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22ago17


Ya van casi 100 capturas por casos de corrupción en la justicia


El juez cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, acaba de ser encontrado culpable de fallar tutelas reconociendo a particulares beneficios contrarios a la ley a costa del presupuesto de Ecopetrol.

En su decisión, el Tribunal Superior de Cúcuta ordenó la captura del juez Rodríguez Duarte y anunció que a finales de mes dará a conocer el monto de la sentencia que tendrá que pagar en prisión por el delito de prevaricato.

Ese es el más reciente capítulo de las investigaciones por corrupción en la administración de justicia, una caja de Pandora que ahora sopla también por la Corte Suprema de Justicia y que tiene preso y a punto de extradición al exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno Rivera.

En lo que va del año, 60 funcionarios de la Fiscalía y 34 de la Rama Judicial han sido procesados por cargos de torcer el curso de la justicia. Por primera vez en la historia reciente del país la justicia está tocando a magistrados seccionales, fiscales, jueces y otros operadores del sistema que por años habían estado blindados pese a los cuestionamientos en sus regiones.

La Fiscalía tiene documentados pagos de sobornos por no menos de 10.000 millones de pesos, que son apenas la punta del iceberg porque faltan aún resultados de las investigaciones en no menos de una docena de distritos judiciales diferentes a los ya tocados por los escándalos.

Mientras que la Comisión de Acusación e investigación de la Cámara y la Fiscalía apenas inician las investigaciones por el escándalo en el que aparecen tres expresidentes de la Corte Suprema y al menos tres poderosos políticos, el ente acusador viene trabajando en el último año en un plan para combatir actos de corrupción en la misma justicia.

El balance parcial de esas pesquisas, conocido por EL TIEMPO, está encabezado por el mismo caso del juez de Cúcuta, en el que también están enredados los exmagistrados del Tribunal Superior de esa ciudad Félix María Galvis Ramírez (detenido) y Fernando Castañeda Cantillo, hoy prófugo.

Ellos fallaron en segunda instancia las tutelas y son señalados como cabeza de una red de corrupción que intentó defraudar a Ecopetrol en más de 134.000 millones de pesos. Los escándalos también sacuden al Tribunal Superior de Villavicencio y al Administrativo de Cundinamarca, por supuesta venta de decisiones judiciales.

Pero avanzan también decenas de casos menos visibles. Así, un exsecretario de juzgado de Bogotá está detenido porque movió 500 millones de pesos para dejar en libertad a hombres de 'don Mario'. También, dos funcionarios del CTI que cobraban hasta dos millones de pesos por entregar información sobre procesos judiciales.

En la lista aparece la fiscal Hilda Niño Farfán, señalada de beneficiar a postulados de Justicia y Paz y a quien se le descubrió una casa en Estados Unidos avaluada en casi medio millón de dólares; la funcionaria de la Fiscalía Bibiana del Carmen Coronado, capturada cuando recibía 15 millones de pesos para no vincular a un concejal de Villeta, Cundinamarca, en un caso de 'parapolítica'; y un juez civil de Bogotá que habría expedido un pagaré por 25 millones de pesos de un título judicial a una persona que nada tenía que ver con el cobro.

También aparecen un juez de Montería, Córdoba, señalado de dejar libres a hombres del 'clan Úsuga' y hasta un fiscal de la Unidad de vida de Bogotá que cobró cinco millones de pesos a un particular para cerrarle un proceso por homicidio culposo en un accidente de tránsito.

Esa es solo una parte de la radiografía que viene trabajando la Fiscalía sobre las investigaciones contra funcionarios de la justicia, que, según los mismos investigadores, solo va en una de sus fases preliminares y aún hace falta mucho más pos descubrir.

"Uno de los mayores legados de esta Fiscalía debe ser el de velar por la integridad de la justicia. El país necesita un sistema judicial a toda prueba. Organizamos un grupo que solo investiga a fiscales y funcionarios del CTI, que concluirá su labor únicamente cuando hayamos extirpado la corrupción interna. Y con la ayuda de miles de jueces y magistrados estamos identificando verdaderas organizaciones criminales dedicadas a amañar el reparto judicial y a acomodar tutelas y providencias a lo largo del país, en las que participan abogados y servidores de la justicia. El tratamiento será doloroso, pero inaplazable", señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en entrevista con María Isabel Rueda.

Algunos casos de escándalo en la administración de justicia

Cobros por libertades

La Fiscalía logró la expedición de 24 órdenes de captura contra tres magistrados, seis jueces, un fiscal, guardias del Inpec y abogados que harían parte de una red que operaba en Meta y Cundinamarca y que, al parecer, cobraba por otorgar libertades o beneficios como casa por cárcel.

Cargos por cambiazo de coca

Ante la justicia fueron llevados dos fiscales y cuatro agentes del CTI de Córdoba. Ellos, según la investigación, se habrían quedado con 179 kilos de coca decomisados en julio de 2015 y que tenían que ser destruidos. Al parecer, cambiaron la droga por otra sustancia que fue destruida.

Soborno en el Tribunal

Un juez de Bogotá acaba de enviar a prisión al secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, vinculado a una investigación por el soborno de 200 millones de pesos a cambio de un fallo a favor del exalcalde de Cota Juan David Balcero.

Fiscal enredado por Bula

El fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal aceptó su responsabilidad en tres delitos en una investigación por aceptar bienes del capturado excongresista Otto Nicolás Bula Bula, vinculado al caso Odebrecht, para beneficiarlo en procesos judiciales. Aldana está pendiente de fallo en la Corte Suprema.

Dejó libre a extraditable

La Fiscalía capturó al juez Regino Antonio Mendoza por el delito de prevaricato. El funcionario es señalado de irregularidades en una decisión de septiembre del 2016 con la que dejó en libertad a José Esteyman Poveda Cano, pedido en extradición por el Gobierno de Brasil por cargos de narcotráfico.

Predio devuelto a narco

La Fiscalía capturó al juez de Pivijay, Magdalena, Orlando Antonio Salas, condenado a 56 meses de prisión por prevaricato y falsedad en documento. El juez tiene otro proceso por devolver a un narcotraficante un bien que estaba bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

'Controles deben funcionar a tiempo'

El magistrado Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, afirmó que más que una reforma judicial se requiere un cambio profundo en toda la institucionalidad del país.

- Qué hacer cuando la sal se corrompe, cuando la justicia es cuestionada?

Desde hace años se ha dicho que la Rama está en crisis, y por ello, por lo menos este gobierno alcanzó a sacar dos reformas de la justicia; ambas se cayeron porque en vez de solucionar los problemas dañaban lo bueno de la institución.

No creo que la sal esté más corrupta en la justicia que en los otros poderes. Hay que hacer cambios profundos en las instituciones.

- La justicia está en crisis?

La justicia ya ha estado en situaciones difíciles; lo que debe buscarse es que los mecanismos de control funcionen a tiempo. Siempre habrá quienes llegan, no solo a la Rama sino al Estado en general a impulsar sus propios negocios. Allí debe haber control.

- Cómo devolverle la credibilidad?

La credibilidad de la Rama no está dada en porcentajes de corrupción. Está en las miles de tutelas y acciones que han dado la salud, educación y reconocido los derechos a los colombianos, y que proceden de 4.700 jueces y magistrados del país.

- Es momento de otra reforma de la justicia?

Se deben establecer políticas serias para que ese fenómeno sea mínimo en el Estado, nunca llegaremos a corrupción cero, pero se debe avanzar para ir reduciéndolo.

[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 22ago17]

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