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DDHH en Colombia




Medidas de protección y situación de los Derechos Humanos en el Valle del Cauca.


Por organizaciones sindicales regionales y de la CUT.

El Valle del Cauca padece la más grave crisis en materia de violación a los Derechos Humanos de la historia. Tan solo en lo que va corrido del año se han presentado 450 crímenes (contra la población civil, líderes populares dirigentes sindicales y campesinos) cometidos por grupos paramilitares con la aquiescencia y colaboración de la fuerza pública. Varias Misiones Internacionales que han efectuado visitas in situ a la región se han pronunciado enérgicamente por la acción u omisión de agentes estatales en estos hechos y por la inconveniencia en la ejecución del Plan Colombia por considerar que su alto componente militar intensificará el conflicto armado en el país y particularmente en el sur occidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, decretó en junio del presente año, Medidas Cautelares a favor de 24 sindicalistas, lo que denota el inminente peligro en el que se encuentran los dirigentes populares y sindicales. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento no cumplen con los requerimientos para garantizar la vida, integridad y el libre ejercicio de las actividad sindical y social. El anuncio del gobierno de adoptar esquemas de seguridad para todas las personas amenazadas hasta el momento no se ha materializado, lo cual ha obligado a un gran número de ellas a desplazarse forzadamente o a buscar el exilio como única alternativa para preservar sus vidas.

Agrava mucho más la situación el alto grado de impunidad reinante en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región y el estado de zozobra en el que vivimos todos los Vallecaucanos. Como lo expresara la Alta Comisionada de Naciones Unidas Sra. Mary Robinson, en su informe de 1998: "El estado tiene una responsabilidad en relación con la actual magnitud y complejidad del fenómeno paramilitar. A la continua persistencia de actitudes omisivas, permisivas, de complicidad o acción directa con respecto al paramilitarismo, se suma la ausencia de una política activa de combate al mismo."

Nos preocupa profundamente que el Estado Colombiano presente ante la comunidad internacional informes que faltan a la verdad, como el efectuado en la reunión de San José de Costa Rica a través del doctor Reinaldo Botero, quien manifestó que las estrategias diseñadas por el gobierno en materia de Derechos Humanos han dado resultados positivos. Nosotros que sufrimos las más crueles violaciones a nuestros derechos sin que existan políticas claras para mejorar esta situación, lo podemos demostrar:

El escalonamiento sistemático del paramilitarismo ha venido copando amplias zonas geográficas -áreas rurales, cabeceras municipales y ciudades intermedias- de gran importancia en materia geopolítica y socioeconómica, de tal forma que hoy se conoce el establecimiento y consolidación de cuatro (4) frentes o bloques paramilitares, a saber:

  • 1. Bloque Calima, que opera en el centro -zona oriental del departamento.
  • 2. Bloque Cacique Calarcá, que opera en Norte del Valle.
  • 3. Bloque Pacífico, que incursiona por el Occidente, más exactamente en la costa pacífica -vía que conduce hacia el puerto de Buenaventura-.
  • 4. Bloque Farallones, que opera en las estribaciones de la cordillera Occidental, Farallones de Cali y parte sur occidental-

La aparición oficial y declaración de la presencia paramilitar en el Valle del Cauca se inició el 31 de julio de 1999, desde esa fecha las masacres, los homicidios y los desplazamientos forzados se han incrementado notoriamente. En el primer semestre del 2.000 se presentaron 28 masacres y como consecuencia miles de campesinos y trabajadores se vieron obligados a desplazarse. El ex defensor del Pueblo José Fernando Castro Caycedo en varias oportunidades envió al ejecutivo oficios urgentes para que se tomaran medidas a tiempo, se efectuaran alertas tempranas para prevenir incursiones paramilitares y masacres y nunca obtuvo una respuesta positiva. Las comisiones del gobierno fueron creadas siempre a partir de hechos graves e irreversibles. (masacres de Zabaleta, el Danubio, Buenaventura, o la barbarie impuesta el centro del Valle que arroja en menos de un año mas de 200 muertos) . Mostrando una falta total de voluntad política para prevenir y superar la crisis de derechos humanos de la región.

El llamado centro de coordinación de lucha contra las autodefensas del que habla el gobierno, no ha operado en el Valle del Cauca, por el contrario los paramilitares se pasean tranquilamente por todo el territorio, sin que la fuerza pública adelante operativos en su contra.

Los desplazados del Valle no forman parte de las preocupaciones del gobierno. En los albergues de Tuluá y Buga se ubicaron más de 1.250 personas, además de las familias que se desplazaron a residencias de parientes y amigos, acrecentando las condiciones de pobreza y miseria de sectores deprimidos como el Distrito de Agua Blanca, Siloé, en la capital Vallecaucana o en las cabeceras municipales a donde se han visto obligados a refugiarse importantes sectores de la población. En todos estos casos la Red de Solidaridad Social se limito a prestar una deficiente "asistencia humanitaria". Ninguno de los organismos gubernamentales, municipales, regionales o nacionales, que tienen la obligación de dar salidas a mediano y largo plazo, (ley 387 de 1997) han buscado alternativas para esta situación.

Por el contrario, en la primera semana de septiembre del presente año, la administración municipal de Tulúa, (donde se ubicó el mayor número de desplazados del centro del Valle) por intermedio del secretario de gobierno, Señor HAROL PEREZ, coaccionó a los desplazados para que salieran a pedir ayuda a los comerciantes, hecho que fue calificado por los paramilitares como extorsión y generó la amenaza de muerte para todos las personas desplazadas que fueron declaradas objetivo militar por el bloque Calima de los paramilitares si en el plazo de 15 días no abandonaban los albergues y retornaban a sus parcelas. El alcalde municipal de Tulúa, señor RAMIRO DEVIA ofreció el transporte a los desplazados y sus familias sin ninguna garantía económica ni de seguridad. Este acto demuestra la falta de compromiso del gobierno y su responsabilidad en lo que le pueda ocurrir a los desplazados obligados a retornar, máxime cuando algunos campesinos que habían regresado a sus lugares de origen habían sido asesinados.


Agudización de las amenazas y hostigamiento a los dirigentes:

El 25 de Septiembre pasado, aparecieron en el municipio de Yumbo nuevos avisos donde amenazan a dirigentes sindicales y populares. Estas amenazas se efectuaron contra Otoniel Ramírez, Presidente de la CUT- Subdirectiva Valle del Cauca, a los directivos Olmedo Fernández del Sindicato Único de Trabajadores de la industria metalmecánica Sutimac, Elías Mejía y Francisco Posada del sindicato de trabajadores de la empresa Curtiembres Titán SintraTitán, José Luis Cortés, Eduardo Rubio Quiroga, Abraham Rubio Quiroga, Jaime Sánchez, trabajadores y directivos de trabajadores del municipio de Yumbo Sintramunicipio de Yumbo.

En lo que va corrido del año en el municipio de Bugalagrande se han presentado selectiva y sistemáticamente graves hechos que persiguen la desarticulación de los sectores organizados. En el mes de septiembre de 1.999, ALVARO ROMERO ORTIZ, ex-directivo del sindicato nacional de trabajadores de la industria de alimentos Sinaltrainal Bugalagrande fue víctima de seguimientos por parte de hombres armados que preguntaron por él en sitios de su habitual concurrencia, hecho que lo obligó a abandonar inicialmente la región y posteriormente el país.

El 31 de Enero de 2.000 fue asesinado por los paramilitares Bloque Calima, Orlando Crespo, presidente del sindicato de trabajadores del municipio Bugalagrande Sintramunicipio de Bugalagrande, cuando regresaba de Ceylán a Tuluá, después de cumplir labor humanitaria con los campesinos desplazados por las AUC-Bloque Calima.

El 21de mayo del presente año fue desaparecido OMAR DARIO ARIAS SALAZAR, ex dirigente sindical de SINALTRAINAL BUGALAGRANDE, siendo encontrado el día 26 de mayo del 2.000, ahogado. A la fecha no se descarta la posibilidad de un homicidio político, teniendo en cuenta su actividad en el comité de solidaridad de la CUT VALLE, en la Junta departamental y otros espacios comunitarios del municipio.

El 27 de Junio de 2.000 fue dejado en el interior de una bolsa plástica un sufragio sin destinatario especifico en la casa de JAIRO CIFUENTES CALVO, ex trabajador de la multinacional Nestlé y activista sindical, quien en la actualidad se desempeña como empleado de Sinaltrainal Bugalagrande. Este hecho motivó su salida de la ciudad.

El 29 de Junio fue desaparecido forzadamente por los paramilitares Bloque Calima, ROBERTH CAÑARTE MONTEALEGRE., integrante del comité de reclamos del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande SINTRAMUNICIPIO Bugalagrande, cuando cumplía labores propias de su cargo. Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras conocer la detención del dirigente concedió medidas cautelares y a que la comunidad se manifestará masiva y públicamente exigiendo el respeto a su vida; el 15 de Agosto de 2.000 fue encontrado su cuerpo sin vida y con visibles muestras de tortura. La exhumación fue realizada por familiares y sus compañeros de trabajo, debido a la negativa de la autoridad competente que desatendió las reiteradas solicitudes para adelantar la diligencia.

El 16 de Agosto miembros del grupo paramilitar Bloque Calima llegaron a la residencia del concejal RAMIRO LÓPEZ DE LA CRUZ, argumentando estar en desacuerdo con el cobro del impuesto del alumbrado público en la zona rural del municipio, hecho que provoco amenazas contra el edil que se ha caracterizado por manifestar sus preocupaciones por los intereses de las clases menos favorecidas. Este ciudadano se vio en la penosa necesidad de abandonar el municipio al no contar con garantías para su seguridad.

Igual situación a tenido que afrontar el dirigente FREDY OCORO BOTERO, fiscal del sindicato de trabajadores del Municipio de Bugalagrande SINTRAMUNICIPIO Bugalagrande, y miembro fundador del FRENTE CIVICO de Bugalagrande, organización que denunció la corrupción en el municipio y adelantó campañas en contra de la privatización de los servicios públicos en esta localidad. Ante las reiteradas amenazas, hostigamientos e indagaciones adelantadas por reconocidos paramilitares, FREDY OCORO se vio obligado a desplazarse del Municipio, para salvaguardar su vida e integridad física.

El primero de Julio de 2.000 el líder campesino y desplazado del corregimiento de Galicia BASISLIDES QUIROGA fue sacado a las 7.30 p.m. de la casa campesina Ubicada a dos cuadras del comando de la policía, por hombres fuertemente armados y encontrado asesinado el día 2 de julio del presente año.

En Cartago el 17 de mayo del 2000 fue asesinada Carmen Emilia Rivas Carvajal, presidenta del sindicato de trabajadores de Hospitales y Clínicas ANTHOC. Posterior a estos hechos las amenazas de muerte contra la junta directiva son permanentes. Los trabajadores que se han trasladados a Buga a dar declaraciones de estos hechos fueron amenazados de muerte, sin que existan garantías para su seguridad puesto que el proceso se abrió sin reserva sumarial y se tiene conocimiento que los paramilitares han accedido a dicha información.

La persecución contra los activistas de SINTRAEMCALI se agudizo en el ultimo semestre luego de las manifestaciones de protesta de todos los trabajadores públicos contra la privatización de EMCALI, la defensa del patrimonio público y las demandas por corrupción contra los directivos de esta empresa. La permanencia de hombres armados vigilando la sede y efectuando operativos de seguimiento contra los sindicalistas desde sus lugares de trabajo hasta su residencia son permanentes y se han extendido a sus asesores jurídicos y familiares. El pasado 19 de septiembre el Secretario General del sindicato Ricardo Herrera, sufrió un atentado a manos de dos hombres fuertemente armados quienes dejaron gravemente herido a su acompañante, el trabajador y activista sindical OMAR DE JESÚS NOGUERA el cual falleció tres días después.

En septiembre el presidente del Sindicato Alexander López se vio obligado a abandonar el país, luego de que recibiera una carta del Ministerio del Interior en la que se le expresaba: "...lamento comunicarle que el Programa de Protección no se hace responsable de las circunstancias que puedan presentarse y afecten su seguridad personal, en tanto usted permanezca en el Departamento del Valle del Cauca" Adicional a esta situación los demás miembros de la Junta Directiva del Sindicato quienes están beneficiados con las medidas cautelares no han sido provistos las medidas necesarias para proteger sus vidas y mucho menos las que les garanticen el derecho de asociación y sindicalización.

En el caso de los trabajadores de la Universidad del Valle, la junta directiva del sindicato continua fuertemente amenazada. El acoso y persecución en contra del Secretario General Luis Carlos Rodríguez, se ha extendido a sus familiares, padres, esposa e hijos, a quienes amenazan por vía telefónica, manifestándoles que si Luis Carlos no renuncia, serán objeto de un atentado por parte de las Autodefensas.

El 25 de octubre nuevamente las llamada Autodefensas Unidas de Colombia, enviaron a la sede de la CUT Valle del Cauca, un escrito en el que declaran objetivo militar a los dirigentes sindicales Otoniel Ramírez, Olmedo Fernández, Elías Mejía, José Luis Cortes, Jaime Sánchez, Elver A Franja, Harol Tello, Walter Quiral, Gustavo Giraldo, Gustavo Espinosa, Jairo Gallego, Horacio Cabrera, Edgar Perea, Ariel Díaz, y Eduard Portilla. Bajo el titulo Comunicado importante, afirman: "Nuestro país COLOMBIA merece ya una estabilidad Política, Social y económica y eso se consigue erradicando y exterminando todo H.P. Sindicalista y defensor de derechos humanos..."

En el corregimiento del Queremal, jurisdicción del municipio de Dagua, las amenazas de muerte contra los dirigentes del comité de veeduría se agudizaron a raíz de las protestas de la población contra la empresa de Energía del Pacifico S.A., EPSA y luego que miembros del ejercito nacional acompañados de personas encapuchadas han hecho presencia en la localidad, amenazando y hostigando a sus habitantes. Es de anotar que el Programa del Ministerio del Interior ha desconocido el derecho a la igualdad ante la ley al dar un trato discriminatorio a los miembros del Comité de Veeduría de Servicios Públicos. Al parecer la comunidad del Queremal no esta cobijada por la Constitución Política de Colombia, pues al negarles cualquier posibilidad de protección, se desconoce que las autoridades colombianas están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos.

El programa bandera del gobierno tiene serias limitaciones. El caso del Valle del Cauca demuestra como la justicia no logra avanzar en el esclarecimiento de las amenazas, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos. El programa del Ministerio del Interior y su oficina especializada de Derechos Humanos se ha convertido en un espacio donde se diluye y dilata la responsabilidad del Estado Colombiano. No se persiguen propuestas a largo plazo que den salida a la impunidad que asciende al 98% en la zona, los casos investigados o judicializados se quedan en la etapa inicial y posteriormente se archivan, propiciando que la impunidad continúe y no se generen propuestas para superarla.

Amnistía Internacional, en su informe sobre la situación de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales afirma que:: " La falta de un programa global de prevención y protección va en detrimento de las pocas iniciativas que se han tomado en este campo, y que solo pueden ser eficaces si van acompañadas de enérgicas medidas para combatir la impunidadů"

Los dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos continuaran corriendo grave peligro, mientras las autoridades y la justicia no ejercen la suficiente capacidad para aplicar un programa de protección efectivo, que logre identificar y colocar a disposición judicial a quienes material e intelectualmente actúan contra ellos.

Las medidas deben ir más allá de posibilitar un chaleco antibalas, un escolta armado con camioneta o la salida transitoria del país, sino se involucra a todas las autoridades estatales en el orden municipal, departamental, a los empleadores que reconozcan y respeten la importante labor que los dirigentes sindicales desempeñan, como lo establecen la Constitución Nacional, los diferentes tratados internacionales y las leyes laborales, referidas a la libertad sindical.

Nos preocupa igualmente que para asignar dichas medidas se destinaron 8.000 mil millones de pesos, de los cuales no contamos con un informe de los gastos y que actualmente no se cuente con recursos para sacar a personas amenazadas fuera de la ciudad o del país, tampoco se han asignado los esquemas de seguridad prometidos y los vehículos asignados no cuentan con presupuesto para su funcionamiento (impuestos viales, combustible, mantenimiento, etc).

Como ya lo hemos anotado en el documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares como instrumento provisional sobre el derecho a la vida, con miras a prevenir la contingencia que sobre ella pueda presentarse y que afecte eventualmente el derecho constitucional tuteado, le corresponde al Estado velar por el libre ejercicio de la actividad sindical y la vida de los dirigentes populares y sindicales.

En nada contribuye el silencio de la justicia y de los organismos encargados de su aplicación, la indiferencia de las administraciones municipales y departamentales y del Gobierno Nacional, a mejorar la grave crisis que existe en materia de derechos humanos en el país, por ello solicitamos una vez más al gobierno nacional y a los organismos de control del Estado lo siguiente:

1. Acordar la fecha para la realización de una reunión de alto nivel encabezada por el presidente de la República Andrés Pastrana y con presencia de los Ministros del Trabajo, interior, relaciones exteriores, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Contralor General de la Nación, Defensor del Pueblo, delegados de la comunidad internacional y los representantes de los sindicatos y organizaciones sociales y comunidades del Valle del Cauca afectados por la violación a los derechos humanos; con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para superar la crisis que atraviesa la región.

Ante la Impunidad:

2. Se investigue las personas servidores públicos o particulares que han manifestado directa o indirectamente que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los sindicatos son colaboradores de la guerrilla. Como son los casos del Gobernador del Valle del Cauca, El Alcalde de Santiago de Calí, Comandante de la III Brigada y el Obispo Duarte Cansino. Por considerar que sus afirmaciones ponen en alto riesgo la integridad y seguridad de los dirigentes y lideres sociales de la región.

3. Se presente un informe detallado sobre los procesos judiciales, en los casos de amenazas, desapariciones y asesinatos de dirigentes, activistas y pobladores en el Valle, entre ellos: la desaparición y posterior asesinato del dirigente Roberth Cañarte, el asesinato del presidente de Sintramunicipio Bugalagrande, Orlando Crespo, la presidenta de Anthoc Cartago Carmen Emilia Rivas, el activista de Sintraemcali Omar Noguera asesinado en atentado contra el secretario general de sindicato RICARDO HERRERA , la violación al DIH por parte del Ejercito Nacional en el bajo Anchicaya, donde los soldados conviven con los obreros convirtiéndolos en escudos humanos. El asesinato de la enfermera de DAGUA y los hostigamientos y amenazas contra los miembros de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Queremal; como también se investiguen los 450 asesinatos cometidos por los grupos paramilitares en la región desde julio de 1999 hasta la fecha.

4. Solicitamos un informe por parte del Gobierno Nacional y la Gobernación Departamental sobre las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública que se encuentran implicados, en la conformación, auspicio, colaboración con los grupos paramilitares en la región, su judicialización y medidas que se han tomado.

5.Que se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios contra los empresarios funcionarios y todos aquellos que agencian y financian los grupos de paramilitares en el Valle del Cauca.

6.Dado que en las jornadas de movilización personal de inteligencia filma, toma fotografías y elabora informes, que según las investigaciones han sido utilizadas para atentar contra los dirigentes, sociales, sindicales, campesinos y populares, solicitamos, (como se hiciera en la "Propuesta Integral para la Prevención de Ataques y Protección presentada por Las Ong en junio de 1997) se examinen los archivos de los servicios de inteligencia del ejercito (III Brigada) y organismos de seguridad que contienen información que pueda incriminar o perjudicar a miembros de organizaciones sociales, sindicales o de derechos humanos y se apliquen las medidas de reparación adecuadas según los resultados de esta indagación.

7. Solicitamos conocimiento y estado de dichas investigaciones, lo mismo que de las listas que reposan en los archivos de la Tercera Brigada, ya que en el folio 3 y 4 del informe N░ 3488 por el secuestro del avión de AVIANCA, se reseña al dirigente sindical y ex trabajador de la Siderúrgica del Pacifico SIDELPA S. A., LUIS NORBERTO SERNA CARVAJAL como dirigente del frente urbano Omaira Montoya Henao. LUIS NORBERTO fue torturado y arbitrariamente detenido con 24 dirigentes más del Valle del Cauca, en el mes de febrero de 1.990 y puesto en libertad al no encontrarse pruebas en su contra, posteriormente y producto de las amenazas contra su vida se vio obligado a solicitar asilo político desde hace 10 años y desde esa fecha se encuentra en Europa.

8. Solicitamos se trasladen los procesos sobre amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas y demás violaciones de derechos humanos a la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y/o a la oficina de asesores de derechos humanos del Procurador General de la Nación. Esta solicitud obedece a la falta de independencia judicial en toda la región. Caso ejemplo, las investigaciones por el asesinato de la presidenta de ANTHOC Cartago Carmen Emilia Rivas (expediente 76-111-20793) Fiscalía 4 especializada de Guadalajara de Buga, donde todos los testigos fueron amenazados.

9. Según información recogida en los medios de comunicación, en el allanamiento del barrio el Caney al sur de Cali, se incautaron documentos con listados de personas a amenazadas e información de financiadores de paramilitares en el Valle del Cauca. Esta información fue entregada al Fiscal General. Solicitamos se entregue un informe sobre el estado de esta investigación y la lista de los amenazados, para prevenir cualquier atentado en su contra.

10. Que el gobierno garantice que los radios de comunicación y teléfonos celulares que el ministerio del interior provee a los dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos no sean intervenidos por los organismos de seguridad del gobierno.

11. Solicitamos un informe detallado del cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por parte de las comisiones humanitarias de verificación y seguimiento de la situación de los derechos humanos en la región con el fin de verificar las acciones emprendidas para la prevención y atención de hechos contra la población que se encuentra en alto riesgo.

Presupuesto del programa de evaluación y riesgos

12. Se informe detalladamente sobre el gasto de los ocho mil millones invertidos por el programa, los cuatro mil millones gastados por el DAS, el nombre de las entidades contratista oficiales y privadas, las auditorias sobre estos y que se avale a las organizaciones sociales beneficiarios del programa para efectuar la correspondiente veeduría.

13.Sobre lo planteado en La conferencia internacional del 16 de octubre en San José de Costa Rica por el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República frente a los recursos adicionales provenientes de la cooperación internacional por una suma cercana a los 3 millones de dólares para la financiación del programa de protección y evaluación de riesgos solicitamos se nos informe si dicho presupuesto será ejecutado con dineros del plan Colombia.

14.Se efectúe una evaluación del incumplimiento de las medidas solicitadas en anteriores reuniones por las organizaciones sindicales y populares para que se cumplan aquellas que están aprobadas y continúan pendientes y se proporcione el presupuesto necesario para el funcionamiento de las ya existentes.

15.Solicitamos se nos diga cuales son los parámetros con los cuales los organismos del Estado miden el nivel de riesgos de los activistas sindicales y populares como también que dichas evaluaciones se realicen con la participación de una comisión de delegados de las afectados por problemas de seguridad y sus asesores.

16.Solicitamos se destine del presupuesto un rubro para que se adelante una investigación sobre un sistema de alerta tempranas en la región buscando prevenir posibles incursiones que atenten contra la violación de los derechos humanos.

17.Solicitamos informe detallado por parte de la Red de Solidaridad de los dineros desembolsados en atención humanitaria a los campesinos Desplazados .

Reconocimiento como Organizaciones Sindicales

18. Exigimos del gobierno nacional un pronunciamiento de respaldo y reconocimiento legitimo a nuestro labor como dirigentes sociales y sindicales. Que las actividades de defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos humanos las libertades sindicales de movilización, sindicalización, de expresión y de reunión, no sean catalogadas por los militares y los organismos de seguridad como ilegales y perturbadoras del orden público.

19. Que se establezca un acuerdo bilateral con gobiernos para facilitar el traslado, acogida y permanencia temporal de los sindicalistas, luchadores sociales y sus familias. Igualmente se garantice el retorno de las personas que lo deseen en condiciones dignas y de seguridad.

Por ultimo manifestamos el rechazo a la aplicación del plan Colombia en la región, por considerar que su contenido militar genera más violaciones a los Derechos Humanos.

Santiago de Cali, 01 Noviembre 2000


Suscriben el presente documento:

  • Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cartago.
  • Sindicato de Trabajadores de empresas Publicas de Palmira.
  • Sindicato de Trabajadores de empresas Publicas Guadalajara de Buga.
  • Sindicato de Trabajadores de empresas Publicas Valle.
  • Sindicato de Trabajadores de empresas Publicas Nacional.
  • Sindicato de Industria de la Seguridad Social, Sindess Valle.
  • Sindicato de Trabajadores del Municipio de Dagua.
  • Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali.
  • Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia, Sintraunicol.
  • Sindicato de trabajadores de la Industria del Caucho y Plástico, Sintraincapla.
  • Sindicato Único de Trabajadores de Materiales de la Construcción, Sutimac Cali.
  • Sindicato Único de Trabajadores de Materiales de la Construcción, Sutimac Yumbo.
  • Sindicato de Trabajadores de Curtiembres Titán.
  • Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Sintrametal Yumbo.
  • Sindicato de Trabajadores del Municipio de Bugalagrande
  • Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo
  • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria alimenticia Sinaltrainal Bugalagrande.
  • Sindicato de Trabajadores Municipales de Cali. Sinservin.
  • Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle, Sintradepartemento.
  • Asociación Campesina del Centro del Valle
  • Asociación Campesina Amigos de Arenales
  • Junta de Acción Comunal del Queremal
  • Central Unitaria de Trabajadores del Valle del Cauca
  • Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS CALI


Carta enviada a:

  • ANDRES PASTRANA ARANGO. Presidente de la República.
  • GUSTAVO BEL LEMUS. Vicepresidente de la República
  • HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA. Ministro del Interior
  • GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO. Ministro de Relaciones Exteriores
  • ANGELINO GARZON Ministro del Trabajo
  • CARLOS OSSA ESCOBAR. Contralor General de la Nación
  • JAIME BERNAL CUELLAR. Procurador General de la Nación
  • ALFONSO GOMEZ MENDEZ. Fiscal General de la Nación
  • LUIS EDUARDO CIFUENTES. Defensor del Pueblo
  • GERMÁN VILLEGAS VILLEGAS. Gobernador Electo del Valle del Cauca
  • JOHN MARO RODRIGUEZ. Alcalde Electo del Valle del Cauca
  • Integrantes Comité de Evaluación de Riesgos


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