Equipo Nizkor - Historia del Decreto Nº 104 que promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Historia de la Ley

Decreto Nº 104

Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

01 de agosto, 2009

Téngase presente

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Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley, en ambas Cámaras.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias.

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Indice

1. Primer Trámite Constitucional: Senado
1.1. Mensaje del Ejecutivo
1.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema
1.3. Informe Comisión de Relaciones Exteriores
1.4. Discusión en Sala
1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
2.1. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores
2.2. Discusión en Sala
2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

3. Trámite Tribunal Constitucional
3.1. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal Constitucional
3.2. Oficio de Corte Suprema a Cámara Revisora
3.3. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

4. Trámite de Finalización: Senado
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5. Publicación de Ley en el Diario oficial
5.1 Decreto Nº 104

ANEXO DOCUMENTOS
A. Discurso de Promulgación
B. Historia del Boletín Nº 2293-10

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1 Mensaje del Ejecutivo
1.2. Informe Comisión de Relaciones Exteriores
1.3. Informe Comisión de Constitución
1.4. Discusión en sala
1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen
2.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen
2.3. Informe Comisión de Relaciones Exteriores

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Mensaje del Ejecutivo

Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 08 de junio de 2009. Cuenta en Sesión 24, Legislatura 357.

SANTIAGO, junio 08 de 2009.

M E N S A J E Nº 521-357/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Una larga y difícil tramitación

La tramitación de este tratado ha sido larga y ha debido superar numerosos obstáculos. Se necesitaron construir importantes consensos. En efecto, este tratado, se envió al Congreso Nacional para su aprobación en enero de 1999, ingresando a la Cámara de Diputados, la cual lo aprobó por una amplia mayoría en enero del 2002.

Sin embargo, el 4 de marzo de ese año, un grupo de Diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Dicho Tribunal, por sentencia de abril del año 2002, declaró que para que el tratado fuere aprobado por el Congreso y posteriormente ratificado por el Presidente de la República se requería de reforma constitucional previa.

En atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional, en abril del 2002, el Gobierno de la época envió un proyecto de reforma constitucional al Senado, habilitando al Estado chileno para ratificar el tratado. Asimismo, con miras a lograr los consensos necesarios para la ratificación, se presentaron iniciativas para tipificar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. En esta tipificación se trabajó con tesón en un nuevo texto que armonizara las indicaciones presentadas por Senadores de oposición y las presentadas por el Ejecutivo.

Hoy, tanto la reforma constitucional habilitante como el proyecto que tipificó los delitos sancionados por el tratado, han sido aprobados por el Congreso, encontrándose la primera ya publicada y vigente, y el segundo en vísperas de ello.

Así, considerando que desde la fecha de ingreso del presente tratado hasta hoy, han pasado más de 10 años, y un arduo trabajo para lograr su aprobación, es un verdadero orgullo para mi Gobierno que en conjunto con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso hayamos logrado los consensos necesarios para ello.

Razones para reingresar el acuerdo

Una vez salvados los obstáculos para aprobar el tratado, el Ejecutivo reactivó la tramitación del mismo en el Senado, considerando que ello era perfectamente posible, pues lo tramitado ante la Cámara de Diputados era completamente válido, aún cuando el Tribunal Constitucional haya acogido el requerimiento interpuesto que suspendió su tramitación, toda vez que la sentencia no produciría efectos anulatorios sino únicamente suspensivos, al exigir reforma constitucional previa a la aprobación del tratado por el Congreso, y no respecto de cada una de sus Cámara por separado. Así, y en consideración al principio de utilidad del trámite legislativo, el Ejecutivo procedió a continuar con la tramitación del acuerdo que había sido suspendida con el requerimiento.

Sin embargo, al reiniciarse la tramitación y durante su discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, surgieron dudas sobre la validez de lo tramitado en la Cámara de Diputados con anterioridad a la reforma constitucional habilitante. Tales dudas subsistieron en la Comisión de Constitución del Senado.

En consideración a lo anterior, y en el anhelo de evitar el más mínimo cuestionamiento posterior que pueda enlodar los consensos alcanzados para la ratificación del tratado, el Ejecutivo decidió retirar dicha iniciativa e ingresar el presente proyecto de acuerdo para su aprobación por el Congreso.

A continuación se reproducen, en lo pertinente, los antecedentes respecto del contenido y alcance del Estatuto de Roma que ya fueran expuestos por el Ejecutivo en 1999, debidamente actualizados a la situación existente a este respecto.

ANTECEDENTES

El 17 de julio de 1998, se adoptó en la ciudad de Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), instrumento que consta de 128 artículos, aprobado por una mayoría de 120 Estados de entre los más de 150 presentes en la Conferencia Diplomática de Roma. Siete Estados votaron en contra de este texto y veinte se abstuvieron.

La adopción de este instrumento constituye un paso muy importante en el proceso de estructuración jurídica de la comunidad internacional.

Durante muchos años se buscó establecer un órgano jurisdiccional penal permanente de carácter internacional destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.

Intentos anteriores, como son los casos de Nuremberg y Tokio, que condujeron al establecimiento de órganos jurisdiccionales de naturaleza ad hoc, fueron objeto de muchas críticas.

Una de dichas críticas señalaba que estos órganos fueron establecidos por los vencedores para castigar a los vencidos. Al mismo tiempo, se adujo que habían sido creados con posterioridad a los hechos que se sancionaban.

Intentos más recientes nos remiten a los tribunales, también de naturaleza ad hoc, creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sancionar delitos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Ambos órganos poseen un ámbito de competencia temporal, personal y territorial limitados. Estos tampoco han estado exentos de críticas, entre ellas, la relativa a la efectiva competencia del Consejo de Seguridad para establecerlos.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado bajo la forma jurídica de un tratado internacional, intenta superar estos cuestionamientos. Su texto es el fruto de una negociación diplomática que fue precedida por un trabajo de cerca de cuatro años, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

En efecto, el año 1994, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea General un Proyecto de artículos conteniendo el Estatuto de una Corte Penal Internacional. La referida Asamblea creó inicialmente un Comité Ad Hoc, abierto a todos los Estados, y luego un Comité Preparatorio de la Conferencia igualmente amplio. Este último elaboró los textos y proposiciones que se llevaron a la Conferencia de Roma.

Nuestro país participó desde sus inicios en los referidos trabajos, apoyando claramente el establecimiento de este órgano.

CONTENIDO

El órgano

La CPI se creó como un órgano independiente y autónomo. Aunque sus vínculos con la Organización de las Naciones Unidas son muy estrechos y se encuentran regulados en un acuerdo, no forma parte de ésta. Así, por ejemplo, un órgano de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, puede someter determinadas situaciones al conocimiento de la Corte (artículo 13). Este mismo órgano, de acuerdo con el artículo 16, está facultado para requerir que no se inicie o se suspenda un determinado procedimiento. En materia financiera, también hay una vinculación estrecha entre ambos entes (artículo 115, b). A su vez, tratándose de enmiendas al Estatuto o, de las Conferencias de Revisión, se asigna un rol importante al Secretario General de las Naciones Unidas (artículos 121 y 123).

La sede de la CPI está radicada en la de ciudad de La Haya, en Holanda. No obstante, puede celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente. Goza de personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones, pudiendo ejercerlas en el territorio de cualquier Estado Parte y previo acuerdo en el territorio de cualquier otro Estado.

Los órganos de que está provista la Corte son: la Presidencia, la Sala de Apelaciones, la de Primera Instancia y la Sala de Cuestiones Preliminares. Junto a ellas se incluyen la Fiscalía y la Secretaría.

La Fiscalía

La Fiscalía es, sin lugar a dudas, uno de los órganos básicos de la estructura de la Corte. Dicho órgano es elegido por la Asamblea de los Estados Partes. El Fiscal dura 9 años en el cargo, sin derecho a reelección. La remoción del Fiscal le corresponde a la misma Asamblea.

El Fiscal, de acuerdo con el Estatuto, tiene poder de iniciativa en materia de investigación de los delitos de competencia de aquélla. Con la información que reciba de distintas fuentes, puede determinar que hay motivo suficiente para iniciar una investigación. Si ese es el caso, debe solicitar una autorización para el inicio efectivo de la investigación a la Sala de Cuestiones Preliminares. Con la autorización de ésta, puede dar inicio a la misma.

Con la información proporcionada y debidamente evaluada, la iniciará, salvo que llegue a la conclusión que no existe fundamento para ella. Para lo anterior, tendrá en cuenta: a) Si la información en su poder es fundamento razonable para creer que se ha cometido un delito; b) Si la causa es o sería admisible, de acuerdo con las normas de procedimiento que antes se mencionaron; c) Si existen razones para creer que una investigación no redundará en el interés de la justicia. En este último caso, se comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

En el proceso de investigación, el Fiscal podrá, de acuerdo con el artículo 54.2, realizar investigaciones en el territorio de un Estado. Esto en conformidad con la Parte IX, que es aquella que regula los temas de Cooperación y Asistencia Judicial; o según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares, de acuerdo con el artículo 57.3.d). Esta Sala puede autorizar al Fiscal a adoptar medidas de investigación en un Estado Parte sin haber obtenido cooperación de éste, de conformidad a las normas de la Parte IX del Estatuto.

Resulta interesante formular ciertas consideraciones en torno al poder de iniciativa del Fiscal. De no existir, sólo los Estados Partes y el Consejo de Seguridad podrían actuar ante la Corte, lo que constituiría una limitación a la plena eficacia de la misma. En efecto, el Consejo de Seguridad se podría ver entrabado por el sistema de votación.

La facultad de iniciativa del Fiscal está, en todo caso, sujeta a ciertos controles. Así, sobre la base de los antecedentes proporcionados por diversas fuentes, éste puede considerar plausible iniciar una investigación. En tal circunstancia, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Sala de Cuestiones Preliminares, la que podrá consentir o bien negársela. El Fiscal, sin embargo, podría directamente, sobre la base de la información recibida, considerar que no hay mérito para iniciar una investigación, decisión que puede adoptar por sí solo.

La Asamblea de los Estados Partes

Importante resulta mencionar a una entidad que, sin ser órgano de la Corte, tiene un rol destacado en su funcionamiento. Se trata de la llamada Asamblea de los Estados Partes.

Atendida su composición, su naturaleza es principalmente política. Se reúne una vez al año en la Sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas y, cuando las condiciones lo requieran, puede celebrar sesiones extraordinarias.

Diversas disposiciones del Estatuto se refieren a las facultades de esta instancia intergubernamental. En efecto, participa en la elección de los magistrados y del Fiscal; examina y decide el presupuesto de la Corte, y examina las cuestiones relativas a la falta de cooperación de los Estados con ella.

En este órgano, cada Estado Parte tiene derecho a estar representado. Los Estados que sólo hayan suscrito el Acta Final de la Conferencia o el Estatuto, podrán integrarse a él en calidad de observadores.

La elección de los magistrados, 18 en total, se efectúa por votación secreta en la Asamblea de los Estados Partes. Se requieren 2/3 de los Estados presentes y votantes. Los magistrados permanecerán en sus cargos 9 años sin derecho a reelección. Un Estado Parte puede proponer candidatos que no sean nacionales suyos. En todo caso, deben ser nacionales de otro Estado Parte.

En el seno de la Corte deben estar representados los principales sistemas jurídicos del mundo, debiendo alcanzarse una distribución geográfica equitativa, así como una representación equilibrada de de mujeres y hombres. Las condiciones que deben reunir los magistrados son la de una reconocida competencia en materias de derecho penal, derecho internacional humanitario y derechos humanos, además de las generales de independencia y de idoneidad y alta condición moral.

Financiamiento

Respecto del financiamiento, el Estatuto establece que los gastos de la Corte y los de la Asamblea de los Estados Partes se sufragarán con cargo a las cuotas de los Estados Partes, como fuente principal. También se costeará con fondos procedentes de las Naciones Unidas aprobados por la Asamblea General, particularmente respecto a los gastos efectuados por la Corte con motivo de la remisión de determinadas situaciones por parte del Consejo de Seguridad.

El principio de complementariedad

El funcionamiento de la Corte está basado en el denominado principio de complementariedad. Dicho principio se encuentra expresamente mencionado en el párrafo 10 del Preámbulo y en el artículo 1 del Estatuto. En diversas disposiciones es posible ver implícitamente recogido este mismo principio.

Este principio determina, en definitiva, las relaciones de la Corte con los sistemas judiciales penales nacionales. De acuerdo con aquél, este Tribunal está llamado a complementar los referidos sistemas nacionales en los casos en que ellos no puedan funcionar en un determinado momento, como consecuencia del colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o bien en aquellos casos en que funcionando, no estén en condiciones de administrar una justicia imparcial e independiente.

Por consiguiente, en la medida que el sistema judicial de un Estado se atenga a las normas internacionales y sancione real y efectivamente a los autores de los delitos dentro de su competencia, ésta no debería inmiscuirse en el funcionamiento de esos tribunales nacionales ni cuestionar sus procedimientos. Para ese Estado, la creación del referido Tribunal Internacional no debería implicar ningún tipo de efecto en el funcionamiento de sus propios tribunales, salvo tratándose de solicitudes de asistencia que les pueda dirigir la Corte.

La Corte debe declarar si un caso sometido ante ella es o no es admisible, atendiendo a una serie de factores, entre los cuales puede mencionarse el criterio de la complementariedad. Así, deberá manifestar inadmisible un caso ante ella si éste está siendo investigado o juzgado por un Estado que tiene jurisdicción sobre él. Igual declaración deberá formular cuando el caso haya sido investigado por un Estado con jurisdicción y ese Estado hubiera decidido no enjuiciar a la persona o personas acusadas, a menos que esta decisión sea el resultado de una falta de real de voluntad o de capacidad para enjuiciar.

Si por otra parte, la persona acusada hubiera sido enjuiciada en relación con la materia que es objeto de la demanda y el procedimiento ante la Corte no resulta procedente, en razón del principio "non bis in idem", deberá declarar el caso inadmisible. Sobre este particular, cabe señalar que no siempre que haya habido un juicio previo a nivel de un Estado, la Corte deberá inhibirse de conocer nuevamente. En efecto, tal como lo dispone el artículo 20.3., ésta no enjuiciará a nadie que haya sido encausado por otro tribunal, a menos que el proceso en ese otro tribunal: "a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad por crímenes de la competencia de la Corte; o b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial, de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

La admisibilidad o la jurisdicción de la Corte pueden ser cuestionadas, ya sea por el acusado o por la persona a que se ha requerido comparecer ante ésta, de acuerdo con el artículo 58. Igualmente, puede hacer esta impugnación el Estado que tiene jurisdicción, señalando que está investigando o juzgando o lo ha investigado o procesado. En los procedimientos sobre jurisdicción o admisibilidad, también pueden formular observaciones aquellos que pueden someter un caso ante la Corte, como son los Estados o el Consejo de Seguridad.

El principio de cooperación

Los Estados Partes, de conformidad con el Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento, en los casos en los que ésta le formule solicitudes de cooperación. Respecto de los Estados no Partes, podrá solicitarles cooperación sobre la base de acuerdos especiales con ellos.

Si un Estado Parte se niega a prestarle la cooperación, después de constatar esa falta de cooperación, la Corte enviará la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, en el caso de que éste le hubiera remitido el asunto.

Por su parte, los Estados se asegurarán que en sus ordenamientos internos se contemplen los procedimientos necesarios para poder dar curso a las solicitudes de asistencia que formule la Corte.

Competencia

a. Crímenes

Respecto de los crímenes de competencia de aquélla, se puede señalar que ellos constituyen un grupo limitado de conductas consideradas como más graves internacionalmente. De lo preceptuado se desprende que no todo crimen internacional debe considerarse contenido dentro de la competencia de la Corte.

A su vez, cabe indicar que el Estatuto contiene la descripción universalmente aceptada de los distintos delitos. No se intentó innovar.

La lista de crímenes de competencia de la Corte, se encuentra contenida en el artículo 5. Ellos son: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión.

i. Genocidio. Respecto del genocidio, el Estatuto toma la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, contenida en su artículo II, instrumento del que nuestro país es Parte.

Este delito no exige que se cometa en el marco de una situación de guerra. Igualmente, se puede cometer en tiempos de paz. A su vez y de acuerdo a lo señalado en el artículo IV de la Convención, este delito puede tener como autores a "gobernantes, funcionarios o particulares".

ii. Crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad incluyen una larga y variada gama de comportamientos especialmente reprochables, entre los cuales cabe mencionar, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas, la persecución de un grupo fundada en motivos políticos y el apartheid. Estas conductas deben cometerse como parte de un amplio y sistemático ataque dirigido contra una población civil cualquiera. Se trata de delitos que pueden ser cometidos tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. No es requisito que los autores de estas conductas sean funcionarios estatales ni que deba concurrir una especial motivación en los autores en el sentido de una discriminación sobre bases políticas, religiosas, raciales u otras, salvo en el caso de la figura de la persecución.

iii. Crímenes de guerra. Respecto de los crímenes de guerra, se puede señalar que el Estatuto califica como tales a los cometidos tanto en el marco de conflictos armados internacionales como no internacional. No existe una justificación para no optar por esta alternativa. No hacerlo implicaría, por otra parte, dejar fuera de toda sanción internacional a conductas cometidas en conflictos sin carácter internacional, calidad que han tenido la mayor parte de los conflictos armados luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es posible considerar como delitos las violaciones al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que se aplican a los conflictos armados sin carácter internacional que excedan un cierto umbral. Normas del Protocolo Adicional II, de 1977, permiten concluir en los términos que lo hace el Estatuto.

En relación a la exigencia que los crímenes de guerra se cometan como parte de un plan o una política o como parte de una comisión en gran escala, el Estatuto adoptó aquí una redacción transaccional. En efecto, en su artículo 8 dispone que la Corte tendrá jurisdicción respecto de los crímenes de guerra, "en particular" cuando ellos se cometen como parte de un plan o política o como parte de una perpetración a gran escala. Esta expresión permite concluir que las exigencias de un plan o política no son esenciales.

iv. Agresión. Finalmente, en lo que dice relación con el delito de agresión, cabe señalar que si bien es cierto que se incluyó en la lista de los delitos de competencia de la Corte a que se refiere el artículo 5, esta misma norma, en su párrafo 2, dispone que mientras no se convenga en una definición del delito de agresión, ésta no ejercerá jurisdicción respecto de él. Esta fue una solución de transacción entre el punto de vista que pretendía excluirlo de su competencia y la de aquellos que pretendieron adoptar una definición del mismo, la que no alcanzó el suficiente grado de acuerdo. En consecuencia, actualmente es objeto de debate la definición de este delito y las condiciones conforme a las cuáles la Corte ejercerá competencia respecto de él; una vez definida, será incorporada al Estatuto, de acuerdo a las normas sobre Enmiendas y Revisión contenidas en los artículos 121 y 123.

b. Competencia temporal

Por otra parte, cabe señalar que la competencia temporal de la Corte se limita a los delitos a que alude el referido artículo 5, "cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto". A su vez, ninguna persona será criminalmente responsable por conductas anteriores a la entrada en vigencia del Estatuto.

c. Competencia automática

Esta norma tiene una excepción establecida en el artículo 124. En su virtud, cualquier Estado puede declarar, al hacerse parte del Estatuto, que no reconoce la competencia de aquélla respecto de los crímenes de guerra por siete años contados desde esa fecha, en los casos en que dichos crímenes se cometan en su territorio o por sus nacionales. Esta declaración puede ser retirada en cualquier momento.

En todo caso, cabe precisar que el Consejo de Seguridad no está sujeto a las condiciones mencionadas. En efecto, éste, actuando en el marco de sus competencias de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, puede remitir al Fiscal una determinada situación en la que parezca haberse cometido alguno de los delitos de competencia de la Corte, sin necesidad de considerar si el Estado en cuyo territorio se habrían cometido éstos, es Parte del Estatuto, o si el Estado de la nacionalidad de los acusados lo es.

La Corte podrá ejercer jurisdicción respecto de los autores de los delitos dentro de su competencia en los casos en que: a) un Estado Parte le remite una situación al Fiscal; b) el Consejo de Seguridad actuando en el marco de sus competencias de acuerdo con el capítulo VII de la Carta le remite una situación al Fiscal; o, c) en el caso que éste haya iniciado una investigación por propia iniciativa respecto de los mismos delitos. Estos son los tres entes que pueden poner en marcha la maquinaria judicial de la Corte. Los particulares en general o las víctimas en particular no pueden directamente poner en ejecución dichos mecanismos.

Normativa conforme a la cual resuelve

El Tribunal, al fallar un determinado caso, está obligado a aplicar, en primer lugar, su Estatuto, los elementos de los crímenes a los que se refiere el artículo 9, y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estos dos últimos instrumentos, ya fueron adoptados por los Estados Partes reunidos en Asamblea.

En segundo lugar, y cuando proceda, la Corte debe aplicar los tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados. En su defecto, debe observar los principios generales del derecho, que ella extraiga del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen en cuestión, siempre que esos principios no fueren incompatibles con las normas del Estatuto, ni con el derecho internacional.

Como puede observarse, la Corte no aplica el derecho interno de ningún Estado en particular.

Principios de derecho penal que lo rigen

De acuerdo con el Estatuto, la Corte debe atenerse a una serie de principios fundamentales de derecho penal. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:

a. No hay crimen ni pena sin ley. En virtud de este principio, nadie es penalmente responsable si su conducta no constituye un delito en el momento de llevarse a cabo. Al mismo tiempo, el que sea declarado culpable sólo podrá ser penado en conformidad con las normas del Estatuto.

b. Irretroactividad en relación con las personas. Nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a su entrada en vigor.

c. Responsabilidad penal individual. La Corte sólo ejercerá jurisdicción respecto de personas naturales. Los menores de 18 años al momento de la comisión del delito, se excluyen de la competencia de la Corte.

En lo relativo a la responsabilidad de los jefes y otros superiores, el jefe militar o el que actúe en los hechos como tal, será penalmente responsable de los delitos cometidos por sus subordinados en el caso de no haber ejercido sobre ellos un control apropiado, sabiendo o debido saber que ellos estaban cometiendo delitos o los iban a cometer y no hubiere adoptado las medidas razonables para prevenirlos o reprimirlos. Un concepto similar se aplica en el caso de la relación entre superior y subordinado en el ámbito no militar;

d. Los delitos de competencia de la Corte son imprescriptibles.

e. Inimputabilidad. No es penalmente responsable quien, al momento de cometer el delito padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que lo prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta o estuviere en estado de intoxicación que lo prive de la correcta apreciación de su conducta, a menos que dicha intoxicación haya sido voluntaria a sabiendas que producto de misma incurriría en un crimen de competencia de la Corte.

f. Los límites de la obediencia. Respecto al cumplimiento de órdenes superiores, el que ha cometido un delito en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal. Sin embargo, el subordinado se podrá eximir de responsabilidad penal si estuviere por ley obligado a cumplir la orden del superior o del gobierno, o no supiera que la orden era ilícita, o la orden no fuera manifiestamente ilícita. En todo caso, para los efectos del Estatuto la orden de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad es siempre ilícita.

Las penas que puede aplicar y la ejecución de los mismos

En lo relativo a la ejecución de las penas, si ellas son privativas de libertad, se cumplirán en el Estado designado por la Corte, sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado que están dispuestos a recibir a los condenados. Las penas serán obligatorias para los Estados Partes, los cuales, en caso alguno podrán modificarlas.

La revisión de la sentencia le corresponderá a la Corte, la cual vigilará su ejecución. Las condiciones de reclusión se regirán por la ley del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas en las convenciones internacionales y no serán ni más ni menos favorables que las que se aplican a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de reclusión. Este último no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y sólo ésta podrá decidir una rebaja de la pena.

Enmiendas y reservas

En materia de enmiendas, se contempla una regla general, según la cual, luego de siete años contados desde la entrada en vigencia del Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al mismo.

Si no se obtiene un consenso respecto de la propuesta de enmiendas, ya sea en la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión, se requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados Partes para su aprobación. Las enmiendas entrarán en vigor, para todos los Estados Partes, un año después que los 7/8 de éstos hayan depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión. Los Estados que no hubieran aceptado las enmiendas, podrá retirarse del Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo previsto en el artículo 127.1, que regula el régimen de denuncia del Estatuto.

La otra regla relativa a las enmiendas, se refiere especialmente a las que se pueden introducir a los artículos 5, 6, 7 y 8, que describen los crímenes de competencia de la Corte. Estas enmiendas se rigen por las mismas normas mencionadas precedentemente, con la particularidad, sin embargo, que ellas entrarán en vigencia sólo para los Estados que las hubiesen aceptado. A lo anterior, hay que agregar que la Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un estado parte que no haya aceptado dicha enmienda.

Un tercer régimen de enmiendas, es el que se ocupa de las cláusulas de naturaleza institucional. Estas cláusulas tiene un tratamiento especial, que se justifica frente al complejo sistema de enmiendas que antes mencionamos. Entre estas normas de naturaleza institucional, se encuentran los artículos 35, 36, 37 y 28, entre otros.

Entrada en vigencia

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1º de julio de 2002, de acuerdo a su artículo 126.1 una vez depositados 60 instrumentos de ratificación o de adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Para los Estados que ratifiquen o adhieran después de su entrada en vigor, éste regirá, para cada Estado, el primer día del mes siguiente a aquel en que se depositó el instrumento de ratificación o de adhesión.

Hoy el Estatuto de Roma cuenta con 108 Estados partes, lo que evidencia de su vocación universal. Esperamos que Chile al más breve plazo posible se convierta el país parte número 109.

En mérito de lo expuesto, someto a su aprobación, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

MARIANO FERNÁNDEZ AMUNATEGUI
Ministro de Relaciones Exteriores

1.2. Oficio Cámara de Origen a Corte Suprema

Oficio de consulta. Fecha 09 de junio de 2009

Nº 495/SEC/09
Valparaíso, 9 de junio de 2009.

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, correspondiente al Boletín Nº 6.560-10.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de acuerdo.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

1.3. Informe Comisión de Relaciones Exteriores

Senado. Fecha 09 de junio de 2009. Cuenta en Sesión 24, Legislatura 357

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1.998.

BOLETÍN Nº 6.560-10.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la Presidente de la República, de 8 de junio de 2009, con urgencia calificada de "suma".

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión del 9 de junio de 2009, disponiéndose su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Al estudio del proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, del Ministerio de Relaciones Exteriores: el Ministro subrogante, señor Alberto Van Klaveren; el Director del Área Jurídica, señor Claudio Troncoso, y el Jefe de Gabinete, señor Rodrigo Olsen. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Subsecretario, señor Edgardo Riveros; la Asesora de la División Jurídica, señora Valeria Lübbert, y el Asesor del Ministro, señor Marco Opazo.

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Os hacemos presente que el proyecto de acuerdo debe ser aprobado con quórum orgánico constitucional, por cuanto sus normas inciden en la organización y atribuciones de los tribunales, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 54, Nº 1), 77, inciso primero, y 66, inciso segundo, todos de la Constitución Política de la República. Asimismo, los artículos 72, 73 y 93 deben ser aprobados con quórum calificado, por cuanto se refieren a información confidencial, de acuerdo a los artículos 54, Nº 1), 8º, inciso segundo, y 66, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

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Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

La Comisión deja constancia que, para una adecuada comprensión del proyecto en estudio, se debe tener presente la discusión efectuada en el proyecto de reforma constitucional que faculta al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (Boletines Nºs 2.912-07 y 3.491-07).

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ANTECEDENTES GENERALES

1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Constitución Política de la República.- En su artículo 54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

c) Ley Nº 20.352, reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.

2.- Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.- El Mensaje señala que la tramitación de este Tratado ha sido larga y ha debido superar numerosos obstáculos, para lo cual fue necesario construir importantes consensos. En efecto, este Tratado, se envió al Congreso Nacional para su aprobación en enero de 1999, ingresando a la Cámara de Diputados, la cual lo aprobó por una amplia mayoría en enero del 2002.

Agrega el Ejecutivo que, sin embargo, el 4 de marzo de ese año, un grupo de Honorables Diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Añade que dicho Tribunal, por sentencia de abril del año 2002, declaró que para que el tratado fuere aprobado por el Congreso y posteriormente ratificado por el Presidente de la República se requería de reforma constitucional previa.

Indica que, en atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional, en abril del 2002, el Gobierno de la época envió un proyecto de reforma constitucional al Senado, habilitando al Estado chileno para ratificar el tratado. Asimismo, con miras a lograr los consensos necesarios para la ratificación, se presentaron iniciativas para tipificar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. En esta tipificación se trabajó con tesón en un nuevo texto que armonizara las indicaciones presentadas por Senadores de oposición y las presentadas por el Ejecutivo.

El Mensaje señala que hoy, tanto la reforma constitucional habilitante como el proyecto que tipificó los delitos sancionados por el Tratado, han sido aprobados por el Congreso, encontrándose la primera ya publicada y vigente, y el segundo en vísperas de ello.

Así, considerando que desde la fecha de ingreso del presente Tratado hasta hoy, han pasado más de 10 años, y un arduo trabajo para lograr su aprobación, es un verdadero orgullo para el Gobierno que, en conjunto con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, hayan logrado los consensos necesarios para ello.

Expresa el Gobierno que, una vez salvados los obstáculos para aprobar el Tratado, el Ejecutivo reactivó la tramitación del mismo en el Senado, considerando que ello era perfectamente posible, pues lo tramitado ante la Cámara de Diputados era completamente válido, aún cuando el Tribunal Constitucional haya acogido el requerimiento interpuesto que suspendió su tramitación, toda vez que la sentencia no produciría efectos anulatorios sino únicamente suspensivos, al exigir reforma constitucional previa a la aprobación del Convenio por el Congreso, y no respecto de cada una de sus Cámara por separado. Así, y en consideración al principio de utilidad del trámite legislativo, el Ejecutivo procedió a continuar con la tramitación del acuerdo que había sido suspendida con el requerimiento. Sin embargo, al reiniciarse la tramitación y durante su discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, surgieron dudas sobre la validez de lo tramitado en la Cámara de Diputados con anterioridad a la reforma constitucional habilitante. Tales dudas subsistieron en la Comisión de Constitución del Senado.

A continuación, al fundar la iniciativa el Ejecutivo expresa que el 17 de julio de 1998 se adoptó en la ciudad de Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), instrumento que consta de 128 artículos, aprobado por una mayoría de 120 Estados de entre los más de 150 presentes en la Conferencia Diplomática de Roma.

El Mensaje señala que la adopción de este instrumento constituye un paso muy importante en el proceso de estructuración jurídica de la comunidad internacional. Añade que durante muchos años se buscó establecer un órgano jurisdiccional penal permanente de carácter internacional destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.

Agrega que intentos anteriores, como son los casos de Nuremberg y Tokio, que condujeron al establecimiento de órganos jurisdiccionales de naturaleza ad hoc, fueron objeto de muchas críticas. Refiere el Ejecutivo que una de dichas críticas señalaba que estos órganos fueron establecidos por los vencedores para castigar a los vencidos. Al mismo tiempo, se adujo que habían sido creados con posterioridad a los hechos que se sancionaban.

Indica el Gobierno que intentos más recientes nos remiten a los tribunales, también de naturaleza ad hoc, creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sancionar delitos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Ambos órganos poseen un ámbito de competencia temporal, personal y territorial limitados, pero, tampoco han estado exentos de críticas, entre ellas, la relativa a la efectiva competencia del Consejo de Seguridad para establecerlos.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado bajo la forma jurídica de un tratado internacional, intenta superar estos cuestionamientos. Añade el Ejecutivo que su texto es el fruto de una negociación diplomática que fue precedida por un trabajo de cerca de cuatro años, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Señala el Mensaje que el año 1994, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea General un proyecto de artículos conteniendo el Estatuto de una Corte Penal Internacional. La referida Asamblea creó inicialmente un Comité Ad Hoc, abierto a todos los Estados, y luego un Comité Preparatorio de la Conferencia igualmente amplio, quien elaboró los textos y proposiciones que se llevaron a la Conferencia de Roma.

Destaca el Gobierno que nuestro país participó desde sus inicios en los referidos trabajos, apoyando claramente el establecimiento de este órgano.

A continuación, el Mensaje explica los principales contenidos del Tratado.

1. El órgano.

La CPI se crea como un órgano independiente y autónomo. Aunque sus vínculos serán muy estrechos y deberán regularse en un acuerdo que se celebrará en el futuro, no forma parte de las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, un órgano de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, puede someter determinadas situaciones al conocimiento de la Corte (artículo 13). Este mismo órgano, de acuerdo con el artículo 16, está facultado para requerir la suspensión de un determinado procedimiento. En materia financiera, también hay una vinculación estrecha entre ambos entes (artículo 115, b). A su vez, tratándose de enmiendas al Estatuto o, de las Conferencias de Revisión, se asigna un rol importante al Secretario General de las Naciones Unidas (artículos 121 y 123).

En lo que se refiere a su relación con el Consejo de Seguridad, como se ha señalado, se le otorgó la facultad de remitir casos al Fiscal, actuando en el marco de sus competencias. Dicha facultad busca, de alguna manera, podrá desincentivar la creación por el Consejo de nuevos tribunales ad hoc, con las consiguientes implicancias financieras y de permanencia de los órganos creados. Sin embargo, es del caso precisar que considerando que el Estatuto no modifica norma alguna de la Carta, tal facultad del Consejo no se ve afectada por el establecimiento de la Corte.

El Consejo posee, a su vez, otra facultad en relación con el funcionamiento de la Corte. En efecto, de acuerdo con el artículo 16, puede adoptar una resolución, según lo previsto en el Capítulo VII, en virtud de la cual puede requerir a aquélla la suspensión, por un plazo que no podrá exceder de 12 meses, de la investigación o el enjuiciamiento que hayan iniciado. La Corte debe observar este requerimiento, no pudiendo oponerse a él.

Cabe señalar, sin embargo, que dicha decisión debe adoptarla el Consejo, de acuerdo al sistema de votación. Lo anterior implica que para que ella sea adoptada, deben concurrir a lo menos los votos afirmativos de sus cinco Miembros Permanentes. Por ello, el ejercicio de esta facultad está sujeto a una alta exigencia de consenso, lo que sin duda limitará el alcance de la misma. Pese a lo conveniente o inconveniente que una facultad de esta naturaleza pudiere considerarse, ella marca una importante diferencia con las normas sobre relación del Consejo con la Corte, contenidas en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. En éste, no se contemplaba someter a la Corte una cuestión que estuviera sujeta al conocimiento del Consejo en virtud de sus funciones de acuerdo a la Carta, a menos que el Consejo lo autorizara. Hoy, la Corte puede funcionar independientemente del Consejo y éste podrá impedir ese funcionamiento, a través de una resolución en los términos indicados. Claramente se puede observar un importante cambio en el rol del Consejo.

La sede de la CPI será la ciudad de La Haya, en Holanda. No obstante, podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente. Tendrá personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones, pudiendo ejercerlas en el territorio de cualquier Estado Parte y previo acuerdo en el territorio de cualquier otro Estado.

2. La Fiscalía.

Resulta interesante, según el Mensaje, formular ciertas consideraciones en torno al poder de iniciativa del Fiscal. De no existir, sólo los Estados Partes y el Consejo de Seguridad podrían actuar ante la Corte, lo que constituiría una limitación a la plena eficacia de la misma. En efecto, el Consejo de Seguridad se podría ver entrabado por el sistema de votación.

3. La Asamblea de los Estados Partes.

Importante resulta mencionar a una entidad que, sin ser órgano de la Corte, tiene un rol destacado en su funcionamiento. Se trata de la llamada Asamblea de los Estados Partes.

Atendida su composición, su naturaleza es principalmente política. Se reunirá una vez al año en la Sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas y, cuando las condiciones lo requieran, celebrará sesiones extraordinarias.

Diversas disposiciones del Estatuto se refieren a las facultades de esta instancia intergubernamental. En efecto, participa en la elección de los magistrados y del Fiscal; examinará y aprobará, cuando corresponda, la recomendación de la Comisión Preparatoria; y, examina y decide el presupuesto de la Corte, y examina las cuestiones relativas a la falta de cooperación de los Estados con ella.

La elección de los magistrados, 18 en total, se efectuará por votación secreta en la Asamblea de los Estados Partes. Se requieren 2/3 de los Estados presentes y votantes. Los magistrados permanecerán en sus cargos 9 años sin derecho a reelección. Un Estado Parte puede proponer candidatos que no sean nacionales suyos. En todo caso, deben ser nacionales de otro Estado Parte.

En el seno de la Corte deben estar representados los principales sistemas jurídicos del mundo, debiendo alcanzarse una distribución geográfica equitativa, así como una representación equilibrada de hombres y de mujeres. Las condiciones que deben reunir los magistrados son la de una reconocida competencia en materias de derecho penal, derecho internacional humanitario y derechos humanos, además de las generales de independencia y de idoneidad y alta condición moral.

4. Financiamiento.

5. El principio de complementariedad.

Este principio determina, en definitiva, las relaciones de la Corte con los sistemas judiciales penales nacionales. De acuerdo con aquél, este Tribunal está llamado a complementar los referidos sistemas nacionales en los casos en que ellos no puedan funcionar en un determinado momento, como consecuencia de situaciones de disturbios internos graves, o bien en aquellos casos en que funcionando, no estén en condiciones de administrar una justicia imparcial e independiente.

La Corte, en consecuencia, no sustituye a los tribunales nacionales ni se convierte en una instancia de apelación de sus resoluciones. Tanto es así, que el párrafo 6 del antes mencionado Preámbulo, señala que "es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales". De allí que, no obstante el establecimiento de la Corte, serán los sistemas penales nacionales los llamados prioritariamente a conocer y sancionar las conductas constitutivas de delitos de competencia de la misma. Por consiguiente, en la medida que el sistema judicial de un Estado se atenga a las normas internacionales y sancione real y efectivamente a los autores de los delitos dentro de su competencia, ésta no debería inmiscuirse en el funcionamiento de esos tribunales nacionales ni cuestionar sus procedimientos. Para ese Estado, la creación del referido Tribunal Internacional no debería implicar ningún tipo de efecto en el funcionamiento de sus propios tribunales, salvo tratándose de solicitudes de asistencia que les pueda dirigir la Corte.

6. El principio de cooperación.

Si un Estado Parte se niega a prestarle la cooperación, y después de constatar esa falta de cooperación, la Corte enviará la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, en el caso de que éste le hubiera remitido el asunto.

Por su parte, los Estados se asegurarán que en sus ordenamientos internos se contemplen los procedimientos necesarios para poder dar curso a las solicitudes de asistencia que formule la Corte.

7. Competencia.

a. Crímenes.

Respecto de los crímenes de competencia de la Corte, se puede señalar que ellos constituyen un grupo limitado de conductas consideradas como más graves internacionalmente. De lo preceptuado se desprende que no todo crimen internacional debe considerarse contenido dentro de la competencia de la Corte. A su vez, cabe indicar que el Estatuto contiene la descripción universalmente aceptada de los distintos delitos. Por tanto, no se intentó innovar.

La lista de crímenes de competencia de la Corte, se encuentra contenida en el artículo 5. Ellos son: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión.

i. Genocidio. Respecto del genocidio, el Estatuto toma la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, contenida en su artículo II, instrumento del que nuestro país es Parte.

Según explica el Mensaje ciertas proposiciones en orden a ampliar la figura del genocidio a los casos en que las conductas constitutivas de este delito se dirigieron contra grupos políticos o sociales, además de los grupos mencionados en el artículo II, esto es, grupo nacional, étnico, racial o religioso, no lograron el apoyo suficiente. Se consideró que ello podría haber abierto un debate innecesario con resultados no fáciles de prever. Este delito no exige que se cometa en el marco de una situación de guerra. Igualmente, se puede cometer en tiempos de paz. A su vez y de acuerdo a lo señalado en el artículo IV de la Convención, este delito puede tener como autores a "gobernantes, funcionarios o particulares".

ii. Crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad incluyen una larga y variada gama de comportamientos especialmente reprochables, entre ellas, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas, la persecución de un grupo fundada en motivos políticos y el apartheid. Estas conductas deben cometerse como parte de un amplio y sistemático ataque dirigido contra una población civil cualquiera. Se trata de delitos que pueden ser cometidos tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. No es requisito que los autores de estas conductas sean funcionarios estatales ni que deba concurrir una especial motivación en los autores en el sentido de una discriminación sobre bases políticas, religiosas, raciales u otras, salvo en el caso de la figura de la persecución.

iii. Crímenes de guerra. Respecto de los crímenes de guerra, se puede señalar que el Estatuto califica como tales a los cometidos tanto en el marco de conflictos armados internacionales como no internacional. No existe una justificación para no optar por esta alternativa. No hacerlo implicaría, por otra parte, dejar fuera de toda sanción internacional a conductas cometidas en conflictos sin carácter internacional, calidad que han tenido la mayor parte de los conflictos armados luego de la Segunda Guerra Mundial. No hay fundamento para dar tratamientos distintos a conductas que son similares. Hoy es posible considerar como delitos las violaciones al artículo

3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que se aplican a los conflictos armados sin carácter internacional que excedan un cierto umbral. Normas del Protocolo Adicional II, de 1977, permiten concluir en los términos que lo hace el Estatuto.

iv. Agresión. Finalmente, en lo que dice relación con el delito de agresión, cabe señalar que si bien es cierto se incluyó en la lista de los delitos de competencia de la Corte a que se refiere el artículo 5, esta misma norma, en su párrafo 2, dispone que mientras no se convenga en una definición del delito de agresión, ésta no ejercerá jurisdicción respecto de él. Esta fue una solución de transacción entre el punto de vista que pretendía excluirlo de su competencia y la de aquellos que pretendieron adoptar una definición del mismo, la que no alcanzó el suficiente grado de acuerdo. En consecuencia, deberá seguirse debatiendo en torno a la definición de este delito, y una vez alcanzada, será incorporada al Estatuto, de acuerdo a las normas sobre Enmiendas y Revisión del Estatuto contenidas en los artículos 121 y 123.

b. Oportunidad de la comisión.

Por otra parte, cabe señalar que la competencia temporal de la Corte se limita a los delitos a que se refiere el referido artículo 5, "cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto". A su vez, ninguna persona será criminalmente responsable por conductas anteriores a la entrada en vigencia del Estatuto.

c. Competencia automática.

La competencia del Tribunal tiene la calidad de inherente o automática. Esto significa que todo Estado que se haga Parte, reconoce la jurisdicción de la Corte respecto de los delitos mencionados en el referido artículo 5. No cabe, por tanto, la posibilidad de que un Estado, al hacerse Parte de este instrumento, declare que no acepta la jurisdicción de la Corte respecto de alguno de los delitos allí contenidos. Esta norma tiene una excepción contenida en el artículo 124. En su virtud, cualquier Estado puede declarar, al hacerse parte del Estatuto, que no reconoce la competencia de aquélla respecto de los crímenes de guerra por siete años contados desde esa fecha, en los casos en que dichos crímenes se cometan en su territorio o por sus nacionales. Esta declaración puede ser retirada en cualquier momento.

Para que la Corte pueda ejercer jurisdicción en un caso concreto, se requiere que cualquiera de los siguientes Estados sea Parte en el Estatuto: a) el Estado en cuyo territorio se cometió el delito; o b) el Estado de la nacionalidad de los acusados. Es importante señalar que basta que cualquiera de ellos sea Parte. No se exige la calidad de Parte a otros Estados que pudieren tener alguna relación con las conductas llevadas a cabo. Un Estado no Parte en cuyo territorio se comete alguno de los delitos de competencia de la Corte y cuyos nacionales sean acusados de la perpetración de los mismos, puede reconocer la competencia de la Corte sobre una base ad hoc. En todo caso, cabe precisar que el Consejo de Seguridad no está sujeto a las condiciones mencionadas. En efecto, éste, actuando en el marco de sus competencias de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, puede remitir al Fiscal una determinada situación en la que parezca haberse cometido alguno de los delitos de competencia de la Corte, sin necesidad de considerar si el Estado en cuyo territorio se habrían cometido éstos, es Parte del Estatuto, o si el Estado de la Nacionalidad de los acusados lo es.

La Corte podrá ejercer jurisdicción con respecto de los autores de los delitos dentro de su competencia en los casos en que: a) un Estado Parte le remite una situación al Fiscal; b) el Consejo de Seguridad actuando en el marco de sus competencias de acuerdo con el capítulo VII de la Carta le remite una situación al Fiscal; o, c) en el caso que éste haya iniciado una investigación por propia iniciativa respecto de los mismos delitos. Estos son los tres entes que pueden poner en marcha la maquinaria judicial de la Corte. Los particulares en general o las víctimas en particular no pueden directamente poner en ejecución dichos mecanismos.

8. Normativa conforme a la cual resuelve.

El Tribunal, al fallar un determinado caso, está obligado a aplicar, en primer lugar, su Estatuto, los elementos de los delitos a los que se refiere el artículo 9, y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estos dos últimos instrumentos, deben adoptarse en el futuro por los Estados Partes reunidos en Asamblea.

9. Principios de derecho penal que lo rigen.

De acuerdo con el Estatuto, la Corte debe atenerse a una serie de principios fundamentales de derecho penal. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:

b. Irretroactividad en relación con las personas. Nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a su entrada en vigor.

El cargo oficial es irrelevante, por lo que cualquiera sea el cargo del autor del delito (Jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o del Parlamento) la responsabilidad debe ser aplicada, ya que ellos no eximen de responsabilidad penal. En lo relativo a la responsabilidad de los jefes y otros superiores, el jefe militar o el que actúe en los hechos como tal, será penalmente responsable de los delitos cometidos por sus subordinados en el caso de no haber ejercido sobre ellos un control apropiado, en el caso de que hubiere sabido o debido saber que ellos estaban cometiendo delitos o los iban a cometer y no hubiere adoptado las medidas razonables para prevenirlos o reprimirlos. Un concepto similar se aplica en el caso de la relación entre superior y subordinado en el ámbito no militar.

d. Los delitos de competencia de la Corte son imprescriptibles.

10. Las penas que puede aplicar y la ejecución de las mismas.

Las penas que puede llegar a aplicar la Corte son: la reclusión por un número determinado de años que no exceda los 30; la reclusión a perpetuidad, cuando lo justifique la extrema gravedad de un delito y las circunstancias personales del condenado; multas y decomiso de bienes. En relación con la pena de muerte, tema que fue ampliamente debatido, si bien no se estableció como una de las penas aplicables por la Corte, este silencio no deberá interponerse como que impida su aplicación por los Estados que la contemplen entre las penas previstas en sus legislaciones nacionales.

11. Enmiendas y reservas.

Entre las cláusulas finales, merece destacarse la contenida en el artículo 120, en virtud de la cual se señala que el Estatuto no podrá ser objeto de reservas. Esta es una norma de trascendencia destinada a preservar la unidad e integridad del texto del Estatuto, las que, tratándose de un órgano judicial, adquieren una gran relevancia. En materia de enmiendas, se contempla una regla general, según la cual, luego de siete años contados desde la entrada en vigencia del Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al mismo.

La otra regla relativa a las enmiendas, se refiere especialmente a las que se pueden introducir a los artículos 5, 6, 7 y 8. Estas enmiendas se rigen por las mismas normas mencionadas precedentemente, con la particularidad, sin embargo, que ellas entrarán en vigencia sólo para los Estados que las hubiesen aceptado. Un tercer régimen de enmiendas, es el que se ocupa de las cláusulas de naturaleza institucional. Estas cláusulas tiene un tratamiento especial, que se justifica frente al complejo sistema de enmiendas que antes mencionamos. Entre estas normas de naturaleza institucional, se encuentran los artículos 35, 36, 37 y 28, entre otros.

12. Entrada en vigencia.

El Mensaje señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1º de julio de 2002, de acuerdo a su artículo 126.1 una vez depositados 60 instrumentos de ratificación o de adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Agrega que para los Estados que ratifiquen o adhieran después de su entrada en vigor, éste regirá, para cada Estado, el primer día del mes siguiente a aquel en que se depositó el instrumento de ratificación o de adhesión. Finalmente, expresa que, a la fecha, el Estatuto de Roma cuenta con 108 Estados partes, lo que evidencia de su vocación universal.

3.- Instrumento Internacional.- El Convenio en informe consta de 128 artículos, cuyo texto es el siguiente:

"ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Estatuto,

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

Artículo 1
La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 2
Relación de la Corte con las Naciones Unidas

La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

Artículo 3
Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión").

2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 4
Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE

Artículo 5
Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 6
Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

Artículo 8
Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Artículo 9
Elementos de los crímenes

1. Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:

Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

3. Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.

Artículo 11
Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.

Artículo 12
Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.

2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:

a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.

3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.

Artículo 13
Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 14
Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante.

Artículo 15
El Fiscal

1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.

2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.

3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.

5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación.

6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación.

Artículo 16
Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.

Artículo 17
Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Artículo 18
Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad

1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.

3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.

5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.

7. El Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

Artículo 19
Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa

1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17.

2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:

a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o
c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.

3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas.

4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.

5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.

6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82.

7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.

8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:

a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58.

9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.

10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.

11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.

Artículo 20
Cosa juzgada

1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o
b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Artículo 21
Derecho aplicable

1. La Corte aplicará:

a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.

2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.

3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.

PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL

Artículo 22
Nullum crimen sine lege

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.

2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.

Artículo 23
Nulla poena sine lege

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

Artículo 24
Irretroactividad ratione personae

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.

Artículo 25
Responsabilidad penal individual

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.

Artículo 26
Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

Artículo 27
Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Artículo 28
Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

Artículo 29
Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

Artículo 30
Elemento de intencionalidad

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:

a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.

3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.

Artículo 31
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:

2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo.

3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 32
Error de hecho o error de derecho

1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.

Artículo 33
Órdenes superiores y disposiciones legales

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;
b) No supiera que la orden era ilícita; y
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

PARTE IV. DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE

Artículo 34
Órganos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:

a) La Presidencia;
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares;
c) La Fiscalía;
d) La Secretaría.

Artículo 35
Desempeño del cargo de magistrado

1. Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en ese régimen desde que comience su mandato.

2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.

3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.

4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de conformidad con el artículo 49.

Artículo 36
Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los magistrados

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18 magistrados.

5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:

La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y

La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.

El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas listas.

6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.

7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.

9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un tercio de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;
c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.

10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.

Artículo 37
Vacantes

1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de conformidad con el artículo 36 para cubrirla.

2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.

Artículo 38
Presidencia

1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de su mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.

2. El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.

3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituirán la Presidencia, que estará encargada de:

4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.

Artículo 39
Las Salas

1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de seis magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magistrados serán asignados a las secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.

3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por un período de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate;
b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.

4. Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.

Artículo 40
Independencia de los magistrados

1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.

2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.

3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la decisión.

Artículo 41
Dispensa y recusación de los magistrados

1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 42
La Fiscalía

1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.

2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.

3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.

5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.

7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.

8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:

a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.

9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños.

Artículo 43
La Secretaría

1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios.

2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.

3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.

5. El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.

6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.

Artículo 44
El personal

1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello incluirá el nombramiento de investigadores.

2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el párrafo 8 del artículo 36.

3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal, propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados Partes.

4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 45
Promesa solemne

Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 46
Separación del cargo

1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que:

a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba; o
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente Estatuto.

2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:

a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los demás magistrados;
b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;
c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa recomendación del fiscal.

3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.

4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.

Artículo 47
Medidas disciplinarias

El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 48
Privilegios e inmunidades

1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.

3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados;
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el Fiscal;
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario.

Artículo 49
Sueldos, estipendios y dietas

Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato.

Artículo 50
Idiomas oficiales y de trabajo

1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo.

2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.

3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.

Artículo 51
Reglas de Procedimiento y Prueba

1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:

Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los Estados Partes por mayoría de dos tercios.

3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de sesiones.

4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.

5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.

Artículo 52
Reglamento de la Corte

1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.

2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a él.

3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.

PARTE V. DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO

Artículo 53
Inicio de una investigación

1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:

a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:

a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.

3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.

4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.

Artículo 54
Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones

1. El Fiscal:

a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;
b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños; y
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.

2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado:

a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57.

3. El Fiscal podrá:

a) Reunir y examinar pruebas;
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos;
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona;
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.

Artículo 55
Derechos de las personas durante la investigación

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:

a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio:

Artículo 56
Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación

1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa;
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída.

2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 podrán consistir en:

a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse;
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa;
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas;
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.

3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.

4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.

Artículo 57
Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares

1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá:

a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una investigación;
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional;
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 k) del artículo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.

Artículo 58
Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares

1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:

2. La solicitud del Fiscal consignará:

3. La orden de detención consignará:

a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detención; y
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.

4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.

5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.

6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición.

7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará:

La notificación de la orden será personal.

Artículo 59
Procedimiento de detención en el Estado de detención

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.

2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con el derecho de ese Estado:

3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.

4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.

5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.

6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.

7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.

Artículo 60
Primeras diligencias en la Corte

1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.

2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.

3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.

4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.

5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.

Artículo 61
Confirmación de los cargos antes del juicio

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:

a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos,

En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.

3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:

a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.

La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.

4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.

5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.

6. En la audiencia, el imputado podrá:

7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:

8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.

9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.

10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.

11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

PARTE VI. DEL JUICIO

Artículo 62
Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la Corte.

Artículo 63
Presencia del acusado en el juicio

1. El acusado estará presente durante el juicio.

2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

Artículo 64
Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia

1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos.

3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:

4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.

5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un acusado.

6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:

7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba.

9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:

a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.

10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.

Artículo 65
Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad

1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:

2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.

3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:

5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.

Artículo 66
Presunción de inocencia

1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.

3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

Artículo 67
Derechos del acusado

1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:

2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.

Artículo 68
Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43.

5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.

Artículo 69
Práctica de las pruebas

1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.

2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.

3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.

4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos.

7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:

8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.

Artículo 70
Delitos contra la administración de justicia

1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:

a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida;
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales.

2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho interno del Estado requerido.

3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 71
Sanciones por faltas de conducta en la Corte

1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo 1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 72
Protección de información que afecte a la seguridad nacional

1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgación.

2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad nacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.

4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente artículo.

5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectaría a sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) La modificación o aclaración de la solicitud;
b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes:

ex parte

Artículo 73
Información o documentos de terceros

Si la Corte pide a un Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional a título confidencial, éste recabará el consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, deberá consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.

Artículo 74
Requisitos para el fallo

1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.

2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.

3. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no ser posible, éste será adoptado por mayoría.

4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.

5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión pública.

Artículo 75
Reparación a las víctimas

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.

2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.

3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, podrá solicitar y tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93.

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

Artículo 76
Fallo condenatorio

1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las conclusiones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.

2. Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar conclusiones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escucharán las observaciones que se hagan en virtud del artículo 75.

4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en presencia del acusado.

PARTE VII. DE LAS PENAS

Artículo 77
Penas aplicables

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

Artículo 78
Imposición de la pena

1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.

3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen, la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.

Artículo 79
Fondo fiduciario

1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.

2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.

3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 80
El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional

Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.

PARTE VIII. DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN

Artículo 81
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

1. Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:

3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:

4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución del fallo o de la pena será suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.

Artículo 82
Apelación de otras decisiones

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.

2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será sustanciada en procedimiento sumario.

3. La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones así lo resuelva, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del artículo 75 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.

Artículo 83
Procedimiento de apelación

1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:

A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.

3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.

4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho.

5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada.

Artículo 84
Revisión del fallo condenatorio o de la pena

1. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise el fallo definitivo condenatorio o la pena por las siguientes causas:

2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según corresponda:

para, tras oír a las partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.

Artículo 85
Indemnización del detenido o condenado

1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.

2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere cumplido pena por tal motivo será indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente imputable.

3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.

PARTE IX. DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 86
Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.

Artículo 87
Solicitudes de cooperación: disposiciones generales

1. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Éstas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional competente.

2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.

4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.

6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.

7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

Artículo 88
Procedimientos aplicables en el derecho interno

Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte.

Artículo 89
Entrega de personas a la Corte

1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.

4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.

Artículo 90
Solicitudes concurrentes

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega, notificará a la Corte y al Estado requirente ese hecho.

2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando ésta:

3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.

4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha determinado que la causa era admisible.

5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho el Estado requirente.

6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la extradición al Estado requirente. Para tomar esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:

7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:

b) El Estado requerido, si está obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, decidirá si entrega la persona a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.

8. Cuando, como consecuencia de una notificación efectuada con arreglo al presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el Estado requerido notificará su decisión a la Corte.

Artículo 91
Contenido de la solicitud de detención y entrega

1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de:

3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:

a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;
b) Copia de la sentencia condenatoria;
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y
d) Si la persona que se busca ha sido condenado a una pena, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.

4. A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.

Artículo 92
Detención provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.

2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:

3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.

Artículo 93
Otras formas de cooperación

1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:

a) Identificar y buscar personas u objetos;
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7;
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.

2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido.

3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario.

4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional.

5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.

6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.

8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud.
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas.
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia;

Artículo 94
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso

1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido debería considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones.

2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1 j) del artículo 93.

Artículo 95
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la admisibilidad de la causa

Cuando la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta Parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.

Artículo 96
Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el artículo 93

1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda:

3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.

4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.

Artículo 97
Consultas con la Corte

El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:

Artículo 98
Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega

1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.

Artículo 99
Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96

1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.

2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.

3. Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.

4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado según se indica a continuación:

5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.

Artículo 100
Gastos

1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de éste, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte:

2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la Corte.

Artículo 101
Principio de la especialidad

1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.

2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.

Artículo 102
Términos empleados

A los efectos del presente Estatuto:

PARTE X. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 103
Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad

2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.

3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:

4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.

Artículo 104
Cambio en la designación del Estado de ejecución

1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.

2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecución.

Artículo 105
Ejecución de la pena

1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podrán modificarla en caso alguno.

2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.

Artículo 106
Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión

1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.

3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial.

Artículo 107
Traslado una vez cumplida la pena

1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.

2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.

3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.

Artículo 108
Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos

1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición.

2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.

3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.

Artículo 109
Ejecución de multas y órdenes de decomiso

1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.

Artículo 110
Examen de una reducción de la pena

1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 111
Evasión

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.

PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES

Artículo 112
Asamblea de los Estados Partes

1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar en la Asamblea a título de observadores.

2. La Asamblea:

3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por períodos de tres años;
b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;
c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.

4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía.

5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa.

6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los Estados Partes.

7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:

8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.

9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.

10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARTE XII. DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 113
Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 114
Pago de los gastos

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte.

Artículo 115
Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:

Artículo 116
Contribuciones voluntarias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 117
Prorrateo de las cuotas

Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.

Artículo 118
Comprobación anual de cuentas

Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor independiente.

PARTE XIII. CLÁUSULAS FINALES

Artículo 119
Solución de controversias

1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.

2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.

Artículo 120
Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Artículo 121
Enmiendas

1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.

2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.

3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

5. Las enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.

6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podrá denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año después de la entrada en vigor de la enmienda.

7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.

Artículo 122
Enmiendas a disposiciones de carácter institucional

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, los párrafo 1 (dos primeras oraciones), 2 y 4 del artículo 39, los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los párrafos 2 y 3 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.

2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.

Artículo 123
Revisión del Estatuto

1. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta.

2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes, convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.

3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.

Artículo 124
Disposición de transición

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.

Artículo 125
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 126
Entrada en vigor

1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 127
Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.

Artículo 128
Textos auténticos

El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certificada a todos los Estados.".

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Subsecretario General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros señaló, en su oportunidad, que el Tratado en comento ha sido ampliamente discutido en esta Comisión y en el Senado, habida consideración de la tramitación que ha tenido en el Congreso, en la cual ha mediado, incluso, una reforma constitucional.

Destacó que este Tratado, aprobado el 17 de julio de 1998, significa la concreción de un largo proceso iniciado después del término de la Segunda Guerra Mundial, luego que entraron en vigor las Convenciones de Ginebra. Añadió que en el año 1996 se arribó a una etapa decisiva de la discusión, en una Conferencia en la cual Chile estuvo presente y contribuyó con su voto.

Informó que actualmente ciento ocho países la han ratificado, de los cuales treinta son africanos, cuarenta y un europeos, y veintitrés de América Latina y el Caribe. Agregó que la Convención entró en vigor el año 2002, una vez que sesenta Estados la ratificaron.

Destacó que la especificidad que tendría la Corte es importante, ya que es la única en el mundo dedicada al derecho penal internacional. Precisó que otros tribunales han sido creados ad hoc, como el tribunal de Nuremberg, y los de la ex Yugoeslavia y Ruanda, basándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, expresó que siempre se han levantado críticas acerca de la validez jurídica de dichos tribunales ad hoc, por cuanto tanto el tribunal como las figuras penales fueron establecidas con posterioridad a la comisión del delito.

Añadió que el perfeccionamiento de los principios penales de territorialidad, personalidad pasiva y nacionalidad, permitió que se desarrollaran otros, como el de universalidad, principio por el que algunos Estados se han asignado jurisdicción, lo que también ha generado problemas.

Destacó la importancia de darle permanencia al tribunal y que los principios que informan el derecho penal queden así consagrados.

Destacó, como otro aspecto relevante, el principio de complementariedad, considerando que por amplio acuerdo se incorporaron en nuestra legislación interna los tipos penales que son de competencia de la Corte Penal Internacional, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra. Este principio consagra que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponde a cada Estado y sólo supletoriamente entra a actuar la Corte, con una estructura jurídica muy parecida a la que tiene nuestro país.

Señaló que un aspecto importante es la forma como se pone en marcha la competencia de la Corte, la que puede ser por denuncia de un Estado parte, por denuncia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por el Fiscal de la Corte.

Agregó que el rol del Consejo de Seguridad, además de tener acción para iniciar un proceso, consiste en pedir la suspensión del procedimiento de una causa ya iniciada, por la mayoría de sus miembros, entre ellos todos los miembros permanentes, por asuntos relacionados con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Esto desmiente la afirmación de que las superpotencias pueden paralizar el trabajo de la Corte, pero en realidad es sobre ciertos temas y por la unanimidad de los miembros permanentes. Consultado por el Honorable Senador señor Gazmuri, señaló que en aquellas causas iniciadas por denuncia del Consejo de Seguridad, deben serlo por la mayoría de sus miembros, en cuyo caso, los miembros permanentes tienen derecho a veto.

Hizo presente que los delitos de que conoce la Corte, principalmente genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, han sido tipificados en nuestra legislación interna |1|. Por lo demás, el Tratado consagra los principios generales del derecho penal, tales como, el de legalidad, irretroactividad, principios procesales generales, cosa juzgada, principio de inocencia y la imprescriptibilidad de los delitos.

Finalmente, destacó el trabajo y la buena disposición de los parlamentarios de la Comisión, quienes llegaron a un acuerdo que permitió acelerar la tramitación del proyecto. También resaltó el cumplimiento punto por punto del itinerario acordado: tipificación de figuras penales, aprobación de la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma y, por último, el Estatuto de la Corte propiamente tal.

A continuación, el Honorable Senador señor Romero fundamentó su voto destacando que se ha cumplido cabalmente con el compromiso a que se llegó, poniendo en relieve que el Senado es un lugar de acuerdos, en especial, la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que se plantearon los puntos a desarrollar en primer lugar la tipificación de los delitos, luego la reforma constitucional y finalmente el Tratado.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín dejó constancia que es importante para la presencia internacional de Chile la aprobación de este Tratado y por lo que implica para la dignidad de las personas que delitos de esta naturaleza no queden impunes.

El Honorable Senador señor Gazmuri destacó que la aprobación del proyecto representa un importante paso en la institucionalización de una protección internacional a los derechos humanos. Asimismo, valoró el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión que permitió avanzar en su consecución.

Por su parte, el Honorable Senador señor Muñoz Barra indicó que la protección de los derechos humanos ha sido una permanente preocupación de los Gobiernos de la Concertación. En dicho sentido, respaldó la creación de la Corte Penal Internacional para que, en el futuro, se protejan de mejor forma los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, el Honorable Senador señor Pizarro valoró el consenso a que se ha arribado en este tema, en especial, porque han transcurrido más de diez años desde que se inició su discusión. Al respecto, resaltó la labor que desempeñó la Comisión para avanzar en la resolución de este proyecto.

Sometido a votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero.

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En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de acuerdo en informe, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

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Acordado en sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jorge Pizarro Soto (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica, Hernán Larraín Fernández, Roberto Muñoz Barra y Sergio Romero Pizarro.

Sala de la Comisión, a 9 de junio de 2009.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1.998. (Boletín Nº 6.560-10)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer un órgano jurisdiccional penal permanente de carácter internacional destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.

II. ACUERDO: aprobado en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Acuerdo, que a su vez, consta de 128 artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto de acuerdo debe ser aprobado con quórum orgánico constitucional, por cuanto sus normas inciden en la organización y atribuciones de los tribunales, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso primero, y 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República. Asimismo, los artículos 72 y 73 deben ser aprobados con quórum calificado, por cuanto se refieren a información confidencial, de acuerdo a los artículos 54, Nº 1), 8º, inciso segundo, y 66, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia la Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no hay.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de junio de 2009.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pasa a la Sala.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley Nº 20.352, reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.

Valparaíso, 9 de junio de 2009.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

1.4. Discusión en Sala

Senado. Legislatura 357. Sesión 25. Fecha 10 de junio de 2009. Discusión. Se aprueba.

APROBACIÓN DE ESTATUTO DE ROMA QUE CREÓ CORTE PENAL INTERNACIONAL

El señor NOVOA (Presidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6560-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.

Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.

El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer un órgano jurisdiccional penal permanente, de carácter internacional, destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.

La Comisión discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular por tratarse de aquellas de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero).

Corresponde señalar que el Ejecutivo destacó que este Tratado ha sido ratificado por 108 países y que entró en vigor el año 2002, una vez que 60 Estados lo ratificaron.

Cabe tener presente que este proyecto requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores, y que en cuanto a los artículos 72, 73 y 93 del Estatuto, por referirse a información confidencial, necesita el voto a favor de 20 señores Senadores.

El señor NOVOA (Presidente).- Solicita autorización para ingresar a la Sala el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Claudio Troncoso Repetto.

--Se accede.

El señor NOVOA (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor CHADWICK.- "Si le parece", señor Presidente.

El señor COLOMA.- Ya fue discutido...

El señor NOVOA (Presidente).- Se ha solicitado votar de inmediato la iniciativa, dado que toda la discusión a su respecto ya se ha hecho.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (28 votos a favor; uno en contra y una abstención), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

Votó por la negativa el señor Arancibia.

Se abstuvo el señor Coloma.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente? Pido que se agregue mi voto favorable.

El señor NOVOA (Presidente).- Se dejará constancia de él en la Versión Oficial.

1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

Oficio de ley a Cámara Revisora. Comunica texto aprobado. Fecha 10 de junio, 2009. Cuenta en Sesión 40, Legislatura 357, Cámara de Diputados

Nº 498/SEC/09
Valparaíso, 10 de junio de 2009.

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de acuerdo fue aprobado tanto en general, cuanto en particular, con el voto favorable de 28 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en los artículos 54, número 1), y 66, incisos segundo y tercero, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Informe Comisión de Relaciones Exteriores

Cámara de Diputados. Fecha 16 de junio de 2009. Cuenta en Sesión 43, Legislatura 357

BOLETÍN Nº 6560-10 (S).

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL "ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL", ADOPTADO EL 17 DE JULIO DE 1998.

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional denominado "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado el 17 de julio de 1998, y de las correcciones a dicho Estatuto dispuestas por el Secretario General de las Naciones Unidas en su calidad de depositario, según consta en el Acta de Rectificación del Estatuto Original, fechada el 10 de noviembre del mismo año, sometidos a la consideración de la H. Corporación, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de "suma".

I. ANTECEDENTES GENERALES RELACIONADOS CON EL ORIGEN DEL ESTATUTO.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado por 120 de los 160 Estados participantes en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, del 15 de junio al 17 de julio de 1998, con la participación de delegaciones de 160 Estados, de los cuales 120 se pronunciaron favorables a su aprobación, 7 en contra y 20 se abstuvieron.

En calidad de observadores participaron representantes de diversas organizaciones intergubernamentales, como las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa, la Liga de Estados Árabes, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Policía Criminal Internacional (INTERPOL) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y representantes de 115 organizaciones no gubernamentales que agrupan, principalmente, a juristas y agentes sociales promotores o defensores de los derechos humanos en el mundo.

Entre los 120 países que aprobaron este Estatuto se registró nuestro país, junto a 23 países americanos y a los 15 países miembros de la Unión Europea.

A partir de su aprobación, este instrumento internacional quedó abierto a la firma de todos los Estados, hasta el 31 de diciembre del año 2000; después de esa fecha, cualquier Estado podrá hacerse parte mediante el procedimiento de adhesión (Nos 1 y 3 del artículo 125).

Los países que se opusieron a la aprobación del Estatuto son: Estados Unidos de América, China, Israel, Irak, Libia, Yemen y Qatar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la principal objeción de los Estados Unidos de América se vinculó al concepto de jurisdicción de la Corte y su aplicación o ejercicio respecto de Estados no Partes en el Estatuto. En materia de agresión reiteró el papel que le compete al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Agregó que China, por su parte, se opuso por considerar que el poder otorgado a la Sala de Cuestiones Preliminares para controlar la iniciativa procesal del Fiscal no era suficiente y que la adopción del Estatuto en la Conferencia de Roma debería haber sido por consenso y no por voto.

Finalmente, señaló que Israel se negó a prestarle su aprobación por no aceptar que la acción de transferir poblaciones a territorios ocupados fuera incluida entre los crímenes de guerra.

De este modo, con la aprobación del Estatuto de Roma culmina un proceso de estructuración jurídica de la comunidad internacional, que empezó con el término de la Segunda Guerra Mundial y, fundamentalmente, luego que los tribunales de Nuremberg y Tokio fueron establecidos para juzgar a quienes se acusaba de ser individualmente responsables de delitos contra la paz, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, hubieran o no violado la ley interna del país donde fueron cometidos y sin límite geográfico alguno a esta jurisdicción penal internacional ad-hoc.

Como lo indica el Mensaje, una de las críticas que se hicieron a dichos tribunales señalaba que habían sido establecidos por los vencedores para castigar a los vencidos, con posterioridad a los hechos que se sancionaban.

Otros órganos jurisdiccionales internacionales establecidos para hacer efectivas las responsabilidades penales individuales por los delitos antes señalados, son los tribunales ad-hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sancionar delitos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia y de Ruanda, ambos con competencia temporal, personal y territorial limitada. Estos tampoco han estado exentos de críticas, entre ellas la relativa a la efectiva competencia del Consejo de Seguridad para establecerlos.

Pero la voluntad de la comunidad internacional por establecer órganos jurisdiccionales penales internacionales permanentes ya se manifiesta a fines de la década de los 50, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, en 1948, la Convención sobre prevención y sanción del delito de genocidio, vigente en nuestro país en virtud de su promulgación por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 316, de 1953, publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre del mismo año. Su artículo 6 dispone que "las personas acusadas de genocidio o de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3, serán juzgadas por el tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquéllas de las Partes Contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.".

Precisamente, uno de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional regulada por el Estatuto de Roma será el crimen de genocidio, conforme lo disponen sus artículos 5 y 6, cuyo contenido normativo se os reseña más adelante.

El proyecto que dio origen al Estatuto fue preparado, en una primera etapa, por la Comisión de Derecho Internacional, en cumplimiento del mandato que le entregara la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 44/39, de 1989; tarea que la Comisión cumplió en sus períodos de sesiones celebrados entre los años 1990 y1994.

Luego, el examen de las principales cuestiones sustantivas y administrativas derivadas del proyecto preparado por la Comisión fue encomendado por la Asamblea General, por resolución 49/53, de 1995, a un Comité Especial abierto a la participación de todos los Estados y, finalmente, a un Comité Preparatorio que redactó el texto consolidado que fue transmitido a la consideración de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 52/160, de 15 de diciembre de 1997.

Nuestro país participó desde sus inicios en los trabajos preparatorios del proyecto de estatuto; apoyando claramente el establecimiento de este órgano; ejerciendo una de las vicepresidencias de la Conferencia, y, posteriormente a ésta, asumiendo tareas de enlace en el estudio de diversos proyectos que se le encomendaron a la Comisión Preparatoria de la Corte, especialmente con miras a regular su relación con las Naciones Unidas y con el país sede.

Según lo informado por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en dichos trabajos nuestro país sostuvo la necesidad de que la Corte Penal Internacional sea plenamente independiente tanto de los Estados como de cualquier organización internacional. En este sentido fue contrario, por ejemplo, a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuviera que dar una especie de autorización para que la Corte pudiera ejercer sus funciones en los casos en los que se tratara de delitos ocurridos en situaciones que estuvieran siendo conocidas por el Consejo o que se encontraran en su agenda.

El Estatuto, así aprobado por la Conferencia de Roma, consta de 128 artículos, divididos en trece Partes que, sucesivamente, se ocupan de las materias siguientes: del establecimiento de la Corte (artículos 1 a 4); de la competencia, la administración y el derecho aplicable (artículos 5 a 21); de los principios generales de derecho penal (artículos 22 a 33); de la composición y administración de la Corte (artículos 34 a 52); de la investigación y el enjuiciamiento (artículos 53 a 61); del juicio (artículos 62 a 76); de las penas (artículo 77); de la apelación y la revisión (artículos 81 a 85); de la cooperación internacional y la asistencia judicial (artículos 86 a 102); de la ejecución de la pena (artículos 103 a 111); de la Asamblea de los Estados Partes (artículo 112); de la financiación (artículos 113 a 118), y de las cláusulas finales (artículos 119 a 128), materias todas que se pasan a reseñar en sus aspectos normativos principales.

Por la extensión y complejidad de las materias que se expondrán en adelante, se estima conveniente anticipar una visión de conjunto del desarrollo de este informe. En primer lugar, los capítulos II, III, IV y V se ocuparán de las principales normas sustantivas, orgánicas y procesales del Estatuto; de sus cláusulas finales y de las modificaciones formales que el Secretario General de la ONU ha debido introducir a diversos artículos después de su adopción por la Conferencia Diplomática de Roma.

II. PRINCIPALES NORMAS SOBRE ASPECTOS SUSTANTIVOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA CORTE.

Estas normas se encuentran en las tres primeras partes del Estatuto y regulan, principalmente, la competencia de la Corte, los delitos que serán sancionados por ella, los titulares de la acción penal internacional, el derecho y principios y las eximentes de responsabilidad aplicables por este tribunal internacional.

A) Alcances de la competencia conferida a la Corte.

La Corte Penal Internacional ("la Corte") se establece como una institución permanente, facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto; tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales; estará vinculada a las Naciones Unidas, pero como órgano independiente de la estructura de la ONU; su sede estará en La Haya, Países Bajos; tendrá personalidad y capacidad jurídica internacional, y gozará de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en el territorio de los Estados miembros (artículos 1 a 4 y 48).

Por las declaraciones que se formulan en el preámbulo del Estatuto, se entiende que se trata de crímenes que someten a las víctimas a atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia humana y constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, por lo que deben ser castigados, ya sea mediante el ejercicio de la jurisdicción penal de los Estados o complementariamente por la jurisdicción penal internacional que la comunidad internacional en su conjunto instituye en la Corte.

En virtud del principio de complementariedad, reconocido en el párrafo 10 del preámbulo y regulado en los artículos 1 y 17 a 20, la Corte juzgará tales crímenes en los casos en que las jurisdicciones penales nacionales no puedan funcionar como consecuencia de situaciones de disturbios internos graves o bien cuando no estén en condiciones de administrar una justicia imparcial e independiente.

La Corte no sustituye a los tribunales nacionales ni se convierte en una instancia de apelación de sus resoluciones. Tanto es así, que el párrafo 6 del antes mencionado preámbulo señala que "es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales". De allí que, no obstante el establecimiento de la Corte, serán los sistemas penales nacionales los llamados prioritariamente a conocer y sancionar las conductas constitutivas de delitos de competencia de la misma.

Por consiguiente, en la medida en que el sistema judicial de un Estado se atenga a las normas internacionales y sancione real y efectivamente a los autores de los delitos dentro de su competencia, ésta no debería inmiscuirse en el funcionamiento de esos tribunales nacionales ni cuestionar sus procedimientos. Para ese Estado, la creación del referido tribunal internacional no debería implicar ningún tipo de efecto en el funcionamiento de sus propios tribunales, salvo tratándose de solicitudes de asistencia que les pueda dirigir la Corte.

La Corte no puede entenderse como un reemplazo de la jurisdicción de los tribunales nacionales, ya que sobre éstos pesa la principal responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales que interesan al Estatuto. La Corte no constituye una instancia de revisión ni de apelación de lo decidido por los tribunales nacionales; ella actúa sólo cuando los tribunales no quieran o no puedan investigar los hechos.

De esta forma, la Corte será competente en los casos en que o no existan tribunales debido a una situación política interna grave, como el caso de una guerra civil, en el que los tribunales no funcionan por un cierto período de tiempo, o en los casos en los que existiendo los tribunales éstos no están en condiciones de ejercer una jurisdicción adecuada, ya sea porque carecen de independencia e imparcialidad, porque llevan a cabo juicios simulados a fin de garantizar impunidad a los autores de graves delitos internacionales o porque se ven obligados a aplicar leyes que les impiden administrar justicia. Lo que se pretende, en definitiva, es impartir real y efectiva justicia frente a graves delitos de repercusión internacional.

B) Delitos incluidos en la competencia de la Corte.

La Corte tendrá competencia "únicamente" respecto de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto para los 60 Estados que depositen los 60 instrumentos de ratificación que se requieren para producir dicho efecto, y después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente de los crímenes cometidos después de la fecha de vigencia del Estatuto para el respectivo Estado, a menos que ese Estado hubiere consentido que la Corte ejerza su competencia desde una fecha anterior (Nº 1 de artículo 5, artículo 11 y Nº 3 de artículo 12).

Concordantemente con lo anterior se dispone, entre los principios generales de derecho penal regulados por el Estatuto, que nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a su entrada en vigor (Nº 1 del artículo 24).

De los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, la Corte podrá tomar conocimiento a partir del momento en que entren en vigor los acuerdos internacionales complementarios del Estatuto que la Asamblea de los Estados Partes debe aprobar para definir los elementos del crimen que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar las normas referidas a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra (Nº 1 del artículo 9).

Respecto del crimen de agresión, la Corte ejercerá su competencia una vez que haya sido aprobada, mediante los procedimientos de enmienda y revisión del Estatuto, una definición del crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará (Nº 2 de artículo 5).

Por los mismos procedimientos es posible que, en el futuro, los crímenes de terrorismo y los relacionados con las drogas sean agregados a la competencia de la Corte, ya que la resolución E de la Conferencia de Roma ha recomendado que una Conferencia de Revisión del Estatuto los examine con miras a llegar a una definición aceptable que permita incorporarlos a la lista del artículo 5, por la gravedad que representan para la comunidad internacional y para la estabilidad política, social y económica de los Estados.

En todo caso, el Estado que se haga Parte del Estatuto acepta automáticamente la competencia de la Corte respecto de los crímenes que hayan tenido lugar en su territorio, a bordo de un buque o de una aeronave de su matrícula, y respecto de los que se acuse a sus nacionales, sin que sean necesarias declaraciones ulteriores (Nos 1 y 2 del artículo 12).

No cabe, por tanto, la posibilidad de que un Estado, al hacerse Parte, declare que no acepta la jurisdicción de la Corte, con excepción de los crímenes de guerra que se cometan en su territorio o por sus nacionales durante siete años, a partir de la fecha en que el Estado se hace parte del Estatuto (artículo 124).

Por otro lado, la competencia de la Corte se amplía a los Estados no Partes que la consienten expresa y especialmente respecto de crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales (Nº 3 del artículo 12).

Con excepción de la agresión, la definición de los crímenes que serán de la competencia de la Corte corresponde a la universalmente aceptada en diversos instrumentos internacionales vigentes, ya que, como lo señala el mensaje, en esta materia no se intentó innovar.

1) Definición del delito de genocidio. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Esta definición corresponde a la adoptada en el artículo 2º de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio e incluida en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Por tales motivos, se descartaron durante la Conferencia proposiciones para ampliar la figura del genocidio a casos en los que las conductas constitutivas de este delito se han dirigido contra grupos políticos o sociales, además, de los grupos mencionados en la norma en comento. El mensaje informa, además, que este delito no exige que se cometa en una situación de guerra como en tiempos de paz, y que sus autores pueden ser "gobernantes, funcionarios o particulares".

2) Definición de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto enumera once actos que se entienden crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Dichos actos son: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos de gravedad comparable, persecución de un grupo o una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto comprendido entre los que constituyen crímenes de lesa humanidad o con cualquier crimen de la competencia de la Corte, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (Nº 1 del artículo 7).

Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos anteriores, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer estos actos o para promover esa política.

Cabe señalar que el Estatuto define el sentido en que deben entenderse algunos de dichos actos, tales como:

La "deportación o traslado forzoso de población": el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

La "tortura": causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tal el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas, y

La "desaparición forzada de personas", la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado (letras d), e) e i) del Nº 2 del artículo 7).

Estas conductas deben cometerse como parte de un amplio y sistemático ataque dirigido contra una población civil cualquiera, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, sin que sea requisito que los autores sean funcionarios estatales ni que deba concurrir en los autores una motivación de discriminación política, religiosa, racial u otras, salvo en el caso de la persecución.

3) Definición de los crímenes de guerra. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, entre los cuales se entienden comprendidas, en primer lugar, las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, cometidas contra personas o bienes protegidos por estos Convenios y señaladas en la letra a) del Nº 2 del artículo 8.

Las graves violaciones a los Convenios de Ginebra cometidos contra las personas o bienes protegidos por ellos comprenden: matar intencionalmente; someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos las experimentos biológicos; infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o a la salud; destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente (letra a) de Nº 2 de artículo 8).

En caso de conflictos armados que no sean de índole internacional, quedan comprendidas entre los crímenes de guerra las infracciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, cometidas contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa.

Quedan excluidas de la aplicación del Estatuto las situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar (letra d) del Nº 2 del artículo 8).

El mensaje señala que la no aplicación del Estatuto a conductas cometidas en conflictos sin carácter internacional dejaría fuera de toda sanción internacional a conductas cometidas en la mayor parte de los conflictos armados luego de la Segunda Guerra Mundial.

Además, acerca de la exigencia de que los crímenes de guerra se cometan como parte de un plan o una política o como parte de una comisión en gran escala, sostiene que el Estatuto adoptó una redacción transaccional. En efecto, dice, en su artículo 8 dispone este instrumento que la Corte tendrá jurisdicción respecto de los crímenes de guerra, "en particular" cuando ellos se cometen como parte de un plan o política o como parte de una perpetración a gran escala. Esta expresión permite concluir, según el mensaje, que las exigencias de un plan o política no son esenciales.

C) Los titulares de la acción penal ante la Corte.

Estos son los Estados Partes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Fiscal de la Corte. Los dos primeros, mediante la remisión al Fiscal de la Corte de una situación en la que pudiere haberse cometido delitos de competencia de la Corte, para que practique la investigación del caso, y el tercero, iniciando de oficio tal investigación (artículos 13 a 15).

El Consejo de Seguridad podrá decidir el recurso a la Corte entre las medidas que el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas le permite adoptar para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, sin necesidad de considerar, como lo señala el mensaje, si el Estado en cuyo territorio se habrían cometido los hechos, es o no Parte del Estatuto o si es el Estado de la nacionalidad de los acusados.

Entre dichas medidas, el Consejo de Seguridad podrá resolver, además, pedir a la Corte que suspenda, por un plazo que no podrá exceder de doce meses, renovables, la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, a lo que la Corte deberá acceder (artículo 16).

El punto de determinar quienes podrían llevar un asunto al conocimiento de la Corte fue especialmente debatido en la Conferencia de Roma, por cuanto algunas delegaciones preferían que la Corte quedase, en la práctica, supeditada en su accionar a las decisiones del Consejo de Seguridad ya que la denuncia de los Estados, que es el otro sistema de iniciativa, en la práctica se ha revelado inoperante, ya que los Estados actúan en esta materia movidos por una serie de consideraciones que involucra el conjunto de los elementos de las relaciones internacionales entre los Estados (relaciones políticas, económicas, estratégicas, de seguridad y defensa). No estaban estas delegaciones dispuestas a que el Fiscal pudiese tener poder de iniciativa para dar inicio a una investigación.

En ese contexto, las facultades reconocidas al Consejo de Seguridad para pedir la suspensión del procedimiento son una contrapartida al poder de iniciativa otorgado al Fiscal. El acuerdo para pedir la suspensión el veto no opera para impedir que la Corte conozca de un caso sino que para impedir que deje de conocer de él, de manera que si se quiere suspender la vista de un caso será necesario contar con la votación favorable de la mayoría del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco miembros permanentes, ya que si uno de ellos se opone a través del veto, la Corte seguirá conociendo del caso.

Los particulares en general o a las víctimas de estos crímenes no podrán acceder directamente ante la Corte.

Pues bien, entablada la acción penal internacional, corresponderá a la Corte resolver sobre su admisibilidad, teniendo en cuenta el principio de complementariedad ya comentado, cuando:

1) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo, debido a que por el colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de carecer de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio;

2) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

3) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la misma conducta denunciada, y la Corte no pueda incoar el juicio en virtud de la cosa juzgada, a menos que el proceso en el otro tribunal obedeciera al propósito de sustraer al acusado a la acción de la Corte o no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, y

4) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte (letras a), b), c) y d) del Nº 1 y Nº 3 del artículo 17 y artículo 20).

Podrán impugnar la admisibilidad de la causa: el acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia; el Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes, y el Estado cuya aceptación se requiera (artículo 19).

D) El derecho internacional y los principios de derecho penal aplicables por la Corte.

En el ejercicio de su función jurisdiccional la Corte deberá aplicar, en un orden sucesivo, el derecho internacional siguiente:

1) En primer lugar, el derecho especial aprobado por los Estados Partes en el Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; estos dos últimos, aprobados por dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes que deberá ser convocada una vez que el Estatuto entre en vigencia (letra a) del artículo 21, en relación con artículos 9º, 51 y 112).

2) En segundo lugar, la Corte deberá aplicar, cuando proceda, los tratados, principios y normas de derecho internacional, incluidos los establecidos para los conflictos armados (letra b) del artículo 21).

3) En defecto de lo anterior, deberá aplicar los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción en el caso (letra c) del artículo 21).

4) Además, es facultada para aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores (Nº 2 del artículo 21).

La aplicación e interpretación de este derecho deberán ser compatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (Nº 3 del artículo 21).

Entre los principios generales de derecho penal que deberá aplicar se contemplan los siguientes:

1) Nullum crimen y nulla poena sine lege: no hay delito ni pena sin ley. Nadie será penalmente responsable por conducta que en el momento en que tiene lugar no constituye crimen de la competencia de la Corte y nadie podrá ser declarado culpable sino en conformidad con este Estatuto (artículos 22 y 23).

2) Irretroactividad ratione personae: nadie será penalmente responsable por conducta anterior a la vigencia de este instrumento (Nº 1 del artículo 24).

3) Pro reo. La definición del crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad de la norma, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena, así como se le aplicarán las disposiciones más favorables en caso de modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva (Nos 2 de los artículos 22 y 24).

4) Responsabilidad penal individual: quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente, lo cometa por sí solo, con otro o por conducto de otro; ordene, proponga o induzca a la comisión de ese crimen, o quien actúe como cómplice, encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa (artículo 25).

5) Irresponsabilidad penal de los menores: quedan excluidos de la competencia de la Corte los menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen (artículo 26).

6) Improcedencia del cargo oficial: el Estatuto será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial, sea la persona Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamentario, entre otros, y tampoco servirá tal condición para reducir la pena (artículo 27).

7) Responsabilidad de los jefes y otros superiores: en el caso del jefe militar se hará efectiva por los delitos que hubieren cometido las fuerzas bajo su mando y control efectivo, cuando no haya ejercido un control apropiado de sus fuerzas, y en razón de las circunstancias hubiere debido saberlo o no hubiere adoptado medidas para prevenirlos, reprimirlos o ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes.

En otros ámbitos, la responsabilidad del superior será efectiva cuando éste no hubiere ejercido un control apropiado sobre sus subordinados, teniendo conocimiento de la comisión de los delitos y no hubiere adoptado las medidas para prevenirlos o reprimirlos (Nº 1 del artículo 28).

El subordinado que en el cumplimiento de una orden de gobierno o de un superior, militar o civil, que cometa un delito de competencia de la Corte, no será eximido de responsabilidad penal a menos que estuviere obligado por ley a obedecer o no supiera que la orden era ilícita o manifiestamente ilícita. Se entenderá que tienen este carácter las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad (artículo 33).

8) Imprescriptibilidad: los crímenes de la competencia de la Corte se declaran imprescriptibles (artículo 29).

A estos principios cabe agregar el de la presunción de inocencia de la persona investigada, mientras no se pruebe, en derecho, su culpabilidad, lo que deberá hacer el Fiscal (artículo 66).

E) Eximentes de responsabilidad penal aplicables por la Corte.

Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:

1) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental o estuviere en un estado de intoxicación que le priven de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta;

2) Actuare en defensa propia o de un tercero o, en caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuere esencial para realizar una misión militar;

3) Haber incurrido en una conducta criminal como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona (artículos 31);

4) Haber actuado por error de hecho y de derecho, únicamente si hacen desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen (artículo 32), y

5) Haber actuado en cumplimiento de órdenes superiores que por mandato legal estuviere obligado a obedecer; de orden que no se supo que era ilícita o de orden que era manifiestamente ilícita (artículo 33).

III. PRINCIPALES NORMAS SOBRE ASPECTOS ORGÁNICOS Y PROCESALES RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE.

Estas normas se encuentran entre las partes cuarta, undécima y duodécima del Estatuto, respectivamente referidas a la composición, administración y financiación de la Corte, y entre las partes quinta y décima, que regulan los procedimientos de investigación y enjuiciamiento, el juicio, las penas, los recursos de apelación y revisión contra los fallos de la Corte, la cooperación internacional y la asistencia judicial de los Estados Partes con la Corte, y la ejecución de la pena aplicada por este tribunal internacional.

A) Composición, administración y financiación de la Corte.

Los órganos que componen la Corte son la Presidencia; las Secciones de Apelaciones, de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares; la Fiscalía y la Secretaría (artículo 34).

Al Presidente y los Vicepresidentes, elegidos por los Magistrados, por períodos de tres años, les corresponderá la administración de la Corte, en coordinación con el Fiscal (artículo 38).

La Corte esta compuesta de 18 magistrados, en régimen de dedicación exclusiva, elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad; de reconocida competencia en derecho y procedimiento penales, en derecho internacional, tales como el derecho humanitario y los derechos humanos; elegidos conforme al procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado, y al seleccionarlos se deberá tener en cuenta que en la composición de la Corte haya representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; distribución geográfica equitativa y representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres (artículos 35 y Nos 1, 3, 4 y 7 del artículo 36).

Los Magistrados elegidos serán independientes en el desempeño de sus funciones y no realizarán actividad alguna incompatible con sus funciones judiciales (artículo 40).

Tan pronto como sea posible después de la elección de los Magistrados, las funciones judiciales de la Corte se realizarán en tres Salas: la de Apelaciones, la de Primera Instancia y la de Cuestiones Preliminares, correspondientes a cada una de las secciones antes señaladas (artículos 39).

La Fiscalía es un órgano independiente, separado de la Corte. Le corresponderá recibir remisiones de situaciones de la competencia de la Corte e investigarlas. Será dirigida por un Fiscal elegido por la Asamblea de los Estados Partes por 9 años, sin derecho a reelección. El Fiscal y los Fiscales Adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y serán elegidos en votación secreta por la Asamblea de los Estados Partes (artículo 42).

Los idiomas oficiales en los que deberán ser publicadas las sentencias de la Corte, así como las decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales, serán el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y los de trabajo serán el inglés y el francés (artículo 50).

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes se sufragarán con las cuotas de éstos y los fondos que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad, más las contribuciones voluntarias que efectúen gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades (artículos 113 a 116).

Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario (artículo 117).

Por lo señalado, no es posible prever, en este momento, el gasto que demandará al Estado su participación en la Corte, el que, en todo caso, deberá ser financiado, cuando corresponda, con los recursos que anualmente contempla la ley de presupuestos en la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores para pago de cuotas nacionales a organismos internacionales en los cuales Chile es Estado Parte.

B) Los procedimientos de investigación y enjuiciamiento.

Corresponderá al Fiscal iniciar y llevar a cabo la investigación en el territorio de un Estado, con pleno respeto de los derechos que el Estatuto confiere a las personas y durante ella nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, así como nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

Además, la persona que haya de ser interrogada tendrá derecho a ser informada de los motivos que existen para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; a guardar silencio, sin que ello determine culpabilidad o inocencia; a ser asistido por un abogado defensor y a ser interrogada en presencia de éste (artículos 54 y 55).

Las detenciones deberán ajustarse al derecho del Estado de detención; una vez practicadas, el detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente, quien tendrá facultad para decidir sobre la libertad provisional antes de su entrega. Esta también podrá ser dispuesta por la Corte (Nos 1, 2 y 3 del artículo 59 y Nº 2 del artículo 60).

C) El juicio ante la Corte.

Previamente al inicio del juicio, el acusado podrá impugnar los cargos y pruebas presentados por el Fiscal ante la Sala de Cuestiones Preliminares y confirmados los cargos, el Presidente constituirá una Sala de Primera Instancia para dar curso al juicio que, normalmente, deberá celebrarse en la sede de la Corte (La Haya) y en presencia del acusado, a menos que éste perturbe continuamente su desarrollo, caso en el cual se le permitirá que observe y de instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación (artículos 62 y 63).

El juicio será público, justo, expedito y substanciado con pleno respeto de los derechos del acusado, teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas, de los testigos y de la información confidencial (Nos 2, 6, letra c), y 7 del artículo 64).

Al acusado se le reconocen, en lo sustancial, los derechos siguientes:

1) A ser oído públicamente;

2) A ser informado sin demora y en forma detallada de la naturaleza, causa y contenido de los cargos que se le imputan;

3) A disponer de tiempo y medios para su defensa y comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección;

4) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

5) A estar presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección;

6) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y

7) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia (artículo 67).

En la regulación del juicio se contemplan normas destinadas a proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos que comparezcan en el juicio (68); a regular los procedimientos para la práctica de las pruebas de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba (69); a indicar los delitos que se pueden cometer contra la administración de justicia, entre los que se contemplan dar falso testimonio, presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas, corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte, tomar represalias contra un funcionario de la Corte, y solicitar o aceptar soborno (70); a disponer la protección de información que afecte a la seguridad nacional (72); a establecer procedimientos que permitan la reparación de las víctimas o a sus causahabientes (75) y a establecer que la pena que proceda imponer al acusado será fijada por la Sala de Primera Instancia (76). Entre paréntesis: los números de los artículos respectivos.

Las penas que podrá aplicar la Corte son las siguientes:

1) Reclusión, por no más de 30 años, o a perpetuidad, según la gravedad y circunstancias del delito (letras a) y b) del Nº 1 del artículo 77), y

2) Multas y decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes del delito. Los recursos que reciba la Corte por estos conceptos podrán ser transferidos al Fondo Fiduciario que la Asamblea de los Estados Partes establecerá en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias (letras a) y b) del Nº 2 del artículo 77 y artículo 79).

D) Los recursos de apelación y revisión que se podrán interponer en contra de los fallos dictados por la Corte.

El recurso de apelación del fallo condenatorio o absolutorio de la pena podrá ser interpuesto por el Fiscal o el condenado, principalmente por vicios de procedimiento; errores de hecho o de derecho, o cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o en razón de una desproporción entre el crimen y la condena (Nos 1 y 2 del artículo 81).

Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de prisión impuesta o si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad (Nº 3 de artículo 81).

El recurso de revisión podrá ser interpuesto por el condenado o, después de su fallecimiento, por el cónyuge, los hijos, los padres o el Fiscal, principalmente cuando se hubieren descubierto nuevas pruebas, fundamentales para el resultado del juicio (artículo 84).

A quien haya sido ilegalmente detenido o recluido se le reconoce el derecho a ser indemnizado, lo mismo que al condenado por error judicial (artículo 85).

E) La cooperación internacional y la asistencia judicial de los Estados Partes con la Corte en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de su competencia.

De las normas relativas a esta materia, cabría destacar las que establecen:

1) El deber de los Estados de asegurarse que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación previstas en el Estatuto, entre ellos, para la detención y entrega de personas y la tramitación de solicitudes o la obtención de pruebas (artículos 88, 90, 91 y siguientes).

2) El principio de la especialidad, en virtud del cual quien haya sido entregado a la Corte, no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el que haya sido entregado (artículo 101).

F) La ejecución de la pena.

Sobre el cumplimiento de las penas se establecen las normas siguientes:

1) Las penas privativas de libertad se cumplirán en el Estado designado por la Corte, sin que éste pueda modificarla en caso alguno (103 y 105).

2) En todo momento se podrá decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución de la pena (104).

3) Los Estados de ejecución no podrán poner en libertad al recluso antes de que haya cumplido su pena; sólo la Corte podrá decidir su reducción y cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte la revisará para determinar si puede ser reducida (110).

IV. LAS CLÁUSULAS FINALES DEL ESTATUTO.

Estas se refieren a la solución de controversias, a las reservas, enmiendas y revisión del Estatuto, firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en vigor, denuncia y textos auténticos.

Las controversias relativas a funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella; pero cualquiera otra que surja entre los Estados Partes será resuelta por negociaciones o por la Asamblea de los Estados Partes (119).

Las reservas no se admiten; sin embargo, cualquier Estado, al hacerse Parte en el Estatuto, podrá declarar que durante siete años, contados a partir de la fecha en que este instrumento rija para él, no aceptará la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra, cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio (120 y 124).

Todo Estado Parte podrá denunciar este Estatuto. En tal caso, su desvinculación se producirá un año después, a menos que la nota respectiva indique una fecha ulterior (127).

V. ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL TEXTO DEL ESTATUTO.

Cabe señalar que junto con el Estatuto de Roma, se someten a la aprobación parlamentaria diversas correcciones a su texto auténtico español, hechas por el Secretario General de las Naciones Unidas después de la Conferencia Diplomática de Roma, en su calidad de depositario, las que notificadas a los Estados signatarios no fueron objetadas dentro de plazo, por lo que se entienden jurídicamente aceptadas.

Por este procedimiento se han corregido evidentes errores de texto en que se incurrió en todos los originales del Estatuto, extendidos en los seis idiomas señalados en su artículo 128. Se han corregido errores en el preámbulo y en diversos artículos que, no obstante, no alteran su sentido y alcance, de manera que no hay observaciones que formular al respecto.

B) Correlación del Estatuto con el ordenamiento legal.

De la revisión de las normas del tratado, aparece la necesidad de adecuar diversas disposiciones de nuestra legislación penal y procesal penal interna, a los efectos de hacerla plenamente compatibles con lo que dispone el tratado.

1.- Las modificaciones a la ley penal.

1.1. Tipificación de delitos.

En esta materia fue necesario tipificar en la ley penal de nuestro país los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, describiendo el tipo penal, de acuerdo a las exigencias del tratado y asignándole una pena adecuada a su gravedad, iniciativa aprobada y que hoy es la ley Nº .

1.2. Imprescriptibilidad.

Del mismo modo, se debió modificar el artículo 94 del Código Penal a los efectos de señalar que los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad que contemplará nuestra ley penal son imprescriptibles.

1.3. Normas sobre autoría y participación en estos crímenes. Consecuencialmente fueron adecuadas las normas de autoría y participación contenidas en nuestro Código Penal a objeto de adaptarlas a lo establecido en las disposiciones del tratado respecto de los crímenes incluidos en la competencia de la Corte.

1.4. Dolo.

Igual actualización fue realizada en materia penal, en relación con la regulación que establece el Estatuto acerca del dolo en estos crímenes.

1.5. Eximentes de responsabilidad penal.

La referida legislación recientemente sancionada, adecuó las eximentes de responsabilidad penal que contempla nuestra ley penal, especialmente el artículo 10 del Código Penal, en relación con las normas que a este respecto establece el artículo 31 del tratado.

1.6. Obediencia debida.

También fue enmendado el tratamiento en la ley penal chilena de la obediencia debida, en relación a lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto.

1.7. Otras normas.

Finalmente, se ha debido regular en consonancia con las disposiciones del tratado el decomiso de bienes, normas sobre la ejecución de las penas privativas de libertad y ejecución de las multas y las órdenes de decomiso.

2.- Las modificaciones a la ley procesal penal.

2.1. Procedimientos de cooperación del Estado de Chile con la Corte.

La Parte IX del Estatuto se refiere al tema de la cooperación internacional y la asistencia judicial, regulando la relación entre la Corte y los Estados en esta materia.

A este respecto, cabe destacar el artículo 88 del Estatuto que señala que los Estados Partes se asegurarán que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en sus disposiciones.

A su vez, el artículo 93 establece que los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el tratado y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamiento penales.

Esta remisión a las reglas de procedimientos establecidas en el derecho se contemplan en otras normas del Estatuto, como las referidas a la entrega de personas a la Corte (89); procedimiento de detención en el Estado de detención (59); normas que posibiliten la investigación del Fiscal de la Corte en el territorio del Estado (54), y cumplimiento de solicitudes de asistencia de la Corte (99). Los números entre paréntesis corresponden al artículo citado.

Lo anterior significará revisar las normas actualmente vigentes en los Códigos de Procedimiento Penal y Civil, que se aplican supletoriamente al procedimiento penal en todo lo relativo a la extradición y a la asistencia judicial en materia penal.

3.- Oportunidad de la adecuación legislativa.

En relación con la oportunidad de enviar al Parlamento las reformas legales necesarias para adecuar la legislación interna a los establecido en el Estatuto, es necesario distinguir aquellas normas del Estatuto que recogen obligaciones internacionales ya vigentes para Chile, de aquellas nuevas obligaciones que establece cuando este instrumento, luego de su aprobación parlamentaria y la ratificación presidencial, entre en vigor para Chile.

3.1. Normas del tratado que recogen obligaciones internacionales ya vigentes para Chile.

En esta parte cabe considerar la obligación internacional que tiene el Estado de Chile de incriminar el delito de genocidio y las infracciones graves de las costumbres y leyes de la guerra, conocidos como crímenes de guerra, que como se expresó ya fueron incorporadas al ordenamiento interno.

En todo caso, resulta útil recordar que esta obligación internacional para Chile data de septiembre de 1953, respecto de la Convención contra el Genocidio de 1948, y de abril de 1951, respecto de los Convenios de Ginebra de 1949.

3.2. Nuevas obligaciones que establece el Estatuto.

Entre éstas se encuentran la incriminación de los restantes delitos de trascendencia internacional de competencia de la Corte y las otras normas que a título ejemplar se han señalado, su implementación ya se encuentra en curso o está previsto que ingresen como iniciativas legales antes que este instrumento internacional entre en vigor para Chile.

VII. DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo, realizó una extensa exposición respecto de la normativa del Estatuto de Roma. Explicó que conforme a lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional que acogió el requerimiento formulado por un grupo de Diputados, este Congreso aprobó la reforma constitucional que ha permitido que el Senado expresara su voto favorable a este proyecto de acuerdo por una significativa mayoría.

Señaló que desde la II Guerra Mundial ha existido un anhelo de la comunidad internacional de contar con una instancia jurisdiccional de esta naturaleza, lo que no se había logrado como efecto de la llamada Guerra Fría, por lo cual se crearon tribunales especiales como los de Yugoslavia y Ruanda, ampliamente criticados por cuanto su creación se dio con posterioridad a los hechos que los motivaron.

Al respecto recordó el esfuerzo de jueces europeos, especialmente españoles por hacer una extensión de sus facultades jurisdiccionales que impidieran dejar en la impunidad crímenes de alta connotación.

Por su parte, el Diputado señor Enrique Accorsi hizo presente que los fundamentos del proyecto de acuerdo son absolutamente claros, han sido ampliamente debatidos y existe un consenso mayoritario para aprobar el Acuerdo. Si, tiene la sensación que un convenio de esta naturaleza se debía haber aprobado mucho antes, tomando en consideración la gran mayoría de países que lo han ratificado.

El Diputado Roberto León, por su parte, consideró que no habría justificación alguna para no aprobar este convenio, después de la extensa discusión que se dio en esta Comisión y la aprobación de la reforma constitucional reciente.

El Diputado Iván Moreira expresó que votará en contra la aprobación de este Convenio, porque le parece evidente que para analizar un tratado internacional de esta naturaleza, el concepto de soberanía prima sobre la llamada igualdad soberana, y este proyecto de acuerdo claramente lo viola. A su parecer hay un conjunto de normas del Acuerdo que ponen en duda la igualdad soberana, toda vez que países como Estados Unidos de Norteamérica, Rusia y China no se adhirieron a él, y con ello, más de la mitad de la población mundial queda fuera de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Estamos en presencia –sostuvo- de una justicia internacional selectiva, y no de una justicia universal como se ha hecho creer.

El Diputado Marcelo Díaz planteó, al fundamentar su voto, que esta es una iniciativa largamente debatida, tanto en su anterior trámite como en la aprobación de la reforma constitucional que autoriza la aprobación del tratado. Cree que hoy existe el consenso y las mayorías necesarias para aprobar finalmente este tratado y dejar de pertenecer al "selecto" grupo de países que aún no lo ratifican. Señaló que el Tribunal es parte de la estructura internacional de defensa de los Derechos Humanos y su aprobación por parte de Chile viene a saldar la deuda que nuestro país tiene en esta materia.

Afirmó que, especialmente en materia comercial, Chile ha suscrito muchos tratados internacionales, y en su discusión los que se opusieron a este Acuerdo no argumentaron el concepto de "soberanía", no obstante que en la mayor parte de ellos nuestro país y sus empresas se sometían a tribunales extranjeros.

El Diputado Carlos Abel Jarpa hizo saber su especial satisfacción porque al fin se estaba ad portas de la aprobación de este Convenio que permitirá a Chile incorporarse en plenitud de derechos y obligaciones a la Corte Penal Internacional. Recordó a la Comisión que han trascurrido más de siete años desde que la Cámara de Diputados le diera su aprobación y casi el mismo tiempo desde la resolución del Tribunal Constitucional, razón por la cual espera que se logre un gran consenso en su aprobación.

La Diputada señora Isabel Allende, estimó que con la aprobación de este Convenio Chile da un gran salto en su vocación por el respeto de los Derechos Humanos y en su incorporación a la comunidad internacional. Es, además, una muestra de cómo los países aprenden de sus errores más graves. Al respecto recordó que tanto en la Comisión como en la Sala se planteó una intensa discusión, en la cual todos los Diputados tuvieron la oportunidad de fundamentar su voto; por lo tanto, no existe hoy justificación alguna para retrasar el despacho de este Tratado.

Por su parte, el Diputado señor Fuentealba (Presidente accidental) suscribió lo dicho por la diputada señora Allende en el sentido de que ya la discusión sobre este convenio se produjo tanto en la Comisión como en la Sala, amén de la intensa discusión pública que generó en su momento el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Reconoció que en un régimen democrático como el nuestro existan distintas visiones, pero la forma en que zanjaron las diferencias fue precisamente la reforma constitucional reciente. Dijo que ello hará posible reconocer la existencia de esta instancia jurisdiccional y anhela que se produzca la unidad de todos los sectores, especialmente de aquellos que no lo aprobaron en su oportunidad. Anunció su voto favorable.

El Diputado Juan Masferrer precisó que ha sido muy difícil el tratamiento de este proyecto de acuerdo y no resulta fácil tomar una decisión en una materia tan controvertida. Agregó que le llamaba poderosamente la atención que el Gobierno calificara con suma urgencia su despacho, por cuanto el Senado tuvo mucho tiempo para analizarlo, pero a la Cámara de Diputados se le está forzando a una urgente decisión. Pidió al Gobierno que considerara el retiro de la urgencia para buscar un mayor consenso en su tratamiento.

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Mariano Fernández, hizo presente que era importante aprobar esta iniciativa, no solo como una cuestión que le importa al país en su relación interna, sino para la proyección de su política exterior. Señaló que Chile se ha convertido en un referente internacional y aprobar esta tratado legitima al país aún más. Además, precisó que a su parecer este tribunal internacional evitará la creación de tribunales especiales, constituidos con posterioridad a lo que debe juzgar como sucedió en Ruanda y Yugoslavia.

Recordó que frente a algunas situaciones de especial gravedad que han sucedido en África y en otros continentes, el país ha debido guardar silencio por el hecho de no haber ratificado la Corte Penal Internacional. Enfatizó la necesidad de que esta Cámara le dé su aprobación y que nada justifica que se dilate más la discusión ni se retire la urgencia hecha presente por el Gobierno.

VIII. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

C) Aprobación del Convenio y del artículo único del proyecto de acuerdo.

Considerando los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por mayoría de votos, recomendaros su aprobación, para lo cual os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los términos propuestos por el Senado.

Se deja constancia que la Comisión adoptó su decisión en votación nominal.

Por la afirmativa votaron la Diputada Allende Bussi, doña Isabel, y los Diputados Accorsi Opazo, don Enrique; Díaz Díaz, don Marcelo; Fuentealba Vildósola, don Renán (Presidente accidental); Jarpa Wevar, don Carlos Abel; León Ramírez, don Roberto, y Tarud Daccarett, don Jorge

Por la negativa votaron los Diputados señores Masferrer Pellizzari, don Juan y Moreira Barros, don Iván.

El artículo único que la Comisión propone a la H. Cámara es el siguiente:

"Artículo único.- Apruébase el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

D) Menciones reglamentarias.

1) En cuanto se refiere a la mención que ordena el Nº 4 del precepto reglamentario citado, se consigna que el Estatuto no contempla normas que requieran ser informadas por la Comisión de Hacienda; sin perjuicio de que sí deban serlo los instrumentos que se adopten en el futuro para fijar la contribución de Chile al financiamiento de la Corte, según los procedimientos establecidos en el Estatuto.

2) Que el proyecto de Acuerdo debe ser sancionado con el voto afirmativo de los cuatro séptimos de los Diputados en ejercicio, por contener cláusulas que modifican disposiciones relativas a materias propias de ley orgánica constitucional.

E) Diputado Informante.

Por unanimidad, la Comisión designó Diputado informante al H. Diputado señor Renán Fuentealba Vildósola.

)--------(

Discutido y despachado en sesión de fecha 16 de junio de 2009, con asistencia de la Diputada Allende Bussi, doña Isabel, y los Diputados Accorsi Opazo, don Enrique; Díaz Díaz, don Marcelo; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano; Fuentealba Vildósola, don Renán; (Presidente accidental); Jarpa Wevar, don Carlos Abel; León Ramírez, don Roberto; Masferrer Pellizzari, don Juan; Moreira Barros, don Iván, y Tarud Daccarett, don Jorge.

SALA DE LA COMISIÓN, a 16 de junio de 2006.

MIGUEL LANDEROS PERKIC,
Secretario de la Comisión.

2.2. Discusión en Sala

Senado. Legislatura 357. Sesión 43. Fecha 17 de junio de 2009. Discusión. Se aprueba.

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Segundo trámite constitucional.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Renán Fuentealba.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín Nº 6560-10, sesión 40, en 11 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 3.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta Nº 3 de esta sesión.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo el proyecto de acuerdo aprobatorio del "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado el 17 de julio de 1998, que conoce esta Corporación en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.

La Corte Penal Internacional es una institución permanente, independiente y vinculada a las Naciones Unidas, de carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, con competencia para juzgar a las personas responsables de crímenes que impactan a la comunidad internacional en su conjunto.

Este tratado fue aprobado por 120 de los 160 Estados participantes en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, de los cuales 108 países lo han ratificado.

La Conferencia, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 51/207, de 17 de diciembre de 1996, se reunió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Roma, del 15 de junio al 17 de julio de 1998.

El texto que sirvió de base al Estatuto fue primeramente estudiado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, luego analizado por un Comité Especial, y concluido, finalmente, por el Comité Preparatorio, constituido por la Asamblea General, en virtud de sus resoluciones 49/53, de 1994, y 50/46, de 1995. A Chile le correspondió ejercer una de las vicepresidencias de la Conferencia. Entre los países que votaron a favor se pueden mencionar, conforme a dicho oficio, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Francia, Inglaterra y la Federación Rusa. Siete votaron en contra: Estados Unidos, la República Popular China, Israel, Irak, Libia, Yemen y Qatar, y veinte se abstuvieron.

La principal objeción de los Estados Unidos se vinculó al concepto de jurisdicción de la Corte y su aplicación o ejercicio respecto de Estados no Partes en el Estatuto. En materia de agresión reiteró el papel que le compete al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China por su parte, sostuvo que el poder otorgado a la Sala de Cuestiones Preliminares para controlar la iniciativa procesal del fiscal no era suficiente y que la adopción del Estatuto en la Conferencia de Roma debería haber sido por consenso y no por voto. Finalmente Israel señaló que no lograba comprender que la acción de transferir poblaciones a territorios ocupados fuera incluida en el Estatuto entre los crímenes de guerra.

Los tribunales penales internacionales que han precedido a esta Corte, han sido los de Nüremberg y Tokio, creados para juzgar a responsables de delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y los establecidos con motivo de los conflictos armados en la ex Yugoslavia y Ruanda.

Todos estos tribunales han tenido competencia temporal, personal y territorial limitada; en cambio, la de la Corte será una competencia permanente, impersonal y universal.

Nuestro país, que participó desde sus inicios en dicha Conferencia, apoyó claramente el establecimiento de esta Corte, firmando el Estatuto el 11 de septiembre de 1998. Específicamente, respaldó la plena independencia de la Corte Penal Internacional, tanto de los Estados como de cualquier organización internacional; apoyó el principio de complementariedad, en virtud del cual los primeros llamados a conocer de los delitos de competencia de la Corte son los Estados parte; impulsó la jurisdicción inherente o automática de la Corte respecto de todos los delitos de su competencia, de manera que un Estado por el hecho de hacerse parte del Estatuto reconoce dicha competencia, sin que se requiera de ulteriores consentimientos individuales; acordó el criterio de que los crímenes de guerra pueden ser cometidos tanto en el marco de conflictos armados internacionales como en los conflictos armados que no tienen carácter internacional, siempre que en estos casos se superara un cierto umbral que fuera más allá de los simples desórdenes o alteraciones del orden público; respaldó la inclusión del crimen de agresión dentro de la competencia de la Corte, lo contrario implicaría un retroceso en relación con otros tribunales internacionales anteriores; y, por último, propició el poder de iniciativa conferido al fiscal en materia de investigación de los delitos de competencia de la Corte.

Cabe recordar que el proyecto de acuerdo en informe no es nuevo para nosotros y puede justificar que una materia de tan relevante importancia sea tratada con suma urgencia. Al respecto, permítanme hacer algunas consideraciones.

El 5 de enero de 1999, el Gobierno ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998. La Comisión de Relaciones Exteriores hizo un acabado estudio del Tratado y en audiencias públicas recibió la opinión de los más destacados académicos, constitucionalistas y representantes de institutos de asesoría política y parlamentaria. Lo propio hizo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Corporación y se recabó la opinión de la Corte Suprema que hizo una extensa alegación al respecto. Fue aprobado en general y en particular en la sesión del 22 de enero de 2002.

Durante la discusión del proyecto de acuerdo en la Sala, el 4 de marzo de 2002, un grupo de diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma. El requerimiento fue acogido por sentencia rol 346, del 8 de abril de 2002, declarando que para su aprobación y ratificación el Tratado requería de reforma constitucional previa.

En tales circunstancias, en abril de 2002, el Gobierno envió un proyecto de reforma constitucional al Senado, habilitando al Estado chileno para ratificar el Tratado. Conjuntamente, se presentaron otras iniciativas a fin de tipificar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, para lograr los consensos necesarios que permitieran la aprobación del Tratado. Lo anterior se tradujo en la dictación de la ley Nº 20.352, promulgada el 26 de mayo de 2009, que autoriza al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, al mismo tiempo nuestro país reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte, y declara que la competencia del organismo internacional sólo podrá ejercerse respecto de crímenes cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.

No obstante que el Ejecutivo consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional no tenía efectos anulatorios de lo obrado por la Cámara de Diputados, por lo que era posible continuar con su tramitación en el Senado, el Poder Ejecutivo determinó retirar dicho proyecto de acuerdo para evitar un cuestionamiento posterior y, el 9 del mes en curso, el Gobierno presentó en el Senado un nuevo proyecto de acuerdo, que fue despachado por la Sala al día siguiente y que hoy está sometido al estudio de esta Sala.

Antes de entrar al análisis de la normativa del Acuerdo, me referiré a las limitaciones a la competencia de la Corte Penal Internacional.

En virtud del principio de la irretroactividad de la ley penal, que el Estatuto recoge en una de sus disposiciones, la Corte será competente sólo para conocer de delitos cometidos después de la entrada en vigor de este instrumento.

Para los Estados que lo declaren expresamente, ella sólo podrá conocer de delitos de guerra producidos después de siete años de su vigencia.

Por último, una vez que ella entre en funcionamiento, deberá regirse por el principio fundamental de la complementariedad, según el cual, la Corte no sustituye los tribunales nacionales de los Estados Parte, sino que actúa en ausencia o en subsidio de ellos (artículos 11, Nº 1; 24, Nº 1; 17 a 9 y 124).

En cuanto a la estructura y contenido del Estatuto, debemos decir que éste consta de 128 artículos, divididos en trece Partes, cuyos contenidos fundamentales son, en breve resumen, los siguientes:

La primera parte se refiere a la creación de la Corte como institución permanente, facultada para juzgar personas naturales, mayores de 18 años; establece su vinculación a las Naciones Unidas, pero como órgano independiente de la estructura de dicha organización internacional; determina su sede en la ciudad de La Haya, y le otorga personalidad y capacidad jurídica internacional y jurisdicción en el territorio de los Estados miembros.

En cuanto a su competencia, ella es limitada, únicamente, al juzgamiento de los crímenes de genocidio; de lesa humanidad, de guerra y de agresión, cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto, todos declarados imprescriptibles. Su funcionamiento se regirá por el principio fundamental de la complementariedad, enunciado en el preámbulo del Estatuto y desarrollado en sus disposiciones relativas a la admisibilidad de un asunto sometido a su conocimiento. Según dicho principio, la Corte no sustituirá a los tribunales nacionales, ni será una instancia de apelación de sus resoluciones. Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. No obstante el establecimiento de la Corte, serán los sistemas penales nacionales los llamados prioritariamente a conocer y sancionar las conductas delictivas descritas en este Estatuto. Fundamental es tener presente que este Estatuto no admite reservas.

En su normativa se define lo que debe entenderse por actos de genocidio, por crímenes de lesa humanidad, por ataque generalizado o sistemático contra una población civil y por crímenes de guerra, entendiendo por éstos últimos las infracciones graves de los Convenios de Ginebra, de 1949, aplicables a los conflictos armados internacionales y a los que no son de índole internacional, conforme al artículo 3º, común a dichos Convenios y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables a los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco del derecho internacional. En total, se describen cincuenta actos que pueden significar violaciones de esta normativa.

Quedan incluidos en la competencia de la Corte, los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados. Expresamente se excluyen las situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos similares.

Se establece que los Estados Partes, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y el Fiscal de la Corte son los únicos titulares de la acción penal ante la Corte. A los particulares, víctimas o familiares, no se les otorga acción directa ante la Corte. Asimismo, se señala quienes podrían impugnar la admisibilidad de la causa.

En virtud del principio básico de la cosa juzgada, nadie será procesado en razón de conductas constitutivas de crímenes por las cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte; así como ésta no procesará a nadie que lo haya sido por otro tribunal en razón de hechos constitutivos de los delitos que son de competencia de la Corte, a menos que el proceso en el otro tribunal obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal o el proceso no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial.

La Corte deberá aplicar en sus procedimientos, en orden sucesivo, el derecho internacional siguiente: en primer lugar, el derecho especial aprobado por los Estados Partes en el Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; en segundo lugar, cuando proceda, los tratados, principios y normas de derecho internacional, incluidos los establecidos para los conflictos armados; en tercer lugar, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los principales sistemas jurídicos del mundo, y en cuarto lugar, la propia jurisprudencia de la Corte.

Precisamente, en la Parte III se establece la aplicabilidad por la Corte de los siguientes principios generales de derecho penal: nullum crimen y nulla poena sine lege: no hay delito ni pena sin ley, irretroactividad ratione personae: irretroactividad del Estatuto en relación con las personas; principio pro reo: en caso de ambigüedad de la norma, ella será interpretada a favor de la persona objeto de investigación; responsabilidad penal individual; improcedencia del cargo oficial: el Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna, basado en el cargo oficial, sea la persona Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamentario, entre otros, y tampoco servirá tal condición para reducir la pena; responsabilidad de los jefes y otros superiores, y la presunción de inocencia de la persona investigada, mientras no se pruebe, en derecho, su culpabilidad.

Las causales eximentes de responsabilidad penal corresponden a las generalmente admitidas en el derecho interno de los Estados, tales como enfermedad o deficiencia mental, estado de intoxicación que prive de la capacidad de apreciar la ilicitud o naturaleza de la conducta, defensa propia o de un tercero o acto esencial para realizar una misión militar, y el error de hecho y el de derecho, cuando hacen desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

Más adelante, en la Parte IV, se consideran las normas relativas a la composición y administración de la Corte: sus órganos, los magistrados que lo integran en régimen de dedicación exclusiva, elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, de reconocida competencia en derecho y procedimientos penales, en derecho internacional, tales como el derecho humanitario y los derechos humanos; la Fiscalía, órgano independiente, separado de la Corte, y en las Partes V, VI, VII, VIII y X se regulan la investigación y el enjuiciamiento; se determinan los derechos del acusado; se consignan las normas destinadas a la protección de las víctimas y los testigos que comparezcan en el juicio; se establecen los medios de prueba; las penas que podrá aplicar la Corte, entre las cuales se menciona la reclusión, por no más de 30 años o a perpetuidad, según la gravedad y circunstancias del delito; multas y decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes del delito.

Además, se establece un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias; los recursos de apelación y revisión que se podrán interponer en contra de los fallos dictados por la Corte y la ejecución de las penas.

La Parte IX se refiere la cooperación internacional y la asistencia judicial en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte, entre las cuales cabe destacar la obligación de los Estados de cooperar con la Corte; el deber de los Estados de asegurarse de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación previstas en el Estatuto, entre ellos, para la detención y entrega de personas y la tramitación de solicitudes o la obtención de pruebas, y el principio de la especialidad, en virtud del cual quien haya sido entregado a la Corte no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual fue entregado.

Más adelante, en las partes XI y XII se reglamenta la Asamblea de los Estados Partes y el financiamiento de la Corte.

Las cláusulas finales del Estatuto, dispuestas en la Parte XIII, se refieren a la solución de controversias, que deberán ser resueltas por la propia Corte, por negociaciones o por la Asamblea de los Estados Partes; la no admisibilidad de las reservas; el derecho de todo Estado Parte a denunciar este Estatuto, enmiendas y revisión del Estatuto, firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y entrada en vigor.

En relación con el orden normativo interno, hay que tener presente que este Estatuto tendrá el rango jurídico de ley una vez aprobado y promulgado, de manera que para los efectos del artículo 76 de la Constitución Política es un instrumento jurídico idóneo.

Cabe recordar también que por la vía del tratado nuestro país ha autorizado el establecimiento de otros tribunales internacionales, unos permanentes, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Internacional para la Solución de Diferencias entre un Estado e Inversionistas de otro Estado y los Tribunales Arbitrales, establecidos en el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, de 1984, y en Convenciones sobre Promoción y Protección recíproca de Inversiones.

Los principios de derecho penal aplicables por la Corte y los derechos reconocidos a quienes sean objeto de detención o condena a causa de investigaciones o enjuiciamientos llevados a cabo conforme a este Estatuto, son armónicos con las garantías constitucionales relativas al proceso penal y los derechos de las personas.

En todo caso, el Estatuto es un tratado marco que requerirá de acuerdos complementarios para su plena ejecución, como los instrumentos que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes para establecer los elementos de los crímenes de competencia de la Corte y las reglas de procedimiento y prueba que ella deberá observar, además de otros relativos a la organización y funcionamiento interno de la Corte.

El Estatuto es un instrumento destinado a dar plena aplicación a convenciones internacionales de las cuales Chile es Estado Parte, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, los Pactos Internacionales sobre Derechos Políticos y Civiles, los Convenios de Ginebra, de 1949, y sus Protocolos adicionales; la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Por último, debe tenerse presente que el Estatuto no admite reservas, de manera que no hay más alternativa que aprobarlo íntegramente. A lo más, podría el Gobierno acogerse al artículo 124 para excluir de la competencia de la Corte los delitos de guerra por los primeros siete años de vigencia del Estatuto para Chile.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión acordó proponer a la honorable Cámara que apruebe el artículo único del proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.- Señor Presidente, la aprobación del proyecto de acuerdo dará lugar a un hecho histórico, la ratificación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.

La bancada de la Democracia Cristiana lo aprobará porque es necesario, porque existe un amplio consenso al respecto y porque los delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio no deben quedar impunes. Su comisión debe ser juzgada y condenada por los tribunales correspondientes en el caso de que los tribunales nacionales no lo hagan, como ha ocurrido en algunos países, donde existe impunidad respecto de ellos.

Aprobaremos el proyecto, porque no hay ninguna duda respecto de su constitucionalidad y porque, además, la estructura y contenido del Estatuto concuerdan plenamente con el proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados y que tipifica los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes de guerra y con la modificación del artículo 94 del Código Penal, que los declara imprescriptibles y no amnistiables.

Hemos adecuado nuestra institucionalidad; por ejemplo, hemos declarado imprescriptibles todos los delitos mencionados y hemos modificado el artículo 94 del Código Penal. Asimismo, hemos modificado la parte pertinente de la Constitución Política, donde reconocemos la jurisdicción de los tribunales internacionales, en este caso, de la Corte Penal Internacional. Pero, además, defendemos nuestra soberanía, cuando señalamos que Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal, es decir, este tribunal va a actuar en forma subsidiaria y complementaria de los tribunales nacionales cuando éstos no ejerzan la jurisdicción que les corresponde o sencillamente no actúen de la manera como se les señala.

Por otra parte, acaba de llegar un informe del Tribunal Constitucional, en el que se declara que es absolutamente lícito y constitucional el artículo 44 del proyecto que aprobamos acá. Es decir, éste es un momento histórico. La Cámara de Diputados aprobará el Estatuto de Roma y se ratificará en consecuencia la Corte Penal Internacional; era una deuda y un deber que tenía Chile. Nuestra institucionalidad está adecuada a los fines y objetivos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para perseguir crímenes que se cometen en el mundo.

Para que no queden dudas al respecto, debemos decir que el Estatuto no tiene efecto retroactivo.

Debemos sentirnos satisfechos y honrados de que hoy, por fin, daremos cumplimiento a un compromiso internacional que Chile suscribió hace muchos años, con la aprobación, ojalá por la unanimidad, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, resulta evidente que para el análisis

de un tratado de esta naturaleza deba considerarse la visión que hoy se le da en el ámbito del derecho internacional al concepto de soberanía.

Desde esa perspectiva, el Tratado resulta contrario no sólo a nuestra institucionalidad, sino que también al orden internacional.

Desde la carta de las Naciones Unidas, el criterio que prima, relativo al concepto de soberanía, es el de la igualdad soberana de los estados, en buenas cuentas, la soberanía tiene limitaciones, pero a nivel internacional lo que importa es el reconocimiento de la igualdad entre los Estados.

La Corte Penal Internacional contiene un conjunto no despreciable de normas que ponen en duda la igualdad soberana de los Estados. China, al igual que Rusia y Estados Unidos, tampoco han suscrito el Tribunal Penal Internacional, en estos tres últimos casos, se ha dado fundamentalmente por motivos de cesión de soberanía a un órgano internacional.

El concepto de justicia universal puede consolidar, en lugar de resolver, las injusticias globales. Peor que una justicia internacional incompleta, es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos.

Las razones esgrimidas por los países más poblados, nos permiten concluir que por ahora más de la mitad de la población mundial queda fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, situación que facilita la politización del órgano en cuestión.

En efecto, el hecho de que los ciudadanos de los países más influyentes del mundo queden fuera de la fiscalización de dicho tribunal y que, además, tengan posibilidad de influir en ella a través de su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nos lleva a pensar que no faltarán tentaciones para utilizar el órgano de acuerdo con determinados intereses que se quieran promover. La facultad de suspender cualquier procedimiento judicial llevado a cabo por la Corte, constituye una buena herramienta para lo anterior.

La Corte no ha dicho nada respecto de los presos en Guantámano, en circunstancias de que en estos casos hay evidente denegación de justicia de los Estados Unidos hacia dichas personas. Tampoco se ha señalado nada respecto del Tíbet, China no lo permite; mucho menos sobre la situación de los kurdos en Turquía. No debemos olvidar que Chile tiene bases militares.

Diez diputados de la UDI votaremos negativamente el proyecto, porque el tratado atenta contra la igualdad de los Estados y no estamos dispuestos a ceder soberanía a un organismo extranjero. Además, esto constituye una justicia de los grandes sobre los chicos.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, esta discusión ya se dio con anterioridad, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en esta Sala. Por eso, lamento que a pesar de los años transcurridos, del largo camino andado realizamos, incluyendo la aprobación de la reforma constitucional, todavía tengamos que escuchar -por cierto, legítimo en una democracia- palabras como las que acaba de expresar el diputado Moreira.

Al parecer, no se quiere avanzar en el derecho humanitario y no importa la ocurrencia de crímenes tan graves, como el de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y, con posterioridad, con una definición precisa de agresión.

Lamento que estos diputados, posiblemente indiferentes, no tengan la capacidad de entender que la existencia de una Corte Penal Internacional de estas características, significa precisamente evitar tribunales ad hoc, como los de Nüremberg y de Tokio, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, o los establecidos por lo ocurrido en Yugoslavia y Ruanda, más recientemente.

Precisamente, por esos casos se crea una Corte permanente y profesional, que sólo actúa en forma subsidiaria en los estados que no estén en condiciones de aplicar la justicia cuando se cometan crímenes considerados imprescriptibles.

Que quede claro para el país quiénes entienden que debemos avanzar en el derecho internacional humanitario. Los crímenes más graves, como genocidio, lesa humanidad y de guerra no pueden quedar en la impunidad. Con la aprobación del Estatuto favorecemos la actuación de nuestros tribunales nacionales. Además, no tiene carácter retroactivo.

Pero todavía hay colegas que no son capaces de comprender que la humanidad avanza, afortunadamente, hacia la defensa del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo del derecho humanitario, en un mundo en el que, por desgracia, los conflictos armados y las guerras no han disminuido, sino que subsisten. De ahí la importancia de la creación de la Corte Penal Internacional.

Por eso, es histórico que una vez más en esta Sala podamos levantar nuestra voz para apoyar la existencia de la Corte Penal Internacional y rechazar la impunidad que se dio en ciertas situaciones. Con nuestro apoyo al Estatuto contribuiremos a que no haya más impunidad en el mundo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, de acuerdo con el inciso tercero del Nº 1 del artículo 54 de la Constitución, quiero sugerir la formulación de una reserva o declaración interpretativa, que se refiere al adecuado cumplimiento del artículo 36 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Me interesa dejar claramente establecido -haré llegar el documento a la Secretaría- que Chile mantiene su facultad de aprobar, calificar o dar el visto bueno al adecuado cumplimiento del artículo 36, que tiene que ver con la designación de los 18 jueces del Tribunal.

Como son elegidos por votación secreta, pido que se cumpla cabalmente el artículo 36, Nº 8, letra a), el cual consigna que los Estados parte deben tener en cuenta que en la composición de la Corte haya representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; distribución geográfica equitativa y una representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres.

Como estas son decisiones políticas, fácilmente este artículo puede quedar en letra muerta. Por eso, propongo que se haga esa declaración interpretativa.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra, por dos minutos y medio, la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, Chile es un país pequeño, pero tiene una impronta en el concierto mundial. Tal impronta, en los albores del siglo XIX lo hizo ser "el asilo contra la opresión". Desgraciadamente, durante 17 años se quebrantaron no sólo el estado de derecho, sino que se vulneraron brutalmente los derechos humanos.

Eso nos hace tener una tremenda responsabilidad histórica con este proyecto, en aras de lo que ha ocurrido en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como lo dijo muy bien la diputada Isabel Allende, pudimos apreciar el funcionamiento de tribunales especiales, que tenían el sello inconfundible de los vencedores; por lo tanto, de la falta de objetividad.

Con la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, queremos que en forma subsidiaria conozca de aquellos atropellos brutales que repugnan a la conciencia humana. Es decir, que actúe cuando no haya justicia, sea ignorada o haya colapsado.

Es una verdadera garantía para los acusados. Además, se ha establecido que sólo funcionará hacia el futuro. Su articulado así lo confirma.

Esta discusión y aprobación es histórica, porque pondrá a los derechos humanos por encima de toda otra consideración. Incluso, nuestra Constitución se ha hecho eco de los convenios sobre derechos humanos. Por lo tanto, nos interesa que el Estatuto de Roma sea aprobado ojalá por unanimidad, porque es muy importante para el país en el concierto de las naciones.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA.- Señor Presidente, en un mundo globalizado, cada día tienen mayor importancia los organismos internacionales relacionados no sólo con los tratados de libre comercio, desde el punto de vista económico, sino, también, con el derecho internacional humanitario.

Me asiste la convicción de que en la fortaleza del derecho está la defensa de los débiles. Por eso hoy esperamos que el proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto sea aprobado, en segundo trámite constitucional, tal como lo hizo el Senado, a fin de que nuestro país ratifique la Corte Penal Internacional.

Como lo señaló el diputado informante, este tratado se adoptó el 17 de julio de 1998. Hace más de siete años, esta misma Sala, aprobó la creación de la Corte Penal Internacional. Pero como se indicó aquí, por lo señalado por el Tribunal Constitucional, fue necesario presentar una reforma constitucional para que este importante tratado internacional fuera parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Me parece que no lesiona la soberanía y queda claramente establecido que funcionará sólo cuando los tribunales locales no cumplan su cometido ante los horrendos crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio.

En los últimos años, felizmente hemos visto que nuestros tribunales de justicia están investigando los atropellos a los derechos humanos, en especial los crímenes durante la conmoción interna que sufrió nuestro país.

Pese a ser de dulce y agraz -dulce porque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional será aprobado por la Cámara de Diputados y, de agraz, porque no puedo dejar de señalar que han pasado más de siete años para que pueda convertirse en ley de la república-, su aprobación permitirá ratificar el tratado que hará que nuestro país se sume al concierto de la naciones para que se respeten los derechos humanos, y cuando se transgredan, serán los tribunales nacionales los que operarán para suministrar justicia. Si por cualquier circunstancia no ocurriere, se entregarán los antecedentes a la Corte Penal Internacional.

La ratificación del acuerdo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dejará a nuestro país en buen pie para exigir que cada día más se respeten los derechos humanos en el mundo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, me alegra que Chile ratifique el Estatuto de Roma.

Nuestro país ha sido contradictorio. En su historia ha tenido muchas aperturas y ésta se ha enriquecido producto de los corrientes de pensamiento universales de los siglos XIX y XX, en aspectos claros y oscuros. ¡Para qué decir en el caso de los modelos económicos! Sin embargo, nos hemos demorado en aprobar este tratado que constituye un avance gigantesco para la humanidad.

En otras cosas, seguimos atrasados. Por ejemplo, en la modernización del Servicio Electoral y en la consideración de las minorías. Además, el centralismo del siglo XIX y el atraso en aspectos institucionales y jurídicos, hablan de manera inequívoca de nuestro rezago de cara al Bicentenario.

Sin embargo, pararnos frente al mundo como un país que no sólo es el campeón de los tratados de libre comercio, sino también de los derechos humanos y del respeto universal a los derechos humanos y en la persecución de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, ocurran donde ocurran, y vengan de donde vengan, es algo que va a enaltecer a nuestra patria.

Por lo tanto, damos nuestro respaldo y confianza a que en un momento más, unánimemente, la Cámara de Diputados dé ese paso trascendental para Chile.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, en la sesión del 20 de mayo, dijimos que, al aprobar el Estatuto de Roma asegurábamos un mundo con más respeto a los derechos humanos.

Asimismo, dábamos mayor seguridad jurídica y garantía para que, en lo interno, las democracias y los países suscriptores del tratado, sean más respetuosos de los derechos de las personas.

Por lo tanto, estamos contribuyendo a construir un mundo mejor y más estable para las futuras generaciones.

Sin embargo, no podemos olvidar que, para llegar a este momento, han debido transcurrir más de diez años. Hubo cuestionamientos constitucionales, negociaciones, discusiones y precisiones para llegar a un acuerdo que consistió en una reforma constitucional que introdujo un artículo 24 transitorio, nuevo, que señala una serie de precisiones jurídicas y conforme a las cuales hemos concurrido favorablemente tanto a aprobar dicha reforma como este proyecto de acuerdo.

Entendemos que, conforme al texto de la reforma constitucional, no hay razones políticas ni jurídicas que permitan rechazar este proyecto de acuerdo. Nos parece que no se está violentando ni arrebatando la soberanía, como se ha dicho, sino que voluntariamente se está cediendo parte de nuestra jurisdicción para casos específicos y concretos, como son los delitos atroces, de manera subsidiaria.

Pedí la palabra para hacer presente que, cuando concurrimos con nuestro voto favorable, lo hacemos sobre la base de que el proyecto de acuerdo está circunscrito a la reforma constitucional que aprobamos el 20 de mayo en esta Sala y que hoy es ley de la república.

Aunque algunos han estimado innecesaria esta precisión, he querido hacerla, puesto que el artículo único del proyecto de acuerdo dice pura y simplemente: "Apruébase el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.". Por ello creo que esta precisión es importante.

Reitero, el Tratado nos parece un avance en un mundo civilizado. Por lo tanto, votaremos favorablemente este proyecto de acuerdo. He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, brevemente, quiero señalar que la aprobación del proyecto de acuerdo en discusión constituye un acto muy relevante, porque con esta decisión Chile se va a poner a la altura de las circunstancias y de sus responsabilidades con la comunidad internacional.

Más de cien países son partes de este Tratado, que tiene como uno de sus propósitos más relevantes, asegurar y garantizar justicia en materia de derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales. Ése es el sentido y la trascendencia de aprobar el Estatuto de Roma.

Siento que había una deuda para con nuestra historia y con la comunidad internacional. Por lo tanto, también para con la imagen de Chile fuera de sus fronteras. Esta decisión estaba pendiente desde hace una década.

Desde esa perspectiva, hay que transmitir -después de largas conversaciones, negociaciones y construcción de acuerdos- que Chile se pone al día y paga su deuda. Sin duda, quienes ya concurrimos con nuestra decisión y nuestro voto, vamos a aprobar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado que crea la Corte Penal Internacional.

Asumimos la responsabilidad que el Congreso Nacional tiene con la historia de Chile. No solamente con nuestro pasado, ni con lo que ocurrió en Chile, sino con formar convicción profunda respecto de la responsabilidad del país para mantener vigentes las obligaciones con la comunidad internacional respecto del respeto por los derechos humanos en Chile y en el mundo.

No era comprensible para la comunidad internacional que Chile aún no hubiera resuelto favorablemente su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Por lo tanto, los socialistas vamos a apoyar esta decisión. Nos alegramos de que la Presidenta Bachelet logre materializarla.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente.- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, voy a fijar la postura de nuestra bancada.

La incorporación de Chile al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es una muy buena noticia.

Renovación Nacional, tanto por lo establecido en el programa de nuestro candidato presidencial, Sebastián Piñera, como por el trabajo de nuestros senadores, encabezados por Sergio Romero, y nuestros diputados, va a aprobar este acuerdo internacional.

Nos parece que autorizar al Estado de Chile a entregar competencia a la Corte Penal Internacional reitera la voluntad de hacer justicia en nuestro país, además de ser coherente con nuestro pensamiento político.

Quiero destacar dos aspectos que, a juicio de Renovación Nacional, son sustantivos en esta materia. Primero, el Estatuto no tiene un efecto retroactivo. Solamente se van a juzgar delitos que se cometan después de su vigencia. Es importante consignarlo. ¿Por qué? Porque el futuro está asociado a muchos fenómenos que tienen que ver con una nueva visión, más integral, de los derechos humanos en el mundo.

En segundo lugar, la Corte Penal Internacional no reemplaza a los actuales tribunales de justicia ni su competencia. Sólo va a actuar en la medida que nuestros tribunales no sean capaces o no ejerzan su rol en violaciones de los derechos humanos.

A nuestro juicio, el ingreso de Chile a la Corte Penal Internacional es una importante señal, porque la dimensión actual de los derechos humanos se relaciona con delitos como el genocidio, los crímenes de guerra, el terrorismo - que ha ido creciendo, por ejemplo, grupos que, de pronto, toman bajo las armas a territorios enteros en el mundo-; como también con personas que pueden sentir que sus derechos han sido vulnerados con el uso y abuso de las armas.

Para Renovación Nacional, hoy es un día importante que nos habla del respeto, de la dignidad, de un país que es parte del concierto internacional y en el cual no podemos estar ajenos ni exentos de participar con fuerza.

Por esa razón, nuestra bancada, por unanimidad, va a aprobar -tal como actuó Renovación Nacional en el Senado- el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Corte Penal Internacional.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, parece increíble que nos hayamos demorado tanto en aprobar el Estatuto de Roma, por cuanto, simplemente, recoge la conciencia que cada vez más ha adquirido la humanidad, en el sentido de que hay que condenar ciertos delitos, muy claramente tipificados; no de varios delitos que nos puedan preocupar, en relación con las atribuciones de nuestros tribunales. Hablamos de la ejecución de delitos graves, de crímenes de guerra -establecidos en los Convenios de Ginebra-, de genocidio, con el fin de destruir a grupos nacionales, por razones étnicas o religiosas; hablamos de delitos de lesa humanidad que implican ataques generalizados a poblaciones civiles; en definitiva, hablamos de delitos brutales. ¿Y qué ha ocurrido cuando el mundo ha enfrentado la comisión de ese tipo de delitos? Ha constituido tribunales ad hoc que, obviamente, así como en Nuremberg, Yugoslavia o Ruanda, no son suficientemente objetivos. En cambio, ahora, la Corte Penal Internacional se va a dedicar en forma muy objetiva a sancionar a quienes hayan cometido esos delitos.

Eso no afectará la soberanía del país, en la medida que nuestros tribunales cumplan su función y competencia, incluso, se establece claramente que es deber de cada estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes de esta naturaleza. Por consiguiente, en nada afecta a nuestra soberanía. Es un avance.

Insisto en que la competencia de la Corte Penal Internacional solamente se refiere a esos delitos. Esto, además, perfecciona nuestra legislación, en el sentido de que ahora esos delitos han sido tipificados en nuestra ley penal; son imprescriptibles y todo lo que aprobemos acá rige para el futuro.

Realmente, es un avance que debemos apoyar; por eso, la bancada del PPD aprobará el proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el tiempo de la bancada Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio el voto favorable de la bancada PRI-Independiente a este proyecto. Con su aprobación, se termina un largo proceso que el país empezó hace algunos años. Días atrás, la Cámara, aprobó la tipificación y sanción de delitos de lesa humanidad y, hoy, con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, avanzamos en la protección jurídica de los derechos humanos. Así el país puede ingresar plenamente a la Corte Penal Internacional.

Nos habría gustado que eso se hubiere determinado desde el primer momento, pero las circunstancias políticas e históricas no lo permitieron. Lo importante es que hoy Chile está dando una muestra concreta de su apego al respeto a derechos humanos, al señalar que en el país va a haber protección jurídica en el caso de que algún chileno o chilena sea víctima de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, cuando nuestro Poder Judicial no pueda actuar o lo haga en forma inadecuada.

Con esta ratificación, de una vez por todas, ingresamos a las grandes ligas jurídicas internacionales, ya que ésta es una aspiración muy sentida de toda la comunidad de naciones, donde hoy se aprecia nuevamente la protección que se está dando a los derechos humanos. Los derechos humanos pasaron a ser un tema prioritario en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el tribunal de Nuremberg. A partir de esa experiencia, se fue gestando la Corte Penal Internacional que, en la actualidad, asegura protección jurídica a todos los habitantes en cuanto a delitos de guerra y de lesa humanidad.

Felicito el esfuerzo de la Presidenta Michelle Bachelet por sacar adelante este proyecto, el cual esperamos sea aprobado unánimemente por la Sala.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.

El señor SULE.- Señor Presidente, con el regreso de la democracia el país volvió a legitimarse en la comunidad internacional. Incluso, se convirtió en un referente económico para muchos países. Sin embargo, en el ámbito de los derechos humanos, de no ser por las iniciativas que hemos aprobado en los últimos meses, nos habríamos mantenido prácticamente al margen.

Por eso, a ojo de cualquier ciudadano consciente, se hace impostergable la aprobación legislativa del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para su ratificación. Claramente, este trámite se dificultó por la negativa de la Derecha que consideró que se estaría entregando parte de nuestra soberanía a una instancia extranjera.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡No es verdad!

El señor SULE.- Decir eso es no entender la política global que hoy impera en el mundo entero, ni comprometerse con la defensa universal de los derechos humanos -que también son universales-; más aún cuando nuestro propio Tribunal Constitucional la ha reconocido como legítima y constitucional.

Más pareciera que esta negativa de algunos parlamentarios se origina de un profundo temor atávico proveniente, en algunos casos, de sus años de contemplaciones -por decir lo menos- con una dictadura, amén de una evidente ceguera de cómo opera un mundo globalizado.

En nombre de la bancada radical reafirmo nuestro compromiso de estar siempre por la defensa de los derechos humanos; por ello, votaremos a favor de este proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.

El señor SILBER.- Señor Presidente, estamos frente a un acto histórico y de ejercicio de la soberanía.

Durante el estudio del proyecto hemos contado con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Presidencia.

Hoy se aprobará el proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma gracias a un acuerdo con la Alianza. Hay que decir que hubo mucho debate; obviamente, polémica y resguardos; sin embargo, reitero, estamos frente a un acto importante, porque traspasamos soberanía hacia los ciudadanos, quienes, en el futuro, no solamente podrán ejercer sus derechos ante los tribunales nacionales, sino también, de manera complementaria, demandar justicia ante la Corte Penal cuando se trate de delitos calificados que, por su gravedad, requieran ser justiciables.

Quiero hacer especial mención al artículo 38, Nº 8, respecto del cual, estamos ciertos, el Gobierno hará particular precisión y estará atento a su cumplimiento.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro José Antonio Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, sólo quiero agradecer a todos los diputados que, durante un largo período, nos han acompañado hasta llegar a la aprobación -esperamos- de este tratado.

En nombre del Gobierno, celebramos estos consensos; nos parecen muy útiles para el país y ésta será, sin duda, una mañana histórica para la defensa de los derechos humanos y también para nuestra política exterior.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, con toda franqueza y mucho cariño, le digo al diputado Sule que yo anuncié el respaldo unánime de la bancada de Renovación Nacional; por lo tanto, no es cierto lo que ha dicho respecto de la Derecha.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, para cuya aprobación se requieren 69 votos afirmativos, por contener disposiciones de ley orgánica constitucional.

Dejo constancia, porque no se ha pedido un pronunciamiento de la Sala, que el señor Cardemil y otros diputados han sugerido reserva.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Egaña Respaldiza Andrés; Kast Rist José Antonio; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ulloa Aguillón Jorge; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Cardemil Herrera Alberto.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto.

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio de aprobación de Proyecto sin modificaciones Fecha 17 de junio, 2009. Cuenta en Sesión 28, Legislatura 357. Senado

Oficio Nº 8167
VALPARAISO, 17 de junio de 2009.

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, al proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998(boletín Nº 6560-10).

pog/pvw
S.43ª

Hago presente a V.E. que el proyecto de acuerdo fue aprobado con el voto a favor de 79 Diputados, de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en los inciso segundo y tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 498/SEC/09, de 10 de junio de 2009.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la
Cámara de Diputados

3. Trámite Tribunal Constitucional

3.1. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 18 de junio de 2009

Nº 547/SEC/09
Valparaíso, 18 de junio de 2009.

A S.E. el Presidente del Excelentísimo Tribunal Constitucional

Tengo a honra transcribir a Vuestra Excelencia el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, correspondiente al Boletín Nº 6.560-10.

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

- - -

Habiéndose cumplido con lo prescrito en el número 1) del artículo 54 de la Constitución Política de la República, informo a Vuestra Excelencia que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día 17 de junio en curso, al darse cuenta del oficio Nº 8.167, de esta misma fecha, mediante el cual la Honorable Cámara de Diputados comunica a esta Corporación que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado en los mismos términos en que lo hizo el Senado.

Asimismo, comunico a Vuestra Excelencia que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general, cuanto en particular, con el voto favorable de 28 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en los artículos 54, número 1), y 66, incisos segundo y tercero, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que, en segundo trámite constitucional, aprobó el proyecto de acuerdo con el voto favorable de 79 señores Diputados, de 120 en ejercicio dando así cumplimiento a lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad acerca del proyecto no se acompañan las actas respectivas.

En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 93, Nº 1º, de la Carta Fundamental, me permito enviar el proyecto de acuerdo a ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada.

Acompaño copia del Mensaje Nº 521-357, de S.E. la Presidenta de la República, de 8 de junio de 2009, y de los oficios números 498/SEC/09, del Senado, de 10 de junio en curso, y 8.167, de la Honorable Cámara de Diputados, de 17 de junio de 2000.

Asimismo, adjunto copia del oficio número 495/SEC/09, a la Excelentísima Corte Suprema, de 9 de junio de 2009, mediante el cual se recaba su opinión en relación con esta iniciativa, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, Nº 7, del Reglamento del Senado.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

3.2. Oficio de Corte Suprema a Cámara Revisora

Oficio de Corte Suprema. Remite opinión solicitada. Fecha 19 de junio, 2009. Cuenta en Sesión 29, Legislatura 357.

Oficio Nº 157
INFORME PROYECTO LEY 45-2009

Antecedente: Boletín Nº 6560-05

Santiago, 19 de junio de 2009.

Por oficio Nº 495/SEC/09, de fecha 9 del actual, el Presidente del H. Senado de la República requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional".

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto, en sesión de esta fecha presidida por su titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Juica, Segura, Oyarzún, Ballesteros y Muñoz, señora Herreros, señores Dolmestch, Araya, Valdés y Carreño, señora Araneda, señores Brito y Silva, señora Maggi y el Ministro Suplente señor Torres, acordó informarlo favorablemente, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR PRESIDENTE H.SENADO DE LA REPÚBLICA VALPARAISO

Con fecha 12 de junio de 2009 se recibió Oficio Nº 495/SEC/2009, del Presidente del H. Senado, solicitando informe respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (Boletín Nº 6560-1 0) adoptada en dicha ciudad el 17 de julio de 1.998 y entró en vigor el 1º de julio de 2.002, de conformidad con lo previsto en el artículo 126.1 deL mismo tratado.

El Tratado ingresó a la H. Cámara de Diputados el 6 de enero de 1999. Sin embargo, el año 2002 se presentó en su contra, por parte de 35 diputados, un requerimiento de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el entonces artículo 82 Nº 2 de la Carta Fundamental.

El Tribunal Constitucional dictó sentencia el 8 de abril de 2.002 (Rol Nº 346), acogiendo el requerimiento y declarando que para la aprobación del Estatuto de Roma por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Presidente de la República se requería de reforma constitucional previa.

El aludido Tribunal estimó que de aprobarse el Tratado: "quedaría sin sentido, parcialmente, e! Capítulo XIV de la Ley Fundamental sobre Reforma de la Constitución, si por la vía de los tratados internacionales sobre derechos humanos se pudiera enmendar su texto. Llegaríamos al absurdo que mediante el quórum simple podría modificarse la Carta Política que exige el quórum de tres quintos o de dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según sea la materia que se reforma" (considerando 700).

Por su parte, esta Corte se pronunció sobre el proyecto de acuerdo el 27 de abril de 1999 (Oficio Nº 441), al ser recabada, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la H. Cámara de Diputados, su opinión "sobre el alcance que para el orden normativo Interno tiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional."

A raíz del debate generado con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional, en la reforma de la Carta Fundamental publicada en el Diario Oficial de 26 de agosto de 2005 (Ley Nº 20.050) se modificó el entonces numeral 1) del artículo 50 de la Constitución (hoy artículo 54 Nº 1), referido a las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de aprobación de los tratados internacionales. La antigua disposición constitucional establecía que la aprobación de un tratado se sometería a los trámites de una ley, mientras que la actual dispone: "La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley."

Cabe hacer presente que, recientemente, el 30 de mayo de 2.009, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.352, de Reforma Constitucional, que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Dicha ley consta de un artículo único que introdujo una disposición transitoria VIGESIMOCUARTA, nueva, en la Constitución. Dicha disposición es del siguiente tenor:

"VIGESIMOCUARTA. El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Pena! Internacional en los términos previstos en e! tratado aprobado en la ciudad de. Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre e! establecimiento de dicha Corte.
Al efectuar ese reconocimiento, Chile rea firma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaría de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Pena! Internacional.
La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como ¡os procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena

La jurisdicción de la Corte Penal internacional, en los términos previstos en su estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma".

El proyecto de acuerdo, sometido en esta oportunidad a la opinión de esta Corte ingresó a primer trámite constitucional al H. Senado el 9 de junio del presente año, pasando a la Comisión de Relaciones Exteriores de dicha Cámara.. El 11 de junio ingresó, en segundo trámite constitucional, a la. H. Cámara de Diputados, pasando, a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Cabe hacer presente, como se consigna en el Mensaje, que una vez acogido el requerimiento por el Tribunal Constitucional se suspendió la tramitación del proyecto de acuerdo y una vez salvados los obstáculos para la aprobación del Estatuto el Ejecutivo reactivó su tramitación en el H. Senado. Sin embargo, al discutirse el proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores se plantearon dudas sobre la validez de lo obrado en la H. Cámara de Diputados antes de la reforma constitucional de 30 de mayo de 2009, por lo que se decidió retirar dicha iniciativa (que tenía asignado el Boletín Nº 2293-10) y presentar una nueva del mismo tenor, que es la que se analiza en este informe.

Contenido del Estatuto

El Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene trece partes, con un total de 128 artículos:

La Parte I se refiere al establecimiento de la Corte.

La Parte II regula la competencia de la Corte, (a que se limita a "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto". El artículo 5º se refiere a la competencia para conocer del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, lo que están tipificados en los artículos 6 a 8.

La parte III se refiere a los principios generales de derecho penal, tales como "nullum crimen sine lege", "nulla poena sine le ge", "irretroactívidad ratione personae", "responsabilidad penal individuaf', entre otros.

La Parte IV regula la composición y administración de la Corte y la V, la investigación y el enjuiciamiento.

La parte VI regula el juicio, el que se celebrará en la sede de la Corte, a menos que se decida otra cosa (articulo 62).

La Parte Vil se refiere a las penas. Al respecto, el artículo 80 establece que "nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de ¡as penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte".

En la Parte VIII se consagra el régimen de impugnación: la apelación del fallo condenatorio o absolutorio de la pena y a la revisión del fallo condenatorio o de la pena.

La parte IX se refiere a la cooperación internacional y la asistencia judicial; la Parte X, a la ejecución de la pena; la Parte Xl, a la Asamblea de los Estados Partes; y la Parte XII a la financiación.

Es pertinente señalar que el artículo 120 del aludido tratado dispone "No se admitirán reservas al presente Estatuto", con lo cual impone, en la discusión del mismo, que dicho cuerpo normativo puede ser aprobado o rechazado en su integridad, sin que sea posible impugnar su articulado.

Opinión Final

Esta Corte Suprema analizó, en primer lugar, si correspondía emitir un nuevo informe sobre la materia, en atención a que el mismo proyecto de Acuerdo había sido informado por este Tribunal el 27 de abril de 1999 a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados por Oficio Nº 0441. Como con motivo del fallo del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 2002 se necesitaba para su aprobación por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Presidente de la República de una reforma constitucional previa, se dictó la Ley Nº 20.352 (D.O. de 30/05/2.009) de Reforma Constitucional, que agregó la disposición Vigésimocuarta a la Carta Fundamental que autorizaba al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; y, del mismo modo, como el Ejecutivo reformuló toda la tramitación del tratado en análisis para evitar problemas formales en su tramitación, se llegó a la conclusión de que era necesario emitir un informe específico sobre la materia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la Constitución Política de la República. Parece necesario agregar, además, que en el informe anterior de esta Corte en verdad no hay ninguna declaración explícita acerca de su aprobación o rechazo, toda vez que sólo se transcribieron tres opiniones de distintos ministros, ninguna de las cuales podría estimarse mayoritaria para formar una decisión definitiva.

En este entendido, cree este Tribunal que ante la imposibilidad de formular reservas al Estatuto en' cuestión sobre aspectos particulares del proyecto y porque con la reforma constitucional antes citada se resguarda suficientemente la jurisdicción nacional en lo que se refiere al carácter subsidiario de las normas del tratado en relación a esta potestad, y atendida la irretroactividad que asegura dicho cuerpo normativo, éste puede ser informado positivamente, en atención a las situaciones gravísimas y excepcionales que trata de precaver dicho tratado en aras del Derecho Internacional Humanitario y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 5º de la Carta Fundamental, en cuanto a que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

El presente informe se emite con los votos en contra del señor Presidente y de los Ministros señor Valdés y señora Araneda, quienes estiman que no corresponde que la Corte Suprema se pronuncie sobre este tratado en virtud de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.818, sobre la base de las mismas razones consignadas en este sentido respecto de la materia en el oficio Nº 441, de 17 de abril de 1999, y por cuanto, a su juicio, la reforma introducida al actual Nº 1 del artículo 54 de la Carta Política no innovó en la materia, desde el instante que solamente se refirió a los quórum con que debe ser aprobado un tratado en cada

Cámara del Congreso Nacional y porque el control de La legitimidad de los tratados compete al Tribunal Constitucional de acuerdo con el Nº 1 del artículo 93 el mismo cuerpo constitucional.

Se previene que el Ministro señor Muñoz estuvo por expresar, además, que cualquier contradicción entre el Tratado y el ordenamiento interno, incluido el constitucional, debe entenderse salvado interpretando el ordenamiento interno a la luz del tratado y no al revés.

Se previene además que los Ministros señores Ballesteros y Valdés, acordado que fue informar el proyecto, estuvieron por hacerlo favorablemente considerando únicamente la circunstancia que la reforma constitucional al parecer resguarda suficientemente la jurisdicción nacional, en lo que se refiere. al carácter subsidiario de las normas del tratado en relación a esta potestad y a la irretroactividad que asegura dicho cuerpo normativo; pero sin compartir la parte final que dice "en atención a las situaciones gravísimas y excepcionales que trata de precaver dicho tratado en aras del Derecho Internacional Humanitario y de conformidad además, con lo dispuesto en el artículo 5º de la Carta Fundamental, en cuanto a que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derecho esenciales que emanan de la naturaleza humana,"

Cabe consignar finalmente que se acordó emitir el presente informe pese a que, según se ha tomado conocimiento, los antecedentes ya fueron despachados por el Parlamento y remitidos por éste al Tribunal Constitucional, en circunstancias que el presente requerimiento de informe fue recibido en esta Corte Suprema tan sólo el día 11 del actual.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar. Saluda atentamente a VS

Urbano Marín Vallejo
Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza
Secretaria

3.3. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Remite sentencia solicitada. Fecha 24 de junio de 2009. Cuenta en Sesión 29, Legislatura 357.

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil nueve. VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que por Oficio Nº 547/SEC/09, de 18 de junio de 2009, el Senado ha enviado el proyecto aprobatorio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 93, inciso primero, Nº 1, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respectivo;

SEGUNDO.- Que el artículo 93, inciso primero, Nc 1, de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal ejercer el control de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de ley orgánica constitucional, antes de su promulgación;

TERCERO.- Que en sentencia de fecha ocho de abril de dos mil dos, recaída en los autos Rol Nº 346, este Tribunal Constitucional resolvió "que el Tratado que contiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, materia de estos autos, para su aprobación por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Presidente de la República, requiere de reforma constitucional previa";

CUARTO.- Que, observando lo decidido por esta Magistratura en la sentencia antedicha, la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.352, publicada en el Diario Oficial el treinta de mayo de dos mil nueve, introdujo en la Carta Fundamental una Disposición Vigésimocuarta Transitoria, nueva, que en su inciso primero dispone lo siguiente: "El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha corte"

QUINTO.- Que, en consecuencia, habiéndose pronunciado el Poder Constituyente Derivado en los términos indicados por el precepto constitucional transcrito, este Tribunal constata que el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Boletín Nº 6.560-10, sometido a control, es constitucional, y VISTO, ADEMÁS,

Lo dispuesto en el articulo 93, inciso primero, Nº 1 y Disposición Vigesimocuarta Transitoria de la Constitución Política de la República, asi como en las normas pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA: que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, no contiene normas orgánico constitucionales contrarias a la Constitución.

Se previene que la Ministra señora Marisol Peña Torres concurre a la decisión adoptada por la sentencia, pero que no comparte las consideraciones que le sirven de fundamento teniendo, en cambio, en su lugar las siguientes:

PRIMERO.- Que por Oficio Nº 547/SEC/09, de 17 de junio de 2009, el Senado ha remitido a este Tribunal el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo único señala: "Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998";

SEGUNDO.- Que en el mismo oficio aludido precedentemente, se precisa que, "de acuerdo a lo establecido en el articulo 93, Nº 1, de la Carta Fundamental, me permito enviar el proyecto de acuerdo a ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada";

TERCERO.- Que el articulo 93, inciso primero, Nº 1, de la Carta Fundamental, indica que: "Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación".

CUARTO.- Que, al invocar la competencia conferida a esta Magistratura por la norma constitucional antes transcrita, esta previniente entiende que el Senado le ha solicitado que controle, en forma preventiva, las disposiciones del Estatuto de Roma que se refieran a materias de ley orgánica constitucional y no todo el Tratado, pues, en Chile, el Constituyente ha reservado el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de los tratados internacionales sólo a las normas que tengan la referida naturaleza. En este aspecto, la opción del Constituyente chileno difiere de la adoptada por sus similares de España (Art. 95.1 de la Constitución) y de / Colombia (Art. 241.10 de la Constitución), entre otros;

QUINTO.- Que, en este sentido, es necesario recordar que el control preventivo de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre disposiciones de ley orgánica constitucional fue introducido por la reforma constitucional de agosto de 2005, materializada a través de la Ley Nº 20.050, sobre la base de lo que la propia jurisprudencia de este Tribunal habla ido afirmando, por ejemplo, en la sentencia Rol Nº 309, de 4 de agosto de 2000.

Explicando el sentido de esta modificación constitucional, el ex Ministro de este Tribunal, don Eugenio Valenzuela Somarriva, intervino en el debate suscitado durante el primer trámite constitucional de esa reforma en el Senado, expresando que ella obedecía a la idea de "darle armonía a la Constitución, ya que no requiera de los cuatro séptimos de los miembros en ejercicio del Parlamento y que una norma de la misma naturaleza, de las mismas características e incluso de idéntico contenido, si está en un tratado, requiera de quórum simple. Por tanto, es necesario que los tratados que contienen materias orgánico-constitucionales sean aprobados con el quórum propio de estas leyes y, para mantener la coherencia con el sistema que establece la Constitución, se sujeten al control preventivo obligatorio del Tribunal en los mismos términos que las leyes orgánicas constitucionales y las que interpretan la Constitución". (Emilio Pfeffer Urquiaga. Reformas Constitucionales 2005. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p. 376);

SEXTO.- Que en el oficio del Senado a que se refiere el considerando primero de esta prevención se indica que, en lo que respecta a los quórum del proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma, se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el articulo 66, incisos segundo y tercero, de la Constitución Política, el primero de los cuales alude, precisamente, a las normas legales a las cuales la Carta Fundamental confiere el carácter de ley orgánica constitucional;

SÉPTIMO.- Que, en consecuencia, el proceso de aprobación en Chile del Estatuto de Roma, posibilitado por la reforma constitucional operada por la ley Nº 20.352, que incorporó la Disposición Vigésimo --Cuarta Transitoria a la Ley Suprema, ha debido realizarse conforme a las reglas generales de incorporación de un tratado internacional al ordenamiento jurídico interno que, luego de su firma por el Presidente de la República (Art. 32 Nº 15 de la Constitución), exige que sea aprobado o desechado por el Congreso Nacional (Art. 54 Nº 1) de la Constitución) y sometido, antes de su promulgación, al control preventivo y obligatorio de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional

OCTAVO.- Que, a juicio de esta Ministra previniente, no es posible extraer otra conclusión de lo preceptuado por la aludida Disposición Vigésimo Cuarta Transitoria de la Constitución, cuyo inciso primero, establece que: "El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte".

La utilización de la voz "podrá" denota la intención del Constituyente de dejar la decisión de aprobar el Estatuto de Roma confiada a los órganos pertinentes del Estado cuya intervención resulta necesaria para que éste tenga vigencia en el orden interno.

Asimismo, debe recordarse que esta misma fórmula preceptiva ha sido la utilizada por los demás Estados "que, al igual que Chile, han debido modificar su ordenamiento constitucional para posibilitar la ratificación del Estatuto de Roma. Asi, la reforma constitucional francesa, de 1999, incorporó un articulo 53-2 a la Ley Fundamental que reza: "La República podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en las condiciones previstas por el Tratado firmado el 18 de julio de 1998". Portugal, entretanto, modificó su Constitución en el año 2001, incorporando en su articulo 7º un nuevo número 7º, que dispone: "Portugal puede, teniendo en vista la realización de una justicia internacional que promueva el respeto de los derechos de la persona humana y de los pueblos, aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, en las condiciones de complementariedad y demás términos establecidos en el Estatuto de Roma". Finalmente, Irlanda reforma su Constitución, en el año 2002, adicionando a su articulo 29 una disposición que prescribe: "El Estado puede ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional suscrito en Roma el 17 de julio de 1998".

A su vez, la circunstancia de que el inciso primero de la Disposición Vigésimo cuarta Transitoria de la Constitución sujete el reconocimiento, por nuestro Estado, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a "los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998" implica, como natural consecuencia, que la aprobación del aludido tratado ha de tener en cuenta que, de conformidad con su articulo 120, éste no admite reservas, por lo que, en caso de que el Congreso Nacional no estuviera de acuerdo con alguna de sus normas o el Tribunal Constitucional constatara alguna inconstitucionalidad, sólo cabria rechazar el tratado;

NOVENO.- Que de todo lo expresado se deduce que este Tribunal no puede excusarse de ejercer la competencia que le confiere el articulo 93, inciso primero, Nº 1, de la Constitución, en los términos señalados en ese precepto, ejercicio que resulta ineludible para que el Estatuto de Roma, como cualquier otro tratado internacional, pueda entrar en vigencia en el orden interno de nuestro Estado;

DÉCIMO.- Que, en consecuencia, a juicio de la Ministra previniente, esta Magistratura se encuentra compelida a identificar las normas del Estatuto de Roma que son propias de ley orgánica constitucional, pese a no haberse indicado nominativamente, en el oficio remitido por el Senado, a fin de ejercer el control preventivo de constitucionalidad de las mismas;

DECIMOPRIMERO.- Que, asi, y en concepto de la Ministra que suscribe esta prevención, tienen este carácter las disposiciones contenidas en los siguientes artículos del Estatuto de Roma:

Artículo 1
Artículo 4
Artículo 8
Articulo 11
Articulo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 44
Artículo 58
Artículo 59
Artículo 70
Artículo 77
Artículo 78
Artículo 80
Artículo 86
Artículo 87
Artículo 89
Artículo 90
Artículo 92
Artículo 93
Articulo 94
Artículo 95
Artículo 97
Artículo 98
Artículo 101
Artículo 103
Artículo 104
Artículo 105
Articulo 107
Articulo 108
Articulo 109
Articulo 110
Articulo 111, y
Articulo 119.

Lo anterior, debido a que todas ellas se refieren a las materias indicadas en el articulo 77 de la Constitución, cuyos incisos primero y segundo precisan:

"Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercicio la profesión de abogado las personas que fueren nombradas Ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

DECIMOSEGUNDO.- Que, asimismo, tienen carácter las siguientes normas del Estatuto de Roma:

Articulo 14
Articulo 15
Articulo 18
Articulo 19
Articulo 42
Articulo 44
Articulo 53
Articulo 54
Articulo 86
Articulo 87
Articulo 93
Articulo 94
Articulo 95
Articulo 97
Articulo 98, y
Articulo 99.

Lo anterior, debido a que todas ellas se refieren a las materias indicadas en el artículo 84 de la Constitución que indica:

"Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo";

DECIMOTERCERO.- Que consta en autos que las normas a que se ha hecho referencia en los dos considerandos que preceden, han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del articulo 66 de la Carta Fundamental; que sobre ellas no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad y que, también, se ha evacuado el informe de la Corte Suprema a que se refiere el inciso segundo del articulo 77 de la Ley Suprema;

DECIMOCUARTO.- Que las disposiciones del Estatuto de Roma que tienen carácter de ley orgánica constitucional y a que se ha hecho alusión no son contrarias a la Constitución Política de la República, teniendo presente, especialmente, el texto de la

Reforma incorporada a la Disposición Vigesimocuarta Transitoria de la Constitución y el Informe de la Excma. Corte Suprema, de 19 de junio de 2009, que afirma que "con la reforma constitucional antes citada se resguarda suficientemente la jurisdicción nacional en lo que se refiere al carácter subsidiario de las normas del tratado en relación a esta potestad, y atendida la irretroactividad que asegura dicho cuerpo normativo, éste puede ser informado positivamente (...)";

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y la prevención, su autora.

Rol Nº 1415-09

Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, don Juan Colombo Campbell, y los Ministros señores José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander.

Autoriza el Secretario del Tribunal, señor Rafael Larraín Cruz.

4. Trámite de Finalización: Senado

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.

Oficio de Ley a S. E la Presidenta de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 25 de junio de 2009

Nº 558/SEC/09
Valparaíso, 25 de junio de 2009.

A S.E. la Presidenta de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.".

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Excelentísimo Tribunal Constitucional comunicó, por medio del oficio Nº 3.194, de fecha 24 de junio de 2009, que en el rol Nº 1.415-2009 ha declarado que el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, correspondiente al Boletín Nº 6.560-10, sometido a su control, es constitucional.

Acompaño copia de la sentencia.

- - -

En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, número 1º, de la Constitución Política de la República, corresponde a Vuestra Excelencia promulgar el proyecto de acuerdo anteriormente transcrito.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Decreto Nº 104

Tipo Norma: DECRETO 104

Fecha Publicación: 01-08-2009

Fecha Promulgación: 06-07/2009

Organismo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Título: PROMULGA EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Tipo Versión: Única De: 01-09-2009

URL: http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1004655&idVersion=2009-09-01&idParte

Núm. 104.- Santiago, 6 de julio de 2009.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54, N° 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en dicha ciudad, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de esa Corte.

Que el Tribunal Constitucional, por sentencia Rol 1.415-09-CPR, de fecha 24 de junio de 2009, declaró que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sometido a su control, es constitucional.

Que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio N° 558/SEC/09, de 25 de junio de 2009, del Honorable Senado.

Que el Instrumento de Ratificación de dicho Estatuto de Roma se depositó con fecha 29 de junio de 2009 ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, con las siguientes Declaraciones:

"1. De conformidad con el Artículo 87.1, letra a), del Estatuto, las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional deben ser transmitidas por vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

2. De conformidad con el Artículo 87.2 del Estatuto, las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional y los documentos que las justifiquen, deben estar redactados en español o estar acompañados de una traducción al español."

Que, de conformidad con el Artículo 126, párrafo 2, del referido Estatuto de Roma, éste entrará en vigencia para Chile el 1 de septiembre de 2009.

Decreto:

Artículo Único: Promúlgase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, en dicha ciudad, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de esa Corte; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile.- Albert Van Klaweren Stork, Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador Director General Administrativo.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*
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* El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Estatuto,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

Artículo 1
La Corte

Artículo 2
Relación de la Corte con las Naciones Unidas

Artículo 3
Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión").

2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 4
Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y ELDERECHO APLICABLE

Artículo 5
Crímenes de la competencia de la Corte

a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.

Artículo 6
Genocidio

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) aslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad

2. A los efectos del párrafo 1:

Artículo 8
Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;
x) Declarar que no se dará cuartel;
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

Artículo 9
Elementos de los crímenes

2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:

a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;
c) El Fiscal.

Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

3. Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 10

Artículo 11
Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.

Artículo 12
Condiciones previas para el ejercicio de la Competencia