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sep12


┐Qué pasa en el Cauca?


El inveterado conflicto colombiano presenta ahora un rasgo adicional, no por lo nuevo sino porque afloró con todos sus elementos esenciales, como son la defensa de sus territorios por parte de la población indígena del país. Los nativos organizados han dicho "no más" a que sus tierras sirvan de escenario para acciones militares que enfrentan al Gobierno con las organizaciones armadas.

El contraste de imágenes no puede ser más ilustrativo de lo que viene ocurriendo en el Cauca, y no ahora sino desde hace tiempo. De una parte, tenemos una acción civil de desalojo de la fuerza pública, asentada en territorio indígena en labores de vigilancia de unas antenas repetidoras para teléfonos móviles. El desalojo fue una acción no armada -salvo por la aparición de un comunero blandiendo un viejo machete-, y la adelantaron indígenas de Toribío y otros resguardos vecinos que hacen parte de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), la cual, a su vez, integra el CRIC. No se trató de una ventolera o de algo improvisado, y menos que la acción respondiera a una supuesta orden de las farc para que los indígenas les abrieran camino con el fin de sacar drogas ilícitas e ingresar armas a las montañas. Era parte de una larga lucha de las comunidades indígenas colombianas por expulsar de sus territorios la guerra interna, para así armonizarse con la madre naturaleza.

De otra parte, aparece la imagen bastante común en nuestra cotidianidad del cadáver de alguien desconocido hasta ese momento y que comúnmente no pasa de una breve nota necrológica en la prensa. Pero en este caso se trataba de un indígena que vivía en una comunidad cercana a la de los eventos narrados, quien aparentemente no estuvo involucrado en ellos pero que cayó víctima de un supuesto error militar en un retén del Ejército. Eduar Fabián Guetio es un ejemplo más de las consecuencias de la militarización del Cauca. Aceptemos que fue un error militar -a la gente hay que creerle lo que dice-, pero ello no hubiera ocurrido si el Cauca no fuera un escenario de guerra donde las partes enfrentadas están armadas hasta los dientes y en medio está la población civil, en este caso las comunidades indígenas nasa. Y desafortunadamente la guerra en Colombia se libra poco como combate regular y más contra la población civil. La muerte de Guetio representa, entonces, una de las secuelas de la violencia y la presencia militar del Estado, provocada sin duda por la acción insurgente en la zona. Pero también, si miramos su vestimenta, podremos constatar el grado de pobreza que lo acompañaba. Y ello no es más que la expresión de la ausencia del Estado en el Cauca y en gran parte del territorio, para superar la pobreza y la desigualdad social. Esto es lo que Fernán González llama la "presencia diferenciada" del Estado -fuerte para el orden público, débil para la intervención social- |1|, que a la vez viene de vieja data, como también ocurre con la resistencia indígena.

Pero el contraste de imágenes ilustra lo que ocurre en el Cauca y en la sociedad colombiana en general. Mientras el sargento García recibió honores y está vivo, Eduar Fabián Guetio no sólo está muerto sino que además prácticamente pasó inadvertido ante la opinión pública. El primero lloró de rabia por no poder usar sus armas cuando fue levantado en vilo; al segundo lo lloraron porque se usaron esas armas contra él. Ante el desalojo del sargento y su tropa hubo una generalizada indignación de los medios de comunicación y los voceros de la sociedad -mestiza- colombiana. Con Guetio, en cambio, hubo un silencio cómplice de esos medios y líderes de opinión. Es bueno decir que la violencia estatal no se sintió en el Cauca únicamente con el asesinato de Guetio; también con el desalojo el mismo 18 de julio de los indígenas que se habían tomado el cerro Berlín el día anterior. En el desalojo realizado por el Esmad hubo varios heridos y contusos |2|, esto sin mencionar los homicidios contra los indígenas en lo que va de este año |3|. Además, por estos días el CRIC y la ACIN han recibido amenazas de grupos paramilitares y han sido acosadas sus sedes por parte de sectores uribistas, incluida la minoritaria OPIC (Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia), que el pasado gobierno creó con el fin de dividir al movimiento indígena.

Veamos, entonces, qué es lo que ocurre en el Cauca y qué nos dice eso sobre la Colombia contemporánea. Como bien lo analizó la historiadora Fernanda Espinosa |4|, hay procesos de fondo que se entrecruzan en el Cauca pero que no son exclusivos de ese departamento. Uno tiene que ver con la señalada "presencia diferenciada" de un Estado que poco ha hecho por superar la situación de pobreza y la marginalidad del Cauca, y en concreto de las comunidades indígenas |5|, mientras la convierte en escenario privilegiado de operaciones militares. Concomitantemente, la región cuenta con la presencia de todas las expresiones insurgentes desde los años de la violencia de los años 50. A la presencia actual de los dos grupos que se mantienen en armas, las farc y el eln, se suma la de los grupos paramilitares, hoy llamados eufemísticamente 'bandas criminales' (bacrim). Esto convierte al departamento en un escenario de confrontación entre distintos actores armados, incluidos el Ejército y la Policía. Porque el Cauca tiene una posición geopolítica clave por su cercanía a Cali y por ser una de las salidas del suroccidente andino hacia el Pacífico; asimismo, por ser un corredor estratégico para el movimiento de armas y narcotráfico, y recientemente también por ser albergue de megaproyectos mineros y agroindustriales |6|. Y contra todo ello se despliega una histórica resistencia indígena que cobra vigor con la creación del CRIC en 1971, y que, lejos de haber mermado, sigue en aumento en los últimos años |7|.

Como hemos dicho, se trata de procesos de una duración que trasciende la coyuntura pero que terminan anudándose en ella. Concentrémonos en la lucha indígena, pues es la clave para entender los últimos eventos. Las organizaciones raizales, desde cuando vivieron el despojo por la Conquista y el colonialismo europeos, afrentas que se prolongan en la historia republicana, han tratado de recuperar sus territorios con grandes costos de vidas humanas y de su existencia misma como pueblos originarios |8|. Pero no lo hacen sólo para conservar un recurso económico sino también como base de su cultura y su identidad. En la cosmovisión nasa, la naturaleza es un ser vivo con el cual tratan de vivir en armonía, así como con los otros seres humanos |9|.La presencia de actores armados rompe esa armonía, además de perpetuar la agresión desde el exterior de las comunidades.

En la Constitución de 1991, los pueblos originarios lograron, entre pomposas declaraciones multiculturales y pluriétnicas, la ratificación formal de su autonomía territorial que encerraba el rescate de su lengua, sus costumbres y su cosmovisión, así como el ejercicio de formas propias de gobierno y de justicia. Pero la promesa de convertir sus resguardos en Entidades Territoriales Indígenas (ETI) no se ha concretado, creando una ambigüedad jurídica y política que también está en la base de las disputas recientes en el Cauca |10|. Independiente de la ambigüedad jurídica en torno a la autonomía territorial, las comunidades nasa invocan disposiciones jurídicas para legitimar sus reclamos. Algunas son más discutibles, como aquella de que el resguardo como propiedad privada colectiva no puede ser ocupado por fuerzas armadas |11|. Otras más sólidas, como la exigencia al Gobierno de hacerles consulta previa a las comunidades antes de realizar esas ocupaciones, según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991.

Por medios legales y de cabildeo, los indígenas del Cauca han luchado en vano por excluir la guerra de sus territorios. Por eso recurren también a la acción directa, que, si bien no es institucional, que no es ilegal. Estos reclamos no se los inventaron hoy; vienen de hace mucho tiempo. En una declaración de la Junta Regional de Cabildos Indígenas del Cauca, llevada a cabo precisamente en Toribío, un año antes de los eventos que hemos referido, se dice: "Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunidades y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios" (Junta, 2011). Dicha Resolución fue ratificada luego por las declaraciones de Ambaló (1996), La María (1999) y Jambaló (2000). Pues, bien, en 2011 la Junta Regional convocó una "minga de resistencia por la autonomía y la armonía territorial, y por el cese de la guerra", por medio de una nueva resolución expresada de esta forma:

"Ratificamos nuestras posiciones y mandatos expresados en la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló, los Congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales resaltamos los siguientes puntos:

    - Los armados no nos representan; no pueden hablar y mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses.
    - Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte.
    - Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios económicos, el narcotráfico y las multinacionales y demás actores externos deben respetar nuestro territorio y nuestra autonomía.
    - Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios indígenas y en general de la nación colombina. Por ello construimos una ruta de solución política al conflicto armado, en que la sociedad civil sea un actor fundamental" (íd.).

La minga convocada el año pasado responde a tres propósitos: el primero es la desmilitarización de los territorios. En ese sentido, anunciaban desde ese momento que:

"En los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones hacia el desmonte -como lo hemos hecho en anteriores circunstancias- de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las farc, que se encuentran en medio de la población civil. No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos sino defender la vida y la autonomía de las comunidades" (íd., subrayado en el original).

El segundo propósito de la minga es convocar al gobierno nacional y la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. El tercer propósito de la minga es "reactivar los debates públicos con el Gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego". Agregaban, además, que han tomado la decisión de "recuperar para la comunidad, a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados" (íd.).

Las comunidades del Cauca, especialmente del norte, han obrado en consecuencia con desiguales resultados. Por ejemplo, les preocupa la captación de jóvenes por los grupos armados, especialmente por la insurgencia. De hecho, los cuatro guerrilleros capturados, juzgados y castigados con azotes por esos días, eran indígenas, y uno de ellos menor de edad |12|. Por este camino, las autoridades tradicionales siguen empeñadas en controlar la incorporación de comuneros en las filas de las farc. Para ello proponen:

"profundizar nuestros planes de Retorno a Casa mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y, en segundo lugar, emprenderemos misiones de exigencia para que las niñas y los niños reclutados regresen a casa; y [...] vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la que le ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio" (Junta, 2011, subrayado en el original).

Algo similar ocurre ante los paramilitares y las fuerzas armadas del Estado, porque los indígenas han insistido en que no quieren favorecer un solo bando sino que se oponen a cualquier acción armada en sus territorios. En ese sentido, los eventos del cerro Berlín el pasado julio 17 no fueron una ocurrencia de momento sino que respondió a un proceso de larguísima duración que se enmarca en la resistencia indígena en el Cauca, como lo hemos ilustrado en este artículo.

El diálogo que los indígenas exigen con el gobierno actual, por medio de sus cabezas más visibles, así como con delegados de la ONU, la Defensoría del Pueblo y personalidades de la sociedad civil, como el provincial de los jesuitas, padre Francisco De Roux, es la salida en esta coyuntura en el Cauca. Pero ese diálogo no es fácil porque, más allá del común deseo de conversar, no hay mucho en común. El Gobierno pretende una negociación rápida que facilite la permanencia de las fuerzas del orden en los territorios indígenas, mientras para las comunidades no hay límite de tiempo siempre y cuando se garantice por fin el retiro de toda presencia armada. Incluso hubo diferencias entre las partes en torno a quiénes debían participar en las conversaciones -los dirigentes indígenas quieren entablar un diálogo de "autoridad a autoridad" con la cabeza del Estado-, lo cual dilató el comienzo de las discusiones. Un paso positivo en este sentido fue la ida del presidente a La María el 15 de agosto en el marco del "Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas por la Defensa de La Madre Tierra-520 años de Resistencia" (El Espectador, 16 de agosto de 2012, p. 7).

Pero más de fondo la dificultad del diálogo radica en que el Estado y la mayoría de la sociedad colombiana no entienden lo que piden los indígenas y se quedan con las imágenes mediáticas a las que hicimos referencia al comienzo de este artículo. Comenzando porque todavía flota en la opinión pública la acusación de que los indígenas son unas simples marionetas de la insurgencia, cuando ellos han dado muestras fehacientes de su rechazo a cualquier actor armado en sus territorios |14|. En esta forma se desconoce su carácter de movimiento sociopolítico que plantea demandas dentro de una cosmovisión diferente de la occidental.

La salida es, pues, un diálogo político y realmente intercultural en el que cada parte ponga en juego sus saberes y exigencias, estando dispuestas a ceder para llegar a algún acuerdo |15|. Pero no se puede pretender que el movimiento indígena ceda unilateralmente, pues, como hemos visto, su lucha no responde a una acción coyuntural sino a un largo proceso histórico de resistencia y de armonización con la madre naturaleza. Además, los encuentros en el Cauca han de llevar a compromisos que se deben cumplir. Los indígenas han dado muestra de ello pero el Estado no siempre lo ha hecho. Si todo esto no se entiende, las actuales conversaciones en el Cauca serán un diálogo de sordos, lo cual ratificaría una vez más el escepticismo con que los pueblos originarios colombianos han mirado históricamente a los sucesivos gobiernos coloniales y republicanos.

[Fuente: Por Mauricio Archila Neira, Le Monde Diplomatique Colombia, Bogota, Septiembre de 2012. Mauricio Archila Neira es Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador de Cinep.]

Notas:

1. González, Fernán, Bolívar, Íngrid y Vázquez, Teófilo, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, Cinep, 2002. [Volver]

2. Según informaciones de un noticiero radial, "el secretario de Gobierno de Toribío, José Miller Correa, informó que la acción de la fuerza pública dejó 24 personas heridas, tres de ellas de gravedad. 'Los heridos graves tienen lesiones en el abdomen y en la cabeza', precisó el funcionario. Sin embargo, el coronel Ricardo Augusto Alarcón afirmó que no tenía conocimiento de personas lesionadas" (emisión de Radio Santafé, 18 de julio de 2012, consultada en línea). [Volver]

3. La ONIC le reportó a El Espectador que entre enero y julio de 2012 hubo 54 homicidios contra indígenas en Colombia. Entre los pueblos más afectados, están los nasa con 17 víctimas, los embera con 15 y los awa con 5. Por departamentos el más afectado, como era de esperar, es el Cauca, con el 27 por ciento, seguido de Nariño y Risaralda con 16 cada uno (El Espectador, 10 de agosto de 2012, p. 12). Según el CRIC, "en los últimos 10 meses han asesinado a 22 indígenas en la región. Mientras tanto, 140 miembros de las comunidades están en lista para ser judicializados por casos como el desalojo de la fuerza pública del cerro Berlín" (El Espectador, 14 de agosto de 2012, p. 6). [Volver]

4. "La histórica lucha por la paz del movimiento indígena caucano", en Cien Días N║ 76, agosto de 2012. [Volver]

5. Ver al respecto el interesante artículo de Elías Sevilla "Confusa relación", en El Espectador, 4 de agosto de 2012, pp. 16-17). [Volver]

6. Según Espinosa (2012), actualmente hay más de 1.200 solicitudes de títulos de exploración minera en este departamento. [Volver]

7. De acuerdo con la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep, entre 1975 y 2010 se registraron 231 protestas realizadas por distintas comunidades y organizaciones indígenas del Cauca. Si a ellas agregamos 56 adelantadas en conjunto con otros actores sociales departamentales y nacionales, tenemos un total de 287, para un promedio anual de ocho. Los picos máximos de actividad han sido 1979 con 18 y 2005 con 31; la mayoría de estas últimas fueron recuperaciones de resguardos. [Volver]

8. En otro texto he abordado la memoria indígena de resistencia, que se remonta a la temprana conquista y se prolonga hasta nuestros días. Ver "Memoria e identidad en el movimiento indígena caucano", en Archila, Mauricio et al., Una historia inconclusa: izquierdas políticas y sociales en Colombia, Bogotá, Cinep, 2009. [Volver]

9. Esto se condensa en la noción del buen vivir que también enarbolan otros pueblos originarios de América Latina. Al respecto, ver Arturo Escobar "América Latina en una encrucijada: ┐modernizaciones alternativas, posliberalismo o posdesarrollo?", en Controversia N║ 197, diciembre de 2011. [Volver]

10. El citado artículo de Sevilla ilustra esta 'ambigüedad' entre otras tantas que el autor señala. [Volver]

11. Como dice una carta dirigida por el consejero mayor de la ACIN al Procurador, al Defensor del Pueblo y al Alto Comisionado de la ONU del 18 de julio, "está prohibida cualquier ocupación de propiedades privadas inmuebles en tiempos de paz, y sólo se permite en caso de guerra [...] exterior; y ocupar un inmueble privado sin atender estas normas es actuar por vías de hecho, es decir, por fuera de la ley. En consecuencia, no puede el Gobierno escudarse en la existencia del conflicto para ocupar sin permiso nuestro los resguardos y tierras comunales indígenas" (carta ACIN, 2012). [Volver]

12. Noticia aparecida el pasado 21 de julio en semana.com (consultada en línea). [Volver]

13. Esta valiente actitud les sigue costando vidas humanas, como ocurrió con el líder espiritual de Caloto, Lisandro Tenorio Troche, asesinado el pasado 12 de agosto, supuestamente por las farc (El Espectador, 13 de agosto de 2012, p. 4). [Volver]

15. Para los diálogos que se inician en el Cauca, a nuestro juicio, además de la ida del Presidente a La María, es muy constructivo que Santos primero y luego las Fuerzas Armadas le hayan pedido públicamente perdón al movimiento indígena por las víctimas que el Estado y sus aparatos militares le han causado, y por haberlo tachado de ser auxiliador de la guerrilla (El Espectador, 17 de agosto de 2012. p. 4 y 18 de agosto de 2012, p. 6). [Volver]


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