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DERECHOS


06sep03


En una continuación del acoso y hostigamiento contra la Comision Intereclesial se produce un acción legal de falsa incriminación penal.


Informe Ejecutivo No 5.

Hemos tenido conocimiento de una fuente de la misma Fiscalía General de la Nación, de la realización de un operativo militar a La Balsa para capturar paramilitares y al mismo tiempo a miembros de las FARC EP, los alias de algunos de ellos son los integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz.

Conocemos un escrito, sin fecha, al parecer presentado como denuncia penal por un supuesto testigo a la "Fiscalía General de la Nación. Unidad Especializada. Bogotá", y distribuido con anterioridad a la rueda de prensa del 21 de agosto del presente año, donde se denuncia a miembros de la comunidad del Cacarica y a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz: "DANILO RUEDA, AVILIO PEÑA, ANA MARIA, ENRIQUE CHIMONJA y DANIEL VASQUEZ -sacerdote- (...) miembros activos de la ONG "Comisión de Justicia y Paz", por los delitos de conformación, colaboración, y promoción de grupos al margen de la Ley (FARC), concierto para delinquir y amenazas".

El denunciante expresa entre las motivaciones para su declaración la necesidad de recursos económicos, por lo que habló con un oficial de la Brigada XVII con sede en Carepa (Antioquia) para rendir su declaración. Se habla de tres testigos más que van a declarar o han declarado contra nuestra Comisión y que afirman que han sido amenazados por las FARC y Justicia y Paz, además de decir que sufrieron un atentado contra su vida en Turbo ordenado por nuestra Comisión.

Nosotras y nosotros, religiosas y religiosos de la iglesia Católica, de otras Iglesias y misioneros laicos, damos fe, somos testigos, que ninguno de los miembros de nuestra Comisión Justicia y Paz tiene vínculos con la guerrilla o son guerrilleros o se ha prestado para favorecerlos militarmente.

Nuestra Comisión de Justicia y Paz asevera que desde el 13 de mayo del presente año, la operación militar de la Brigada XVII del ejército, además de ser una operación psicológica de terror, se ha dirigido contra la zona humanitaria de Esperanza en Dios anunciando la judicialización, incluso antes que exista la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, lo que resta credibilidad a un juicio justo e imparcial.

Nuestra Comisión Justicia y Paz expresa su Censura Moral ante la presión y las dádivas que se están ofreciendo a pobladores de Turbo, Riosucio y del Cacarica para que declaren judicialmente contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Nuestras solicitudes son:

- Exigir al estado colombiano que se proteja y garantice el trabajo de la Comisión Justicia y Paz, en la defensa de los derechos humanos, y para ello debe realizar lo siguiente:

  1. Se haga un pronunciamiento público por parte del Presidente de la República o la Ministra de Defensa, en el cual se rechacen las amenazas, hostigamiento y señalamiento mediante los cuales se ha obstaculizado el trabajo de Justicia y Paz, destacando la legitimidad de nuestro trabajo.
  2. Se aclare de manera inmediata y efectiva el origen y veracidad de las acusaciones divulgadas a iniciativa del Comando General de las Fuerzas Armadas; el resultado de estas indagaciones deberán divulgarse de la misma manera en que difundieron dichas acusaciones.
  3. Que se inicien las investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios públicos que con su actuación han puesto en riesgo el trabajo de Justicia y Paz y la seguridad de sus miembros.

- Se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y libertad de los miembros de la Comisión Justicia y Paz y para ello se tomen por lo menos las siguientes medidas:

  1. Que en cumplimiento de la recomendación hecha al Estado colombiano por la Oficina del Alto Comisionado en su informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, referida a que "El Procurador General verifique trimestralmente la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores de derechos humanos, y hacer público el resultado de esta labor", en el caso de los miembros de Justicia y Paz, en el termino máximo de un mes los organismos de seuridad del Estado entreguen los archivo de inteligencia que en contra de los miembros de Justicia y Paz tenga cada uno de ellos, de manera que sean conocidos por las personas afectadas controvertidos y depurados.
  2. Que la Fiscalía General de la Nación informe de manera urgente y concreta qué investigaciones judiciales han emprendido en contra de los miembros de Justicia y Paz y el origen de las misma.
  3. De acuerdo al punto anterior acordar las medidas efectivas y oportunas para evitar que el órgano de justicia sea utilizado como mecanismo de obstrucción o limitación al ejercicio legítimo de la defensa de derechos humanos. Esto especialmente, porque se ha venido observando la persecución de los líderes sociales y defensores de derechos humanos a través de judicializaciones sustentadas en afirmaciones provenientes de informantes o personas que tienen intereses en obstaculizar el trabajo de denuncia de violaciones a derechos humanos en las regiones particularmente.

- Que se garantice plenamente el trabajo de acompañamiento que organizaciones internacionales y humanitarias desarrollan en la región.

Presentamos la carta elaborada por Javier Giraldo M., S. J., Daniel Vásquez O., C. M., Carlos Julio Rozo R., C. M. F., Carolina Pardo, O. S. F., dirigida a las congregaciones de la Vida Religiosa en Colombia.

Bogotá, DC., 6 de septiembre del 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Carta de Javier Giraldo y otros representantes de Justicia y Paz dirigida a las Congregaciones de la vida religiosa en Colombia.

Bogotá, septiembre 9 de 2003

A todas y todos en el mundo de los Derechos Humanos
De : Representantes legales de Justicia y Paz

Hermanas y hermanos en el seguimiento del Señor Jesús:

En los últimos días los medios masivos de información han difundido ampliamente acusaciones en contra de JUSTICIA Y PAZ, como organización no gubernamental, acusándola de "apropiación de recursos públicos por un monto de 450 millones de pesos, destinados a proyectos de vivienda de los retornados"; "violación de los derechos humanos al crear 'campos de concentración' encerrados con alambradas, en la zona del Cacarica", y "actuar como brazo político de la guerrilla". Una conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Defensa por el Comandante General de las Fuerzas Militares, el pasado 21 de agosto, le dio la más amplia difusión a estas acusaciones por todos los medios masivos, pero a la vez se ha constituido una oficina jurídica que trata de judicializar dichas afirmaciones.

Habiendo actuado como representantes legales de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (1988-2002) y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2002-2003), hemos creído necesario enviar este informe somero al conjunto de la vida religiosa de Colombia, con el fin de que tengan los elementos mínimos de juicio para discernir, responder y actuar en esta coyuntura que nos afecta.

Como la mayoría de ustedes lo saben, Justicia y Paz ha acompañado a un grupo numeroso de comunidades de la zona del Río Cacarica (Chocó), desde que fueron brutalmente desplazadas de sus territorios por la "Operación Génesis" del Ejército, en febrero de 1997. Luego de un largo proceso de refugio interno en Turbo, en albergues provisorios que Justicia y Paz ayudó a edificar y organizar, y tras difíciles negociaciones con los gobiernos que se han sucedido, en marzo de 2000 se inició el proceso de retorno que culminó a finales de 2001. Dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo con delegados del gobierno, fue aprobado un proyecto para construir viviendas en los dos asentamientos en los cuales las comunidades decidieron agruparse en su retorno, con el fin de protegerse mejor dentro de un conflicto que se sospechaba iba a ser prolongado.

Por petición expresa de las mismas comunidades organizadas, Justicia y Paz aceptó asumir la administración del proyecto de vivienda. Así, el 1 de febrero de 1999 se firmó el convenio de cooperación No. 32700198 entre la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO Y MINERO, hoy BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, y la COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ. El gobierno se comprometió a aportar 900 millones y constituyó un Comité Operativo para la ejecución del proyecto. La RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y el BANCO AGRARIO designaron como Interventora a la arquitecta JUDITH PEREA CHALA, de Quibdó. En septiembre de 1999, en la sucursal del Banco Agrario de Apartadó se recibieron los primeros (y únicos) 450 millones de pesos aportados por el gobierno nacional y se consignaron en una cuenta a nombre del representante legal de Justicia y Paz y de la Interventora.

En los archivos de Justicia y Paz reposan 8 volúmenes que guardan los registros de todas las reuniones del Comité Operativo, los extractos bancarios, los informes periódicos de contabilidad, los comprobantes de egresos y en general toda la memoria de la ejecución del proyecto, abierta al escrutinio de cualquier investigador oficial.

Si el proyecto no se pudo ejecutar como estaba diseñado y en los plazos previstos, ello se debió a dos factores principales: por una parte, el incumplimientos del gobierno, al no suministrar ayuda alimentaria a los retornados, quienes tuvieron que dedicar gran parte de su tiempo a trabajar para su alimentación con el consiguiente retraso en la búsqueda de madera; por otra parte, la firma DISTRIBUCIONES HC, con la cual se había firmado un contrato para el suministro de materiales por valor de 223 millones, presentó una póliza que resultó inválida e incumplió en parte los suministros, quedando con una deuda de 158 millones. Justicia y Paz colocó una demanda penal el 16 de octubre de 2001 contra el representante legal de dicha firma, Sr. HÉCTOR CAÑAVERAL (Radicado 6041 en Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales de Turbo, por el punible de estafa).

Las dificultades de ejecución por las razones expuestas, llevaron al Comité Operativo a proponer la liquidación del proyecto, a pesar de haberse recibido solamente la mitad de lo prometido por el gobierno, con el fin de rediseñar el proyecto teniendo en cuenta las dificultades encontradas. En abril de 2001 el proyecto se había ejecutado, en cifras globales, así: 223 millones en el contrato de materiales; 27 millones en mano de obra de las comunidades; 81.6 millones en adquisición de insumos; 33.2 millones en dirección de la obra y 69.5 millones en interventoría. Tanto el Banco Agrario como la Red de Solidaridad Social participaron en todas las decisiones y tienen en su poder todos los documentos, actas y cuentas. Recientemente han manifestado estar "tranquilos" y abiertos a cualquier escrutinio.

En 2001, frente a incursiones de militares y paramilitares que irrespetaban todos los reglamentos de las comunidades y violaban permanentemente los derechos elementales de la población civil, las comunidades decidieron poner una malla de protección a sus espacios de vivienda, con el fin de hacer un poco más difícil el ingreso de los agresores. Aunque esto no se acomoda a su tradición cultural de puertas abiertas, ellas afirman que lo hicieron por extrema urgencia de proteger sus vidas y bienes y que se inspiraron para ello en sus visitas a nuestras grandes ciudades, donde tanto nuestras casas como todos los espacios oficiales están saturados de puertas, controles, muros, mallas, alambradas electrizadas, celadores y vigilantes, y computadores que escrutan y registran hasta la saciedad las identidades y propósitos de cualquier visitante. Calificar esto como "campo de concentración" o acusar a Justicia y Paz de querer imponérselos, son calumnias que solo pueden originarse en imaginaciones excesivamente perversas.

El acompañamiento que Justicia y Paz ha hecho a estas comunidades a partir de 1997 cuando fueron brutalmente desplazadas, ha tenido como eje ayudarles a construir un proyecto de vida en medio del conflicto armado, en el que puedan reivindicarse como población civil que no participa en el enfrentamiento armado, pero que no por ello renuncia a exigir el respeto a sus derechos y a su autodeterminación. Dicho acompañamiento le permite a Justicia y Paz dar testimonio de que quienes participan en el proyecto de COMUNIDADES DE AUTODETERMINACIÓN, VIDA Y DIGNIDAD - CAVIDA - lo hacen transparentemente como población civil no involucrada en actividades militares. Si se ha buscado en ocasiones conversar con insurgentes, ya sea a través de los comisionados por el gobierno para los diálogos, o ya enfrentando a los que ocasionalmente pasan por el territorio, ha sido para pedirles encarecidamente que respeten el proyecto de vida de estas comunidades y que no las presionen a colaborar en actividades militares.

Sin embargo, ahora se acusa, tanto a los integrantes de Justicia y Paz que han acompañado el proceso, como a muchos miembros de las mismas comunidades, de "actuar como brazo político de la guerrilla". Al examinar las acusaciones contra los miembros de JUSTICIA Y PAZ, se evidencia que éstas provienen de un odio reconcentrado de quienes simpatizan con determinadas fuerzas que actúan por fuera de la ley. En efecto, se interpreta cualquier contacto con la insurgencia, en defensa de las mismas comunidades, como si fuera para coordinar acciones con ella; se interpreta cualquier denuncia de las agresiones paramilitares, como una colaboración con retaliaciones que eventualmente haya tomado la guerrilla contra ellos; se interpreta el mismo acompañamiento a gente amenazada, como si fuera "protección a milicianos"; se interpretan los criterios ponderados de denuncia que Justicia y Paz ha seguido en su trayectoria, como si fuera complicidad con la insurgencia; se interpretan las opiniones a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la justicia social y de la defensa de los recursos naturales, como si fuera la imposición de una ideología insurgente.

Al examinar las acusaciones contra algunos integrantes o líderes de las comunidades, se percibe que se fundan en supuestas militancias o conductas ilícitas de épocas anteriores al proceso de CAVIDA, muy difíciles de creer cuando se predican de líderes que durante 7 años hemos conocido como personas íntegras y radicalmente identificadas con un proyecto de vida comunitario que ha buscado alejar todo vínculo o compromiso con actores armados y actuar transparentemente como población civil ajena a toda colaboración con la violencia.

Pero toda esta difamación y posible judicialización de los miembros de JUSTICIA Y PAZ y de CAVIDA tiene raíces más profundas. En efecto, el primer representante legal del Consejo Comunitario del Cacarica fue el Señor ADÁN QUINTO, quien fuera desplazado en 1997 (el mismo que apareció en la televisión al lado del General Mora Rangel, haciendo las acusaciones). Desde su puesto de coordinación, sin embargo, abusó de su poder para apropiarse de dineros donados por entidades oficiales con el fin de hacer levantamientos topográficos previos a la delimitación del territorio. Al ser sancionado por su propia comunidad, ADÁN resolvió ofrecer sus servicios a la empresa MADERAS DEL DARIÉN, que ha explotado ilegalmente los recursos más preciosos de ese territorio, destruyendo el medio ambiente y haciendo innavegables los caños que comunican a las comunidades. Más tarde ADÁN QUINTO trató de convencer a los principales líderes de la Comunidad del Cacarica para que renunciaran al proceso organizativo y a su proyecto de vida y se entregaran a MADERAS DEL DARIÉN, empresa que podría volverlos ricos si ellos le colaboraban. Ellos rechazaron indignados el soborno, mientras ADÁN continuó reclutando adeptos para constituir microempresas de fachada, que le hicieran el trabajo de base a MADERAS DEL DARIÉN. La contradicción de intereses se fue agudizando y JUSTICIA Y PAZ se vio en la necesidad de denunciar, vía Acción de Tutela, a MADERAS DEL DARIÉN, por saquear ilegalmente los recursos forestales que son el escaso patrimonio de las comunidades, haciéndose escoltar militarmente por los paramilitares, como han podido comprobarlo las comisiones de verificación que se han desplazado a la zona. Evidentemente esto ha agudizado el conflicto y ha llevado a que MADERAS DEL DARIÉN, al parecer a través de la abogada JOHANNA ELIZABETH CABEZA ARIAS, coordine una campaña difamatoria y judicial contra JUSTICIA Y PAZ. Todo muestra que lo que se busca es eliminar el obstáculo que hoy tienen, tanto MADERAS DEL DARIÉN, para continuar con la ilegal destrucción de los recursos naturales, como LOS PARAMILITARES, para lograr su total dominio del territorio, sobre todo en esta coyuntura en que se proyecta su legalización y colaboración con los proyectos oficiales.

Para lograr tan perverso objetivo, los métodos están a la vista, y son los mismos que se han vuelto moneda corriente, desafortunadamente, en nuestras instancias judiciales: conseguir "testigos" halagados con todo tipo de recompensas, para que acusen de diversos "delitos" a quienes les resultan incómodos a los poderes corruptos. Todos sabemos que multitud de procesos penales, que ahora ni siquiera excluyen a altos jerarcas de la Iglesia, se apoyan en esa inmoral estrategia.

Dejamos en sus manos, hermanas y hermanos, estos elementos de discernimiento. No dudamos que sabrán llevarlos a la oración y a la reflexión comunitaria y que el mismo contexto les hará reflexionar sobre los costos enormes que ordinariamente hay que pagar cuando se busca un mínimo compromiso con la verdad y con la justicia.

Fraternalmente,

Javier Giraldo M., S. J.
Daniel Vásquez O., C. M..
Carlos Julio Rozo R., C. M. F.
Carolina Pardo, O. S. F.

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 07sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights