Evaluación de los Derechos Humanos en Chile

durante el primer semestre de 1996

realizada por la

FASIC - Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.


Sector Político

1. Después de la fracasada operación con que el gobierno intentó sacar adelante su iniciativa tendente a lograr ciertas modificaciones constitucionales y regular un mecanismo de sobreseimientos definitivos para las causas sobre detenidos desaparecidos, ha cesado toda iniciativa gubernamental o legislativa sobre la materia y el tema se ha ausentado de la agenda de la clase política.

Lo que quedó en claro en definitiva, es que se trató de un paquete de proyectos inter-dependientes entre sí, y por tanto, fórmulas transaccionales que develaron que, tanto para el gobierno y la coalición política que lo sustentaba, el tema de las violaciones a los Derechos Humanos puede ahora ser objeto de negociaciones sin que el componente ético y moral, que caracteriza a dicha problemática, sea tenido en consideración al momento de diseñar propuestas.


Medios de Comunicación.

2. Hemos constatado, igualmente con preocupación, que en forma paulatina el tema ha ido siendo retirado de la mayoría de los medios de comunicación social, imponiéndose una marcada y sostenida restricción informativa, dedicándosele el mínimo de espacio y cobertura.

En este contexto no resulta extraño percibir que hay medios de prensa que han asumido derechamente la opción de no publicar o transmitir noticias de este ámbito o restringirlas al máximo.

Nos ha parecido necesario subrayar este fenómeno, que se reestrena ahora en democracia, porque nos parece grave que un tema que aún está instalado en la conciencia colectiva de nuestro país, se busque conciente o inconscientemente someterlo al olvido social en el que están interesados determinados sectores de nuestro país.


Poder Judicial.

3. Durante el transcurso de este primer semestre, el tema de los Derechos Humanos en el plano judicial presenta una marcada tendencia al cierre de los procesos, ya sea por aplicación de la amnistía o la prescripción, tanto por parte de la Corte Suprema como de la Justicia Militar.

Es necesario reiterar una vez más que nuestro máximo tribunal no ha estado a la altura de lo que el país requería en este tiempo de transición democrática, consolidándose las posiciones más conservadoras. No obstante que hoy puede desarrollar libremente sus funciones, siguen manteniendo la misma conducta que tuvieron durante la dictadura.

Sin embargo, y contraponiéndose a esa actitud, debemos hacer un reconocimiento a la labor de los Jueces del Crimen, quienes han podido sustraerse del clima de impunidad que se impone desde la Corte Suprema, y han continuado trabajando por hacer justicia.


Casos emblemáticos.

4. Como ha ocurrido en estos años, hay ciertos casos judiciales no resueltos, en el ámbito de las violaciones a los Derechos Humanos, que han adquirido el carácter de emblemáticos y han adquirido el carácter de emblemáticos y han logrado remecer en cierto grado la conciencia nacional.

Entre ellos podemos mencionar el juicio, que se sigue en Argentina, por el asesinato del ex-comandante en jefe del Ejército, don Carlos Prats y su señora, y la causa referida al asesinato del ciudadano español y funcionario internacional Carmelo Soria, de conocimiento de nuestros tribunales.

Ambos son casos de alta sensibilidad para las autoridades de gobierno como para el Ejército, debido a las responsabilidades que pueden emanar de ellos.

Por lo mismo, el gobierno ha adoptado una actitud extremadamente cauta. Percibe que en el desarrollo de tales causas pueden producirse situaciones que alteren las relaciones cívico militares, relaciones que se han elevado al nivel de valor de primera prioridad.

Las experiencias recientes indican que, en un escenario de conflicto cívico militar, el Gobierno se presenta más bien débil y, por tanto, proclive ha adoptar un rol que tranquilice a las fuerzas armadas. En un panorama de esa naturaleza, las posibilidades de verdad y justicia disminuyen.

No obstante el bajo perfil informativo que el tema de los Derechos Humanos presenta actualmente, los dos casos citados han logrado romper esa tendencia y ello debido, principalmente, a que ambos conllevan consecuencias que afectan las relaciones internacionales del estado Chileno.

Por lo mismo, a través de las noticias que tales causas producen, los chilenos han podido recordar que el tema de la deuda pendiente en caso de violaciones a los derechos Humanos aún no está resuelta, y que sigue siendo uno de los principales escollos de nuestro proceso de transición a la democracia.

Es necesario destacar que todas nuestras denuncias por la ausencia de justicia, se han visto fortalecidas por diversos informes emanados de órganos o instituciones extranjeras de reconocido prestigio. Podemos mencionar Amnistía Internacional, Relator Especial de NN.UU. para el tema de la Tortura, Human Rights Watch América, informe del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos.


Ámbito Internacional:

5. Es quizás en el plano internacional en donde es posible esperar decisiones importantes. Un serio, paciente, silencioso y sostenido trabajo llevado a cabo por nuestra institución en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA puede dar a corto plazo algunos frutos. Esperamos confiados en que prontamente se adopten allí resoluciones importantes, para la causa de la verdad y la justicia, que obliguen a nuestras autoridades a ir, adecuando real y efectivamente, sus conductas internas a los stándares internacionales en materia de promoción y respeto de los derechos fundamentales.

En suma, este descompromiso creciente de los sectores dirigentes del mundo democrático con la causa de la verdad y justicia, además de entregar una mala señal a la juventud, revigoriza un poder militar que tiende a reeditar prácticas que todos quisiéramos ver desterradas del país.

Sin embargo, tenemos la esperanza que este negativo fenómeno no logre permear la conciencia moral del pueblo chileno. Estamos seguros que en su seno, se encuentra sólidamente afincada la demanda de verdad y justicia, cómo base para una real democracia.

Santiago, 5 de agosto de 1996.


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