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01ago13


Tribunal de Cundinamarca resuelve que los falsos positivos constituyen crímenes contra la humanidad


Tribunal dice que hubo 'sistematicidad' en conducta de militares responsables del crimen.

El asesinato de Faír Leonardo Porras, un joven que sufría retraso mental y que hacía mandados para ayudar a sostener a su mamá, en Soacha, hizo parte de "un plan criminal sistemático y generalizado".

Así lo consideró el Tribunal Superior de Cundinamarca, que en una trascendental decisión aumentó las penas a los uniformados vinculados al crimen y le dio una nueva categoría a los 'falsos positivos', al declararlos delitos de lesa humanidad.

El Tribunal considera que aunque el proceso solo se refiere a la desaparición y muerte de un joven, no se puede dejar de lado que en la misma época de los hechos, enero del 2008, otros 11 jóvenes de Soacha corrieron la misma suerte.

"Los hechos fueron ejecutados como respuesta a todo un plan diseñado previamente (...) ubicaban jóvenes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate, y así presentar éxitos operacionales, hechos que sucedían como una cadena sistemática de acciones para llevar a cabo el fin de la empresa criminal", se lee en la sentencia de 312 páginas conocida por EL TIEMPO.

Los magistrados indicaron que hubo "generalidad y sistematicidad" en la conducta de los uniformados.

Porras, una de las víctimas emblemáticas de los llamados 'falsos positivos', desapareció de su casa el 8 de enero del 2008 y cuatro días después fue reportado como muerto en combate en Ábrego (Norte de Santander).

Según la investigación, un reclutador cobró 200.000 pesos para entregarlo a los militares asignados al Plan Vial Meteoro Número 3 que lo asesinaron.

Aunque el único efecto de la declaratoria de lesa humanidad es que el caso no prescribirá, el fallo se conoce en momentos en los que la Corte Penal Internacional examina el caso colombiano y, en especial, los avances en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales.

En la sentencia se relata cómo Luz Marina Bernal, madre de la víctima, acudió tres veces ante las autoridades sin lograr atención. Solo la denuncia del personero de Soacha y la reacción de los medios prendió la alarma sobre el tema.

La declaratoria de delito de lesa humanidad se dio por petición de la abogada Gloria Silva, quien representa a la familia de la víctima. Silva consideró que el fallo "es histórico y podrá ser un ejemplo para que los demás casos de 'falsos positivos' sean elevados a esa categoría".

Agregó que, de fondo, esa decisión será clave "para subir en la cadena de mando y llegar hasta quienes promovieron esa estrategia.

El Tribunal revocó parte del fallo de primera instancia que absolvió a Marco Wilson Quijano, Diego Aldaír Vargas, Carlos Manuel González, Ricardo García, Carlos A. Zapata y Richard R. Contreras, y los condenó y aumentó la pena a 53 y 54 años. La defensa de los militares ya interpuso un recurso de casación.

Bajo lupa de la CPI

Los llamados 'falsos positivos' están bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI). En el estudio preliminar, ha podido establecer que estos casos habrían sido en algunas unidades militares una política institucional.

De igual manera, cuestionó en una visita realizada al país en el mes de abril que la justicia colombiana no haya procesado a los altos oficiales que habrían promovido dichos ejecuciones extraoficiales.

Las 247 condenas contra 662 integrantes de la Fuerza Pública por 'falsos positivos' fueron parte de las cifras que la Fiscalía presentó a los delegados de la Corte Penal Internacional que visitaron el país, para demostrar que el país está combatiendo la impunidad en graves casos de violaciones a los derechos humanos.

Frente al tema, la Corte reconoció los esfuerzos del Estado por hacer justicia en el caso de los delitos cometidos en medio del conflicto. Por eso, si bien advirtió que los resultados en varios frentes siguen siendo precarios, por ahora está lejos el escenario de que Colombia entre al grupo de naciones con expedientes abiertos por la Fiscalía de la Corte Penal: Uganda, Congo, Costa de Marfil, Kenia, Libia, Darfur y la República Central Africana.

No obstante, la CPI planteó una preocupación por las implicaciones que podría tener la reforma del fuero militar. Los delegados advirtieron que revisarán la norma para determinar si incide en los casos de los 'falsos positivos'.

[Fuente: Por Redacción justicia, El Tiempo, Bogotá, 01ago13]

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