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La Procuraduría da cobertura a Carlos Castaño en el caso del asesinato del perioidsta Jaime Garzón.

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"Cuatro años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, y tras haber logrado demostrar la existencia de un montaje mediante el cual el DAS y la Fiscalía General de la Nación permitieron la desviación de la investigación y, con ello, el encubrimiento de los verdaderos autores materiales y la totalidad de los autores intelectuales del crimen, la Procuraduría ha abierto una nueva ruta para la impunidad en el caso, lo que nos lleva a alertar al periodismo nacional e internacional y a la sociedad colombiana en general sobre la eventualidad de nuevas desviaciones y montajes en una futura investigación", denunció el presidente del Colectivo de Abogados Alirio Uribe, durante la audiencia pública que se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogota.

De acuerdo con el abogado, que actúa en el proceso como representante de Reporteros Sin Fronteras y la familia del periodista, la Procuraduría General de la Nación ha esbozado una peligrosa teoría según la cual las amenazas que no son "tangibles" no existen, y ha abierto nuevamente el camino hacia la impunidad en el caso Garzón, al asegurar que el humorista asesinado el 13 de agosto de 1999 no fue nunca amenazado por el jefe paramilitar Carlos Castaño e insinuar que familiares de secuestrados en favor de los cuales Garzón intervino en su momento estarían detrás del asesinato.

Al responder al alegato final presentado el martes por el agente del Ministerio Público en el proceso, el abogado solicitó la condena contra el jefe máximo de las AUC tras asegurar que existen pruebas suficientes para condenarlo como coautor del homicidio, y criticó duramente la argumentación de la Procuraduría, organismo que durante seis horas desvirtuó los testimonios de prestantes personalidades de la vida política del país, familiares y amigos del periodista, que demostraban que Garzón Forero había sido declarado "objetivo militar" del paramilitarismo.

La desviación.

Tras pedir la absolución de los hasta hoy sindicados como autores materiales del asesinato, Uribe Muñoz afirmó que la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son responsables de la manipulación y fabricación de pruebas y testigos, el ocultamiento de elementos probatorios y la desviación de la investigación en el caso del periodista Jaime Garzón.

Durante la audiencia final del caso Garzón que se lleva cabo desde ayer en el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá, la organización de derechos humanos solicitó la apertura de investigaciones penales y disciplinarias en contra del ex director del DAS en Antioquia y actual subdirector nacioanl de esa entidad, Emiro Rojas Granados, así como contra otros nueve fucnioanrios del organismo entre quienes se encuentran el actual director del área de Derechos Humanos y Desaparecidos, Alfonso Guarnizo, el ex-director nacional del área de Homicidios, Luis Nemesio Rueda, el ex jefe de policía Judicial del DAS en Medellín, Germán Triviño, así como otros investigadores y detectives que tras su participación en el proceso fueron promovidos con ascensos y reconocimientos profesionales al interior del DAS.

De igual manera, el Colectivo de Abogados José Alvear, organización que actúa como parte civil en el caso en representación de la familia de Garzón Forero y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), solicitó investigar al fiscal instructor del proceso, Eduardo Meza Cadena, quien dio plena credibilidad a los "testigos" aportados por el DAS, entre los cuales sobresale Wilson Javier Llano Caballero, alias "El Profe", informante profesional hoy condenado por extorsión que fabricó la versión principal en contra de los sindicados Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, y presionó a su novia y vecino para que declararan en el proceso.

Durante la etapa de juicio fue posible probar que "El Profe" rindió falso testimonio y se presume que estaría involucrado en el asesinato del joven Luis Guillermo Velásquez Mazo en mayo de 2.001, por haberse negado a declarar en el caso Garzón y seguir las instrucciones impartidas en este sentido por Llano Caballero.

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación tomó como "testigo clave" a María Amparo Arroyave Montoya, quien fue llevada a declarar por el DAS desde el mismo momento del asesinato del periodista y humorista, y elaboró el retrato hablado que permitió vincular a alias Bochas con el asesinato, pese a que posteriormente se demostró que la supuesta testigo se encontraba a más de 90 metros del lugar donde fue asesinado Jaime Garzón. Además, el DAS aportó dos certificados contradictorios respecto a la salida del país de Arroyave Montoya, quien "desapareció" del proceso luego de que las partes se cuestionaran sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Como si ello fuera poco, la Fiscalía permitió que los reconocimientos en fila de personas fueran hechos con detectives del DAS en Medellín -lo que vulnera el derecho a la defensa de los sindicados- y ocultó durante varios años la existencia de pruebas que en la actualidad han permitido demostrar el montaje fabricado en el caso Garzón, así como un informe de inteligencia militar en el que se daba cuenta de seguimientos realizados al periodista por parte del sargento ® del Ejército, César Basto Bernal, informante de la Brigada XIII hoy condenado por el atentado contra Wilson Borja.

Para la parte civil es claro que más de cincuenta hipótesis de responsabilidad, algunas de las cuales involucraban a miembros de organismos de seguridad del Estado con el asesinato de Jaime Garzón, fueron desechadas sin profundización alguna por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras otras sólo se conocieron en el expediente casi tres años después del homicidio y nunca fueron tenidas en cuenta durante las indagaciones.

De acuerdo con Alirio Uribe, el país tiene derecho a saber la verdad no sólo sobre las razones que llevaron a la Fiscalía y al DAS a desviar la investigación sino respecto a quiénes pretendieron favorecer con el encubrimiento.

Para la parte civil resulta vergonzoso que en un caso como el homicidio del periodista Jaime Garzón, que generó gran conmoción, dolor y reclamo por parte de la sociedad colombiana, los organismos encargados de administrar justicia y esclarecer la verdad hayan engañado a la opinión pública, la familia del humorista y el periodismo en general.

"De este montaje han sido víctimas no sólo los sindicados sino también el periodismo colombiano y la opinión pública nacional, que aún se duele por la muerte de uno de los mejores exponentes de la oposición y la crítica políticas en el país", afirmó el abogado, quien además pidió la condena contra Carlos Castaño como coautor del magnicidio, pues los otros autores intelectuales "fueron encubiertos gracias al accionar del DAS y la Fiscalía, a través de la puesta en marcha de un sofisticado mecanismo de impunidad". La acusación en contra de Castaño se fundamentó en pruebas diferentes a las producidas por el DAS para desviar la investigación. Entre ellas se encuentran los testimonios de prestantes personalidades de la vida política del país.

Bogota, 10 de diciembre de 2003,
Colectivo de Abogado "José Alvear Restrepo"

Este documento ha sido publicado el 14dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights