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24sep02


El hostigamiento contra los manifestantes por parte de los paramilitares, militares y policías, se salda con dos desaparecidos.


La Red De Derechos Humanos Del Sur Occidente "Francisco Isaias Cifuentes" deja constancia ante la comunidad nacional e internacional que:

Durante los dos últimos días de la Movilización en La María, Piendamó, departamento del Cauca, los manifestantes continuaron siendo hostigados, intimidados por la Fuerza Pública, se les negó el derecho a la protesta pacífica, y el ingreso de bienes de subsistencia, violando de este modo la Constitución Nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Luego de que los movilizados decidieron dar por terminada la jornada de protesta, el viernes 20 de septiembre, en el que reivindicaron sus derechos integralmente concebidos, se desarrollaron acciones de control frente a los manifestantes a través de estrategia encubiertas, clandestinas y abiertas de parte de la Fuerza Pública y de las estructuras armadas paramilitares cuando iniciaron su regreso el sábado 21 de septiembre.

La respuesta Estatal y gubernamental a las demandas de los movilizados no fue el diálogo sino la represión y el control con actuaciones permanentes de hostigamientos, de intimidaciones, de amenazas, de bloqueos y de impedimento al ingreso de alimentos y bienes de subsistencia.

En el marco de regreso a sus lugares de origen, los movilizados atravesaron retenes paramilitares sin que hubiese reacción de la Fuerza Pública, fueron fotografiados y filmados por unidades de policía, agentes de civil armados, ingresaron a los buses, buscando con nombres propios a los coordinadores de la movilización. Aún hoy se desconoce el paradero de dos campesinos que fueron desaparecidos.

Los hechos sobre los que dejamos constancia.

* Viernes 20 de septiembre, el campesino Juan Antonio Sanchez, habitante de la vereda Venadillo, municipio de Caloto, quien participó en la movilización desde el 16 de septiembre hasta este día, salió de La María, Piendamó, con destino a su caserío con la finalidad de traer alimentos. Después de romper el cordón militar a eso de las 17.00 horas no se le volvió a ver. Se encuentra desaparecido.

* Ese mismo día, Pablo Antonio Bueno, campesino de la vereda Pedregal, municipio de Caloto, participante de la movilización que se concentró en La María Piendamó, fue desaparecido, luego de haber permanecido por hora y media aproximadamente con los campesinos movilizados, y de haberles llevado algunos alimentos. Hacia las 17.20 Pablo Antonio abordó un bus de Piendamó con destino a Cali, tres minutos después un campero blanco en el que se movilizaban hombres vestidos de civil, y unidades policiales con uniformes, detuvieron el vehículo de transporte público e hicieron bajar a Pablo Antonio. Desde ese momento se desconoce su paradero.

* Sábado 21 de septiembre desde las 02 45 horas y durante toda en la madrugada, unidades militares y policiales que mantuvieron el cordón sobre los 6500 movilizados que se concentraron en La María, municipio de Piendamó, en operaciones psicológicas y de intimidación rafagearon, dispararon con armas cortas, hicieron explosiones de granadas, luces de véngala, y colocaron en alto volumen música Heavy Metal.

Desde el viernes 20 de septiembre, la falta de alimentos fue total, el cerco militar es asfixiante con operaciones psicológicas y de presión, se conoce de la desaparición de dos campesinos, del impedimento de acciones humanitarias a favor de la población movilizada, de la detención de una comisión de derechos humanos, de la presión y las acciones de amenazas y de terror sobre los movilizados en Sajandí, del mantenimiento del cierre del acueducto en La María, del desconocimiento de las actuaciones del Gobernador Floro Tunubala por parte del Ministro del Interior Fernando Londoño, en el que expresa: "en todo caso le reitero que el Gobierno Nacional no entrará en contacto con quiénes adelanten manifestación ilegal e injusta, sino cuando regresen a sus hogares y quieran establecer diálogo sin expresiones de fuerza de por medio", palabras que justifican la represión, que desconocen el carácter pacífico y el derecho a la protesta ciudadana.

Ante la ausencia de respuesta estatal democrática, de diálogo, los movilizados deciden al atardecer del 20 de septiembre suspender la jornada, volver a sus parcelas, comunidades y trabajos. Ese regreso se inicia el sábado 21 de septiembre, sin ninguna clase de garantía, pues las autoridades Administrativas del Departamento aportan siete viajes en bus, tres viajes en volqueta, y un viaje en camión para un total de 11 viajes de sesenta y tres que se necesitan para el retorno.

En ausencia de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, el ábado 21 de septiembre, la fuerza pública estrecha el cerco sobre los movilizados realizando además registros en video cámaras.

Sábado 21 de septiembre, uno de los primeros grupos de campesinos que abordaron los buses en dirección al municipio de Corinto fueron detenidos por un retén, de "civiles" armados vestidos de camuflado que participan dentro de la estrategia armada encubierta. En el retén ubicado a 1 kilometro del casco urbano de Caloto, los paramilitares solicitaron los documemtos de los pobladores, los intimidaron y los amenazaron. El retén permaneció durante todo el resto del día.

La persecución a los coordinadores de la Jornada no se hizo esperar y los mismos buses en que retornan los campesinos fueron abordados por hombres de civil armados, que los requieren por su nombre y descripción, buscándolos entre la gente.

En Popayán en horas de la tarde y hasta las 18:30 horas, en la unidad residencial de uno de los coordinadores de la movilización, hombres armados vestidos de civil, durante toda la tarde estuvieron merodeando la casa de uno de los líderes comunitarios.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional:

Exigir al Presidente de la Republica:

- Garantizar y responder por la vida e integridad de los líderes, organizaciones y comunidades que participaron en la movilización social del suroccidente colombiano de 2002, adoptando las facultades administrativas de destitución de militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos, el desmonte de la estructuras paramilitares, las medidas de combate para detener la avanzada que estos grupos vienen haciendo en el suroccidente colombiano.

- Exigir esclarecimiento sobre el paradero de los campesinos movilizados y que se encuentra detenidos desaparecidos Juan Antonio Sanchez, Pablo Antonio Bueno.

- Realizar un monitoreo a la respuesta gubernamental en materia de derechos humanos, combate y desmantelamiento de los grupos paramilitares, y ejecución del Plan Colombia en relación con las organizaciones, comunidades y líderes movilizados a través de la Conformar una Comisión de verificación, de acompañamiento y seguimiento.

- Exigir a las autoridades Civiles, iniciar los procesos de investigación contra los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, que han permitido o colaborado con las acciones criminales de los paramilitares de la AUC en las localidades de Santander, El Tambo, El Bordo, Mercaderes, El Estrecho.

Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
"Francisco Isaias Cifuentes" Martes 24 de septiembre de 2002.

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 4oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
Equipo Nizkor - Solicitan medidas cautelares al CIDH como protección de dos abogados defensores de Derechos Humanos en el Cauca.
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DERECHOS


04abr03


Solicitan medidas cautelares al CIDH como protección de dos abogados defensores de Derechos Humanos en el Cauca.


La Asociación Colombiana de Defensores de Derechos Humanos "Eduardo Umaña Mendoza" y la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" comunica a la comunidad nacional e internacional que el día 26 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- se dirigió al Estado Colombiano en virtud del artículo 25 de su Reglamento con el fin de solicitar adopción de MEDIDAS CAUTELARES para preservar el derecho a la vida y la integridad personal de Waldir Sinisterra y Albert Hoyos SUAREZ, miembros de la Asociación en el Valle del Cauca, República de Colombia.

Los Abogados Defensores de Derechos Humanos el pasado 4 de febrero recibieron serias amenazas por parte de dos personas que se presentaron en las instalaciones de sus oficinas ubicadas en la ciudad de Tulúa (Valle del Cauca), con una nota en donde los declaraban como "objetivos militares". Estas personas se identificaron como miembros del Bloque Calima de las denominadas "Autodefensas Unidas de Colombia - AUC -" y antes de marcharse hicieron extensivas las amenazas contra sus familias.

Debido a este hecho, los Abogados quienes se han destacado por su trabajo de denuncia de los atropellos cometidos por los grupos armados al margen de la ley y por su apoyo a las víctimas de los mismos en la ciudad de Tulúa (zona en la que vienen sucediendo numerosas masacres de campesinos y continuas ejecuciones extrajudiciales en la zona urbana, sin que las autoridades militares y policiales que hacen presencia en dicha región tomen las medidas necesarias para poner fin a este tipo de crímenes y dar con el paradero de sus responsables); tuvieron que abandonar la ciudad y desplazarse al municipio de Guadalajara de Buga, desde donde han venido reclamando protección para sus vidas y sus núcleos familiares.

Debido a la situación anterior, la Comisión compelió al Estado colombiano a:

1. Adoptar, las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de WALDIR SINISTERRA y ALBERT HOYOS SUAREZ y concertarlas con los peticionarios y beneficiarios.

2. Informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los atentados perpetrados en contra de los beneficiarios.

3. Presentar la información sobre las medidas cautelares en un plazo de diez días y la actualización de dicha información en forma periódica.

Esta acción se constituye en una forma de prevención de hechos lamentables y de garantía de la vida, integridad personal y libre ejercicio de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de los abogados Waldir Sinisterra y Albert Hoyos Suarez.

Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos "Eduardo Umaña Mendoza"
Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Bogotá D.C., abril 4 de 2003.

DH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 09abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights