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Los campesinos del Valle del Río Cimitarra piden ayuda para la normalización y desmilitarización del Magdalena Medio.


Desde el 2 de Diciembre del 2000 sobre el Valle del Río Cimitarra se ha desarrollado una fuerte intervención militar y paramilitar, generando un grave estado de violencia y zozobra en esta región, caracterizada por el desplazamiento masivo de campesinos, los asesinatos selectivos, las masacres, la fumigación indiscriminada de cultivos, agravando la empobrecida economía campesina y aumentando la inseguridad alimentaria; así mismo, han muerto decenas de animales domésticos, víctima de los ametrallamientos y el bombardeo indiscriminado de la región.

El recrudecimiento del accionar paramilitar se presenta en el contexto social y político, marcado por la posibilidad del establecimiento de una zona de encuentro para los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Los sectores más retardatarios de las fuerzas armadas, de la iglesia, de los gremios (ganaderos, latifundistas, comerciantes, constructores, avicultores) y de los políticos clientelistas regionales, así como del narcotráfico, han optado a través de la militarización de la sociedad y de la paramilitarización, por la barbarie de las masacres, los asesinatos selectivos, el genocidio y el desplazamiento forzado de miles de personas como la posibilidad real de oponerse al proceso de paz y de paso consolidar un modelo de desarrollo altamente autoritario y excluyente.

Las elites regionales y del país, ven en la región un área estratégica para la explotación de sus riquezas, dada la posibilidad de continuar con los megaproyectos extractivos del petróleo y el oro, megaproyectos viales (fluviales y terrestres), el lavado de dolares del narcotráfico mediante la compra y concentración de tierras, la agroindustria de la palma africana y la ganadería extensiva. En síntesis se trata de un modelo de desarrollo regional extractivo y relatifundizador agroindustrial fundamentado en la expropiación violenta y la violación sistemática de todos los derechos humanos a partir de la fascistización de la vida regional.


LA OPERACIÓN BOLÍVAR DEL PLAN COLOMBIA EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA: MUERTE, SAQUEO Y DESTRUCCIÓN.

Sobre el Valle del Río Cimitarra se ha implementado un cerco militar y paramilitar mediante el establecimiento de retenes permanentes y bases paramilitares ubicadas a pocos minutos de las guarniciones y bases militares.

El bloqueo de la región que ha puesto en peligro la seguridad alimentaria y sanitaria de 25000 pobladores, se vió agravado con la implementación del operativo militar adelantado por las fuerzas del Estado, en clara alianza con grupos paramilitares, que bajo el nombre de "Bolívar", se ha adelantado bajo el supuesto de un operativo antinarcóticos y de lucha contra el paramilitarismo.

El día 17 de Febrero un camión con alimentos para el aprovisionamiento de la región a través de la cooperativa de la ACVC, acompañado por la Defensoría del Pueblo, ACNUR, la RSS y el PDPMM, fue detenido por tropas de la Quinta Brigada al mando del General Martín Orlando Carreño en la vereda San Francisco y obligado a devolverse hacia Yondó. El día 1 de marzo, nuevamente se intenta ingresar un camión con 22 toneladas de alimentos; este automotor partió hacia el Valle del Río Cimitarra contando con el mismo acompañamiento institucional, después de poner en conocimiento sobre el desplazamiento del comboy humanitario a las Fuerzas Armadas; no obstante el camión fue detenido por paramilitares entre el Puerto Casabe y el casco urbano del Municipio de Yondó, pese a que en los dos puntos mencionados existen bases del Batallón 45 "Héroes de Majagual"y del comando operativo de la Policía del Magdalena Medio; la ayuda humanitaria robada por los paramilitares contando con la omisión y la negligencia de las Fuerzas Armadas fue llevada a la vereda San Miguel del Tigre a 10 minutos de la base militar de Puerto Casabe, sitio donde se encuentra una base y un reten paramilitar.

Según el informe de la COMISION INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS SUCEDIDOS DURANTE LA OPERACIÓN BOLIVAR EN EL VALLE DEL RIO CIMITARRA se evidenció el bloqueo alimentario y sanitario de las FFAA sobre 2350 campesinos (470 familias) en 17 veredas del Municipio de Remedios, el saqueo de 47 fincas por parte de los militares, la desaparición de Atiliano Rodríguez, la detención arbitraria por parte de organismos de inteligencia de 5 campesinos, la tortura de un anciano y de Arturo Castro en las veredas de La Cruz y Dosquebradas (Municipio de Remedios); fue igualmente asesinada una anciana, detenido y posteriormente asesinado Carlos Ramirez, dirigente campesino dirigente de la Asocciación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. Jaime Pachano, campesino de la región fue asesinado por sicarios paramilitares en la ciudad de Barrancabermeja cuando pretendía que las Fuerzas Armadas le indemnizaran las pérdidas por el envenenamiento de sus reses como resultado del paso de las tropas por su finca. Igualmente fueron robadas por el ejercito decenas de cabezas de ganados y bienes y enseres del campesinado. Los proyectos comunitaros de la ACVC fueron nuevamente atacados, es el caso del saqueo de la cooperativa de Puerto Nuevo Ité, los daños causados a los trapiches e ingenios paneleros de la ACVC y a la trilladora de arroz; el proyecto de ganadería bufalina financiado por el PNUD de la ONU estuvo punto de ser destruido por las tropas oficiales.

En las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la operación "Bolívar", que movilizó a 3500 hombres de las fuerzas armadas, están comprometidos los efectivos y comandantes de las siguientes instituciones militares: el BATALLÓN PALAGUA de la Brigada XIV, el BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS N 47 "HÉROES DE TACINES" de la Brigada XIV, el BATALLÓN REYES de la Brigada XIV, el BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA "MOTILONES", el BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS N 45 "HÉROES DE MAJAGUAL" de la V Brigada, la BRIGADA MÓVIL N 2 y la FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO.

Teniendo en cuenta que los resultados de la presente verificación preliminar no oficial, que sumó mas de un centenar de testimonios en terreno, han dejado en claro que el operativo "Bolívar" no fue un operativo antinarcóticos, ni contra el paramilitarismo, sino que por el contrario las principales víctimas del operativo fueron inermes campesinos desplazados, torturados, asesinados y saqueados; que la organización social y económica del Valle del Río Cimitarra quedó dramáticamente afectada por el accionar bandálico de las tropas oficiales; que las Fuerzas del Estado atacaron proyectos comunitarios de la ACVC a sabiendas de los objetivos sociales de estos proyectos financiados por el BANCO MUNDIAL, el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD, el FONDO NORUEGO DE DERECHOS HUMANOS, el proyecto ECHO de la COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, la CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CORMAGDALENA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA, el BANCO AGRARIO, FONADE y el MINISTRIO DEL INTERIOR; que el Estado y el gobierno colombiano a través de sus fuerzas armadas victimizaron, vulneraron y violaron los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de los pobladores del Valle del Río Cimitarra, teniendo en cuenta lo anterior exigimos al gobierno y al Estado colombiano, cumpliendo con los acuerdos de la toma pacífica por parte de desplazados de la Defesoría Nacional del pueblo en Bogotá, conformar una comisión interinstitucional de verificación que haga una verificación oficial de los hechos que permita iniciar las investigaciones correspondientes y la judialización de las violaciones y de los crímenes de lesa humanidad cometidos, así como iniciar un proceso de reparación integral de las víctimas y de indemnizaciones por parte del Estado colombiano.


LAS FUMIGACIONES DEL PLAN COLOMBIA EN EL MAGDALENA MEDIO: LA MISERIA FUMIGADA DE LOS CAMPESINOS COCALEROS

En el desarrollo de la operación Bolívar según las fuentes oficiales fueron fumigadas 5000 Ha de coca en la parte baja de Valle del Río Cimitarra, según las verificaciones preliminares llevadas a cabo por la ACVC la mayoría del área fumigada corresponde a cultivos de pancoger, potreros de pequeña ganadería, terrenos baldíos y cuerpos de agua. Durante la semana del 23 al 29 de Abril en la parte media del Valle del Río Cimitarra fueron fumigadas unas 270 hectáreas de las cuales sólo 70 correspondían a cultivos de coca.

Las fumigaciones en la región se implementan no obstante las propuestas de sustitución de cultivos de coca concebidas por las comunidades en el PLAN DE DESARROLLO Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DDHH DEL MAGADALENA MEDIO a cuyo financiamiento se comprometió el presidente Pastrana en los acuerdos del ÉXODO CAMPESINO DEL MAGDALENA MEDIO el 4 de Octubre de 1998. Las fumigaciones indiscriminadas se dan desconociendo intencionadamente que la ACVC adelanta un proceso de sustitución concertada de cultivos de coca en la parte media del Valle del Río Cimitarra en lo que se conoce como el PROYECTO DE ALDEA COMUNITARIA DE PUERTO MATILDE una propuesta integral de sustitución de cultivos de coca enmarcada en el PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, zona de reserva campesina que el gobierno colombiano a través del INCORA se ha negado sistemáticamente a decretar violando los acuerdos de 1998.


DESPUÉS DEL OPERATIVO BOLÍVAR CONTINÚA LA AGRESIÓN PARAMILITAR EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA

El jueves 19 de Abril fue desaparecido el campesino Juan Bravo en el reten paramilitar de la vereda La Rompida, ubicado a 10 minutos de la base de la Armada Nacional de Barrancabermeja, cuando se dirigía de la vereda Dosquebaradas hacia Barrancabermeja. El día Lunes 23 de Abril su cuerpo mutilado apareció flotando en el Río Magdalena a la altura de la vereda Canaletal del Municipio de San Pablo.

Los campesinos hermanos Wilson y Fracie Avendaño vecinos de la vereda Las Camelias del Municipio de Remedios fueron desaparecidos por sicarios paramilitares durante los días Jueves 19 y Viernes 20 de Abril en el sitio conocido como Puerto de las Escalas en la ciudad de Barrancabermeja, su paradero se desconoce hasta el día de hoy.


LOS ACUERDOS DE LA TOMA PACÍFICA DE LA DEFENSORÍA NACIONAL DEL PUEBLO: OTRO ACUERDO INCUMPLIDO SISTEMÁTICAMENTE POR PARTE DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO COLOMBIANO

El 11 de Abril se firmaron los acuerdos entre el gobierno nacional y los voceros de la toma pacifica de la defensoría nacional del pueblo, una acción de hecho realizada por desplazados y víctimas de la militarización y paramilitarización de Barrancabermeja y el Magdalena Medio. En términos estructurales los acuerdos de la toma de la defensoría exigen del Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas de 1996 y del ÉXODO CAMPESINO DEL MAGDALENA MEDIO de 1998 cómo única propuesta política viable para mejorar la situación social y de DDHH en la región.

AMENAZADOS DE MUERTE VOCEROS DE LA TOMA PACÍFICA DE LA DEFENSORÍA NACIONAL DEL PUEBLO

El lunes 7 de Mayo a las 11 de la mañana al frente de las instalaciones de la Dirección General de los DDHH del Ministerio del Interior fue amenazado de muerte el compañero RAFAEL DE LA OSSA, dirigente del Sindicato de Desempleados de Barrancabermeja - SINTRADIT, la amenaza fue proferida por un individuo que al acercarse a Juan de la Ossa le dijo " a usted y a Traslaviña los vamos a matar", haciendo extensiva la amenaza a nuestro compañero LIBARDO TRASVIÑA, vocero de la ACVC y firmante de los acuerdos de las marchas campesinas de 1996, de 1998 y de la toma de la Defensoría Nacional del Pueblo.

La ACVC hace responsable al Estado colombiano por lo que pueda ocurrirle a los compañeros amenazados y denuncia que los miembros, voceros y directivos de la ACVC han seguido siendo amenazados, desaparecidos, torturados y asesinados pese a las dos solicitudes que en materia de medidas cautelares ha elevado la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH DE LA OEA ante el Estado colombiano. Que las medidas políticas solicitadas por la ACVC han sido desatendidas sistemáticamente por el actual gobierno colombiano y que las medidas físicas y operativas de seguridad han sido muy parcialmente cumplidas, la ACVC denuncia igualmente que frente a las segunda solicitud de medidas cautelares para todos los miembros de la ACVC por parte de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH al Estado colombiano, este ni siquiera ha convocado a los voceros de la ACVC para discutir las nuevas propuestas y medidas cautelares.


LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS DEL ÉXODO CAMPESINO DEL MAGDALENA MEDIO

El 4 de Octubre de 1998, Pastrana firmó unos acuerdos con 10.000 campesinos que representaban a los pobladores del Magdalena Medio; movilizados en un Éxodo Campesino sin precedentes hacia la ciudad de Barrancabermeja ante el asedio y el acoso del paramilitarismo y la pobreza.

En la declaración pública del Gobierno Nacional que selló la firma de los acuerdos Pastrana afirmó: "El Gobierno Nacional ante los hechos que violan los DDHH, la constitución y las leyes, efectuados por grupos paramilitares contra la población civil del Magdalena Medio por más de una década, rechaza, condena y repudia la presencia pública, abierta y permanente de dichos grupos en esta región. Estos grupos paramilitares han utilizado sistemáticamente la práctica de desaparición forzada de personas, torturas, masacres, asesinatos y desplazamientos forzados masivos e individuales y demás actividades criminales ejecutadas en personas ajenas al conflicto armado, generalmente campesinos pobres. El Gobierno reitera su convicción de llevar adelante una política de Estado contra el paramilitarismo, que oriente a la fuerza pública en su eficaz combate y neutralización".

El presidente se comprometió a desmontar y erradicar el paramilitarismo, a capturar, judicializar y castigar a los agenciadores, financiadores y sicarios mediante la creación de un bloque de búsqueda paramilitar en el Magdalena Medio, se comprometió a garantizar el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

El incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos políticos relativos a las garantías para la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de los habitantes del Magdalena Medio ha agenciado y fortalecido el accionar de las bandas de asesinos paramilitares que en abierta connivencia con sectores del Estado, de grupos económicos y de los gobiernos locales se han dedicado a exterminar y desplazar a miles de pobladores rurales y urbanos en nuestra región.

Después de la firma de los acuerdos han sido asesinados más de 500 campesinos y desplazados violenta y forzádamente más de 30.000. Nuestro compañero Edgar Quiroga, uno de los voceros campesinos que firmó los acuerdos de 1998 fue desaparecido. DIOMEDES PLAYONERO y ORLANDO MONCADA, miembros de la Junta Directiva de nuestra organización fueron atrozmente asesinados por sicarios paramilitares a la sombra de la total impunidad. Caseríos de inermes campesinos en el Valle del Río Cimitarra y en la región han sido bombardeados y ametrallados por tropas oficiales en la ejecución de supuestos operativos "antinarcóticos y contrainsurgentes".


LA MILITARIZACIÓN - PARAMILITARIZACIÓN DE BARRANCABERMEJA

En la totalmente militarizada ciudad de Barrancabermeja durante el año pasado fueron ultimados selectivamente y en masacres 500 habitantes, en lo transcurrido del presente año han sido asesinadas por el paramilitarismo 250 personas, han sido desaparecidas 50 y se han visto obligados al desplazamiento forzado 10.000 habitantes de las comunas populares de la ciudad, cada 14 minutos en promedio es asesinada una persona mientras que la institucionalidad y el establecimiento justifica la barbarie, asociada a su connivencia, omisión y negligencia, vinculando sistemáticamente a la población civil victimizada ya sea con la guerrilla, ya sea con el paramilitarismo.


LA ZONA DE ENCUENTRO, LA COOPERACIÓN DEL GRUPO DE PAÍSES AMIGOS DEL PROCESO DE PAZ Y LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MAGDALENA MEDIO

Pastrana firmó igualmente en 1998 unos acuerdos económicos relativos a la formulación, financiación y ejecución del PLAN DE DESARROLLO Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MAGDALENA MEDIO - PDPIDHMM para responder a la exigibilidad por parte de las comunidades movilizadas en el éxodo campesino de los derechos económicos y sociales de la región. Este plan fue formulado por las comunidades campesinas en el marco de un ejercicio sin antecedentes de planificación participativa del desarrollo y de cualificación de las reivindicaciones sociales de la región.

El incumplimiento de estos acuerdos ha tomado matices de cinismo institucional y parainstitucional a raíz del requerimiento que el gobierno colombiano le ha hecho a la Unión Europea para el financiamiento del fortalecimiento del proceso de paz con el ELN a través de procesos de inversión en los territorios de la eventual zona de encuentro.

De un lado el gobierno colombiano trata, en contravía de las propuesta comunitarias de desarrollo plasmadas en el PDPIDHMM, de que estos recursos financien su plan agroindustrial latifundista de siembra de 30.000 Ha de palma africana en el Magdalena Medio, de hecho el gobierno colombiano ha anunciado que con estos dineros ya tiene listo el financiamiento de la siembra de 9.200 Ha de palma, a través de supuestas organizaciones sociales como ASOCIPAZ o el PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO.

De otro lado organizaciones no gubernamentales agrupadas en un sinnúmero ya de convergencias, plataformas, asambleas, redes y programas que se han autodenominado como voceras de la sociedad civil colombiana hacen ingentes esfuerzos por captar la cooperación internacional especializándose fugazmente en temas como el conflicto, la guerra, la paz, los derechos humanos, el DIH, el postconflicto, el desarrollo regional y hasta la sustitución de cultivos de coca y amapola, utilizando para ello un discurso virtual donde el campesinado, el proletariado, sus partidos y sus organizaciones son víctimas, como en un teatro, de un fuego cruzado entre una compleja multiplicidad de actores.

En el Magdalena Medio, mientras tanto, las víctimas del paramilitarismo de Estado y de las acciones militaristas contra la paz como la Operación "Bolívar" se cuentan a diario por decenas. La realidad real de los muertos, y de los vivos que se resisten a morir indígnamente, es aquella realidad de 25.000 campesinos en el Valle del Río Cimitarra que viven cada día como si fuera el último en medio de la agresión perpetua del Estado, de la zozobra del cerco alimentario y sanitario propiciado por los militares y los paramilitares con sus retenes convertidos en verdaderos mataderos de humanos, los ametrallamientos y bombardeos, las fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre el pancoger, los animales y el agua.

Sin duda esta realidad dista mucho de la virtualidad retórica con que el establecimiento y sus serviles pretenden lavarse las manos y la conciencia, dista mucho esta realidad nuestra de la aparente complejidad del conflicto que exponen los burócratas institucionales y no gubernamentales de la paz. Solo basta ver caer las bombas, la metralla y el veneno para entender, como en la ley de la gravedad, el origen opresivo y victimario de la destrucción y la muerte.


En vista de la terrible situación que vive el campesinado del Valle del Río Cimitarra, la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA exige al gobierno y al Estado colombiano:

  • 1. Verificar inmediatamente mediante una comisión interinstitucional de verificación las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Operación Bolívar.

  • 2. Iniciar las investigaciones correspondientes que establezcan la responsabilidad y el castigo de los responsables de estas violaciones.

  • 3. Indemnizar y reparar integralmente a las víctimas de esta operación militar y los daños causados por las fumigaciones indiscriminadas.

  • 4. Levantar inmediatamente el cerco alimentario y sanitario que se ha implementado desde puestos militares y retenes paramilitares en los cascos urbanos y las bases de los Municipios de Barrancabermeja, Yondó, San Pablo y Remedios.

  • 5. Asistir humanitariamente de emergencia a 884 familias victimizadas por el cerco militar - paramilitar en el Valle del Río Cimitarra y el corregimiento de Ciénaga del Opón de la ciudad de Barrancabermeja, según la propuesta presentada por la ACVC al gobierno.

  • 6. Garantizar que la cooperativas de la ACVC puedan ser normalmente surtidas mediante la neutralización de los retenes paramilitares y el desmonte de la restricción del ingreso de alimentos en los puestos y bases militares.

  • 7. Indemnizar los proyectos productivos y de comercialización de la ACVC afectados por la Operación Bolívar.

  • 8. Asumir las solicitudes de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDH DE LA OEA para dotar de medidas cautelares a los voceros, directivos y la totalidad de los miembros de la ACVC.

  • 9. Cumplir con los acuerdos de la toma pacífica de la Defensoría Nacional del Pueblo y del Éxodo Campesino del Magdalena Medio de 1998.

  • 10. Decretar Inmediatamente y sin más dilaciones la ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA.

La ACVC solicita al grupo de países amigos del proceso de paz a través de sus embajadores en Colombia:

  • 1. Ejercer las labores de buenos oficios que posibiliten el cumplimiento de las anteriores exigencias por parte del Gobierno colombiano.

  • 2. Desarrollar un proceso de consulta y concertación con las comunidades del Valle del Río Cimitarra frente a la eventualidad de la zona de encuentro para los diálogos entre el gobierno y el ELN.

  • 3. Tener en cuenta el PLAN DE DESARROLLO Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DDHH DEL MAGADALENA MEDIO sus programas y proyectos como único instrumento social y comunitariamente legítimo de planificación del desarrollo regional en el Magdalena Medio.

  • 4. Realizar una misión técnica y política en el Valle del Río Cimitarra que observe las propuestas y los proyectos en ejecución de sustitución de cultivos de coca, de desarrollo rural y de DDHH de las comunidades organizadas en la ACVC.

  • 5. Evitar el financiamiento de propuestas anticampesinas, relatifundizadoras y agroindustriales como el monocultivo de la palma africana.

A las organizaciones sociales del mundo les solicitamos rodear de solidaridad, internacionalismo y acompañamiento al campesinado del Valle del Río Cimitarra en estos difíciles momentos.

Valle del Río Cimitarra, Mayo 8 del 2001
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC

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Este documento ha sido publicado el 11may01 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights