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28sep17


"De aquí a diciembre se sabrá toda la verdad de lo ocurrido en la Rama Judicial"


Este miércoles, en Pasto se produjo una especie de cumbre judicial, en la cual se encontraron el presidente, Juan Manuel Santos; el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; el procurador, Fernando Carrillo, y los presidentes de las cuatro altas cortes (Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). El resultado: la propuesta de la Rama Judicial de autorreformarse, como paliativo para hacer frente al escándalo de proporciones mayores que la azota por estos días.

Las propuestas que surgieron de esa reunión son de varios tipos. Las primeras, "medidas coyunturales", hablan de implementar "medidas de autorregulación que no implican reformas normativas, tales como cambios a los reglamentos internos y códigos de ética de las altas cortes". Además, dicen, "que funcione la institucionalidad": significa que la Fiscalía se encargue de las investigaciones para los no aforados y la Cámara de Representantes, para los aforados.

"Los órganos de control, en particular, la Fiscalía y la Procuraduría, apoyarán de manera pronta y efectiva a la Cámara de Representantes para el desarrollo de las investigaciones que le competen y para la práctica de pruebas", concluyó la cumbre. Con una promesa de por medio: "De aquí a diciembre de 2017 se tendrán resultados concretos y se sabrá toda la verdad de lo ocurrido en la Rama".

Por otra parte, se sugieren medidas estructurales. Para empezar, una reforma estructural a la justicia. Se revisará el juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de los de magistrados de altas cortes y el fiscal, tarea que hoy está en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Igualmente, se revisará el órgano disciplinario de jueces y abogados, que después de la última reforma de este tipo es la Comisión de Disciplina Judicial.

Algo clave: se revisarán las funciones electorales de las altas cortes. Este punto es fundamental, pues no son pocos los analistas que han señalado que haber adquirido esas funciones con la Constitución del 91 es uno de los factores que ha ayudado a politizar la justicia. En las altas cortes se elige al fiscal general y de allí salen candidatos para cargo como el procurador general, lo que indica que sus funciones electorales no son de poca monta. Asimismo, se analizarán cuáles son hoy los requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes.

Por último, esta cumbre judicial dejó dos puntos más para un escrutinio posterior: mayores controles a las facultades de derecho "de garaje", lo que incluiría reformas en los programas de estudio, y plantear "requisitos más exigentes para ejercer la profesión". Uno de esos sería que el Estado haga un examen para determinar quiénes pueden ostentar el título de abogado.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, 28sep17]

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