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23jul26
Julio de 2001 - Julio de 2026:
Bodas de plata de la impunidad
En veinticinco años la gente nace, crece, se hace profesional, establece relaciones de pareja, a veces se reproduce y, en ocasiones tempranas, muere. Los países sufren transformaciones profundas -o no-, los gobiernos y sus funcionarios cambian, se producen desarrollos tecnológicos y científicos, se ganan y pierden luchas sociales, se desatan unas guerras y acaban otras. Un cuarto de siglo es una medida para definir cambios demográficos, evoluciones culturales, éxitos o fracasos de un modelo económico, y hasta para determinar las consecuencias de un cambio generacional.
En los matrimonios, veinticinco años representan un hito de estabilidad y superación de obstáculos en la convivencia, la consolidación de un proyecto común, la adaptación mutua, y una verdadera prueba de compromiso y resiliencia.
Pero, cuando eres una víctima, y en especial una que lucha por justicia, veinticinco años se dicen fácil pero se viven de forma aún más compleja: son ires y venires entre amenazas directas, hostigamientos, burlas, temores constantes, expedientes judiciales que avanzan o se paralizan según la voluntad de funcionarios y funcionarias que, aunque así lo digan, no están allí para cumplir con su oficio -la definición más simple de justicia es la de dar a cada quien lo que le corresponde- sino para hacerte sentir hormiguita, minúscula, mínima, frente a su todopoderosa potestad y recursos.
A la era digital y sus teléfonos ahora "inteligentes", a la masificación de los sistemas de GPS y su utilización en los temas más simples de la vida cotidiana, a la medición de tus pasos a través de un dispositivo móvil y el seguimiento en tiempo real de tus movimientos, a la llegada de las redes sociales y su capacidad para que c-u-a-l-q-u-i-e-r-a te haga saber de su existencia o se crea capaz de reemplazar tu trabajo periodístico, se suman vigilancias sofisticadas, virus diseñados para acceder a tu trabajo o tu vida sin irrumpir violentamente en ellos, intimidaciones cada vez más refinadas, y la generalización de ataques que antes parecían reservados para quienes tenían los recursos del Estado para hacerte daño y ahora provienen de todo aquel que quiera denigrarte por el solo hecho de ser alguien que no se alienó ni alineó al poderoso de turno -en veinticinco años han sido muchos y variopintos- y que desde su trabajo los ha criticado y denunciado a todos por igual.
A la irrupción del terrorismo internacional y sus -en apariencia- consecuentes respuestas en torno al control sobre la vida cotidiana con la excusa de la seguridad, se te obliga a registrarte para desplazarte fuera del país, se te piden teléfonos y direcciones que saben pueden dejarte vulnerable, se te obliga a dejar tus datos biométricos para hacer de una fila interminable un paso más rápido hacia algún sitio… y sabes que todo aquello, que para una persona cualquiera es un avance, para ti representa un riesgo, un peligro, porque aquellos que te torturaron (y hasta sus familiares) aún trabajan en las instituciones que tendrían que haberte brindado justicia años atrás, o haberte ayudado a "cruzar" zonas y sectores sin el miedo de sentirte en un limbo en el que no tienes posibilidad de obtener ayuda alguna.
La noche del 23 de julio de 2001, mientras en el estadio El Campín de Bogotá la selección Colombia se clasificaba a la semifinal de la Copa América y en un caserío de no más de 500 habitantes se firmaba el temido Pacto de Ralito, cuyo fin era "refundar la Patria" -hoy reciclada en la promesa de una "patria milagro"-, yo fui secuestrada.
Desde entonces, hoy hace veinticinco años, mi vida se fracturó, no solo por el secuestro en sí y la sucesiva escalada de persecuciones, amenazas y torturas que me obligaron varias veces al exilio -la última de ellas en 2022- sino también, y de forma muy particular, por lo que han implicado estas más de dos décadas de batalla permanente por justicia y en contra incluso de la justicia, que no es otra cosa que un sistema diseñado para afianzar la impunidad de los perpetradores, en especial cuando se trata de personas con poder.
Durante este tiempo he aprendido que la impunidad es la estrategia en la que está comprometido el mayor número de servidores públicos, entre civiles (fiscales, jueces, políticos), y miembros de los aparatos de seguridad (militares, policías y funcionarios de los organismos de inteligencia). Ya lo había visto de forma muy directa cuando reporté o investigué sobre los casos de Luis Carlos Galán, Gloria Lara o Jaime Garzón, pero nunca con la magnitud que significa vivirlo en primera persona.
Veinticinco años así, viéndolos pavonearse con sus poderes y capacidades, riéndose de tu nimiedad, haciéndote saber que obtendrás solo lo que ellos y ellas decidan, y algunas veces sorprendiéndote con las contadas pero meritorias excepciones de quienes, pese a todo, han decidido hacer justicia -excepciones que se vuelven grandiosas y te arrancan lágrimas de felicidad y constituyen un incentivo para que no desfallezcas, para que lo sigas intentando, para que persistas incluso cuando las fuerzas te abandonan.
En estos años, logré identificar a uno de mis secuestradores, así como al hombre que me llamó a torturarme la noche del 17 de noviembre de 2004, y a varios de quienes me siguieron de forma incesante durante aquellos tiempos aciagos. La mayoría de ellos ni siquiera fue investigado, como tampoco se ha indagado a los diez exfuncionarios a quienes, desde agosto de 2024, la juez Décima Penal Especializada ordenó investigar. Solo uno de quienes señalé terminó condenado, pero fugitivo, hecho que a la señora justicia -y a la señora impunidad- no parece significarles nada más que una sus tantas de miles de promesas incumplidas.
Esa justicia que reclama para sí el calificativo de "lesa majestad" me ha enseñado que es censora, falsa, burlona, y que su lentitud no se debe a la tan cacareada congestión sino al desdén y la burocracia con la que se arropan y arruman miles de expedientes, miles de vidas y miles de muertes, cientos de miles de pruebas y evidencias, millones de folios y audiencias que, al final, solo conducen a generar falsas esperanzas en quienes le pedimos que actúe conforme su razón de ser.
Con enorme grandilocuencia, un exmagistrado de la Corte Suprema solía decir que la justicia es el servicio público más importante que un Estado puede brindar a sus ciudadanos. Qué bonita manera de definir un sistema inoperante, frío, en el que los carteles de la toga imperan desde las primeras hasta las últimas instancias.
En estos veinticinco años yo podría haber muerto de muerte no natural. Tanto así que de las seis personas mencionadas por la Fiscalía en un informe sobre crímenes de Estado enviado a la JEP en 2019, yo soy la única que sigue con vida. Si no me mataron fue gracias a la solidaridad y el acompañamiento activo de decenas, si no cientos, de personas de todo el mundo que, de una manera u otra, me dieron refugio, trabajo, apoyo, amor, y multiplicaron mi voz y mis denuncias de forma tal que sucedió como en aquel poema de Mario Benedetti: "que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo".
Tristemente, mi caso también sirvió para que otros y otras manipularan mi historia, se burlaran de ella o me reivindicaran en forma de bandera, me convirtieran en objeto o mártir. Pero olvidaron que una bandera no habla, un objeto pertenece a otros y un mártir ya no puede responder, pero una mujer viva sí.
Estoy viva, y seguiré luchando. Felices bodas de plata, señora impunidad.
Por Claudia Julieta Duque
23 julio 2026
Radio Nizkor
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