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Ene03


Testimonio de Jacqueline Campos.


El 24 de septiembre del 2002 a las 4 a.m. fui allanada en mi residencia por las fuerzas combinadas del Ejercito Nacional, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), C.T.I (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación) y los denominados GAULA (Grupo Antisecuestro), la Fiscal 8 delegada y otras personas sin identificar; Hicieron una búsqueda de nada determinado por lo que revolvieron absolutamente todo, indagaron en todos los rincones y finalmente me comunicaron que estaba detenida por el delito de rebelión por lo cual debería acompañarlos, no sin antes empacar un sin número de libros de mi biblioteca, documentos personales, CD de música, cassettes, videos y otros documentos de mi trabajo, que a razón de no poder leer en el momento los llevaría la Fiscalía para investigarlos.

A la misma hora estaban siendo allanada las casas de mis amigos, compañeros de trabajo y la casa de los padres de mi esposo en la ciudad de Tunja (Departamento de Boyacá) Estaban siendo detenidos: Winston Gonzáles Galindo, esposo mío y estudiante de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja-Boyacá; Katy Marina Palacio comunicadora Social, amiga mía y profesional vinculada al programa de vivienda Rural del Banco Agrario; Mauricio Durán, amigo Asesor de Seguros; Marcos Duarte, conductor transportador independiente quién esporádicamente me prestaba el servicio de transporte intermunicipal; Carlos Arenas, comerciante y amigo mío. Tiene un local de venta de celulares.

(Posteriormente, a los 10 días, fue capturada también Tatiana Abdala Camacho, estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander y amiga mía)

A las 7:00 a.m del mismo día, allanaron mi oficina, llevándose consigo muchísima documentación concerniente al Programa de Vivienda Rural.

Hasta el 24 de septiembre del 2002 me desempeñaba como Coordinadora Social Regional del Programa de Vivienda Rural, adscrita al Banco Agrario de Colombia (Banco Estatal)

El programa de vivienda rural, es la entidad encargada de otorgar los subsidios familiares de vivienda rural a los campesinos que viven en precarias condiciones, con el programa el gobierno Nacional pretende mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres del campo colombiano.

Mi trabajo consistía en hacerle seguimiento y control al programa, buscando su eficacia e impacto social positivo, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Mi contrato era de prestación de servicios a través de una empresa que a su vez le contrata al Estado. Pero mi responsabilidad directa con el Banco Agrario y por mis funciones de prestación de Servicios, según la ley soy servidora pública.

A las 11 a.m del 24 de septiembre 2002 fui presentada a los medios de comunicación junto con mis amigos como militante del E.L.N (Ejercito de Liberación Nacional), al lado de otras personas que no conocíamos y que al igual a nosotros fueron detenidos en la madrugada.

En la diligencia de indagatoria me formuló cargos la fiscal, por el delito de rebelión acusando a mis amigos y esposo de ser miembros de mi red de trabajo para el E.L.N.

La carga probatoria que impulsó la investigación es el testimonio de una persona, que amparada en el sistema retributivo con dinero para informantes, aseguró que todos los detenidos eran militantes del Ejercito de Liberación Nacional (E.L.N)

Luego de las respectivas indagaciones procedieron a encarcelarnos, todos fueron conducidos a las cárceles (de mujeres y de hombres) a excepción mía que duré 10 días en el calabozo de la fiscalía ubicado en el sótano del edificio, recluida en este sitio con varias personas en condiciones precarias de salubridad, sin colchón ni frazadas y sin alimentación. Por supuesto incomunicada y sin recibir el sol.

La fiscalía y en concreto la fiscal 8a. Delegada de esta ciudad, Sonia García Rueda, basada en el testimonio de un ciudadano que para librarse de su propio proceso jurídico y a cambio de una suma de dinero elaboró una versión poco consistente, irracional y absurda sobre nuestra vida; versión que la fiscal aprovechó para criminalizar nuestra existencia, pues detener a mi esposo y a mis amigos es generar temeridad y amedrantar a los ciudadanos comunes y corrientes, por el solo hecho de ser conocidos en un circulo social o afectivo.

A cuatro meses (120 días) de la detención se han ido en libertad:

1) Katy Marina Palacios,
2) Carlos Arenas;
3) Tatiana Abdala.

Los abogados contra-interrogaron al testigo develándose que su informe no tenía fundamento y encontrándose que los informes de policía Judicial estaban basados únicamente en la información dada por el testigo (Abel López)

Continuamos en prisión: Winston González Galindo, Mauricio Duran, Marcos Duarte, María Victoria Hernández de Chaparro, María de la Cruz García, y yo. Todos vinculados al mismo proceso radicado N 103.619 bis 1 Fiscalía 8 Seccional Bucaramanga.

A Winston González, lo acusan de ser militante del E.L.N por ser mi esposo, presuntamente él me colaboraba, también lo acusan de ser (como universitario) de la JUCO (juventud Comunista) movimiento político legal y de su casa nos retuvieron también el vehículo, el cual dice la fiscalía, fue comprado con recursos de la insurgencia.

Winston González, estudia economía, es mi esposo y no pertenece a la JUCO, de ser así, tampoco estaría cometiendo un delito, dado que la JUCO agrupa a jóvenes políticamente adscritos al Partido Comunista Colombiano, Partido Político legalmente reconocido en este país.

A Mauricio Duran, lo acusan de ser mi confidente y por lo tanto suponen debe saber mis actividades subversivas; por ser un amigo cercano lo vinculan como colaborador del E.L.N.

A Marcos Duarte, lo acusan de haberme prestado el servicio de transporte a municipios por ser área rural, presumen que fue a áreas donde opera la guerrilla.

A Katy Palacios, a Tatiana Abdala y a Carlos Arenas los acusaron de ser mis cómplices por ser mis amigos cercanos y colaboradores en mi trabajo, dado que comprobaron que el testigo realmente nunca los conoció la fiscalia tuvo que dejarlos en libertad.

A María Victoria Hernández, quién fue detenida un mes antes de mi detención la acusan de ser subversiva por haber pertenecido a la comisión Humanitaria del Gobierno Departamental, de igual forma por ser mi amiga y estar al frente del programa de vivienda del departamento, ubican cierta conexidad entre su trabajo y el mío para calificarlo de "fachada de la subversión". Ambas cumplíamos funciones de servidoras publicas al servicio de programas del estado.

A la Señora María de la Cruz García, madre de dos hijos, la ubican en su casa donde es jefe de hogar, la sindican de subversiva en razón a que el padre de sus dos hijos con quien ella no convive, hace parte del E.L.N.

A mí me sindican de ser coordinadora de un grupo de militantes del E.L.N. y manejar las relaciones de alto nivel de esta organización, en el área del Magdalena Medio, donde operan varios frentes de esta agrupación.

El testigo y única prueba que tiene la fiscalía asesorado por la II Brigada del Ejercito, haciendo ver mis desplazamientos por estos departamentos en cumplimiento de mis funciones laborales, como parte de los contactos con la insurgencia; aduce que mi trabajo social y contacto con las comunidades más desprotegidas corresponden al favorecimiento de comunidades cercanas a la guerrilla, no entendiendo o no queriendo entender que mi trabajo era precisamente una acción social con comunidades beneficiarias del programa de vivienda rural.

La fiscalía interpreta nuestra acción laboral desde una óptica peligrosista, organizando con subjetividad algunos indicios y malversando nuestro trabajo social.

Al otro día de mi captura, recibí mi cancelación del contrato de prestación de servicios a la entidad.

Jacqueline Campos Rincón. Enero 2003.

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Este documento ha sido publicado el 16oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights