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28may07


Nuevas amenazas contra la Corporación Jurídica Libertad.


La Corporación Jurídica Libertad -CJL- Se fundó el 22 de marzo de 1993 en la ciudad de Medellín por un grupo de abogados y abogadas de diferentes universidades. En cumplimiento de su objeto social desarrolla actividades tales como: defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a grupos insurgentes, así como líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de su actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos. Asistencia y formación a las comunidades y organizaciones sociales para la apropiación y la exigencia de derechos y garantías ciudadanas; acompañamiento a las comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y seguridad alimentaria y elaboración de informes e investigaciones para divulgar la situación de Derechos Humanos.

Durante todos estos casos, el ejercicio de las actividades mencionadas no ha contado con el pleno reconocimiento de las instituciones públicas. En efecto, cuando se ha denunciado el compromiso de agentes estatales en la violación de los Derechos Humanos se ha señalado que CJL emprende una guerra jurídica y política contra los militares por encargo de la guerrilla. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se denunció la connivencia de los paramilitares con el Ejército en el municipio de Segovia y la participación conjunta de estos en la masacre consumada el 14 abril de 1996 por la que fue sancionado el comandante de la Base Militar del Batallón Bombona y condenado el Estado colombiano a reparar a las victimas. Igualmente, por las denuncias sobre la participación de miembros de la Brigada XVII en la masacre de cuatro menores de edad y cuatro adultos, entre ellos LUIS EDUARDO GUERRA líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, el 21 de febrero de 2005, por la que La Fiscalía llamó a indagatoria a 67 integrantes de las Fuerzas militares.

Cuando se promueve el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso en los asuntos penales, es común que los integrantes de los organismos de seguridad del Estado que actúan con funciones de policía judicial aleguen la calidad de guerrilleros de los abogados defensores, estigmatizando la actividad profesional, en especial, en aquellos casos en los cuales se han develado montajes probatorios por parte de estos funcionarios en detrimento de los derechos a un juicio justo y pleno de garantías procesales. Así sucedió con el proceso penal iniciado a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron acusados de rebeldes y terroristas y a quienes la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogota les precluyó la investigación exonerándolos de responsabilidad penal.

Amen de la estigmatización por la labor que desempeña la CJL, se suma el permanente riesgo contra la vida, la integridad personal y la zozobra con que se desenvuelve la actividad en los barrios de la ciudad de Medellín y zonas rurales donde se acompaña a los desplazados y los procesos de resistencia de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Antioquia y Choco, lo que se manifiesta en amenazas, hostigamiento y persecución contra los miembros de la institución.

Hechos recientes:

  • 1. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad publicaron el informe "Ejecuciones Extrajudiciales: Caso oriente antioqueño". Integrantes de la CJL hicieron la presentación pública de la investigación, denunciando los homicidios de 110 personas por parte de miembros de la IV Brigada del Ejército, que son mostradas ante la opinión publica como "guerrilleros dados de baja en combate". Dicha publicación provocó la reacción del Comandante de esa Unidad Militar, general Jorge Rodríguez Clavijo, quien aseveró que el informe "hace parte de la guerra política y jurídica" A lo que se suma, el Editorial del Periódico el Mundo del pasado 24 de mayo de 2007, haciendo una defensa a ultranza de los militares y desconociendo las revelaciones que hiciera el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia sobre un total de 313 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2004 y junio de 2007 en el departamento de Antioquia.

  • 2. A finales del año 2005, personas que se identificaron como integrantes de organismos de seguridad del Estado indagaron en repetidas ocasiones por el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO en su lugar de residencia y en la sede de la CJL. En los meses de noviembre y diciembre de 2006 viarias personas de civil que portaban radios de comunicación estuvieron vigilando la sede de la institución y preguntando a algunos trabajadores del edificio por la ubicación de este abogado. El 19 de diciembre del mismo año, dos personas que manifestaron pertenecer a la IV Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta el edificio donde habita preguntando por su paradero y señalando, que lo buscaban porque "se haba desertado con armas y elementos pertenecientes a las fuerzas armadas" En el mes de enero de 2007 se pudo establecer que integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS adelantaban labores de inteligencia en su contra.

  • 3. El coronel Néstor Iván Duque, comandante del Batallón Bejarano Muñoz de la XVII brigada del Ejercito para el año 2005, formuló denuncia contra el abogado Elkin de Jesús Ramírez Jaramillo, el Padre Jesuita Javier Giraldo y el exdefensor del Pueblo de Urabá por el delito de calumnia, adelantándose investigación penal por la Fiscalía 205 de la ciudad de Bogota. Denuncia motivada en los diferentes informes presentados por este abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las medidas provisionales establecidas a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Tras agotarse el debate probatorio, la autoridad judicial se inhibió de seguir adelante con la investigación por la inexistencia de conducta penal.

  • 4. Por otro lado, en el mes de agosto de 2006 se pudo conocer que personal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra realizaba visitas a personas detenidas por motivos políticos en varias cárceles con el objetivo de "invitarlos" a denunciar al abogado BAYRON RICARDO GONGORA ARANGO como integrante de organizaciones guerrilleras, por lo cual obtendrían beneficios jurídicos y económicos. Ante la negativa de los detenidos, se les advirtió que ese inconveniente lo solucionaran con otros mecanismos. El 11 de enero de 2007 este abogado fue seguido durante varios minutos por una persona, luego de abandonar la sede de la CJL al culminar su jornada laboral. Una vez se percató de tal seguimiento intentó informar de ello a una patrulla de la policía que se movilizaba por el sector, pero esta persona logro escabullirse.

  • 5. Cabe destacar, que desde el mismo momento en que empezó el seguimiento contra los abogados de la CJL se acudió a las autoridades civiles y militares como: Dirección de Fiscalías de Antioquia y Medellín, Fiscales destacados ante organismos de seguridad del Estado, comandancia de la IV Brigada, de la Policía de Antioquia, Metropolitana del Valle de Aburra, del DAS y del Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fiscalía, para que, en caso de iniciarse o existir investigaciones de tipo penal en contra de los integrantes de la institución, se permitieran el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción de las pruebas obtenidas. Lo anterior, debido a la preocupación por los nexos que se han revelado entre el DAS y los grupos paramilitares, además ante los constantes montajes probatorios y falsos positivos realizados por diferentes organismos del Estado como reacción a las denuncias presentadas por las organizaciones de Derechos Humanos.

    Las reuniones a las que nos referimos, fueron convocadas y presididas desde el año 2005 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas de la ciudad de Medellín y hasta la ultima que se llevo a cabo el 26 de febrero de 2007 siempre se negó rotundamente que existiera abierta alguna actuación de carácter penal contra los integrantes de la corporación Jurídica Libertad.

    No obstante las reuniones con autoridades judiciales y miembros de cuerpos que cumplen funciones de policía judicial, en las que se negaba la existencia de proceso alguno en contra de cualquier miembro de la Corporación y en especial en contra de ELKIN RAMIREZ, se pudo constatar que exista una investigación que se inicio el 29 de noviembre de 2006 por la Fiscalía 74 Seccional por el delito de rebelión dentro de la que se orden la captura de éste, la cual fue revocada recientemente aduciendo un tecnicismo de competencia. En la actualidad existe un proceso penal en contra del Doctor RAMIREZ JARAMILLO, en la citada Fiscalía 74 Seccional la cual depende de la Dirección de Antioquia, en el que no se ha permitido hasta la fecha ejercer el derecho de defensa y contradicción a pesar de las reuniones realizadas donde se solicitaba que se garantizara ejercer ese derecho.

  • 6. El día 25 de mayo de 2007, fue entregada en la portera del edificio donde tiene su sede la CJL una carta en la cual se anuncia una amenaza de muerte a los defensores si no renuncian a algunas de las defensas penales "so pena de ser declarados nuestro objetivo", advirtiendo a los abogados que "no ensucien sus hojas de vida ni sus conciencias y sobre todo no hagan que nosotros ensuciemos las nuestras además de nuestras manos con la sangre de ustedes".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corporación Jurídica Libertad declara:

PRIMERO: Que continuará con su labor, en el desarrollo de su objeto social como fue enunciado al principio de este escrito.

SEGUNDO: Que persistirá en la activación de procesos jurídicos nacionales e internacionales para que el Estado colombiano cumpla las obligaciones adquiridos para la protección y respeto de los Derechos Humanos. Igualmente, se mantiene en el empleo de promover acciones tendientes al reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas de crímenes de lesa humanidad y develar los mecanismos que se promuevan desde el Gobierno Nacional y el Congreso para favorecer la impunidad de crímenes de Estado.

Solicitamos:

PRIMERO: Que cese de inmediato todo acto de hostilidad por parte de los organismos de seguridad del Estado y se brinde decidida protección al derecho a la vida, integridad personal y libertad de todos los miembros de la institución.

SEGUNDO: Que la Fiscalía 74 Seccional que adelanta la investigación penal contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO obre con total independencia e imparcialidad y permita, desde ahora, ya que no lo haba hecho antes, a sabiendas del interés de la CJL, la participación de la defensa en el debate probatorio y se respete plenamente el debido proceso y el derecho de contradicción.

TERCERO: Que el Procurador General de la Nación, en acatamiento de la recomendación contenida en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue ratificada en el informe presentado en el año 2007, revise los informes de inteligencia que reposen en todos los organismos de seguridad del Estado contra la Corporación y sus integrantes.

CUARTO: Que se adelanten con prontitud e imparcialidad las investigaciones penales y disciplinarias contra los agentes del Estado involucrados en las violaciones de los Derechos Humanos que han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. En especial, las ejecuciones extrajudiciales que conoce el Comité Interinstitucional promovido por la Gobernación de Antioquia y los casos reportados en el informe "Ejecuciones extrajudiciales: el caso del oriente antioqueño" recientemente publicado.

QUINTO: A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que dirijan sus comunicaciones a la Dirección de Fiscalía de Antioquia, Fiscalía 74 Seccional, Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas, Radicado 150 para que se respeten los derechos en la investigación contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO

Medellín. Mayo 28 de 2007


Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:

Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.

Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional
Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co
Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N 5 - 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: mdn@cable.net.co

Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co
Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co

Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra 5 # 15-80, Bogotá
Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (571) 640 0491
Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com
Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co

Dirección Seccional de Fiscalía Antioquia
Doctor Carlos Mario Escobar Álvarez
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Dirección Seccional de Fiscalía Medellín
Doctor Guillermo León Valencia Cossio
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono: (574) 3136775

Corporación Jurídica Libertad
Carrera 47 No 53-45 piso 8
Edificio Vicente B. Villa
Tel.: (574) 2516350 ó 2318355
Correlectrónico: Corporación Jurídica Libertad


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