EQUIPO NIZKOR
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DERECHOS


03mar04


Exposición escrita presentada por la Familia Franciscana Internacional a la Comisión de DH de la ONU:
"El desplazamiento interno en Colombia: un mal de no acabar".


Comisión de Derechos Humanos
60 período de sesiones
Tema 3 del programa provisional
Organización de los Trabajos

Exposición escrita presentada por la Familia Franciscana Internacional, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva general

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye de acuerdo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social
[31 de enero de 2004]

Franciscans International (FI), conjuntamente con FI Colombia, quiere llamar la atención de la Comisión de Derechos Humanos sobre el nexo existente entre el desplazamiento interno, el control territorial armado y el desarrollo e implantación de un modelo político y económico.

Los cálculos más reconocidos en el ámbito internacional y nacional señalan cómo el número de desplazados, a partir del año 1985, supera los tres millones Año tras año, el país ha contemplado desde 1985 el éxodo de 2 millones 900 mil colombianos y colombianas dentro de su propio territorio. CODHES boletín 44. abril 28 de 2003. , cifra que cada año va en aumento Según las cifras de las ONG más reconocidas entre enero y septiembre de 2003 la cifra de desplazados ascendió a 175.270. Cfr. Declaración de las ONG colombianas a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 60 período de sesiones, marzo-abril 2004. . Colombia es, por lo tanto, el segundo país con la situación más grave de desplazamiento en el mundo después de Sudan. Al desplazamiento forzado se suma el fenómeno de emplazamiento, expresado en el bloqueo alimentario, de salud y de movilización al que son sometidos miles de comunidades. No hay duda alguna que estamos ante una situación de emergencia y de excepción que reclama por parte del Estado colombiano y de la comunidad internacional una serie de medidas de emergencia y de excepción que realmente vayan apuntando a una paulatina resolución del problema que atienda la situación de los desplazados mismos y que identifique y juzgue a los autores materiales, intelectuales y financieros de estos crímenes (estos últimos suelen coincidir con los beneficiarios del desplazamiento).

El siguiente texto puede ilustrar cómo esta grave situación está conectada con el control territorial y con la implementación de un modelo económico:

    "Los actores armados utilizan el desplazamiento en el marco de luchas por el control territorial de áreas estratégicas desde un punto de vista militar o político. Por ejemplo, los paramilitares y el Estado lo utilizan en regiones con fuerte presencia de actores sociales y con tradición organizativa de sindicatos, organizaciones campesinas o indígenas. Esto en ocasiones se acompaña de un repoblamiento dirigido. En el Cauca, hay fuertes organizaciones indígenas, agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que han luchado por la titulación colectiva de tierras y la creación de resguardos indígenas; en este momento hay 60 que suponen 120.000 hectáreas. Estas comunidades tienen una relación con la tierra que las liga a su cosmovisión y pretenden conservar sus costumbres, idioma y el territorio ligado a sus actividades tradicionales. En otras palabras, buscan "resistirse al avance del modelo neoliberal y plantear que otro modelo es posible".

Pero también genera desplazamientos la lucha por el control de la tierra y los recursos en zonas de acumulación económica. En este marco, y dependiendo de las regiones, se provocan desplazamientos ligados a la tierra y a la expansión de explotaciones de ganadería extensiva o de monocultivos agrícolas para la exportación (palma africana, industria bananera en Urabá); allí donde hay una perspectiva de megaproyectos (canal interoceánico Atrato-Truandó en el Chocó) o de inversiones extranjeras que provocarán una valorización de las tierras (proyectos viales, puertos, aeropuertos...); en zonas de extracción de recursos naturales (economía aurífera en la serranía de San Lucas) y energéticos (petróleo en territorios U'wa, proyectos de presas hidroeléctricas en territorios negros del Chocó) y por el control de los cultivos ilícitos. También juegan un papel las demostraciones de fuerza con fines estratégicos y políticos y las disputas por la recomposición política regional y el control de gobiernos regionales que ahora tienen mayor poder a medida que se aplican los procesos de descentralización del Estado." Mabel González Bustelo, Médicos sin Fronteras, Desplazamiento forzado en Colombia, Equipo Nizkor.

Lo anterior nos muestra que, aunque el conflicto armado y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos son causas inmediatas del desplazamiento, en el fondo, es el control territorial con fines económicos y políticos la causa última del mismo. En este sentido, nos preocupa que la política de "Seguridad Democrática" del actual gobierno, entendida como una estrategia eminentemente militar de recuperación territorial, entre a ser un factor más de crecimiento y generalización del desplazamiento forzado.

Nos llama también poderosamente la atención la ausencia de políticas que apunten a la recuperación de los cientos de miles de hectáreas de tierra que les ha sido expropiada a los desplazados. FI, conjuntamente con FI Colombia, considera que, detrás del desplazamiento, nos enfrentamos a una situación de destierro, en donde las víctimas principales son los campesinos pobres, las comunidades indígenas y los afro descendientes mientras que los beneficiarios son los grupos interesados en extender los cultivos de uso ilícito, los grandes macroproyectos y las inmensas fincas ganaderas o de agroindustria.

De otro lado estamos sumamente preocupados por la situación de indefensión, vulnerabilidad y precariedad en la que viven los millones de desplazados que se encuentran transitoria o definitivamente en las ciudades. La política de atención de emergencia realizada por el Estado a través de la Red de Solidaridad Social es totalmente ineficaz tanto por el reducido número de familias que se atienden como por el carácter efímero y superficial de la ayuda que se ofrece. Es evidente que los escasos recursos económicos con los que cuentan las regiones y la falta de coordinación por parte de las demás entidades del Estado tampoco les permitiría resolver un problema que ameritaría una atención de excepción.

Hemos visto con preocupación como la política de retorno se ha convertido en otra forma de desplazamiento forzado en la medida en que, a causa de las condiciones inhumanas en las que se vive en el lugar de reasentamiento o de las mismas amenazas a las que son sometidos los desplazados por los actores armados, principalmente por los paramilitares quienes son los que controlan los cascos urbanos en abierta connivencia con las fuerzas militares Human Rights Watch ha documentado con pruebas abundantes, detalladas y comprometedoras que ciertas brigadas del Ejército de Colombia y destacamentos policiales continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza aliada y compatible con sus tropas. Human Rights Watch La "Sexta División" Relaciones Militares-Paramilitares Y La Política Estadounidense En Colombia 2001., los desplazados no tienen otra alternativa que volverse a desplazar a un nuevo lugar o devolverse a sus lugares de origen aun cuando las condiciones que los obligaron a salir estén intactas o lo que es peor más graves. Ejemplo de ello es la cantidad de asesinatos y amenazas que tienen que soportar las comunidades, familias o individuos que retornan en estas condiciones. La impunidad generalizada de los responsables de esta violación integral de los derechos humanos no se ha modificado en este período, lo que conduce a la repetición de los desplazamientos forzados y a generar condiciones de riesgo para la población desplazada en su lugar de recepción, de reasentamiento o de retorno. Es la situación que padecen la mayoría de las poblaciones que se desplazaron, que retornaron y frente a las cuales persisten amenazas, intimidaciones y violaciones de derechos humanos, como en el caso de las comunidades afro descendientes del Cacarica, del Jiguamiandó, Truandó, Salaquí en el Bajo Atrato y del Bajo Naya y Trujillo en el Valle y en los departamentos del Cauca y del Meta. En estas comunidades, las estructuras armadas paramilitares que generaron éxodos masivos, hoy continúan afectando las posibilidades de consolidación de los retornos, debido, entre otros factores a la impunidad, a la ausencia de combate a los paramilitares y de implementación de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Equipo Nizkor Estado comunitario: la nueva forma del control y del desplazamiento. Documento Presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 14 de abril del 2003

FI, conjuntamente con FI Colombia, quiere subrayar que la ineficacia en la atención y prevención del desplazamiento por parte del Estado, que es a quien corresponde, no obedece a que no existan recomendaciones, legislación y monitoreo a nivel internacional y nacional, sino a que no hay voluntad política para ello y a la debilidad del sistema internacional para presionar una acción sistemática y estructural que apunte a resolver el problema de fondo. El Estado colombiano ha firmado los cuatro Convenios de Ginebra, el Segundo Protocolo adicional que prohíbe el desplazamiento forzado, ha incorporado los Principios rectores de los desplazamientos internos en su constitucionalidad jurídica y ha recibido una serie de recomendaciones (E/CN.4/2000/83/Add.1 del 11 de enero de 2000) durante la visita a Colombia del Representante Especial del Secretario General de la ONU para las personas internamente desplazadas, señor Francis Deng, como contribución a la prevención del desplazamiento forzado y a la protección de los derechos de las personas desplazadas. A nivel de la legislación nacional también se cuenta con la Ley 387 que regula el desplazamiento forzado.

En razón de este análisis de la problemática del desplazamiento y a partir de las mismas peticiones y recomendaciones hechas directamente por las organizaciones y comunidades de desplazados instamos al Estado colombiano a que:

  • Reconozca que está ante una situación muy grave de emergencia humanitaria, y en consecuencia defina y adopte una política de excepción que le permita canalizar todos los recursos económicos, humanos y técnicos para llevar a la práctica las medidas contempladas en la normativa nacional e internacional para la prevención y atención del desplazamiento forzado y de las comunidades cercadas o bloqueadas por los actores armados.
  • Promueva procesos de justicia y castigo a los responsables materiales, intelectuales y financieros de estos crímenes.
  • Diseñe una política integral de reparación hacia las víctimas del desplazamiento que garantice entre otras cosas la restitución de las tierras y bienes que les fueron expropiados.
  • Haga un monitoreo del papel de las empresas nacionales y multinacionales que se benefician del desplazamiento forzado y se apropian de los recursos naturales y tierras abandonadas.
  • Garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las organizaciones de desplazados y de los defensores de derechos humanos que trabajan con ellos.
  • Respetar estrictamente en toda política de retorno la seguridad e integridad de los desplazados.

Además, FI y FI Colombia piden a la Comisión de Derechos Humanos que posibilite una nueva visita a Colombia por parte del señor Francis Deng en la cual se evalúe el nivel de cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de las diversas instancias de Naciones Unidas frente al desplazamiento interno.

[Fuente: Naciones Unidas - ECOSOC- Distr.GENERAL - E/CN.4/2004/NGO/113 - 03mar04]

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small logoEste documento ha sido publicado el 30mar04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights