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20ago10


Denuncian que OIT Chile rechazó encuentro entre enviada especial para pueblos indígenas y Consejo Nacional Aymara


A 40 días del inicio de la huelga de hambre de los presos mapuche, los pocos avances en esta materia sufrieron un retroceso este jueves, cuando OIT Chile rechazó una solicitud de la comunidad aymara para reunirse con la enviada especial de la organización para asuntos indígenas, Cleopatra Doumbia-Henry, de visita en el país. Desde Human Rights Watch, en tanto, denuncian que las autoridades chilenas nunca han trabajado en una política real dirigida hacia los pueblos originarios.

Continúa delicada la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Mientras se mantiene la huelga de hambre de una treintena de mapuches en las cárceles del sur, representantes del Consejo Nacional Aymara denunciaron que directivos de la Organización Internacional del Trabajo de Chile "incumplieron el mandato internacional de velar por la aplicación del Convenio 169".

La razón de la denuncia se debió al rechazo que hizo esta institución a la solicitud de los aymaras para reunirse con Cleopatra Doumbia-Henry, directora del Departamento de Normas, que está de visita en Chile.

Al respecto, un representante de la comunidad aymara, ex subsecretario y embajador de la Concertación, Gabriel Gaspar, criticó las políticas indígenas abordadas por el anterior y actual Gobierno.

"No solo es un tema del gobierno actual, sino también de antes. La sociedad chilena ha llegado tarde a la discusión del tema étnico. No comparto la aplicación de medidas de este tipo, porque la Ley Antiterrorista surgió cuando se planteó el tema del terrorismo global. Es un tema jurídico muy difícil, Naciones Unidas aún no se puede poner de acuerdo qué es lo que se define como concepto de terrorismo", señaló Gaspar.

Critica que compartió el director de la División de la Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien hizo mención a diversos estudios en los que se demuestra la falta de rigurosidad en la aplicación de la Ley Antiterrorista en los conflictos mapuches, afirmando que "esta ley se comenzó a impartir en los Gobierno de la Concertación".

"Los hechos ilícitos deben ser procesados de acuerdo al Código Penal, no califican para ser juzgados sobre la base de la ley Antiterrorista y esto lamentablemente se dio en el pasado () es una desacierto desde el punto de vista jurídico y político en relación a las percepciones que genera a nivel nacional e internacional", afirmó Vivanco.

La defensa de la Concertación viene desde el ex subsecretario de Gobierno, Edgardo Riveros, quien aseguró que si no se avanzó más en las políticas indígenas fue por culpa de los parlamentarios de la Alianza por Chile.

"Los gobiernos de la Concertación tuvieron políticas hacia los mundos indígenas desde que asumieron al poder, un marco jurídico importante con la ley indígena y también con la vinculación de Chile al Convenio 169 que costó mucho lograrlo, desde 1991 () La demora se debió a que faltó consenso político, por el bloqueo que sufrió ese proyecto legislativo de parlamentarios que hoy son Gobierno", acusó Riveros.

La defensa se dio justo en el momento en que el diputado de RN Germán Becker dio a conocer un estudio que asegura que "ser indígena, aumenta las posibilidades de ser pobre".

Sobre la denuncia por el rechazo de la reunión con Cleopatra Doumbia-Henry que recibieron los representantes de los pueblos originarios y sí lo hiciera con asociaciones empresariales de Temuco como Corp Araucanía, Riveros catalogó la situación como un hecho que "no corresponde" y que viola los términos del convenio 169 de la OIT.

"El convenio 169 fue ratificado por Chile para ser cumplido y para serlo deben haber políticas de amplia transparencia. Si no hubo la posibilidad que la señora Cleoptara se reuniera con pueblos indígenas, me parece que no corresponde, porque la transparencia es vital y además un eje articular del convenio es la participación y consulta, que tiene que ser leal y de vena fe", sostuvo el ex subsecretario.

Consultados por Radio Universidad de Chile, la OIT solo aclaró que la solicitud no fue agendada ni acordada según las políticas de administración de la organización.

El organismo informó además que el director de la OIT en Chile, Guillermo Miranda, publicó un comunicado oficial en el que señala que "se está trabajando por velar a través de nuestros órganos de control, por la aplicación adecuada de las normas internacionales de trabajo ratificadas por los Estados miembros".

[Fuente: Radio Universidad, Santiago de Chile, 20ago10]

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