 | Este documento ha sido publicado el 31Dic04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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03dic04
Reunión de la Coordinación de Organizaciones de ex presas y ex presos políticos de Chile con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La Coordinadora de ex Presos Políticos comunica que el día de ayer 1 de diciembre sostuvo un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La reunión fue solicitada por el compañero Enrique Núñez, de la Coordinadora de ex Presos Políticos de la V Región, para expresar nuestra visión sobre el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura y las medidas reparatorias que el Presidente Lagos entregó al país el domingo 28 de noviembre de 2004.
Al encuentro asistieron el compañero Enrique Núñez y Carlos Otazo, por la Coordinadora de ex Presos Políticos de la V Región; la compañera Liliana Mason, por la Coordinadora Nacional de ex presas y ex-presos políticos; los compañeros, Jorge Sáez de la Agrupación Nacional de ex-presos políticos y óscar Carrasco, por la Brigada de ex-presos políticos Socialistas.
En la reunión planteamos nuestra posición sobre el trabajo de la Comisión de Prisión Política y Tortura y nos informarnos de las gestiones acordadas con los parlamentarios para obtener la libertad de Nelson Aramburu.
La reunión estuvo dirigida por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada del Partido por la Democracia, Laura Soto, quién manifestó el interés de la comisión por escuchar los planteamientos de los afectados por el terrorismo de estado.
El compañero Enrique Núñez, presentó el reconocimiento al trabajo de la Comisión de Prisión Política y Tortura, sin evitar mencionar la molestia por la no calificación de siete mil ex detenidos y las limitaciones que impidieron la presentación de antecedentes de la mayor parte de quienes sufrieron la prisión política y la tortura durante la dictadura militar. Además, rechazó la omisión de los nombres de los torturadores.
En el segundo punto, manifestó la molestia de los ex presos políticos por la justificación que el Presidente Lagos dio al país, para poner en embargo por 50 años la información entregada ante la Comisión. Señaló que los ex presos políticos no han solicitado confidencialidad y que este ocultamiento de la verdad sólo beneficia a quienes fueron parte de las violaciones a los derechos humanos. Además, solicitó a la Comisión que pidiera al Ejecutivo la difusión del Informe a través de medios escritos gratuitos o de bajo costo para que la mayoría de los chilenos que no tiene acceso a Internet pueda leerlo.
En el tercer punto, se cuestionó la forma en que el Presidente Lagos presentó las reparaciones, al decirle al país que el Estado era responsable de las atroces violaciones a los derechos humanos que habían sufrido 27 mil chilenos y proponer reparaciones “austeras y simbólica”, que no guardan relación con los daños causados por la tortura que ha tenido un efecto lesionante en quienes fuimos detenidos y en nuestro entorno familiar.
Luego la compañera Liliana Mason dio a conocer un estudio socioeconómico elaborado por la Coordinadora de ex Presos Políticos, que sistematiza el componente etáreo, la situación familiar, la situación laboral y la situación previsional.
Demostró que la propuesta de educación hecha por el Presidente, constituye una burla si se considera que la mayor parte de las 27 mil personas que recibirán esta reparación están en el segmento etáreo de los 60 años y que por lo tanto el beneficio debe ser entregado a los hijos o nietos de los afectados.
Que el 25 % de los ex presos políticos viven una cesantía permanente y que el 35% tienen trabajo temporal. Es decir, constituyen un sector que (en forma independiente de su edad, su educación o su origen social) tiene menos acceso al trabajo que cualquier otro sector de chilenos, lo cual expresa la profundidad de las afectaciones humanos y sociales, que no se superan con el reconocimiento simbólico del daño causado por el Estado.
Que una parte importante de ese segmento no tiene previsión y quienes la tienen no superan los seis años de imposiciones, situación que condena a los ex presos políticos a vivir una vejez en la miseria.
Que gran parte de nuestros compañeros tiene daños vasculares y renales producto de la tortura con electricidad, que la angustia y las secuelas psicológicas impiden a muchos enfrentar una vida normal y que la mortalidad temprana es más alta que cualquier otro grupo humano del país, por lo que se requiere que la reparación en salud considere esta realidad.
El diputado Sergio Aguiló expreso su impacto por las cifras del estudio y pidió a la Presidenta Laura Soto, que se pusiera como documento oficial de la Comisión para su estudio.
El Diputado Socialista, dijo que esperaba de los ex presos políticos la valoración sobre el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, como todos los otros sectores del país lo habían hecho. Reconoció que había “juicios ácidos y críticos respecto a la traducción política del Informe” y consideró sugerir al gobierno que cree un instrumento para difundir el Informe.
También, se comprometió a estudiar y discutir en profundidad el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo y estar en permanente contacto con las organizaciones de ex presos políticos. Recordó, que el Congreso solo puede aprobar o rechazar una ley pero no puede modificar los montos de los gastos. El diputado UDI Felipe Salaberry, compartió las palabras del diputado Aguiló y recordó que su partido había tenido reuniones con familiares de personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos. Expresó que la UDI valoró el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura.
El diputado del PPD Enrique Accorsi, expresó su voluntad de recoger las propuestas de los ex presos políticos, señalando que “nuestra obligación es llamar a audiencia pública” y ante la petición de que no fuera clasificado por 50 años la información entregada a la Comisión de Prisión Política y Tortura que se trata de una información de uso público al punto que “todo [lo que se consigna en] este informe [ya] estaba consignado en la Vicaría de la Solidaridad”. Además que el país podía endeudarse, si era necesario, para reparar justamente a quienes habían vivido la tortura.
Los diputados expresaron que había muchas soluciones que ellos podían dar, sin tocar lo económico y que había una ley para cada caso. Recordaron que las demandas planteadas por los ex presos políticos se acercaban bastante a las que ellos habían estudiado.
La sesión terminó con las palabras emocionadas de Laura Soto, quién agradeció la presencia de los ex presos políticos y las opiniones y demandas de dignidad hechas por quienes habían vivido tantos horrores.
Santiago, 3 de diciembre de 2004
Coordinación de organizaciones de ex presas y ex presos políticos de Chile.
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