Situación de los Derechos Humanos en Colombia.

Resolución aprobada por la V Asamblea de IU en diciembre de 1997.

Visto:

Que la V Asamblea Federal de Izquierda Unida expresa su apoyo a las negociaciones de paz cuyas bases se están negociando actualmente, en la República de Colombia, y ante la grave situación humanitaria que vive ese país quiere dejar clara la necesidad que prevalezca el respeto a los derechos humanos en este país:

Y CONSIDERANDO:

Que en la actualidad Colombia se haya de hecho en una situación de conflicto civil generalizado a la vez que este país se ha situado a la cabeza de los Estados violadores de los Derecho Humanos. Persiste cada día con mas fuerza un conflicto que se arrastra desde hace ya mas de 40 años alcanzando cada día cotas mas altas de violencia contra la población civil, violencia dirigida desde las estructuras del Estado amparada por la absoluta impunidad con que actúan grupos militares y paramilitares.

Que únicamente en el pasado mes de Noviembre de 1.997 se han producido seis matanzas de población civil, que han arrojado un saldo de mas de 120 muertos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños. Estas matanzas, perpetradas todas ellas por las organizaciones paramilitares que en número de 600 se aglutinan bajo la cobertura legal de las Cooperativas de Seguridad "Convivir", quedan irremediablemente en las mas absoluta impunidad a pesar de cometerse siempre en zonas de presencia del Ejército y la Policía Colombiana, instituciones estas que irremediablemente dejan "escapar" a los perpetradores de estas brutales masacres.

Que con motivo de la presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos que anualmente realiza la Comisión Andina de Juristas, tanto esta organización como las mas reconocidas instituciones de defensa de los Derechos Humanos colombianas han expresado su inmenso desaliento ante el futuro del país, fundamentalmente por la absoluta falta de respeto a los Derechos Humanos. Estos organismos han venido denunciando sistemáticamente el incontenible avance paramilitar sin que el Gobierno haga nada por evitarlo, así como la polarización en que se ha sumido el país, de manera que cualquiera que alze su voz en defensa del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos automáticamente es situado en el bando de las organizaciones guerrilleras y como tal se convierte en objetivo militar a batir por el estado o los paramilitares. Igualmente la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las NN.UU. para los Derechos Humanos, dirigida ejemplarmente por la Diplomática española Doña Almudena Mazarrasa, ha venido alzando su voz contra esta deleznable situación y conminando al Gobierno Colombiano a que obligue a las fuerzas de seguridad a respetar los Derechos Humanos, así como solicitando a este último y a la Comunidad Internacional la ilegalización inmediata de los paramilitares de "Convivir".

Que lejos de ello, las "Convivir", creadas por Decreto Presidencial 356/97, han sido recientemente legalizadas definitivamente por la Corte Constitucional Colombiana durante el pasado mes de Noviembre de 1.997. Esto supone la institucionalización y oficialización del crimen de estado y de la impunidad, algo sin precedentes en ningún país que pretenda considerarse democrático. A la vez, prosigue el Genocidio contra las organizaciones populares, sindicales y de izquierdas.

Que según el Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU.: "El partido de coalición de izquierdas conocido como Unión Patriótica (U.P.) continuó siendo blanco de asesinatos políticos. Ya ha perdido aproximadamente 3.500 miembros dentro de lo que se percibe como una campaña de asesinatos planeada para acabar con toda su dirigencia. Solo en el Departamento del Meta fueron reportados 600 asesinatos de miembros de la U.P. desde que se inició la campaña de exterminio, incluyendo al Director del Comité del Meta para los Derechos Humanos, Josué Giraldo, asesinado en Octubre de 1.996. En Mayo de 1.996, la Presidenta nacional de la U.P. y concejal por Bogotá Aida Abella (quien asiste a esta V Asamblea Federal de I.U. en nombre de la U.P.), escapo ilesa a un atentado perpetrado a la luz del día en el centro de Bogotá."

Que según el mencionado informe, el anterior panorama se completa con Desapariciones de opositores y activistas sociales y de los Derechos Humanos; práctica generalizada de Torturas y malos tratos; detenciones arbitrarias; desplazamiento de población civil refugiada en número de mas de 80.000 personas; negación de garantías judiciales a la población, con una impunidad de causa judiciales que alcanza el 90% anual; interferencia arbitraria en la privacidad y la correspondencia; uso de fuerza excesiva y violaciones sitemáticas de la ley humanitaria aplicable en los conflictos internos por parte del estado; así como violación generalizada de los derechos civiles y políticos de la población.

Que ante esta situación de horror indescriptible los demócratas y las gentes de izquierda no podemos guardar silencio. Izquierda Unida expresa su absoluta solidaridad con el pueblo colombiano y con las organizaciones políticas, sindicales, sociales y de defensa de los Derechos Humanos que trabajan diariamente porque la Democracia y el respeto a la vida no sean meras ilusiones en Colombia. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas para que alcen su voz contribuyendo a la denuncia del genocidio colombiano, exigiendo el fin de las masacres y la impunidad y conminando a las partes en Conflicto a buscar una salida negociada a sus problemas desde el escrupuloso respeto al estado de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos.

POR LO ANTERIOR LA V ASAMBLEA FEDERAL

PONE DE MANIFIESTO:

1) Según documentos de Human Rights Wacht, prestigioso organismos norteamericano de derechos humanos, el paramilitarismo en Colombia esta planificado y organizado por el propio estado a través de sus fuerzas armadas.

2) El grado de impunidad alcanzado en los procesos judiciales por crímenes contra el derecho humanitario o la legislación de derechos humanos supera el 97 por ciento, según estadísticas del gobierno colombiano.

3) Las cooperativas Convivir creadas por Decreto Presidencial 356/97, han sido legalizadas parcialmente durante el mes de noviembre de 1997 por la Corte Constitucional Colombiana. Lo han sido a pesar del dictamen en contra del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la opinión de todos los organismos de derechos humanos internacionales y colombianos. Ante esto cabe declarar que el estado y el gobierno de Colombia están sobrepujando el estado de derecho para mantener la impunidad de los paramilitares.

4) La república de Colombia vive una guerra civil que dura más de 40 años. Existen territorios donde el poder estatal no esta representado desde hace más de 35 años. Según los propios datos del gobierno de Colombia el control efectivo del territorio no supera el 40 por ciento del mismo y esta limitado a las zonas cordilleranas altas. Por lo tanto debe reconocerse esta realidad en cualquier proceso de negociación, de la misma manera que el derecho de los beligerantes en un conflicto de esta naturaleza esta contemplado por el derecho Internacional Humanitario, y obliga tanto al gobierno de Colombia como a los beligerantes no reconocidos por el Estado colombiano.

5) Las negociaciones de paz deben lograr sentar a la mesa de negociación a todas las partes beligerantes, pero en ningún caso se debe permitir la legitimación de grupos paramilitares que están organizados por los terratenientes y los narcotraficantes y que actúan sobre la base del exterminio sistemático de la población civil.

6) La negociación previa debe garantizar A) la no implementación de normas que favorezcan la impunidad de los delitos considerados crímenes graves contra la humanidad que se quieran establecer como continuidad del propio proceso de paz y que intenten legitimar la propia violación de la actual constitución colombiana y de las normas internacionales de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario. B) la no aceptación de la contrarreforma agraria obtenida por los narcotraficantes en base a la expoliación pura y simple de los pequeños campesinos. Debe garantizarse el derecho a la propiedad de la tierra de todos los desplazados y anular todas las compraventas realizadas bajo presión. De la misma forma se debe impugnar preventivamente todas las compras de tierras que han constituido nuevos latifundios e investigar el origen de los fondos utilizados para su compra de acuerdo a las normas de control del crimen organizado, procediendose a la expropiación de acuerdo a dichas normas.

En ningún caso los países garantes deben permitir que la negociación se convierta en una legitimación del narcotráfico, de la expropiación forzosa y de la legitimación de la contrarreforma agraria. Todos estos hechos han sido analizados incluso por los informes del Departamento de Estado norteamericano y reconocidos por todos los organismos internacionales que han estudiado la situación colombiana, sin excepciones de ninguna naturaleza.

6) Hacemos un llamado a los gobiernos europeos y al propia UE para que se comprometa activamente y continúe los esfuerzo que están llevando adelante algunos países nórdicos y Suiza para favorecer las negociaciones.

7) Como fuerza política española comprometeremos nuestros esfuerzos, como hasta la fecha, en la consecución de los objetivos humanitarios y de respeto a los derechos humanos en los que estamos comprometidos actualmente y exigimos que el gobierno español tenga una actitud transparente, efectiva y eficaz tanto en la protección de los refugiados, desplazados y exiliados como en el apoyo a todas las partes en la consecución de la paz.

8) Apoyamos expresamente el procedimiento que por genocidio lleva adelante el Comite de Derechos Humanos de la OEA en nombre de los más de 5000 asesinados de la Unión Patriótica, asimismo apoyamos a todos los defensores de derechos humanos que actualmente son blanco de las fuerzas paramilitares y queremos recordar como ejemplo de todos ellos al compañero Josué Giraldo el cual recibió el reconocimiento expreso del Parlamento Europeo como ejemplo de defensor de los derechos humanos.

En Madrid a siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

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Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights