EQUIPO NIZKOR
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DERECHOS


31ene05

Informe sobre la violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas Colombianos.

Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical.

Unión Europea

Índice

1. Una mirada global del 2004

2. Tendencias y rasgos más importantes

3. Hechos más representativos del año 2004

4. Una mirada al quinquenio 2000 - 2004

5. Cuadros y gráficas 2004

Anexos 1

Anexo 2.

Listado de trabajadores y trabajadoras sindicalizados asesinados durante el 2004.

1. Una mirada global del 2004

Total de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad
Trabajadores y trabajadoras sindicalizados Colombianos
Enero 1 a diciembre 31 de 2004

VIOLACIONES NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES
Allanamiento Ilegal 3 0.44
Amenazas 445 64.68
Atentado con o sin lesiones 6 0.87
Desaparición 7 1.02
Desplazamiento Forzado 33 4.8
Detención Arbitraria 77 11.19
Homicidios 94 13.66
Hostigamiento 17 2.47
Secuestro 5 0.73
Tortura 1 0.15
TOTAL 688 100 %

Fuente: Base de Datos de DDHH de la Escuela Nacional Sindical

La información sistematizada por el Banco de Datos en Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical muestra que en Colombia, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2004, se presentaron 688 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad personal -VLI- de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados en el país.

Contrario a lo divulgado por el gobierno nacional, el 2004 se ha constituido como el año de mayores violaciones en el quinquenio para los sindicatos en Colombia. La reiteración y gravedad de estos hechos corroboran que la crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los Derechos Humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que reafirma la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas.

Esta afirmación se soporta en los registros de violaciones, que pasaron de 626 en el 2003 a 688 en el 2004, significando un incremento en la violencia antisindical del 9.9 %. Además, comparando los registros en estos últimos cinco años, es decir, desde el 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004, se puede establecer que las violaciones presentan un incremento total del 21.6%

Este preocupante panorama de crecimiento de violaciones de los Derechos Humanos reafirma y pone de relieve que la violencia contra los trabajadores sindicalizados se inscribe en un contexto de violencia sistemática, selectiva y extendida en el tiempo, que va dejando un prolongado rastro de impunidad que pareciera diluirse y ocultarse con el transcurso de los años y la superposición y sucesión de violaciones, relegando la obligación del estado a situaciones contingentes cuya densidad y multiplicidad se convierten en escudos difuminadores de pasados recientes, donde la historia pierde vigencia y la impunidad gana terreno.

El año 2004 se inscribe en las lógicas de 15 años de violencia sistem ática cuya aparición se produce principalmente en los contextos de conflictos laborales: protestas por incumplimientos de acuerdos o negociaciones de los nuevos contratos colectivos laborales.

2. Tendencias y rasgos más importantes

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos
Enero 1 a diciembre 31
2002, 2003 y 2004

Tipo de violación 2002 2003 2004
Amenazas de

Muerte

 190 296 445
Homicidios 184 91 94
Atentado con o

sin lesiones

 17 20 6
Desaparición 9 6 7
Allanamiento - 12 3
Detención 11 49 77
Hostigamiento 19 54 17
Secuestro 27 7 5
Desplazamiento 2 [1] 91 33
Tortura 1 - 1
Total 460 626 688

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical

2.1 Dinámica de las violaciones en el 2003 y el 2004

  • Un crecimiento del 9.9% en el total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en el país con respecto al año 2003, pasando de 626 violaciones a 688 en el 2004.
  • Un incremento del 3.29% en los homicidios contra sindicalistas con respecto al 2003, lo que equivale a 3 casos más de los registrados durante el 2004.
  • Un incremento del 50.33% en las amenazas contra sindicalistas, es decir 149 registros más que en el 2003.
  • Un incremento del 16.6% en las des apariciones forzadas; esto es 6 registros más que en el 2003.
  • Un aumento del 57.14% en las detenciones arbitrarias, pasando de 49 registros durante el 2003 a 77 en el 2004.
  • Un aumento del 21.42% de las violaciones por parte de la fuerza pública. 85 casos son señalados como responsabilidad de los organismos estatales (Ejercito, Policía, DAS); en el mismo período del 2003 se registraron 70 violaciones con presunta responsabilidad de organismos del estado.
  • Un aumento del 20.6 % en la violencia contra mujeres sindicalizadas, pasando de 194 casos de violaciones en el 2003 a 234 casos en el 2004.
  • Un incremento del 15.6% de la violencia contra los trabajadores sindicalizados del sector educativo, situación que ubica a los trabajadores de este sector como los más afectados por la violencia antisindical al punto que el 61.1% del total de violaciones se realiza contra ellos.
  • Un aumento de la violencia antisindical y la violación a los derechos humanos contra trabajadores sindicalizados en los departamentos de: Antioquia, pasando de 57 violaciones en el 2003 a 153 en el 2004; Valle del Cauca, que pasa de 40 casos registrados a 89; Atlántico, pasó de 17 registros a 78; Tolima de 13 registros a 43; Bolívar, de 9 registros a 43; Sucre de 9 a 78; y Norte de Santander, que pasó de 9 registros en el 2003, a 12 en el 2004.
  • Un incremento del 155.5% de las violaciones contra las organizaciones sindicales del sector agrario confederadas en Fensuagro, pasando de 18 registros de violaciones en el 2003 a 46 violaciones registradas en el 2004.
  • Un decrecimiento de los atentados contra trabajadores sindicalizados de un 70%, pasando de 20 casos en el 2003 a 6 en el 2004.
  • Un decrecimiento del 75% en los allanamientos ilegales, pasando de 12 registros en el 2003 a 3 registros durante el 2004.
  • Un decrecimiento del 28.57% en los secuestros ocurridos durante el 2004, pasando de 7 registros en el 2003 a 5 en el 2004.
  • Un decrecimiento del 18.4 % en las violaciones contra dirigentes sindicales en el país.

2.2 Amenazas contra organizaciones y líderes sindicales

Amenazas 2000-2004





500



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450



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442




400



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350



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300



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296



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250



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234



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200



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190



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150		 180



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100



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Años. 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente- Banco de datos de DDHH – Escuela Nacional Sindical.

Sin lugar a dudas la situación más crítica en el panorama de violaciones a la vida, la libertad y la integridad durante 2004, la constituye el acelerado crecimiento de las amenazas de muerte contra los trabajadores sindicalizados en el país, pasando de 296 casos registrados durante el 2003 a 445 en el 2004, lo que representa un incremento en el 50.8%, revelado en 149 registros más que el año anterior.

Es neCésario resaltar que este registro corresponde a 445 amenazas realizadas contra trabajadores sindicalizados de forma individual y selectiva, y en él no se encuentran registradas las innumerables amenazas colectivas proferidas contra las organizaciones sindicales en general o las dirigidas contra los integrantes de las juntas directivas de diversas organizaciones sindicales en todo el país.

2.3 Crece persecución contra los trabajadores agrícolas

Según información de la Base de datos de DDHH de la ENS, el 47 % de las detenciones arbitrarias están dirigidas contra los trabajadores del sector agrícola. La situación más grave la viven los sindicalistas agrícolas de los departamentos de Sucre, Tolima y el Arauca quienes son cotidianamente víctimas de detenciones masivas, de montajes judiciales y de asesinatos de sus principales líderes. La creciente persecución contra los trabajadores sindicalizados del sector agrario, en especial aquellos afiliados a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO-, se corrobora en el hecho de que dichos trabajadores han sido víctimas constantes de amenazas, asesinatos, hostigamientos y detenciones arbitrarias.

Como lo hemos señalado en informes anteriores, desde el inicio del gobierno del presidente Uribe y como efecto de su política de seguridad democrática la vulneración de Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados del sector agrario constituye, sin lugar a dudas, una de las situaciones más dramáticas y a la vez invisibilizadas en el panorama de violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores colombianos.

Detenciones arbitrarias contra trabajadores sindicalizados del sector agrícola
2000 - 2004

Detención arbitraria 2000-2004





80



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70



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60



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50



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40



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30




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20



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10



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0



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. 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente- Banco de datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical

2.4 La situación del magisterio colombiano.

Como se ha señalado en nuestros informes anteriores, el sector sindical más afectado por las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad es el magisterio colombiano. Durante el año 2004 los maestros y trabajadores de instituciones universitarias han sido víctimas del 61.1% del total de violaciones contra los trabajadores sindicalizados. En este contexto de violaciones es neCésario resaltar que 48 han sido asesinados, lo que representa un 51% del total de los homicidios; 320 han recibido amenazas de muerte, 30 han tenido que desplazarse forzadamente, 14 han sido víctimas de detención arbitraria y 5 han sido desaparecidos.

Total de violaciones contra el sector educativo
Enero 1 a diciembre 31 de 2004

Tipo de violación Número de casos Porcentajes
Amenazas 320 76.01
Atentados con o sin lesiones 1 0.24
desaparición 5 1.19
Desplazamiento 30 7.13
Detención arbitraria 14 3.33
homicidios 48 11.4
hostigamiento 2 0.48
secuestro 1 0.24
TOTAL 421 100

Fuente: Bando de datos de DDHH de la ENS

De este preocupante panorama es importante señalar aquí los siguientes casos:

  • La ejecución del docente Alfredo Correa de Andreis, quien había sido detenido el 17 de Junio por agentes del DAS acusado de rebelión con base en testimonios de reinsertados y quien a finales de Julio fue absuelto por falta de pruebas. Posterior a su liberación fue asesinado en la ciudad de Barranquilla.

  • De los 48 trabajadores del sector educativo asesinados en el país durante el 2004, 38 docentes se encontraban afiliados a la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-, 13 de las víctimas eran mujeres sindicalizadas y 10 eran afiliados a los sindicatos de profesores y trabajadores de la educación superior.

  • La situación de los maestros antioqueños afiliados en la Asociación de Institutores de Antioquia sigue siendo una de las más graves del país. Según esta organización sindical, durante el 2004 9 educadores fueron asesinados y 135 recibieron amenazas de muerte. Igual situación viven los educadores de Caldas agrupados en Educal, quienes además de reportar 23 casos de amenazas por actores armados ilegales, son permanentemente objeto de violencia en el trabajo, es decir, son hostigados, perseguidos y reubicados en zonas más peligrosas para su desempeño laboral. Situación similar reportan los educadores afiliados en el Sindicato de Educadores del Valle, SUTEV, quienes en el 2004 recibieron 38 amenazas de muerte y constantemente son hostigados por los distintos grupos armados presentes en sus zonas de trabajo.

  • Información del observatorio de Derechos Humanos [2] de la Vicepresidencia de la República y de la Policía Nacional señalan que durante el 2004 fueron asesinados 63 educadores (información que no discrimina filiación sindical), presentando un incremento del 54% con respecto al 2003.

Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados del sector educativo, 2000-2004





500



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400



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421




300

336



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.		 364



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200



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198



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100



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120



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0



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. 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Banco de Datos Escuela Nacional Sindical, Medellín- Colombia

2.5 Aumenta el terror contra las mujeres sindicalizadas

Como lo hemos afirmado en recientes informes, la situación de DDHH de las mujeres sindicalizadas se ha tornado dramática. En nuestro informe del año 2003 registrábamos con preocupación un incremento del 600% de las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad con respecto al año 2002; para el 2004, se registra un aumento del 20.6%. La información registrada en el Banco de datos de DDHH de la ENS nos muestra que durante el 2004 las mujeres han sido víctimas de 16 homicidios, 187 amenazas de muerte, 8 detenciones arbitrarias, 2 allanamientos ilegales y 2 hostigamientos.

Total de violaciones contra mujeres sindicalizadas.

2001-2004





250



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200



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194		 234





150



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100



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50



53



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0



.		 31





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. 2001 2002 2003 2004
Fuente: Banco de datos de DDHH de la ENS

2.6 Crecen las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado

En el año 2004 la tendencia histórica de desconocimiento de los autores de los hechos violentos se matiene. Precisamente, y en razón de esta tendencia histórica, en el 69.4% de los casos registrados, es decir en 475, no se tiene conocimiento de los autores mater iales ni intelectuales de los crímenes. En 30.6% de las violaciones restantes (213 casos), en los que se posee información sobre los posibles autores, la información suministrada muestra que: 105 casos son atribuidos a las Autodefensas y/o paramilitares, 85 casos se atribuyen a los agentes estatales, que 13 casos se atribuyen a la violencia social y delincuencial y que 6 casos son atribuidos a grupos insurgentes. Debemos destacar que la responsabilidad estatal se concentra en las detenciones arbitrarias, allanamientos y en las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra dirigentes sindicales en el departamento de Arauca.

Presuntos Responsables
Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia
1 de enero – 31 de Diciembre de 2004

Presuntos responsables Numero de casos Porcentaje
Autodefensas y/o paramilitares 105 15.26
Organismos estatales 85 12.35
Empleador 4 0.58
Guerrilla 6 0.87
Delincuencia común 13 1.89
No identificado 337 48.98
Sin dato 138 20.5
Total 688 100

Fuente: Banco de Datos de DDHH de la ENS

Responsabilidad estatal . 2000-2004





100



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80



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77		 85




60



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40



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20		 34



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28



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0



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9



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. 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Banco de Datos de DDHH de la ENS

La gráfica anterior nos permite visualizar el incremento de la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados durante el quinquenio, responsabilidades que se encuentran vinculadas principalmente en las detenciones arbitrarias [3] realizadas sin orden judicial o como consecuencia de montajes y persecuciones a causa de la actividad sindical como son los casos del profesor Andreis Correa, quien fuera posteriormente asesinado luego de ser exonerado del cargo de rebelión que se le imputaba; de los tres dirigentes sindicales del Arauca ajusticiados por el Ejército Nacional y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja, situación en la cual fueron detenidos Samuel Morales y Raquel Castro. A esto se le suman los trabajadores afiliados en Fensuagro detenidos por su presunta cooperación con grupos armados y dejados luego en libertad tras la inexistencia de las pruebas. Es ejemplificante la situación vivida por el presidente de Sindagricultores, Luis Miguel Gómez, quien inicialmente fue retenido por la Policía Nacional el 11 de julio de 2004 a las 10:45 a.m., permaneció detenido por dos horas en las cuales lo indagaron y reseñaron y luego fue dejado en libertad; posteriormente fue nuevamente detenido a las 8 p.m. del mismo día, donde le hostigaron y presionaron para que hiciera parte de la red de informantes, a lo que se negó rotundamente. En esta ocasión tambien le requisaron la billetera y los documentos personales. En estos objetos le encontraron unos documentos y direcciones de organizaciones de DDHH ante lo cual el comandante de la policia le manifestó “que si quiere vaya y coloque la denuncia ante esas hijueputas ONGs de DDHH, aliadas de la guerrilla para que lo liberen”; posteriormente fue dejado en libertad.

2.7. La actividad sindical es penalizada por el Estado.

Analizando la situación vivida por los sindicalistas colombianos en el año 2003, la Escuela Nacional Sindical vio, con preocupación y rechazo, que el gobierno del presidente Uribe acompaña su política de seguridad y de guerra con una actitud de persecución y penalización hacia los actores del conflicto económico y social ubicados por fuera de la acción armada. El año 2003 tuvo como sello de las políticas de seguridad –o de guerra- un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, y un aumento acelerado de las detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública en el contexto de conflictos laborales. La política antisindical del gobierno de Uribe no sólo no ha cambiado, sino que se ha agravado este año, ya que hemos registrado 77 casos de detenciones arbitrarias de sindicalistas.

El montaje, persecución e inconsistencia de los hechos presentados por el Estado en la detención y juicio de Hernando Hernández prueban que se mantiene una postura antisindical que ha sido reafirmada y confrontada por la sentencia del 26 de marzo de 2004, del juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá, por la cual fue absuelto el dirigente sindical de la USO. La decisión de la juez mostró la falta y la adulteración de las pruebas, que los testigos fueron inducidos y pagados, que se había manipulado la información y que se habían presentado pruebas falsas para inculpar a Hernando Hernández del delito de rebelión [4]. Similar situación enfrentan cotidianamente los trabajadores del sector agrícola y educativo, como en los casos del profesor Andreis o Luz Perly Cordoba, anteriormente reseñados.

Como se mostró en el Cuaderno de Derechos Humanos No. 14, 2003 fue uno de los peores años para los derechos de libertad sindical en el país. Además de la precarización de los derechos laborales, los trabajadores y sus organizaciones vieron cómo el Ministerio de Protección Social, cuya función pública era estimular políticas de empleo y regular y vigilar las normas laborales, se dedicó a impedir y restringir la actividad sindical. Una evidencia dramática de ello fue la aprobación, en ese año, de 26 solicitudes de ilegalidad de paros y huelgas de las 30 que fueron presentadas por los empleadores.

La situación en el 2004 no es diferente, la declaratoria de ilegalidad de la Huelga de la Unión Sindical Obrera decretada por los trabajadores sindicalizados de ECOPETROL el 22 de abril, el despido de 253 trabajadores afiliados, de los cuales 7 de ellos pertenecían a la junta directiva, y la advertencia de suspensión de la personería jurídica del sindicato, anunciada por el Ministro de Protección Social, evidencian una vez más la legititimación gubernamental de una cultura antisindical que desconoce a los trabajadores como interlocutores válidos para la acción política y que aplica medidas legales que restringen la posibilidad de ejercer los derechos laborales y sindicales en el país. Además de evidenciar la política antisindical del gobierno del Presidente Uribe, pone de manifiesto una política de gobierno despreocupada en ir en contravía a la normatividad internacional. En este tema como en otros, al gobierno colombiano poco le ha importado desconocer la normatividad internacional que protege los derechos derivados del trabajo y las recomendaciones y mandatos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. [5]

2.8 Judicialización de los homicidios contra trabajadores y trabajadoras sindicalizados en Colombia en el año 2003.

La impunidad en la que permanecen las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas es motivo de preocupación no sólo de parte de la OIT, sino también de las organizaciones sindicales colombianas. Por ello en el mes de mayo de 2004 la Escuela Nacional Sindical solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre el estado de las investigaciones sobre los 90 casos de homicidios registrados en el año 2003. La dirección nacional de fiscalías entregó una respuesta el 6 de agosto de 2004 en la cual sólo señala conocimiento de 33 casos. De la información suministrada por la dirección de fiscalías se observa lo siguiente:

  • En el 63.3% de los casos no se ha iniciado investigación.
  • El 33% de las investigaciones se encuentra en fase preliminar.
  • El 15.5% se ha proferido resolución inhibitoria, lo que corresponde a 5 casos.
  • El 9 % se encuentra en etapa de instrucción.
  • En el 15.15 % se ha vinculado legalmente a alguna persona.

En información suministrada por el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República [6] sobre las investigaciones contra víctimas sindicales se señala que desde 1992 se encuentran en etapa de juicio 40 casos. Los acusados han recibido condena en 19 casos, la absolución en 6, se ha presentado una absolución en apelación, 11 casos permanecen activos, uno no posee información, una revocatoria de acusación y en un caso se extinguió la acción penal. En estos 40 juicios se han condenado 31 personas; sin embargo, es importante resaltar que según registros del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical desde 1992 hasta la fecha se han registrado 1.981 homicidios contra trabajadores sindicalizados en el país.

2.9 Las “paradojas” estadísticas.

En el informe ejecutivo sobre el balance anual de los Derechos Humanos preparado por la Vicepresidencia de la República con motivo de la visita de la mesa de donantes, se señala

    “En el marco del desarrollo de la política de seguridad Democrática, también se destacan otros logros importantes durante el 2004.

    Gracias a los programas de protección impulsados por el gobierno durante el 2004 el homicidio de sindicalistas registro una disminución de 27%... “

Y más adelante continua:

    “causa especial preocupación en el gobierno el incremento del homicidio de docentes en 2004, superior en un 54% en relación con 2003, aunque vale la pena resaltar la disminución del secuestro sobre este sector poblacional en un 37% y el hecho de que el 84% fue liberado y un 6% rescatado por la fuerza pública. En este tema de secuestro de docentes, 55% de los casos, fueron realizados por las FARC, 26% por el ELN, y 7.5% por autodefensas o desconocidos.” [7]

Señala además el informe en su cuadro comparativo del 2003 y 2004, sobre cifras de derechos humanos y resultados operacionales de la fuerza pública, que en 2003 se produjeron 55 homicidios contra trabajadores sindicalizados y 40 en el 2004, presentando un descenso del 27% y que en este mismo período se pasó de 41 homicidios contra maestros en 2003, a 63 en 2004, presentando un incremento del 54%.

Para la Escuela Nacional Sindical dicho informe constituye un motivo de preocupación en cuanto el Gobierno Nacional ha divulgado con entusiasmo un descenso de los homicidios contra trabajadores sindicalizados como consecuencia de la implementación de su política de seguridad democrática desconociendo intencional o manipuladamente del rango de trabajadores sindicalizados a los maestros, de quienes argumenta han sido víctimas durante el 2004 de un incremento del 54% en los homicidios. Como lo señalábamos anteriormente en el punto 2.4, de los trabajadores del sector educativo asesinados durante el año, 38 de ellos eran maestros sindicalistas confederados en la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-. Ahora bien, si a los 55 sindicalistas asesinados referidos por el gobierno nacional le sumamos los 38 educadores sindicalistas registrados por FECODE, constataríamos que no existe tal disminución y que contrario a los triunfalismos estadísticos la situación de los sindicalistas en Colombia atraviesa por una crisis más grave que el año en comparación; además deja mucho que desear que se presenten los datos estadísticos por separados en cuanto a maestros y sindicalistas, como si dichas categorías fueran excluyentes, intentando presentar un avance en materia de derechos humanos, cuya afirmación es imposible de sostener con argumentaciones estadísticas aun cuando estas estén sigilosamente tratadas.

3. Hechos más representativos del año 2004

3.1. Ejecución extrajudicial de sindicalistas en Arauca

La ejecución extrajudicial por parte del Ejército Colombiano de tres reconocidos dirigentes sindicales del departamento del Arauca el día 5 de agosto, Leonel Goyeneche, tesorero de la subdirectiva de la CUT en ese departamento, Jorge Eduardo Prieto Chamucero, presidente seccional de ANTHOC y Alirio Martínez, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas. En esa misma acción fueron detenidos el presidente de la CUT en Arauca, Samuel Morales Flores, y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores del Arauca –ASEDAR-.

Es preocupante señalar que a la gravedad de los hechos, se suma la manipulación y desviación de la información por parte del Ejército Nacional [8], quien asegura que los tres líderes sindicales atacaron a una unidad militar que intentaba rescatar un secuestrado y supuestamente a ello obedeció la respuesta militar, y así mismo aseguró haber incautado armas y municiones. Posteriormente, según versiones de los diarios del 7 de septiembre del “El Espectador”, “El Tiempo” y de la Associated Press, el vice-fiscal general Luís Alberto Santana, señaló que al parecer, los sindicalistas no murieron en combate como lo informó el Ejército sino que fueron asesinados. Es importante resaltar que los dirigentes sindicales anteriormente mencionados tenían medidas cautelares al momento de su ejecución, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH-.

Preocupa igualmente la manipulación de los hechos y la utilización de coautores materiales como testigos. En lo referido a este último asunto, la Mesa de Derechos Humanos de Arauca denunció la vinculación del testigo Daniel Caballero Rozo, alias “patilla”, quien figuró como desmovilizado, como testigo y como coautor material del homicidio. Según esta organización de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en contra del señor Daniel Caballero Rozo e inexplicablemente en los meses de agosto y noviembre, el mismo sujeto, que se encontraba detenido en la penitenciaria de alta seguridad de Combita, reaparece ante la fiscalía, no en calidad de acusado sino como testigo en el proceso adelantado contra otros dos líderes del Arauca (ver anexo).

3.2. Obstáculos a la labor del sindicalismo internacional en Colombia

La situación del sindicalismo Colombiano ha sido siempre materia de preocupación de organismos internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental. Las Confederaciones Internacionales, los Secretariados Sindicales Internacionales y la Organización Internacional del Trabajo han señalado en repetidas ocasiones que Colombia es el lugar más peligroso del mundo para la actividad sindical. Este hecho lo confirman los altos índices de violaciones a la vida y a la integridad y la persistencia de una cultura antisindical en el país. Desde 1987 el gobierno colombiano ha sido llamado ante la Comisión de Normas de la Conferencia anual de la OIT para responder por las reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos y por no observar las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en aplicación de normas frente a la adecuación de la legislación interna a los compromisos adquiridos con la ratificación de convenios, en especial los convenios 87 y 98 referidos a los derechos de asociación sindical y negociación colectiva.

El continuo incumplimiento de los compromisos asumidos ante los órganos de control de normas de la OIT, las múltiples quejas de los sindicalistas colombianos de no respeto a los derechos de asociación, sindicación, negociación colectiva y huelga, y en especial el sistemático aniquilamiento de la dirigencia sindical y de los sindicalistas, han motivado la fuerte presión ante el gobierno colombiano para que adecue la normatividad del país a los convenios firmados en el marco de OIT.

El sindicalismo internacional ha reconocido como sumamente grave la situación de violencia padecida por los sindicalistas colombianos y los niveles de impunidad en el que permanecen los crímenes. Por ello además del trabajo de cabildeo y del seguimiento sistemático y atento de la situación, la comunidad sindical internacional ha realizado un protectorado directo que consiste en frecuentes visitas de delegaciones sindicales internacionales a Colombia. Esta actividad de solidaridad y fraternidad, que por lo demás es histórica y neCésaria, fue limitada en el presente año con la negación del ingreso al país y posterior deportación por parte del gobierno colombiano de Víctor Báez Mosquera, secretario general de la CIOSL/ORIT, Rodolfo B enítez, secretario regional de la Unión Network Internacional (UNI); Antonio Rodríguez Fritz, secretario regional de la Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y Cameron Duncan, secretario de la Internacional para las Américas de Servidores Públicos (ISP). Todos ellos viajaron al país para asistir a la reunión anual de coordinación de la cooperación con el movimiento sindical colombiano, organizada por la CIOSL y los secretariados internacionales profesionales, y habían participado en la misión de solidaridad internacional que visitó Colombia en septiembre de este año.

3.3 Reseña de principales Amenazas contra organizaciones sindicales, y líderes sindicales

  • Las amenazas contra los miembros de la junta directiva de Sinaltrainal en el Valle del cauca post erior a la huelga de hambre adelantada a principios del 2004.

  • Las repetidas amenazas contra los integrantes de la subdirectiva CUT Santander por parte de las autodefensas unidas de Colombia, quienes los declaró objetivo militar por su abierta oposición al gobierno del presidente Uribe, al gobernador y al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, amenazas que tomaron mayor fuerza posterior luego del asesinato de la dirigente sindical Carmen Elisa Nova en junio de 2004 y reaparecieron nuevamente en Noviembre.

  • Las amenazas en el mes de julio a los trabajadores sindicalizados de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Huila por paramilitares que se autodenominan Muerte a Sindicalistas, en las cuales manifiestan que cuentan con grupos clandestinos en el norte, centro y sur del país, cuyo centro de operación es la ciudad de Bogotá y que tienen como objetivos militares las sedes y los líderes sindicales en Colombia.

  • Las amenazas contra los trabajadores sindicalizados en el departamento del Arauca. El 22 de octubre de 2004 fue divulgado en el municipio de Saravena un volante firmado por los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca, a través del cual acusan a los dirigentes sindicales, sociales y gremiales de ser ”un obstáculo para la sociedad” y los conminan a abandonar el departamento manifestando “no permitimos oposición a las políticas de Estado por considerarlas apropiadas para el pueblo y por tanto rechazamos a todo aquel que se oponga”. En el volante se señala de manera directa, a los trabajadores agremiados en ANTHOC, ASEDAR, CUT subdirectiva Arauca, sindicato de la Alcaldía Municipal, SINTRENAL Y SINTRAELECOL.

  • Las amenazas contra el comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Atlántico, declarado objetivo militar junto con más de 70 sindicalistas de la región por paramilitares que hicieron circular varias listas en el mes de agosto en el departamento del Atlántico.

  • Las amenazas efectuadas por paramilitares contra los trabajadores sindicalizados de ANTHOC en los municipios de Montelíbano y Valencia, departamento de Córdoba, en el mes de agosto.

  • La oleada de amenazas contra los trabajadores y directivos a nivel nacional del Sindicato de Trabajadores Universitarios SINTRAUNICOL, amenazas que se han presentado durante todo el año en los departamentos del Atlántico, Cauca, Tolima, Santander y Cundinamarca. En este hecho es neCésario resaltar la amenaza realizada el 30 de octubre del 2004 por paramilitares autodenominados Comandos Nacionales Universitarios de las AUC, en la cual a través de un panfleto enviado a la sede del sindicato nacional SINTRAUNICOL manifiestan su deseo de erradicar de las instalaciones educativas la amenaza comunista que representan los trabajadores sindicalizados en las universidades [9]

En este panorama de violaciones contra organizaciones sindicales es neCésario señalar la denominada operación Dragón revelada el día 23 de agosto a Alexander López Maya, representante a la cámara y ex dirigente sindical, quien fue alertado de un plan que se estaría fraguando para asesinar a varios líderes sindicales y de Derechos Humanos (Luís Hernández Monroy, presidente de Sintraemcali, Berenice Celeyta Alayon, secretaria de DDHH Sintraemcali, entre otros) preparado por militares activos y en retiro, los cuales operan desde las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogotá. El 25 de agosto, los representantes a la cámara Alexander López y Wilson Borja, expresidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado FENALTRASE, presentaron una denuncia formal por estas amenazas. Ese mismo día, la Fiscalía y el cuerpo técnico de investigaciones (CTI) realizaron dos allanamientos en las ciudades de Cali y Medellín dejando al descubierto que el Ejército Nacional suministró información clasificada a una empresa consultora internacional experta en investigaciones a través del teniente coronel Julio Villate, identificado con cédula militar 7217167, con el propósito de intercambiar información que les permitiera identificar con precisión las posiciones políticas, costumbres y sobre todo, la vulnerabilidad de los desplazamientos cotidianos de líderes políticos de oposición, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos amenazados de muerte. Según estas investigaciones, ese mismo día se encontró en la ciudad de Cali una carpeta, integrada por 21 folios, con la inscripción “secreto”. El escrito había sido remitido el 24 de mayo de 2003, desde Santiago de Cali por la Central de Inteligencia Militar del Ejército Regional de Inteligencia Militar No 3, al señor coronel, director C entral de Inteligencia, en Bogotá. El documento fue enumerado internamente bajo la referencia: 093 CIME_ INT4- 252.

Posterior a estas revelaciones Alexander López Maya ha recibido constantes amenazas y diferentes miembros de Sintraemcali han sido hostigados y amenazados, como es el caso de la sindicalista Tania Valencia quien el 21 de octubre fue interceptada por un a persona desconocida. Luego de ser raptada y amenazada con una arma, fue golpeada e interrogada acerca de las actividades de Alexander López, Carlos Marmolejo y Carlos Ocampo. Posteriormente le dijeron “te vamos a dejar viva pero sólo para que le lleve una razón a Alexander López” (ver anexo).

3.4 Casos de persecución contra los trabajadores agrícolas

En palabras de la Fensuagro [10], la organización ha sido afectada particularmente por la situación de la violencia social y política que atraviesa el país. En muchos campos donde la organización hace presencia histórica, ha sido víctima de la persecución militar y paramilitar, expresada en asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos y encarcelamiento de sus dirigentes y afiliados. En esta historia de violencia sobresalen los asesinatos de Víctor Julio Garzón, secretario general del comité ejecutivo, Manuel Romero Ballesteros, de la junta nacional en Carmen de Bolívar y Jose Luis Guette, Luis Bornachero y César Herrera, miembros de la misma junta en Ciénaga, Magdalena; la desaparición de Ramón Osorio, secretario de Educación Nacional; el exilio forzado de Nolasco Presiga, presidente nacional de la Federación y de Gerardo Gonzalez, secretario de la organización. Según la federación, en total la persecución contra FENSUAGRO ha dejado más de 300 afiliados asesinados desde 1994 al 2004.

Señala además la Federación que en los años 2003 y 2004, además de los hechos anteriormente reseñados, se han presentado diversos hechos violentos en todos los departamentos donde tiene presencia, como: la detención de Juan de Jesús Gutiérrez, tesorero de la ACA; Policarpo Camacho , presidente de Sintragricolas del Quindío (dejado en Libertad); la captura de Telberto Gonzales, Rudi Robles, Nei Medrano y 156 personas más del sindicato de SINDAGRICULTORES de Sucre (algunos puestos en libertad); la captura masiva de 59 personas en Quipile, Cundinamarca (liberados posteriormente); desapariciones, torturas, masacres y detenciones en el municipio de Viota, de este mismo departamento; y la detención de 14 personas en Cabrera, órdenes de captura contra un sinnúmero de afiliados que tuvo que abandonar la región.

En el departamento del Tolima se reporta la desaparición de 18 campesinos y el asesinato de 4 de ellos, entre los cuales se encuentra RICARDO ESPEJO, fiscal de SINTRAGRITOL en Cajamarca, los cuales hicieron la recuperación de la finca la Manigua en este municipio del Tolima, de propiedad del embajador de Colombia en el Líbano, Señor Tulio Marulanda. En otros municipios de esta región han sido ilegalmente encarcelados otros 19 campesinos del mismo sindicato. En el departamento del Meta al sindicato campesino SINTRAGRIM le han asesinado a más de 16 afiliados, le han desplazado a casi toda su base social y a su junta directiva se encuentra en el exilio. Sobresale en estos hechos el asesinato de LUCERO HENAO, el 6 de febrero de 2004, quien se desempeñaba como secretaria de SINTRAGRIM a pesar de que la delegada de la Organización de Naciones Unidas, ONU, orientara el otorgamiento de protección en la visita de verificación realizada el 26 de mayo de 2003.

Algunos casos graves son:

  • El asesinato el 7 de noviembre en el municipio de Fortul, departamento del Arauca, de Joaquín Cubides, dirigente sindical de SINTRAGRíCOLAS. Joaquin Cubides, quien fue asesinado en presencia de su esposa y sus tres hijos, había sido víctima de tres allanamientos a su residencia por parte del DAS y la Fiscalía.
  • La tortura y posterior asesinato, el 6 de octubre de 2004 de Pedro Mosquera, vicepresidente de la Asociación Campesina del Arauca – ACA- organización filial de Fensuagro.
  • La detención de Luz Perly Córdoba, responsable de Derechos Humanos de Fensuagro, quien fue víctima el 18 de febrero del 2004 de un allanamiento en su residencia y posteriormente detenida y acusada de rebelión. Un año después continúa detenida.
  • La detención el 8 de marzo de Gilma Culman Sánchez, sindicalista afiliada al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, quien además fue presentada ante los medios de comunicación como miembro de una organización insurgente.
  • Las detenciones de Fanime R eyes R eyes el 3 de julio de 2004, responsable de la comisión de reclamos de la junta departamental del sindicato; Eliécer Florez, detenido, el 11 de junio de 2004 en la ciudad de Sincelejo departamento de Sucre, tesorero de la Junta directiva del sindicato; y de Luís Miguel Gómez, detenido el 11 de junio de 2004, presidente del sindicato, todos ellos perteneciente al sindicato de pequeños y medianos agricultores del departamento de Sucre, SINDAGRICULTORES.

3.5 Principales casos de violencia contra las mujeres sindicalizadas en el país

Es importante resaltar algunos hechos violentos que marcaron el panorama general de violaciones:

    El asesinato de Carmen Elisa Nova el 15 de julio de 2004 en la ciudad de Bucaramanga, dirigente sindical que llevaba 28 años de compromiso con el movimiento sindical y había ocupado diferentes cargos en la junta directiva. Al momento de su asesinato había sido elegida como fiscal del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Santander, SINTRACLINICAS, dejando huérfana a una niña de cinco años. Es importante señalar que posterior al asesinato de Carmen Elisa se ha desatado un permanente hostigamiento contra los dirigentes sindicales en la ciudad de Bucaramanga y en especial contra la presidenta de la organización, Teresa Báez, quien ha recibido múltiples amenazas de muerte este año.

    Los asesinatos de las docentes del departamento de Antioquia afiliadas a la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA-, Esther Durango en el municipio de Anzá el 7 de agosto, Aída García en el Carmen de Viboral el 15 de enero, Mildret Mazo en San Andrés de Cuerquia el 26 de mayo, Beatriz Pineda en el municipio de Cisneros el 9 de mayo, Yaneth Vélez en el municipio de Remedios el 15 de febrero y las docentes Rosa Mary Daza, afiliada a la Asociación de Institutores del Cauca- ASOINCA-, en el municipio de Bolívar el 16 de marzo, Nohora Martínez Palomino, afiliada a la Asociación de educadores del César –ADUCésar-, en la ciudad de Valledupar el 19 de abril, Isabel Toro, afiliada a la Asociación de educadores del Putumayo -ASEP-, en el municipio de Yopal el 1 de junio, y de Adiela Torres afiliada a ASEP en el municipio de Puerto Leguízamo el 5 de agosto.

4. Una mirada al quinquenio 2000 - 2004

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos
Enero 1° y Diciembre 31
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004

Tipo de violación 2000 2001 2002 2003 2004
Amenazas de

Muerte

 180 234 190 296 445

Homicidios 135 198 184 91 94
Atentado con o

sin lesiones

 13 24 17 20 6
Desaparición 17 12 9 6 7
Allanamiento 1 1 - 12 3
Detención 37 8 11 49 77
Hostigamiento 2 13 19 54 17
Secuestro 24 41 27 7 5
Desplazamiento 155 70 2 91 33
Tortura 2 1 1 - 1
Total 566 602 460 [11] 626 688

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical

Una mirada comparativa de estas cifras pone en evidencia que la violencia contra los sindicalistas colombianos, más allá de visualizar salidas esperanzadoras para la crisis humanitaria del movimiento sindical, las violaciones en contra de la vi da, la libertad y la integridad, se han ido agudizando en los últimos años paradójicamente mientras el gobierno nacional hace gala de sus logros en materia de Derechos Humanos y de la efectividad de su política de seguridad democrática. Un análisis cualitativo centrado en las modalidades y formas de las violencias infringidas contra el movimiento sindical nos permite constatar que los cambios presentados en estos dos últimos años, en especial los referidos a la disminución de homicidios y desapariciones, obedecen a un giro en las estrategias de los victimarios que han replegado su accionar hacia la restricción de las libertades, violaciones en apariencias menos escandalosas y susceptibles de menor publicidad, pero cuyos intereses continúan situados en la anulación de la capacidad de movilización y presión de los trabajadores sindicalizados, es decir un giro estratégico con igual efecto.

La voluntad del gobierno en sus políticas de protección de los DDHH se desdibuja en las cifras registradas por el banco de datos de la ENS, que muestran un incremento del 21% en el total de violaciones en los últimos cinco años. Dicho incremento a su vez presenta un crecimiento anual del 7%, ubicando su punto más elevado en el 2003 y 2004, años que coinciden con el gobierno Uribe.

Podríamos afirmar que la violencia y la violación de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los sindicalistas colombianos sólo cambian en cuanto a las modalidades. En el período de gobierno del Presidente Uribe han disminuido los asesinatos y desapariciones, las más usadas por los grupos armados -en especial los paramilitares-, pero han aumentado las modalidades de violencia o violación a los derechos humanos originadas en acciones de limitaciones a la libertad de parte del Estado, como las detenciones, los allanamientos y el hostigamiento. También podríamos decir que en medio de la negociación se usan estrategias de intimidación, como las amenazas a trabajadores o familiares, modalidad esta que permite aparentar una situación de cese de hostilidades de parte de las autodefensas.

El cambio de modalidad señala una disminución relativa de los homicidios - que para el 2004 retoman nuevamente su rumbo creciente-, los secuestros y las desapariciones forzadas, disminución que se encuentra relacionada en primer lugar, con los cambios en las estrategias y lógicas de la guerra implementadas por los actores extrainstitucionales del conflicto armado (organizaciones paramilitares y guerrilleras), en segundo lugar con el aumento de la violencia de origen estatal y, finalmente, con la formulación de una política de seguridad a través de la cual se usan formas y fórmulas legales para restringir e impedir los derechos de libertad sindical.

5. Cuadros y gráficas 2004

Total de violaciones por tipo de sindicalistas
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004.

Clase de Sindicalista Número de Casos Porcentajes
Asesor Sindical 3 0.44
Dirigente sindical 216 31.4
Trabajador de Base 469 68.17
Total 688 100

Fuente . Banco de Datos de DDHH de la Escuela Nacional Sindical

Homicidios por tipo de sindicalistas
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004.

Clase de Sindicalista Número de Casos Porcentajes
Asesor Sindical 2 2.13
Dirigente sindical 26 27.66
Trabajador de Base 66 70.21
Total 94 100

Fuente . Banco de Datos de DDHH de la Escuela Nacional Sindical

Causas de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Causas 2004 %
Conflicto armado 20 2.91
Actividad sindical 439 63.81
Violencia social 23 3.34
Sin identificar 206 29.94
Total 688 100%

Fuente: Base de datos de DDHH-Escuela Nacional Sindical

Mujeres sindicalizadas en Colombia
Total de violaciones
Enero 1 a 31 de diciembre
Años 2001, 2002 ,2003 y 2004.

Tipo de Violación 2001 2002 2003 2004
Amenazas de Muerte 14 6 104 187
Homicidios 25 20 27 16
Atentado con o sin lesiones 5 - 1 -
Desaparición - 1 - -
Allanamiento - - 2 2
Detención - - 8 8
Hostigamiento 1 - 8 2
Secuestro 2 3 2 -
Desplazamiento 6 1 42 19
Total 53 31 194 234

Fuente: Banco de datos de DDHH de la Escuela Nacional Sindical.

Departamentos más peligrosos para la actividad sindical
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Departamentos No. Casos Homicidios No. Casos Amenazas No. Casos Detención
Antioquia 11 135 3
Atlántico 8 35 1
Arauca 10 14 7
Valle 14 65 2
Norte de Santander 7 2 -
Bolívar 7 28 -
Santander 4 20 18
Putumayo 4 3 -
Tolima 4 9 3
Cesar 3 9 -
Cauca 3 - 1
Meta 3 1 -
Risaralda 3 2 -
Bogotá 2 17 1
Sucre 2 46 30
Boyacá 2 1 -
Córdoba 2 . .
Caldas 1 23 -
Guajira 1 - -
Magdalena - 13 -
Caquetá - 4 -
Casanare 1 4 -
Chocó 1 . .
Amazonas 1 . .
Huila - 7 .
Nariño - - 9
Quindío - - 1

Fuente: Base de Datos de DDHH de la Escuela Nacional Sindical

Centrales Sindicales
Total de violaciones
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Central # de casos %
CUT 636 92.44
CGT 43 6.25
CTC - -
No Confederado 9 1.3
Total 688 100

Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical

Sectores económicos
Total de violaciones por
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Sector No. de casos
Sector servicios 529
Minas y canteras 38
Industria Manufacturera 30
Electricidad 15
Comercio -
Agricultura 51
Construcción 11
Transporte 4
Financiero -
No especificada 10
Total 688

Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical

Sector servicios
Total de violaciones
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Sub. Sector No. casos Porcentaje %
Educación 421 79.58
Salud 42 7.94
Trabajadores municipales 25 4.73
Judicial 5 0.95
Otros 36 6.81
Total 529 100

Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical

Presuntos responsables de
homicidios contra trabajadores sindicalizados
Enero 1 a 31 de diciembre de 2004

Presuntos responsables Numero de casos Porcentaje %
Autodefensas y/o paramilitares 7 7.45
Organismos estatales 3 3.19
No identificado 66 70.21
Sin dato 18 19.15
Total 94 100

Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical

Anexos 1

Tropas del Grupo Mecanizado Revéis Pirro, de la Brigada 18 del Ejército Nacional ejecutaron de varios impactos de bala en horas de la madrugada en la vereda Caño Seco, a los líderes sindicales Jorge Prieto y Leonel Goyeneche y al líder campesino Héctor Alirio Martínez. Jorge y Alirio, tenían medidas cautelares para proteger sus vidas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el año 2002. En el mismo hecho fueron detenidos los también líderes sindicales Samuel Morales, presidente de la CUT, seccional Arauca y María Raquel Castro, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca, Asedar. Héctor Alirio fue por más de ocho años el presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, ADUC, y su aporte fue fundamental en la materialización de importantes proyectos tales como: Agrosarare, el bachillerato agrario, la Fundación Intercultural, Ecoviapa, Salud Sarare, la ESE del Sarare, el Centro de Enfermedades Tropicales, CET; Jorge Eduardo, quien era Administrador Financiero y Comercial, era el presidente de ANTHOC, seccional Arauca, fue secretario general de la CUT Arauca, tesorero de la Asociación de Padres de Familia de la Concentración de Desarrollo Rural de Saravena e integrante del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal; Leonel, quien era licenciado en Educación Infantil y profesor del colegio de la vereda Puerto Nidia, fue miembro del Comité Araucano de Soluciones Educativas, CASE, e integrante de la Asociación de Educadores de Arauca, Asedar. El hecho sucedió luego que los militares irrumpieran en la vivienda de Jorge, lugar en el cual se encontraban las demás víctimas, excepto Samuel. El hecho fue presentado por parte de los militares ante los medios de comunicación, como un operativo contra de miembros del ELN que tenían órdenes de captura y que cuando iban a ser detenidos dispararon a la tropa. Como prueba de ello, habrían decomisado dos pistolas y elementos explosivos. Según la denuncia:

«El cuatro de agosto, en horas de la tarde, Jorge Prieto, conduciendo su motocicleta, llega a su casa en compañía de Raquel Castro. A su vez, llegan también de visita Héctor Alirio y Leonel. Luego de cenar, se recogen para dormir en el salón. Los dos últimos se acostaron en hamacas, Jorge y su compañera en el cuarto principal y en el segundo cuarto lo hizo Raquel Castro. El 5 de agosto, hacia las 5:30 a.m., una patrulla militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, con sede en Saravena, al mando del subteniente Juan Pablo Ordoñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alias Patilla, hicieron presencia en Caño Seco, dirigiéndose por lo menos cuatro de ellos a la casa de Jorge Prieto. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al abrirla, los tres hombres fueron llamados por sus nombres por el informante civil, sacados de la casa y conducidos al lote contiguo, a escasos tres metros de ésta, donde fueron inmediatamente fusilados. Luego de esto, los militares procedieron a entrar en la casa, intimidando a las dos mujeres que se encontraban allí, requisaron por completo la vivienda. Les preguntaron dónde se encontraban las armas pero su búsqueda no tuvo resultados, pues no fueron halladas armas en la casa.

Los militares, usando bolsas plásticas para envolver los cuerpos de Jorge y Héctor, los trasladaron a varios metros de distancia dentro del mismo lote, luego de lavarlos con abundante agua. D espués, taparon con arena los restos de sangre del lugar de la ejecución, lo cual pudo ser comprobado [...] removiendo una arena que, según numerosos testigos, nunca antes había estado allí. Los militares permanecieron en la casa manteniendo encerradas allí a las mujeres, a quienes se les impidió hablar entre ellas, y sólo se les permitió salir al baño en algunas ocasiones. Hacia las 10:00 a.m., las dos mujeres fueron sacadas de la vivienda y conducidas a un lugar desde el cual no podían observar la casa. Mientras las llevaban hacia allí, los militares hicieron disparos a un objetivo incierto sin recibir respuesta. En ese momento, una de las mujeres recibió amenazas muy graves si denunciaba lo que había visto. Dos de los cuerpos de los tres líderes –el de Jorge Prieto y el de Alirio Martínez- fueron recogidos por los soldados en bolsas negras y llevados a la cancha de fútbol de la escuela. El cadáver de Leonel Goyeneche, según varios testigos, fue arrastrado por el piso boca-abajo, entre cuatro soldados que lo cogían de sus cuatro extremidades, sin ninguna bolsa o similar que lo protegiera, a lo largo de los aproximadamente 300 metros que hay entre la casa y la cancha de fútbol. Alrededor de las 11:00 a.m. aterrizó en ese lugar un helicóptero de las fuerzas militares en el que las dos mujeres y Samuel Morales, quien fuera privado de la libertad en la escuela de Caño Seco esa misma mañana, fueron conducidos junto a los cuerpos sin vida de los líderes sociales hacia las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro. Samuel Morales denunció en un programa televisivo, posteriormente, que mientras estuvo en las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro y luego en las de la Brigada XVIII, algunos militares decían en su presencia a los que participaron en el operativo: ¿Por qué no los dieron de baja? ¿Por qué traen basura? El comandante de la División II del Ejército Nacional, general Luis Fabio García, manifestó que «Indudablemente murieron en un combate con los soldados cuando fueron sorprendidos reunidos en una vivienda con varios guerrilleros del ELN, se les incautaron armas, municiones y explosivos que portaban». Por su parte el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe dijo: «Que los tres dirigentes eran delincuentes, que perdieron la vida en un combate. Además, portaban armas y tenían órdenes de captura por el delito de rebelión». El Vicepresidente Francisco Santos expresó que: «Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical» y el director de la Justicia Penal Militar, general Jairo Duván Pineda Niño afirmó que: «Los personajes muertos son muy importantes dentro de la política del ELN». Una comisión conformada por miembros de varias ONG de derechos humanos que estuvieron varios días en el lugar de los hechos, verificando lo sucedido manifestaron que: «Héctor Alirio, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche, fueron víctimas de un Crimen de Lesa Humanidad: ejecución sumaria perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia». Y agregaron que: «las víctimas habían sido previamente señaladas como objetivo militar. Las víctimas desarrollaban desde hace varios años legítimas actividades como líderes sociales, por lo que eran ampliamente conocidos incluso a nivel nacional e internacional. En numerosas ocasiones celebraron reuniones con delegados del Alto Gobierno denunciando la situación de derechos humanos de Arauca. Estas actividades significaron para ellos su estigmatización y acarrearon amenazas concretas contra sus vidas [...] Dentro del contexto araucano, tanto las amenazas contra sus vidas como estos señalamientos convirtieron a las víctimas en objetivos militares con mucha anterioridad a los hechos. De acuerdo con las observaciones realizadas por la comisión, la casa de madera y con techo de zinc, vivienda de Jorge Prieto, en donde ocurrieron los hechos, no presenta impactos de bala ni en las paredes ni en el techo y de los testimonios recogidos entre los pobladores se desprende que hacia las 5:30 AM sólo se escuchó una ráfaga de disparos de arma larga durante unos pocos minutos. De acuerdo con las mismas versiones, durante los días previos y el mismo día de los hechos no hubo presencia en este caserío de grupos armados diferentes al Ejército. Las dos mujeres que se encontraban en la casa coinciden en afirmar que los hombres no portaban armas y que durante la requisa hecha por los militares no encontró ninguna [...] De otro lado, a la comisión le parece poco creíble que de haber habido disparos por parte de las víctimas, presuntamente a tan corta distancia, no resultara herido ningún militar. De acuerdo con las versiones recogidas por la comisión, los autores de este crimen de lesa humanidad desplegaron todos los mecanismos a su alcance para encubrir su responsabilidad e incriminar a las propias víctimas. Adicional a las versiones de los testigos que claramente señalan estos actos de encubrimiento, se debe tomar en cuenta que los militares contaron con la oportunidad de cometer estos asesinatos pues estuvieron en la casa desde el momento del crimen, las 5:30 a.m., hasta las 11:00 a.m., es decir cinco horas y media, tiempo durante el cual estuvieron acompañados sólo de las dos mujeres a las que mantuvieron encerradas dentro de la casa, impidiéndoles observar lo que hacían con los cuerpos. A pesar de esto, ellas sí pudieron observar cómo los militares trasladaban el agua para lavar el lugar del asesinato y cómo primero estaban en un lugar y luego en otro». Posteriormente, tras recogerse varios testimonios y recopilar varias pruebas técnicas por parte de un equipo especial que fue a la zona: fiscales de Derechos Humanos, criminalistas del CTI y forenses de Medicina Legal, llevaron a la Fiscalía a determinar que: « los tres sindicalistas no murieron en combate, como lo aseguró públicamente el Ejército, sino que se habría tratado de un asesinato. Por ello el ente acusador responsabilizó de homicidio agravado al t eniente Juan Carlos Ordóñez, y a los soldados profesionales Jhon Jairo Hernández y Oscar Saúl Cuta. La decisión también recayó contra Daniel Caballero, «Patilla», reinsertado del ELN, que sirvió de guía a los militares». Caballero, según la denuncia: «viene trabajando con el Ejército como informante, y está integrado al programa de reinserción del Gobierno, favorecido con prebendas económicas y judiciales». Según la Fiscalía: «los dictámenes de los peritos en balística revelaron que de los tres sindicalistas, el único que apareció con residuos de disparos en su mano fue Héctor Alirio Martínez. Para tratar de clarificar el significado de estos resultados, la Fiscalía le pidió al Ejército el material fotográfico y de video que en su momento los uniformados hicieron sobre la escena de los hechos. Sólo se obtuvo un reducido grupo de fotografías en disquete en el que se aprecian dos fotografías de cadáver en posición de cubito abdominal y con el torso desnudo, empuñando arma de fuego. La sorpresa fue cuando los investigadores descubrieron que ninguno de los dos cadáveres que aparecían en las fotos empuñando armas era el de Héctor Alirio -el único que tenía rastros de disparos en sus manos y que tenía puesta una camiseta- y que, se supone, los otros aparecieron con las únicas dos pistolas que se decomisaron. Estas pruebas nos vienen a demostrar objetivamente que si conforme a la pericia de residuos de disparos, la única víctima que pudo haber disparado fue Héctor Alirio, existe una preocupante probabilidad de que los militares hubieran manipulado la escena, para hacer ver en la fotografía de Prieto, y eventualmente la de Goyeneche, que también habían accionado armas y que poseían en sus manos al ser dados de baja. Es más, la Fiscalía estableció que una de las dos pistolas decomisadas, calibre 7,65, estaba defectuosa y se trababa al ser disparada. En relación con los disparos que apagaron la vida de los sindicalistas, los exámenes de balística determinaron que por lo menos en el caso de Goyeneche se trató de una especie de tiro de gracia, pues se constató una distancia de la boca de fuego del arma a los orificios, menor a los 50 centímetros, lo cual indica que los disparos los hicieron en la modalidad de corta distancia. Los investigadores concluyeron que las tres víctimas murieron de disparos hechos por la espalda. No son esa clase de heridas las que normalmente se presentan cuando existe enfrentamiento. Además, no aparecieron rastros de los disparos hechos por los militares en el costado izquierdo de la casa, por donde supuestamente estaban escapando los sindicalistas. Y tampoco se encontraron las vainillas de los fusiles en el lugar donde los militares dijeron haber disparado las armas ni en sus alrededores. En criterio de los fiscales resulta a todas luces absurdo pensar que los sindicalistas hubieran optado por resistirse mediante el uso de las armas, pues siendo personas con mediana formación, debieron suponer que al momento de ser requeridos, el inmueble estaba previamente rodeado y asegurado por la tropa. Se valora como muy poca posibilidad que tres individuos ya mayores, obesos, dos de los cuales apenas conocían la estancia, estando descalzos y a medio vestir hubieran pretendido burlar el cerco militar. En las pesquisas los agentes del Estado también encontraron que los sitios donde cayeron inicialmente los cuerpos sin vida fueron cubiertos a propósito con arena de río y que los cuerpos fueron cambiados de un lugar a otro. Muchas personas hablan de ires y venires de los soldados desplazando pesadamente los cuerpos, y las palmarias contradicciones en el dicho de los militares, puede al menos suponerse, que por parte de los uniformados existió un evidente interés en acondicionar la escena para hacer ver que las víctimas fueron muertos en combate y no ajusticiados». El día 7 de septiembre en declaraciones dadas a una emisora el vicepresidente Francisco Santos manifestó: «Lo primero era que estas dos personas sí tenían orden de captura, no una orden de asesinato o de accionar como la Fiscalía acaba de decir que actuaron. Entonces, primero, sí tenían una orden de captura: segundo, el procedimiento en el cual fueron a capturarlos fue totalmente equivocado tal y como lo dice la Fiscalía y, tercero, sí, nos equivocamos». El diario El Tiempo, en su editorial del ocho de septiembre titulado “Grave lo de Arauca”, expresó que: «Organizaciones sindicales y de derechos humanos cuestionaron la versión oficial y denunciaron que dos de los sindicalistas tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se abrió investigación y ahora resulta que todo, al parecer, fue un montaje para justificar algo que, según la Fiscalía, habría sido una ejecución extrajudicial [...] Las consecuencias son serias. Se hace un daño obvio a la imagen del Ejército y a su invocado compromiso con los derechos humanos. Se tiende una sombra sobre las promesas de que al amparo de la seguridad democrática no se cometerán abusos. Se levantan dudas sobre cómo estarán procediendo los militares en otros remotos lugares de Colombia donde adelantan operaciones, lejos de la mirada vigilante de los organismos de control y los medios de comunicación. Y se generan inquietantes preguntas. ¿Son un subteniente y dos soldados los únicos responsables, o hay otro más arriba en la cadena de mando? ¿Cómo puede ser que sus superiores avalen su versión y la difundan? ¿No configura esto un tipo de encubrimiento?».

Anexo 2.

Militares en ejercicio y en retiro con el conocimiento del Gobierno Nacional, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el DAS, adelantan un proceso de investigación de diferentes líderes sociales, de derechos humanos, políticos y sindicales de todo el país y en especial del Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Tolima, con el fin de adelantar una operación encubierta de exterminio contra estos lideres de oposición, que han denominado Operación Dragón. Muchos de ellos y ellas ya han sido víctimas de señalamientos, amenazas, seguimientos, atentados y ejecuciones. Según una denuncia: «...la investigación determina lugares de residencia, trabajo y demás sitios que frecuentan los lideres de oposición [...] señalan a más de 80 personas y un número no determinado de organizaciones nacionales e internacionales...». Señala una fuente: «...Días después de la posesión del presidente de Colombia álvaro Uribe Vélez, éste ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), intervenir a Emcali [...] El 27 de febrero del presente año mediante escritura pública No. 234, de la notaria sexta del circulo de Medellín, se constituyó la empresa Consultoría Integral Latinoamericana LTDA (CIL) y el 3 de marzo es inscrita en Cámara de Comercio de esa misma ciudad, bajo el número 2102 del libro IX, con matricula mercantil No. 21- 325177-03. El 15 de junio, Luz Esperanza Rojas Jiménez representante legal de la Financiera Eléctrica Nacional contrata a CIL, cuyo representante legal es Huber de Jesús Botello Duarte, para que en el término de cuatro meses a partir de la fecha, adelantara una «Asesoría integral en gestión de riesgos e ingeniería de mantenimiento de la infraestructura de Emcali EICE ESP», [...] El 12 de junio el teniente coronel Julián Villate Leal, identificado con cédula militar 7217167 es contactado por la empresa CIL y el 19 de julio es contratado. Al día siguiente, alquila el apartamento 301 del edificio El Castillo, ubicado en la Av. 4 norte No. 8N - 37. Según el teniente coronel Villate, la empresa CIL adelanta consultorías semejantes en la Empresa de Teléfonos de Barranquilla y en la Empresa Eléctrica del Tolima, ambas al igual que Emcali intervenidas por la SSPD y con encargo fiduciario de liquidación de la FEN. [...] El 15 de agosto se adelanta diligencia de allanamiento del inmueble en donde habita el teniente coronel Villate y en la sede de la empresa CIL, ubicada en la avenida Nutibara No. 39 - 163, oficina 703. En el momento del allanamiento el teniente coronel Villate se identifica como tal, no obstante al finalizar el operativo, deja constancia que trabaja para la empresa CIL. En este inmueble se encuentra adicionalmente Rocío Salgar López que se identifica como periodista y un señor de nombre Julián Guillermo Gómez Rodríguez, que según pasaje aéreo de Airways que aseguró ser de su propiedad, aparecía con el nombre de Juan y no de Julián como su identificación lo acreditaba [...] En la diligencia se decomisó un computador y entre otros una carpeta con 21 folios que en su título inicia con la inscripción «SECRETO» (en color rojo) Central de Inteligencia Militar del Ejército / Regional de Inteligencia Militar No. 3 /, tres folios bajo el título «Operación Dragón», una carpeta que contiene 21 folios dirigida al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Humberto Caicedo, cinco folios dirigidos a la dirección del Gaula del Ejército, dos folios dirigidos a la Central de Inteligencia Militar del Ejército Regional de Inteligencia Militar No. 3 y la resolución No. 0782 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, fechada el 9 de agosto, la cual es devuelta al implicado. De igual forma se decomisa una agenda con el código UPJOHM, la que contiene nombres de personas, números telefónicos, números de cédulas y tres documentos: uno titulado «Despidos masivos de militantes de SINTRAEMCALI», «árbol de intereses» y «Sede de la campaña de Alexander López». Al respecto el teniente coronel Villate, informó que los documentos eran de carácter reservado de Emcali y que habían sido entregados por el coronel Huertas, jefe del departamento de seguridad de Emcali, como parte del contrato que la empresa CIL estaba realizando. De igual forma, reconoció la existencia de otros documentos de inteligencia, elaborados por Inteligencia Militar y afirmó que el trabajo era de pleno conocimiento y apoyo de las directivas de Emcali, SSPD, la FEN, el DAS, el General Gutiérrez comandante de la Policía Cali y el Ministerio del Interior [...] En el documento de la Central de Inteligencia Militar del Ejército - Regional de Inteligencia Militar No. 3, remitido a solicitud del Director de la Central de Inteligencia del Ejército con sede Bogotá y con fecha del 24 de mayo de 2003, señala: los grupos subversivos han encontrado en este sindicato el caldo de cultivo propicio para generar inconformismo y confrontación con el Gobierno Nacional. Es así como el trabajo del sindicato encaminado a ganar simpatía de la comunidad, se incrementó en un 70%, se han conformado las delegaciones para conformar las llamadas «mingas» los fines de semana en las comunas más pobres de la ciudad, principalmente el distrito de Aguablanca (foco de milicias), cuenta con una fuerte comisión dedicada a los derechos humanos a cargo de la señora Berenice Celeyta Alayon, abogada de trayectoria que dirige la organización Nomadesc, y se encarga de realizar todas las denuncias de presuntos atropellos y violaciones contra los trabajadores de Emcali, logrando así desvincular jurídicamente a los dirigentes sindicales que se han visto envueltos en acusaciones de rebelión y terrorismo. La presidencia del señor Alexander López Maya, actual Representante a la Cámara, durante aproximadamente 8 años en el sindicato, ha dejado marcada la misión de la organización, ya que aún desde su nueva curul ha venido trabajando por la empresa y el sindicato, encaminado a buscar su aspiración como un candidato opcionado a la Alcaldía de Cali. La participación de estas personalidades (haciendo referencia entre otros a Angelino Garzón) en la problemática de EMCALI, deja entrever el manejo político que viene dando el denominado «Polo Democrático» del excandidato a la Presidencia Luis Eduardo Garzón, con su Frente Social y Político, la bandera sindical del Valle, de donde se viene realizando un acertado trabajo político (cogobierno) y de manejo de masas en el ámbito obrero popular, en el cumplimiento a los objetivos trazados por las FARC con el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia. Pero la crítica situación de la empresa no es el único interés del sindicato, pues como ha sido de público conocimiento, la central obrera del Valle CUT y sus filiales, como también otras organizaciones sociales y no gubernamentales sobre las cuales la Subversión ejerce completo dominio, han venido siendo parte activa de la lucha que se viene generando por el «acuerdo humanitario», el Referendo y por la concesión de una nueva zona de despeje para dialogar con las FARC, motivos estos, que hacen más recia la posición de estos sectores de izquierda ante el papel del Gobierno Nacional. Continúa la fuente: «Inquieta la semejanza entre el texto de inteligencia militar y los documentos de los Bloques Pacífico y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que circularon en el departamento del Valle del Cauca en noviembre del año pasado y abril del presente en el que señala: «Los susodichos artistas del camuflaje pertenecen a organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, de las cuales se han servido para utilizarlas como «manparas», desviando sus verdaderos intereses gremiales y reivindicativos; estos «actorcitos» se escudan bajo nombres como: Partido Comunista, Presentes por el Socialismo, Dignidad Obrera, ME UNO, UNEB, SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI, SINDESENA y otras organizaciones manejadas como «ganchos ciegos» de la treta subversiva. Llamamos a declararles la guerra a estos sujetos encubiertos, idiotas útiles del flagelo terrorista Frente Social y Político; no más contubernio con los bienes insurgentes, la justicia antisubversiva hará justicia [...]». Dieciséis integrantes del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), han sido asesinados como parte de la política de terrorismo de Estado en los últimos cinco años. Por su parte, en lo que va corrido del año dos artefactos explosivos han sido activados contra la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali y la ONG Nomadesc, la Junta Directiva de este sindicato y trabajadores en general, al igual que integrantes de Nomadesc han recibido amenazas escritas y telefónicas, dos de los integrantes de Sintraemcali han sido detenidos arbitrariamente y diez más están en el exilio...»

Listado de trabajadores y trabajadoras sindicalizados asesinados durante el 2004.

1 Agapito Palacios afiliado a la Unión de maestros del Chocó, UNIMACH, fue asesinado el 4 de enero de 2004 en el municipio de Unguía, departamento del Chocó.

2 Bernardo Rebolledo, afiliado al sindicato de conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 4 de enero de 2004, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

3 Edgar Arturo Blanco Ibarra, afiliado a la Asociación de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 7 de enero de 2004, en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

4 Luz Aída García Quintero, afiliada a la Asociación de institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 15 de enero de 2004, en el municipio de Carmen de Viboral, departamento de Antioquia

5 Ricardo Ortega Barragán, dirigente del sindicato de las empresas municipales de Cali, SINTRAEMCALI, fue asesinado el 17 de enero de 2004, en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.

6 Jairo Gonzáles Oquendo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 17 de enero de 2004, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

7 Daniel Vitola Pérez, afiliado al Sindicato de Conductores y Taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 23 de enero de 2004 en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

8 Francisco Lotero Ríos, afiliado al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL, fue asesinado el 27 de enero de 2004 en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.

9 Calixto Gómez Rummer, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón, SINTRACARBON, fue asesinado el 31 de enero de 2004, en la ciudad de Riohacha, departamento de la Guajira.

10 Lucero Henao, dirigente del sindicato campesino del departamento de Meta, SINTRAGRIM, fue asesinada el 6 de febrero en el municipio de Castillo departamento del Meta.

11 álvaro Granados Rativa, dirigente del Sindicato único de Trabajadores de la construcción, SUTIMAC, fue asesinado el 6 de febrero en la ciudad de Bogotá.

12 Yesid Chicangana, afiliado del Sindicato de Maestros del Cauca, SIMANA, fue asesinado el 9 de febrero en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

13 Yaneth del Socorro Vélez Galeano, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 15 de febrero en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia.

14 Camilo Kike Azcarate, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Grasas de Colombia, SINTRAGRACO, fue asesinado el 24 de febrero en el Municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca.

15 Carlos Raúl Ospina, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos y Entidades Descentralizadas, SINTRAEMSDES, fue asesinado el 24 de febrero en el municipio de Tulúa, departamento del Valle del Cauca.

16 Ernesto Rincón Cárdenas, afiliado al Sindicato de Maestros de Boyacá, SINDIMAESTROS, fue asesinado el 27 de febrero en el municipio de Caldas departamento de Boyacá.

17 Pedro Alirio Silva, dirigente de la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinado el 2 de marzo en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

18 Lina Marcela Amador Lesmer, afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinada el 3 de marzo, en el departamento del Putumayo.

19 Luís José Torres Pérez, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 4 de marzo en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

20 Oscar Emilio Santiago, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 5 de marzo en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

21 Ferreira Osorio, afiliado a la Unión Sindical Obrera, USO, fue asesinado el 11 de marzo en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

22 Julio César García, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados del INPEC, ASEIMPEC, fue asesinado el 13 de marzo en el municipio de Cartago, departamento del Valle.

23 Rosa Mary Daza, afiliada a la Asociación de Institutores del Cauca, ASOINCA, fue asesinada el 16 de marzo en el departamento del Cauca.

24 Alvis Hugo Palacios, afiliado al Sindicato Empleados Públicos del Sena, SINDESENA, fue asesinado el 16 de marzo en el municipio de Sincé, departamento de Sucre.

25 Ana Elizabeth Toledo Rubiano, afiliada a la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinada el 19 de marzo en el municipio de Tame, departamento del Arauca.

26 Rafael Segundo V ergara Correa, afiliado al Sindicato Trabajadores Conductores de Taxis de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 22 de marzo en el municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.

27 Alexander Parra, afiliado al Sindicato de Maestros de Boyacá, SINDIMAESTROS, fue asesinado el 28 de marzo en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá.

28 Juan Javier Giraldo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 1 de abril en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia.

29 José Arcadio Sosa Soler, funcionario de la Confederación General de Trabajadores, CGT, fue asesinado el 4 de abril en el Distrito de Bogotá.

30 Luís Francisco Gómez Vera, dirigente de la Asociación para la Construcción del Acueducto, fue asesinado el 6 de abril en el municipio de Mesetas, departamento del Meta.

31 José García, afiliado a la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 9 de abril en el municipio de Tame, departamento del Arauca.

32 Jorge Mario Giraldo Cardona, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 14 de abril en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia.

33 Carlos Alberto Chicaiza, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios del Valle, SINTRAEMSIRVA, fue asesinado el 15 de abril en el municipio de Cali, departamento del Valle.

34 Nohora Martínez Palomino, afiliada a la Asociación de Educadores del César, ADUCésar, fue asesinada el 19 de abril en el municipio de Valledupar, departamento del César.

35 Juan José Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 19 de abril en el municipio de Villa del Rosario, departamento del Norte de Santander.

36 José Maria Ruiz Sara, afiliado a la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, fue asesinado el 23 de abril en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

37 Gerson Agud, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional, SINTRENAL, fue asesinado el 24 de abril en el municipio de Villa del rosario, departamento del Norte de Santander.

38 Evelio Henao Marín, dirigente del Sindicato de Trabajadores del departamento de Antioquia, SINTRADEPARTAMENTO, fue asesinado el 24 de abril en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia.

39 Ovidio Arturo Marín Cuevas, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Licorera, SINTRALIC, fue asesinado el 4 de mayo en el municipio de Cali, departamento del Valle.

40 Jesús Alberto Campos, afiliado a la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 7 de mayo, en el departamento de Arauca.

41 Elías Duran Ric, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Tránsito de Barranquilla, fue asesinado el 7 de mayo en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

42 Beatriz Pineda Martíne, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 9 de mayo en el municipio de Cisneros, departamento de Antioquia.

43 Julio Vega, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO, fue asesinado el 21 de mayo en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.

44 Wilson Gómez Sierra, afiliado al Sindicato de Educadores de Santander, SES, fue asesinado el 23 de mayo en el departamento de Santander.

45 Mildret Berteyd Mazo Jaramillo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 26 de mayo en el municipio de San Andrés de Cuerquia, departamento de Antioquia.

46 Jesús Fabián Burbano Guerrero, afiliado al la Unión Sindical Obrera, USO, fue asesinado el 31 de mayo en el municipio de Orito, departamento de Putumayo.

47 Javier Montero Martínez, afiliado a la Asociación de Educadores del César, ADUCésar, fue asesinado el 1 de junio en el municipio de Valledupar, departamento del César.

48 Daniel Fonseca, afiliado al sindicato de las empresas municipales de Cali, SINTRAEMCALI, fue asesinado en el mes de Junio en la Ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.

49 Wilmer Viafara afiliado al sindicato de las empresas municipales de Cali, SINTRAEMCALI, fue asesinado en el mes de Junio en la Ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.

50 Fernando Ramírez Barrero, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, fue asesinado el 1 de junio en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda.

51 Isabel Toro Soler, afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinada el 1 de junio en el municipio de Yopal, departamento del Putumayo.

52 Luís Ovidio Machado Nisperuz, afiliado a la Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, fue asesinado el 1 de junio en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

53 Nelson Wellington Cotes López, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la DIAN, SINTRADIAN, fue asesinado el 4 de junio en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

54 Carmen Elisa Nova Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de Santander, SINTRACLINICAS, fue asesinada el 15 de junio en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.

55 Luís Alberto Toro Colorado, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Textiles, SINALTRADIHITEXCO, fue asesinado el 1 de julio en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.

56 Miguel Espinosa Rangel, asesor de la Central Unitaria de Trabajadores, subdirectiva Atlántico, CUT, fue asesinado el 1 de julio en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

57 Gerardo de Jesús Vél, afiliado al Sindicato de Trabajadores del municipio de San Carlos, SINTRASANCARLOS, fue asesinado el 9 de julio en el municipio de Tuluá, departamento del Valle.

58 Camilo Borja, afiliados a la Unión Sindical Obrera, USO, fue asesinado el 12 de julio en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

59 Salomón Freite Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la rama judicial, ASONALJUDICIAL, fue asesinado el 21 de julio en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

60 Alirio Martínez, dirigente del Sindicato Agrícola del Arauca, SINTRAGRICOLAS, fue asesinado el 5 de agosto en la vereda del Fortul, departamento de Arauca.

61 Leonel Goyeneche, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 5 de agosto en la vereda del Fortul, departamento del Arauca.

62 Jorge Prieto, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 5 de agosto en la vereda del Fortul, departamento de Arauca.

63 Adiela Torres, afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinada el 5 de agosto en el municipio de Puerto Legízamo, departamento del Putumayo.

64 Esther Marleny Durango Congote, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 7 de agosto, en el municipio de Anzá, departamento de Antioquia.

65 Harold Antonio Trujillo, afiliado al Sindicato de las Empresas Municipales de Cali, SINTRAEMCALI, fue asesinado 8 de agosto, en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.

66 Luís Galindo, dirigente del Sindicato de Pequeños y Medianos Productores del Agro, SINDEAGRO, fue asesinado 10 de agosto, en municipio de Líbano, departamento del Tolima.

67 Yanis Valencia Fajardo, afiliado a la Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, fue asesinado el 11 de agosto en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.

68 Jorge Eliécer Valencia Oviedo, dirigente del Sindicato único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV, fue asesinado el 23 de agosto en el municipio de Tulúa, departamento del Valle.

69 Manuel Gómez Wólfram, afiliado al Sindicato de Conductores y Taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 24 de agosto, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

70 Miguel Córdoba, dirigente del Sindicato de Conductores Trabajadores de la Caña del Valle del Cauca, SINTRACAñAVALC, fue ases inado el 4 de enero de 2004, en la ciudad de Palmira, departamento del Valle del Cauca.

71 Humberto Tovar Andrade, afiliado al Sindicato de Maestros de Tolima, SIMATOL, fue asesinado el 30 de agosto, en el municipio del Espinal, departamento de Tolima.

72 Exenen Hernández Barón, afiliado a la Asociación de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 10 de septiembre, en la ciudad de El Carmen, departamento de Norte de Santander.

73 Luís José Torres Pérez, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 11 de septiembre en el municipio de Bordo, departamento de Cauca.

74 Luís Eduardo Duque, afiliado al sindicato de maestros de Tolima, SIMATOL, fue asesinado el 11 de Septiembre, en el municipio del Líbano, departamento de Tolima.

75 Oler Hernández Moreno, afiliado al Sindicato único de Trabajadores de la Construcción, SUTIMAC, fue asesinado el 11 de septiembre en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

76 Iría Fenide Mesa Blanc, afiliada a la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinada el 11 de septiembre en el municipio de Arauca, departamento del Arauca.

77 Erenia Maria Caicedo Sarria, afiliada a la asociación nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinada el 11 de septiembre en el municipio de Bordo departamento del Cauca

78 Jean Warrean Buitrago Millán, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la DIAN, SINTRADIAN, fue asesinado el 15 de septiembre en el municipio de Tulúa, departamento del Valle.

79 Alfredo Correa de Adréis, dirigente de la Asociación Sindical de Profesores Universit arios, ASPU, fue asesinado el 17 de septiembre en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.

80 Pedro Jaime Mosquera Cosme, dirigente de Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, fue asesinado el 6 de octubre en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.

81 Ana de Jesús Duran Ortega, afiliada a la Asociación de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinada el 12 de octubre, en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

82 ángel de la Hoz Castelar, afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Atlántico, CUT, fue asesinado el 19 de octubre en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico.

83 Martha Lucía Gómez Osorio, afiliada al Sindicato de Maestros de Tolima, SIMATOL, fue asesinada el 23 de octubre, en el departamento de Tolima.

84 José Joaquín Cubides, afiliado al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Arauca, SINTRAAGRICOLAS, fue asesinado el 7 de noviembre en el municipio del Fortul, departamento de Arauca.

85 Eli Machado Wolmar, afiliado a la Asociación de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 8 de noviembre en la ciudad de San Calixto, departamento de Norte de Santander.

86 Arnoldo Cantilla, afiliado al Sindicato de Conductores y Taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 24 de noviembre en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

87 Juan Miranda Usula, afiliado al Sindicato de Conductores y Taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 24 de noviembre, en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

88 Senen Mendoza Molinares, afiliado a la Asociación de Educadores del César, ADUCésar, fue asesinado el 24 de noviembre en el municipio de Codazzi, departamento del César.

89 Juan Bernardo Gil, afiliado a la Asociación de Educadores del Meta, ADEM, fue asesinado el 6 de diciembre en el municipio de Mesetas, departamento del Meta.

90 Héctor Téllez Alzate, afiliado al Sindicato único de trabajadores de la educación del Valle, SUTEV, fue asesinado el 6 de diciembre en el municipio de Tuluá, departamento del Valle.

91 Carlos Eduardo Montoya Gutierrez, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, fue asesinado el 12 de diciembre en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda.

92 Nelson de Jesús Martínez, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 18 de diciembre en el municipio de La Ceja, departamento de Antioquia.

93 José Nevardo Osorio Valencia, dirigente al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, fue asesinado el 27 de diciembre en el municipio de Mistrato, departamento de Risaralda.

94 José Ortiz afiliado al Sindicato único de Educadores del Amazonas, fue asesinado el 29 de diciembre en el municipio de Puerto Santander, departamento del Amazonas.

Este informe se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la Escuela Nacional Sindical y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

Notas

[1] En este año hubo un subregistro de información para esta variable.[Volver]

[2] Resumen ejecutivo del informe anaul de Derechos Humanos, preparado por la vicepresidencia, publicado en www.presidencia.gov.co/sne/2005/febrero/01/INFORME[Volver]

[3] El Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, tiene en cuentra tres categorias juridicas par determinar si en una situación se presenta una detención arbitraria: a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique, b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertadades proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Civiles y Politicos; c ) cuando la inobservanacia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de los DDHH y en los instrumentos internacionales pertinentes, es de gravedad tal que confiere a la privación un carácter arbitrario.[Volver]

[4] Al respecto sentencia No. 50, causa No. 0226-3 del Juzgado 28 penal del circuito de Bogotá, Sentencia absolutoria de Hernando Hernandez Pardo, por el delito de rebelión.[Volver]

[5] Al respecto la OIT ha recomendado que sea una autoridad independiente quien decrete la ilegalidad de la Huelga, para respetar el principio de imparcialidad.[Volver]

[6] Listado de investigaciones en etapa de Juicio - Víctimas sindicalistas. Datos del Ministerio de Protección Social suministrados por el observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia de la República.[Volver]

[7] Resumen ejecutivo del informe anual de derechos Humanos 2005, preparado por la vicepresidencia de la republica. Publicado el 1 de febrero de 2005 en www.goc.co/sne/2005/febrero[Volver]

[8] Los sindicalistas fueron ejecutados por tropas del grupo mecanizado Reveiz Pizarro, según lo establecido por la unidad nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.[Volver]

[9] El momento histórico que atraviesa nuestra organización, en lo que tiene que ver con las negociaciones conducentes a lograr la desmovilización de algunos bloques es un gran paso político que se sustenta en la buena voluntad y bondad de nuestro presidente, Dr. álvaro Uribe, que permitirá que muchos de nuestros combatientes, puedan aportar a lograr la paz en los sitios en los que el Estado.[Volver]

[10] Esta información es suministrada por la Federación en el marco de la campaña “SOS Nacional e internacional por la libertad y solidaridad con los detenidos de Fensunagro-CUT”. Es importante aclarar que algunos casos no aparecen registrados en la base de datos de la Escuela Nacional Sindical por lo inespecífico o fragmentario en la información sobre algunos hechos violentos.[Volver]

[11] En mayo de 2002 fueron retenidos 128 trabajadores de Telecom en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, durante el desarrollo de un conflicto laboral y aproximadamente 30 sindicalistas más fueron víctimas de amenazas y debieron exiliarse como consecuencia de ellas. Estas cifras no se incluyen en este cuadro porque no hacen parte de las variables consideradas en nuestro sistema de información. Fuente: Banco de datos de derechos humanos de la ENS.[Volver]

[12] “Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política”, Noche y Niebla, agosto 2004, Versión preliminar, p.p. 10 – 12, www.nocheyniebla.org.co[Volver]

[13] “Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política”, Noche y Niebla, agosto 23 2004, Versión preliminar, p.p. 35 – 36, www.nocheyniebla.org.co[Volver]

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