EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


07ago02


Solicitan medidas de protección a defensor relacionado con el caso Alejo del Río y acusan a la Brigada XVII.


Bogotá, agosto 07 del 2002
Señora
HINA HILANI
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de Defensores de Derechos Humanos

Reciba un respetuoso saludo.

El 18 de abril del 2002, remitimos a su oficina un informe sobre la Situación de Riesgo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de Colombia por su trabajo en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, donde desde hace 5 años nuestra organización, organismo de derechos humanos de la iglesia católica con catorce años de existencia, como consecuencia del acompañamiento a las comunidades afrocolombianas del Cacarica (Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA), Jiguamiandó, y a las comunidades campesinas de San José de Apartadó (COMUNIDAD DE PAZ), y Dabeiba (Comunidad de VIDA Y DE TRABAJO), viene siendo objeto de los mismos mecanismos de control, de represión y de violación a los derechos humanos que contra estas experiencias de población civil se vienen ejerciendo.

Nuevamente nuestra Comisión ha recibido una serie de amenazas a través de cartas, dos de las cuáles han sido dirigidas a DANILO RUEDA, en una secuencia de tres misivas durante los últimos seis meses, acompañado además de seguimientos con hostigamientos.

El lunes 22 de julio a eso de las 21:30 hora local, el integrante de nuestra Comisión fue seguido durante cerca de 10 minutos cuando se dirigía al Terminal Puente Aéreo de Bogotá, a la altura de la avenida Boyacá desde la calle 63 aproximadamente, por dos hombres que se movilizaban en un automóvil de color vino tinto, marca Renault 19, en la que se transportaban dos hombres, uno de ellos con un arma, al parecer metralleta, quiénes intentaron cerrar en dos ocasiones el vehículo de servicio público en el que se transportaba el integrante de nuestra Comisión.

Nueve días después, el martes 30 de julio, aproximadamente a las 9:30 hora local llegó a nuestra sede en Bogotá, una carta dirigida al integrante de nuestra Comisión en la que se expresa:

"LE SOLISITAMOS RESPONDER A LA INVITACION DEL DIALOGO NO HUYA CUANDO LO VOLVAMOS AABORDAR MANTENGA LA CALMA QUEREMOS ACLARAR SU SITUACION LE RECORDAMOS QUE USTED ES TODAVIA OBJETIVO MILITAR EL CARGO SER INTEGRANTE DE LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC O AUXILIAR LA PROXIMA VES NOS PODEMOS RESPONDER NO SE ESCONDA ES PEOR O NOS VEREMOS OBLIGADOS A OTROS METODOS ESTE ATENTO RECUERDE A ALMARALES EVITEMOS MAS PROBLEMAS"

Por otro lado, preocupan los informes de inteligencia realizados en torno a nuestra Comisión, durante el período de preparación el allanamiento el 13 de mayo de 1998 por parte de la Brigada XIII, dirigida en ese entonces por el General RITO ALEJO DEL RIO cuya publicación solicitamos recibiendo la respuesta de que ella no era posible por ser dichos informes documentos de Seguridad Nacional.

Dejamos en su conocimiento estos hechos que creemos son una respuesta a la labor que nuestra Comisión ha venido desarrollando en comunidades que afirman sus derechos en medio de la guerra en la región del Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato Chocoano desde hace más de 5 años, propuestas de la población que han sido golpeadas sistemáticamente en desarrollo de una estrategia armada encubierta, clandestina y a veces abierta, en la que se percibe la connivencia, la complicidad, la omisión de la Brigada XVII en desarrollo de una política de facto contrainsurgente contra las FARC EP, que por los crímenes allí cometidos y las violaciones de derechos humanos develan que han sido orientadas contra las comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas.

Reiteramos que la actual situación es consecuencia de un ejercicio legítimo y legal de la defensa de derechos humanos en medio de la confrontación militar, que ha pretendido de acuerdo con la Constitución Nacional, los Pactos y Protocolos Internacionales suscritos por el Estado colombiano, exigir el derecho de los ciudadanos al deber de garantía, de investigación, de sanción y de reparación de los daños causados por las violaciones de derechos humanos.

En tal sentido solicitamos, que la medidas que sean exigidas al Estado colombiano sean adoptadas en el marco de los principios de las comunidades campesinas, basadas en el Derecho Internacional, en la legitimidad de las iniciativas de la población civil que libremente han decidido en medio de la confrontación militar que vive la región, no ser involucradas directamente en el conflicto armado, lo que supone la adopción de medidas diferentes a la presencia militar en los asentamientos donde habitan las comunidades; estas medidas son las que pueden generar garantías en nuestro ejercicio de derechos humanos, al lado de acciones de represión sobre las bases paramilitares que se encuentran en La Balsa -Cacarica, en Tumaradó y La Honda y el casco urbano del municipio de Riosucio; en Tierra Amarilla, barrio Policarpa, La Chinita - Apartadó, El Tres, Santa Catalina, en Turbo; Necoclí, Tomate, Santa Catalina, Valencia en San Pedro de Urabá; en Dabeiba, casco urbano y a las salidas en camino hacia Medellín donde realizan retenes donde cobran impuestos a los transportadores.

Reiteramos las solicitudes elevadas desde marzo de este año, al Presidente PASTRANA, ahora al nuevo gobierno, tales como:

  • Al Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares que sostenga en su despacho y ante personalidades de las más altas calidades morales nacionales e internacionales, y ante nuestro Comité Ejecutivo, las pruebas que demuestren que los integrantes de nuestra Comisión estamos ejerciendo el derecho a la defensa de los derechos humanos articulados a una estrategia insurgente o como parte de la insurgencia o que nuestro ejercicio de defensa de los derechos de los afrocolombianos, mestizos e indígenas son un obstáculo en la confrontación militar con las FARC EP, así como, la adopción de las medidas tendientes a asegurar los medios de prevención diseñados por las comunidades.

  • Intervención administrativa del Presidente de la República frente a la Brigada XVII, sus responsabilidades por OMISIÓN, POR COMISION, PARTICIPACION O COMPLICIDAD en el desarrollo de los bloqueos económicos que desarrollan militarmente dentro de una estrategia encubierta en la que participan unidades de la Fuerza Pública.

  • Pronunciamiento público del poder ejecutivo en respaldo a las iniciativas de ejercicio de derechos de la población civil y de los defensores de derechos humanos y organismos humanitarios internacionales, en estas regiones, a través de una directiva presidencial.

  • Medidas políticas, administrativas y jurídicas para el congelamiento de las tierras de las comunidades campesinas y afrocolombianas, cese a la explotación ilegal por parte de empresas madereras y producción agroindustrial de Palma Africana y de coca, mientras persista el conflicto armado.

  • Respuesta a las medidas cautelares y provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con las comunidades.

Agradeciendo su atención,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ


DDHH en Colombia

small logo
Este documento ha sido publicado el 13ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights