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Campaña Nacional e Internacional


"Contra la impunidad ...Barrancabermeja Clama Justicia"


Introducción

Objetivos de la Campaña

A quiénes está dirigida la campaña

Etapas de la campaña

Ubicación y Antecedentes de Barrancabermeja

Los hechos que dan origen a la campaña

Justificación de la campaña

Una alternativa: Los Tribunales de Opinión

Tribunales de opinión sobre el caso Barranca


Introducción

Les presentamos una propuesta de campaña que pretende contrarrestar la impunidad de los hechos cometidos en la ciudad de Barrancabermeja, el día 16 de mayo de 1998.

Con la campaña, que se ha denominado "Contra la impunidad ...Barrancabermeja clama justicia", esperamos que este caso concreto nos muestre caminos de solidaridad frente a casos similares, nos permita comprender globalmente la magnitud de lo que está pasando en Colombia y a su vez, nos posibilite plantear propuestas eficaces de lucha contra la impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en nuestro país en las ultimas décadas.

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Objetivos de la campaña

1. Convocar a la comunidad internacional a enjuiciar y sancionar a los responsables, institucionales e individuales, de los Crímenes de Lesa Humanidad, ocurridos en Barrancabermeja el día 16 de mayo de 1998, donde fueron asesinadas 7 personas y 25 más fueron víctimas de desaparición forzada.

2. Exigir del estado colombiano que dé razón de las 25 personas desaparecidas y las devuelva a sus familiares.

3. Generar la más amplia solidaridad, respaldo y acompañamiento a la resistencia y a las luchas que las organizaciones sociales afectadas, los familiares de las víctimas y el pueblo barranqueño vienen desarrollando.

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A quiénes está dirigida la campaña

Nos estamos dirigiendo a los grupos que trabajan desde el campo internacional la solidaridad con el pueblo colombiano en materia de derechos humanos. Buscamos que en cada país se conformen comités impulsores de la campaña que se encarguen de desarrollar las diferentes etapas de la misma y que a su vez estén en disposición de sostener una comunicación permanente con el equipo encargado de orientar desde Colombia toda la campaña.

A través de estos grupos impulsores de la campaña pretendemos convocar a algunas personalidades a conformar los tribunales de opinión y luego esperamos contar con el más amplio respaldo de los pueblos de estos países a fin de impulsar una serie de sanciones a los responsables de estos Crímenes.

Esta iniciativa está siendo impulsada fundamentalmente por organizaciones sociales de todo el país, por los familiares de las víctimas y por algunas Ong en representación del Proyecto NUNCA MAS(1).

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Etapas de la campaña

Primera: Difusión nacional que apunta a ganar el más amplio respaldo activo por parte del movimiento social de Colombia y de las Ong de derechos humanos. Aunque la adhesión quedará abierta hasta finales de la campaña, a la fecha, cerca de 200 organizaciones sociales han decidido respaldar la campaña (cfr. listado anexo).

Segunda: Presentación de la campaña en el ámbito internacional, con el fin de identificar en qué países se constituyen comités de impulso, los cuales harán un sondeo para ubicar las personas interesadas en formar parte de los tribunales de opinión.

Plazo hasta el 30 de septiembre de 1998.

Tercera: Constitución de los tribunales de opinión. Los comités de impulso convocarán a una reunión de aquellas personas que hayan aceptado formar parte de los Tribunales de Opinión y en ella se acordará:

-- la forma de funcionamiento,

-- tiempo para conocer la información sobre el caso,

-- fecha de sesión del tribunal (la cual será notificada al representante del estado colombiano),

-- la persona que represente al Tribunal en Barrancabermeja el 10 de diciembre y la manera como se costeará su viaje.

Plazo Octubre y noviembre de 1998.

Cuarta: Encuentro contra la impunidad en Barrancabermeja. Realizaremos una peregrinación nacional a Barrancabermeja el día 10 de diciembre, fecha en la que se celebra el aniversario de la declaración de derechos humanos, con participación de las diferentes organizaciones sociales, sindicatos y Ong de derechos humanos de todo el país y un delegado de cada Tribunal de Opinión. Se hará una galería de la memoria en la que se recuerde a todas las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Barrancabermeja, se proclamarán los juicios emitidos por los tribunales previamente realizados, y se lanzará una campaña de sanciones al Estado colombiano.

Quinta. Recolección de firmas en los países donde se haya realizado el Tribunal de Opinión y en otros donde sea posible, exigiendo justicia y reparación integral a las víctimas, y pidiendo sanciones económicas y restricciones al apoyo militar al Estado colombiano, por los hechos cometidos el 16 de mayo en la ciudad de Barrancabermeja. Estas propuestas serán discutidas y analizadas con anterioridad por personas que tengan conocimiento en los temas.

Plazo diciembre/98, enero y febrero/99.

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Ubicación y Antecedentes de Barrancabermeja

Barrancabermeja, principal centro petrolero de país, es un municipio perteneciente al departamento de Santander, ubicado en el margen derecho del río Magdalena, con una población aproximada de 275.300 habitantes, distribuidos en 7 comunas y 6 corregimientos.

La comuna 7, donde fueron cometidos los hechos, está localizada en el sector sur de la ciudad (salida a Bucaramanga), y es habitada por 14.242 personas repartidas en 20 barrios populares. En este sector se encuentran acantonadas dos bases militares del Ejército Nacional: la de Pozo Siete y la que brinda seguridad a la termoeléctrica; así mismo, en las áreas adyacentes a esta comuna está situada la Base militar de la Subestación eléctrica "Los Comuneros".

Históricamente, el pueblo barranqueño se ha constituido en la expresión más auténtica de organización y lucha por la defensa de la soberanía de los recursos petroleros del país. Desde los años 20 la conformación de organizaciones populares y la participación activa en las huelgas en defensa de los intereses de la nación ante las multinacionales, permitieron, no solo la conformación de uno de los sindicatos más fuertes del país (la Unión Sindical Obrera -USO-), sino además la creación por parte del Estado colombiano de la actual Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL-. Otro ejemplo de esta dinámica de lucha y resistencia social, son los 100 días de gobierno popular, en el año 1948, después del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán.

La respuesta de los sectores dominantes y del establecimiento colombiano, a las luchas de las barranqueños, se ha caracterizado por la criminalización de los luchadores populares y de sus organizaciones, por permanentes hostigamientos, amenazas e intimidaciones, y por el exterminio, a veces selectivo, a veces masivo, de los líderes y de los pobladores. En efecto, la Base de Datos del Proyecto NUNCA MAS, arroja una cifra preliminar para el período 1966 - 1995 de 1.123 víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad: 868 asesinatos, 47 desapariciones forzadas y 208 torturados.

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Los hechos que dan origen a la campaña

El 16 de mayo de 1998, aproximadamente a las 9: p.m., incursionaron en los barrios Campestre, 9 de Abril, María Eugenia y Divino Niño, del sector suroriental de la ciudad, alrededor de 30 hombres, vestidos de civil fuertemente armados, quienes asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25.

El mismo día, en las horas de la tarde, había sido asesinado un miembro activo de la Armada Nacional, y para recoger su cadáver, fueron enviadas tanquetas de la policía y miembros de la Armada.

Posteriormente, desde tempranas horas de la noche (entre 8:00 y 9:30 p.m.), a la entrada de los barrios Campestre y María Eugenia, el Ejército y la Policía establecieron un retén, apoyados con tanquetas militares.

Los victimarios, aunque vestidos de civil, tenían aspecto militar: unos vestían pantalón overol azul, camiseta blanca, botas limpias, con camisetas tapándoles la cara, lentes y cachucha negra y verde oscura, chalecos antibalas verde oscuro y negros y con membretes del DAS(2); otros vestían enterizo verde olivo y caqui, con chalecos verde oscuro o negro. Todos muy pulcros y con algunas joyas.

Se movilizaban en motocicletas, dos camionetas carpadas y una camioneta Chevrolet LUV, y llegaron vociferando a la comunidad: "No saben con quien se metieron", "ahora si se acabaron", "Nos las van a pagar todas", "Hijueputas colaboradores de la guerrilla", gritaban.

Entraron al estadero La Tora, ubicado en la autopista a Bucaramanga -sobre una de las vías de acceso a la comuna 7-, detuvieron a varias personas, a quienes maltrataron y hostigaron, y se llevaron a Juan de Jesús Valdivieso.

Siguieron por el barrio Campestre, bajaron al barrio Minas del Paraíso y posteriormente llegaron al barrio María Eugenia, donde dejaron las motocicletas y las camionetas en la escuela y se dirigieron a pie hasta el lugar donde se celebraba una fiesta popular en el barrio Divino Niño. Allí obligaron a la gente a tenderse en el piso, incluyendo a mujeres y niños, escogieron al azar varias personas, las maltrataron las torturaron y se las llevaron de la fiesta hasta donde tenían los vehículos estacionados; un joven que se negó a subir a la camioneta fue degollado en ese momento.

De los barrios María Eugenia, Divino Niño y el Campín, se llevaron a las siguientes personas:

1. Orlando Martínez

2. Jaime Yesid Peña

3. José Octavio Osorio

4. Wilfredo Pérez Serna

5. José Milton Cañas

6. Diego Fernando Ochoa

7. María Alejandra Ochoa

8. Geovanny Herrera

9. Oswaldo E. Vasquez

10. Ender González Baena

11. Libardo Londoño

12. Rober Wells Gordillo

13. José Reinel Campos Arevalo

14. Fernando Landines

15. Gary de Jesús Pinedo

16. Oscar Leonel Barrera

17. Juan Carlos Rodríguez

18. Luis Fernando Suarez

19. José Javier Jaramillo

20. Pedro Julio Rondón

Luego se desplazaron hacia el barrio 9 de Abril, donde sacaron a 10 personas de los establecimientos de diversión y de los antejardines de las casas:

21. Nayr guzman

22. Daniel Campos Pérez

23. Carlos Alaix Prada

24. Melquisedec Salamanca Quintero

25. Luis Jesús Argüello

26. Carlos Escobar

27. Ricky Nelson García

28. Wilson Pacheco

29. Germán Leon Quintero

30. Diomidio Hernández

De allí siguieron al barrio Campín, y luego al barrio Villarelys, y salieron por el retén de la Policía y el Ejército, ubicado en la vía que conduce a Bucaramanga.

Inmediatamente después de ocurridos los hechos, los familiares, de las víctimas se dirigieron a diversas instalaciones militares y de policía a averiguar por su paradero, sin obtener respuesta alguna.

En las horas de la mañana del día 17 de mayo, fueron encontrados en lugares aledaños de la ciudad de Barrancabermeja, los cadáveres de 5 de las personas que habían sido llevadas la noche anterior:

-Jose Javier Jaramillo

-Nayr Guzman

-Eliecer Javier Quintero Orozco

-Luis Jesús Argüello

-Diomidio Hernández

Las organizaciones sociales de la ciudad convocaron a la población a realizar jornadas de protesta por la masacre y para exigir la devolución a sus familias, de los desaparecidos. Sin embargo, las presiones por parte de los paramilitares no se hicieron esperar: comenzaron a circular panfletos en los que declaraba "objetivo militar" a quienes lideraban estas acciones, en las paredes de varias entidades de la ciudad fueron pintadas consignas amenazantes y además, fueron detonados varios explosivos, uno de ellos contra la sede de la Unión Sindical Obrera -USO-.

Luego, entre los días 8 y 10 de agosto, fueron asesinadas otras 8 personas en los sectores suroriental y nororiental de la ciudad. Para la misma fecha, en la población de Sabana de Torres, fue desaparecido un dirigente nacional de la USO. Y finalmente, según un informe de inteligencia de la Policía, los pararamilitares, están preparando una nueva masacre.

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Justificación de la campaña

a. Lo realizado hasta ahora por el Gobierno y los organismos de investigación Colombianos

Por presión de las organizaciones sociales, de las víctimas y de las Ong regionales y nacionales, el Presidente Samper se hizo presente en Barrancabermeja para presidir uan Consejo de Seguridad, en el que presenta la propuesta de conformar una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos, definida y planeada de forma tal, que en la práctica era imposible que cumpliera su finalidad, entre otras cosas porque funcionaría adscrita al poder ejecutivo, no contemplaba nada relacionado con la devolución de los desaparecidos y dejaba de lado las garantías necesarias para quienes testimoniaran ante la comisión.

Ante la reticencia de las organizaciones sociales, el gobierno se comprometió a realizar los ajustes necesarios, solicitando incluso colaboración para precisar cómo quedaría el decreto de conformación de la comisión. Ninguna de las sugerencias no fue tenida en cuenta.

Además de lo anterior, en una entrevista publicada por los medios de comunicación, el jefe máximo de los paramilitares en Colombia, Carlos Castaño, expresó que el alto gobierno tenía conocimiento de la suerte de los desaparecidos. Esto hace que varias de las instancias que harían parte de la comisión se abstuvieran de participar.

Luego, el 31 de julio se realiza una reunión en la que participan miembros de organismos gubernamentales y de organismos estatales, y fueron invitados el Obispo de Barrancabermeja, Mons. Jaime Prieto, un miembro de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y dos abogados de Ong que representaban jurídicamente a los familiares de las víctimas.

En dicha reunión, las instancias de control (Fiscalía y Procuraduría), presentan el informe de las gestiones realizadas por dichas instituciones, a partir del cual es estructurado el Informe Final de la Comisión, que se resume en los siguientes tópicos:

1) La Fiscalía General de la Nación decretó apertura de investigación formal contra un suboficial del Ejército Nacional, dictándole orden de detención, por su presunta participación directa en la masacre. De otra parte, la Fiscalía considera la posibilidad de vincular al proceso a un grupo de personas de las Autodefensas de Santander y del Sur del Cesar, por su presunta participación como autores materiales de los hechos. La Fiscalía a individualizado a uno de los paramilitares y le dictó orden de captura.

2) La Procuraduría General de la Nación inició investigación formal contra nueve miembros de la Fuerza Pública, por su presunta participación omisiva el día de los hechos.

3) La Comisión hace algunas recomendaciones y solicitudes:

(a) Solicitar al nuevo Presidente de la República, dar continuidad a la Comisión hasta que sean esclarecidos a cabalidad los hechos del 16 de mayo y adoptar los mecanismos que mejoren su operatividad..

(b) Al Presidente actual, solicita la conformación de un cuerpo operativo con la responsabilidad exclusiva de apoyar el proceso de búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

(c) Dotar al Bloque de Búsqueda contra los paramilitares, de un cuerpo operativo permanente, que ejecute las órdenes de captura vigentes, contra los miembros de grupos paramilitares.

(d) A los organismos de seguridad del Estado, se recomienda ofrecer protección especial a los defensores de derechos humanos y a los miembros de las organizaciones sociales que han intervenido en el esclarecimiento de los hechos.



b. La actuación del Estado en casos anteriores

Por otra parte, además de los pobres resultados de lo realizado hasta ahora en relación con el esclarecimiento de las responsabilidades y el castigo a los responsables de los hechos arriba narrados, la experiencia demuestra el sistemático incumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales adquiridos por el Estado Colombiano en materia de protección, defensa, investigación y esclarecimiento de Crímenes de Lesa Humanidad.

En el caso de la masacre de Trujillo -posiblemente el que mayor repercusiión ha tenido nacional e internacionalmente-, ha eludido sus responsabilidades en materia de verdad, administración de justicia y reparación: no ha publicado el informe a través de los medios de comunicación masivos, a pesar de que desde enero de 1995, aceptó su responsabilidad en los hechos; en materia de justicia, al día de hoy no se sabe quiénes fueron los demás militares y agentes de la policía que participaron en la masacre, el proceso penal en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sigue en preliminares, es decir no se ha abierto investigación penal, a los paramilitares capturados no se les vinculó con la masacre sino que se les sindica de organizar grupos al margen de la ley y además fueron dejados en libertad por vencimiento de términos; en este proceso, se negó la participación de las víctimas a través de la parte civil, argumentando que eran hechos independientes. Así mismo, el proceso de reparación a la comunidad victimizada, ha sido una burla.

Otro caso representativo es la comisión para investigar los hechos del Meta, en la cual el aporte de las instancias gubernamentales y de los organismos de justicia, fue totalmente negativo o contrario a lo pactado, por lo que las ONG de derechos humanos tuvieron que retirarse y rendir un informe independiente. Y más recientemente, la comisión pactada con la comunidad del departamento de Arauca, que no ha iniciado su trabajo a pesar de haberse acordada en el marco del paro contra el paramilitarismo, hace unos 6 meses.



c. El bloqueo a la justicia en Colombia

Ante hechos como el de Barrancabermeja sería ideal que la solidaridad mundial se canalizara hacia una exigencia de justicia. Se supone que todo Estado de Derecho, y más un Estado que dice tener estructuras democráticas, como el colombiano, debería tener un aparato judicial capaz de investigar los crímenes, de sancionar a los culpables y de reparar a las víctimas y a sus familias. Al menos frente a crímenes tan horrendos como el de Barrancabermeja, condenados verbalmente por los más amplios sectores sociales a través de los Mass Media, cabría esperar que la Justicia actuara.

Esto, sin embargo, no nos es dado esperarlo. Si algo no funciona en Colombia es el aparato judicial. Altos funcionarios del mismo Estado nos vienen repitiendo desde hace varios años que en Colombia, de cada cien delitos que se cometen, solo 3 son sancionados, y que, cuando se trata de Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por agentes directos o indirectos del Estado, el 100% quedan impunes.

¿Cuáles son las causas o las explicaciones de que la Justicia frente a este tipo de crímenes sea prácticamente inexistente en Colombia? Hay varias que apuntan a bloqueos permanentes o estructurales, sin desconocer que haya otras muchas menores o coyunturales.

Hasta hace muy poco, los crímenes perpetrados por miembros de la Fuerza Pública fueron investigados por tribunales castrenses donde solo excepcionalmente se condenó a alguien por Crímenes de Lesa Humanidad y jamás a oficiales de alta graduación. Cuando la Comunidad Internacional comenzó a exigir justicia, ya en los años 80, se adoptó, entonces, la estrategia paramilitar, con el fin de que civiles, casi siempre "anónimos", realizaran lo que ya los militares no podían realizar sin comprometer gravemente la imagen internacional del Estado. Entonces, con la multiforme colaboración -activa y pasiva- de la Fuerza Pública, y con la eficaz colaboración pasiva de todas las demás ramas del poder, los paramilitares patentaron métodos de clandestinidad protegida, que les permitió eludir, a carta segura, la Justicia; ésta se adaptó fácilmente a la estrategia paramilitar, mediante el simple mecanismo de aferrarse a medios probatorios concebidos para investigar crímenes perpetrados "de buena fe", dejando los crímenes de "guerra sucia" fuera de su ámbito.

En la medida en que el paramilitarismo fue copando espacios, no dejó por fuera el ámbito de la Justicia. La intimidación y/o eliminación de testigos, abogados y declarantes, se fue convirtiendo en moneda corriente. Por su parte el Gobierno, presionado por la censura mundial a la impunidad, adoptó medidas tales como recompensas monetarias a la delación (por supuesto con miras a sancionar delitos políticos de oposición o delitos conexos con éstos) o "negociaciones de penas" (con miras a sancionar más benignamente, pero sancionar de alguna manera, a los narcotraficantes). Ambas estrategias, la de los paramilitares y la del gobierno, terminaron envileciendo el testimonio humano, el cual quedó atrapado entre la amenaza y el soborno, dejando entonces de tener validez ética como medio probatorio.

Pero cuando el testimonio ya no podía tener validez, el poder judicial se aferró al testimonio como único medio probatorio: así, jueces, fiscales y procuradores, alejaron de sí mismos los riesgos que acarrearía el hecho de ordenar, por propia iniciativa, la práctica de pruebas objetivas, y echaron todos los riesgos a las espaldas de los testigos y de los familiares de las víctimas, a quienes, por añadidura, pudieron acusar como "culpables de la impunidad", por no arriesgar sus vidas con un "testimonio útil".



La Justicia entonces quedó y continúa bloqueada. Las reformas de códigos, la elevación de penas, los aumentos de sueldos y de personal en la rama judicial, medidas que han agotado las "políticas contra la impunidad", no tocan ni de lejos los bloqueos estructurales de la Justicia. No hay nada que esperar de ésta. Menos en casos de Crímenes de Lesa Humanidad.

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Una alternativa: Los Tribunales de Opinión

Si no hay nada que esperar del aparato judicial colombiano frente a crímenes tan horrendos como el de Barrancabermeja, la comunidad internacional no debe resignarse a constatar el hecho y mirar para otro lado.

Si lo formal de la justicia se revela como una rama seca y estéril, es necesario recuperar su savia en otras dimensiones que respondan a aquellas tres necesidades vitales de toda sociedad, que durante siglos embarcaron a la humanidad en la invención del aparato de la justicia: la necesidad de la verdad; la necesidad de la sanción reconductora de lo destructivo; la necesidad de la reparación de lo destruído.

Esta lección nos la dio el genio de Bertrand Russell, cuando, a pocos años de transcurrido el Juicio de Nürenberg, que enjuició formalmente a los criminales nazis por Crímenes contra la Humanidad, varias de las potencias partícipes en el Jurado adoptaron, en la Guerra de Vietnam, los mismos comportamientos que ellas habían condenado en Nürenberg. ¿A quién acudir, entonces? A la conciencia ética de la humanidad, señaló Bertrand Russel, convocando el primer TRIBUNAL DE OPINION.

Figuras destacadas del mundo de la ciencia, de la política, del Arte y de la religión, a quienes los diversos pueblos les reconocen un ascendiente en "humanidad" tienen plena legitimidad para enjuiciar a quienes han delinquido contra la humanidad.

Los Crímenes de Lesa Humanidad no tienen fronteras jurisdiccionales, Reconocérselas sería darle la espalda al derecho inalienable a la SOLIDARIDAD DE LA ESPECIE.

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Tribunales de opinión sobre el caso Barranca

Se hace la propuesta que en cada país se realice un sencillo Tribunal de Opinión, bien sea en la capital o en ciudades que cuenten con Consulados de Colombia.

Los pasos serían los siguientes:

1. Constituir un Grupo Impulsor del Tribunal en cada país o ciudad.

2. Recibir la información pertinente sobre los hechos de Barrancabermeja. Organismos no gubernamentales de Derechos Humanos pueden enviar documentos al respecto. El grupo puede solicitar también información a la respectiva Embajada o Consulado de Colombia, contactar otras organizaciones colombianas o internacionales, tales como Amnesty International, Human Rights Watch, etc. o incluso invitar testigos, si hay los recursos para ello.

3. Escoger un Jurado, con 5 o 7 personas de reconocida ascendencia moral, procurando combinar disciplinas: del mundo de la Ciencia, del Arte, de la Religión, de la Política, del Derecho. No deben faltar juristas con conocimiento de Derecho Internacional. Si no están en el Jurado, al menos como expertos, asesores, auxiliares o acusadores.

4. Notificar por escrito al Presidente de Colombia como Jefe Estado, de la existencia de los tribunales para que lo represente o delegue a quien crea conveniente representar en el Tribunal la "defensa" o el "punto de vista" del Gobierno y Estado colombiano. Si hay una negativa, procurar que ésta conste por escrito, leerla en el Tribunal y hacerla constar en la Sentencia.

5. Programar la sesión en sitios públicos: universidades, iglesias, parlamentos, sitios históricos.

6. Hacer invitación pública a la sesión y especialmente a medios masivos de Comunicación.

7. Procurar que la sesión tenga una agenda que involucre estos puntos:



· Información sobre los hechos de Barrancabermeja.

· Ponencias o análisis sobre la impunidad en Colombia.

· Intervención de Embajador o Cónsul u otro representante del Gobierno colombiano que exponga sus puntos de vista. Si esto no es posible, lectura de documentos de invitación y respuestas negativas.

· Análisis jurídicos sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, sea en general, sea específicamente de lo acontecido en Barranca.

· Pronunciamiento de un Veredicto del Jurado.

· Lectura o firma de mensajes de solidaridad.

8. Enviar copia de todo al respectivo Embajador o Cónsul; al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y del respectivo país y a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en Colombia, para que estas a su vez lo hagan extensivo al Pueblo colombiano.

Agosto 21 de 1998

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(Para cualquier información comunicarse con los teléfonos: (91) 3428401 de la Corporación Sembrar o (91) 2824964, 2437156 del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Santa Fe de Bogotá)

1. El Proyecto NUNCA MAS reúne a 18 organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales que se han dado a la tarea de recuperar la memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Colombia desde 1966 a 1995 con el fin de sistematizar la información documental, testimonial y jurídica, contribuir al análisis global de la situación de derechos humanos en Colombia e impulsar las expresiones de movimiento social de lucha contra la impunidad.

2. Organismo de Seguridad del Estado colombiano.




Documento editato electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid, a 30 de mayo de 1999

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Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights