|
|
"Faw el kvnveymen ta Gvñechen, Fav erkvtuy kuyfikeche,
tayiñ chau, tayiñ pu peñika faw
erkvtuayiñ inchiñ ka anter amutuliyiñ""Aquí nos puso Nguichen, aquí descansan los mayores,
nuestros padres nuestros hermanos.
Aquí descansaremos nosotros cuando partamos".
Indice Los efectos del Informe Downing
El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos
1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco
Mayo de 1996: el Primer Informe de Observaciones de Conadi al Estudio de Impacto
Aclaraciones de la Conama sobre el proyecto
Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena
Enero de 1997: Informe de Evaluación Económica encomendado por Conadi
Marzo de 1997: el segundo informe de la Conadi
Cambios en la Conadi y el inmediato Addendum 2 de ENDESA
El tercer informe de Conadi y el clima político de 1997
El consolidado de la Conama: su propia síntesis final
El Informe de Conama respecto del Plan de Relocalización
Nuevo oficio de Conadi a Conama
RALCO es aprobado por CONAMA
Reacciones a la Resolución de CONAMA
Reacciona la empresa ENDESA
Respuesta a la apelación de ENDESA
Mayo de 1996: el Informe Downing sobre la central Pangue
Un antecedente previo a Ralco.En abril de 1998 visitó el país el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien en conferencia de prensa reconoció la mala evaluación de la central Pangue, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas. Señaló que esa institución hizo un "mal trabajo" en la evaluación del impacto de la central hidroeléctrica Pangue. Así lo consignó la crónica del Diario La Época, del lunes 20 de abril de 1998:
"Wolfensohn dijo que durante esta visita al país pudo constatar que las minorías étnicas de la zona del Alto Bío Bío "fueron desalojadas de sus tierras". De hecho, Wolfensohn aseguró que si el proyecto Pangue se hubiera presentado en este momento, "habría hecho las cosas de otra manera".
El Presidente del Banco Mundial dijo también que ya que esa institución "había ayudado a crear el problema" tenía que"contribuir a buscar una solución". Luego, reconoció que este hecho le "molesta" y aseguró que hará todo lo posible para que "haya un acuerdo con esas familias. Tengo esto presente y me hago responsable. Un error así no volverá a ocurrir", afirmó".
La construcción de la represa Pangue precede a Ralco. La legislación ambiental estaba en proceso y la Ley Indígena, aprobada por el Congreso en octubre de 1993, recién entró en vigencia en 1994 con la creación de la Conadi. Básicamente, entonces, la situación de las familias pehuenches afectadas por la represa Pangue estaba caracterizada por la ausencia de una legislación ambientalmente protectiva.
Para mitigar los efectos de esta obra en el mundo pehuenche, se creó la Fundación Pehuén que tuvo por finalidad hacerse cargo de los impactos respectivos. La labor de esta Fundación fue evaluada en profundidad.
El 7 de mayo de 1996 fue dado a conocer el informe titulado: "A Participatory Interim Evaluation ofthe Pehuen Foundation" (Evaluación interna de la Fundación Pehuen), en el que se analizaron las actividades de Endesa en relación a Pangue, específicamente el efecto de mitigación de las consecuencias negativas del proyecto patrocinado por la Corporación Financiera Internacional (IFC). Su autor fue Theodore Downing.
Dicho informe fue mantenido en condiciones reservadas, dado que endesa habría expresado su preocupación ante el Banco Mundial, porque se abordaban en él variables económicas cuyos componentes serían confidenciales para la empresa. Downing realizó un acucioso trabajo y en su informe dio cuenta de las propias responsabilidades que tiene la IFC en los efectos del proyecto Pangue.
Como resultado de estos informes, la IFC desistió de otorgar nuevos préstamos. La empresa Pangue S.A., por su parte, resolvió entonces, en marzo de 1997, prepagar sus créditos directos con la IFC. Los informes también son influyentes en decisiones semejantes, adoptadas por agencias de Suecia y Noruega que habían participado en el financiamiento de la construcción de la Central Pangue.
Para los efectos de una mayor ilustración sobre la importancia de este punto resumiremos aspectos relevantes del Informe Downing, quien señaló que el Banco Mundial, la empresa Pangue S.A. y la IFC "crearon un mecanismo financiero e institucional mediante el establecimiento de una fundación sin fines de lucro, para mitigar los efectos de largo plazo que podría tener el desarrollo de la infraestructura privada en la población indígena. Pangue convino en sentar las bases de un desarrollo sostenible aportando a la Fundación hasta el año 2001 incluido, la mayor de las cantidades siguientes: a) un monto anual equivalente al 0.30% de los ingresos netos de la Compañía o b) el equivalente a 5.780 Unidades de Fomento chilenas. Después del año 2001, la Compañía aportará a la Fundación un monto anual equivalente al 0.30% de sus ingresos netos. El objeto de este arreglo era disponer de una pequeña base financiera para poder hacer frente a los efectos perjudiciales que podría tener el proyecto a largo plazo".
La Fundación Pehuén recibió desde comienzos de 1992 US$ 535 mil dólares, de los cuales el 95% lo aportó Pangue. Continúa el informe:
"De esa suma, US$ 357 mil dólares se destinaron a gastos directos del programa. Dos tercios de esos fondos se destinaron al programa de compras colectivas con descuento (CCD), en combinación con más de US$ 82 mil dólares en fondos de las familias Pehuenches. Como parte del programa se hicieron 5.111 compras, con un movimiento de más de 50.000 productos. El otro tercio de los fondos de la Fundación se destinó a donativos de beneficiencia para las comunidades (16,8%), estudios de diagnóstico (7,4%), construcción vial (3,7%), capacitación (4,5%) y actividades para ejercer influencia a fin de obtener subsidios del Gobierno y donaciones privadas (l%)".
La evaluación realizada por Downing tenía por finalidad "comparar el desempeño de la Fundación Pehuén con los objetivos establecidos en el convenio jurídico entre la IFC y Pangue y las directrices ambientales de la IFC". Su informe concluyó que después de cuatro años de operación, la Compañía no había incorporado cuatro de los cinco elementos claves del convenio: a) que la Fundación lograse ser el instrumento capaz de aportar beneficios de largo plazo y con capacidad de sustentabilidad y desarrollo sostenible de las familias Pehuenches afectadas por el proyecto Pangue (la represa anterior a Ralco); b) capacitación de las comunidades para compensar los efectos negativos del Proyecto al concluir su construcción; c) preservar la identidad cultural de los Pehuenches y d) extender el beneficio de suministro eléctrico a las comunidades.
En lugar de lo anterior, dice Downing, la Compañía orientó el trabajo de la Fundación a una acción más bien asistencial, organizando un sistema de bienestar social que consistió en la prestación de servicios materiales de corto plazo. Los propios pehuenches consideran a la entidad como un centro de actividades comerciales más que un espacio de cooperación para su desarrollo.
Tal es así que la mayoría de los fondos de la Fundación se emplearon en mejoramiento de los hogares (58,4%), sostenimiento de precios de insumos básicos (33,9%), materiales de apoyo a estudiantes (5,2%), y realización de eventos culturales (0,6%). Según este mismo análisis, los recursos para capacitación fueron menores. La inexistencia de un plan de desarrollo de la comunidad y la ausencia de variables de participación ciudadana indígena, hizo que las principales iniciativas de la Fundación se restringieran a compras llevadas a cabo por sus funcionarios y donaciones distribuidas sin un plan de ordenamiento.
Esto estuvo precedido por algunas consultorías relacionadas con estudios económicos de la población pehuenche. Sin embargo, las empresas a cargo de estas consultorías no contaban con experiencia en el área de desarrollo indígena y, por cierto, no consideraron la opinión de las comunidades. Downing concluyó entonces que "los resultados de los programas de la Fundación eran insignificantes, "al no haber centrado las actividades en el logro de los objetivos acordados de desarrollo socioeconómico sostenible, mitigación, desarrollo cultural y suministro de energía eléctrica.(...) En 1992, todas las familias de Callaqui, Pitril y Quepuca Ralco se encontraban por debajo del umbral de pobreza nacional. Tras cuatro años de actividades de la Fundación y con el 30% de las unidades familiares de Callaqui y Quepuca Ralco empleadas temporariamente en las obras del proyecto, sólo el 1% de ellas supero ese umbral. Un tercio de la población sigue en la pobreza".
Downing fue describiendo, entonces, paso a paso los factores irregulares del funcionamiento de la Fundación Pehuén y los efectos insuficientes de su labor y de sus propósitos. Indicó que la participación pehuenche era limitada. "Desde el inicio del proyecto, los pehuenches no han sido participantes informados de las acciones tomadas por Pangue y la IFC que afectarían en forma definitiva su futuro".
El fenómeno de administración de la Fundación y su desenvolvimiento cotidiano implicó la selección de personal sin la respectiva capacitación cultural y sin contar con experiencia en el ámbito del trabajo social indígena. En su mayoría se trató de personal no mapuche. Quienes realizaron los estudios previos para instalar esta Fundación no recurrieron a asistentes bilingües ni expertos en interculturalidad social e indígena, de tal modo que la Fundación se constituyó como una entidad con predominio de personas no indígenas y ajenas a la realidad de los pehuenches.
Un punto en extremo delicado tiene que ver con el método con el cual la Fundación abordó la relación con los pehuenches. Al respecto Downing señaló que: "En ciertos casos, los programas de la Fundación no se circunscribieron a las comunidades especificadas en su estatuto e incorporaron a comunidades cuyas tierras y opiniones se consideraron de interés directo para la Compañía o para su propietario, mientras que dejaron de lado a otras que no revestían tal interés. El modelo de cultura pehuenche empleado por la Fundación y su falta de experiencia con el desarrollo de las poblaciones indígenas la llevaron a ignorar el vínculo fundamental que existe entre la cultura pehuenche y el ecosistema. Por esa razón la Fundación no logró detectar un problema ambiental inminente relacionado con el Proyecto que amenaza a la cultura Pehuenche".
El análisis de Downing sobre los objetivos relacionados con la capacitación de los pehuenches para enfrentar de mejor manera los efectos de la represa Pangue en el Alto Bío Bío fue igualmente desalentador:
"En los últimos cuatro años el desarrollo de los recursos humanos ocupó un lugar prácticamente insignificante en las actividades de la Fundación, contando con menos del 4% de los gastos directos. La poca capacitación impartida redituó a la economía local una ganancia de más del 200% sobre la inversión. A pesar de los prometedores esfuerzos iniciales destinados a elaborar programas de capacitación que aumentarían el acceso de los pehuenches a las oportunidades de empleo, las actividades de capacitación se suspendieron en 1993. (...) Entre las amenazas inminentes para la economía y cultura pehuenches cabe citar la gran deforestación, un serio peligro de reasentamientos involuntarios, el desempleo y una mayor ingerencia de no indígenas en su cultura y sus tierras".
La evaluación sobre los efectos de la represa Pangue en el ámbito económico, en cierto modo, constituye un anticipo de lo que se espera para los efectos de Ralco. El informe habla de pérdida neta en la economía pehuenche de sus recursos naturales.
"El camino al proyecto abrió el acceso al bosque pehuenche. De 1988 a 1994 se ha extraído madera por valor de entre US$ 3 y US$ 18 millones de dólares de las tierras de las comunidades. Desde 1991 la tasa de deforestación ha sido de un nivel excesivamente elevado (entre 1,3% y 8,5% anual). Una parte mínima de los ingresos derivados de la explotación forestal llegó a manos de los pehuenches. Como consecuencia de las talas realizadas por personas ajenas en tierras indígenas, ahora los pehuenches deben hacerse responsables del pago de enormes multas que superan sus recursos económicos y que están socavando sus derechos civiles".
Es interesante destacar el análisis que Downing realizó a propósito del tema de los reasentamientos indígenas como resultado de estos megaproyectos. Se trata de situaciones que pueden implicar todavía mayor empobrecimiento de los pehuenches, dificultar su acceso a la tierra, a la seguridad alimenticia y sanitaria, problemas serios de vivienda, de ingresos y propiedad comunitaria. 'También pueden aumentar la marginalización socioeconómica y la desintegración socio cultural de las tres comunidades".
"Los otros tres posibles reasentamientos serían consecuencia, aguas arriba, de la presa de Ralco, propuesta por endesa, empresa propietaria de Pangue. Aunque no se trata de un proyecto de la IFC ni está técnicamente vinculado a Pangue, los pehuenches los consideran acontecimientos relacionados. Esta opinión se convalidó cuando la Fundación comenzó a realizar numerosas actividades también en Ralco Lepoy. Estos tres reasentamientos amenazan en forma sustancial la integridad de entre el 70% y el 85% de las unidades familiares de Quepuca Ralco, incluidos todos los asentamientos de Quepuca-Estadio, Palmucho y Los Avellanos. Los preparativos de la construcción de la represa Ralco ya han empezado a afectar a los pehuenches y a tener consecuencias en las operaciones de la Fundación".
En mayo de 1996 la endesa informó que la Fundación Pehuén sería el organismo a cargo de mitigar los reasentamientos de Ralco-Lepoy y Quepuca Ralco. La IFC (Corporación Financiera Internacional), entidad que había contratado el estudio de Downing, no había previsto incluir un análisis de la Fundación como institución con capacidad para mitigar tales nuevos reasentamientos. Y de hecho, el consultor Downing declaró el 5 de mayo de 1996 que él se había enterado de esta decisión horas antes de entregar su informe, el 6 de mayo de dicho año...
La Corporación Financiera Internacional y el grupo sociológico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tenían sus reservas respecto de los impactos de la represa Pangue y del funcionamiento de la Fundación Pehuén. La investigación efectuada por Downing confirmó sus aprensiones. Pero la IFC no había supervisado adecuadamente el proyecto, de tal manera que la investigación en realidad se realizó a instancias del Banco Internacional. La conclusión principal del consultor independiente fue decidora.
"No cabe duda que las actividades de la IFC, Endesa y la Compañía están acelerando el ritmo de transformación sociocultural de una zona, que en una época, era un rincón aislado de Chile. De ahora en más, el futuro económico y cultural de los Pehuenches dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica de las tres partes, y del sector público, para respetar a los pehuenches y colaborar con ellos a fin de corregir las distorsiones señaladas en esta evaluación y evitar el surgimiento de otras nuevas. Lo que queda por verse es si este grupo pequeño y empobrecido de pehuenches se beneficiará con los frutos del proyecto o subsidiará el desarrollo hidroeléctrico de Chile a expensas de su economía, recursos y cultura. Hasta ahora, a decir por la información recogida, están subsidiando el proyecto".
Los efectos del Informe Downing
En 1997, Theodore Downing, miembro de la Asociación Americana de Antropología, presentó al Comité de Derechos Humanos de la Asociación una queja en relación a la situación que afectaba a los pehuenches y, en particular, en relación a sus derechos como investigador, antropólogo y consultor. El reclamo del profesional era respecto de la IFC, endesa y pangue s.a. La IFC lo había contratado para examinar la actuación de endesa y de la Fundación Pehuén y reclamó por el hecho de que su informe fuese mantenido en reserva y sin poder cumplir el propósito acordado de compartir sus conclusiones con las comunidades pehuenches. En lo principal, de acuerdo al propio informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Antropología, Downing apuntó básicamente a las responsabilidades que le cabían a endesa y a la propia IFC, en lo que la Comisión determinó como "violaciones a los derechos humanos de los pehuenches". Dice el informe de la Comisión:
"1.- La IFC y ENDESA violaron los DDHH de los pehuenches. Negociaron convenios secretos sobre el futuro de un grupo étnico sin el conocimiento ni la participación del grupo o de las autoridades gubernamentales responsables de asuntos indígenas (Conadi). Implementaron un programa de reasentamiento que no incorporó los derechos de los indígenas, y cometieron una grave falta al no compensar adecuadamente a todas las personas afectadas.
2.- ENDESA utilizó la Fundación Pehuén, organización creada como resultado de acuerdos negociados secretamente, para trasladar fondos asignados a las comunidades de la zona de Pangue a la comunidad adyacente a Ralco, la segunda represa proyectada. Esta acción demuestra que el proyecto de la IFC no era para una central autónoma, como se dio a conocer públicamente, sino que para establecer la infraestructura para conseguir una serie de represas.
Además, alegó Downing, pangue s.a. nombró a un no-indígena como Presidente de la Fundación Pehuén (quien también es co-propietario de una empresa involucrada en la preparación del plan de traslado para la represa Ralco). Todo esto apoya la aseveración que la represa Pangue y la represa Ralco son proyectos ínter-relacionados y no separados, y que sus impactos acumulativos debieron haber sido evaluados desde un comienzo.
3.- La IFC y ENDESA omitieron identificar en sus evaluaciones iniciales el impacto de la represa Pangue en los indígenas y los impactos acumulativos de financiar un proyecto que establece las bases para la construcción de otras represas. Esto representa
un deliberado intento de eludir las directrices del Banco Mundial que en sus proyectos protege los derechos de los indígenas.
4.- La distribución selectiva del informe de Downing realizado por la IFC y ENDESA, entregándoselo en forma confidencial solamente a los representantes no-indígenas del directorio de la Fundación Pehuén, mientras lo ocultaban a los miembros pehuenches del directorio, constituye una discriminación racial".
Según la Comisión de DDHH, el Informe Downing fue mantenido en reserva durante varios meses, mientras ENDESA negociaba paquetes de reasentamiento de familias pehuenches en forma individual, asegurando que la Fundación Pehuén implementaría el programa de reasentamientos.
Habiendo recurrido Downing de queja ante la Comisión, ésta realizó la investigación del caso. Para dicho efecto, se consultó a distintas fuentes independientes, lo que incluyó a funcionarios del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del IBRD. Concluida la etapa de investigación, la Comisión de DDHH de la Asociación americana presentó su Informe. Es interesante destacar de ella secuencia de datos históricos que conforma la Parte II: El caso Pangue/Ralco.
De acuerdo al informe, a fines de 1989, el Gobierno chileno aprobó los planes de ENDESA para el desarrollo hidroeléctrico del río Bío Bío. ENDESA solicitó al Banco Mundial el financiamiento correspondiente para el primero de sus seis proyectos de represas en este río: Pangue. El Banco Mundial concurrió al financiamiento solicitado a través de su filial "Corporación Financiera Internacional" (IFC).
En 1990 la IFC inició los estudios del proyecto de la represa Pangue.
En diciembre de 1992, la Corporación aprobó la decisión de invertir en el proyecto.
En octubre de 1993 la IFC y ENDESA suscribieron un Acuerdo de Inversión, con un préstamo de US$ 170 millones de dólares para construir Pangue. En dicho Acuerdo la IFC asumió la propiedad del 2,5% de Pangue S.A. con una inversión de US$ 4,7 millones de dólares.
Adicionalmente, la IFC consiguió con el Consejo Sueco de la Cooperación Industrial y Técnica (BITS) la suma de US$ 28 millones de dólares y, complementariamente, de la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD), otros US$14 millones de dólares, más US$ 100 millones de dólares provenientes de diez bancos europeos. El préstamo del IFC/Banco Mundial fue devuelto por ENDESA en marzo de 1997 y la IFC refinanció el proyecto Pangue con recursos provenientes de un consorcio privado de bancos alemanes.
El denominado Grupo Banco Mundial está integrado por cuatro organismos casi autónomos: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD); la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA), que conforman el Banco Mundial propiamente tal y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ( MIGA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Theodore Downing, al ser contratado por la IFC en mayo de 1995, en calidad de consultor externo, para realizar una evaluación de la Fundación Pehuén, elaboró un procedimiento de trabajo en terreno y cuidó de que se incorporara en el contrato una suerte de cláusula que permitiese informar los resultados de su investigación a los propios pehuenches, de un modo cultural mente razonable para ellos, lo que fue aceptado por la IFC.
En octubre de 1995, Downing viajó entonces a Chile para iniciar su investigación y se reunió con un número aproximado de 60 personas representativas de diferentes instancias vinculadas al proyecto. El trabajo de campo concluyó en diciembre de 1995. Luego, Downing estudió la información recogida y presentó su informe a la IFC en mayo de 1996.
El17 de noviembre de 1995, mientras el profesional actuaba en terreno, dice el informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropología, que diversos ciudadanos, indígenas y no-indígenas, presentaron una apelación ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, señalando que la IFC había violado las normas del Banco Mundial sobre evaluación ambiental y sus políticas ambientales y sociales en relación a proyectos de represas y embalses, sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios, administración de propiedad cultural, protección y manejo de tierras vírgenes y supervisión de proyectos. Señalaron además que fondos asignados a Pangue S.A. para la construcción de la represa Pangue habían sido transferidos al proyecto Ralco, contraviniendo el hecho de que la propia IFC habría indicado que sus recursos sólo se destinaban a Pangue.
El Panel no acogió el reclamo por no tener jurisdicción sobre la IFC. Pero el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn comprometió una investigación interna y en mayo de 1996 designó al ecólogo Jay Hair para evaluar el cumplimiento por parte de ENDESA del acuerdo IFC -ENDESA. Hair es Presidente Emérito de la Federación Nacional de la Vida Silvestre (National Wildlife Federation). Hair presentó su informe en abril de 1997. Según la Comisión de DDHH, la IFC entregó una "versión severamente censurada del Informe Hair. Un tercio del documento fue eliminado, incluyendo mucho material que describía el impacto social y las posibles violaciones a los DDHH". De acuerdo a esa investigación, en torno al proyecto Pangue, la IFC no cumplió con e180% de sus directivas ambientales y sociales. En cambio, en la respuesta de la IFC al informe Hair se informa que: "La IFC considera que el proyecto Pangue cumplió con cinco de las ocho políticas y procedimientos aplicables" (citado en Crawford, 1997)".
¿Por qué la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, no entregó el Informe Downing a los pehuenches y al público? La respuesta a esta pregunta está contenida en el Informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropólogos:
"La pregunta tiene que entenderse en el contexto más amplio de desarrollo y controversias casi contemporáneas relacionadas con el proyecto del Bío Bío. Durante la primavera de 1996, más o menos en el mismo momento en que la IFC estaba decidiendo suprimir el Informe Downing, el Grupo de Acción por el Bío Bío, GABB, encargó un estudio de la evaluación de impacto ambiental de Ralco.
"El crítico informe resultante hizo que Conama rápidamente declarara que el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco era insatisfactorio (...) A mayor abundamiento, en marzo de 1997, la Conadi emitió un informe resolutivo en el que señalaba que el proyecto Ralco era "absolutamente ilegal" de acuerdo a la Ley Indígena de 1993".
"A nosotros nos parece que la IFC ocultó el Informe de Downing por la volatilidad política de la información y de los hallazgos descritos. El Informe contenía evidencias de daño ambiental extensivo, no mitigado, resultante de la deforestación de las tierras comunitarias de los pehuenches, de múltiples amenazas confirmadas de relocalización involuntaria, de prácticas de la Fundación Pehuén que constituyen un dramático asalto a las costumbres y tradiciones culturales de los pehuenches, y de acciones para encubrir información vital que permitiría la discusión de alternativas que disminuyeran el presente daño, económico y ambiental. (González Parra, 1997:5)".
En septiembre de 1996 se llenó el embalse de la nueva Central Hidroeléctrica de Pangue. En febrero de 1997, la IFC cuestionó que la ENDESA no hubiese cumplido con ciertas condiciones ambientales establecidas en el Acuerdo Pangue-IFC. Así y todo, en marzo de 19971a represa Pangue fue inaugurada oficialmente con la presencia de las más altas autoridades gubernamentales.
Adicionalmente, y como resultado de estos informes, el Vice Presidente y Consejero General de la IFC, Carol Lee, terminó reconociendo parte sustancial de los contenidos de tales informes, aceptando que la IFC podría haber tenido un acercamiento mejor a los impactos sociales y ambientales del proyecto Pangue y haber analizado con mayor la situación de los indígenas afectados.
Admitió, en síntesis, las debilidades del accionar de la IFC y señaló que éstas debieran entenderse como parte de "la curva de aprendizaje" de la Corporación. En el foro de la Asociación dijo que las deficiencias, aunque desafortunadas, fueron "consistentes con los procedimientos ambientales establecidos en ese momento".
Luego de estos informes la IFC tuvo que aumentar personal, crear una unidad de revisión ambiental y preparar un borrador de políticas para el tratamiento de temas ambientales con incidencia en reasentamientos humanos. El 28 de mayo de 1997 el Directorio de la Fundación Pehuén integró varios de los cambios recomendados por el Informe Downing, entre ellos la incorporación de la variable lingüística, una mayor presencia de pehuenches en sus actividades y otros aspectos menores.
A juicio de la Comisión de DDHH de la Asociación americana de antropología, nada de esto -sin embargo- salva la responsabilidad última de la IFC en los delicados acontecimientos analizados por los Informes de Downing y Hair.
"Específicamente -dice el Informe de la Comisión de DDHH- el personal de la IFC falló al no identificar al Pueblo Indígena y al no aplicar las políticas del Banco Mundial respecto de éstos. Sin embargo, la represa (Pangue) ha sido construida, y el préstamo de la IFC ha sido devuelto. Salvo por el 2,5% de propiedad de Pangue, la IFC ya no tiene ningún rol en el proyecto chileno. ¿Quién es ahora responsable de enfrentar los problemas sociales, económicos, políticos y de supervivencia cultural que enfrentan los pehuenches, problemas causados por una planificación ineficiente y decisiones erradas tomadas al construir la represa Pangue y ahora Ralco? ..."
La Corporación Financiera Internacional (IFC) es una entidad que tiene como propósito cuidar que los grupos vulnerables de poblaciones indígenas sean beneficiarios y participantes con conocimiento de causa en el desarrollo y no sus víctimas. La empresa Pangue S.A., de propiedad de ENDESA, construyó una represa de 450 MW en el Río Bío Bío, con 113 metros de altura y una cota de 103 metros. Incluyó un embalse de 175 millones de metros cúbicos de agua cubriendo una superficie de 500 hectáreas. La IFC financió US$ 120 de los US$ 465 millones de dólares de costo total del proyecto.
La IFC había clasificado al Proyecto Pangue en la categoría II A " , reflejando de ese modo su preocupación por los efectos ambientales en el ecosistema del Bío Bío y particularmente en los pehuenches. En 1992 un informe del Ministerio de Planificación había indicado que los pehuenches habitantes de la orilla norte del embalse tendrían que verse obligados a reasentarse.
Para facilitar los avances de este proyecto en 1990 el Gobierno y ENDESA construyeron un camino hacia el Alto Bío Bío. En 1991, un consultor antropológico del comité de Evaluación Ambiental de Pangue consideró que el proyecto era una amenaza para la cultura pehuenche. Otros antropólogos del Banco Mundial alentaron entonces la iniciativa de formar una Fundación para ayudar a mitigar los efectos negativos en el largo plazo. El17 de diciembre de 19921a idea fue aprobada por el Directorio de la IFC y el 22 de octubre de 1993 fue firmado el Convenio de inversión. La Fundación Pehuén fue diseñada y se insertó en la sociedad pehuenche sin un adecuado proceso de información y participación ciudadana indígena.
De hecho, con arreglo al Convenio, el Directorio de la Fundación está integrado por siete miembros: tres fueron nombrados por el Directorio de Pangue S.A.; otro miembro fue elegido por cada comunidad (Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco) y un séptimo integrante fue nombrado por el Director de Pangue. El equilibrio de poderes fue materia de intensa discusión.
Los estatutos de la Fundación protegen a Pangue de un posible cambio en este equilibrio manteniendo bajo control la "representación" pehuenche. Por ejemplo, el Director Ejecutivo de la Fundación tiene derecho a un octavo voto en el Directorio, con lo cual Pangue S.A. siempre tendrá votación de mayoría en la Fundación. Se establece además que con voto de mayoría simple es posible destituir a cualquier integrante del Directorio con quien pudiesen presentarse "diferencias insalvables "...
También se estableció la condición de socios para aquellos indígenas que habiendo recibido su carné de tales, cada dos años, puedan elegir a sus representantes ante dicho Directorio. Al margen de esto, los "socios" no tienen ninguna otra ingerencia en los asuntos de la Fundación. Con ese carné ante Pangue diversos pehuenches podían optar a algún trabajo cuando se construyó la represa.
A comienzos de 1995, Pangue S.A. a través de la Fundación Pehuén inició un plan de servicios en la localidad de Ralco-Lepoy. Se dijo, en ese momento, por parte de ENDESA, que esto no estaba vinculado con perspectiva alguna de reasentar, posteriormente, a las familias pehuenches de Ralco-Lepoy que se verían afectadas por el proyecto Ralco.
En su accionar la Fundación Pehuén ha sido objeto de diversas críticas por parte de estudiosos nacionales e internacionales. Sin embargo, es el consultor Downing quien mejor resumió los riesgos que esta Fundación representa para el mundo indígena pehuenche:
"La Fundación se estableció sin haber realizado un análisis preliminar de la cultura Pehuenche. Los datos básicos de que se disponía procedían de encuestas gubernamentales de unidades familiares diseñadas para administrar la distribución de asistencia social (los subsidios). La experiencia y los conocimientos en cultura pehuenche se encuentran en el extranjero y entre intelectuales chilenos; pero a éstos, Pangue S.A. los consideraba demasiado críticos del Proyecto propuesto para realizar un estudio objetivo. El equipo de Evaluación ambiental subcontrató a un especialista chileno en folklore, sin experiencia en trabajo de campo entre los pehuenches y con escasa formación en sectores tales como efectos de la infraestructura sobre la población indígena, teorías de cambio étnico o ecología cultural, indispensables para su labor. El consultor llegó a la conclusión de que los pehuenches estaban atrapados en un proceso "inevitable" de mezcla de culturas, y que la mayoría de ellos ya se había convertido de indígenas en campesinos rurales pobres, como los que se encuentran por todo Chile.
"Esta conclusión dio a Pangue la falsa impresión de que los grupos étnicos están irremediablemente predestinados a la extinción. Los pehuenches no participaron activamente en esta evaluación crítica de su futuro ni en la investigación que condujo a esta conclusión". (pto. 70 del informe).
En relación a los indicadores económicos, el Informe Downing demuestra que las comunidades de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco, en definitiva, a mayo de 1996, estaban más estratificadas internamente que antes de iniciarse el proyecto Pangue y los programas de la Fundación. "Los datos CAS II coinciden con lo que se oye en la comunidad de que algunas personas son ahora relativamente más pobres que antes de la llegada de la Fundación y el proyecto. Para 1995, e134% más pobre era tan pobre como antes"(pag. 45, punto 88 del Informe).
Asociado a este tipo de datos está el hecho de que la construcción de la represa Pangue implicaba posibilidades de trabajo para los pehuenches y con ello, una mejoría importante de sus ingresos y de su calidad de vida. Sin embargo, de los puestos ofrecidos sólo se ocuparon a 240 pehuenches. Fueron beneficiados mayoritariamente trabajadores no indígenas provenientes de Santa Bárbara o Ralco, especialmente calificados y semi calificados. Los empleos variaron en medias de 80 a 120 cupos por mes para los indígenas, en su mayoría provenientes de Callaqui y Quepuca-Ralco y que cumplían más bien labores de jornaleros. Cuando se terminó la construcción de Pangue estas personas quedaron sin trabajo. La Fundación Pehuén no había incluido el tema de las mitigaciones como resultado del término de las obras".
Durante la fase de construcción de la represa de Pangue hubo efectos beneficiosos para la zona indígena: mejoramiento de caminos, ingresos, compras con descuento (CCD), reducción de un nivel de deforestación doméstica, etc. Pero en el otoño de 1995 aparecieron los primeros efectos del carácter temporal de estos beneficios. En la primavera de 1996 ya habían comenzado los primeros despidos. En forma natural los beneficios insertos durante la construcción de la obra fueron concluyendo... Es en este contexto que aparece la temática de Ralco. Downing lo explicita nítidamente:
"Tres, y posiblemente cuatro reasentamientos involuntarios comienzan a surgir sobre el horizonte inmediato de la zona de la Fundación. Cualquiera de ellos socavaría sustancialmente la capacidad de la Fundación para mitigar y reducir la pobreza. Uno es consecuencia de la represa de Pangue. Otro proviene de la cercana represa de Ralco, que forzará el reasentamiento de los miembros de la Fundación que viven en Quepuca Ralco. El tercero, en el asentamiento adyacente de Ralco-Lepoy, puede tener un fuerte efecto derivado sobre la Fundación. La represa Ralco no está patrocinada por la IFC, pero Pangue, una nueva compañía con capital aportado por ENDESA y la IFC, ha invertido US$ 40 millones de dólares en la preparación del proyecto hidroeléctrico de Ralco".
A inicios de 1996, la Compañía esperaba ser la constructora de Ralco. Sin embargo, meses más tarde, el Directorio de ENDESA cambió de opinión y siendo ella poseedora del 97% de las acciones de Pangue S.A. decidió construir directamente la represa Ralco.
El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco
El Río Bío Bío nace en las lagunas Icalma y Galletué en la Novena Región de la Araucanía. Su cuenca comprende el 45% de la Octava Región del Bío Bío, ocupando una superficie de 24.260 kilómetros cuadrados y 380 kilómetros de largo. Es uno de los ríos chilenos con mayor potencial energético en materia hidroeléctrica y posee una de las principales riquezas ecológicas existentes en el sur de Chile.
En el Alto Bío Bío habitan alrededor de 5.000 personas pehuenches en la localidad de Santa Bárbara y se estima en otros 5.000, aproximadamente, la población pehuenche en Lonquimay (Monte tupido). Todo el Alto Bío Bío representa un rico ecosistema que comprende una biodiversidad única. Estudios especializados indican que en sus aguas habitan a lo menos siete especies de peces endémicos, entre otras numerosas bellezas naturales y paisajísticas.
La represa Ralco se construirá a 120 kilómetros de la ciudad de Los Angeles ya 27 kilómetros aguas arriba de la actual represa Pangue, inaugurada en marzo de 1997. Estará ubicada en la angostura Ralco. Será construida de hormigón rodillado, con una extensión de 370 metros, de cerro a cerro y con una altura de 155 metros. La represa de Ralco sería 8 veces más grande que la actual represa de Pangue.
Quienes diseñaron este megaproyecto señalan que Ralco permitirá generar una energía anual promedio de 3.380 GWH, con una inversión de US$ 474 millones de dólares para la central propiamente tal y US$ 12 millones de dólares para la conexión al Sistema Interconectado Central (SIC).
De acuerdo a un informe técnico de calificación, las características del proyecto son: una central de embalse de 1.222 millones de metros cúbicos de agua y su respectivo enlace con el sistema interconectado central (SIC). Ocupará una superficie máxima de 3.467 hectáreas que abarcarán los valles de los ríos Bío Bío, Lomín, Villacura (Piedra del Hambre) y Lolco (Agua de pozo) , hasta una cota máxima de aguas crecidas que se estima podrían llegar a los 730 metros sobre el nivel del mar.
Las obras que están indicadas para la ejecución de este proyecto comprenden la construcción del embalse (presa, túnel de desvío y vertedero); las obras de toma, aducción y zona de caída; la caverna de máquinas, la sub estación encapsulada, el patio de mufas, piques de compuertas de difusores, obras de evacuación y servicios auxiliares; el enlace respectivo con el sistema interconectado y las correspondientes obras de infraestructura.
El embalse captará las aguas y las conducirá a través de un túnel de 7 kilómetros de largo hasta la caverna de máquinas, lugar en donde se instalarán tres unidades generadoras de electricidad.
La superficie de tierras indígenas afectadas sería de 638 hectáreas. Los predios afectados serían 98. Los propietarios afectados serían 112 y los propietarios a relocalizar, 76. La población a ser reasentada es estimada en casi 600 personas.
Para ENDESA, "los pehuenches de la antigua comunidad de Ralco han sufrido los efectos del contacto con el mundo occidental, observándose un fuerte grado aculturativo en términos de sus sistemas de subsistencia pero, a la vez, han conservado una serie de elementos que les permiten mantener una estructura simbólica coherente con su pasado cultural y que puede ser un factor que contribuya a la formulación de políticas de desarrollo sustentable para estas comunidades cordilleranas. Las
comunidades pehuenches están sujetas a dos fuerzas, a veces antagónicas: una, que trata de mantener una cultura tradicional, operativa, sobre todo en el plano simbólico, y otra, que los empuja hacia la sociedad mayor, en busca de aquellos beneficios que poseen todos los chilenos, trabajo, educación, salud, etc. (Fuente: Resumen Ejecutivo presentado ante el Consejo de Conadi en octubre de 1997)
Se describen también los predios que serán afectados según el siguiente cuadro:
Viviendas Lepoy Quepuca Total Afectadas 41 22 63 No afectadas 111 53 164 TOTAL 152 75 227 De acuerdo a la información proporcionada por ENDESA en octubre de 1997 al Consejo de Conadi, no todos los predios serían afectados a1100% por el proyecto, según lo consignan en el siguiente cuadro:
Tramos de afectación (% superficie afectada)
Lepoy Quepuca Total 01% - 25% 15 14 29 26%- 50% 6 8 14 51%- 75% 12 2 14 76%- 99% 13 3 16 100% 20 5 25 TOTAL 66 32 98 Lo anterior se describe también en porcentajes de superficie de terrenos afectada, según el siguiente cuadro complementario:
Superficie afectada (hás) Lepoy Quepuca Total 01 - 2,0 24 14 38 2,1 - 4,0 20 4 24 4,1 - 6,0 10 3 13 6,1 - 10,0 4 3 7 10,0 - 20,0 5 4 9 20,1 - 40,0 0 3 3 40,1 - 73,0 1 3 4 TOTAL 64 34 98 PROMEDIO 4,4 10,8 6,5 En su informe, en octubre de 1997, ENDESA señaló que se pondría en práctica un Programa de Asistencia de continuidad por 4 años. Este plazo fue corregido, posteriormente, por el Informe Técnico de Conama que elevó la continuidad de 4 a 10 años, según analizaremos más adelante.
El programa de asistencia contemplaría:
1.- Un Programa Productivo: con capacitación, asistencia técnica y apoyo al desarrollo de proyectos.
2.- Un Programa turístico: con estudio de desarrollo laguna El Barco y sector Río Quillaileo más financiamiento de la primera etapa.
3.- Un Programa Social: con atención de grupos vulnerables; promoción, participación y organización de la comunidad; actividades de enlace (escolar, paramédico, subsidios).
4.- Un Programa Cultural: para la resignificación y puesta en valor de lugares sagrados y la resemantización de los lugares de relocalización; incorporación cultural indígena a educación formal; traducción de textos en mapudungun; un museo y centro de información pehuenche; mantención de lazos comunitarios y monitor de enlace psicopedagógico.
5.- Fondo de Asistencia Productiva: con una duración del programa: 4 años (corregido posteriormente a 10 años).
En materia de Recursos Actuales y Ofertas de compensación, ENDESA informó al Consejo de Conadi en octubre de 1997 sobre los siguientes parámetros:
Recurso Comunidades Oferta Tierra Se afectan 638 hás 21.337 hás Superficie cultivable Se afectan 230 hás 11.050 hás Superficie de riego Se afectan 98 hás 565 hás Valor tierra $ 129, 3 millones $1.956 millones Valor mejoras $ 172 millones $ 1.083 millones Bosques No se afectan 10.307 hás con 2.796 hás de araucarias. Altitud invernadas 650-1100 mtrs. sobre nivel mar El Barco: 850-1100 msnm
Santa Laura: 600-1100
El Huachi: 350Exposición al sol sur-oriente Todas las exposiciones Trashumancia Ajenas y propias Sólo propias veranadas Recolección piñones Bosques ajenos Bosques propios Infraestructura Mínima y de baja calidad; sin servicios básicos Vivienda con servicios básicos: galpón, bodega, cercos, corrales, infraestructura comunitaria Empleo No Sí Apoyo financiero No hay Obras asociadas al Plan están generando importantes fuentes de empleo. Apoyo Técnico Muy limitado Intensivo por 4 años y continua con Fundación de Desarrollo Estos antecedentes variaron a partir de septiembre de 1998 al tener que incorporar ENDESA nuevos beneficios.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos
En diciembre de 1994 ENDESA presentó una solicitud ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, para que este organismo público acogiese voluntariamente a trámite de evaluación el proyecto "Central Hidroeléctrica de Ralco". Esta solicitud fue respondida favorablemente por la Conama.
La aceptación de dicha solicitud se fundamentó en el Instructivo Presidencial N 888 del 30 de septiembre de 1993 que "sugiere un proceso de carácter voluntario para los Estudios de Impacto Ambiental, de aquellos proyectos, ya sean públicos o privados, que tengan un alcance significativo en esta materia".
Ello de septiembre de 1995, entre la empresa y la Conama se suscribió un texto titulado "Documento Consolidado de Acuerdos entre la Conama y ENDESA" en el cual se detallaron los "Términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) del Proyecto Ralco". De acuerdo a este documento se suscribió un "Acta General de Acuerdos para el proceso de evaluación".
Una vez firmada el Acta de Acuerdo, ENDESA desarrolló entonces su estudio de impacto ambiental y lo ingresó a la Conama el 29 de marzo de 1996. Durante un plazo de 60 días, a partir de la fecha de inicio del estudio, se desarrolló un proceso de consulta durante el cual diversas entidades ciudadanas expusieron su opinión sobre el proyecto. Por cierto, también fueron consultados diversos Servicios Públicos, incluida la Conadi.
Un Comité técnico revisó los informes presentados y redactó sus conclusiones en un documento titulado " Informe Técnico de Calificación del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la Empresa ENDESA ", el que fue dado a conocer con fecha 23 de julio de 1996 por la Dirección Ejecutiva de la Conama.
Es importante consignar que dicho documento recomendó el rechazo del proyecto, aduciendo las siguientes razones, entre otras, porque:
- no se describió adecuadamente el proyecto,
- la Línea de Base era insuficiente para evaluar con posterioridad los impactos,
- se incurrió en errores metodológicos en la evaluación de tales impactos,
- se mencionó un futuro Plan de Relocalización, pero éste no fue presentado y por tanto no se pudo evaluar sus impactos.
No obstante las severas conclusiones del comité revisor, semanas después, mediante el oficio 071/961805 del 23 de agosto de 1996, la Conama informó a ENDESA que podía presentar un Addendum, ( adiciones a un escrito) indicándose de manera especial un plan de participación ciudadana. Presentado dicho documento habría un plazo de 60 días para que personas y entidades habilitadas pudiesen formular observaciones. En la nota de Conama se hizo presente que ENDESA debía cesar las obras preliminares que había comenzado en el Alto Bío Bío, y que no contaban con la autorización de la Conama, otorgando para ello un plazo de 10 días.
El 12 de septiembre de 1996, ENDESA respondió a Conama y presentó una contrapropuesta para evaluar el Plan de Relocalización y las otras aclaraciones solicitadas.
Propuso que el Addendum fuese revisado en un plazo de 50 días y que a partir del décimo día de entregado, se abriera un plazo de consulta a terceros dentro de 25 días, a realizarse según lo determine un Panel de Expertos a establecerse por acuerdo entre ambas partes (Conama y ENDESA).
En la nota, ENDESA propuso además un listado de " Obras Preliminares del Proyecto Ralco acordadas conforme a lo estipulado en el Artículo 17 del Acta de Acuerdo" lo que incluía: camino público existente en el Alto Bío Bío, desde la actual presa Pangue hasta la zona de la presa Ralco; línea de transmisión de energía de 66 KV desde la subestación Pangue hasta la subestación de la zona de la presa Ralco y campamentos en las zonas de trabajo de las obras.
La Conama, a través del oficio 026/961982 del 13 de septiembre de 1996, es decir al día siguiente de la nota de ENDESA, respondió dando por aceptadas las proposiciones de la empresa y autorizó las obras preliminares, exigiendo su ajuste a las condiciones básicas de reducción de impactos y reparaciones.
La Conama adoptó entonces como política pedirle a ENDESA antecedentes complementarios del proyecto, puesto que sus primeras observaciones indicaban muchas insuficiencias. Esto se convirtió en el primer Addendum, en donde se indicó la necesidad de precisar la propuesta de relocalización de familias pehuenches afectadas, entre otros aspectos.
Este Addendum fue entregado por ENDESA a la Conama el7 de febrero de 1997, consistente en 5 Tomos y varios miles de páginas, equivalentes a un nuevo EIA y más amplio que el primero. El12 de febrero de 1997 la Conama informó a ENDESA que no podía acoger a trámite de revisión el Addendum hasta que no se acompañase el informe del Panel de Profesionales.
ENDESA, en pocas horas, con extrema rapidez y acelerada eficacia remedió el problema al día siguiente, y acompañó el informe, con lo cual el 13 de febrero de 1997 se pudo reiniciar el proceso de evaluación....
Apreciará el lector, la sorprendente rapidez con que Conama y ENDESA resolvieron complejos pronunciamientos que, en condiciones normales, requerirían varios semanas, a lo menos, de acucioso estudio. ¿Qué ocurrió que Conama revirtió rápidamente el pronunciamiento inicial de rechazo del proyecto? ...
Aun así, el primer Addendum no satisfizo las expectativas de la Conama ni de los organismos ciudadanos que seguían muy de cerca las respuestas de la ENDESA. Había dos aspectos sobre los cuales existía especial preocupación: uno, sobre los recursos naturales. Esto implicaba considerar los impactos sobre la cuenca del río Bío Bío, la identificación de la flora y fauna afectada, especialmente la que cuenta con un valor de conservación; el flujo de aguas entre la represa y la zona de la casa de máquinas; los cambios climáticos; impactos sobre la fauna íctica; pérdida de ejemplares de especies vegetales; la alteración de la continuidad y la ordenación del paisaje; riesgos potenciales para la existencia de los peces nativos de los ríos. El Grupo de Acción del Bío Bío y otras entidades efectuaban su propio y riguroso monitoreo de estos temas y hacían públicas sus observaciones, ejerciendo así un importante control social tanto sobre la empresa como sobre Conama.
El segundo aspecto de preocupación se relacionó con los poderosos impactos que el proyecto significaría para las comunidades pehuenches. Serían afectadas 638 hectáreas de tierra indígena y 98 familias pehuenches, unas 600 personas indígenas. Para abordar los impactos sociales del proyecto se constituyó un Panel de profesionales independientes que colaboraron en el diseño del plan de relocalización. En los meses de enero y febrero de 1997 se realizó una especie de consulta en las comunidades. La Directora de Conama estimaba que debía considerarse la opinión no sólo de las comunidades afectadas sino del conjunto de comunidades del Alto Bío Bío, las que suman siete.
Al ser interrogada sobre este aspecto, en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente del Parlamento, la Directora Blanlot señaló que pese a que este trámite no se contemplaba para el caso del Addendum, se había llegado a un acuerdo con la empresa y se había llevado a cabo una consulta con las personas que habían participado en la etapa previa, a los propios pehuenches y a todas las demás organizaciones que habían participado con anterioridad.
Por último, señaló que a su juicio, las comunidades pehuenches no tenían la capacidad de decidir libremente las condiciones de relocalización aceptables en el largo plazo y que era menester definir si los predios ofrecidos por la ENDESA cumplían o no con las condiciones consignadas por la Ley de Bases del Medio Ambiente (Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en relación a una visita efectuada al Alto Bío Bío en abril de 1997. El informe tiene fecha 10 de junio de 1997. Cámara de Diputados).
Sobre el mismo tema, el entonces Director Nacional de la Conadi, Mauricio Huenchulaf, exponiendo ante la comisión mencionada señaló que: "las comunidades no han podido expresarse de manera legítima acerca de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y que en este sentido ENDESA y la fundación Pehuén deberían abstenerse de participar en este proceso. Los representantes de la empresa expresaron a su vez, que se había trabajado por espacio de dos años con las comunidades para la determinación de los terrenos y que pensaban que la comunidad podría mantener su unidad basados en las encuestas realizadas" id. informe citado de la Comisión de Recursos Naturales de junio de 1997).
Es interesante destacar de este informe parlamentario, que la empresa informaba ya de una inversión de US$ 12 millones 161 mil 477 dólares en el plan de relocalización. Que ya había dispuesto las compras de los fundos El Barco (19.270 hectáreas); el Huachi (que en mapuche, curiosamente, significa "trampa", con 436 hectáreas), y Santa Laura (1.400 has). Ante la Comisión la ENDESA informó además que su plan de compensaciones comprendía viviendas, bodegas, galpones, cercos, electrificación, sistemas de riego y agua potable, asistencia para el traslado (incluyendo flete), asistencia para el desarme de viviendas y alimentación, fondo de asistencia productiva con 50% en especies productivas y 50% en efectivo, más un programa de desarrollo...
¿Qué es lo interesante de esta información? Que mientras la Conama recomendaba oficialmente ante el Parlamento la necesidad de extender la consulta ciudadana "a todos los pehuenches del Alto Bío Bio" y mientras la Conadi señalaba su aprensión respecto a la directa ingerencia de la ENDESA en este proceso consultivo, la empresa ya había resuelto todos los principales aspectos relacionados con la relocalización, en forma más que anticipada y basados según ellos informaron, en su propio diagnóstico surgido de dos años anteriores de trabajo en la zona... Las recomendaciones de Conama y Conadi estaban francamente de más.
El Gobierno local tenía una mirada crítica hacia este proyecto y así lo expresó nítidamente el Gobernador de la Provincia de Los Angeles ante la Comisión parlamentaria ya citada, don Juan Carlos Coronata (PDC):
"En lo que dice directa relación con la relocalización de 77 familias indígenas, de las cuales 45 (ENDESA) se propone ubicar en el Fundo El Barco y 32 en los Fundos El Huachi y Santa Laura, (el Sr. Gobernador) considera que más que una amenaza podría traer oportunidades, pero que sin embargo, el plan ha sobreestimado la calidad de los recursos productivos del área y la capacidad de respuesta de los pehuenches a la innovación y la transferencia tecnológica. A su juicio, se ha subestimado, además, en cuanto a la rigurosidad del clima y la dinámica real de explotación de la tierra por parte de los indígenas. Señala que al respecto ha recorrido el Fundo El Barco, el cual tiene una superficie de 72 kilómetros de caminos interiores. El plan no ha considerado el potencial forestal ni el potencial ganadero, puesto que el programa se ha desarrollado considerando sólo el desarrollo del ganado vacuno, siendo que el ganado de los indígenas está conformado principalmente por ganado ovino o caprino. Otro aspecto que, a su parecer, tampoco se ha contemplado, es el relativo a la propiedad comunitaria, ni el eventual desarrollo turístico.
Una de las interrogantes que aun no ha sido respondida es la que dice relación con el crecimiento demográfico y cómo se sustentará el proyecto cuando aumente la población. Como tampoco se ha dicho nada sobre el tema de los riesgos e imprevistos. Finalmente (el Sr. Gobernador) expresó que creía más conveniente que el plan de relocalización se llevara a cabo tierras abajo y no en el Fundo El Barco" (id. Informe de la Comisión de Recursos Naturales, junio de 1997).
La Comisión parlamentaria sesionó sobre este tema los días 18 de marzo; 1, 8 y 15 de abril; 13 de mayo y 4 y 10 de junio de 1997. El informe se refiere a las primeras sesiones.
1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco
El 17 de abril de 1996 tuvo lugar en la Gobernación de Los Angeles una importante reunión con personeros de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema, de la propia Gobernación y de Conadi. Se informó en dicha ocasión de la apertura del proceso de evaluación ambiental del Proyecto Ralco y de la participación de distintos servicios públicos en el análisis de dicho proyecto. Se convino que cada organismo recibiría de parte de la Corema la documentación correspondiente. Al día siguiente, el 18 de abril de 1996 los antecedentes fueron remitidos según lo acordado.
En términos sustanciales, el documento presentado por ENDESA, en lo relativo a los aspectos étnicos, parte señalando que "las medidas de mitigación que se proponen están orientadas a minimizar la aceleración del proceso aculturativo que está teniendo lugar en las comunidades pehuenches, de tal modo de evitar la interrupción de elementos culturales y sociales que actualmente existen".
En relación a la formulación de un Plan de Relocalización, ENDESA indicó que:
"Se diseñará e implementará un Plan de Relocalización que permita realizar el proceso de relocalización de las personas afectadas por el proyecto de forma armónica, coherente y participativa, lo cual minimizará los efectos socioculturales sobre los grupos afectados".
En su presentación ENDESA planteó también la necesidad de reducir el contacto de los pehuenches con trabajadores externos. Este antecedente es importante pues estos megaproyectos implican la presencia de cientos de trabajadores, ajenos a la cultura local. Al respecto ENDESA recomendó diversas acciones para velar por el cumplimiento de la normativa interna de Protección Ambiental mediante una adecuada fiscalización del contacto de los trabajadores externos con los miembros de las comunidades pehuenches.
ENDESA planteó también reducir el distanciamiento de los miembros de las comunidades. Al efecto, cabe citar la propuesta tal como fue formulada en el capítulo 5 del Plan de manejo ambiental:
"En el Plan de Relocalización se deberá minimizar el número de reasentados. La permanencia en la comunidad será aplicable para personas afectadas en forma mínima o parcial por la inundación, o bien para aquellas que no deseen irse del área. Estas personas podrían ver reubicadas sus viviendas en terrenos propios localizados sobre la cota de inundación, y/o mediante saldos de terreno de personas relocalizadas, evitando así su desplazamiento".
Con el propósito de evitar la interrupción de actividades tradicionales, "en los lugares de relocalización deberá asignarse un terreno equivalente para continuar ejerciendo comunitariamente sus actividades tradicionales".
Y en materia de reforzamiento de la cultura tradicional se planteó implementar "programas de desarrollo cultural, a través de la enseñanza de su historia, idioma y cultura, la recuperación de manualidades, etc. Dichos programas deberán ser realizados en las comunidades de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, y en los nuevos asentamientos, de manera que no se interrumpa el sentido de identidad étnica que los une". Agregándose que "se aconseja realizar un proyecto turístico de carácter étnico que permita incorporar a los turistas a participar del estilo de vida pehuenche. Esto debería ser incorporado lentamente a la comunidad pehuenche y coordinado por expertos sociales. Lo anterior, además de reforzar la cultura tradicional, permitiría minimizar cambios aculturativos drásticos asociados al desarrollo de actividades turísticas, especialmente en los aspectos valorativo y conductual. Estos programas deberán ser insertos en un programa de desarrollo socioeconómico y cultural de largo plazo".
En relación a los aspectos históricos y arqueológicos el Plan apuntó a un programa de manejo de tales recursos, lo que deberá ser elaborado por un especialista en conformidad a los requerimientos que para el efecto establezca el Consejo de Monumentos Nacionales.
ENDESA reconoció en su presentación que los recursos emplazados en el área de inundación y obras, requieren ser ''exhaustivamente estudiados y documentados", particularmente cementerios indígenas. Este tema hace referencia a una importante herencia arqueológica existente en el Alto Bío Bío tales como el Panteón del Río Quepuca y los cementerios ubicados en El Invernizo, La Bandera, Río Pinca y Estero Lepoy.
Otros aspectos contemplados en el Plan de Manejo ambiental comprende la restauración de los componentes ambientales efectuados por el Proyecto Ralco con el objeto de que tales componentes retomen a su estado original luego del daño causado.
"Los principales impactos en el período de construcción se manifestarán en la compactación de los suelos por faenas relacionadas con la construcción de las obras, ocupación de terreno por construcciones e instalaciones provisorias, de aperturas de yacimientos para la extracción de áridos y finalmente la disposición de botaderos. La compensación en general debe ser monetaria y correspondiente a los efectos económicos para el propietario derivados del roce y limitaciones de uso.
La figura legal que corresponde en estos casos es la de una servidumbre y para fijar los montos de las indemnizaciones asociadas a éstas corresponden iguales mecanismos a los descritos para el caso de la compensación por pérdida de suelos".
El capítulo más relevante del plan de relocalización se vinculó con el sub-capítulo Compensación global a las comunidades Pehuenches. ENDESA reconoció que el proyecto implicará impactos de tipo étnico, cultural y socioeconómico en el territorio pehuenche y por lo tanto sugirió un programa de desarrollo socioeconómico de largo plazo, medida
que sería válida para las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, incluyendo tanto a los relocalizados como a los no relocalizados. En el proyecto se recomendó que este plan fuese llevado a cabo por la Fundación Pehuén, cuya estructura debería ser modificada para adaptarse a estos nuevos fines.
Esto está planteado como recomendación en la presentación que ENDESA realiza en abril de 1996, pero como se analizó en el punto correspondiente al Informe Downing, esta materia ya estaba resuelta por la empresa en los primeros meses de dicho año. Las propuestas de la ENDESA fueron funcionales con su propósito de enmarcar a la Fundación Pehuén en el proyecto de erradicación de los pehuenches desde la zona de construcción de Ralco.
Para cumplir sus objetivos ENDESA propuso desarrollar programas de capacitación en técnicas de producción propias de las comunidades (agricultura, horticultura, ganadería, artesanía, etc). Propuso organizar la comercialización de productos locales y la capacitación específicamente orientada a las nuevas fuentes de ingreso que generará el proyecto Ralco.
"Por otra parte, las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, después de construida la central, dispondrán de más de 20 kms de orilla de lago. Este hecho abre una enorme expectativa de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades. Para aprovechar la oportunidad que se crea sería conveniente desarrollar programas que identifiquen posibles proyectos para el aprovechamiento de este recurso y considerando el marco cultural de las comunidades".
Cuando la Conadi recibió el Resumen Ejecutivo del proyecto Ralco, le encargó a la Unidad de Estudios y Planificación de la Corporación el estudio técnico correspondiente. Se acudió también a profesionales externos y, finalmente, el 31 de mayo de 1996 se concluyó el informe titulado Observaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de ENDESA. Este informe fue enviado con el Oficio No 239 de fecha 3 de junio de 1996 a la entonces Directora de Conama, Vivianne Blanlot, y comprende tres capítulos:
"Aclaraciones sobre fuentes de información; b) Precisiones de información y c) Rectificaciones de información y se acompaña un capítulo de apreciaciones generales.
Es importante dar cuenta de este último capítulo que abordó los aspectos culturales e identitarios. Son aspectos fundantes de la política institucional de la Corporación en el tratamiento del tema Ralco, lo que será seguido por las Direcciones institucionales y el Consejo Nacional de los períodos 1994-1996 y 1997-julio de 1998 de modo invariable. Dice Conadi:
"La relocalización y las compensaciones que ella implica, deben dar cuenta no sólo de aspectos económicos (ingresos) o sociales (infraestructura familiar y social básica, comunicaciones, etc), sino que debe ser consistente con la propia apreciación del Estudio de impacto ambiental (EIA) en cuanto a que para las familias indígenas la tierra tiene un sentido de identidad étnica y el reconocimiento de la pertenencia histórica al lugar y que la relación de esta cultura con la tierra es de asociación y participación y no sólo de dominio o usufructo.
"Más aun, la identificación de las compensaciones en una eventual relocalización debe garantizar no sólo los aspectos económicos, sino que inclusive los productivos, pues a diferencia de los modelos formales de sistemas productivos campesinos el sistema productivo pehuenche está asociado a situaciones ceremoniales, rituales y creencias que escapan a dicho modelo", (p.10, punto 3.2 Aspectos Culturales e identitarios)
La conclusión del informe de Observaciones de parte de Conadi es intensa y vale citar textualmente lo referido a los efectos sociales tal como fueron analizados por los expertos indígenas de la Corporación.
"Los antecedentes que aporta el propio EIA son preocupantes pues señala como probables impactos: la desestructuración de la comunidad y del sistema productivo, la interrupción de las fiestas ceremoniales, la alteración del territorio étnico y sus simbolismos y las perturbaciones emocionales que ello acarreará en las familias indígenas. Lo anterior se une a la destrucción y/o intervención de cementerios y sitios sagrados de la comunidad, lo que en cualquier cultura es causa de profundas dolencias. Baste recordar al respecto el trauma del exilio y la desaparición de personas que vivió Chile en épocas recientes, heridas que aun no pueden ser curadas del todo.
"Complementariamente a esto, la ejecución del proyecto significará la movilización de cerca de 2.000 personas para las labores en las faenas de la obra, que potenciarán el efecto que Pangue ya ha tenido en las familias indígenas. La utilización de las tierras arables, el empleo asalariado en la construcción y el agotamiento de las labores después de seis años de empleo, redundarán en la necesidad de salir a buscar empleos fuera del entorno pehuenche.
"Ciertamente que el fenómeno de la migración temporal o definitiva ya existe, como en todo el país, pero debe verse como el resultado de la insuficiencia de las políticas públicas de desarrollo local más que como opción deliberada de vida. Las opiniones de las familias pehuenches respecto a su reasentamiento así lo demuestran. Luego, un proceso que acentúe la expulsión de las familias de su habitat y que implique la desestructuración de su cultura y su final extinción antes de una década, no puede sino catalogarse como etnocidio.
"La diferencia entre etnocidio y evolución cultural ha sido suficientemente documentada por antropólogos, particularmente en Latinoamérica. Por medio está la capacidad de las personas, familias y comunidades de realizar una selección de aquellas prácticas ventajosas y de rechazar aquellas que son desventajosas o ponen en riesgo su integridad indígena. Precisamente, lejos de un purismo étnico, lo que la Ley 19.253 persigue es una nueva relación entre Estado y sociedad chilena y sus etnias indígenas, caracterizados por el respeto y reconocimiento mutuos.
"Finalmente, en relación a este último aspecto la actuación de ENDESA, a través de sus instituciones relacionadas (léase Fundación Pehuén), no ha aportado a un clima propicio entre sociedad chilena e indígenas, e incluso al interior de las propias comunidades. La estrategia de la Fundación Pehuén en cuanto a contratar indirectamente al Presidente de una de las Comunidades indígenas como capataz de obras de las casas que se están construyendo en el fundo El Barco, no resulta demostrativa del interés que se tiene en la situación de las familias indígenas".
El informe de observaciones formuladas por Conadi el 31 de mayo de 1996 incorporó también una evaluación de los aspectos legales que involucra el proyecto. Se dice al respecto en el punto 3.4:
"Las disposiciones de la Ley No 19.253 establecen la prohibición absoluta de gravar las tierras indígenas, impidiendo las transacciones entre indígenas y no indígenas.
No obstante, establece la posibilidad que Conadi autorice la permuta de tierras indígenas por otras no indígenas a expresa solicitud de las partes interesadas en la transacción."Lo anterior entraña un acto de manifestación de voluntad que hasta la fecha no ha sido ejecutado formalmente, en términos jurídicos, por ningún indígena.
"Más aun, el EIA señala expresamente el rechazo que la mayoría de las familias pehuenches han expresado en diversas reuniones. (...) Luego, cabe plantearse la pregunta sobre cuáles son los elementos que permiten a ENDESA prever que obtendrán el consentimiento de las aproximadamente 60 familias que deberán abandonar sus casas que serán inundadas.
Claramente, cuando se declara expresamente en el EIA que se han levantado monolitos indicando las cotas de inundación y se han sostenido múltiples reuniones con las comunidades y caso a caso, con las familias, no se puede pensar en otra cosa que se está en presencia de acciones que a lo menos intensifican la angustia de las familias pehuenches ante la incertidumbre por su futuro, aspecto que el propio EIA señala".(...)
"Señalado lo anterior y en términos del continuo ecológico que significan los trayectos de los cuerpos hídricos del Alto Bío Bío, considerando sus afluentes y sus efluentes, la construcción de la represa Ralco implica un antes y un después que rompe totalmente la condición geofísica y biotópica sin posibilidad de retorno, afectando toda la conformación de la cuenca del Bío Bío.
"Esta ruptura significa el quiebre del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del Pueblo Pehuenche que vive en el tránsito estacional de la invernada y veranada; significa, necesariamente un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres, tradiciones y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre (ecosistema-hombre) es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche. (...) En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de una cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio cultural de la humanidad".
El intenso Informe de Observaciones de Conadi, del 31 de mayo de 1996, estableció a fin de cuentas un conjunto de condiciones estrictas antes de acoger a trámite -de acuerdo a la Ley 19.253- el proyecto de Estudio ambiental de Ralco. Es por tal motivo, que el equipo de profesionales de la Corporación se esmeró en requerir a la Conama y ENDESA un conjunto de Aclaraciones que se enumeran a continuación:
"* listado detallado de la superficie y porcentaje de tierras totales, por cada familia pehuenche que será inundada por el embalse y para distintos niveles de cota (máxima normal, crecidas de envergadura, coronamiento de presa, etc). |
* detalle de superficie y porcentaje de tierras con pequeños cultivos y huertas destinados al autoconsumo, por cada familia pehuenche, que será inundada por el embalse contemplado en obras civiles del proyecto.
* localización de viviendas de cada familia pehuenche que se encuentra en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, definidas para distintos niveles de cota.
* localización del embalse del proyecto para distintos niveles de cota.
* superposición de los antecedentes señalados precedentemente a través del desarrollo de cartografía 1:20.000 bajo coordenadas UTM, generadas a través del uso de tecnología Global Position System (GPS), utilizada en la etapa de levantamiento de información del proyecto.
* descripción de modalidad de uso colectivo de tierra, con particular énfasis en relaciones sociales de reciprocidad para efectos de realización de labores productivas.
* localización de sitios de interés históricos y arqueológicos, particularmente cementerios, en cartografía 1:20.000, bajo coordenadas UTM.
* detalle de tipo de faenas que desarrollarían pehuenches contratados en obras civiles del proyecto y salarios que efectivamente recibirían.
* detalle cartográfico de propiedad del suelo potencialmente urbanizable a orillas , del eventual embalse, a escala 1:20.000, coordenadas UTM.
* descripción del tipo de mejoramiento de la infraestructura vial (ripiado, asfaltado) y permanencia en el tiempo de su mantención (financiamiento, ejecución de obras).
* detalle de nivel de cota de inundación del embalse del proyecto, utilizado para estimar la población afectada por dicha inundación.
* listado detallado de familias "potencialmente afectadas" por tipo de impacto, superficie afectada, localización de vivienda y terrenos aledaños para subsistencia en superficie afectada.
* detalle de pérdida de suelos por familia afectada, clase de suelo y tipo de impacto ambiental.
* localización del emplazamiento de los sectores de faenas, en relación con las tierras indígenas, particularmente yacimientos pétreos de Malla y Lepoy Alto".
En síntesis: "lista detallada de pérdida de producción y bienes para pequeños propietarios; presentación de propuesta de plan de ordenación del embalse Ralco como anexo al EIA; presentación de propuesta de Plan de relocalización completamente acabada como anexo al EIA; presentación de propuesta de Plan de compensaciones completamente acabada como anexo al EIA; presentación de propuesta de Programa de Desarrollo Socioeconómico y Cultural de largo plazo completamente acabado como anexo al EIA, especificando sus objetivos, actividades, resultados, metas, indicadores de evaluación, institucionalidad, financiamiento, recursos humanos involucrados, etc".
El Informe de Observaciones abarcó también un conjunto de Rectificaciones que Conadi solicitó a Conama, para que a su vez las requiriese a la ENDESA, pues la empresa había incurrido en errores importantes de apreciación, especialmente sobre la variable cultural pehuenche. Al respecto el Informe señaló:
"En relación al punto 3.12 y totalidad del EIA: la etnia reconocida legalmente es la mapuche y sus agrupaciones menores se reconocen en los documentos históricos y antropológicos como picunches, pehuenches, huilliches, etc. Debe reemplazarse la expresión "etnia pehuenche" por comunidades, agrupaciones, familias, etc., mapuche de ascendencia pehuenche o mapuche-pehuenche.
"En relación al punto 4.1.1.2 y totalidad del EIA: la relocalización no es un impacto ambiental sino un efecto probable del proyecto. La definición de impacto ambiental correspondiente debería denominarse inundación, constitución de servidumbres, excavaciones u otros nombres que den cuenta de los caracteres irreversibles y/o compensables del daño que se produce (...).
"Se debe considerar como condiciones de un eventual Plan de Relocalización la mantención de las actividades productivas, sociales y rituales desarrolladas por las comunidades indígenas en la actualidad, de modo tal de ser consistentes con lo señalado en la línea de base del EIA, respecto a la relación entre trabajo de la tierra y cultura indígena. El indicador de ingresos, como variable para medir calidad y cantidad de tierras entregadas, debe ser relativizado en función de las variables culturales señaladas(...).
"Desde el punto de vista del valor cultural, los cementerios son sitios sagrados cuya destrucción no es compensable. La distinción debe ser hecha en función de evitar su mero tratamiento como sitios históricos o arqueológicos. El EIA debe dar cuenta, desde un punto de vista intercultural, del impacto en la salud de las familias indígenas, derivado de la destrucción y/o intervención en sus cementerios y el eventual reasentamiento en zonas extrañas a ellas. Ello porque desde el punto de vista de sus costumbres, creencias y rituales, se trata de ámbitos sagrados de la vida familiar y colectiva, íntimamente vinculados con su concepción de salud ("bien y mal"). Luego, el EIA debe establecer claramente si considera compensables tales impactos, cómo y en qué medida".
Hasta aquí parte sustantiva del Informe de Observaciones concluido por Conadi el 31 de mayo de 1996 y entregado a Conama el 3 de junio de ese año. En justicia, cabe reconocer y valorar el excelente análisis realizado por el equipo de la Unidad de Estudios y Planificación de la Corporación, elaborado en circunstancias modestas de plazo y aun así rigurosas en su formulación. Previamente, el Consejo Nacional de la Corporación se había reunido el día 23 de mayo de 1996 y en conocimiento de los procedimientos de evaluación solicitados por Conama, adoptó un acuerdo institucional que tuvo por finalidad cautelar la plena vigencia de la Ley Indígena. El Director Nacional Mauricio Huenchulaf, en el Memorándum No 696 de fecha 31 de mayo de 1996, junto con el Informe de Observaciones entregado a Conama, informó a los Directivos Nacionales de Conadi acerca del tenor de dicho acuerdo:
"La Corporación asumirá la defensa de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por los estudios o construcción de los megaproyectos de obras, u otros, hasta que las mismas comunidades se pronuncien por estudiar acuerdos o negociaciones, o se pronuncien por otras instancias jurídicas, velando la Conadi, especialmente, por el cumplimiento del Art. 34 de la Ley 19.253.
"Por consiguiente, en relación con el megaproyecto de la represa Ralco, es imperioso que la Corporación mantenga una sola línea de acción, a la que en la actualidad corresponde asumir la defensa de los derechos de las Comunidades del Alto Bío Bío afectadas por el mencionado proyecto, de modo que nuestro trabajo esté coordinado y sea consecuente con la acción que mantienen las comunidades en la defensa de sus derechos. Por lo mismo, salvo que exista un acuerdo expreso de las comunidades, la Conadi no puede iniciar otras acciones destinadas a negociaciones que no se encuentren en la voluntad de las comunidades indígenas".
Este memorándum estableció el marco de acción y de coordinación de la Conadi para el tema Ralco y ello se mantuvo como criterio institucional, al menos hasta comienzos de agosto de 1998. Fue un antecedente no suficientemente considerado, sin embargo, por el nivel ejecutivo del Gobierno y de la propia ENDESA puesto que se señaló con extrema claridad que, previo a cualquier procedimiento, debía considerarse la variable de un acuerdo expreso de las comunidades, con lo cual la Corporación, en cumplimiento de la Ley Indígena, marcaba el perfil de quiénes debían resolver realmente sobre su propio destino, incorporando en ello a las organizaciones y autoridades ancestrales del Alto Bío Bío, sus comunidades y familias.
Hemos analizado, a través del Informe Downing, que la idea de trabajar en relación con la organización indígena comunitaria nunca estuvo presente, realmente, en el diseño del proyecto Pangue. En lo concerniente a Ralco, se implemento una línea de continuidad que dejó fuera a la instancia organizacional ancestral de la comunidad. Siendo un organismo constituido por expertos en el tema indígena, la Conadi sabía de la importancia de este hecho. Pero ENDESA había optado por el camino de llevar a cabo negociaciones
directas con las familias propietarias de las hijuelas que a la empresa interesaba permutar, y excluyó al cacicazgo tradicional no reconociéndole su autoridad para generar las condiciones para un eventual acuerdo con los líderes pehuenches. En resumen, los profesionales de Conadi habían apuntado a un procedimiento participativo socialmente válido, pero esto no fue atendido a su debido tiempo ni por ENDESA ni por las autoridades gubernamentales correspondientes. Conadi araba, en ese sentido, en el desierto...
Aclaraciones de la Conama sobre el proyecto
Junto con el Informe de Observaciones de Conadi, otros Servicios Públicos incumbentes en el EIA, hicieron lo propio formulando diversas objeciones y exigencias de aclaraciones, precisiones y rectificaciones ante el insuficiente estudio presentado por ENDESA. A partir de estos antecedentes, la Conama solicitó entonces formalmente a la empresa un primer Addendum para corregir las fallas. Esto produjo en ENDESA una intensa molestia, hasta el punto que su estado de ánimo "se filtró" a ciertos medios escritos, el 28 de agosto, en tanto el tema Ralco ya era objeto de importantes controversias públicas.
Esto hizo que el 30 de agosto de 1996 la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, entregase una Declaración Pública en donde formuló importantes precisiones sobre los procedimientos normalmente seguidos en el proceso de evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos, "en particular, sobre aquellos sometidos voluntariamente se dice en la minuta- al sistema". En resumen la Conama señaló que su rol es la coordinación de los distintos organismos públicos en materia ambiental, especialmente en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
La Conama, en su respuesta pública a ENDESA señaló que la ventanilla única y los plazos acotados para calificar un proyecto son elementos sustantivos de la Ley 19.300. Que el EIA es su responsabilidad y que por lo tanto, de acuerdo al artículo 24 de dicha Ley, la Conama se pronuncia sobre la viabilidad de los proyectos en base a los Estudios que se le presentan.
"En relación a la polémica suscitada por el EIA de la Central Hidroeléctrica Ralco, la Conama no ha hecho otra cosa que atenerse rigurosamente a los procedimientos establecidos y al espíritu de la Ley 19.300, lo cual siempre estuvo en conocimiento de la empresa, desde el momento que se sometió voluntariamente al sistema de EIA. Sorprende, por lo tanto, los comentarios de la empresa, trascendidos en un medio de comunicación escrito, que reflejan aparentemente un desconocimiento por parte de ENDESA del EIA, que obliga a la Conama a señalar las deficiencias o insuficiencias de un EIA y a exigir las rectificaciones necesarias para proceder al otorgamiento de los permisos que la Ley le faculta".
ENDESA cuestionaba en su trascendido el derecho de la Conama y de otros Servicios Públicos a exigir información adicional y corregir su proyecto. De acuerdo a la Ley, si los proyectos no cuentan con tal información, los Servicios no podrían comprometer posteriormente los permisos sectoriales correspondientes. Para la Conama, la exigencia de un Addendum implicaba "la continuación de un diálogo con la empresa para lograr un EIA técnicamente correcto". Dice la declaración de Conama:
"Por ejemplo, la empresa plantea que se ha solicitado información exagerada respecto del impacto en el cauce del Río Bío Bío. Conviene aclarar que la validez de analizar este impacto no es menor, y es universalmente aceptada en proyectos de esta naturaleza. Las eventuales modificaciones en los flujos de un río como éste no sólo tienen impacto potencial en la flora y fauna íctica, sino también en las actividades productivas que consumen agua, aguas abajo del proyecto (...)
"Lo que la Conama ha hecho es exigir la aclaración, rectificación y ampliación de aspectos deficientes del EIA, según la evaluación hecha por el conjunto de servicios públicos. (...)
"El trascendido de prensa mencionado se hace cargo de un porcentaje muy bajo (del orden de un 5%) de las observaciones hechas por Conama; de otros hace una interpretación errada. En ningún caso, se ha solicitado a la empresa estudios académicos, sino lo habitual según lo que las metodologías reconocidas internacionalmente exigen, tales como las utilizadas o propuestas por el Banco Mundial. (...) "Lo más conveniente en este momento es retomar el cauce técnico del diálogo, de manera que este proyecto, indudablemente complejo en muchos planos, tenga la oportunidad de solucionar los aspectos que no han sido abordados desde una perspectiva ambiental adecuada (...)
"Es importante destacar la importancia que el eventual Addendum, en lo que se refiere al Plan de Reasentamiento requerirá de un proceso de participación ciudadana adicional, debido a que los elementos fundamentales de éste no fueron presentados formalmente en la primera versión del estudio. Esta es una condición a la que la autoridad, de acuerdo a la Ley, no puede renunciar, considerando el impacto potencial sobre minorías étnicas.
"Por otra parte, en estos temas siempre debe tenerse presente que el futuro ambiental de los proyectos tendrá necesariamente un impacto en el desarrollo futuro del país. Uno de los factores con que la competitividad de nuestra economía exportadora está siendo evaluada crecientemente en el mercado internacional, es su nivel de protección del medio ambiente y el cumplimiento de la legislación respectiva; cumplir con ello evitará que se nos acuse de amparar prácticas de dumping ecológico, que finalmente constituyen una agresión contra la integridad de nuestros recursos y nuestro territorio. No es conveniente que el país aparezca subsidiando una generación de energía cuya localización es motivo de conflictos mayores con el medio ambiente y la comunidad, en una economía globalizada, cada vez más preocupada por la sustentabilidad del desarrollo. Y sobre todo, no podemos comprometer nuestro auspicioso posicionamiento internacional, que podría verse lamentablemente afectado por un proyecto que, tal como está formulado, aparece atentando contra un tema tan sensible en la opinión pública internacional como es el respeto a los derechos de las minorías étnicas'. (Fuente: Declaración Pública de Conama del 30 de agosto de 1996).
En 1990 se inició el período voluntario de Estudios de Impacto Ambiental. Al mes de agosto de 1996 se habían analizado 145 proyectos: 70 fueron aprobados con una inversión de US$ 10.700 millones de dólares. Sólo 4 proyectos habían sido rechazados. Otros estaban en evaluación. Se cumplía así una instrucción presidencial en cuanto a hacer operativa una institucionalidad que velase por la normativa ambiental vigente que el país había adoptado sin detener el desarrollo económico que el país necesita.
Hacia mediados de 1996 era evidente que la totalidad de los Servicios Públicos consultados por Conama en relación al EIA de Ralco, incluida la Conadi, habían manifestado una serie de reparos de fondo y necesidades de mayor información, lo que indica que dicho estudio, tal como lo señaló la Conama era, franca y definitivamente deficiente.
ENDESA, a pesar de sus trascendidos de prensa, tuvo que allanarse a la exigencia de formular sus precisiones a través del Addendum exigido.
Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena
La Conadi presentía que en los meses siguientes a mayo de 1996, vendría un período en que el tema Ralco se levantaría en el horizonte como un problema de gran envergadura, que pondría en juego la Ley Indígena, a la propia Conadi y las relaciones del mundo indígena con el Estado y la sociedad. Sin embargo, aun no se sospechaba su verdadero impacto en estos ámbitos.
Los profesionales de la Unidad de Estudios y los Directivos de la Corporación realizaron en 1996 un proceso interno de discernimiento acerca de los contenidos que habría que considerar en la defensa del patrimonio cultural de los Pueblos, entendiendo que lo de Ralco era sólo la expresión de muchos otros problemas que conllevan los megaproyectos en su relación con el mundo indígena. El año 1997 sería expansivo en ese sentido.
Al efecto, entonces, el Departamento de Desarrollo preparó una propuesta de trabajo que se tituló Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena, en donde se abordó un enfoque desde la perspectiva de los Derechos Humanos, reconociéndose, entre otros, el Derecho al Desarrollo, al Medio Ambiente y los Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que tienen como titulares a las personas y a los grupos humanos en su dimensión social y cultural.
Al analizar los roles de Conadi y sus obligaciones legales emanadas de la Ley Indígena, la propuesta dio cuenta de la dificultad que se presenta a nivel de la coordinación con otros organismos del Estado, "por la insistencia de una práctica política tradicional, excluyente y homogeneizante, interpretada como un desconocimiento acerca de la existencia de los Pueblos Indígenas y de la actual Ley, situación que a su vez es un reflejo de lo que se observa en la sociedad civil en general, donde el asunto indígena es visto como un problema puntual de las regiones o localidades del país con presencia indígena.
"Ante esta dificultad la Corporación aporta elementos a la discusión acerca del desarrollo y de una sociedad multicultural, lo cual se traduce en su tarea de sensibilizar al aparato público y a la opinión pública respecto al reconocimiento de la diversidad cultural. Porque no puede existir democracia, desde el punto de vista de los propios sectores postergados como son los Pueblos Indígenas, si no se crean además los espacios y posibilidades que aseguren el derecho a la igualdad con respecto a la diversidad cultural" (Fuente: Documento titulado "Programa de defensa del patrimonio cultural indígena").
La Corporación, en 1996, alentaba la idea de que los Pueblos Indígenas pueden y deben introducir nuevos elementos que favorezcan la tarea de marcar una nueva entrada al debate sobre modernización y desarrollo con identidad. Se destacaba también la importancia de la participación activa de los Pueblos originarios en la búsqueda y establecimiento de nuevos marcos de interpretación y diseño de estrategias para el cambio de su realidad, materia considerada como incipiente y potencialmente relevante.
A partir de este esquema básico se apeló entonces a un conjunto de Derechos, entre los cuales destaca el Derecho al Desarrollo y el Derecho al Medio Ambiente.
El programa indicó que el derecho al desarrollo es todavía un concepto en formación. "Sin embargo podemos señalar que la relevancia de este derecho radica en que es de un carácter superior al conjunto de derechos humanos, porque innova en la forma de pensar la vida, la libertad, la participación y la institucionalidad".
Se reconoció que en la transición democrática Chile ha alcanzado un importante grado de estabilidad política y financiera. Esto permite, a juicio del programa, que la inversión extranjera concentre sus intereses en objetivos bastante específicos de recursos naturales como son los bosques, los recursos marinos, mineros y turísticos, amén del potencial que representa el recurso hidroeléctrico. Todo ello no da cuenta, sin embargo, de las insuficiencias del Estado para incentivar procesos de regulación social para este tipo de inversiones, como también de las incapacidades de la propia sociedad civil de influir decididamente en la toma de decisiones públicas. En relación al Medio Ambiente el documento tiene una conclusión tajante:
"La experiencia observada en otros países demuestra que los modelos de desarrollo basados en la extracción y exportación de recursos naturales, si bien pueden producir ganancias en el corto plazo, ponen en serio peligro la sustentabilidad del desarrollo, hipotecando a las futuras generaciones".
A partir de estas apreciaciones el Programa se propone entonces fomentar el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; fomentar la inclusión de los propios indígenas en la búsqueda de solución a problemas específicos que los afecten en alguna de las líneas definidas para el programa, con capacidad propositiva; favorecer el crecimiento integrado y armónico en la comunidades y áreas silvestres protegidas; difundir el respeto de las culturas indígenas y participar en procesos de definición de políticas de estas áreas en conjunto con Conaf y Ministerio de Agricultura.
Este trabajo interno demuestra que existía en la Corporación, en sus directivos y profesionales, una consistente y correcta intuición política, jurídica y valórica.
Durante la semana del 23 al 27 de septiembre de 1996, se reunieron en la oficina de Conama en Santiago, los representantes de ENDESA y personal de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, con el objeto de revisar el "'Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones al EIA del proyecto central hidroeléctrica Ralco", cuyo contenido estaba constituido por el conjunto de objeciones y solicitudes de aclaraciones de parte de todos los organismos consultados. La revisión consistió en el análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos observados como deficientes por distintos servicios públicos.
Para ENDESA, de acuerdo a su minuta de presentación del Addendum, las observaciones formuladas por Conama corresponderían principalmente a "simplificaciones y rectificaciones de datos puntuales y actualizaciones del diseño general del proyecto".
En relación al marco de referencia legal y administrativo del proyecto, ENDESA comprometió una descripción de las medidas en el Addendum, señalándolas en la forma que corresponde para cada servicio público.
Su informe lo acompañó con un cuadro denominado "Normativa ambiental aplicable al proyecto central hidroeléctrica Ralco", en donde se describen los normas que el proyecto debe cumplir. Se incluyó una nómina de Servicios Públicos y el tipo de permisos requeridos. Es interesante señalar cuántos son los Servicios que participaron en la calificación ambiental propiamente tal y los tipos de permisos otorgados según la normativa vigente.
Enero de 1997: Informe de Evaluación Económica encomendado por Conadi
Con motivo del Addendum 1 de ENDESA, la Dirección de Conadi se esmeró en proveerse de la mejor documentación y del análisis más riguroso posible, orientándose a mantener la postura institucional señalada en el Informe de Observaciones preliminar. En el mundo indígena existían sobradas inquietudes sobre lo que acontece en el Alto Bío Bío. El tema estaba aun restringido a segmentos públicos informados y no necesariamente al gran público. El proceso de tratamiento de Ralco estaba situado todavía en ámbitos acotados del Gobierno y sus organismos públicos incumbentes, centros académicos, ONGs ambientalistas y dirigencia indígena...Será a partir de mediados de 1997 y durante 1998 cuando el tema irrumpe en la discusión pública con toda su fuerza.
Para las autoridades era más o menos evidente que el estudio de impacto ambiental de Ralco, con el conjunto de severas observaciones formuladas por diferentes organismos públicos había entrado en una fase muy compleja.
El Informe de Observaciones de la Conadi fue conocido por las autoridades ambientales; fue analizado y se percibió que algo distinto había en su tenor, pero como todavía faltaba tiempo para que el Consejo de Conadi formulase su eventual aprobación de permutas, y a juicio de la autoridad ése era su cometido y no otro, se subentendía que lo primero que debía resolverse bien y con eficiencia era el logro de la certificación ambiental que debía otorgar la Conama. En ese contexto nos acercamos entonces a 1997.
Entre septiembre y diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Conadi encomendó a Risopatrón Consultores, organismo privado, especializado en temas de economía y valoración de Impactos Ambientales, un completo estudio orientado a la "Valoración Económica de Propiedades en el Área de Ralco, en el Alto Bío Bio".
Su contenido fue inspirador para la reflexión institucional de la Corporación y ayudó a formular el segundo informe de Conadi, semanas después, en marzo de 1997.
En el capítulo correspondiente a los Antecedentes Básicos, Risopatrón efectuó un análisis pormenorizado de los aspectos formales que implica el proyecto Ralco, el que a su juicio
"constituye un precedente crucial para determinar la efectividad de la actual Ley Indígena No 19.253, y la futura relación de sus beneficiarios con el actual Gobierno". Para respaldar su afirmación, Risopatrón realizó un examen del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por 27 Estados miembros, 14 de ellos latinoamericanos, y que establece normas mínimas para una relación armoniosa entre Pueblos indígenas y países, compatible con los instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. Sobre el particular, el consultor señaló lo siguiente:
"Al examinar el proyecto Ralco a la luz del Convenio 169 se observa que éste establece que los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes deberán protegerse, en particular el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de estos recursos.
"El Convenio establece que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando el traslado y la reubicación se consideren necesarios sólo deberán efectuarse con su consentimiento, en caso contrario, sólo debe ejecutarse al término de procedimientos establecidos por la legislación nacional en que los interesados puedan estar representados".
La ratificación del Convenio 169 por parte de Chile está aun pendiente, aun cuando está contemplada en los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Frei. En junio de 1998, con motivo de la Declaración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno anunció que daría extrema urgencia al proyecto respectivo. A marzo de 1999 tal iniciativa continuaba pendiente...
En el segundo capítulo los consultores efectuaron un análisis de "Los impactos económicos del proyecto". Señalaron que la evaluación de impacto ambiental del proyecto revela una importante confusión entre la legislación ambiental y la ley indígena en lo que dice relación con la protección jurídica de estas propiedades, pues "no cumple con determinar el valor ambiental del territorio como lo establece la Ley 19.300. Por otra parte, las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas en el EIA no son apropiadas para compensar los impactos ambientales adversos del proyecto77.
"La población no relocalizada supuestamente no afectada, en la práctica vería afectado su sistema sociocultural y su red de intercambio económico en forma importante".
"El sistema económico local, basado en estrategias de economías de subsistencia consistente en pastoreo y recolección debería ser fuertemente afectado. El territorio étnico afectado incluye no sólo las hectáreas, sino a los lugares de Nguillatún, cementerios indígenas y otras referencias sociales y culturales difíciles de valorar por una transacción de predios. La construcción de la central implicará además el cambio de la estructura demográfica con un incremento de la población masculina no mapuche en edad económicamente activa. Los impactos negativos sobre los recursos históricos y arqueológicos son desconocidos según el EIA".
En el tercer capítulo de su informe, abordaron las Propuestas de Compensación que propuso ENDESA en el marco de solicitudes de permutas. En relación a las permutas de tierras se indicó que:
"La estrategia de la empresa es adquirir los predios por negociación directa. Otras compensaciones son servidumbres no monetarias de ocupación para las propiedades donde no se compromete la vivienda ni el terreno para el sustento familiar, y una compensación monetaria y proporcional al costo económico derivado de las limitaciones por el uso del suelo para el tendido eléctrico. Un tema de importancia central para este estudio es la compensación global a las comunidades pehuenches por los impactos económicos, sociales y culturales basados en un programa de desarrollo de largo plazo. La propuesta de la empresa es que esta compensación sea ejecutada por la Fundación Pehuén. El libre acceso al Fundo El Barco, de propiedad de ENDESA, que comprende una superficie de 19.000 has junto a la localidad de Chenqueco es presentado por la empresa como una compensación por la vegetación inundada.
"En el mismo estilo la empresa presentaba como compensaciones la realización de estudios científicos de reproducción de especies nativas y peces, y la difusión de la información de estudios arqueológicos recomendados. Sin embargo, estos tres argumentos no corresponden en la práctica a reales compensaciones por los costos internalizados por las comunidades, sino que son funcionales a las necesidades del proyecto hidroeléctrico".
A partir de estos elementos, los consultores sugieren entonces los fundamentos de una adecuada política de compensaciones para este tipo de permutas:
"Las mitigaciones de impactos ambientales son recomendadas cuando el costo a la comunidad local es colectivo, en este caso la reducción o eliminación del impacto negativo es percibido por toda la comunidad como una compensación ambiental.
"Las alternativas y posibilidades de compensación pueden ser organizadas calculando el costo esperado neto de un proyecto hidroeléctrico para un miembro de la comunidad local. El costo esperado neto se obtiene de la suma de cada uno de los costos, ponderados por la probabilidad del individuo de ser afectado por ese costo, menos la suma del valor de los beneficios, ponderados por la probabilidad del individuo de recibir cada beneficio, menos los pagos en dinero recibidos como compensación. El propósito de un esquema de compensaciones es reducir a un mínimo este costo esperado neto (...).
"El uso de compensaciones basadas en la creación de áreas protegidas y programas de forestación ha demostrado ser un mecanismo exitoso solamente cuando va asociado con beneficios a las comunidades locales impactadas por el proyecto hidroeléctrico. En la medida que los recursos renovables son más escasos, la oposición ideológica y ambientalista es incorporada por las comunidades locales (...).
"La esencia del esquema de compensaciones exitoso es hacer que la comunidad local esté más dispuesta a aceptar un proyecto hidroeléctrico por su propio balance entre costos y beneficios, y no por forzarlos a aceptar el proyecto contra su voluntad.
"Es importante que las compensaciones sean discutidas y acordadas públicamente antes o durante la etapa de factibilidad económica del proyecto, de manera de evitar correcciones en la etapa de ejecución u operación del proyecto".
En el informe, en toda su extensión, se hace un análisis de la Fundación Pehuén, que no difiere sustancialmente de lo ya examinado por el Informe Downing', se describe las características básicas de las causas de conflicto entre hidroeléctricas y comunidades; se evalúan las alternativas de compensación probable; se formula un componente conceptual sobre compensaciones y equidad; se describen algunas fórmulas básicas de negociación de compensaciones; se analizan largamente experiencias similares en otros países y se abordan las opciones energéticas existentes y se formulan interesantes criterios para establecer una evaluación socio-económica del proyecto Ralco.
"Desde un punto de vista estrictamente económico no existen antecedentes suficientes para afirmar que la construcción de una central hidroeléctrica de 570 MW en Ralco, sea la solución económica óptima para proveer de energía eléctrica a la economía chilena en el mediano plazo. La diferencia entre el costo de inversión privado del proyecto y el costo privado de satisfacer a la demanda eléctrica con generación térmica por gas natural es de sólo US$ 4,1 millones de dólares. La empresa ha publicado en la prensa que está dispuesta a pagar al menos US$ 25 millones de dólares para solucionar y mitigar los problemas ambientales de Ralco. Considerando que las plantas de ciclo combinado a gas natural cumplen con las normas ambientales a un mínimo costo adicional como lo demuestra la aprobación de las termoeléctricas de Renca y Quillota, entonces el costo ambiental y socioeconómico del proyecto, reconocido por la empresa, es muy superior a la diferencia entre el costo privado entre el proyecto Ralco y su mejor alternativa. En consecuencia, es posible afirmar que la alternativa termoeléctrica al proyecto Ralco provee al menos, el mismo beneficio económico neto a un menor costo económico para la economía chilena". (Las cursivas son del autor).
El Informe efectuó también un análisis del Costo Económico de Inversión. Se señaló al respecto que "el costo económico para el país de la ejecución de Ralco corresponde al costo privado del proyecto, más el costo de oportunidad de los beneficios de sus usos alternativos, los cuales avanzan un rango mínimo de US$ 249.896.292 dólares y un máximo de US$ 708.647.835 dólares. Como el costo privado es cercano a los US$ 500 millones de dólares, el costo económico base del proyecto para la economía chilena estará en el rango de US$ 749.896.000 dólares y US$ 1.208 millones 647 mil dólares. Se ha estimado que con estos recursos es posible, al menos, duplicar la capacidad de generación eléctrica propuesta por el proyecto mediante alternativas termoeléctricas".
Citando resultados de la evaluación de ambos proyectos publicada por la Comisión Nacional de Energía para el período 1996-2000, Risopatrón señaló que, en definitiva, "la represa de Ralco genera mayores costos económicos que una planta a gas natural".
Para calcular el valor económico de un recurso estratégico como la cuenca del Bío Bío, los consultores propusieron a Conadi en enero de 1997 considerar su valor de uso actual, más su valor de opción, más su valor de existencia.
"El valor de uso incorpora todos los beneficios que obtienen los actuales usuarios de los recursos de la cuenca. El valor de opción incorpora a todos los beneficios potenciales que se reflejan en la disposición a pagar por la preservación de los recursos renovables. El valor de existencia es la disposición a pagar para preservar el recurso para el beneficio de terceros (generaciones futuras y etnias locales).
"El valor económico total del Alto Bío Bío surge de su irreversibilidad, su incertidumbre y su unicidad. Irreversibilídad porque si el activo no es preservado, entonces los tres valores que forman el valor total del activo conservado en su estado natural (uso, opción y existencia) serán eliminados. Incertidumbre, porque es extremadamente alta la probabilidad que el valor económico futuro de este activo sea mayor en el futuro debido a su creciente escasez relativa. Unicidad, porque las mediciones económicas de valores de existencia se relacionan con vistas escénicas únicas y con grupos étnicos indígenas, en cuyos casos la teoría económica sugiere mantener un equilibrio entre preservación y crecimiento económico".
En el capítulo correspondiente a la Metodología de Valoración Económica los consultores indicaron, a lo menos, cuatro componentes de extrema importancia para tener en cuenta una adecuada compensación: el costo económico total, los valores económicos y financieros, la sustentabilidad económica y la metodología correspondiente. Básicamente estos temas se orientan a la consideración de los costos directos que se relacionan con la inversión inicial y la administración del proceso productivo, los costos indirectos por los daños ocasionados por la utilización de los recursos renovables y los costos de oportunidad por la pérdida de potenciales beneficios que se pierden cuando una actividad económica es irreversible. Se trata también de cautelar que los beneficios netos privados no sean distintos de los beneficios netos sociales, o que éstos, en definitiva, sean mayores que los primeros. El criterio de sustentabilidad, de acuerdo al informe, implica que los daños netos (costos ambientales menos costos beneficios ambientales) del proyecto sean menores o iguales a cero. Y debe resguardarse que el monto financiero de este proyecto ambientalmente compensatorio sea equivalente al valor presente neto de los costos o beneficios ambientales de los proyectos que causan impacto ambiental.
Luego de efectuar un análisis detallado de los impactos producidos por otros proyectos privados de centrales hidroeléctricas, los consultores concluyeron su análisis con un examen del valor económico de la existencia de recursos de Ralco; el valor de producción agropecuaria de las comunidades pehuenches de Ralco; el costo de oportunidad de actividades deportivas o turísticas y otros valores a ser considerados en una negociación.
El detallado análisis de la Consultoría de Carlos Risopatrón es de mucha importancia para la reflexión institucional de la Dirección de Conadi en enero de 1997. Estaba en pleno proceso el estudio del Addendum 1 de ENDESA entregado a Conama y se preparaba el Segundo Informe de la Corporación, cuya fecha estimada de presentación se cumplía en marzo de 1997.
El estudio de Risopatrón demostró que la Conadi venía siguiendo un análisis meticuloso de los principales contenidos del proyecto Ralco. Lo que quedaba en evidencia, con este tipo de estudios independientes, era la complejidad del proyecto, sus impactos en el ecosistema del Alto Bío Bío y, en particular, los tremendos efectos que este proyecto tendrá sobre la Etnia Pehuenche, lo que aumentó las cautelas de los profesionales indígenas de la Corporación. ^
Marzo de 1997: el segundo informe de la Conadi
El 7 de marzo de 1997 el Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo envió a la Directora de la Conama, Vivianne Blanlot, el Oficio No 08/80 remitiendo la opinión oficial de Conadi en relación al "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, incluyendo el documento denominado "Divulgación y consulta a los afectados"". Es un ext