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16oct04
Genocidios.
Por Iván Cepeda Castro.
El genocidio consiste en reducir letalmente la diversidad étnica, social, política o religiosa de la comunidad humana. ¿Qué tan democrática es entonces una sociedad en la que se perpetran masacres globales? Algunos estudiosos consideran que, en comparación con los regímenes totalitarios, las democracias son potencialmente “menos susceptibles” de cometer genocidios. Ello siempre y cuando se respeten las reglas del juego democrático. En la historia contemporánea abundan los ejemplos de las llamadas “democracias asesinas”, o en otras palabras, de regímenes en los que se garantizan los derechos de los propios ciudadanos, y se practican métodos criminales en el proceso de dominación de otras naciones. O de aquellos modelos políticos que, conservando una fachada de Estado de derecho, practican la eliminación sistemática de sectores sociales enteros. Si se acepta que la democracia es un sistema en el que prima el pluralismo, y en el que las diferencias no se resuelven con la supresión del contradictor, la conclusión debería ser que una sociedad en la que ocurre un genocidio no es auténticamente democrática.
Colombia es un país en el que han ocurrido crímenes masivos, cuyo propósito puede ser catalogado de genocida conforme al derecho internacional o a la propia legislación interna. A la luz de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (1948), los homicidios selectivos o indiscriminados contra los pueblos indígenas en el territorio nacional, pueden ser calificados como intentos de eliminación, parcial o total, de determinados grupos étnicos. Tal afirmación tiene sentido si se compara la magnitud de las atrocidades con la fragilidad demográfica de las comunidades que están siendo atacadas. El plan de destruir toda una formación política, la Unión Patriótica, llevado a cabo durante los últimos veinte años, es un hecho que, de acuerdo al artículo primero de la parte especial del Código Penal vigente en Colombia, es tipificado como genocidio. También en esta categoría entraría la aniquilación de organizaciones sindicales por efectos del asesinato de la mayoría de sus miembros y de la persecución de los sobrevivientes, y el cuadro general de criminalidad contra el movimiento sindical, si se atiende a la recomendación del relator especial de Naciones Unidas B. Whitaker, quien sostiene que el exterminio de grupos sociales hace parte de la definición de genocidio. Este panorama, como lo ha señalado el sacerdote Javier Giraldo, director del Banco de Datos del Cinep, es el de una “democracia genocida”.
La posición del actual gobierno es ocultar estos hechos con cifras que supuestamente indicarían la reducción de los asesinatos. En realidad, lo que se reduce son los grupos en vías de extinción. Hace algunos días, sectores de oposición denunciaron en el Congreso de la República que se está preparando contra ellos un nuevo ciclo de “guerra sucia” en el contexto de la creciente paramilitarización del país. El presidente Uribe respondió a esas denuncias acusando a los parlamentarios amenazados de ser “viejos aliados del narcotráfico”. En sus discursos, el Presidente tiene la costumbre de estimular la violencia contra grupos que han sido, o están siendo, blanco de acciones criminales. Los responsables de los genocidios no son sólo sus autores materiales. Según el artículo tercero de la Convención de 1948, la instigación pública al genocidio forma parte de los actos que constituyen este delito. La Corte Penal Internacional, cabe recordarlo, no es sólo para jefes de grupos armados ilegales, sino para todo aquel que perpetre o aliente crímenes contra la humanidad.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 16oct04]
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