiguiente, la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad no puede ser limitada
únicamente a nacionales de algunos países y únicamente a actos cometidos en el marco temporal de la Segunda Guerra Mundial. […]
[…]
La Corte observa que aun cuando los actos cometidos por [los señores Kolk y Kislyiy] pudieron haber sido considerados lícitos bajo las
leyes soviéticas en ese momento, las cortes de Estonia los consideraron bajo el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad,
en el momento de su comisión. La Corte no ve razón para llegar a una conclusión diferente. […] Por lo tanto, la Corte considera que las
alegaciones de los recurrentes no tienen bases suficientes para señalar que sus actos no constituían crímenes de lesa humanidad en el
momento de su consumación […].
Además, ninguna prescripción limitante es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, independientemente de la fecha de su comisión.
[…] La Corte no encuentra razón alguna para poner en duda la interpretación y aplicación de la ley doméstica que las cortes de Estonia
efectuaron a la luz del derecho internacional pertinente. En conclusión se tiene que [las] alegaciones [de los peticionarios] son
manifiestamente infundadas y deben ser rechazadas. [Volver]
127. Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Prosecutor v. Erdemovic, Case No. IT-96-22-T, Sentencing Judgment,
November 29, 1996, at para. 28.
Crimes against humanity are serious acts of violence which harm human beings by striking what is most essential to them: their life,
liberty, physical welfare, health, and or dignity. They are inhumane acts that by their extent and gravity go beyond the limits tolerable to
the international community, which must perforce demand their punishment. But crimes against humanity also transcend the individual
because when the individual is assaulted, humanity comes under attack and is negated. It is therefore the concept of humanity as victim
which essentially characterises crimes against humanity. [Volver]
128. Cfr. O.N.U., Extradición y castigo de criminales de guerra, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 3 (I) de 13 de febrero de 1946; Confirmación de los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del
Tribunal de Nuremberg, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946;
Extradición de delincuentes de guerra y traidores, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 170 (II) de
31 de octubre de 1947; Cuestión del Castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa
humanidad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2338 (XXII) de 18 de diciembre de 1967;
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de la humanidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 (XXIII) de 25 de noviembre de 1968; Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de
las personas que hayan cometido crímenes de lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 2712 (XXV) de 14 de diciembre de 1970; Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan
cometido crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2840 (XXVI) de 18
de diciembre de 1971, y Prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su Resolución 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. [Volver]
129. Cfr. O.N.U., Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa Humanidad,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969. [Volver]
130. Cfr. O.N.U., Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de
crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3074
(XXVIII) 3 de diciembre de 1973. [Volver]
131. Cfr. O.N.U., Resolución del Consejo de Seguridad, S/RES/827 para el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia de 25 de marzo de 1993; y Resolución del Consejo de Seguridad, S/RES/955 para el establecimiento del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda 8 de noviembre de 1994. [Volver]
132. Cfr. O.N.U., Informe del Secretario General sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos, S/2004/616 de 3 de agosto de 2004, párr. 10. [Volver]
133. Cfr. O.N.U., Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un Tribunal para Sierra Leona, S/2000/915 de 4 de octubre
de 2000, párr. 22. [Volver]
134. Cfr. O.N.U., Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un tribunal para Sierra Leona, S/2000/915, 4 de octubre de
2000, párr. 24. [Volver]
135. Cfr. O.N.U., Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). [Volver]
136. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166, y Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20
de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 175. [Volver]
137. Cfr Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 299; Caso de la "Masacre de Mapiripán",Sentencia de 15 de septiembre de
2005. Serie C No. 134, párr. 237; Caso de la Comunidad Moiwana,Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 203.
[Volver]
138. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 148; Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 94; yCaso de la Masacre de Pueblo
Bello, Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 143. [Volver]
139. Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 144; Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr.
192; y Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 77. [Volver]
140. Cfr. Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. Párr. 41. [Volver]
141. Cfr. alegatos finales escritos del Estado (expediente de fondo, Tomo III, folio 723). [Volver]
142. De acuerdo al Artículo 3 del Decreto Ley No. 2.191 no quedaron comprendidos en la amnistía "las personas respecto de las cuales
hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencia o
intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios
y otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y
exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el decreto ley número 280, de 1974, y sus
posteriores modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario". [Volver]
143. Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto
de 1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C Nº 72, párr. 179. [Volver]
144. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 83; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136,
párr. 91; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 137, párr. 109. [Volver]
145. Cfr. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133. párr. 87; Caso Comunidad indígena Yakye Axa,
supra nota 5, párr. 100; y Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párrs. 91 y 93. [Volver]
146. Cfr. Caso Barrios Altos. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 18. [Volver]
147. Cfr. Caso Barrios Altos, supra nota 140, párr. 44. [Volver]
148. Cfr. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 26. [Volver]
149. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 172; y Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 140. [Volver]
150. Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención
Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párr. 35. [Volver]
151. Cfr. Caso Barrios Altos, supra nota 140, párr. 43. [Volver]
152. Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 13. párr. 169; y Caso del Tribunal Constitucional. S entencia de 31 de enero de 2001. Serie C
No. 7 1, párr. 77. [Volver]
153. Cfr Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 124; Caso de la "Masacre de Mapiripán",
supra nota 137, párr. 202; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 139, párr. 165. [Volver]
154. Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 153, párr. 143; Caso 19 Comerciantes, supra nota 139, párr. 167; y Caso Las Palmeras.
Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 52. [Volver]
155. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 115; Caso Ximenes Lopes, supra nota
14, párr. 207; y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 345. [Volver]
156. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 116; Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 208; y Caso de las
Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 346. [Volver]
157. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 117; Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 209; y Caso de las
Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 347. [Volver]
158. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 118; Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 210; y Caso de las
Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 348. [Volver]
159. Cfr. Caso Barrios Altos, supra nota 140, párr. 48. Caso Bámaca Vélasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No.
70, párr. 201. [Volver]
160. Cfr. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado,
Anexo 2, f. 2520). [Volver]
161. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 (XXIII) de 26 de noviembre de 1968. Entró en
vigor el 11 de noviembre de 1970. [Volver]
162. Cfr. Cfr. O.N.U., Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20;
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, S/Res/827, 1993, Art. 10, y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para
Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de 1994, Art. 9. [Volver]
163. Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 131. [Volver]
164. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 139; Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 199; y Caso de Blanco
Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 97. [Volver]
165. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 139; Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 199; y Caso de la
Masacre de Pueblo Bello, supra nota 138, párr. 267. [Volver]
166. Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 220; Caso Baldeón García, supra nota 14, párr. 183; yCaso Comunidad indígena
Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 216. [Volver]
167. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 130; Caso de las Masacres de Ituango, supranota 14, párr. 383; y Caso
Baldeón García, supra nota 14, párr. 188. [Volver]
168. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 131; Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 236; y Caso de las
Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 387. [Volver]
169. Cfr.. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 151; Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, párr. 249; y Caso de las
Masacres de Ituango, supra nota 14, párr. 410. [Volver]
170. Cfr.. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, párr. 152; Caso de las Masacres de Ituango, supranota 14, párr. 414; y Caso
Baldeón García, supra nota 14, párr. 208. [Volver]
171. Cf., v.g., L. Joinet (rapporteur), Estudio sobre las Leyes de Amnistía, documento E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1, Ginebra,
ONU/Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, 1985, pp. 1-22; J. Gavron, "Amnesties in the Light of
Developments in International Law and the Establishment of the International Criminal Court", 51 International and Comparative Law
Quarterly (2002) pp. 91-117. [Volver]
172. A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, The Hague, Kluwer, 2004, p. 23, y cf. pp. 25-33. [Volver]
173. Cit. in párrafo 81.26 de esta Sentencia. Y cf., al respecto, P. Aylwin Azocar, "La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Chile",
in Estudios Básicos de Derechos Humanos, tomo II (eds. A.A. Cançado Trindade y L. González Volio), San José de Costa Rica, IIDH,
1995, pp. 105-119. [Volver]
174. S. Soler, La Interpretación de la Ley, Barcelona, Ed. Ariel, 1962, p. 108, y cf. pp. 15, 115, 117 y 143. [Volver]
175. G. Radbruch, Introdução à Ciência do Direito [originalmente Einführung in die Rechtswissenschaft], São Paulo, Livr. Martins
Fontes Ed., 1999, p. 8. [Volver]
176. G. Radbruch, Filosofia do Direito, tomo I, Coimbra, A. Amado Ed., 1961, pp. 185-186. [Volver]
177. G. Radbruch, Filosofia do Direito, tomo II, Coimbra, A. Amado Ed., 1961, pp. 213-214. [Volver]
178. Ibid., pp. 211-214. [Volver]
179. Por ejemplo, el tratado de Sevres (1920) prevía la incriminación de los turcos responsables por el masacre de los arménios, pero fue
terminado por el tratado de Lausanne (1923) que "concedió" una amnistía para los perpetradores de aquel que vino a ser considerado el
primer genocidio del siglo XX; cit. in A. O'Shea, op. cit. supra n. (2), p. 15; y cf. B. Bruneteau, Le siècle des génocides - Violences,
massacres et processus génocidaires de l'Arménie au Rwanda, Paris, A. Colin, 2004, pp. 48-72. [Volver]
180. Cf., inter alia, v.g., B. Chigara, Amnesty in International Law - The Legality under International Law of National Amnesty Laws,
Harlow/London, Longman, 2002, pp. 11 y 114; A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law..., op. cit. supra n. (2), pp. 68,
285-286 y 313. [Volver]
181. N.C. Mariano, Operación Cóndor - Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Buenos Aires, Ed. Lohlé-Lumen, 1998, p. 87; y cf. A.
Boccia Paz, M.H. López, A.V. Pecci y G. Giménez Guanes, En los Sótanos de los Generales - Los Documentos Ocultos del Operativo
Cóndor, Asunción, Expolibro/Servilibro, 2002, p. 187. [Volver]
182. J. Dinges, Operación Cóndor - Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur, Santiago, Ediciones B Chile, 2004, pp.
22-23. [Volver]
183. Artículo 4 de la Convención Americana. [Volver]
184. Artículo 5 de la Convención Americana. [Volver]
185. A. O'Shea, op. cit. supra n. (2), p. 186, y cf. pp. 198-199, 219 y 222-223. [Volver]
186. Cf. A. Orakhelashvili, "Peremptory Norms and Reparation for Internationally Wrongful Acts", 3 Baltic Yearbook of International
Law (2003) p. 26. [Volver]
187. Cf. B. Chigara, op. cit. supra n. (9), pp. 151 y 164, y cf. pp. 26, 35-36, 60 y 91. [Volver]
188. Precisamente para evitar que el Estado recurra a subterfugios para dar encubrimiento a los crímenes perpetrados, en los últimos años
se ha fomentado la erosión de los vínculos tradicionales de territorialidad y nacionalidad, para "desnacionalizar" en determinadas
circunstancias la administración de la justicia penal y satisfacer los intereses legítimos de la comunidad internacional en esta materia; cf.
L. Reydams, Universal Jurisdiction - International and Municipal Legal Perspectives, Oxford, University Press, 2004, pp. 27 y 220-221. Y
cf. también Y. Beigbeder, Judging Criminal Leaders - The Slow Erosion of Impunity, The Hague, Nijhoff, 2002, pp. 14 y 207-214.
[Volver]
189. Cf. A. O'Shea, op. cit. supra n. (2) , pp. 270-272, y cf. p. 273. [Volver]
190. O sea, los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana; cf. ibid., p. 282 (énfasis acrecentado), y cf. pp.
284 y 288-289. [Volver]
191. Cf., en ese sentido, v.g., M.Ch. Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2nd. rev. ed., The Hague,
Kluwer, 1999, pp. 252, 254-257. Es este el entendimiento subyacente a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que
criminaliza, bajo el Derecho Internacional, la conduta de agentes del poder estatal; ibid., p. 263, y cf. p. 277. [Volver]
192. M.Ch. Bassiouni, op. cit. supra n. (21), pp. 227 y 289. [Volver]
193. Y. Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité, Paris, LGDJ, 2002, pp. 21-23, 40, 52-53 y 66-67. Y cf. E.
Staub, The Roots of Evil - The Origins of Genocide and Other Group Violence, Cambridge, University Press, 2005 [reprint], pp. 119, 121
y 264. [Volver]
194. Sobre la jurisprudencia internacional contemporánea sobre crímenes contra la humanidad, cf. J.R.W.D. Jones, The Practice of the
International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, 2a. ed., Ardsley/N.Y., Transnational Publs., 2000, pp. 103-120 y
490-494; L.J. van den Herik, The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law, Leiden, Nijhoff, 2005,
pp. 151-198. [Volver]
195. Ibid., pp. 93, 183, 192, 199, 228, 278-279, 310, 329-331, 335, 360 y 375. [Volver]
196. Cf. ibid., pp. 375-377, 403, 405-407, 441 y 447-448. [Volver]
197. S.R. Ratner y J.S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp.
45-48. [Volver]
198. Cf. J. Pictet, Développement et principes du Droit international humanitaire, Genève/Paris, Inst. H.-Dunant/Pédone, 1983, pp. 107 y
77; C. Swinarski, Principales Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección de
la Persona Humana, San José de Costa Rica, IIDH, 1990, p. 20. [Volver]
199. Cf. D. Robinson, "Defining `Crimes against Humanity' at the Rome Conference", 93 American Journal of International Law (1999)
pp. 43-57; y, para los antecedentes históricos, cf., v.g., H. Fujita, "Le crime contre l'humanité dans les procès de Nuremberg et de Tokyo",
34 Kobe University Law Review (2000) pp. 1-15. - Los crímenes contra la humanidad encuéntranse hoy tipificados en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional permanente (artículo 7). [Volver]
200. J.R.W.D. Jones, The Practice of the International Criminal Tribunals..., op. cit. supra n. (24), pp. 111-112. [Volver]
201. A.A. Cançado Trindade, "International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium - General Course on Public International
Law", Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye (2005) cap. XI (en prensa). [Volver]
