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Informe

DERECHOS



Declaración conjunta de organizaciones no gubernamentales y sectores sociales colombianos con motivo del 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (16 de marzo a 24 de abril de 1998).

1. En agosto de 1995, varias organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos (ONG) colombianas afirmaron que "reconocemos la importancia de la iniciativa del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de [...] abrir una oficina permanente en Colombia, y manifestamos nuestra voluntad de apoyar medidas provenientes de la comunidad internacional que estén encaminadas a combatir efectivamente la crisis de derechos humanos que vivimos"(1)

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2. Desde entonces, hasta la instalación de la Oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos [en adelante "la Oficina"], el 6 de abril de 1997, transcurrió un periodo de tiempo sin que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hubiese tenido oportunidad de analizar un informe sobre la grave situación de los derechos humanos en Colombia, por no haber contado con un mecanismo propio de la Comisión que realizara tal encargo, como era el deseo de las organizaciones colombianas.

3. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Declaración del Presidente sobre la situación de derechos humanos en Colombia, leída en Ginebra, Suiza, el 16 de abril de 1997, saludó la instalación de la Oficina y reiteró su mandato de "asistir a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y observar las violaciones de derechos humanos en el país, haciendo informes sobre ello al Alto Comisionado [quien, por su lado, debía] presentar un informe analítico y global a la Comisión en su 54º período de sesiones sobre la instalación de la oficina y sus actividades, y sobre los desarrollos en la situación de derechos humanos en Colombia"(2)

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4. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al examinar el cuarto informe periódico de Colombia, el 9 de abril de 1997, deploró "que continúen en Colombia las violaciones patentes y en gran escala de los derechos humanos y que el nivel de violencia política y delictiva sea aún más alto. En especial, el Comité deplora las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, la tortura y otros tratos degradantes, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por miembros de las fuerzas armadas, la policía, los grupos paramilitares y los guerrilleros"(3)

5. La situación de derechos humanos en Colombia continuó agravándose en 1997. El aumento de las acciones paramilitares y de los desplazamientos forzados por la violencia política, y los ataques contra los defensores de derechos humanos constituyeron los mayores signos de deterioro. Cada día, en promedio, casi diez personas fueron muertas por la violencia sociopolítica: seis por causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos, tres más como consecuencia del conflicto armado interno, y una persona cada seis días por pertenecer a sectores sociales considerados marginados. Adicionalmente, cada tercer día una persona fue desaparecida y otra torturada(4)

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6. Sobresale el incremento de la participación de los grupos paramilitares como presuntos autores de estas muertes, la cual llegó en 1997 al 76.8% de los casos, casi 15% más que durante 1996. A la fuerza pública se le atribuye el 4,4% de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. La presunta autoría de las guerrillas en las muertes sociopolíticas ocurridas en 1997 bajó a un 18,6%, dato que no desconoce la magnitud ni la gravedad de las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por estos grupos armados. La impunidad se mantuvo firme, en casi el 100%, en los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

7. Como en los últimos años, la disminución de las cifras de responsabilidad de agentes estatales estuvo acompañada de un aumento en la proporción de los casos atribuidos a grupos paramilitares. Éstos continuaron operando en casi todo el territorio nacional cometiendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Organizaciones de mujeres informaron que en 1997 se incrementaron las violaciones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres, para sembrar el terror entre la población que habita en regiones donde antes los grupos guerrilleros ejercían influencia. Nuevos indicios de que unidades militares mantienen niveles de tolerancia, de colaboración o de operaciones conjuntas con los grupos paramilitares, reforzaron la certeza de los vínculos entre estos grupos y las Fuerzas Armadas, como parte de una estrategia contrainsurgente. A pesar de las declaraciones oficiales, no existe una decisión de combatirlos; las acciones y omisiones del gobierno revelan una actitud de connivencia y de legitimación de tales grupos. Aunque sus acciones se produjeron muchas veces en zonas densamente militarizadas, no hay evidencias de que las Fuerzas Armadas hayan intervenido para evitarlas, a pesar de que muchos altos oficiales han manifestado su decisión de luchar contra el paramilitarismo. Tampoco se conocen acciones decididas de las demás autoridades encaminadas a desarticularlos. No obstante que una sentencia de la Corte Constitucional y un decreto del Gobierno limitaron las atribuciones de los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada (antes conocidos como Convivir) y su dotación legal de armamento, éstos conservaron su existencia legal y práctica, lo cual desconoce la recomendación del Comité de Derechos Humanos de derogarlas, basada en su preocupación porque la legalización del establecimiento de grupos de civiles armados contribuya a agravar la situación de los derechos humanos. Miembros de las Asociaciones Convivir se vieron compromtidos en casos graves de violación a los derechos humanos.

8. Las acciones de los grupos paramilitares, de las Fuerzas Armadas y de las guerrillas produjeron el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas en 1997, lo que aumentó a 1.100.000 el número de personas expulsadas violentamente de sus tierras. Es preocupante que en varias zonas, el índice de desplazamiento provocado por acciones violentas coincidan con la ejecución de proyectos ganaderos, agroindustriales o mineros, o con el anuncio de la construcción de megaproyectos con participación de inversión extranjera, como el canal interoceánico en la región de Urabá, lo que revelaría una estrategia de expulsión de comunidades campesinas, indígenas y negras cuya defensa de sus territorios y sus derechos es percibida como obstáculo al desarrollo de tales proyectos.

9. La lista de ataques armados, de amenazas y de persecuciones judiciales contra los defensores de derechos humanos durante 1997 constituyó uno de los factores a destacar en el deterioro de la situación colombiana. El asesinato brutal de Mario Calderón, Elsa Alvarado, defensores de derechos humanos ligados con el CINEP(5)

, y de Carlos Alvarado, el padre de Elsa, el 19 de mayo, constituyó un campanazo de alarma aún latente. Varios miembros de la sección colombiana de Amnistía Internacional debieron abandonar el país y la oficina de la agencia sueca Diakonia fue cerrada provisionalmente, luego conocerse amenazas contra sus vidas. Varios procesos judiciales fueron iniciados contra diversas personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, produciéndose numerosos allanamientos y detenciones. Las ONG expresan su preocupación ante la evidencia de que tales procesos constituyen una nueva forma de persecución de su legítima labor.

10. Los ataques y amenazas contra los sindicalistas continuaron. 123 de ellos fueron asesinados durante 1997, 25% de los cuales eran directivos(6)

. Numerosos activistas continuaron detenidos y muchos más fueron vinculados a investigaciones a cargo de la justicia regional (fiscales y jueces sin rostro), como parte de una política que las organizaciones sociales califican como criminalización de la protesta popular. Además, una ola de cierre de empresas y de despidos colectivos constituyeron serios obstáculos al ejercicio de la libertad de asociación.

11. La persecución contra militantes políticos de oposición no ha cesado. El único Senador del movimiento político Unión Patriótica y el Secretario General del Partido Comunista Colombiano, abandonaron el país luego de conocerse planes para atentar contra sus vidas.(7)

12. Por otro lado, durante 1997 estalló una profunda crisis del sistema penitenciario, que mantiene a 43 mil personas privadas de la libertad en condiciones que el Comité de Derechos Humanos calificó como "terribles". 48% de presos sin sentencia, altísimos niveles de hacinamiento, ausencia de servicios básicos y violencia en las prisiones, son los aspectos más importantes de esta crisis.

13. Más lamentable que la situación ha sido la deficiencia e insuficiencia de políticas y medidas gubernamentales orientadas a contrarrestar esta última ola de violencia. No existe una estrategia seria para combatir a los grupos paramilitares y la impunidad, ni medidas eficientes para controlar la tragedia humana de los desplazados y de la población carcelaria, o para proteger a sectores vulnerables como los defensores de derechos humanos y los sindicalistas. Los anuncios oficiales de una política en favor de los derechos humanos no fueron seguidos del cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

14. Este es el panorama que observó la Oficina, y sobre el cual informará a la Comisión de Derechos Humanos en marzo de 1998. Un informe que no dé fe de esta realidad no estaría encaminado "a combatir efectivamente la crisis de derechos humanos que vivimos".

15. No obstante que las organizaciones que suscribimos esta declaración apoyamos todas las gestiones en procura de ls paz en Colombia, expresamos nuestra preocupación porque en varias declaraciones la Directora de la Oficina ha expresado su deseo de actuar con énfasis en gestiones en favor de la paz, lo cual podría debilitar el objetivo central del mandato de la Oficina de ayudar a la elaboración de "políticas y programas de promoción y protección a los derechos humanos y observar las violaciones de los derechos humanos, presentando informes analíticos al Alto Comisionado"(8). Las ONG lamentan que la atribución contenida en el numeral 8 del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo a los informes y declaraciones públicos, no haya sido ejercida en forma más decidida para favorecer el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos internacionales. Así mismo, expresan su preocupación por lo que se advierte como la ausencia de un plan de acción que oriente los esfuerzos de la Oficina, y por el escaso contacto que su Directora ha tomado con las ONG y las organizaciones sociales.

16. ¿Qué esperamos de la Comisión de Derechos Humanos? Primero, que sobre la base de un "informe analítico y pormenorizado" manifieste de nuevo su profunda preocupación por la persistente crisis de derechos humanos en Colombia. Asimismo, que ratifique el mandato actual de la Oficina permanente del Alto Comisionado en Colombia y reafirme el objetivo fundamental de observar la grave situación de derechos humanos con el fin de contribuir a la superación de ésta, y que sugiera y promueva medidas dirigidas a fortalecer la actividad de la Oficina.

17. Segundo, en el propósito de garantizar el estricto y cabal cumplimiento del mandato por parte de la Oficina, solicitamos a la Comisión considerar las siguientes medidas complementarias: a) instar a la Alta Comisionada a presentar un informe a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las actividades de la Oficina y la situación de derechos humanos en Colombia; b) pedir expresamente a la Alta Comisionada que realice un seguimiento cercano de las actividades de la Oficina en Colombia, incluyendo una visita al país; c) establecer un mecanismo propio de la Comisión, como un relator especial, que informe directamente al próximo periodo de sesiones acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia y de los obstáculos que puedan impedir el cabal desempeño de la actividad de la Oficina; d) pedir a los mecanismos temáticos de la Comisión que continúen prestando una atención minuciosa a la crisis colombiana, mediante la inclusión de análisis y evaluación sobre su evolución en los respectivos informes anuales.

Santafé de Bogotá, 10 de febrero de 1998
Organizaciones firmantes:
  1. Comisión Colombiana de Juristas
  2. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
  3. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
  4. Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
  5. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
  6. Corporación Sembrar
  7. Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-
  8. Asociación Minga
  9. Corporación Reiniciar
  10. Defensa de los Niños Internacional -DNI-
  11. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-
  12. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-
  13. Benposta Nación de Muchachos
  14. Centro de Estudios e Investigaciones Sociales
  15. Comisión de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera -USO-
  16. Comisión de Justicia, Paz y reverencia con la creación
  17. Corporación Utopías
  18. Corporación Viva la Ciudadanía
  19. Defensa de los Niños Internacional DNI
  20. Humanidad Vigente
  21. Familia Franciscana de Colombia
  22. Fundación Manuel Cepeda
  23. Fundación para la Educación y el Desarrollo -FEDES-
  24. Grupo de Gays y Lesbianas
  25. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Unidad y Reconstrucción
  26. Movimiento Cimarrón
  27. Casa de la Mujer
  28. Fundación Derecho Verdad y Vida - FUNDEV
  29. Central Unitaria de Trabajadores - CUT
  30. Confederación General de Trabajadores Democráticos
  31. Federación Nacional de Sindicatos Agrarios -FENSUAGRO
  32. Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB
  33. Sintraicollantas
  34. Sintradin
  35. Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación - SINTRENAL
  36. Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" - ARAUCA
  37. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - Barranquilla - ATLANTICO
  38. Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC - CAUCA
  39. Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA - CAUCA
  40. Colectivo "Vida y Esperanza" - CAUCA
  41. Instituto Popular de Capacitación - ANTIOQUIA
  42. Escuela Nacional Sindical - ANTIOQUIA
  43. Colectivo de Derechos Humanos, Semillas de Libertad - CODEHSEL- ANTIOQUIA
  44. Fundación Pasilla - ANTIOQUIA
  45. Asfaddes seccional Medellín - ANTIOQUIA
  46. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - ANTIOQUIA
  47. Comité de derechos humanos de Segovia - ANTIOQUIA
  48. Corporación Procuradores Comunitarios - ANTIOQUIA
  49. Asociación Campesina de Antioquia - ANTIOQUIA
  50. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria seccional Valle de Aburrá - ANTIOQUIA
  51. Futran - ANTIOQUIA
  52. Comité Regional de Derechos Humanos del Magdalena Medio- SANTANDER
  53. Comité de Derechos Humanos del municipio Sabana de Torres - SANTANDER
  54. Comisión de Justicia y Paz, seccional Sucre- SUCRE
  55. Comité Municipal de Derechos Humanos - Puerto Asis - PUTUMAYO
  56. Comisión Vida, Justicia y Paz - Cali - VALLE DEL CAUCA
  57. Partido Comunista Colombiano - Departamento de Derechos Humanos

Notas Finales.

1. Declaración conjunta de Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y otros representantes de Sectores Sociales Colombianos con respecto a la propuesta de abrir una oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el señor José Ayala Lasso, suscrito en Bogotá, Colombia, en agosto de 1995, párr. 7. Énfasis agregado.

2. Traducción no oficial de la Comisión Colombiana de Juristas del original en inglés. Énfasis agregado.

3. Doc. CCPR/C/79/Add.75, pár. 15.

4. Todos los datos presentados, salvo donde se cite otra fuente, provienen del Banco de Datos de la Comisión Colombiana de Juristas, que se basa en la estadística elaborada por el Banco de Datos conjunto del CINEP y de Justicia y Paz, para el período comprendido entre octubre de 1996 y septiembre de 1997.

5. Una de las principales ONG de derechos humanos e investigación social en el país.

6. Escuela Nacional Sindical, Situación de los derechos humanos de los trabajadores colombianos en 1997 (Informe parcial enero-15 de octubre), pág. 2 y Cuadro 2.

7. Ver Informe del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, 98 Conferencia Interparlamentaria, septiembre 1997, documento CL/161/10(a) R.1/parte 1 (caso No. CO/09).

8. 8. Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situacón de Colombia. Doc. E/CN.4/1996/177.

Informaciones

Derechos Humanos en Colombia

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