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DERECHOS


21abr01


Por la sepultura digna de nuestras víctimas, la protección de nuestras comunidades del Alto Naya, Buenaventura, El Norte del Cauca y El Sur del Valle del Cauca, y cese de la arremetida paramilitar en la zona.


Las autoridades de los resguardos indígenas, los lideres de las comunidades afrocolombianas y los voceros autorizados de los campesinos colonos de la Región del Bajo, Medio, Alto Naya, Buenaventura, Sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y particularmente ante los organismos humanitarios y ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la pavorosa estrategia de aniquilación de que vienen siendo victimas nuestras comunidades en medio de la mas escandalosa impunidad.

La brutal agresión a tenido como escenario las veredas Patio Bonito, El Ceral, La Esperanza, Carrizales, La Silvia, La Mina, Altoserena, Aguapanela, El Placer, El Playón, Palosolo, El Saltillo, y Río Mina, entre otras, ubicadas sobre el Camino Real que conduce del Resguardo de la Paila al Alto Naya.

En medio de la indignación y la perplejidad, nosotros, hombres y mujeres indígenas, negros y colonos campesinos, procuramos inútilmente indagar, más allá de la desesperanza, por nuestros seres queridos; pero no ha sido fácil ingresar a la zona para dar digna sepultura a nuestros muertos y conocer la suerte de los que no aparecen. Y no ha sido fácil porque hasta la fuerza pública ha impedido el paso de cualquier delegación humanitaria con el dudoso argumento de que existen combates en la zona.

Algunos cuerpos han sido arrojados por los desfiladeros, de otros solo quedan prendas esparcidas a lado y lado de los caminos y un gran número de hermanas y hermanos deambulan a la intemperie en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Por los senderos y caminos por donde alguna vez transitaron la vida y la alegría, hoy solo reina la desolación, la muerte y la desesperanza.

CONSIDERANDO

  • Que luego de 13 meses de angustiosos llamados alertando a las autoridades civiles, militares y de policía del ámbito regional y nacional, sobre la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres indiscriminadas, controles a la libre movilización de las poblaciones, bloqueos alimentarios y todo tipo de atropellos realizados por estos grupos paramilitares que se autodenominan "AUC"; debemos denunciar hoy la continuación de este tipo de acciones infames contra nuestras comunidades que dejan más y más muertos, más y más desaparecidos, más y más desplazados.

  • Que 10 días después de haberse iniciado la incursión de grupos paramilitares desde el Resguardo Indígena de la Paila, por el Camino Real del Alto Naya, aun no conoce ninguna acción eficaz de la fuerza pública, tendiente a reprimir y contener la avanzada de violencia de estos grupos. Al día de hoy todavía no se han adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la protección de nuestras comunidades y a la prevención de nuevos hechos irreparables contra la población civil que se encuentra dispersa en la zona.

  • Que las informaciones tendenciosas y malintencionadas difundidas por algunos medios de información, altos mandos de la fuerza pública y -desafortunadamente- altos prelados de la iglesia, en el sentido de que la masacre obedece a la disputa entre grupos insurgentes y paramilitares por el control de los cultivos de uso ílicito, no solo son una afrenta más contra la dignidad, la honra y la honestidad de estas comunidades, sino que pretende justificar la infamia y la barbarie haciendo de las victimas los victimarios.

EN CONSECUENCIA ACUDIMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS ORGANISMOS HUMANITARIOS, AL CUERPO DIPLOMÁTICO Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA QUE SE UNAN A LA DECISIÓN DE:

  • Exigir de las autoridades civiles y de la fuerza pública regionales y Nacionales, adoptar las medidas tendientes a garantizar la vida, la libertad y la integridad de estas comunidades.

  • Exigir la adopción de medidas eficaces tendientes a contener y reprimir a estos grupos paramilitares, como lo contempla el decreto 324 del 25 de febrero de 2000 por el cual se crea el Centro de coordinación de Lucha contra los Grupos de Autodefensa ilegales y demás Grupos Ilegales.

  • Exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento inmediato de la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que adopte las medidas necesarias a garantizar la vida y la integridad personal como lo contemplan las medidas Cautelares para estas comunidades, y las reiteradas recomendaciones formuladas por los diversos Organismos Internacionales de derechos humanos, en el sentido de proteger y garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos y combatir eficazmente estos grupos paramilitares.

  • Invocamos con carácter de urgencia la conformación de una Comisión Mixta de Verificación que pueda ingresar a la zona y elaborar un informe detallado del número real de víctimas, las personas desplazadas, los bienes afectados y la responsabilidad y actuación de la fuerza pública con jurisdicción en el área. Esta Comisión deberá estar integrada por los delegados de las propias comunidades agredidas y Organizaciones Humanitarias no gubernamentales nacionales e Internacionales.

  • Exigimos de la Red de Solidaridad Social y demás organismos gubernamentales establecidos para la atención de este tipo de calamidades, la adopción inmediata de medidas que garanticen la atención humanitaria de emergencia para las comunidades desplazadas que continúan llegando a Santander de Quilichao, Timba, Jamundí, zona rural de Buenaventura y a las comunidades aisladas que se encuentran en la vereda Playa Valle y el Resguardo de la Paila en condiciones de extrema vulnerabilidad.

  • Adoptar las medidas tendientes a contener y castigar a los autores materiales e intelectuales de esta brutal incursión, así como a determinar las posibles responsabilidades de sectores económicos, políticos y de funcionarios públicos en el auspicio y protección de estos grupos paramilitares que desarrollan esta campaña de extermino contra las comunidades en el Sur del Valle del Cauca y el Norte del Cauca.

  • Convocar los Medios Masivos de Información a realizar un cubrimiento responsable, imparcial y veraz de estos nefastos acontecimientos, siempre en atención a los más caros principios de la ética periodística y al cumplimiento de su función social.

    Organismos firmantes:

    Comunidades del Cabildo Indígena del Alto Naya; Comunidades del Cabildo Indígena del Resguardo de la Paila; Proceso de Comunidades Negras del Norte del Cauca; Proceso de Comunidades Negras del Valle del Cauca; Federación Nacional Sindical Agropecuaria FENSUAGRO; Alianza Social Indígena del Valle del Cauca.

    Organismos que adhieren:

    Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos REINICIAR, Justicia y Paz, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), Corporación Colombia, siguen firmas.

    Direcciones útiles del Gobierno Colombiano
    para Solidaridad Urgente


DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 22abr01 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights