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24sep15


Sentencia contra Bloque Nutibara permite investigar a Uribe Vélez por paramilitarismo


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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
SALA DE CONOCIMIENTO DE JUSTICIA Y PAZ
Medellín, veinticuatro de septiembre de dos mil quince

Radicados: 0016000253-2007-82700,
0016000253-2008-83269, 0016000253-2007-82699,
0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864,
0016000253-2008-83275 y 0016000253-2008-83285
Acusados: Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga,
Néstor Eduardo Cardona Cardona, Juan Fernando Chica Atehortúa,
Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo,
Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres
Delito: Concierto para delinquir y otros
Acta No. 004

Magistrado Ponente
RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO

La Sala de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el caso de los postulados Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias Bertico o Cañitas, Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias el Mono o Alpinito, Juan Fernando Chica Atehortúa, Édgar Alexander Erazo Guzmán, conocido como Alex el Bonito, Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias El Aguacate o Mauro, Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias el Rolo y Wander Ley Viasus Torres, todos ellos desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, una vez celebrada la audiencia de formulación, aceptación y control de legalidad de los cargos que les formuló el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz -hoy de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional-, y el incidente de reparación integral, ha adoptado la siguiente

Sentencia

I
Antecedentes del caso

1. El 15 de julio de 2.003, el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante las Autodefensas o las AUC) suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia, cuyo objetivo era restablecer la paz y la gobernabilidad democrática y restituirle al Estado el monopolio de las armas. Por virtud de dicho acuerdo, las AUC se comprometían a concentrar sus tropas en un lugar previamente acordado, desmovilizar a todos sus miembros en un proceso gradual que comenzaría antes de terminar el año y reincorporarse a la vida civil.

2. En desarrollo de tal acuerdo, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 216 del 24 de noviembre de 2.003, por medio de la cual declaró la iniciación de un proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC. El mismo día expidió las Resoluciones 217 y 218, por medio de las cuales reconoció a Jovany de Jesús (o Giovanni de Jesús o Giovanni Jesús) Marín Zapata y Fabio Orlando Acevedo Monsalve como sus miembros representantes y designó como su zona de ubicación "La Montaña Centro Recreacional (sede Prosocial)", en el municipio de La Ceja del Departamento de Antioquia.

3. Al día siguiente, el 25 de noviembre de 2.003, el Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó en el Centro de Convenciones de Medellín.

4. La lista suscrita por los representantes del bloque, de conformidad con el Decreto 3360 de 2.003, estaba integrada por un total de 867 desmovilizados, entre hombres y mujeres, pues aunque llegaba hasta la casilla 871, se saltó 4 números. La lista fue entregada el 11 de diciembre de 2.003, de acuerdo con la constancia que aparece en la copia enviada por el Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, encargado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo Caro. Ese mismo mes se agregaron 3 nombres a la lista, para un total de 870 desmovilizados.

De conformidad con el oficio OF108-00005211/AUV 12300 y sus anexos, enviados por el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo Ramírez al Fiscal General de la Nación Mario Germán Iguarán Arana el 22 de febrero de 2.008,el listado fue aceptado por el Gobierno Nacional el 9 de diciembre de 2.003 -2 días antes de recibirlo- y fue corregido y suscrito por dicho Alto Comisionado el 14 de mayo de 2.007, quedando integrado finalmente por un total de 868 desmovilizados-aunque al corregirlo se suprimieron 5 casillas que estaban repetidas- |1|.

Esa información disímil y contradictoria revela la manera como se manejó el proceso y fue entregada a la Sala en fotocopia sin autenticar, por lo menos la suministrada por el Fiscal, pero la Sala le otorga fe.

5. En dicho listado fueron incluidos Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona Cardona, Juan Fernando Chica Atehortúa, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres, con los números 179-589, 127-174, 142-694, 222-169, 457-685, 565-604 y 840-805 de la lista inicial y la corregida.

6. Dichos desmovilizados manifestaron su voluntad de ser postulados a los beneficios del proceso de justicia y paz ante el Alto Comisionado para la Paz el 26 de agosto de 2.006, el 28 de febrero de 2.007 y el 26 de agosto de 2.006 los tres primeros, en su orden. Édgar Alexander Erazo manifestó su voluntad el 9 de febrero de 2.006 y Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres lo hicieron en julio de 2.007, sin que se conozca el día exacto. De Mauro Alexander Mejía Ocampo se desconoce la fecha en que manifestó su voluntad de acogerse a los beneficios de la ley.

7. Con base en dicha manifestación, el Ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt de la Vega, por medio de la comunicación del 15 de agosto de 2.006, y con base en la lista enviada por el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo Ramírez, le remitió al Fiscal General de la Nación Mario Iguarán Arana, la lista de postulados del 8 de mayo de 2.006, que incluía a Édgar Alexander Erazo Guzmán y Mauro Alexander Mejía Ocampo |2|.

Posteriormente, el Ministro del Interior y Justicia Carlos Holguín Sardi, por medio del oficio OF107-4821-OAJ-0410 del 27 de febrero de 2.007 dirigido al mismo Fiscal, entregado también en copia sin autenticar, pero a la cual se le otorga fe, postuló a Juan Fernando Chica Atehortúa y Néstor Eduardo Cardona Cardona, como desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara |3|.

Con base en la lista enviada por el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo el 17 de febrero de 2.008, el mismo Ministro, por medio del oficio OF108-6432-GJP-0301 dirigido al Fiscal General Mario Germán Iguarán el 6 de marzo de 2.008, entregado en fotocopia sin autenticar, remitió una lista de 26 postulados, que incluía a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres. La postulación, en el caso de Edilberto Cañas Chavarriaga, se hizo más de 1 año después de haber expresado su voluntad de ser postulado y 2 años, 7 meses después de haber entrado en vigencia la Ley 975 de 2.005, mientras que la de Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres se demoró 7 meses |4|.

8. Los 7 postulados, Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Édgar Alexander Erazo, Mauro Alexander Mejía, Juan Mauricio Ospina y Wander Ley Viasus Torres, ratificaron su voluntad de continuar en el proceso de justicia y paz en sus diligencias de versión libre del 20 de noviembre de 2.007, 16 de julio de 2.008, 4 de diciembre de 2.007, 10 de noviembre de 2.008, 22 de noviembre de 2.007, 2 de julio de 2.008 y 18 de septiembre de 2.008, en su orden |5|.

9. El trámite de los procesos siguió un curso disímil, por lo menos hasta su acumulación. El de los postulados Édgar Alexander Erazo Guzmán y Mauro Alexander Mejía Ocampo fue asignado a la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa el 8 de septiembre de 2.006. 6 meses después, el 12 de marzo de 2.007, dicha Fiscal dispuso iniciar el procedimiento de la ley de justicia y paz y el 24 de julio de 2.007 ordenó comunicarles a las autoridades pertinentes la iniciación del procedimiento |6|.

10. Los procesos de los postulados Juan Fernando Chica Atehortúa y Néstor Eduardo Cardona Cardona fueron asignados a la misma Fiscal el 13 de marzo de 2.007, quien asumió su conocimiento e inició el procedimiento el 28 de marzo siguiente.

El emplazamiento de las víctimas de estos postulados, al igual que las de Mauro Alexander Mejía y Édgar Alexander Erazo se realizó pasados más de 2 meses, el 10 de julio y el 19 de agosto de 2.007 |7|.

11. El 19 de marzo de 2.008 fueron asignados a la misma Fiscal 6 Delegada los procesos de los desmovilizados Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres. Aquélla asumió su conocimiento y dispuso iniciar el procedimiento respectivo 15 días más tarde, el 3 de abril del mismo año. El emplazamiento de las víctimas en estos 3 casos se hizo el 9 de junio siguiente en el periódico El Tiempo, cuando ya estaban a cargo del Fiscal 45 Delegado |8|.

12. El 16 de mayo de 2.008, más de 1 año después de iniciados los primeros y recién abiertos los últimos, los procesos de los postulados Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Mauro Alexander Mejía, Édgar Alexander Erazo, Juan Mauricio Ospina y Wander Ley Viasus Torres fueron asignados al Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Pero, el 22 de agosto de 2.008, los procesos de los postulados Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona, Mauro Alexander Mejía y Juan Mauricio Ospina fueron asignados al Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz y más tarde, el 24 de junio de 2.010, fueron asignados de nuevo al Fiscal 45 Delegado de dicha Unidad, ya para ese entonces el doctor Albeiro Chavarro Ávila.

13. El postulado Juan Fernando Chica Atehortúa rindió versión libre los días 20 de noviembre de 2.007, 9 meses después de su postulación, 5 de febrero, 28 de abril, 12 de agosto, 25 de septiembre y 1 de diciembre de 2.008 y 3 de marzo de 2.009. En esas 7 sesiones, que se prolongaron 1 año y 3 meses y volvían repetidamente sobre los mismos hechos, el postulado sólo confesó la comisión de 4 homicidios, además de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias.

El 5 de marzo de 2.009, el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de este Tribunal realizar la Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento por esos hechos, excepto uno. La audiencia se celebró el 3 abril 2009 y en ella se le impuso al postulado la detención preventiva como medida de aseguramiento. La audiencia de formulación y aceptación de cargos por esos hechos se celebró el 31 de julio de ese mismo año.

Una vez realizada la audiencia, el proceso fue remitido a la Sala de Justicia y Paz de Bogotá y le fue repartido a la Magistrada Uldi Teresa Jiménez López el 11 de agosto de 2.009, quien el 28 de abril de 2.011, una vez creada esta Sala, lo remitió por competencia.

Esta Sala fijó la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos para el 13 de junio de 2.011. La audiencia se realizó los días 13 y 14 de junio, 7 y 8 de julio, 16, 17 y 18 de agosto y 18, 19 y 20 de octubre de 2.011.

El 12 de mayo de 2.011, casi dos años después, el Fiscal 45 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de esta Sala otra Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento por el otro hecho, la cual se realizó el 10 de agosto de 2.011. La Audiencia de Formulación de los Cargos por este hecho se realizó 1 mes después, el 12 de septiembre de 2.011 |9|.

14. El postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga rindió versión libre los días 16 de julio y 2 y 3 de septiembre de 2.008, 24 de febrero y 15 de julio 2.009 y 14 de abril de 2.010. En esa versión, que se prolongó 1 año y 9 meses y también redundaba sobre los mismos hechos, además de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización de uniformes e insignias, el postulado confesó 10 homicidios y 2 tentativas de homicidio, 2 casos de tortura, otros 2 de detención ilegal y privación del debido proceso y 1 hurto calificado, según la calificación dada por el Fiscal Delegado.

El 2 de marzo de 2.009, el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz le solicitó al Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de este Tribunal realizar la Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento, pero sólo por 6 de esos hechos. La audiencia se celebró el 17 de abril de 2009 y en ella se le impuso al postulado como medida de aseguramiento la detención preventiva.

El 23 de junio de 2.009 el mismo Fiscal solicitó realizar la Audiencia de Formulación de Cargos parcial, que se celebró el 28 de agosto. En ésta el Magistrado con Funciones de Control de Garantías declaró improcedente la formulación parcial de cargos. La decisión fue apelada por el Fiscal y un representante de las víctimas y el 14 de diciembre de ese año fue revocada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aunque el Magistrado de Control de Garantías de esta Sala señaló los días 17 de marzo y 3 de agosto de 2.010 para realizar la audiencia, no pudo celebrarse, la primera vez porque el defensor no se presentó y, la segunda, porque el Fiscal se excusó porque tenía fijada una versión libre.

El 10 de abril de 2.010, un año después de la primera audiencia, el Fiscal 49 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de esta Sala señalar otra Audiencia de Formulación de Imputación adicional, la cual se realizó el 27 de mayo siguiente. Unos días más tarde, el 1 de junio de 2.010, el mismo Fiscal le solicitó al mismo Magistrado fijar una audiencia para la imposición de la medida de aseguramiento, la cual se llevó a cabo el 14 de julio y en ella se le impuso al postulado la detención preventiva por esos otros hechos.

El 30 de julio de 2.010, el Fiscal 45 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías realizar una Audiencia de Formulación de Cargos adicional. Finalmente, la Audiencia de Formulación de Cargos por todos los delitos atribuidos al postulado Edilberto de Jesús Cañas se realizó el 24 de agosto de 2.010 y en ella éste aceptó los cargos atribuidos.

El 2 de septiembre de 2.010, el Fiscal 45 Delegado le solicitó a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá realizar la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos. El proceso le fue repartido al Magistrado Eduardo Castellanos Rosso, quien el 29 de abril de 2.011 lo remitió a esta Sala, una vez entró en funcionamiento, donde fue recibido el 17 de mayo de 2.011.

La Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos se desarrolló los días 18 y 19 de julio, 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre de 2.011 y el 7 de diciembre el Magistrado Ponente la remitió para acumular el proceso al de Juan Fernando Chica Atehortúa |10|.

15. El postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona inició su versión libre 9 meses después de su postulación, el 4 de diciembre de 2.007. Ésta continuó los días 7 de febrero, 29 de abril y 24 de septiembre de 2.008, 25 de febrero y 4 de septiembre de 2.009 y 8 de marzo de 2.010. En dicha versión, que se prolongó 2 años y 3 meses y volvía una y otra vez sobre los hechos ya confesados, además de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización de uniformes e insignias, confesó 8 delitos de homicidio, 1 tentativa de homicidio, 1 secuestro, 1 hurto calificado, 1 caso de lesiones, otro de constreñimiento ilegal y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a la calificación dada por el Fiscal Delegado.

A solicitud del Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación -la cual no obra en el expediente-, repartida al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de este Tribunal el 16 de diciembre de 2.008, éste señaló el 4 de febrero de 2.009 para realizar la Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento parciales. Después de varios aplazamientos solicitados por el Fiscal, finalmente la audiencia se realizó el 27 de julio de ese año. En ella, el Magistrado con Funciones de Control de Garantías ordenó la detención del postulado como medida de aseguramiento.

El 18 de marzo de 2.010, 3 años después de iniciado el proceso, el Fiscal le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de esta Sala señalar una Audiencia de Formulación de Imputación adicional e Imposición de Medida de Aseguramiento, la cual se realizó el 19 de mayo siguiente. El Magistrado se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento por falta de sustentación, pero luego de varios incidentes y recursos, la Sala de Casación Penal de la Corte revocó la decisión e impuso la medida.

El 5 de agosto de 2.010, el Fiscal Delegado le solicitó al mismo Magistrado una nueva Audiencia de Formulación de Imputación adicional e Imposición de Medida de Aseguramiento, la cual se realizó el 15 de marzo de 2.011.

El 4 de abril de 2.011, el Fiscal 45 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías celebrar la Audiencia de Formulación de Cargos. La audiencia se celebró el 25 de mayo de ese mismo año y en ella el postulado aceptó los cargos formulados. Luego de que el Fiscal solicitara el aplazamiento de la audiencia inicialmente fijada, la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos se inició el 19 de septiembre de 2.011 y se extendió a los días 20, 21 y 22 de ese mismo mes y el 7 de diciembre el Magistrado Ponente remitió el proceso para ser acumulado al que se le adelantaba a Juan Fernando Chica Atehortúa |11|.

16. El postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán inició su versión libre el 10 y 11 de noviembre de 2.008, 2 años, 5 meses después de su postulación. La versión continuó los días 15 diciembre de 2.008, 16 y 17 de febrero de 2.009, 24 de junio de 2.010, 8 y 9 de febrero y 5 y 6 de marzo de 2.012. En dicha versión, que se prolongó durante 3 años, 4 meses y retomaba hechos ya reconocidos, confesó 37 homicidios, 3 secuestros, 3 desplazamientos forzados y 1 delito de lesiones personales, bien como autor o coautor, o bien como autor mediato.

El 23 de febrero de 2.009, 3 años después de su postulación, la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional solicitó una Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento parcial, la que se realizó el 11 de marzo de 2.009 y en la cual se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y homicidio agravado y se ordenó su detención como medida de aseguramiento.

Por esos hechos, el mismo Fiscal le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías una Audiencia de Formulación de Cargos el 7 de mayo de 2.009, la que se llevó a cabo el 10 de junio del mismo año y continuó el 30 de septiembre y en la cual el postulado aceptó los cargos formulados.

El 15 de junio de 2.010, más de 4 años después de la postulación, el Fiscal solicitó fijar otra Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento adicional, en la cual le imputó al postulado Édgar Alexander Erazo 11 hechos más y se adicionó la medida de aseguramiento por éstos, audiencia que se realizó el 8 de julio de 2.010.

El 8 de septiembre siguiente, el Fiscal aludido le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías otra Audiencia de Formulación de Cargos Parcial, la cual se realizó el 22 de septiembre de 2.010 y en ella el postulado aceptó los cargos formulados.

El proceso fue enviado a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá y le correspondió a la doctora Lester María González Romero, quien el 2 de mayo de 2.011 ordenó remitir el proceso a esta Sala, pues conforme a los Acuerdos 8034 y 8035 del 15 de marzo de 2.011 carecía de competencia. El proceso le correspondió por reparto a la doctora María Consuelo Rincón Jaramillo, quien el 9 de junio de 2.011 ordenó enviarlo a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que definiera la competencia, la cual, mediante auto del 29 de junio de 2.011, asignó el conocimiento a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, el 16 de abril de 2.012, el proceso se acumuló al seguido contra el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa y se le solicitó a la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, de donde se recibió el 29 de mayo de 2.012 |12|.

17. El postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo rindió versión libre el 22 de noviembre de 2.007, 1 año, 6 meses después de su postulación. En ésta únicamente ratificó su voluntad de acogerse a la ley de justicia y paz porque de inmediato se suspendió. La versión continuó los días 5 de febrero, 13 de mayo, 17 de septiembre y 13 de noviembre de 2.008, 26 de febrero de 2.009,

4 de febrero y 25 de junio de 2.010 y 21 de junio de 2.011. En dicha versión, que se extendió durante 3 años y 7 meses, además de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias, el postulado solamente confesó 4 homicidios, 1 tentativa de homicidio, 1 caso de lesiones personales, otro de desplazamiento forzado y otros 2 de exacciones o contribuciones arbitrarias y falsedad material en documento público. Más que en los otros casos, la Sala no entiende como la confesión de esos pocos delitos, requirió 9 sesiones de versión libre y demoró 3 años, 7 meses. Menos lo entiende si por dos de ellos -1 un homicidio y una tentativa de homicidio- ya estaba condenado y otros dos se cometieron en conexidad con éstos.

El 22 de abril de 2.009, el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, doctor Jorge Luis Giraldo Chica, le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de esta Sala realizar la Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento, pero únicamente por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias. La audiencia se celebró el 8 de junio siguiente, pero se suspendió para que el Fiscal, para entonces el doctor Albeiro Chavarro Ávila, aportara copia de la sentencia condenatoria contra el postulado. La audiencia se programó para el 17 de julio siguiente, pero fue aplazada a solicitud del Fiscal para adicionar otros dos hechos.

El 12 de mayo de 2.011, casi 2 años después, el Fiscal 45 Delegado, doctor Albeiro Chavarro Ávila, solicitó la Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento por todos los delitos confesados. La audiencia se realizó el 10 de agosto de 2.011 y se le impuso al postulado como medida de aseguramiento la detención preventiva.

La Audiencia de Formulación y Aceptación de los Cargos por esos hechos se solicitó el 6 de octubre de 2.011 y se celebró el 16 de febrero de 2.012.

Una vez realizada la audiencia, el proceso fue remitido a esta Sala y le fue repartido al suscrito Magistrado ponente el 2 de marzo de 2.012. El 15 de marzo siguiente, el suscrito Magistrado requirió al Fiscal 45 Delegado para que entregara el expediente del proceso completo y allegara las carpetas y la documentación que se echaban de menos. Tres meses después, el 19 de junio de 2.012, el suscrito volvió a requerir al Fiscal para que cumpliera esa orden, pues todavía no había entregado las carpetas y la documentación que hacían falta |13|.

El 3 de julio de 2.012, una vez entregada la documentación y a solicitud del defensor, esta Sala ordenó acumular el proceso al adelantado contra Juan Fernando Chica Atehortúa.

18. El postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias El Rolo, rindió versión libre los días 2 y 9 de julio, 23 de septiembre y 27 de octubre de 2008, 23 de febrero, 16 de julio y 20 de agosto de 2009 y 21 de abril de 2010. En esa versión, además del concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la utilización de uniformes e insignias, confesó 13 homicidios y 2 tentativas de homicidio, varios cometidos cuando era menor de edad, además de un caso de falsedad personal.

El 23 de abril de 2.009, el Fiscal 45 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala una Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento parcial, la cual se fijó para el 3 de junio de 2009. Sin embargo, no se efectúo ese día porque el INPEC no trasladó al interno. Finalmente la audiencia se celebró el 17 de julio siguiente y en ella se ordenó la detención preventiva del postulado por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de defensa personal, utilización ilegal de uniformes y 3 homicidios.

Diez meses después, el 13 de mayo de 2.010, el Fiscal 49 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz solicitó una Audiencia de Formulación de Imputación adicional, la que se celebró el 26 de julio de 2010 y en la cual se le imputaron al postulado Juan Mauricio Ospina 3 homicidios, 1 tentativa de homicidio y la falsedad personal, pero el Magistrado de Control de Garantías no aprobó la imputación por este último delito, ni le impuso medida de aseguramiento por esos hechos.

El 24 de septiembre de 2.010, el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz solicitó realizar la Audiencia de Formulación de Cargos, la cual se celebró el 21 de octubre de 2.010. En ella el postulado aceptó los cargos, pero no se incluyeron los cometidos por él cuando era menor de edad.

El proceso fue repartido al Magistrado Eduardo Castellanos Rosso de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de noviembre de 2.010, quien el 29 de abril de 2.011 lo remitió a esta Sala una vez entró en funcionamiento.

El proceso fue recibido el 25 de mayo de 2011 y, mediante auto del 28 de noviembre de 2011, esta Sala ordenó acumularlo al adelantado en contra de Juan Fernando Chica Atehortúa.

19. El postulado Wander Ley Viasus Torres rindió versión libre los días 18 de septiembre de 2008 y 2 de marzo de 2009. En esa versión, además de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias, el postulado confesó 5 homicidios y 1 secuestro, conforme a la calificación realizada por el Fiscal.

El 3 de marzo de 2009, el Fiscal 45 Delegado le solicitó al Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala una Audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento parcial, la cual se realizó el 25 de marzo siguiente y en ésta el Magistrado le impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva.

El 19 de mayo de 2009, dicho Fiscal solicitó una Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos parcial, la que se realizó el 17 de junio siguiente y en la cual el postulado aceptó los cargos imputados.

El proceso fue repartido el 29 de junio de 2009 a la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá Lester María González Romero, quien el 2 de mayo de 2011, casi 2 años después, remitió el proceso a esta Sala una vez entró en funcionamiento.

El proceso fue recibido en esta Sala el 17 de mayo de 2011 y le correspondió al Magistrado Juan Guillermo Cárdenas. El 10 de junio de 2011, esta Sala consideró que la competencia estaba radicada en la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y se ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para definir la competencia, la cual le asignó el conocimiento a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

20. De lo expuesto hasta aquí, se desprende que el Ministerio del Interior y Justicia y la Fiscalía General de la Nación retardaron los procesos de justicia y paz más allá de lo razonable, pero que la conducta de la Fiscal 6 Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa, fue francamente omisiva y dilatoria, sin que la Sala observe explicación o justificación alguna. De allí que deban expedirse copias para investigar esa conducta.

21. El 28 de noviembre de 2.011, la Sala decidió acumular al proceso adelantado contra el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa los seguidos contra los postulados Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona Cardona y Juan Mauricio Ospina Bolívar. Aunque la acumulación fue discutida y aprobada por la Sala, el auto que la ordenó fue suscrito sólo por el Magistrado sustanciador, por lo que la Sala de Conocimiento corrigió esa irregularidad expresamente por auto del 27 de enero de 2.012.

22. La Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos -hoy Audiencia de Formulación, Aceptación y Control de Legalidad de los Cargos-, ya de los procesos acumulados, se realizó los días 30 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero, 20, 21, 22 y 23 de marzo, 3, 4, 5, 23, 24, 25 y 26 de julio, 13 de agosto, 25, 26 y 27 de septiembre, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2.012 y terminó el 4 de marzo del año 2.013 |14|.

23. En la audiencia se presentaron varias incidencias, que conviene resaltar:

a. El 9 de marzo de 2.012, el Fiscal 45 Delegado solicitó acumular también los procesos adelantados contra Édgar Alexander Erazo Guzmán y Wander Ley Viasus Torres. El 16 de abril siguiente, una vez recibida la información de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde estaban los procesos, esta Sala ordenó acumularlos al de Juan Fernando Chica y los solicitó al Tribunal de Bogotá.

En la audiencia celebrada el 3 de julio de 2.012, esta Sala, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, anuló la acumulación de dichos procesos porque se ordenó por escrito y por fuera de audiencia y ordenó escuchar a las partes antes de decidir sobre la acumulación.

Ese mismo día, a solicitud de la Fiscalía y una vez oídas las partes, esta Sala ordenó acumular al proceso seguido contra Juan Fernando Chica Atehortúa los adelantados contra Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo y Wander Ley Viasus Torres |15|.

b. El 12 de diciembre de 2.011, unos 15 días después de acumulados los primeros procesos y ante la notoria insuficiencia de la información entregada por la Fiscalía para develar la verdad de los hechos y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los postulados, el Magistrado ordenó una serie de pruebas y requirió diversos informes con ese objetivo.

c. El 6 de marzo de 2.012, el Magistrado ponente requirió a los Fiscales 20 y 71 Delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz y a sus investigadores, quienes pasados 4 meses se resistían -y aún se rehusaban- a rendir los informes ordenados y solicitados por el Magistrado sustanciador, con el fin de que cumplieran dicha orden.

El 16 del mismo mes y año, el Magistrado ponente también debió requerir al Fiscal 45 Delegado Albeiro Chavarro Ávila, al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Bruce Mac Master, a la Directora del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, a la Procuradora Regional y a los Personeros Municipales de Bello, Itagüí y Sabaneta para que rindieran los informes solicitados.

El 21 de junio de 2.012, el suscrito Magistrado debió requerir de nuevo al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Procurador Regional e, igualmente, al Defensor del Pueblo, al Secretario de Gobierno de Medellín, al Director de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura y a algunos fiscales para que enviarán las pruebas e informes solicitados. El 31 de julio de 2.012, reiteró dicho requerimiento a tales autoridades para que remitieran los informes y pruebas solicitadas, esta vez bajo el apremio de una medida correccional.

d. El 21 de enero de 2.013, el suscrito Magistrado requirió al Fiscal 45 Delegado para que allegara las copias de las sentencias dictadas contra los postulados en la jurisdicción ordinaria por los hechos confesados por ellos para decidir sobre la acumulación de dichos procesos y/o penas y entregara los informes y dictámenes del proceso seguido a Jacinto Alberto Soto Toro, más conocido como el caso del Parqueadero Padilla, que se le solicitó en la audiencia del 29 de noviembre de 2.012, pues habían pasado casi 2 meses |16|.

Eso revela las dificultades para acceder a la información necesaria, incluso provenientes de la propia Fiscalía y algunos Fiscales Delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz -hoy Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional- y la falta de colaboración de no pocas autoridades públicas con un Tribunal encargado de juzgar las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional humanitario. Si la Sala ha tenido que enfrentar y vencer esas dificultades, es de imaginarse la que han debido enfrentar y soportar las víctimas, quienes padecieron los hechos que se investigan en una casi absoluta orfandad.

24. El 4 de septiembre de 2.013, una vez terminada la audiencia, esta Sala profirió el auto de control de legalidad de los cargos por medio del cual, por mayoría, excluyó a los postulados del proceso de justicia y paz y tomó otras determinaciones. Sin embargo, al decidir el recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, anuló dicha decisión por medio de auto del 23 de julio de 2.014.

25. Una vez regresó el proceso a la Sala, el 23 de octubre siguiente, los dos Magistrados que habíamos adoptado por mayoría la anterior decisión nos declaramos impedidos para seguir conociendo del proceso. Ese impedimento fue declarado infundado por el tercer integrante de la Sala y dos conjueces y finalmente la Corte lo declaró infundado mediante auto del 3 de diciembre de 2.014.

26. En esas condiciones, la Sala dispuso continuar el trámite del proceso y realizó el incidente de reparación integral del 9 al 13 de marzo de 2.015.

II
La intervención de las partes

27. Los representes de las víctimas María Clara Valderrama Carvajal, Alma Patricia Rincón Ramírez, Álvaro Londoño Gutiérrez, José Simón Soriano Hernández, Gilberto Antonio Díaz Serna, Ramiro Alberto Toro Jaramillo y Luis Fernando Barrera, se mostraron conformes con los cargos formulados y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la Ley 975 de 2.005.

La doctora María Clara Valderrama, sin embargo, manifestó su desacuerdo con el cargo imputado al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, por los homicidios de Everardo de Jesús, José de Jesús y Herman Augusto Espinosa, cuando el objetivo era Nicolás de Jesús Espinosa y sólo por haber sido testigos de ese hecho.

Por su parte, la doctora Alma Patricia Rincón señaló que de los hechos y sus circunstancias es posible inferir la ausencia total del Estado y manifestó su desacuerdo con la condena por el delito de secuestro simple en el caso de Yoana Janeth Mosquera Guerrero, pues el hecho se adecúa a una tentativa de homicidio.

El doctor Gilberto Antonio Díaz Serna expresó su inquietud por los efectos que pueda tener la reforma de la Ley 975 de 2005 con respecto al postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar, mientras que el doctor Ramiro Alberto Toro hizo hincapié en la desaparición forzada del menor Jorge Mario Monsalve Guarín y la obligación de ubicar su cuerpo.

28. El Procurador Judicial manifestó que todos los postulados cometieron crímenes de lesa humanidad en desarrollo del conflicto armado, incluido el delito de concierto para delinquir. En muchos casos se disponía de la vida a discreción de los jefes y las justificaciones de los postulados son más una revictimización, pues no fueron probadas o no son ciertas y fueron meros instrumentos de un aparato organizado de poder.

Igualmente, se mostró conforme con los cargos formulados a los postulados, salvo el hurto atribuido a Edilberto Cañas Chavarriaga, pues debe analizarse su prescripción y las exacciones o contribuciones arbitrarias atribuidas a los postulados Néstor Eduardo Cardona y Mauro Alexander Mejía, pues no sólo muchos ciudadanos les colaboraron a estos grupos, sino que el último no aceptó el cargo y consideró que las contribuciones no tenían ese carácter.

Asimismo, solicitó no legalizar el delito de falsedad personal atribuido a los postulados Mauro Alexander Mejía y Juan Mauricio Ospina, pues prescribió, así como el homicidio confesado por el último y que fue cometido contra una persona que no ha sido identificada, pues hay incertidumbre sobre la materialidad del hecho.

29. Por su parte, el doctor Manuel Yépes Uribe, actuando como defensor de los postulados, manifestó que en el proceso se cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005, pues la versión de los postulados se aproxima a la verdad y en ellas han revelado entre 650 y 700 hechos que estaban en el ostracismo y cuyas investigaciones estaban paralizadas y sólo en el caso de Néstor Eduardo Cardona existía una sentencia condenatoria ejecutoriada y posterior a la desmovilización.

A pesar de su carácter urbano, es claro que había un conflicto armado y que los hechos ocurrieron durante y con ocasión de éste y reconoció que los grupos paramilitares no sólo se infiltraron en las 3 ramas del poder público, sino que las autoridades apoyaron, auspiciaron y facilitaron estos grupos y hubo una ausencia u omisión del Estado. Más aún, los postulados Juan Mauricio Ospina Bolívar y Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga fueron reclutados siendo menores de edad y son otras víctimas del grupo armado ilegal.

Los hechos que se les atribuyen a los postulados, agregó, fueron ejecutados en cumplimiento de las órdenes impartidas por sus comandantes y aunque no pretende justificarlos homicidios, en muchos casos fue la propia comunidad la que señaló a las víctimas como milicianos y de allí que fueran declarados objetivos militares.

De otro lado, consideró que debía decretarse la prescripción de los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias, así como del delito de falsedad que se le imputa a los postulados Juan Mauricio Ospina y Mauro Alexander Mejía, pues en este caso la pena es de multa y estuvo de acuerdo con la Procuradora Judicial respecto del delito de exacción o contribuciones arbitrarias, pues los aportes eran voluntarios, tal y como lo demuestran las evidencias aportadas por la Fiscalía, de donde la conducta es atípica.

Finalmente, solicitó la acumulación de las sentencias por las cuales ya fueron condenados los postulados.

III
La legalidad del proceso

30. El proceso se adelantó legalmente. La Sala, de conformidad con los fines de la Ley 975 de 2.005, los decretos reglamentarios y las normas legales aplicables al caso y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ordenó pruebas no solo para establecer el contexto de los crímenes, sino también para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, según consta en el auto del 12 de diciembre de 2.011. Como dijo la Corte Constitucional,

    "De la anterior interpretación emerge que es una obligación estatal, que compromete a todos los órganos del poder público, establecer los mecanismos que permitan prevenir, investigar, juzgar y sancionar la vulneración de los derechos humanos amparados por la Convención Americana. Además, en lo que concierne al proceso judicial de investigación, juzgamiento y sanción de dichos atropellos, la Comisión Interamericana entiende que el Estado está obligado a impulsar de oficio las etapas procesales correspondientes, de manera que el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares no resulte ser solamente formal, sino que alcance una realización efectiva. . .

    . . .la Corte [IDH] considera que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad" |17|.

La Corte, sin embargo, en la decisión del 23 de julio de 2.014, por medio de la cual desató el recurso de apelación contra el auto de esta Sala a través del cual realizó el control de legalidad de los cargos y excluyó a los postulados, estableció que esta Corporación había sustituido a la Fiscalía en su función y sólo podía decretar pruebas de manera complementaria.

31. La Sala también decidió acumular los procesos contra los postulados y ante las irregularidades en que se incurrió al ordenar la acumulación y la Jurisprudencia de la Corte sobre el tema, corrigió dichos errores por medio del auto del 27 de enero de 2.012 y los autos del 3 de julio del mismo año.

En efecto, aunque la acumulación fue discutida y aprobada por la Sala, el auto que la ordenó fue suscrito únicamente por el Magistrado sustanciador. Por ello, la Sala de Conocimiento corrigió esa irregularidad por auto del 27 de enero de 2.012, en el cual se dejó expresa constancia y se dio fe de que la acumulación había sido discutida y aprobada por todos los miembros de la Sala.

En los autos del 3 de julio no solo corrigió las demás irregularidades en que pudo haber incurrido con arreglo a la jurisprudencia de la Corte, sino que entendió que algunas se habían convalidado, incluida cualquier anomalía que se hubiera cometido al decretar y practicar las pruebas ordenadas por la Sala, con arreglo a los principios que orientan las nulidades, como consta en los autos respectivos.

La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, en la decisión del 23 de julio de 2.014, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación contra el auto de esta Sala a través del cual realizó el control de legalidad de los cargos antes citada, reiteró que en la acumulación de los procesos se había incurrido en irregularidades sustanciales.

32. Ahora bien, aunque la Corte anuló la decisión de esta Sala del 4 de septiembre de 2.013 porque no podía excluir de oficio a los postulados, de acuerdo con la Ley 1592 de 2.012, no anuló las pruebas decretadas y practicadas por la Sala, ni ordenó rehacer o separar la actuación para corregir la irregularidad en que se incurrió o pudo incurrir al acumular los procesos.

La Corte podía y pudo hacerlo porque se ocupó de esos temas y porque tales actuaciones -las pruebas decretadas y practicadas y la acumulación de los procesos de los distintos postulados- constituían un presupuesto de la decisión que tomó la Sala sobre la legalidad de los cargos y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. En efecto, la decisión no sólo se basaba en esas pruebas, sino que se pronunciaba sobre la situación de todos los postulados con fundamento en la acumulación de los procesos. Pero ninguna decisión tomó la Corte en ese sentido.

La Sala entiende entonces que, al no haberse anulado, esa prueba conserva su validez y del mismo modo, al no ordenarse rehacer la actuación o separar los procesos acumulados, la acumulación se saneó o debe tenerse por válida.

IV
El contexto de los crímenes

1. Un preámbulo necesario

33. Como ya lo advirtió la Sala, la Corte Suprema de Justicia anuló el auto del 4 de septiembre de 2.013 porque esta Corporación carecía de competencia para excluir de oficio a los postulados. Sin embargo, las pruebas recaudadas durante las audiencias y que sirvieron de fundamento a esa decisión conservan validez, fueron practicadas ante la Sala, hacen parte de lo que ha llegado a conocer y deben servir para el descubrimiento y revelación de la verdad.

Eso significa que los análisis y consideraciones de fondo que hizo la Sala en dicha decisión conservan su vigencia porque se edificó sobre esa prueba y ésta se vio afectada y se anuló por un vicio que tenía que ver con su competencia para excluir de oficio a los postulados, no por cuestiones materiales o de fondo.

Por lo tanto, la Sala cree pertinente reproducir in extenso esas consideraciones y así va a hacerlo, con algunas complementaciones y ampliaciones. Claro, no faltara quien diga que la Sala está reviviendo un acto declarado nulo, pero, se insiste, la nulidad se decretó por la incompetencia de la Sala para excluir de oficio a los postulados y no cobijó la prueba que le sirvió de base a la decisión, ni los análisis y conclusiones de esta Sala sobre dicha prueba, que conservan su vigencia y validez. De allí que nada se opone a reproducirlos porque no han cambiado los fundamentos de esas afirmaciones.

34. El contexto que se aborda en esta decisión es un esfuerzo de la Sala para dar cuenta qué pasó en el país en los últimos 20 años del siglo pasado y por qué surgieron los grupos paramilitares. Pero, aunque está lejos de ser un contexto completo y acabado, y la Sala subraya ese carácter, es necesario para dar cuenta de los avances y hallazgos de los procesos de justicia y paz que adelanta la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín y contribuir a entender y divulgar la verdad de lo sucedido.

Como se dijo en la decisión del 4 de septiembre de 2.014, la Sala cree que ese contexto "debe resolver una pregunta fundamental: cómo el régimen político colombiano ha podido conservar una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del mundo en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período, superior a las vividas en Argentina y Chile en los años 70? Cómo el gobierno ha podido seguir funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos, con promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático y vivir con las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional? Cómo y qué lo hizo posible y qué es necesario reformar para que no vuelva a suceder?"

35. La información consignada, cuando no obedece a la evidencia ordenada y/o recogida por la Sala en audiencia, o presentada en ésta, proviene de la Fiscalía, de fuentes públicas o constituyen hechos notorios y la Sala les da fe. Alguna parte de la información fue entregada en las audiencias de otros Bloques, pero independientemente del proceso en el cual fue incorporada, fue presentada ante la Sala y conocida por ésta en un proceso judicial y es relevante para develar la verdad de lo sucedido y reconstruir el contexto de los crímenes. Las verdades que éste revela y es posible conocer de él, no sólo sirven para contextualizar y entender las responsabilidades y acciones del grupo armado ilegal, sino también para cumplir el derecho de la sociedad y las víctimas a conocer las condiciones y circunstancias en que tales violaciones se cometieron y cómo sucedieron, como un principio insustituible de la Ley de Justicia y Paz y los procesos de justicia transicional. En tal sentido, la construcción del contexto no depende de la prueba aportada en un proceso insular, sino del encadenamiento de hechos y evidencias y los sucesos que es posible tejer a partir del conocimiento adquirido por la Sala en los distintos casos sometidos a su juzgamiento.

De lo contrario, los procesos de justicia transicional que pretenden superar un conflicto armado serían como meros procesos ordinarios, aislados y sin conexión entre sí, destinados a juzgar delitos individuales. De eso no trata la justicia transicional.

2. Los orígenes del grupo armado ilegal

2.1 El origen del mal: la Doctrina de la Seguridad Nacional

36. El Bloque Cacique Nutibara nace como una de las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyos orígenes a su vez están relacionados con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. De allí que sea necesario rastrear esa historia para comprender los antecedentes que hay detrás de su creación y las circunstancias de su nacimiento y expansión.

37. El surgimiento de los grupos armados ilegales en Colombia, por lo menos en la historia reciente, se remonta a la mitad del siglo XX con la violencia entre liberales y conservadores. Pero, una vez desmovilizados los grupos que obedecían a una u otra ideología, quedan algunas organizaciones y focos disidentes. Como una consecuencia de ello surgieron las FARC como una especie de autodefensa campesina de carácter liberal, pero el curso de la guerra la llevó a evolucionar hacia una ideología muy diferente. Por la misma época surgió también el Ejército de Liberación Nacional, un 4 de julio de 1.964 |18|. Contra la primera el Estado lanzó una ofensiva militar que las desalojó de la región de Marquetalia, pero que no las aniquiló, ni las derrotó militarmente. El nacimiento de esas organizaciones, que el Estado calificó de comunistas, le sirvieron de fundamento al Presidente Guillermo León Valencia para expedir el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1.965, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1.968.

El decreto se inspiraba en la doctrina de la seguridad nacional y permitía -más aún, promovía- la participación de los ciudadanos en la defensa nacional. Esta autorizó al Ejecutivo a crear patrullas civiles por decreto y al Ministerio de Defensa a suministrarles armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En efecto, el artículo 25 dispuso que "Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad", y el artículo 33, parágrafo 3 de dicho decreto previo que "el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas...". La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, declaró inconstitucional el parágrafo por violar el monopolio de las armas.

38. Años más tarde, en 1.978, el Ministro de Defensa, General Luis Carlos Camacho Leyva, invitó a la población a asumir y a organizar su propia defensa y a armarse para ello.

39. El 12 de noviembre de 1.987, el Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, General Oscar Botero Restrepo, aprobó el reglamento de combate de contraguerrillas mediante la resolución 036 de 1.987, por medio de la cual se definió la guerra de contrainsurgencia, la cual debía llevarse a cabo con el apoyo de la población civil y utilizando acciones paramilitares contra la guerrilla.

40. Posteriormente el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 815 de 1.989, mediante el cual suspendió la vigencia de los artículos 25 y 33, parágrafo tercero, del Decreto 3398 de 1.965, "a fin de evitar que fueran interpretados como una autorización legal para organizar grupos civiles armados al margen de la Constitución y las leyes".

Ese mismo año se expidió el Decreto 1194 de 1.989, que complementó el Decreto 180 de 1.988, para sancionar a "quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener la formación o ingresos de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares" (artículo 1), o "instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares" para el desarrollo de actividades delictivas (artículo 3).

41. Pero, ese "impulso", que obedecía a la guerra contra el cartel de Medellín y a su vinculación con los grupos paramilitares, pero sobre todo a la creación de ejércitos de sicarios y justicia privada a su servicio, duró muy poco. A comienzos de la década de los noventa, se generó un nuevo marco legal para la vinculación de los civiles a la defensa y seguridad nacional y, por esa vía, al conflicto armado, con la expedición del Decreto-Ley 356 de 1.994, "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada". Éste creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada. Dicho decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-572 de 1.997, con la salvedad del parágrafo del artículo 39, el cual fue declarado inexequible, y obligó a devolver las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

42. Los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa salvaron el voto por no compartir la decisión de la Sala Plena del 7 de noviembre de 1.997, que declaró exequible el artículo 4, numeral 4 y los artículos 23 a 46 de dicho decreto.

Las razones que los llevaron a apartarse de la decisión mayoritaria se fundaron en el hecho de que las normas que regulaban los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada -"Convivir"-, eran contrarias a los artículos 2, 93, 214, 216, 217, 218 y 223 de la Constitución Política, al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1.949 y al artículo 13-3 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, por cuanto permitían la formación de grupos armados de carácter privado y, de contera, involucraban a la población civil en el conflicto que padecía el país e iba en contravía de la jurisprudencia de dicha Corporación sobre la tenencia y porte de armas por la población civil y la conformación de grupos armados de carácter privado.

43. La creación de las cooperativas de seguridad marcó un momento decisivo no sólo en términos de vigilancia y control social, sino de militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente con fines de seguridad y dominación, pues lo que normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural, con acciones tipo comando o sicariales contra los blancos de sus ataques: dirigentes políticos de izquierda, sindicales, estudiantiles y demás sectores de la población civil.

44. Posteriormente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les otorgó nuevos servicios y les dio el nombre de "Convivir", por medio de la resolución 368 del 27 de Abril de 1.995. Luego el Decreto 2974 de 1.997, que elevó a rango de decisión ejecutiva la resolución 7164 de 1.997, estableció que no se utilizarían servicios especiales de vigilancia en las zonas en conflicto |19|. El artículo 7 de este decreto previó también la creación de un comité de seguimiento a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, que debía presidir el Gobernador del departamento.

No obstante muchas ya operaban en zonas de conflicto, confundidas con los paramilitares, como veremos a lo largo de esta decisión.

Luego del fallo de la Corte, mediante mandato presidencial, el gobierno obligó a las Convivir a divulgar públicamente los nombres de sus integrantes y definir las fronteras de operación. Estas decisiones llevaron a la desaparición de algunas de ellas y, finalmente, el Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Convivir, Carlos Alberto Díaz, a mediados de 1998, anunció el desmonte de las asociaciones como grupos de seguridad privada y su intención de convertirse en un movimiento social y político y continuar apoyando a la Fuerza Pública |20|. A partir de entonces muchos de sus miembros aparecerían vinculados a los grupos paramilitares.

2.2 El sembrador salió a sembrar

2.2.1 Los Escopeteros

45. En 1.977 nació en el Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, lo que puede considerarse como el primer grupo armado conformado por la población civil y de carácter contrainsurgente de la historia reciente, que tenía auténticamente las características de un grupo de autodefensa y va a ser uno de los gérmenes del paramilitarismo. El grupo, que tenía como fin hacerle frente y defenderse de la guerrilla, se creó bajo el mando de Ramón María Isaza Arango y contó con el auspicio de los ganaderos, comerciantes y madereros de la región, como Evelio Monsalve, Ignacio Ríos, Alberto Villegas, Jhon Yépez y Carlos Salazar, entre otros, quienes contribuyeron con avituallamiento y un millón de pesos ($ 1.000.000) cada uno con los que compraron las primeras 8 escopetas. Además de Ramón María, Orlando y Emeterio Isaza Arango, el grupo estaba conformado por Luis Flórez, Genaro Valencia, Alirio Morales, José Domingo Manrique y Celin Londoño y se conoció como los Escopeteros.

El primer enfrentamiento del grupo tuvo lugar el 22 de febrero de 1978 con el 9º Frente de las FARC, cuando éste pretendía tomarse el corregimiento de Las Mercedes del municipio de San Luis -actualmente jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo- y secuestrar a Evelio Monsalve, uno de los promotores de la agrupación.

Pero, una vez consolidado, también convirtieron en su objetivo a las personas con antecedentes o investigaciones penales o señaladas por alguien como ladrón, expendedor de droga, drogadicto, extorsionista, etc.

2.2.2 "Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia": El laboratorio del paramilitarismo.

46. Un par de años después de la creación de los Escopeteros, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, por medio de la Disposición 00048 del 28 de marzo de 1.979, se ordenó reactivar el Batallón Bárbula como una unidad operacional de la 1ª Brigada, el cual fue trasladado a la vereda Puerto Calderón del municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, "en donde empezó a adelantar operaciones para restablecer el orden público en la región del Magdalena Medio" |21|.

47. Al poco tiempo de creado, e impulsado por el Batallón Bárbula del Ejército Nacional y las autoridades "civiles" de Puerto Boyacá -y se dice así porque el municipio tenía un alcalde militar-, se inició un proceso de organización de los ganaderos, agricultores y comerciantes de la región. En efecto, desde 1.979, o a principios de 1.982, no está claro aún, el alcalde militar del municipio, Mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el Comandante del Batallón, Teniente Coronel Jaime Sánchez Arteaga, promovieron el acercamiento entre el Ejército y dichos sectores con el fin de crear un grupo de autodefensa. A las reuniones que surgieron de esa iniciativa asistieron Gonzalo de Jesús Pérez Durán, Henry de Jesús Pérez Morales, Pablo Emilio Guarín, Nelson Lesmes Leguizamón, Pedro y Jaime Parra, Luis Suárez, Rubén Estrada y Carlos Loaiza y sus hijos y, como consecuencia de ellas, fundaron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, dirigidas por Gonzalo de Jesús y Henry de Jesús Pérez y financiadas y apoyadas por los ganaderos, agricultores y comerciantes que asistieron a esas reuniones. Poco después, éstos crearían la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio -ACDEGAM-, a la cual la Gobernación de Boyacá le otorgó personería jurídica mediante la resolución 065 del 22 de junio de 1.984 y que va a constituir la asociación civil que le servirá de amparo, financiación y apoyo a las autodefensas de Puerto Boyacá.

48. Por esa misma época, en 1.983, la guerrilla secuestró a Gonzalo de Jesús Pérez. A raíz del secuestro, su hijo Henry de Jesús Pérez acudió a los Escopeteros de Ramón Isaza Arango para adelantar un operativo militar con el fin de liberar a su padre, quien finalmente fue rescatado en el corregimiento de Puerto Rojo del municipio de Puerto Boyacá.

Luego de esa acción -y a causa de la dificultad para obtener financiación- los Escopeteros de Ramón Isaza Arango se unirían a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. La alianza de ambos grupos dominaría el Magdalena Medio. Convertidos ya en las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio actuaron al amparo de ACDEGAM y el Movimiento de Renovación Nacional -Morena- y extendieron sus operaciones a Antioquia, Boyacá, Caldas, Santander, Cundinamarca y el sur de Bolívar e incluso a los territorios nacionales de Caquetá y Putumayo -como se les llamaba entonces-.

2.2.3 El narcotráfico entra en escena. Surge el MAS.

49. Por la época en que surgieron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el 12 noviembre de 1.981, el Movimiento 19 de Abril secuestró a Marta Nieves Ochoa, cuyos hermanos estaban vinculados al tráfico de drogas y eran unos de los principales miembros del Cartel de Medellín |22|. A raíz del secuestro, un conclave de los mayores narcotraficantes del país creó el MAS (Muerte a Secuestradores) |23|. Su creación fue divulgada por medio de volantes arrojados sobre el Estadio Pascual Guerrero el 21 de diciembre de 1.981, en los cuales anunciaban sus objetivos. Sus ejecutorias fueron conocidas y divulgadas ampliamente por la prensa nacional, pues los militantes del M-19 acusados del plagio y sus familiares fueron secuestrados por el MAS y encontrados o entregados luego en diferentes circunstancias. Dos de ellos aparecieron esposados en el periódico El Colombiano, en el centro de Medellín, con un cartel que los señalaba como secuestradores. A raíz de esa persecución, el 16 de febrero de 1.982 fue liberada Marta Nieves Ochoa.

50. De ese modo, el narcotráfico mostró otra vía para combatir a la insurgencia, la cual ofrecía resultados efectivos, pero usando métodos ilegales. A diferencia de los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que eran fenómenos locales, el MAS constituyó un modelo a nivel nacional, que hizo visible y popularizó ese método. La efectividad de éste sedujo a muchos. Era la época de la tolerancia con el fenómeno del narcotráfico y eran muchos los vinculados y/o relacionados con él.

Antes no habían sido necesarios porque a raíz del hurto de armas del Cantón Norte en 1.979 funcionaron los instrumentos de la justicia penal militar y muchos dirigentes del M-19 fueron capturados y luego condenados. Sólo fue necesaria la tortura como se denunció en esa época, que llevó a la condena del Estado por la muerte de uno de sus miembros. Pero, la amnistía del Presidente Belisario Betancur Cuartas permitió que la mayoría recobraran su libertad y muchos sectores no estuvieron de acuerdo con esa decisión, ni con el proceso de paz adelantado por el Presidente, como lo demostraron múltiples hechos antes y después de su rompimiento y el posterior genocidio de la Unión Patriótica.

2.2.4 "Dios los crea y . . ." o la suma de fuerzas e intereses.

51. Sólo faltaba unir los modelos y la experiencia del MAS, los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y esa unión se gestó en el Magdalena Medio, en torno a Puerto Boyacá. Allí confluían los sectores más conservadores de la clase dirigente, ligados a la tenencia de la tierra, algunos de los más importantes exponentes del narcotráfico, las primeras expresiones de las autodefensas y las Fuerzas Militares, todos los cuales tenían y compartían intereses similares.

52. Y así fue. En el Magdalena Medio, allí donde surgieron los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de la mano del Ejército Nacional y los ganaderos, madereros y comerciantes de la zona, tenían también asentados sus reales Pablo Emilio Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, dos de los más grandes narcotraficantes del país en la década de los 80 y dos de los más importantes promotores del MAS. Pero, igualmente, personajes como Ramiro Vanoy Murillo, menos visible, pero ligado al narcotráfico, quien apoyó y financió las autodefensas de Puerto Boyacá.

El primero había adquirido grandes extensiones de tierra en el Magdalena Medio antioqueño, algunas de las cuales formarían más tarde la hacienda Nápoles, que se hizo famosa, más que por su extensión, por la extravagancia de sus recursos, su zoológico y las facilidades y atenciones a sus visitantes y porque por allí desfiló buena parte de la élite política y empresarial del país.

El segundo tenía propiedades e intereses en la misma área geográfica, el Magdalena Medio, pero del otro lado del río Magdalena, particularmente en la zona de Muzo (Boyacá) y Pacho (Cundinamarca), había sido víctima del hurto de cocaína, armas y una gran suma de dinero a finales de 1983, el cual le atribuyó a las FARC y también tuvo diferencias con éstas en torno a la operación e incautación del laboratorio de Tranquilandia en la zona del Yarí en el departamento de Caquetá. Eso lo llevaría a combatir a la Unión Patriótica, movimiento que fue lanzado y constituido por las FARC en La Uribe, Meta, en mayo de 1.985 y que logró una alta votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño. El movimiento fue borrado de la escena política y sus miembros fueron sistemáticamente exterminados.

53. Todos, los "señores del narcotráfico", los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y sus redes de financiación y apoyo no sólo tenían intereses comunes -la defensa de sus propiedades, de sus tierras y sus intereses económicos y la lucha contra la insurgencia- y convivían en la misma región. Tenían también intereses complementarios: los primeros estaban interesados en la protección de sus zonas de operación y de sus cultivos y a las segundas les venían bien recursos para financiar la guerra y ampliar sus operaciones. Y con Gonzalo Rodríguez Gacha enfrentaban un enemigo común: Las FARC. Era cuestión de sentarse en una misma mesa. Y así fue.

De allí surgió la íntima vinculación entre los Escopeteros, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las redes que promovían, organizaban y financiaban su operación -ganaderos, madereros, comerciantes y Fuerzas Militares- y los agentes del narcotráfico, en particular con Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, cabezas visibles del cartel de Medellín.

2.2.5 La otra conexión. La conexión política

54. Por la misma época, un 14 de junio de 1983, el 5º Frente de las FARC asesinó al señor Alberto Uribe Sierra, padre de quien años después va a ser elegido Gobernador de Antioquia y Presidente de Colombia y negociará con los grupos paramilitares.

El hecho, sucedido cuando intentaban secuestrarlo, ocurrió en su Hacienda Guacharacas ubicada en el municipio de San Roque (Antioquia), que después va a constituir el lugar de asentamiento de la convivir El Cóndor y los grupos paramilitares que operaron en dicho municipio, en Maceo y en el corregimiento San José del Nus y eran una misma cosa, como declaró John Fredy González Isaza, conocido como el Rosco, desmovilizado de las AUC |24|.

El administrador de la hacienda va a ser un importante colaborador de éstos, como declaró dicho postulado, quien tenía por qué saberlo.

55. Pero, esos vínculos van a extenderse a otros actores en los orígenes del paramilitarismo. El congresista César Pérez García, uno de los miembros del partido liberal con más influencia en Antioquia durante muchos años, va a aparecer como uno de los artífices de la masacre de Segovia en 1.988, cometida por el movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste y en la cual participaron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Fidel Castaño Gil -quien más tarde va a destacarse como uno de los principales promotores del paramilitarismo-, con el apoyo del Ejército y la Policía |25|.

56. Por las tierras de la hacienda Napóles en Puerto Triunfo, de propiedad de Pablo Escobar Gaviria, era común ver a Alberto Santofimio Botero, uno de los más caracterizados líderes del liberalismo y quien alcanzó a ser precandidato presidencial por dicho partido y Jairo Ortega Ramírez, un dirigente político de Antioquia, de cuyo Movimiento de Renovación Liberal hizo parte Escobar Gaviria. El ex-senador Alberto Santofimio Botero recién fue condenado por su participación en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, planeado y ejecutado por los agentes del narcotráfico que se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en una suma de fuerzas e intereses. Pero, por supuesto, no fueron los únicos casos.

57. Pablo Emilio Guarín Vera, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, creó también a Morena, un movimiento político que extendió sus dominios por la región del Magdalena Medio y en nombre del cual llegó al Congreso de la República en épocas muy tempranas del fenómeno paramilitar.

58. Todos esos casos tienen un factor común. El interés, desde sus inicios, por mantener la hegemonía política amenazada por el auge de la Unión Patriótica y/o consolidar y extender la presencia militar al terreno político.

2.2.6 La conexión americana

59. Aunque se conoce que existió, uno de los fenómenos menos explorados es la intervención de otros países en el proyecto paramilitar y las relaciones que sus miembros tuvieron con agentes y agencias extranjeras, en especial de Estados Unidos.

De acuerdo a las versiones de los postulados del Bloque Héroes de Granada, Carlos Mauricio García Fernández, conocido como Comandante Rodrigo ó 00, mantenía relaciones, se reunía y recibía dólares para su operación de algunos extranjeros con acento americano. Fueron éstos los que lo recogieron en un helicóptero el día que perdió la guerra con el Bloque Cacique Nutibara |26|.

60. A Humberto Agredo, un traficante que les ayudó a ingresar armas a las autodefensas, Fredy Rendón Herrera lo conoció en el campamento donde Carlos Castaño tenía su centro de operaciones. Éste se lo presentó como un agente de la CIA que negociaba armas. No es extraño que fuera así, pues uno de los mayores cargamentos con destino a los grupos paramilitares ingresó por el puerto utilizado por las bananeras de Urabá, con fuerte presencia de las multinacionales americanas y se descargó en las Bodegas de Chiquita Brands, una de ellas. Algún tiempo después, Raúl Emilio Hasbún se enteró por boca de Carlos Castaño que Humberto Agredo estaba trabajando con la DEA, la agencia americana contra la droga |27|.

Aunque esos datos no son concluyentes, si ameritan profundizar e investigar esos hechos y las relaciones con autoridades extranjeras.

2.2.7 De la defensiva a la ofensiva

61. Fueron el General Farouk Yanine Díaz y el Coronel Luis Arcesio Vásquez quienes le insistieron a Gonzalo de Jesús y Henry de Jesús Pérez y Ramón Isaza Arango que tenían que pasar de la táctica defensiva a la ofensiva y para ese efecto debían recibir entrenamiento militar |28|.

62. De esa forma, con múltiples apoyos, incluido el del narcotráfico, nacieron las primeras escuelas de formación y entrenamiento de las autodefensas para la lucha armada y para el sicariato. El Teniente Luis Meneses Báez, adscrito al Batallón Bárbula y quien más tarde se vincularía a las autodefensas de Puerto Boyacá y sería conocido como Ariel Otero, fue uno de los encargados de realizar los contactos con Yair Klein y organizar el entrenamiento.

Las primeras escuelas, como Cero-Uno, El Cincuenta y El Tecal, funcionaron en Puerto Boyacá, en la región del Magdalena Medio. Luego surgirían La 81 y las Galaxias, entre otras. El primer curso se realizó con 50 hombres, 20 de las autodefensas de Puerto Boyacá, 20 de Gonzalo Rodríguez Gacha, 5 de Pablo Escobar Gaviria y 5 de Víctor Carranza y constituyó una escuela de formación de los paramilitares y los ejércitos del narcotráfico, que tenían intereses comunes. El segundo fue un curso de explosivos, que tendría efectos en los atentados de la época, como el efectuado contra el vuelo 203 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali el 27 de noviembre de 1.989 y por el cual fue condenado en Estados Unidos Dandenys Muñoz Mosquera, alias "La Quica", un secuaz del Cartel de Medellín y los que sacudieron a Medellín y Bogotá durante la guerra del narcotráfico contra la extradición. Por allí también pasó Rueda Rocha, uno de los asesinos de Luis Carlos Galán, cuyo proceso revela las relaciones y articulaciones entre los grupos paramilitares, el narcotráfico, sectores de los partidos políticos y los organismos de seguridad del Estado |29|.

Para impartir la instrucción, José Gonzalo Rodríguez Gacha y sus aliados trajeron al país al Coronel Yair Klein, a Melkin Ferry y a Tzedata Abraham, miembros del ejército Israelí y a los mercenarios británicos Mc Aleese y Tomkins.

63. Yair Klein reconoció que en Puerto Boyacá se reunió con un representante del Banco Ganadero, los miembros de ACDEGAM y la Alcaldía. Su presencia en la zona era entonces conocida, tanto que a la graduación del curso asistieron reconocidas autoridades y personajes de la sociedad civil y militares adscritos del Batallón Bárbula, según declaró Alfonso Baquero. Pero, no era el único, pues para la época -1.988-1.989- había por lo menos 3 batallones en esa región, con los cuales jugaban y practicaban deportes, según reconoció el militar israelí.

Su presencia no sólo era conocida en la región, pues, a su arribo al país, se reunió en Bogotá con altos mandos militares y de los servicios de seguridad del Estado e incluso con el Comandante del Ejército en el Club Militar. El Comandante del Ejército en esa época era el General Oscar Botero Restrepo, quien luego llegó a ser el Comandante de las FF. MM y Ministro de Defensa.

Todos ellos -y toda la cúpula de Colombia, según dedujo Yair Klein- sabían el propósito de su visita y a quienes iba a entrenar. Y es lógico que así fuera, pues si el viaje y la presencia en el país de un militar extranjero que venía a entrenar a las autodefensas no fue secreto o subrepticio y se reunió con autoridades, mandos militares y representantes privados, sus propósitos y actividades no eran desconocidos, ni podían pasar desapercibidos. En las circunstancias reseñadas, los altos mandos militares no podían ignorar los motivos de su presencia, sus vínculos y las actividades que desarrollaba, ni podían ser indiferentes ante esos hechos.

64. Yair Klein también entrenó a los hombres de Fidel Castaño en su finca Las Tangas, en Valencia, Córdoba y ese es otro elemento que revela los estrechos vínculos entre los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los creados por Fidel Castaño Gil en la región de Valencia, Córdoba, que después darían lugar al nacimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

65. De dichas escuelas surgieron grupos especializados en seguridad, choque y atentados contra personas y grupos como "Los Masetos", "Los Tiznados", "Los Grillos" y otros.

Corría el año de 1.983.

2.2.8 De qué sirve la simiente si no da frutos. El surgimiento de los escuadrones de la muerte

66. El MAS, los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio -su constitución y organización, sus objetivos, sus redes de apoyo y finanzas, sus métodos y forma de actuar- fueron sólo el modelo, pues habían mostrado su eficacia en la lucha contrainsurgente. A su imagen y semejanza, por todo el país se propagaron los escuadrones de la muerte y los grupos de justicia privada en los años 80. La semilla ya estaba sembrada y madura y había que recoger los frutos.

Así lo reconoció el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez en el informe que le presentó al Presidente Belisario Betancur Cuartas sobre los grupos de justicia privada o escuadrones de la muerte y los 59 militares que aparecían vinculados a ellos, muchos de ellos oficiales de alto rango, que hizo público el 5 de febrero de 1.983, en el cual señaló que el MAS era, más que una organización, un modelo.

Sin embargo, a raíz de la publicación de ese informe, el Ministro de Defensa, General Fernando Landazábal Reyes, declaró que los altos mandos militares habían acordado que todos los miembros de las Fuerzas Armadas donaran 1 día de salario para atender a la defensa de los militares involucrados y los generales actuarían como sus defensores en los consejos de guerra. No sólo era un respaldo abierto a la conducta de los militares implicados, sino una forma de garantizar su impunidad, pues el Presidente de los consejos verbales de guerra y los vocales llamados a resolver la responsabilidad de los acusados serían los subalternos o subordinados de sus defensores |30|.

67. Unos años más tarde, en 1.987, el entonces Ministro de Gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, quien 3 años después sería elegido Presidente de Colombia, denunció en el periódico El Tiempo la existencia de 140 grupos paramilitares o de justicia privada |31|.

68. El informe del DAS de 1.989 sobre los grupos paramilitares que operaban en Colombia con fundamento en el testimonio de Alonso de Jesús Vaquero Agudelo, conocido como el Negro Vladimir, también puso en conocimiento del Gobierno nacional esa situación detalladamente.

69. Unos pocos años después, en su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia del 14 de octubre de 1.993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó una lista similar a la del Procurador General de la Nación. El informe registraba la existencia de 159 grupos de justicia privada durante los 10 años anteriores |32|. Entre éstos, grupos como "Los Tiznados", "Los Magníficos", "Los Masetos", "Los Grillos", "Los Mochacabezas", "Muerte a Jaladores de Carros", "Muerte a Revolucionarios del Nordeste", "El Orcón-Organización Contrarrevolucionaria", "Amor por Medellín", entre muchos otros.

70. Apenas 3 años después, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación -CTI- identificó a los principales miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus lugares de asentamiento y operación en su informe número 200 de diciembre de 1.996 |33|. Pero, pasarían muchos años antes de que fueran perseguidos, investigados, juzgados y sancionados.

71. Uno de dichos grupos, el "Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste", operó en los municipios de Segovia, Remedios, Vegachí, Zaragoza, El Bagre, Yalí y Yondó del nordeste de Antioquia y llevó a cabo la masacre de Segovia, una de las mayores masacres del país, el 11 de noviembre de 1.988 |34|. En ésta, según se deduce de la declaración de la Alcaldesa Rita Ivonne Tobón a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, participaron por acción u omisión la Policía y el Ejército Nacional, que se refugiaron en sus cuarteles y dejaron desprotegida a la población y a la propia Alcaldesa |35|. De hecho, según se estableció tiempo después, el Batallón Bomboná colaboró en los preparativos de la masacre y en la ejecución de una serie de asesinatos selectivos en la Ciénaga de Barbacoas de Yondó, en la misma región. En esos hechos, se estableció la participación de los Coroneles Alejandro Londoño Tamayo y Hernando Navas Rubio, el Mayor Blandón, el capitán Castiblanco, el teniente Édgardo Hernández Navarro y por dicha masacre se condenó recién al congresista César Pérez García |36|.

En la creación de dicho grupo y en la masacre de Segovia, participó Fidel Castaño Gil, quien años más tarde organizaría en su hacienda Las Tangas del municipio de Valencia, departamento de Córdoba, el grupo conocido como Los Tangueros -o Mochacabezas, como también se les conocería-, el cual sería el origen de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-.

72. Pero, antes de que en Córdoba se hablara de Los Tangueros, en Montería, su capital, apareció el Orcón -Organización Contrarrevolucionaria-, uno de los grupos paramilitares registrados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No es mera coincidencia que por la época, en una reunión realizada en febrero de 1.983 en el Club Montería, cuando todavía estaba vigente el Decreto 3398 de 1.965, el Ministro de Defensa de ese entonces, General Fernando Landazábal Reyes, le sugirió a un grupo de ganaderos y empresarios la creación de grupos de autodefensa. Quienes asistieron a la reunión se comprometieron a aportar un millón de pesos ($1.000.000) con el fin de iniciar la creación del primer grupo de autodefensas en la región |37|. Quien propició esa iniciativa fue el mismo General que propuso aportar 1 día de salario para defender a los militares vinculados con los grupos paramilitares o de justicia privada según el informe rendido por el Procurador General en 1.983.

73. Si bien el modelo del MAS tuvo como origen el secuestro de algunas personas con fines económicos y otros actos similares, la respuesta a esa acción fue tan ilegal como los secuestros y más inhumana y dio lugar a uno de los baños de sangre más grandes que conozca la historia del país, al cual sólo podría comparársele la violencia de mitad del siglo XX, aunque ésta fue menos prolongada, menos extensa y menos profunda.

74. Cómo fue posible que por todos los rincones del país proliferaran a un mismo tiempo grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y organizaciones de justicia privada? Quienes estaban detrás? En todo el proceso de surgimiento y expansión de los paramilitares vamos a encontrarnos los mismos actores que es posible encontrar en su origen: empresarios, ganaderos, comerciantes y otros sectores privados, el narcotráfico, las Fuerzas Militares y sectores políticos.

En particular, como lo registraron los informes de la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tales grupos contaron con el apoyo generalizado del Ejército. Así se desprende también de las masacres de Segovia, Mapiripán, El Aro, La Horqueta, San José de Apartadó, las otras masacres por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el Estado colombiano y muchas otras a lo largo de la geografía nacional y de los hechos relatados por la Sala.

Sólo que no fue la conducta de algunos sectores o miembros aislados de la Institución, como quizá pudo ser en sus comienzos y lo sostuvo el Procurador en 1.983. Con el tiempo la promoción, organización y apoyo de los grupos paramilitares se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares, como lo demostraría la historia posterior y lo vamos a ver en los múltiples hechos documentados en esta decisión y constatados en los procesos de justicia y paz.

75. Pero no sólo el Ejército Nacional estuvo vinculado a la promoción, organización, funcionamiento y apoyo de los paramilitares, cuya operación patrocinó y favoreció de distintas formas, sino que el Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a éstos desde 1.983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento, pues así lo están revelando los informes del DAS de 1.989, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 1.993 y el CTI de 1.996, antes de que se iniciará su proceso de expansión por todo el país.

3. El Leviathan. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

3.1 El origen

76. Por la misma época, a mediados de 1.979, en su finca El Hundidor del municipio de Segovia, departamento de Antioquia, fue secuestrado por el 4º Frente de las FARC el señor Jesús Antonio Castaño González, el padre de Fidel Antonio, José Vicente y Carlos Castaño Gil, quienes más tarde se convertirían en unos de los principales artífices del paramilitarismo. Pero, a pesar de pagar el dinero exigido por su liberación, el señor Castaño González fue asesinado el 19 de septiembre de ese mismo año.

En represalia, los hermanos Castaño Gil asesinaron a Gilberto Gallego, Conrado Ramírez y a otros más acusándolos de haber participado en el secuestro y muerte de su padre.

A raíz del secuestro y asesinato de éste, los hermanos Castaño Gil y John Henao Gil entraron en contacto con el Mayor del Ejército Alejandro Álvarez Henao y se ofrecieron como guías del Batallón Bárbula, que había sido reactivado recién y estaba acantonado en la vereda Puerto Calderón de Puerto Boyacá, como se recordará. A través de éste, adquirieron formación militar y conocieron a ganaderos y otros empresarios de la región.

3.2 Los Tangueros

77. A principios de 1.983, luego de su paso por el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, Fidel Antonio Castaño Gil se asentó en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba, donde adquirió la finca Las Tangas. Su adquisición fue una forma de despojo y de ese modo se asentó en una zona conocida por tener las tierras más ricas y fértiles de Córdoba. Allí aplicó la experiencia adquirida en el Magdalena Medio, adoptó el modelo de las Autodefensas de esa región y conformó un grupo armado de carácter civil para defender la propiedad adquirida ilegítimamente, afirmar su poder en la zona y enfrentar a los Frentes del EPL y las FARC que operaban en esa región, que se conoció como los Tangueros.

3.3 "Todos a una, como en Fuenteovejuna": Los Pepes o la alianza del Estado, los paramilitares y los narcotraficantes contra Pablo Emilio Escobar Gaviria, con el apoyo de la DEA.

"Los Pepes son, probablemente, la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. . . hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, y le pareció legítimo que cualquier persona colaborara" General Oscar Naranjo |38|

"cuando escuchamos hablar de los Pepes pensamos que eran un grupo de vigilantes (!) y realmente estábamos muy complacidos de ver una reacción de los colombianos . . . incluso lo aplaudimos"

"Los Pepes desempeñaron un papel importante en la reducción de Pablo Escobar . . . así que obviamente hay que darles un crédito por la muerte de Escobar. . . a pesar de los esfuerzos de la policía, la DEA y todos los demás [lo que] hicieron fue llevar a cabo una guerra sucia contra Pablo Escobar, una guerra más allá de la ley y aquello fue muy efectivo".
Joseph Toft, Ex-Director de la DEA en Colombia |39|

78. Uno de los narcotraficantes más importante -y más sanguinario- de la década de los 80 fue Pablo Escobar Gaviria, quien, tras las negociaciones con el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo, se "sometió" a la justicia y fue recluido en la cárcel "La Catedral". Estando en el lugar de reclusión, citó y dio muerte a sus socios Gerardo Moncada, más conocido como Kico Moncada y Fernando Galeano Berrío, conocido como el Negro Galeano.

El guardaespaldas y hombre de seguridad de Fernando Galeano era Diego Fernando Murillo Bejarano, quien sobrevivió a la cacería y sometimiento de la estructura criminal y al apoderamiento de los bienes y el negocio de tráfico de drogas de Gerardo Moncada y Fernando Galeano que desató Pablo Escobar después de asesinarlos y asesinar también a sus hermanos. Tiempo después surgiría como el Comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia y sería conocido como Adolfo Paz, don Berna o Berna. Que hizo posible ese salto de guardaespaldas u hombre de seguridad de alguien ligado al narcotráfico a Comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia? La respuesta a ese interrogante está en la historia de "Los Pepes", los "Perseguidos por Pablo Escobar", de los cuales Murillo Bejarano fue uno de sus artífices y es también parte de la historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Fernando Galeano, el jefe de Diego Fernando Murillo Bejarano, era amigo de Fidel Castaño Gil, un reconocido narcotraficante oriundo de Amalfi y de quien se conocen sus lazos con el Ejército, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y la masacre de Segovia, a los que se ha hecho alusión atrás. No es difícil comprender que la muerte de aquél a manos de Pablo Escobar Gaviria, de cuyo círculo hacía parte, debió resentirlo.

79. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que le habían facilitado hombres a Fidel Castaño para la masacre de Segovia y estaban bajo el mando de Gonzalo de Jesús y Henry de Jesús Pérez, ya eran también adversarios de Pablo Escobar Gaviria, y más que eso enemigos declarados, desde que en una reunión en la Hacienda Nápoles Henry de Jesús Pérez se negó a apoyarlo en la guerra que libraba contra el Estado y la Policía a finales de la década de los 80's y en la cual estuvo presente Ramón Isaza Arango, quien narró esa historia. Pero sea ese el motivo de la enemistad con los máximos jefes de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, o la delación de los lugares donde se ocultaba Pablo Escobar Gaviria, que casi conduce a su captura por parte del Bloque de Búsqueda y que se les atribuyó a ellos |40|, lo cierto es que poco después, el 9 de julio de 1.991, fue asesinado en Puerto Boyacá Gonzalo de Jesús Pérez Durán, el padre de Henry de Jesús Pérez Morales y 11 días más tarde, el 20 de julio, fue asesinado éste.

Ese fue el inicio de la guerra entre Pablo Escobar Gaviria y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.

80. El 14 de septiembre de 1.992 se creó también el Bloque de Búsqueda, como un cuerpo de operaciones especiales de la policía para perseguir a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Éste había operado con los mismos fines en 1.989, pero se había desarticulado a raíz de su "sometimiento a la justicia".

81. Como ya había sucedido antes con el surgimiento de los escuadrones de la muerte, sólo faltaba unir y sumar relaciones, experiencias e intereses. Y así fue. A finales de 1.992, los enemigos de Pablo Escobar Gaviria formaron el grupo los Pepes, apócope de "Perseguidos por Pablo Escobar". En éste coincidieron Fidel y Carlos Castaño Gil, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el Cartel de Cali, en cuyo territorio se habían refugiado algunos narcotraficantes perseguidos por Pablo Escobar y amigos de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, como Ramiro Vanoy Murillo y Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, pero que también tenían su propia guerra con él, los sobrevivientes de la cacería que desató Escobar Gaviria contra la estructura y el negocio de tráfico de drogas de Gerardo Moncada y Fernando Galeano, entre los que estaba Diego Fernando Murillo, altos oficiales de la Policía Nacional, el Bloque de Búsqueda y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, entre ellos el Mayor Hugo Aguilar Naranjo del Bloque de Búsqueda, condenado recién por sus vínculos con los paramilitares, que recibieron el apoyo y ayuda de la DEA. El objetivo era combatir el negocio de tráfico de drogas y la estructura criminal de Pablo Emilio Escobar Gaviria y eliminar a éste, lo que finalmente ocurrió el 2 de diciembre de 2.003 |41|.

A dicho grupo se le imputan múltiples hechos |42|.

82. Según la versión de Diego Fernando Murillo Bejarano, los Pepes surgieron de las autodefensas, pero, adoptaron ese nombre por decisión de Fidel Castaño Gil, pues el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación -EPL- en 1.991 estaba condicionado a la desmovilización de las autodefensas y aquél se comprometió a desmontar las estructuras bajo su mando y entregar las armas. Pero, sólo desintegró unos grupos y entregó parte de su arsenal |43|. La desmovilización de los Tangueros de Fidel Castaño Gil ya en esa época confirma que el Gobierno Nacional tenía conocimiento de su existencia y actividades y accedió a su desmovilización sin aplicar la justicia y el orden jurídico, sin fundamento legal.

83. En la investigación por los hechos cometidos por dicho grupo, Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla manifestó que los Pepes fueron financiados con recursos del Estado y de él hicieron parte el General Octavio Vargas Silva, Director General de la Policía Nacional y Fernando Brito, Director del DAS, como miembros de los grupos de seguridad |44|.A la Sala también se le presentó evidencia de dos reuniones realizadas una en Sopetrán y otra en Copacabana, a las cuales habrían asistido los Generales Rosso José Serrano y Miguel Maza Márquez, el Mayor Hugo Aguilar del Bloque de Búsqueda, los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, Miguel Rodríguez Orejuela, Diego Fernando Murillo Bejarano, Jesús Ignacio Roldán Pérez y funcionarios de la CIA y de la DEA, con el objeto de planear la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria |45|. Aunque la Sala registra ese hecho, no puede dar fe de la asistencia de todos ellos.

Pero el compromiso y participación del Estado en la creación y funcionamiento de los Pepes fue implícitamente reconocida por el General Oscar Naranjo en la cita que encabeza este acápite. Ello constituye lo que en la teoría del derecho probatorio se conoce como una confesión tácita y significa una admisión tácita de responsabilidad.

Todo ocurrió con el aporte y bajo la mirada complaciente de la DEA, como se infiere de las palabras de Joseph Toft, su director en Colombia, citadas arriba.

84. La alianza, que ya venía de tiempo atrás, quedó sellada con la creación y funcionamiento de los Pepes. De éstos, y de esa y las otras alianzas que le antecedieron, surgirían la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y se extenderían por todo el país.

3.4 El nacimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

85. Sin embargo, la tranquilidad no podía ser completa y no duraría mucho. Un mes después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, fallecía Fidel Castaño Gil en medio de la guerra que él contribuyó a exacerbar. Cualquiera sean las causas y circunstancias en las cuales cayó y las dudas e indecisiones de sus hermanos, lo cierto es que Vicente y Carlos Castaño Gil continuaron y profundizaron el proyecto que aquél y sus aliados se habían trazado. De la mano de todos ellos y de Mauricio García Fernández, un Capitán retirado del ejército que sería más conocido como el Comandante Rodrigo ó 00 surgirían las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- en 1.994. Su expansión bañó de lágrimas y sangre la geografía nacional.

4. Y Quién está detrás? Las políticas, fuerzas y sectores detrás del proceso de creación y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

4.1 Las Convivir o el paramilitarismo en acción

4.1.1 El papel de las Convivir

86. Como se dijo anteriormente, mediante el Decreto 356 de 1.994, se autorizó la creación de las Cooperativas de Servicios Comunitarios de Seguridad, cuyo propósito era colaborar con la Fuerza Pública y organizar las comunidades a través de cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para la vigilancia y la seguridad de sus miembros o asociados.

La creación de dichas cooperativas marcó un momento importante en términos de vigilancia y control social, pero sobre todo, contribuyó a la militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente.

87. Pero con la creación de las convivir devinieron otras consecuencias como la expansión de grupos paramilitares que utilizaron su nombre, sus cuentas y sus estructuras para cumplir sus objetivos y financiar sus estructuras ilegales, pues tales cooperativas actuaban en estrecha coordinación con los paramilitares y las Fuerzas Armadas a la hora de cometer graves violaciones a los derechos humanos contra civiles, como defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes y activistas sociales y comunidades que vivían en zonas de presencia guerrillera a las que se consideraba de importancia militar o económica.

88. El período de expansión del paramilitarismo, que se sucede a partir del año de 1.995, coincidió con el auge y proliferación de las Convivir. Éstas también se extendieron a nivel nacional y para 1.997 se estima que había 414 operando por todo el país, con más de 120.000 miembros, quienes tenían autorización para portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

En Antioquia el incremento de éstas coincidió con la gobernación del Ex- Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien las promocionó e impulsó. En efecto, dos de los principales promotores de la iniciativa fueron Álvaro Uribe Vélez, por ese entonces Gobernador de Antioquia y su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa. Fue en este Departamento donde se creó la primera de dichas asociaciones y donde se concentró buena parte de ellas, pues para 1.997 en Antioquia funcionaban 78 de las 414 que había en todo el país y contaban con la publicidad y apoyo del gobierno departamental. De hecho, en la Secretaría de Gobierno, dirigida por Pedro Juan Moreno Villa, se creó una oficina para asesorar a las comunidades y otorgar la personería jurídica. Según el video promocional, en el cual aparecen el Gobernador del Departamento, Álvaro Uribe Vélez y su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, apoyando y promoviendo la creación de tales asociaciones, "los recursos para la operación de las Convivir se consiguen con aportes de los mismos miembros de la comunidad o a través de convites" |46|. Pero, de conformidad con el Decreto 356 de 1.994 el Gobernador tenía el deber de hacerle seguimiento a las convivir.

89. La Convivir Asociación de Campesinos de Punta Piedra fue la primera creada en Urabá con el apoyo de la Brigada XVII, que fue reconocida por la resolución 42405 del 29 de noviembre de 1.996 y cuyo representante legal fue el señor Alberto Osorio. El nexo de Alberto Osorio con los paramilitares era tal que, de acuerdo a las versión de Hebert Veloza, "mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de 'paras' del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán". Ésta fue perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1.997 y Osorio Mejía fue condenado a tres años de prisión por nexos con paramilitares.

90. En Urabá las convivir se crearon como un apéndice de las ACCU, como lo reconoció Raúl Emilio Hasbún, Comandante del Frente Arlex Hurtado del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Incluso, se realizó una reunión para su coordinación y administración centralizada. En ésta se les informó que iban a ser apoyadas por las compañías bananeras e iban a recibir ingentes recursos, lo que no sólo exigía un manejo centralizado, sino que tales fondos ingresaran a los bancos a través de las cuentas de las convivir para que apareciera como un aporte legal, aunque su destino eran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

91. Según reconoció el postulado Jesús Pérez Jiménez, uno de los Comandantes del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia, "la Convivir Papagayo era de la autodefensa. Éramos nosotros mismos" y de ella hacían parte los patrulleros urbanos, que no tenían problemas con la justicia y se carnetizaban como miembros de las convivir, pero eran reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia y ésta coordinaba sus acciones con las convivir. Así lo reconoció también Raúl Emilio Hasbún, conocido como Pedro Bonito. Y Hebert Veloza García, conocido como HH, agregó que Arnulfo Peñuela, el Director Administrativo de la Convivir Papagayo y Alberto Osorio, Director del Departamento de Relaciones Públicas de dicha convivir, eran o pertenecían a las autodefensas y por lo menos 11 de los desmovilizados del Bloque Bananero pertenecieron a la Convivir Papagayo. El primero de dichos postulados, Jesús Pérez Jiménez, agregó que Arnulfo Peñuela, quien estuvo al frente de la convivir Papagayo hasta el año 1.998 que salió de la región, era quien coordinaba las actividades con la Brigada y la Policía de la región. Algún tiempo después, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Arnulfo Peñuela y Alberto Osorio por concierto para delinquir, junto con la señora María Kerguelen, también directiva de dicha Convivir.

Con los recursos de las convivir, las AUC y el Bloque Bananero, bajo el mando de Pedro Emilio Hasbún, construyeron una base en la carretera panamericana, en el sector de El Tigre, en la cual terminó funcionando un batallón.

La sede de la Convivir Papagayo, íntimamente vinculada entonces al Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, estaba detrás de la Brigada XVII, en el municipio de Carepa, donde quedaba el Comando de la Brigada y la entrada a las instalaciones de ambas era la misma.

92. La resolución 1334 del 24 de octubre de 1.995 autorizó el funcionamiento de la convivir El Progreso en Ayapel y la resolución 2668 del 1 de abril de 1.996 autorizó la ampliación de su cobertura a Caucasia, Valdivia, El Bagre y Nechí, toda la zona de influencia del Bloque Mineros. Esta convivir fue fundada por el ganadero Fabio León Mejía Uribe y su hermano, quien no sólo administraba la Hacienda Marsella a la entrada del municipio de Caucasia, donde se asentaron los primeros grupos paramilitares en los años 1.983-1.984, sino que a su oficina llegaban los recibos de las consignaciones realizadas por los ganaderos como aporte a las AUC y estuvo también vinculado al proceso por la masacre del Aro |47|, aunque se le precluyó la investigación.

93. Algunos desmovilizados de las Autodefensas también se han referido a la relación entre éstas y las Convivir. El postulado Jhon Fredy González Isaza manifestó que en la zona del Nus y Puerto Berrío, departamento de Antioquia, las Convivir creadas bajo la coordinación de Luís Alberto Villegas Uribe y apoyadas por Santiago Gallón Henao y otros ganaderos de la región, operaban conjuntamente con las autodefensas y era difícil diferenciarlos, pues hacían lo mismo y usaban los mismos vehículos y las mismas armas.

94. Varios de los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron mandos o miembros destacados de las Convivir. Tal es el caso de Salvatore Mancuso Gómez, Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, Luis Arlex Arango Cárdenas, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias "Monoleche", Wilson Salazar Carrascal, alias El Loro, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, Uber Banquez Martínez, Comandante del Bloque Montes de María, Víctor Manuel Mejía Múnera, Comandante del Bloque Vencedores de Arauca y Rodrigo Pérez Álzate, conocido como Julián Bolívar, Comandante del Bloque Central Bolívar |48|.

95. El vínculo entre las Convivir y los grupos paramilitares quedó en evidencia también en el crecido número de sus integrantes que se desmovilizaron con los distintos Bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los registros de la Fiscalía indican que 663 miembros de las Convivir registran antecedentes penales y 100 se desmovilizaron con las Autodefensas, 39 de los cuales están postulados a la ley de Justicia y Paz, con todo y ser un registro provisional.

96. En este mismo sentido, en un debate de control político realizado en 2.007, el entonces Senador Gustavo Petro, señaló los vínculos entre las convivir y los grupos paramilitares en el período comprendido entre 1995 y 1997 |49|. Con base en documentos de carácter oficial, como investigaciones realizadas por el CTI, entrevistas realizadas a personas investigadas por sus vínculos o participación en grupos paramilitares y documentos de inteligencia de las Fuerzas Militares, concluyó que en ese período existía en Antioquia y otras zonas del país un estrecho vínculo entre las Convivir y los grupos paramilitares, al punto que reconocidos cabecillas de éstos, como Salvatore Mancuso Gómez, figuraban como directivos de Asociaciones Convivir a las cuales el Estado les había otorgado Personería. Y planteó que las Convivir fueron la puerta de entrada del paramilitarismo en muchos municipios de Antioquia donde constituían un requisito para la creación y funcionamiento de estos grupos.

97. El tiempo le daría la razón, pues hoy se conoce que Salvatore Mancuso fue directivo de las Convivir y miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y así lo corrobora también el testimonio de Jhon Fredy González Isaza, conocido como "El Rosco" y la evidencia relacionada antes.

Ese hecho está también demostrado en el caso de la Convivir Papagayo y los innumerables casos documentados por la Fiscalía y presentados ante la Sala, que demuestran la íntima vinculación entre las Convivir y los paramilitares.

4.1.2 Las Convivir y el Derecho Internacional Humanitario

98. Los miembros de las Convivir, que se propagaron por todo el país, tenían autorización para portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y tenían como misión colaborar con éstas en la lucha contrainsurgente |50|. Ello desdibuja la distinción entre civiles y combatientes y constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1.994 |51|.

En su tercer informe sobre el estado de los derechos humanos en Colombia del 26 de febrero de 1.999, la Comisión presentó un análisis sobre las Convivir, sus antecedentes, su impacto en el conflicto armado, los actos cometidos por éstas y las consecuencias jurídicas de su creación y de sus actividades. La Comisión señaló que cuando los miembros de éstas asumían el papel de combatientes se violaba el Derecho Internacional Humanitario porque se desdibujaba la distinción entre civiles y combatientes, degradando la protección a que tiene derecho la población civil.

99. Dijo, además, que la figura legal de las Convivir había sido utilizada por los grupos paramilitares como escudo de sus actividades y sin un mecanismo para su adecuado control y lo que hizo el Estado fue crear las condiciones para que se permitieran este tipo de abusos.

La Comisión registró, igualmente, las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Convivir, como la masacre de 14 personas en La Horqueta, Cundinamarca, el 21 de noviembre de 1.997, bajo el mando Luis Carlos Mercado Gutiérrez, representante legal de una Convivir, oficialmente reconocida y registrada para operar en San Juan de Urabá, departamento de Antioquia, la desaparición forzada de Jaime Pedraza Mora el 1 de febrero de 1.997 en Sopó, Cundinamarca, la muerte de Gustavo Cabieles el 20 de septiembre de 1.997 en Acacías, Meta y la masacre de 10 personas en el municipio de El Carmen, departamento de Antioquia, el día 14 de agosto de 1.997, entre otros hechos.

100. La Comisión consideró que por las disposiciones legales que las crearon, sus estrechas relaciones con el Ejército, sus características y su modo de actuar, las Convivir eran agentes estatales y, por lo tanto, el Estado colombiano era responsable ante la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometieran los miembros de estos grupos y le recomendó derogar las normas legales que crearon las Convivir |52|.

4.2 Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

101. En 1.995, 'altos personajes de la vida pública' y 'comandantes del ejército y la policía' le solicitaron a Carlos Castaño Gil, el más visible comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que expandiera éstas y "creara autodefensas donde no existía, o fortaleciera las que ya existían en el norte del país" y que cuando estuvieran consolidadas en el norte "se expandiera hacia las otras regiones del país" |53|. A partir de entonces, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se extenderían por todo el país. Ya antes, inspirado por altos mandos militares, había sucedido el mismo fenómeno con el nacimiento de los escuadrones de la muerte en la década del 80.

Ese proceso, como se vio, coincidió con la proliferación y expansión de las convivir.

102. El caso del General Rito Alejo del Río es particularmente representativo. Sus vínculos con los paramilitares se remontan a la época en que estuvo en el Magdalena Medio. De allí salió hacia Urabá para tomar el mando de la Brigada XVII, de la cual fue su Comandante desde 1.995 hasta 1.997 y donde logró lo que el Gobernador de Antioquia en ese entonces Álvaro Uribe Vélez y otras autoridades llamaron "La pacificación de Urabá". Ésta se logró no sólo de la mano de los grupos paramilitares, sino también de la mano de las Convivir que funcionaron en la región por esa época, entre los años 1.995-1.997, impulsadas y apoyadas por el Gobernador Uribe Vélez. Ese modelo no sólo fue motivo de exaltación, sino que se extendió a otras regiones del país. Por todas partes, de la mano de las Convivir -impulsadas, asociadas o mezcladas con éstas- surgieron bloques, frentes o estructuras de las ACCU.

El Coronel Carlos Alfonso Velásquez, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la XVII Brigada, informó a sus superiores que en la Brigada no había instrucciones claras para combatir a los paramilitares, como si las había para combatir a la guerrilla, pero, antes que generar la investigación del General Rito Alejo del Río, al menos por omisión, el informe ocasionó el llamado a calificar servicios del Coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien denunció la situación, por saltarse los canales regulares |54|.

De Urabá, el General Rito Alejo del Río salió promovido como Jefe de Operaciones del Ejército y luego, por las presiones de Estados Unidos y las acusaciones públicas y reiteradas sobre sus vínculos con los paramilitares, fue llamado a calificar servicios. No obstante esas gravísimas acusaciones, algunos sectores de la sociedad le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el cual actuó como oferente y orador el entonces ex- Gobernador y ahora ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien viajó desde el exterior para ese sólo efecto.

103. El postulado Salvatore Mancuso también declaró que los Generales Martín Orlando Carreño, quien llegó a ser Comandante del Ejército Nacional e Iván Ramírez, quien fue Jefe de Inteligencia del Ejército, cooperaron, apoyaron y operaron en conjunto con tropas paramilitares |55|.

104. El Ejército Nacional no sólo apoyó a los paramilitares. La Sala también tiene evidencia de que no los persiguió, ni combatió efectivamente, como lo demuestra el caso de Urabá relatado en precedencia y antes bien, coordinaban sus operaciones, aún con la Policía Nacional, cuando no era que actuaban conjuntamente y si por casualidad llegaban a encontrarse, "cada uno cogía por su lado" |56|.

La masacre de Las Juntas, cometida el 31 de marzo de 1.996 en pleno proceso de expansión de los grupos paramilitares, es uno de los múltiples casos que se han presentado ante la Sala. Ésta fue realizada conjuntamente entre el Ejército y los paramilitares, según el testigo Fermín Ospina, quien observó como el Capitán Pérez y un Sargento del Batallón de Contraguerrillas No. 4 Granaderos participaron en la tortura de Elkín Darío Madrigal y un señor don Polo |57|.

La operación al río Manso, entre los ríos Sinú y San Jorge, realizada en el mes de noviembre de 1.998, es otro de los casos. En dicha operación, a la cual iban con uniformes camuflados y con armas a la vista, fueron interceptados por el Ejército en 3 ocasiones, antes y después de los hechos y pasaron por el frente de la Brigada XI y el Batallón Vélez que operaban en la zona y les colaboraron. Incluso, después de realizada la operación, tropas del Ejército se presentaron a las 5 de la mañana en la base donde descansaban y uno de los comandantes del grupo paramilitar, Pedro Bula, les enseñó una lista de 15 personas que habían ejecutado o estaban pendientes por ejecutar. La única reacción de la tropa fue decirles "se tienen que perder de aquí" y luego se alejaron |58|.

La operación Los 7 Enanitos realizada a principios de 1.999 no sólo contó con la colaboración del Batallón de Contraguerillas No. 26 "Arhuacos", con sede en Riosucio, sino que el ingreso de los paramilitares se coordinó con el Mayor Salomón, Comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 35 y el Capitán Rafael Ávila Salas, según las versiones de los postulados y los informes de la Fiscalía presentados ante la Sala. De regreso, cuando traían varios secuestrados en dicha operación, se encontraron con tropas del Ejército que sólo se hicieron a un lado y los dejaron seguir |59|.

La operación Dabeiba, realizada entre el 25 de diciembre de 2.001 y el 7 de enero de 2.002 en dicho municipio, también se coordinó con el Ejército para que los paramilitares se pudieran transportar sin obstáculos |60|.

La masacre de San José de Apartadó, en la cual participó y por la cual fue condenado Uber Darío Yañez Cavadías como Comandante Militar del Bloque Héroes de Tolová, según reconoció éste, fue una operación conjunta con el Batallón de Infantería No. 47 General Francisco de Paula Vélez de San Pedro de Urabá y dado su carácter de Comandante Militar tenía porqué saberlo. De hecho, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a varios oficiales y suboficiales del Ejército Nacional por esa barbarie, en la que asesinaron a niños y niñas de 5 y 6 años brutalmente, entre ellos al Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien fue condenado a 20 años de prisión mediante la sentencia del 20 de febrero de 2.010, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2.011 |61|.

105. Esa asociación entre el Ejército Nacional y los paramilitares fue evidente en Urabá y se extendió al departamento de Chocó. El propio Hebert Veloza García, alias HH, comandante del Frente Turbo del Bloque Bananero que operó en dicha región, reconoció en su versión que realizaban operaciones conjuntas con el Ejército |62|.

Con el fin de desplazar al 57 Frente de las FARC y controlar extensas zonas en el departamento de Chocó, los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas realizaron varios operativos. El 22 de mayo de 1.996 se fraguó la operación a Vigía del Fuerte, la cual se coordinó y realizó con el apoyo de la Armada, que dispuso de 3 lanchas piraña y un barco de abastecimiento. Unos días antes, la operación Génesis lanzada por las tropas de la Brigada XVII -al mando del General Rito Alejo del Río- y el Batallón 26 del Ejército Nacional había sido coordinada con la operación Cacarica realizada por los paramilitares de Fredy Rendón Herrera -en esa época conocidos como el grupo de La 70 y que luego se convertiría en el Bloque Elmer Cárdenas-, entre el 23 de febrero y el 3 de marzo de 1.997. En dicha operación, que llegó hasta el caserío de Bijao, en el Chocó y produjo el desplazamiento de entre 4.000 a 9.000 personas, según diferentes fuentes, asesinaron al campesino Marino López Mena. El General Rito Alejo del Río fue condenado recién por esa operación y por el homicidio de Marino López Mena por el Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. La sentencia reconoce que fue una operación mancomunada entre la Brigada XVII y los paramilitares, que actuaban bajo sus órdenes.

La toma de Riosucio en el departamento de Chocó, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2.006, también se coordinó con los altos mandos de la Brigada XVII del Ejército y las más altas autoridades de la Policía de Chocó. De acuerdo con la versión de Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, la operación fue comunicada y coordinada con el Coronel Colorado, con el cual se reunieron en el comando de la Policía y con el Coronel Paulino Coronado Gámez, jefe de inteligencia de la Brigada XVII, con el cual también se reunió |63|.

En la región de Riosucio y Unguía, en el Urabá Chocoano, el Ejército no sólo realizaba operaciones conjuntas con los paramilitares, sino que éstos le servían de guías, según lo reconoció Carlos Arturo Furnieles Álvarez, quien no sólo lo supo por su condición de miembro del Bloque Elmer Cárdenas, sino también por haber prestado servicio militar en dicha región antes de su vinculación a éste |64|.

106. Los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas y las unidades de la Brigada XVII también coordinaron el operativo que realizaron en Murindó entre el 19 y 22 de mayo de 1.998, en el que participó el helicóptero de la Gobernación de Antioquia, en ese entonces a cargo de Alberto Builes Ortega, a raíz de lo cual el helicóptero fue retenido. Aunque los pilotos negaron el hecho, se estableció que el plan de vuelo tenía como destino a Mesopotamia y éste sólo está separado de Murindó por el río Atrato, al decir del postulado Efraín Homero Hernández Padilla, quien lo vio lanzando bombas |65|.

Los peajes ilegales que el Bloque Elmer Cárdenas instaló en los alrededores de Necoclí, aún a la entrada del municipio, eran de conocimiento público, a tal punto que entregaban un recibo a nombre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-Bloque Elmer Cárdenas. Los postulados de éste reconocen que "todo el mundo sabía de la existencia de esos peajes". No es posible que las autoridades militares y de policía ignoraran su existencia. La prueba es que hasta un Mayor de la Policía Nacional los felicitó y pagó con gusto el peaje instalado en Pueblo Nuevo |66|.

La evidencia sobre los vínculos ilegales entre las Fuerzas Militares y los paramilitares en Urabá se obtuvo a pesar de los temores y las amenazas contra los postulados a la ley de justicia y paz, pues, al decir de algunos de ellos, cuando tocan un tema de los militares inmediatamente amenazan a la familia y por eso no podían decir toda la verdad. Si eso es así, es de esperarse que los vínculos fueran todavía más profundos y más graves.

107. Mientras el General Rito Alejo del Río era el Comandante de la XVII Brigada, el entonces Teniente Coronel Alejandro Navas Ramos, hasta hace muy poco Comandante de las FF. MM., se desempeñaba como Comandante del Batallón de Infantería No. 46 "Voltígeros", adscrito a la XVII Brigada, cargo que ocupó entre 1.996 y 1.997, los años de la pacificación de ésta de la mano de los paramilitares. El Batallón tenía su sede en el municipio de Carepa, donde también funcionaba la Brigada y, así como ésta, ha sido señalado como auspiciador y cómplice de los grupos paramilitares. De Urabá salió el Teniente Coronel Alejandro Navas Ramos como Comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Miguel Antonio Caro con sede en La Mesa, Cundinamarca, cargo que asumió el 31 de mayo de 1.997 |67|. Menos de 6 meses después se realizaría en su jurisdicción la masacre de La Horqueta.

En efecto, de Urabá salió el grupo que el 21 de noviembre de 1.997 ejecutó la masacre de la Horqueta, Cundinamarca. En ésta falleció Luis Carlos Mercado Gutiérrez, Presidente de la Convivir La Palma de Urabá, quien había llegado de dicha región unos 3 meses antes a hacer inteligencia en La Mesa, donde estaba el Batallón a cargo del Teniente Coronel Alejandro Navas Ramos. Eso significa que llegó a la región hacia el mes de agosto de ese año, 2 ó 3 meses después de que el Coronel llegó de Urabá, de donde venía Luis Carlos Mercado. Los paramilitares que ejecutaron la operación recibieron la orden para desplazarse a La Mesa en los primeros días de noviembre, a juzgar por el tiempo que tomó su traslado desde Necoclí y su estadía en las ciudades que atravesaron y provino directamente de la "Casa Castaño", según les informó Fredy Rendón Herrera. Eso significa que la operación no sólo se concertó al más alto nivel, sino que se coordinó con el Ejército, pues en La Mesa los recogió un camión militar, que los condujo a las instalaciones del Batallón, donde formaron en la plaza de armas con los soldados profesionales. Era un batallón de fuerzas especiales, según les informaron éstos. Allí ingresó un carro tanque de Proleche, de donde extrajeron el armamento que les entregaron para la operación y, a quienes les faltaron, unos oficiales de la guarnición les entregaron camuflados del Ejército. El desplazamiento hasta la Horqueta se realizó también con soldados de las fuerzas especiales |68|. El Comandante del Batallón, Teniente Coronel Alejandro Navas Ramos, no podía ignorar todas esas situaciones, ocurridas a la vista de todos, ni podían realizarse sin el asentimiento de los altos mandos del Batallón.

Todo indica que toda esa operación fue solicitada y concertada desde La Mesa. Sólo así se explica que un grupo de hombres armados de Urabá se desplacen a una vereda de un modesto y lejano municipio de Cundinamarca para hacer inteligencia en la zona y realizar una operación con la cooperación del Ejército y reciban de éste todo el apoyo para ejecutarla, máxime si el Comandante del Batallón había llegado recientemente de la región de Urabá, donde las Fuerzas Militares "pacificaron" la zona de la mano de los paramilitares. El Comandante del Batallón de Fuerzas Especiales de La Mesa en ese entonces era el Teniente Coronel Alejandro Navas Ramos. De ahí que la Sala haya ordenado expedir copias para investigarlo por ese hecho.

Del mismo modo que de Urabá salieron los hombres que realizaron la masacre de Mapiripán.

108. La coordinación, cooperación y/o condescendencia entre el Ejército y los paramilitares no sólo se presentó en Urabá y Chocó, pues en la región del Bajo Cauca, donde operaba el Bloque Mineros, la situación era similar. No sólo coordinaban las operaciones con los altos mandos militares de la zona y éstos desplazaban o movían las tropas para dejarles libre el paso, sino que recibían apoyo directo del Ejército en los combates o en los operativos destinados a desalojar a la guerrilla de algunas zonas, incluido el apoyo helicoportado para el transporte de sus combatientes y el préstamo de fusiles. El Ejército también los utilizaba como guías, una práctica común en diferentes zonas, según los reportes de los fiscales de justicia y paz. Así se infiere de las versiones de los postulados del Bloque Mineros y de Oswaldo Roqueme Fuentes -quien desertó del bloque el 3 de junio de 2.004 y se desmovilizó individualmente-, el cual da cuenta de la coordinación con el Batallón Rifles y su apoyo, aún helicoportado, en la zona de Yarumal, Campamento y Barro Blanco y Luis Alberto Chavarría Mendoza, quien sirvió de patrullero y guía de los Batallones Coyará y Rifles del Ejército Nacional, en los períodos 1.997-1.998 y 2.000-2.001 |69|.

El propio Ramiro Vanoy reconoció que el grupo del Bajo Cauca mantenía contacto con la Policía y el Ejército, y tenía que haberla, pues en Caucasia, una de sus zonas de operación, estaba acantonado el Batallón Aerotransportado No. 31 Rifles, adscrito a la XI Brigada con sede en Montería y había permanente presencia de la policía y confesó incluso que la operación para rescatar a los hijos de Gustavo Adolfo Upegui, vinculado a la llamada Oficina de Envigado, fue coordinada entre el Únase de la Policía y los paramilitares al mando de 4-1, quien manejaba esas relaciones |70|. No sólo tenían una relación constante, sino que cuando el Ejército entraba a una zona, ellos lo apoyaban realizando labores de taponamiento para cortarle la salida a los grupos armados insurgentes. Ello explica que, aunque el bloque tenía antenas repetidoras en su zona de operación y allí había batallones del Ejército con capacidad para detectarlas y monitorear sus transmisiones, nunca se destruyeron, ni se impidió su funcionamiento.

Isaías Montes Hernández, conocido como Junior, también reconoció que los Oficiales del Ejército y la Policía no sólo amigos suyos, sino que le facilitaban fusiles para las operaciones, entre los Tenientes Gañan y Sánchez, cuestión que reconoció asimismo Luis Alberto Chavarría Mendoza en Uré. José Higinio Arroyo Ojeda, Comandante del Frente Briceño del Bloque Mineros, conocido como 8-5, admitió también que las operaciones en su zona de influencia las coordinaba con la Policía, que estaba al tanto de éstas y el Comandante de la Policía de Briceño no sólo cuidaba de su seguridad, sino que tomaba licor con él en los establecimientos públicos. Y Rolando de Jesús Lopera, Comandante del Frente Anorí del Bloque Mineros, confesó igualmente su amistad con el Comandante de la Policía, la coordinación con éste y la realización de operaciones conjuntas con el Ejército, como le informaban los combatientes de las autodefensas y la propia población.

La cuestión llegó a tal punto que, según José Gilberto García Masson, los paramilitares patrullaban armados por las calles de Caucasia ante la mirada complaciente de la policía.

Esas relaciones se extendían hasta Medellín, donde contaban con la amistad y apoyo del Mayor Fernández de la IV Brigada de Medellín y un Mayor Clavijo, Comandante de Contraguerrilla.

No es extraño entonces que Orlando Cano Carvajal, quien denunció la relación entre los militares, la inteligencia y el S-2 del Batallón Rifles con los grupos paramilitares, que incluían la constante presencia de éstos en las guarniciones militares, el patrullaje y operaciones conjuntas y la entrega de los muertos al ejército para que los presentara como bajas causadas en combate, fuera asesinado el 19 de octubre de 1.996 |71|.

109. En Yarumal y en el norte del departamento de Antioquia, se repite el mismo fenómeno.

El 23 de abril de 1.997 fue asesinado por hombres del Bloque Metro al mando de Jesús Alberto Ospina Sepúlveda, conocido como Carmelo, el Personero del municipio de Campamento Jesús Emilio Penagos, quien días antes había denunciado la connivencia entre el Batallón Girardot, al mando del entonces Teniente Coronel Jesús María Clavijo Clavijo con las Autodefensas Unidas de Colombia, quien años más tarde, el 9 de enero de 2.003, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín por el delito de concierto para delinquir por organizar, fomentar o promover grupos de justicia privada en el oriente de Antioquia durante los años 1.996 y 1.997 a la pena de 136 meses de prisión. Dicha condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia mediante sentencia del 27 de agosto de 2.003. Eso no sólo confirma las denuncias del Personero Jesús Emilio Penagos y constituye un grave indicio de la causa de su asesinato, detrás del cual estarían los lazos entre el Teniente Coronel y los paramilitares, pues es la más lógica explicación que encuentra la Sala, sino que significa que fue una práctica utilizada también en el oriente antioqueño.

El Coronel Germán Morantes Hernández, quien sustituyó al anterior como Comandante del Batallón Girardot, también tenía estrechos vínculos con los grupos paramilitares, según declaró el Alcalde Gustavo Giraldo Giraldo. Dicho Coronel fue el primero que llegó al corregimiento de El Aro, sólo que 15 días después de perpetrada la masacre cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1.997 por los paramilitares. Ninguna ayuda les prestó a los pobladores mientras se perpetraba ésta, a pesar de que duró 10 días y desde el domingo 26 de octubre se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo, las cuales se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, para ese entonces a cargo del ex- Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la base militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba bajo el mando del Coronel Germán Morantes |72|.

Según relató la revista Semana, en el proceso se oyeron varios testimonios que informaron que el miércoles 29 de octubre de 1.997, ya al final de la masacre, un helicóptero artillado de los que utilizan las FF. MM. aterrizó en El Aro, les suministró municiones a los paramilitares y recogió a uno de éstos herido. El Teniente Carlos Emilio Gañán Sánchez, Comandante de la Policía de Ituango, reconoció ante la Fiscalía que 3 ó 4 días después de las elecciones -realizadas el 26 de octubre de ese año-, vio a un helicóptero artillado sobrevolando la zona, lo cual concuerda con la información de los testigos y la fecha en que uno de éstos aterrizó en El Aro, el miércoles 29, precisamente 3 días después de las elecciones |73|.

Isaías Montes Hernández, conocido como "Junior", coordinó con el Ejército el paso del ganado hurtado en la masacre de El Aro, que fue llevado a través de Valdivia y Puerto Valdivia hasta la hacienda El Perro de los hermanos Castaño Gil. Ese día el Ejército Nacional había decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde |74|. Si dicha medida permitió trasladar el ganado y su paso se coordinó con el Ejército, no queda duda que el toque de queda hizo parte del plan criminal para permitir el traslado de los semovientes, como parte de la ejecución de dicha masacre.

Por dicha masacre fueron condenados un Teniente y un Cabo del Ejército, pero eso no excluye -y antes confirma y sugiere- la participación de otros, pues no parece creíble que esa operación, que duró 10 días e implicó la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera sólo de la cooperación de un Teniente y un suboficial. Menos aún si hay evidencia de que la Gobernación al mando de Álvaro Uribe Vélez y el Comando del Batallón Girardot fueron informados de lo que estaba sucediendo en El Aro y del apoyo de un helicóptero del Ejército. La condena del Teniente Coronel Jesús María Clavijo, quien estuvo al mando de dicho batallón, por el delito de concierto para delinquir y a la que se hizo alusión, confirma esa apreciación.

El Estado colombiano fue condenado por las masacres de El Aro y La Granja cometidas por los paramilitares, por la complicidad y/o omisión del Ejército y la Policía, lo cual confirma la veracidad de esas denuncias.

El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la presencia de paramilitares en la cabecera de Ituango y la complicidad del Ejército y la Policía con éstos, fue asesinado también el 27 de febrero de 1.998. Todo permite pensar que su homicidio, como el del Personero de Campamento, obedeció a esas denuncias que involucraban al Gobernador de Antioquia, a altos mandos militares y otros personajes, cuyas relaciones con los paramilitares estarían detrás del homicidio. Sin embargo, el Gobernador Álvaro Uribe Vélez y el Comandante de la 4ª. Brigada, General Carlos Alberto Ospina Ovalle, que tenían por qué saberlo o el deber de confirmarlo, en vez de hacerlo, contradijeron rápidamente esas afirmaciones. De ese modo, faltaron a la verdad y/o encubrieron ese hecho |75|.

110. El Departamento de Córdoba no fue ajeno a esa situación. En la zona de Valencia y Tierralta, donde nacieron Los Tangueros de Fidel Castaño, que luego le darían origen a las ACCU y donde éstas tuvieron su campamento central, o su principal sede de operaciones y desde donde acometieron todo su proceso de expansión bajo el mando de Carlos y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso Gómez operaban las Brigadas Móviles 6 y 24. La carretera construida por Diego Fernando Murillo para enviar cocaína al exterior y que conectaba a Valencia con Urabá, se iniciaba en la Estación de Policía del corregimiento de Guadual Central de ese municipio y por su dimensión, por su notoriedad y por la maquinaria empleada para su construcción, no podía ser desconocida para las autoridades de policía, no sólo de la acantonada allí, sino de toda la región y de las Brigadas Móviles que operaban en la zona, con sólo transitar por allí |76|.

111. La coordinación y cooperación entre el Ejército y los paramilitares no sólo obedecía a una política basada en la identidad y los objetivos de ambas fuerzas, sino a la corrupción de miembros de las FF. MM. y la Policía. Ramiro Vanoy Murillo declaró que el Bloque Mineros le pagaba ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) al Ejército y la Policía a través de su sobrino, entre ellos a un Coronel Galicia. El pago incluía todas las Estaciones de Policía, bien fuera al Comandante de la Estación, al segundo o al tercero al mando, pero todas estaban "cuadradas", lo cual les permitía moverse con libertad.

El postulado José Higinio Arroyo, comandante del Frente Briceño de dicho bloque, confesó también los pagos que le hacía a la Policía del municipio a través de Joaquín Alonso Jaramillo Mazo, alias "Gañote", comandante urbano de dicho municipio y agregó que en los años 2.003 ó 2.004 fue interceptado con doscientos millones de pesos ($200.000.000) en un retén instalado por la policía de Valdivia. Allí se identificó como un comandante paramilitar y lo dejaron libre, pero le tocó entregar cuarenta millones de pesos ($40.000.000) al Comandante del retén. La cuestión llegó a tal punto que Joaquín Alonso Jaramillo Mazo, el comandante urbano de Briceño, quien aceptó que la Policía recibía un pago o nómina mensual, reconoció que a pesar de saber quién era y que hacía, las autoridades no lo molestaban, ni lo capturaban. Por el contrario, "los Comandantes de la Policía hacían lo que yo les decía" y "la autoridad era yo en ese pueblo". Esa situación se prolongó desde el 5 de mayo de 2.002 hasta el mes de septiembre de 2.004. Luis Adrián Palacio Londoño, conocido como Diomedes, también reconoció las relaciones y los pagos que les hacían a los Sargentos que comandaban la Policía y la Sijin en Yarumal y al Coronel que hacía las veces de Comandante del Batallón Girardot en 2.003, para entonces el Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro, con quien no sólo coordinaban las acciones militares, sino el tráfico de drogas.

En Uré la situación era similar, según reconoció Luis Alberto Chavarría, quien aceptó que a la Policía le pagaban dos millones de pesos ($ 2.000.000) para que permitieran el paso de los comandantes paramilitares, pero la colaboración de las fuerzas de policía llegaba más allá y les daba información sobre las zonas de riesgo y aquellas por las que podían transitar sin dificultad. Esa situación se presentó desde 2.001 con todos los comandantes de la policía |77|.

El fenómeno es posible percibirlo también en Urabá. En las playas de Necoclí se descargaba mercancía de contrabando con la autorización del Bloque Elmer Cárdenas y armas con destino a éste. Los camiones cargados de contrabando transitaban por las carreteras principales, sin que las autoridades militares y de policía los retuvieran o interceptaran. La razón era que todas las Estaciones de Policía en el área de influencia del bloque tenían compromisos con éste para dejarlo actuar, estaban "cuadradas" para permitir el ingreso del contrabando y recibían cajas enteras de whisky como obsequio |78|.

112. La asociación ilícita entre los militares y los paramilitares se extendió a los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la cual asumió dos modalidades: i) la entrega de los cadáveres de las personas ejecutadas o asesinadas por ellos a los militares; y ii) la entrega de las personas retenidas por los paramilitares acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla al Ejército, quienes los asesinaban y presentaban como guerrilleros muertos en combate.

Uno de esos casos, sin que se pueda descartar otros, es el ocurrido en Zaragoza, donde el 28 de julio de 1.998 aparecieron muertos los jóvenes Gustavo Adolfo Cardona Alzate y Darwin Andrés Sánchez García, vestidos con prendas de las FF. MM. Éstos, junto con el joven Carlos Mario Llanos Sánchez, habían sido retenidos en Caucasia frente a la entrada al Batallón Rifles por unos hombres que se identificaron como agentes del DAS, pero eran realmente paramilitares y fueron reportados como desaparecidos el 17 de julio de 1.998. De allí fueron llevados a una finca cercana, donde se presentó un Capitán de apellido Rayo, según se leía en su uniforme. El otro, Carlos Mario Llanos, apareció muerto el 1 de agosto de 1.998 en el corregimiento Barro Blanco del municipio de Tarazá y fue presentado como una baja del ELN. De acuerdo a la declaración de Jorge Enrique Ríos Córdoba a los jóvenes "los llevaron para matarlos para hacerlos pasar por guerrilleros" |79|.

113. No es posible que los altos mandos militares ignoraran todos esos hechos cuando estaban comprometidos Comandantes de Brigada y Batallón y oficiales de alto rango y era un fenómeno generalizado. Y si el Ministro de Defensa los ignoraba, en el mejor de los casos revela una evidente omisión en el control de la acción de sus subordinados, que lo hace responsable en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

4.3 La empresa privada

114. El "testamento" de Vicente Castaño Gil, entregado por el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, más conocido como Monoleche, el cual narra la historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, reconoce que tras su expansión estuvieron los "cacaoteros, palmeros, ganaderos, empresarios", etc. Rodrigo Alberto Zapata Sierra, quien hizo las veces de representante y emisario de los hermanos Castaño Gil, declaró también que en muchas zonas los grupos surgieron a solicitud de los ganaderos y otros empresarios privados, con los cuales se reunió |80|.

115. Los paramilitares no sólo recibieron apoyo de las FF.MM en Urabá. El apoyo que recibieron de la empresa privada en dicha región es uno de los casos más emblemáticos.

De acuerdo con el acta del 28 de mayo de 2.004, la Convivir Papagayo -ya convertida en Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada- modificó la calidad de los bananeros vinculados a ella y los trasladó de afiliados a asociados para cumplir con las normas legales. En el acta se reconoció que éstos hacían un aporte de 3 centavos por caja de banano, como lo venían haciendo desde hacía 8 años, recursos que se recibían en 3 oficinas de Medellín y que iban a la Convivir Papagayo a través del sistema bancario. Por esa vía ésta recibió más de siete mil millones de pesos entre los años 1998 y 2.003 (más exactamente, siete mil treinta y seis millones setecientos noventa y tres mil novecientos diecisiete pesos $7.036.793.917), pues a partir de julio de 2.003 las consignaciones empezaron a hacerse en la cuenta de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, cuyo balance y resultados arrastran los saldos de la Convivir Papagayo. De esa cantidad sólo aparecen girados algo más de medio millón de pesos (quinientos noventa y tres millones ciento cuarenta mil novecientos cuarenta pesos, $593.140.940, para ser más exactos) y la contabilidad presenta múltiples irregularidades, como la falta de soportes, los cheques girados a nombre del Director Arnulfo Peñuela de manera recurrente y sin soporte y las pérdidas de maquinaria para justificar la merma del patrimonio.

Un total de 194 empresas bananeras hicieron aportes a la Convivir Papagayo y a la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá. Entre éstas está la comercializadora Banadex, filial de Chiquita Brands, que realizó aportes entre los años 2.001 y 2.004 por un total de mil seiscientos setenta y un millones ciento once mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($1.671.111.644). Sin embargo, según el indictmen de la justicia americana los aportes ascendieron a U$ 1,7 millones de dólares americanos y su destino eran las Autodefensas Unidas de Colombia, organización calificada como terrorista, por intermedio de la Convivir Papagayo, la cual estaba asociada a dicho grupo. Esos hechos fueron admitidos por el representante de Chiquita Brands, quien fue condenado por ellos |81|. Pero, a diferencia de la justicia americana, el Fiscal 33 Especializado Humberto Villamizar le precluyó la investigación.

Con esos recursos, se creó el grupo de Belén Altavista, en Medellín, que llegó de Urabá y que realizó una masacre en ese sector, con los dineros provenientes entonces de las bananeras y que las hace jurídicamente responsables.

Las empresas que le entregaron esas sumas a la Convivir Papagayo tenían los elementos para saber a cuanto llegaban sus aportes porque sabían cuántas cajas de banano exportaban y podían conocer las sumas que le estaban transfiriendo. No es verosímil que luego de entregarle semejante cantidad de dinero a precios de hace más de 10 años, no ejercieran control alguno sobre la contabilidad, ni sobre el uso de esos recursos, menos aun siendo afiliadas a la Convivir. No es creíble, por ende, que ignoraran que esos recursos se transferían y destinaban a los grupos paramilitares. Más aún, eso significa que el aporte de 3 centavos por caja de banano era voluntario y todo se hacía con su consentimiento |82|.

Esas circunstancias confirman la versión de Salvatore Mancuso Gómez y Raúl Emilio Hasbún, comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Éstos declararon que en una reunión con los bananeros de la región llegaron a un acuerdo para que éstos aportaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada para financiar el funcionamiento y operación de los grupos paramilitares, que los aportes fueron voluntarios y que para legalizarlos se utilizó la Convivir Papagayo. La cuestión es tan clara que en el acta del 27 de abril de 2.006, ya desmovilizado el Bloque Bananero, eran otros los afiliados. No era indispensable ya el aporte de los bananeros, ni la presencia de éstos.

Una situación similar, a decir de la Fiscalía, se presenta en los casos de las convivir o asociaciones Chigorodó Alegre, La Jagua del Darién, Una Nueva Luz y otras más.

Los ganaderos de la región también hicieron aportes voluntarios desde 1.998. Para ese efecto, Raúl Emilio Hasbún, creo las asociaciones Suganar y Aganar lideradas y manejadas por él y otros líderes del gremio, a través de las cuales se recibían dichos aportes y se transferían a las AUC, como una manera de hacerle aportes a éstas |83|.

116. Los ganaderos de la zona de influencia del Bloque Elmer Cárdenas también pagaban inicialmente cuatro mil pesos ($ 4.000) y luego diez mil pesos ($ 10.000) por hectárea. Si bien Fredy Rendón Herrera manifestó que ellos "cobraban" esa suma, no parece que ese aporte fuera coercitivo. Y no parece que fuera así porque Fredy Rendón Herrera no sólo aceptó que se reunió con unos 50 administradores de las fincas para el efecto, sino también que destruyó –o, más exactamente, quemó- los registros que guardaba de los aportantes y sus aportes. Si éstos eran víctimas de una extorsión o una exacción arbitraria no tiene sentido la destrucción de esa evidencia, pues sabía que debía confesar ese delito y todos los demás que hubiera cometido. Y de hecho lo confesó. Por lo tanto, la destrucción de esa evidencia sólo pudo estar motivada por el afán de ocultar a los financiadores y sus aportes, como es apenas lógico y protegerlos de cualquier imputación. Y ordinariamente el autor solo protege a los partícipes y asociados en la comisión de los delitos, no a las víctimas.

Algo similar ocurrió con las empresas de gas, con las cuales llegó a un acuerdo para pagar cinco pesos ($5) por galón. Todas las 8 empresas pagaron. El propio Otoniel Segundo Hoyos, miembro del Bloque y quien intervino en el acuerdo, les recordó la importancia del pago, pues gracias a ellos ya no les hurtaban.

La empresa Maderas del Darién, filial de Triplex Pizano y una de las empresas más grandes de Urabá, no sólo permitió o cohonestó el uso de sus antenas repetidoras por parte del Bloque Elmer Cárdenas, sino que se convirtió en uno de sus más grandes colaboradores y una de sus mayores fuentes de financiación desde 1.997, pues le aportaba a éste treinta millones de pesos mensuales ($30.000.000) |84|. Igual ocurrió con los demás madereros de la zona, quienes en una reunión con Otoniel Segundo Hoyos estuvieron de acuerdo en aportar al sostenimiento del bloque, sin que ninguno objetara dicha propuesta.

117. El Bajo Cauca, donde operó el Bloque Mineros, es otro ejemplo de ese fenómeno. Detrás de su creación estuvieron los ganaderos y narcotraficantes del Bajo Cauca antioqueño, que solicitaron su presencia y con los cuales se reunió Ramiro Vanoy Murillo, Comandante del Bloque, una vez llegó a la zona con sus primeros hombres.

En dicha región también se realizó una reunión de industriales, ganaderos, comerciantes y dirigentes políticos del Bajo Cauca y el alto, medio y bajo San Jorge, organizada por 2 subalternos de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco y financiada con los recursos del Fondo de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca, Asobacauca |85|.

118. En el oriente antioqueño también hubo iniciativas de personalidades y líderes del sector privado para impulsar grupos paramilitares. Rodrigo Alberto Zapata Sierra reconoció que se reunió con un personaje de la alta sociedad de Medellín y un reconocido ganadero de la feria de ganado de esta ciudad, en el estadero Montenevado, en el sector de la represa de La Fe, con el fin de promover la creación de un grupo paramilitar en el oriente antioqueño. La reunión tuvo lugar en 1.997, en el período de expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá |86|.

119. En el sur de Córdoba, el área de influencia del Bloque Héroes de Tolová, al decir del comandante militar Uber Darío Yañez Cavadías, a nadie se le obligaba a colaborar, pero aún así lo hacían y cita el caso de Abraham Ganem de la Finca "No Te Canses". Dichas relaciones se extendían a la ceba y comercialización de ganado, que salía de la hacienda Camaguey con destino a Montería y Planeta Rica o que Diego Fernando Murillo Bejarano le entregaba en compañía a Juan Bautista Miranda Ospino, conocido como Juan Coco y que junto con el ingreso de los laboratorios de cocaína y las sumas que recibía de Héctor Fabio Jaramillo Cardona, conocido como Orión, un Comandante Militar del Bloque Héroes de Tolová y que también hizo parte del Bloque Cacique Nutibara, le representaban alrededor de 200 millones cada mes |87|

120. De acuerdo a la versión de Diego Fernando Murillo Bejarano, el Bloque Cacique Nutibara llegó también a Medellín por solicitud de empresarios y otros líderes del sector privado.

121. Las empresas no sólo financiaron sus actividades, sino que les colaboraron en su funcionamiento y operación.

El 5 de noviembre de 2.001, por el puerto de la empresa Chiquita Brands, ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el buque Otterloo. Los contenedores se descargaron en la bodega de Chiquita Brands y ésta envió una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la Dian como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita |88|.

Aunque los directivos de Chiquita Brands han aducido que desconocían el contenido de la carga, esa versión no es creíble y no lo es porque el tamaño del cargamento no podía pasar desapercibido, ni ingresar a su puerto y sus bodegas sin controles y las circunstancias que rodearon su descarga y movilización, que incluyó la utilización de una grúa especial de la empresa y su traslado a unas fincas bananeras, permiten pensar que debió contar con el visto bueno de la compañía -o de altos funcionarios de ésta- y los propietarios de las fincas. No se introduce, descarga y mueve un cargamento de esas dimensiones sin un plan, sin una adecuada preparación y organización y sin conciertos y complicidades asegurados con antelación. Esa conclusión es tanto más firme cuando se sabe que los altos ejecutivos de Chiquita Brands reconocieron que financiaron las operaciones de los paramilitares. Si lo hicieron, nada les costaba también apoyar su operación facilitándoles los medios para descargar y proveerse de las armas financiadas con los recursos entregados por Chiquita, entre otras fuentes.

122. La Sala está convencida que el sector privado, a muy distintos niveles, financió y apoyó las actividades de las AUC |89|.Las decisiones que los fiscales de la justicia ordinaria han tomado en sentido contrario desconocen esa verdad y no hacen más que alimentar la impunidad del paramilitarismo, como lo hizo la Fiscalía durante su auge y lo han mostrado las sentencias de la Sala.

5. El árbol genealógico del paramilitarismo en Medellín

5.1 Las raíces de los grupos paramilitares en Medellín

123. El arraigo de los grupos paramilitares en Medellín se vio favorecido por varios factores, entre los que merecen destacarse: i) la creación de Coosercom y las Convivir; ii) la promoción y apoyo de la Fuerza Pública, líderes políticos y sectores privados; iii) la presencia y arraigo del narcotráfico; iv) la presencia de organizaciones, bandas y combos criminales y la historia detrás de éstas y v) las relaciones entre el paramilitarismo, el narcotráfico y las bandas.

5.2 Coosercom o el laboratorio de las Convivir.

124. En las comunas de Medellín hubo desde un principio algunas iniciativas privadas de defensa de la comunidad para enfrentar a la delincuencia común y contrarrestar las acciones de las bandas y combos de la ciudad. Sin embargo, fueron los "Campamentos de Paz" creados por el M-19 en el marco de los diálogos con el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) los que sirvieron de catalizador de esas y otras formas de asociación y defensa de la comunidad y van a prefigurar y moldear lo que después van a ser las milicias. Los Campamentos de Paz fueron en realidad un espacio de formación política y militar de los jóvenes, que los adiestró para la guerra |90|. Pero, una vez roto el proceso de paz, algunos se incorporaron a las filas de la guerrilla, otros se dedicaron a la delincuencia común u organizaron bandas, como la banda de "Nacho" y otros más se marginaron de esas actividades.

Un par de años más tarde -y eso indica la trascendencia que los "Campamentos de Paz" tuvieron en el desarrollo de las milicias, pero también su incidencia en algunas bandas que generaron la violencia que se extendió por Medellín en los años siguientes-, hacia el año 1.987, a su imagen y semejanza, surgieron las milicias populares como parte del proyecto político de los grupos armados insurgentes: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo ligadas a las FARC, las Milicias Populares del Valle de Aburra vinculadas al ELN y las Milicias 6 y 7 de noviembre, cada una con un dominio territorial definido. Por diferencias internas, de las Milicias del Pueblo y para el Pueblo surgieron luego las Milicias Metropolitanas, con incidencia en el sur del Área Metropolitana y el centro de Medellín |91|. En su proceso de consolidación, las milicias enfrentaron y desplazaron a las bandas criminales y asumieron el dominio y control de múltiples barrios de Medellín.

125. Las negociaciones realizadas por otras organizaciones armadas, como el M- 19, el EPL y la CRS, su distanciamiento de los grupos armados insurgentes, los enfrentamientos entre ellas y la incorporación a su estructura de jóvenes que hicieron parte de las bandas, entre otros factores, propició la negociación con el gobierno encaminada al desarme y reincorporación social de sus miembros.

Este proceso culminó con la desmovilización en 1.994 de unos 650 jóvenes pertenecientes a las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, las Milicias del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas y la conformación de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios -Coosercom-, integrada por éstos y apoyada y financiada por el gobierno nacional |92|.

126. Pero, Coosercom fue una forma de legalizar lo que venían haciendo las milicias en los barrios de Medellín, pues la comunidad los siguió reconociendo como milicianos y poco o nada cambió sustancialmente. Sólo que ahora eran una organización legal y contaban con armas entregadas y amparadas por el Estado, lo que les daba mayor autoridad. No sólo gozaban de una autoridad reconocida y amparada por el Estado, sino que tenían libertad para actuar, pues no se les instruyó, ni se les fijaron reglas claras sobre la manera como debían obrar, las normas a las que estaba sujeta sus funciones, los principios y reglas de derechos humanos y su respeto a ellos. Las autoridades tampoco ejercieron un adecuado control de la cooperativa, pues ni siquiera verificaban el uso que hacían de las municiones y el Ejército se las reponía solamente con entregar los casquillos o vainillas ya usadas. Ni siquiera se controlaba en cuanto tiempo se gastaban la munición, ni se les restringía o limitaba su cantidad, lo cual facilitó los excesos y arbitrariedades de sus miembros con la comunidad y condujo a cancelar el proyecto.

127. Pero el fenómeno ya había echado raíces y sirvió para probar un modelo: el de las Convivir. Como declaró John Mario Chaverra Acevedo, jefe de una de las sedes y uno de los fundadores de la Cooperativa de Seguridad y Servicios Comunitarios -Coosercom-, creada a raíz del acuerdo celebrado entre el Estado y las milicias de Medellín en 1.994, ésta fue el laboratorio de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada y los Servicios Especiales de Seguridad Privada, como se les denominó en el Decreto-Ley 356 de 1.994, que después van a conocerse como Convivir |93| y apoyarán y/o se transformarán en grupos paramilitares.

No sólo así se lo confesó expresamente Pedro Juan Moreno Villa, el Secretario de Gobierno del Gobernador de Antioquia de esa época Álvaro Uribe Vélez |94|, sino que Coosercom se estructuró como una organización armada de carácter civil para cumplir una función del Estado -garantizar la seguridad y asegurar el orden público-. Con ese fin, realizaban patrullajes uniformados y mantenían el control sobre la comunidad. Esta función la van a cumplir los reinsertados y va a ser el ensayo a partir del cual se desarrolló el proyecto de las Convivir, las cuales terminaron asociadas a los grupos paramilitares, como lo señaló en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos |95|.

Muchos de sus integrantes se incorporaron a las bandas criminales que existían en la ciudad o a las organizaciones que surgieron después, como las Convivir y el Bloque Cacique Nutibara. Así lo demuestran los casos de Francisco Javier Ramos Giraldo, quien hizo parte del Consejo de Administración de Coosercom y se desmovilizó con el Frente Nordeste Antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia y Jhon Jairo Berrío, miembro de la Junta de Vigilancia, quien se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara. Un caso emblemático es el de Fray Martín Zapata Castaño, quien se desmovilizó con las Milicias del Pueblo y para el Pueblo y se integró a Coosercom, luego, al desintegrarse la Cooperativa, se vinculó a la Oficina de Envigado e integró el Bloque Cacique Nutibara y finalmente se desmovilizó con el Bloque Héroes de Granada |96|.

128. Ello no sólo demuestra la política que había detrás de la creación de las Convivir y los grupos paramilitares y el Bloque Cacique Nutibara en particular, sino que ello constituyó una violación de las normas internacionales, que reconocen el derecho de las víctimas a que los hechos no se repitan y el cual incluye la desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados ilegales en los casos de conflictos armados y/o situaciones de graves violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.

Como dijo la Corte Constitucional con base en el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad,

    "La Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del "Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad" en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta. . . (xii) dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción. . .

    "Principio 37. Desmantelamiento de las Fuerzas Armadas paraestatales/desmovilización y reintegración social de los niños.

    Los grupos armados paraestatales o no oficiales serán desmovilizados y desmantelados. Su posición en las instituciones del Estado o sus vínculos con ellas, incluidas en particular las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas de inteligencia y de seguridad, debe investigarse a fondo y publicarse la información así adquirida" |97|.

5.3 El ingreso de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a Medellín

5.3.1 Los GRAU, los Grupos de Autodefensa Urbana.

129. Como en el caso del Magdalena Medio, el ingreso de los paramilitares a Medellín se produjo por solicitud del comandante de la IV Brigada del Ejército, General Alfonso Manosalva Flórez, a Carlos Castaño Gil, hacia mediados de 1.996 |98|.

En efecto, de conformidad con la versión libre de los postulados Osman Darío Restrepo Gutiérrez, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara y Raúl Emilio Hasbún, conocido como Pedro Bonito y desmovilizado del Bloque Bananero, el ingreso de los paramilitares a Medellín se produjo a mediados del año 1996 cuando llegó al corregimiento de Belén Altavista un grupo proveniente de Urabá, enviado por el último, bajo el mando de Carlos Vásquez, alias Cepillo. Como en los demás casos, la llegada de ese grupo a Medellín obedeció a la solicitud que le hizo a Carlos Castaño el entonces Comandante de la Cuarta Brigada, General Alfonso Manosalva Flórez, de crear un grupo de autodefensa en el corregimiento de Belén Altavista con el fin de contrarrestar la presencia de la guerrilla en el sector. Éste envió a Raúl Emilio Hasbún, quien se reunió con el General en su oficina de la Cuarta Brigada en Medellín, según relató el propio postulado. Y efectivamente, una vez evaluada la situación, en nombre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- le dio la orden a Carlos Vásquez (Cepillo), de conformar el grupo que envió a Medellín.

El grupo funcionó dos o tres años con la financiación proveniente de las empresas de transporte y las ladrilleras del sector |99|, lo cual le permitió cubrir sus costos de operación en un plazo muy corto, mientras que la Cuarta Brigada le brindó apoyo permitiendo su operación mediante una labor de coordinación |100|.

130. El primer acto del grupo fue la masacre cometida en el estacionamiento de buses del corregimiento de Belén Altavista el 29 de Junio de 1.996. Hasta allí llegaron 10 hombres portando armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y chalecos del CTI y asesinaron a 19 personas en condiciones de indefensión. Cerca de donde se cometió la masacre, como en muchos otros casos, estaba una compañía del Ejército Nacional al mando del Teniente Soto. Este hecho que estaba en la impunidad ha podido reabrirse con base en los testimonios de los postulados Osman Darío Restrepo y Raúl Emilio Hasbún |101|.

131. Al cabo de un tiempo empezó a hacer presencia en el sector un grupo organizado por Diego Fernando Murillo Bejarano, por lo cual se tuvo que hacer una reunión en la finca de este último en San Pedro de Urabá con Raúl Emilio Hasbún, Carlos Vásquez y Carlos Mauricio García Fernández para coordinar la operación en la zona.

5.3.2 El Frente José Luís Zuluaga

132. Por la misma época y con idéntica finalidad, ingresó a Medellín el Frente José Luís Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Según la versión de Diego Fernando Murillo Bejarano, este grupo llegó al sector por solicitud de algunas personas de la sociedad civil ante la presencia de las milicias de las FARC, el ELN y los CAP. Según su versión, de la misma forma se creó el Bloque Cacique Nutibara, a solicitud de líderes y empresarios privados, dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública.

Su centro de operación fueron los barrios Belén Aguas Frías, Belén Zafra y Belencito Corazón y su misión era "recuperar" la comuna 13 de Medellín, en la cual operaban las milicias.

Desde Belén Aguas Frías lanzaron las operaciones y avanzadas de inteligencia para penetrar las filas de la guerrilla, mediante la infiltración y el reclutamiento de milicianos. Entre sus comandantes, además de Luís Eduardo Zuluaga Arcila, más conocido como Mc Giver, quien luego pasó a la banda La Unión y al Bloque Cacique Nutibara, estuvieron Mauro Alberto Taborda Álvarez, apodado Sebas, William Aristizábal, alias La Pava, Carlos Jair Zapata Pereañez, alias Jhon, René Ríos, un oficial retirado de la Armada y Francisco Aurelio Blandón Sepúlveda, conocido como Arpón, un capitán retirado del Ejército.

133. Posteriormente, el Frente José Luis Zuluaga pasaría a hacer parte del Bloque Cacique Nutibara a raíz de un acuerdo entre Diego Fernando Murillo y Luís Eduardo Zuluaga Arcila. Pero, ante el fracaso de ese grupo, que no pudo cumplir el objetivo trazado, Carlos Mauricio García Fernández asumió la tarea de entrar a la ciudad de Medellín.

5.3.3 El ingreso del Bloque Metro

134. El Bloque Metro fue uno de los primeros grupos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que hizo presencia en algunos barrios de Medellín, a donde llegó luego de asentarse en el nordeste y oriente antioqueño. Estaba dirigido por Carlos Mauricio García Fernández, más conocido como el Comandante Rodrigo ó Doble Cero, uno de los líderes de las Autodefensas, junto a Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. Durante su funcionamiento, fue uno de los bloques más activos y al que se le atribuyen innumerables crímenes.

Según la versión libre del 2 de marzo de 2.009 de Rodrigo Zapata Sierra, el Bloque Metro inicialmente ingresó en 1.999 a la Zona Nororiental de Medellín, donde había bandas al servicio del narcotráfico y de uno de los cabecillas que surgió tras la muerte de Pablo Escobar Gaviria: Diego Fernando Murillo Bejarano. Pero, donde también tenía asiento la banda La Terraza, que mantenía vínculos con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y ejecutaba homicidios y otros crímenes por encargo de éstas.

En dicha zona, Carlos Mauricio García Fernández, conocido como Comandante Rodrigo o Doble Cero, se asoció con los líderes de las bandas criminales y los combos de los barrios para combatir a las milicias del ELN y las FARC y de esa forma logró copar y extenderse por varios sectores de Medellín, entre éstos los barrios La Sierra, Moravia, El Bosque y El Oasis, entre otros y recibió el apoyo de las Convivir. Esa estrategia le permitió golpear, aniquilar y absorber a las milicias.

5.4. La creación y nacimiento del Bloque Cacique Nutibara

5.4.1 Los orígenes y fuentes del Bloque Cacique Nutibara

135. El Bloque Cacique Nutibara, según relató el Fiscal, inició sus actividades en Robledo y desde allí se extendió a las zonas occidental y noroccidental de Medellín y a los corregimientos de San Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado de esta ciudad, San Félix de Bello y a Itagüí. Luego, incursionó en los barrios Moravia, El Bosque y El Oasis, Santo Domingo y los Populares de la zona nororiental y finalmente en las comunas 8 y 9 de la zona oriental de la ciudad, donde se enfrentó con el Bloque Metro, muy especialmente en el sector de La Sierra, de lo cual quedó registro en un video de público conocimiento.

136. Pero, eso es apenas lo anecdótico porque la génesis del Bloque Cacique Nutibara es más compleja, pues nació y se alimentó de varias fuentes y en su origen están diversas expresiones asociadas a la violencia que vivió la ciudad de Medellín durante las dos últimas décadas del siglo XX.

En este bloque desembocaron las Convivir, las bandas criminales y los combos de la ciudad y la Oficina de Envigado, todos protagonistas de la violencia que vivió la ciudad durante esa época. A él también se incorporarían los miembros de las milicias y del Bloque Metro durante la guerra que libraron con el Bloque Cacique Nutibara, una vez sometidos o derrotados. Dichos grupos se disputaban el control y dominio del territorio en Medellín, en especial en la Comuna 13 (Las Margaritas, Vallejuelos, Blanquizal, San Javier, Juan XXIII, La Quiebra, Las Independencias, El Salado, El 20 de Julio, Santa Mónica, Antonio Nariño, El Socorro y San Cristóbal), donde confluían todos los grupos.

5.4.2 La Oficina de Envigado o la dirección y patrocinio del narcotráfico

137. En la década de los 80's el narcotráfico constituyó una de las principales fuentes de violencia en Medellín y entre las distintas organizaciones sobresalió el "Cartel de Medellín".

Éste fue un pacto para manejar conjuntamente el negocio del narcotráfico, que tuvo como sus miembros más destacados a los hermanos Jorge Luís, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez, Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Lehder Rivas y cuyo centro de operaciones giró alrededor de la ciudad de Medellín. Fidel Castaño Gil, como se dijo, también hizo parte de ese "cartel" y de él también hicieron parte Gerardo Moncada y Fernando Galeano Berrío.

El Comandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Adolfo Paz o don Berna, fue escolta de Fernando Galeano Berrío, un narcotraficante de Itagüí, como se dijo antes. No sólo por ese hecho el Bloque Cacique Nutibara estuvo ligado al narcotráfico desde sus orígenes, sino también porque se entremezcló y confundió con la llamada Oficina de Envigado y sus bandas criminales y por los recursos con los cuales se financiaba, una de cuyas fuentes era el tráfico de drogas.

138. La llamada Oficina de Envigado es una organización criminal que nació y tiene su sede en dicha ciudad y que por más de dos décadas ha conseguido mantener una hegemonía sobre el tráfico de drogas, el sicariato, el cobro de cuentas o el constreñimiento ilegal y otros delitos |102|.

Según Juan Carlos Sierra |103|, la Oficina de Envigado, de la cual él hizo parte, era una 'cooperativa' dedicada al narcotráfico, la extorsión y los cobros de cuentas. El producto de esas actividades estaba destinado a financiar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá o algunas de sus estructuras y sus donantes y/o patrocinadores sabían que tenía ese fin. Pero, también al enriquecimiento ilícito de sus miembros y el soborno de las autoridades, que recibían grandes beneficios y retribuciones.

La sentencia del Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Medellín del 19 de marzo de 2.010, por medio de la cual condenó por el delito de concierto para delinquir a Alirio de Jesús Rendón Hurtado, más conocido como el Cebollero y Mauricio Alberto González Sepúlveda, dos de sus principales jefes que se acogieron a sentencia anticipada, y otros más, entre ellos el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, también reconoce y declara que la llamada Oficina de Envigado estaba dedicada a "extorsionar, hurtar, torturar, asesinar a quienes se opusieran a sus designios o desterrarlos del sector, llegando su influencia a toda el Área Metropolitana" |104|. Pero, olvidó que se dedicaba también y fundamentalmente al narcotráfico.

139. Desde su origen, la Oficina de Envigado y los narcotraficantes estuvieron estrechamente ligados al surgimiento y expansión del paramilitarismo, junto con amplios sectores de las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado, líderes políticos y empresarios privados. Así lo revelan los vínculos de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín con las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el mando que tuvieron los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil y sus nexos con dicho Cartel, la presencia de Diego Fernando Murillo Bejarano, las operaciones realizadas conjuntamente con las Fuerzas Militares y la nómina paralela que tenían dicha oficina y el Bloque Cacique Nutibara, del cual hacía parte.

140. La Oficina de Envigado ha sido históricamente el eslabón para enlazar y articular la delincuencia de Medellín. Dicha estructura fue utilizada por las AUC para su proyecto de extenderse a Medellín, apoderarse de ésta y controlar su territorio, como el eje que articuló las bandas y los miembros de las milicias y el Bloque Metro una vez derrotados, bajo la denominación de Bloque Cacique Nutibara.

141. La Oficina ha tenido varias generaciones, que corresponden al liderazgo ejercido en cada momento. La primera, liderada por Pablo Emilio Escobar Gaviria, estructuró una serie de personajes e intereses del narcotráfico. Tras la muerte de éste, surge una segunda generación con Diego Fernando Murillo Bejarano, quien pasó a ser la cabeza visible de la Oficina y logró el dominio de la ciudad de Medellín y los municipios de Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y el corregimiento San Antonio de Prado. Éste continuó ejerciendo el control durante algún tiempo después de su desmovilización, no obstante su reclusión y trasladado a la Cárcel de Cómbita |105|.

Tras la extradición de éste, aparece una tercera generación al mando de Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido como Rogelio, quien fue investigador del CTI hasta 1.996 y luego de ser declarado insubsistente por la Fiscalía General de la Nación se vinculó a la Oficina de Envigado, pero no se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara, sino con el Héroes de Granada y en agosto de 2.008 se entregó a las autoridades de EEUU. A partir de entonces ha habido una sucesión de cabecillas.

142. Entre los financiadores de la Oficina de Envigado durante la época del dominio de Diego Fernando Murillo, según Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como El Tuso Sierra (quien se desmovilizó con el Bloque Héroes de Granada y fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos), además de ambos, estaban los hermanos Edwin y Santiago Gallón, éste último condenado por promover y financiar grupos paramilitares en el suroeste, Hernando Gómez Bustamante, más conocido como Rasguño, quien no sólo aportó dinero a la oficina, sino que donó hasta 250 mil dólares que le entregó a Carlos Mario Aguilar, otro de los miembros de la oficina conocido como Rogelio, Rodrigo Tamayo, Dagoberto Giraldo y Nicolás Bergonzoli, entre muchos otros. El dinero no sólo ingresaba a través de la Oficina, sino que también le aportaban dinero de manera directa a Diego Fernando Murillo Bejarano en Córdoba. A cambio, obtenían seguridad, protección personal y familiar e información y eran considerados amigos o allegados de la oficina, lo cual, según Juan Carlos Sierra, "era estar in".

143. La estructura de la organización la conformaban Diego Fernando Murillo Bejarano, su jefe máximo, Gustavo Adolfo Upegui López, reconocido dirigente deportivo de Envigado, quien había sido socio y lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria, pero se entregó a los Pepes y luego fue asesinado el 3 de julio de 2006, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito o Daniel Bum, quien fuera el Comandante Militar del Bloque Cacique Nutibara y está desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006 |106|, Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido como "Rogelio", quien se encuentra detenido en Estados Unidos, Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido como El Cebollero, condenado por el delito de concierto para delinquir, Carlos Arturo Hernández Ossa, alias "Jerónimo" o "Duncan", también condenado por la justicia ordinaria, Aldemar Alexander Noreña López, alias Alex Cuñado, enlace de la banda La Unión y una figura importante en las estructuras del Bloque Cacique Nutibara del sur de la ciudad, Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, más conocido como El Negro Elkin y Héctor Fabio Jaramillo Cardona, conocido como Orión, quienes hicieron parte de los mandos del Bloque Cacique Nutibara, entre otros, que si bien fueron cabecillas de este bloque, no se desmovilizaron con él.

A éstos habría que agregar una larga lista de nombres, todos ellos asociados a las estructuras criminales establecidas en Medellín y su área Metropolitana, la mayoría de los cuales fueron a su vez integrantes del Bloque Cacique Nutibara.

Por la relevancia que en su momento tuvieron dentro de éste se destacan, además de los mencionados antes, Ubaldo Antonio Ayala Arenas, apodado Guayo o Care Guayo (quien participó en la articulación de las bandas que operaban en sectores de la zona nororiental de Medellín y se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara, pero luego pasó al Bloque Héroes de Granada con el cual se desmovilizó de nuevo y fue Gerente de la Corporación Democracia |107|), Fray Martin Zapata Castaño, alias Martín o El Viejo (quien inicialmente fue miembro de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y después de su desmovilización hizo parte de Coosercom y luego del Bloque Cacique Nutibara y como miembro de éste, al igual que el anterior, participó en el proceso de articulación de las bandas en el Nororiente de Medellín, pero no se desmovilizó con dicho bloque |108|), Severo Antonio López Jiménez, más conocido como Job (quien luego de trasegar en el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y tras establecer relaciones con Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo Bejarano, se convirtió en Comandante Político del Bloque Cacique Nutibara y vocero de éste, con el cual se desmovilizó); Jaime Alberto Ospina Olaya, conocido como Alberto Cañada, quien falleció el 18 de octubre de 2005 y lideró la Comuna 8, pero no se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara, Luis Aníbal Mejía Ruíz, Carlos Hernán Moreno y Fabio Orlando Acevedo Monsalve, conocido como don F o don Efra.

5.4.3 Las bandas criminales

144. Las bandas estaban formadas por grupos de jóvenes sin una organización y estructura claramente definida, pero jerárquica y vertical, que constituían una manifestación de sus condiciones de exclusión o marginalidad social. En sus comienzos, cometían actos delictivos de impacto local, que dieron lugar a la conformación de comités barriales de seguridad, como una reacción de defensa de la comunidad. Pero a raíz de su vinculación con el narcotráfico y el aumento de su capacidad militar, incursionaron en delitos de mayor gravedad, como el homicidio por precio o promesa remúneratoria, el secuestro, el asalto bancario y el hurto de vehículos, que exigían un grado de organización y capacidad operativa mucho mayor.

145. El narcotráfico tuvo una gran influencia en este proceso de fortalecimiento de las bandas al proveerlas de recursos económicos, mejorar la calidad de su armamento y facilitar las condiciones para que asumieran el control territorial de los barrios donde operaban, creando una oferta adecuada a sus intereses. Ya en esta fase se destacan bandas como Los Priscos primero y La Terraza -a la cual se le atribuyen crímenes de gran impacto en el país como el homicidio de Jaime Garzón y los investigadores del Cinep por encargo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-, Los Triana y La Banda de Frank |109| después, entre otras.

146. La acción del Estado en contra del narcotráfico no afectó sustancialmente la estructura de las bandas criminales, salvo las que en su momento estuvieron al servicio de Pablo Escobar que fueron diezmadas en la guerra que desató el Estado contra éste, como Los Priscos, lo cual facilitó su posterior relación con el fenómeno paramilitar.

A estas bandas el Estado les ha dado un tratamiento fundamentalmente punitivo o les ha aplicado políticas de seguridad que desconocen las raíces y fuentes del fenómeno, o que son superficiales e insuficientes, como la política de "compro la guerra" del Alcalde Luis Pérez Gutiérrez o que simplemente tienden un velo sobre el conflicto, pero mantienen y prolongan el fenómeno de violaciones a los derechos humanos y la subsistencia de sus agentes -las bandas-, como los pactos de no agresión o los pactos de paz y convivencia implementados en varias administraciones, pero sin desmantelar los grupos y sus estructuras, que no sólo constituyen una grave violación de los compromisos internacionales del Estado y sus deberes en materia de derechos humanos, sino que son ineficaces y perpetúan a los agentes del fenómeno.

147. Dichas bandas han sido aprovechadas por las organizaciones y grupos armados ilegales que han encontrado en ellas una fuente de reclutamiento de sus efectivos a través de procesos de subordinación, cooptación o absorción, como lo hicieron en su momento el narcotráfico y la guerrilla.

Los grupos paramilitares no fueron la excepción. Su estrategia no sólo tenía como objetivo las zonas controladas por las milicias, sino también el gobierno y control de las bandas y sus territorios, pues su finalidad era conquistar la hegemonía en la ciudad y ésta pasaba por la eliminación de las milicias y los grupos armados insurgentes, el control de las rentas ilegales y el dominio de la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y control social para lo cual las bandas criminales eran un instrumento idóneo, como ya se había demostrado desde las épocas de Pablo Escobar |110|.

El desarrollo de esta estrategia la llevó a cabo a través del Bloque Metro desde fines de la década de los noventa. Pero por la misma época hizo presencia otra estructura paramilitar, que se identificaría como Bloque Cacique Nutibara y muy rápido se presentó un conflicto de intereses entre éstas, dando lugar a una confrontación armada entre ellas, la cual terminó con la derrota del Bloque Metro.

148. El proceso de cooptación de las bandas de Medellín, que inicio el Bloque Metro, fue largo y doloroso. Este proceso no sólo se explica por la existencia de organizaciones y bandas criminales en la ciudad y la descomposición de las milicias y Coosercom, sino porque las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá eran un poder al que no tenían como resistirse y terminó alimentándose de esas organizaciones.

A ese poder, que se manifestó en la ciudad con el ingreso del Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Bloque Metro, se sumó el conocimiento que tenían los agentes del narcotráfico de las bandas de Medellín y su relación con éstas desde la época de Pablo Escobar, que recogió y cosechó Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna o Adolfo Paz, quien conocía y podía recoger esas estructuras. La orden era clara: o se sometían a los nuevos jefes o serían combatidas y exterminadas, como en efecto ocurrió y lo demuestra el asesinato de los líderes de la Banda La Terraza en el departamento de Córdoba cuando quisieron disputarle el poder -o exigir una parte de él- a Diego Fernando Murillo Bejarano y el exterminio de la banda de Frank, que se resistió a esa estrategia.

149. La banda La Terraza fue clave para lograr el control de la ciudad. A la muerte de Pablo Escobar se produjo un vacío en el dominio y dirección de las bandas criminales que él controlaba. La Terraza asumió entonces la función de gobernar y controlar buena parte de la criminalidad de Medellín, pero detrás de los jefes de ésta estaban Carlos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. La banda estaba ligada a los intereses del narcotráfico, pero también ejecutaba delitos comunes y acciones contrainsurgentes, como se ha podido establecer con las versiones del último.

Esta fue la encargada de ejecutar crímenes de gran repercusión en el país, por orden de los máximos líderes de los grupos paramilitares, como los homicidios de los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado y del padre de ésta, Carlos Alvarado, el 19 de mayo de 1997 en Bogotá, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998, el también abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza el 18 de abril de 1998, el profesor Hernán Henao de la Universidad de Antioquia en 1999, el periodista y humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de este mismo año y la desaparición forzada de Jairo Bedoya, miembro de la Organización Indígena de Antioquia, entre otros.

150. Pero, este proceso de cooptación tuvo su punto culminante en la reunión realizada por el Bloque Cacique Nutibara en el municipio de Sopetrán en el segundo semestre del año 2001 con la participación de más de 300 jefes, líderes o representantes de bandas y combos de los barrios de Medellín, Bello e Itagüí. En dicha reunión, a la cual asistió Diego Fernando Murillo Bejarano, éste dejó claro que entre sus objetivos estaba la lucha contra las milicias y la regulación de las bandas y combos y que debían alinearse como Bloque Cacique Nutibara, el cual era regulado por la Oficina de Envigado, bajo su mando y el de Daniel Alberto Mejía Ángel |111|.

151. Como consecuencia de ese proceso, la mayoría de bandas criminales del municipio de Medellín y su área metropolitana pasaron a integrar el Bloque Cacique Nutibara. Aunque en algunos casos mantuvieron su propia estructura y continuaron operando en el mismo sector, ahora lo hacían bajo las directrices de éste.

Eso significa que el Bloque Cacique Nutibara estaba integrado por lo menos por 300 bandas y combos de la ciudad y esa información es veraz porque esa cifra corresponde al promedio de bandas u organizaciones criminales que han existido en la ciudad de Medellín históricamente |112|.

El Fiscal 45 Delegado sólo logró consolidar 28 bandas como pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, las cuales estaban conformadas por 687 miembros, según la información reportada por él, a saber: La 38 |113|, Los Buchepájaros, La Machaca, La Terraza |114|, Los Cobis, El Reversadero, El Pesebre, Alfonso López, Córdoba, La Francia, El Niño, El Hueco de la Candelaria, La 40, La Fe, La Arboleda, La Paralela, Mondongueros, Los Ototos, Plaza Colón, El Ventiadero, La Unión, Calatrava, El Tablazo, Yarumito, El Guayabo, San Gabriel, San Francisco y La Raya |115|. La Sala con la evidencia aportada logró establecer otras como los BJ, los de la Cañada, la de Caicedo, Los Pillo, de Caicedo La Toma |116|, Los Triana |117|, La Treinta, Los Colchoneros, Los Cobre, Los Magníficos, Los Zaros, El Socorro |118| y La 29 en Santo Domingo |119|.

Pero, esa no es la cifra de todos los miembros de las bandas que conformaban el Bloque Cacique Nutibara. La Oficina de Paz y Reconciliación informó que había 6.000 jóvenes pertenecientes a las bandas y combos, los cuales estaban ligados a ese bloque antes de su desmovilización |120|. El mismo Diego Fernando Murillo Bejarano declaró que si se hubieran desmovilizado todas las personas que hacían parte de él se hubieran tenido que desmovilizar 10.000 o 15.000 hombres |121|.

Eso da una idea del dominio y control que llegó a tener Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, a través del Bloque Cacique Nutibara y las estructuras que lo reemplazaron sobre la ciudad de Medellín, sus bandas y combos, su criminalidad y todos las acciones y recursos ilegales. Por algo, en algún momento de nuestra historia como ciudad, hacia el año 2.004, se acuñó la reveladora expresión de la "donbernabilidad" para dar cuenta de ese fenómeno.

Dentro de las bandas que se integraron al Bloque Cacique Nutibara, a manera de ejemplo, conviene destacar las siguientes:

a. La 38: |122| Conformada por unos 25 miembros bajo el mando de César Alonso García Pulgarín, conocido como La Garza, y Edison Jaramillo, alias El Flaco |123|. Su zona de operaciones eran los barrios Popular 1, el Hueco, Pablo VI, Nuevo Horizonte, La Vereda, La Caseta, El Control, La Galera y el Plan de Granizal, donde hurtaban y extorsionaban a transportadores y comerciantes y se disputaba el dominio con la banda de Pablo VI, integrada por milicianos de Coosercom, con quienes se enfrentó en el año 1998 y con la banda los Joyeros, a quienes finalmente eliminaron tomando así el control del territorio |124|.

b. Banda La 30: Fue cooptada inicialmente por el Bloque Metro, pero luego se integró al Bloque Cacique Nutibara. Aunque cambiaron su línea de mando, la estructura militar de la zona continúo igual |125|.

c. Banda La Unión: Esta estructura criminal articuló una serie de bandas al servicio del narcotráfico en el municipio de Itagüí. En ella confluyeron las bandas de El Rincón, Calle 15, Calatrava y el Tablazo, así como los combos de El Palmar, San Pio, La Finquita, Guamal, Villa Lía y San Antonio de Prado. Quienes no adhirieron se convirtieron en objetivos militares |126|.

d. Bandas de San Antonio de Prado: Conformadas por personas de diferentes sectores, tenían como finalidad combatir al Bloque Popular Miliciano del ELN que hacía presencia en dicho corregimiento. En éste actuaban también una Convivir liderada por Ramón Ovirli Correa Salas -quien contaba con el apoyo de las ACCU- y Aldemar Alexander Noreña López, más conocido como Alex Cuñado. Estas estructuras delincuenciales se articularon en torno a la Oficina de Envigado y la banda La Unión y a mediados del 2001 pasaron a formar parte del Bloque Cacique Nutibara, cuando consolidó su dominio y control sobre toda la ciudad, salvo la comuna 13, que fue la única que se resistió y donde siguieron ejerciendo control los Comandos Armados del Pueblo -CAP-, así no fueran hegemónicos.

La Sala tiene la intención de completar esa lista en el proceso que se le adelanta a Diego Fernando Murillo Bejarano.

152. En este proceso de cooptación y sometimiento de las bandas criminales, aquellas que no se sometieron a este nuevo mando, como la banda de Frank, que tenía influencia en los barrios el Picacho y Paris y la banda La Terraza, una vez rompió con sus antiguos aliados, fueron combatidas y desterradas |127|

5.4.4 El Bloque Metro como fuente del Bloque Cacique Nutibara

153. El Bloque Metro, que hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, surgió a finales de 1996 en el corregimiento de Cristales del municipio de San Roque, Antioquia, bajo el mando de Carlos Mauricio García Fernández, más conocido como Comandante Rodrigo o Doble Cero. El bloque se extendió rápidamente por el nordeste y el oriente de Antioquia y llegó a tener presencia en más de 45 municipios. Finalmente, llegó a Medellín en 1998 -o 1999, según la versión de Rodrigo Zapata Sierra- ante el fracaso del Frente José Luis Zuluaga, que no había podido desalojar a las milicias de las zonas que dominaban.

Eso revela que la aniquilación o expulsión de éstas fue una estrategia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá para hacerse al dominio y control de la ciudad, no sólo por ser una sede del narcotráfico, sino fuente de bandas y sicarios útiles para los objetivos del tráfico de drogas y la guerra contrainsurgente.

154. El Bloque Metro fue una organización típicamente rural, pero al llegar a la ciudad de Medellín desarrolló una estrategia similar a la utilizada por el ELN y las FARC a través de las milicias y, al lado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, terminó asociándose con organizaciones de alta capacidad como la banda La Terraza -que para fines de los 90's se había convertido en un eje de la delincuencia en la ciudad- y las cooperativas Convivir existentes en el departamento de Antioquia y en esta ciudad. De ese modo, desarrolló una estrategia que tenía como objetivo exterminar a las milicias y someter a algunas bandas delincuenciales, bien mediante su aniquilamiento físico o bien mediante su cooptación.

155. Sin embargo, el ingreso del Bloque Metro a Medellín generó un conflicto con Diego Fernando Murillo Bejarano y sus estructuras, pues para ese entonces éste ya controlaba muchas de las bandas y combos de la ciudad a través de la Oficina de Envigado. De allí nació la necesidad de articular las bandas a través de la creación del Bloque Cacique Nutibara bajo su mando, que desde sus inicios tuvo conflictos con el Bloque Metro por el control de las zonas.

156. Pero no sólo tenían conflictos por ese hecho, sino porque el Comandante del Bloque Metro Carlos Mauricio García Fernández, o Comandante Rodrigo, se opuso a la penetración y control cada vez mayor del narcotráfico sobre las distintas estructuras de las Autodefensas, lo cual cuestionaba su ideología, sus objetivos y la legitimidad de la lucha contrainsurgente.

El Bloque Metro también estaba en desacuerdo con la negociación con el Gobierno Nacional mientras la guerrilla no se hubiera desmovilizado, así como la participación de los narcotraficantes en ese proceso, razón por la cual no hizo parte de los diálogos con el Gobierno.

Convertido en un obstáculo para los proyectos estratégicos de las Autodefensas Unidas de Colombia –el diálogo con el Gobierno Nacional, con la participación y legalización de los narcotraficantes vinculados a ellos-, se inició una cruzada para exterminar al Bloque Metro, que empezó en las comunas de Medellín y tras una cruenta guerra que duro más de 10 meses, terminó en el corregimiento Cristales del municipio de San Roque.

157. De ese modo los miembros del Bloque Metro, a medida que iban siendo derrotados y sometidos, engrosaron las filas del Bloque Cacique Nutibara.

5.5 Y de nuevo, quien está detrás? Los financiadores y promotores del Bloque Cacique Nutibara.

158. El Bloque Cacique Nutibara nació de la decisión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de crear una estructura urbana en Medellín para contrarrestar el poder de las milicias y dominar y controlar la ciudad. Pero, según lo afirmó Diego Fernando Murillo, quienes promovieron su creación fueron algunas personalidades y empresarios de Medellín que le solicitaron a Carlos Castaño Gil la presencia de las autodefensas en esta ciudad. Murillo Bejarano, empero, no ha entregado más información al respecto, ni lo ha hecho la Fiscalía, a pesar de su deber de colaborar con la administración de justicia, revelar la verdad de los hechos y confesar de manera completa y veraz los crímenes cometidos, lo cual incluye revelar los demás partícipes conocidos.

159. El allanamiento al Parqueadero Padilla, que se realizó el 30 de abril de 1998, dio origen a la investigación No. 34986 de la Fiscalía Especializada de Medellín contra varias personas, entre ellas Jacinto Alberto Soto Toro, el jefe financiero de las Autodefensas.

En el allanamiento se encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como una relación de las personas que hacían parte del grupo paramilitar y sus libros de contabilidad, extractos bancarios, facturas de compra de medicamentos y otros bienes, comunicaciones sobre los operativos militares, un equipo de cómputo, 70 disketes, cheques y dinero en efectivo, así como 2 pistolas con salvoconducto a nombre de Soto Toro, alias Lucas |128|.

El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y cia., Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía.

Desde entonces también fueron identificadas múltiples personas que aparecían vinculadas a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, como Pedro Ortega Lora (Bloque Córdoba), Jesús Ignacio Roldán, Luís Arnulfo Tuberquia, Aldides de Jesús Durango (Bloque Suroeste), Raúl Emilio Hasbún Mendoza (Bloque Bananero), Miguel Ángel Achuri Peñuela (Bloque Meta y Vichada), Hernán Darío Moreno Calle (Bloque Noroccidente Antioqueño), Franklin Helmer Seguro (Bloque Elmer Cárdenas), José Luís Pérez Jiménez (Bloque Calima),Sergio Manuel Córdoba Ávila (Bloque Córdoba), Giovanny Pedraza Peña, Francisco Antonio Flórez Upegui, Rosa Edelmira Luna Córdoba (esposa de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco) Ana Paulina Uribe Lopera, Luís Alberto Villegas Uribe (un ganadero del nordeste antioqueño, vinculado a la Convivir El Cóndor y los grupos paramilitares de la región), Sor Teresa Gómez (Directora de Funpazcor) e Isabel Cristina Bolaños Dereix |129|.

Esa información es amplia y dispendiosa y la Fiscalía no la ha entregado de manera completa, pero debe hacerlo. La Sala tiene la intención de recolectar, descubrir, revelar y divulgar esa información y las empresas y personas que estuvieron detrás de la promoción, financiación y apoyo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en esta ciudad, así deba usar sus facultades de oficio.

Pero los primeros hallazgos del Parqueadero Padilla, confirman que tras las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Cacique Nutibara estuvieron empresarios y sectores privados, como lo sostuvo Diego Fernando Murillo Bejarano y lo ha constatado la Sala en otras regiones del país. No en vano el allanamiento del parqueadero Padilla y sus hallazgos ocasionaron el asesinato de por lo menos 7 investigadores del CTI de la Fiscalía.

160. Desde el Parqueadero Padilla, y a través de Jacinto Alberto Soto Toro, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998, entre ellas la masacre de El Aro en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997, la de Pichilin en Morroa, Sucre, el 4 de diciembre de 1996 y la de La Granja en Ituango el 15 de julio de 1996. Desde allí Jacinto Alberto Soto coordinaba las relaciones y operaciones con las autoridades militares y les suministró hombres, armamento y recursos a los bloques y estructuras de las Autodefensas con los cuales se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario |130|.

161. La nómina paralela de la Oficina de Envigado es también otra evidencia de estas relaciones. La lista de personas que aportaban recursos o que recibían sobornos de dicha oficina o mantenían relaciones con ella entregada por Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso Sierra, incluye congresistas, altos funcionarios públicos, dirigentes políticos, oficiales del Ejército y la Policía y miembros de la Fiscalía, algunos ya condenados o con reconocidos vínculos con los grupos paramilitares como los congresistas Mario Uribe Escobar, Oscar Suarez Mira, Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora María Pineda Arce y Rocio Arias Hoyos y los funcionarios del CTI Uber Duque y Carlos Mario Aguilar, pero también otros a los cuales se les han atribuido vínculos con los grupos paramilitares por diversas fuentes como los Generales Mario Montoya Uribe del Ejército, Luis Alberto Moore Perea y Leonardo Gallego Castrillón de la Policía y los dirigentes políticos Luis Ernesto Garcés Soto y Alberto Builes Ortega, este último Ex-Gobernador de Antioquia |131|. La lista incluye muchos otros nombres, a los que la Sala les hará seguimiento y no considera pertinente revelar todavía, aunque las sentencias contra varios de los mencionados indican que la información tiene todas las características de ser veraz.

162. Los miembros de la banda La Terraza, que estuvo estrechamente ligada a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, también revelaron una serie de personalidades y altos mandos de la Policía y el Ejército Nacional vinculados a los grupos paramilitares. Los miembros de la banda tenían porqué saber de esas relaciones, pues hicieron parte del conflicto al lado de las Autodefensas y por encargo o de común acuerdo con éstas participaron en múltiples crímenes, como los magnicidios confesados por Diego Fernando Murillo Bejarano y a raíz del homicidio de sus líderes y su guerra con las Autodefensas, divulgaron toda esa información. Sin embargo, la Sala no considera conveniente revelarla por ahora, porque requiere verificarla y hacerle un estudio más detallado, pero lo hará y realizará el debido seguimiento en el proceso adelantado al postulado Murillo Bejarano que adelanta actualmente. Empero, sí considera conveniente destacar que desde entonces, por allá en el año 2.001, los miembros de La Terraza revelaron los vínculos del Mayor Mauricio Santoyo con los grupos paramilitares, los cuales quedaron al descubierto mucho después y por los cuales fue condenado recientemente en Estados Unidos, así como otros hechos que el tiempo vendría a confirmar.

163. La operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del General Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del General Leonardo Gallego Castrillón y el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Así se desprende de la versión de Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes |132| y el propio Diego Fernando Murillo, quien admitió que la operación fue concertada con la Fuerza Pública porque era la única zona de la ciudad de Medellín que el Bloque Cacique Nutibara no había podido capturar, dominar y controlar |133|.

Ya antes el Ejército Nacional había realizado en la comuna 13 las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha en el curso de 6 meses |134|.

Ninguna otra comuna de Medellín, a pesar de la presencia de bandas criminales más temibles y grupos paramilitares, vivió y padeció tantas ofensivas del Ejército en tan corto lapso. Eso confirma que el objetivo de esas operaciones y la última de ellas, la operación Orión, era eliminar el último reducto de las milicias y el único sector donde los paramilitares no habían podido tomar el control, como lo tenían en las demás zonas de Medellín. Estas otras, por supuesto, no fueron objeto de iguales ofensivas y no constituían entonces una preocupación para la Fuerza Pública.

De hecho, como concuerdan todos los investigadores y testigos escuchados por la Sala, después de la operación Orión el Bloque Cacique Nutibara ingresó y se hizo hegemónico en la comuna 13. Al dominio del Bloque Cacique Nutibara le siguieron las expulsiones, los desplazamientos y las desapariciones forzadas a partir de fines de 2.002 y durante todo el 2.003. Éstas se hacían con listas previamente conformadas por los paramilitares de dicho bloque y de manera selectiva.

La característica más común, según encontraron los investigadores y testigos aludidos, es que se trataba de personas que tenían antecedentes o que habían sido detenidos previamente por la Fuerza Pública. Ésta también había realizado antes un empadronamiento de la población con fundamento en los decretos de estado de sitio dictados por el Gobierno Nacional y tenían una información sobre los habitantes.

A la Sala se presentó evidencia que los desaparecidos de la Comuna 13 eran conducidos a la Arenera y la Escombrera y que en éstas reposan los cuerpos de unos 300 desaparecidos |135|.

Las fuerzas militares y de policía no podían ignorar eso.

5.6 Las fuentes de financiación

164. El Bloque Cacique Nutibara se financió a través de diversas actividades ilícitas. Entre estas, los aportes voluntarios y las contribuciones arbitrarias de los comerciantes, conductores y empresas de transporte y habitantes, ubicados en los sectores o barrios donde operaban sus miembros. Esas contribuciones tenían como excusa la prestación de servicio de seguridad y vigilancia a los habitantes y locales comerciales.

Las empresas de transporte también le colaboraron al Bloque Cacique Nutibara |136|. En las terminales de buses ubicadas en Belén Altavista, La Perla, La Esperanza y Buenavista cada bus pagaba aportes mensuales. Así mismo ocurría en los barrios Popular 1 de la Comuna 1, El Control, barrios Caicedo y Santa Lucia, donde además pagaban por el aseo del bus, como también ocurría en La Soledad, El Pesebre, El Pozo y La Cruz. En Robledo Aures la contribución de las rutas de Robledo era voluntaria.

165. Las ladrilleras ubicadas en los barrios Belén Altavista, La Perla, La Esperanza y Buenavista de propiedad de Carlos Darío Palacio, Iván Darío Palacio y Jorge León Palacio, pagaban entre dos millones y tres millones de pesos mensuales ($2'000.000 y $3'000.000) |137|, así como la Ladrillera Asociados, cuyo propietario era Mauricio Cuartas, la Ladrillera Santa Cecilia de Juan David Medina y la Ladrillera de Guillermo Medina |138|.

Eso, por supuesto, sin contar la financiación del narcotráfico.

5.7 La estructura de la organización

166. El Bloque Cacique Nutibara era una estructura jerárquica y piramidal, pero en su base funcionaba como una red extendida de bandas y combos que, sin embargo, obedecían las políticas y directrices de la estructura central.

La máxima autoridad era Diego Fernando Murillo Bejarano |139|, quien desde la zona de seguridad del municipio de Valencia (Córdoba) operaba a través de Daniel Alberto Mejía Ángel en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Éste era el segundo al mando y fungía como comandante militar y de finanzas y a su lado estaba Severo Antonio López, alias Job, quien hacía de comandante político.

En una tercera línea estaban los comandantes de zona, a quienes Daniel Alberto Mejía Ángel les impartía las órdenes de manera directa y éstos a su vez, se las trasmitían a los comandantes de barrio o sector, quienes coordinaban las órdenes y se encargaban de su ejecución o impartían las instrucciones a los hombres que tuvieran bajo su mando.

Finalmente, estaban los subalternos o ejecutores de los hechos a quienes se les comunicaba las órdenes para que las cumplieran de manera inmediata, sin que pudieran discutirla o desacatarla, tal como se establece en el artículo 26 de los Estatutos de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual señalan que las órdenes de los superiores son de cumplimiento inmediato y su ejecución debía ser reportada a sus comandantes |140|.

6. En busca del tiempo perdido. La política detrás de los crímenes

167. El surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional, ni se explica por esa causa. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas. En Medellín, en el Magdalena Medio, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el norte y el nordeste, en Córdoba y, en fin, donde quiera que surgieron y por donde quiera que pasaron habían brigadas y batallones del ejército y comandos de policía para garantizar la seguridad.

168. La creación de Coosercom fue una forma de legalizar las actividades de las milicias y un laboratorio de las convivir, que van a derivar en los grupos paramilitares. Al hacerlo, el Estado violó las normas de derecho internacional que lo obligan a desmovilizar, desarmar y desmantelar los grupos y estructuras ilegales en los casos y situaciones de conflictos armados y/o graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Detrás de esa política hubo agentes del Estado.

169. La autorización, creación y apoyo de las convivir, como lo concluyó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 26 de febrero de 1999, violaba las normas del derecho internacional humanitario que obligan a distinguir entre combatientes y civiles, a respetar y proteger a éstos y a no involucrarlos en las hostilidades.

170. Las convivir y Coosercom fueron una estrategia del Estado en la lucha contrainsurgente y el control social de la población. Ambos fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y en más de un caso una herramienta para encubrir sus actividades y fueron promovidas, organizadas, financiadas y apoyadas por las Fuerzas Militares, empresarios privados de distintos sectores y, por supuesto, los narcotraficantes.

171. Los empresarios privados de diversos sectores (industriales, ganaderos, comerciantes, mineros, bananeros, etc.) y en muy distintos niveles promovieron y financiaron las convivir y los grupos paramilitares. Detrás de éstos estuvieron también amplios sectores del narcotráfico.

172. La promoción, organización y apoyo de las convivir y los paramilitares no fue la conducta de unos miembros o sectores aislados de las Fuerzas Militares, y en especial del Ejército Nacional, como quizá pudo ser en sus comienzos. A diferencia de lo que concluyó una de las Salas de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, con el tiempo se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares, como lo demuestran los múltiples casos registrados por la Sala, algunos de ellos, y solo algunos, documentados en esta decisión.

173. Todo ello demuestra la estrecha relación entre el Ejército, las Convivir y los grupos paramilitares y la identidad de sus fines y objetivos e indica que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos, a determinados movimientos y líderes sociales y a sectores vulnerables de la población. En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos y recursos que los hace responsables.

174. No sólo el Ejército estuvo vinculado a la promoción, organización y apoyo de los paramilitares, cuya operación patrocinó y favoreció de distintas formas. El Estado también sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a éstos desde 1.983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento, pues así lo están revelando los informes del Procurador de 1.983, del DAS de 1.989, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 1.993 y los informes del CTI de 1.996, antes de que se iniciará su proceso de expansión por todo el país.

175. Las Convivir y los grupos paramilitares, aunque contaron con su apoyo, actuaron paralelamente al Estado, pero al lado de éste. Quizá eso explica que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período. Y explica que el gobierno haya seguido funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional.

176. El Estado colombiano es responsable, por acción y/o omisión, de los hechos cometidos por los grupos paramilitares. Éste y las Fuerzas Militares promovieron las convivir, que fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad. En la promoción, creación y expansión de éstos participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la complacencia o tolerancia de otros sectores del gobierno. Pero, el Estado sabía de esas actividades de sus agentes.

Como se dijo en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala en el caso del postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez,

"De conformidad con los 'Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos', los cuales fueron adoptados por la Comisión de Derecho Internacional el 9 de agosto de 2.001, y ratificados mediante Resolución A/56/83, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de Enero de 2.002, 'todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado genera su responsabilidad internacional' |141|. En materia de derechos humanos, el hecho ilícito internacional surge cuando el Estado viola los deberes de respeto y garantía consagrados en el artículo 1 de la Convención Americana y el hecho le es imputable.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado es responsable internacionalmente por los actos u omisiones de sus agentes que violen los derechos humanos, y aún de los cometidos por los particulares en ciertos casos como cuando ha habido falta de diligencia del Estado o el apoyo o tolerancia con tales hechos o ha permitido que los particulares asuman funciones propias del Estado.

    "En efecto, como lo dijo en el caso de 19 comerciantes Vs. Colombia,

    'La Corte considera necesario hacer referencia primero a dos situaciones que se presentaron en este caso: a) la creación de grupos de 'autodefensa' que derivaron en grupos delincuenciales o 'paramilitares'; y b) la vinculación y apoyo de miembros de la Fuerza Pública al grupo 'paramilitar' que ejercía control en la región del Magdalena Medio, así como la participación de éstos en las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. . .

    'A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos 'paramilitares', por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales.

    'Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados. Además, la Corte ha considerado que 'un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención'.

    'Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención' |142|.

    "Como lo reiteró la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia,

    'Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste" |143|.

    En dicho caso, la Corte Interamericana estableció que

    '. . .el Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje militar de zonas de orden público, utilizando armas de uso privativo de las fuerzas armadas o en desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, el Estado es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones. Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, estos mismos grupos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales' |144| (Subrayas de la Sala).

    "Ahora, la conducta de los particulares también le puede ser atribuido a un Estado bajo las siguientes circunstancias:

    '(i) Cuando el Estado omite la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos Humanos; (ii) cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo instrucciones o con control de un Estado; (iii) cuando el actor ejercita elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades oficiales;. . . (vi) cuando hay delegación de funciones estatales al actor no estatal, o (vii) cuando el Estado crea una situación objetiva de riesgo y luego no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles (pensamiento de la injerencia). . .

    '. . .En consecuencia, tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. . .

    '. . .un acto ilegal que viola los derechos humanos y que inicialmente no es imputable directamente a un Estado (debido, por ejemplo, a que es una conducta de un actor no-estatal), puede conducir a la responsabilidad internacional del Estado, no debido al acto mismo, sino debido a la falta de actividad mostrada por el Estado para prevenir la violación con la 'diligencia debida', o, responder tal como es requerido en la Convención' |145|.

    "La responsabilidad del Estado, por acción u omisión, tiene fundamento a nivel interno en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el cual consagra que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

    "Al respecto, el Consejo ha establecido que,

    'Respecto de los daños causados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala, en diferentes oportunidades, ha señalado que éstos son imputables al Estado, principalmente cuando en la producción del hecho generador del daño interviene la administración, a través de una acción u omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales aquél se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la víctima ha solicitado protección a las autoridades y éstas no se la han brindado o porque, en razón de las especiales circunstancias del momento, el hecho es previsible y no se realiza ninguna actuación dirigida a protegerla. . .'.

    'Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción de la lesión' |146|.

    "El Estado también puede responder como tercero civilmente responsable. La fuente de responsabilidad del tercero civilmente responsable es el delito del autor, entre otros casos, "cuando se tiene el deber civil de responder patrimonialmente como garante de una fuente de riesgo a bienes jurídicos' |147|".

177. El Estado no solo es responsable por esa razón, sino por violar las normas internacionales que lo obligan a distinguir, respetar y proteger a los civiles en caso de un conflicto armado y a no involucrarlos en este y a desmovilizar, desarmar y desmantelar los grupos y estructuras ilegales en los casos de conflictos armados y/o en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

178. La creación y expansión de los grupos paramilitares fue el fruto de una política de amplios sectores del Estado, las Fuerzas Militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos, que obedecía a sus intereses y propósitos comunes. Los demás sectores del Estado fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo facilitaron, permitieron o toleraron de distintas formas. Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el territorio nacional. De allí que la Sala pueda afirmar que constituyeron una política de Estado por acción y omisión.

179. La Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares. La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando acumular el moho de los años, como lo ha constatado la Sala.

180. El nombre del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de Coosercom como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 ó 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá e intervino en la decisión y planeación de la masacre de El Aro, de la cual fue informada la Gobernación de Antioquia a su cargo y a quien, no obstante todo ello, pretendía nombrar como Ministro de Defensa cuando llegó a la Presidencia de la República, según lo reconoció públicamente. De la mano con él, está detrás de la promoción y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos que las regulaban. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde funcionaba la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, alias Rosco, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos. Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino desde el exterior y en el que actuó como oferente y orador. Está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo. Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo confesó Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya iniciación y despliegue asistió. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios de sus comandantes y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales. Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento. Y está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes.

No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia.

Hay también testimonios en ese sentido, como los de Francisco Villalba, Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Guerrero, Comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, alias René, Comandante del Bloque Suroeste y otros más.

Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el actual Director de El Espectador Fidel Cano Correa, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse.

Por lo tanto, la Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República.

181. La expansión de los grupos paramilitares coincidió con el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano. Pero, la Sala no tiene suficientes elementos todavía para ordenar su investigación, pero será un tema que deberá ahondar la Fiscalía y rendir cuentas de ello y un motivo de preocupación de la Sala.

V
Los requisitos de elegibilidad de los postulados

182. En el auto del 4 de septiembre de 2.013, esta Sala examinó detenidamente si los postulados cumplían con los requisitos de elegibilidad consagrados en el artículo 10 de la Ley 975 de 2.005 y al encontrarlos ausentes, los excluyó de oficio. Sin embargo, al conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto contra dicho auto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que esta Sala carecía de competencia para excluir oficiosamente a los postulados a la ley de justicia y paz, pues sólo podía hacerlo a solicitud de la Fiscalía y en una audiencia específicamente convocada para ese efecto y anuló la decisión de la Sala.

En esa oportunidad, dicha Alta Corporación estableció que si este Tribunal "consideraba ausentes los requisitos para legalizar los cargos, podía devolver la actuación a la Fiscalía para que procediera a reexaminar la situación, ajustar las imputaciones a las observaciones de la Sala o, si era del caso, solicitar la exclusión en una audiencia precisa y específicamente convocada para el efecto en la que las partes, intervinientes y la judicatura pudiera analizar la causal o causales aducidas" |148|.

Una vez resuelta la apelación, los Magistrados que conformamos la mayoría y suscribimos la decisión anulada por la Corte nos declaramos impedidos porque a nuestro juicio habíamos emitido una opinión vinculante por fuera de nuestras competencias. Al conocer y declarar infundado dicho impedimento, la Corte reiteró que esta Sala tenía la posibilidad de devolverle la actuación a la Fiscalía o continuar adelante con el juicio.

La Sala consideró que en este específico caso no era procedente devolverle la actuación a la Fiscalía para que reexaminara el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Al respecto, en la decisión del 22 de enero de 2.015 por medio de la cual fijó la fecha para realizar el incidente de reparación integral, razonó de la siguiente manera:

    "La Fiscalía apeló la decisión de la Sala precisamente porque consideraba que los postulados de dicho caso cumplían los requisitos de elegibilidad.

    "La Fiscalía también conoce los fundamentos, informaciones y evidencias que tuvo la Sala para excluir en su momento a los postulados Juan Fernando Chica Atehortúa, Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres, desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y, a pesar del tiempo trascurrido, no ha solicitado su exclusión.

    "Todo eso indica que la Fiscalía considera que los postulados cumplen los requisitos de elegibilidad y, por tanto, la Sala considera innecesario e impertinente devolverle la actuación para que reexamine el cumplimiento de dichos requisitos".

Por lo tanto, la Sala decidió continuar adelante el juicio y realizar el incidente de reparación integral.

Ahora bien, si la terminación del proceso y la exclusión de los postulados de la lista sólo procede a petición de la Fiscalía, en los términos del artículo 11A de la Ley 975 de 2.005, introducido por el artículo 5 de la Ley 1592 de 2.012 y la jurisprudencia de la Corte, parece improcedente examinar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad si de todos modos la Sala no puede excluirlos de oficio en caso de que no los cumplan. Dicho de otro modo: así este Tribunal llegue a la conclusión de que no los cumplen, no puede terminar el proceso y ordenar su exclusión de la lista respectiva, que es la consecuencia prevista en la ley cuando no se cumplen los requisitos de elegibilidad (artículo 11 A numeral 2 de la ley citada). Por tanto, la Sala se limitaría a hacer una mera constatación y declaración sin consecuencia alguna, cumplan o no tales requisitos, o se vería forzada a concluir que sí los cumplen, lo cual es superfluo, a más de inútil.

En efecto, en este caso específico la mayoría de la Sala no encuentra razones suficientes para modificar su criterio sobre el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, pues la prueba en que se fundó su juicio no ha cambiado y tampoco se le han ofrecido argumentos convincentes y válidos para hacerlo, más allá de los aducidos por el Fiscal en la apelación y que son insuficientes frente al extenso análisis realizado por la Sala. Aún así no puede excluir a los postulados y tampoco encuentra procedente devolverle la actuación a la Fiscal para que examine el punto, pues de acuerdo con las razones que se expusieron más arriba, está ya tiene una posición definida al respecto.

De allí que la Sala no se detenga en el examen de los requisitos de elegibilidad y se limite simplemente a la evaluación de los requisitos para gozar de la pena alternativa, de los cuales se ocupará más adelante.

VI
Los patrones de criminalidad del Bloque Cacique Nutibara

1. La metodología adoptada por la Sala

183. El Fiscal 45 Delegado de la Dirección Nacional Especilizada en Justicia Transicional imputó a los postulados Juan Fernando Chica Atehortúa, Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolivar y Wander Ley Viasus Torres, los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias, homicidio en persona protegida (39), tentativa de homicidio en persona protegida (4), lesiones personales en persona protegida, tortura (2), secuestro (9), deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado (2), hurto calificado agravado, exacciones arbitrarias y constreñimiento ilegal.

184. Si los hechos imputados a los postulados se hubieran presentado como parte de un patrón de criminalidad, la Sala debería empezar por abordarlo. En tal caso, la Sala no tendría que entrar en detalles, ni profundizar en cada uno de los hechos, pues le bastaría enunciarlos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar como prueba de ese patrón. Incluso podría hacerse así si la presentación que hizo el Fiscal de cada uno se ajustara a la verdad de lo ocurrido. En tal evento, a la Sala le bastaría extraer los elementos comunes que conforman el patrón y las políticas detrás de ellos.

Pero, cuando el Fiscal formuló los cargos y se inició y adelantó la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos, como se denominaba en vigencia de la Ley 975 de 2.005, no se había expedido aún la Ley 1592 de 2.012, ni se había estructurado el proceso con base en los patrones de criminalidad del grupo armado ilegal. Por tanto, los cargos no se formularon con base en tales patrones.

El Fiscal, además, solamente presentó la versión de los victimarios, no la de las víctimas, y sin cotejar la versión de aquellos con la evidencia disponible. El proceso de justicia y paz, sin embargo, no puede declararse satisfecho con esa visión, pues no cumple con los fines de la ley, ni revela la verdad de lo ocurrido, ni satisface los intereses de las víctimas, ni de la sociedad.

En consecuencia, para cumplir con los fines de la ley, y ajustar hasta donde es posible el proceso a los lineamientos de la Ley 1592 de 2.012, la Sala ha debido reconstruir cada hecho para extraer de allí unos patrones y dar cuenta a la sociedad y a las víctimas de las razones -o las causas y motivos- de los hechos cometidos y rescatar la verdad. Pero, también con el fin de examinar la veracidad de la versión de los postulados y la actuación de las autoridades ante esa dolorosa realidad.

185. Pero, ha debido extraer también la información sobre los patrones de desaparición forzada y desplazamiento forzado y despojo de bienes, por lo menos, con el fin de brindar un panorama sobre estos fenómenos en el caso del Bloque Cacique Nutibara. A ello se abocara la Sala a continuación.

2. El concepto de patrón de criminalidad

186. Como lo dijo la Sala en la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, "un patrón de criminalidad está constituido por una serie de delitos de carácter sistemático, generalizado o reiterado. Dicha noción recoge la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Según éste, conforme a la cita de la Fiscalía, 'una práctica incompatible con el Convenio consiste en la acumulación de infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastantes numerosas y relacionadas entre sí para no reducirse a incidentes aislados o a excepciones' |149|.

"El carácter sistemático, según la jurisprudencia internacional, significa que los crímenes obedecen a una política o un plan claramente estructurados y definidos y de modo más amplio, comprende una serie de actos de carácter organizado y metódico con un fin previamente establecido. La naturaleza generalizada hace referencia al carácter masivo de los delitos y las víctimas, que tienen como objetivo a un conjunto de personas o situaciones similares, 'relacionadas entre sí para no reducirse a incidentes aislados o a excepciones', mientras que el carácter reiterado se refiere a la naturaleza repetida de la conducta en un tiempo y un espacio determinados.

"427. Siendo así, como lo definió esta Sala en sus Principios y Reglas de Procedimiento, el patrón de macrocriminalidad debe comprender -o dilucidar e incluir-, por lo menos

"i) Los actos o conductas que constituyen el patrón de criminalidad por el cual se formulan los cargos y la descripción de éste.

"ii) Las políticas y directrices detrás de dichos crímenes, a las cuales éstos obedecían y los responsables de la formulación de dichas políticas, dentro y fuera del grupo armado ilegal o las deficiencias en la supervisión, control y sanción de la conducta de los miembros de la organización o la omisión negligente de los responsables de mayor rango en ese sentido que los permitieron, facilitaron o estimularon.

"iii) Los objetivos y estrategias del grupo armado que se perseguían con esas políticas o estaban detrás de ellas.

"iv) El carácter sistemático y generalizado o, al menos, masivo y/o repetido de esas conductas.

"v) Los elementos y/o circunstancias constantes o similares de dichos crímenes y en particular, el tiempo o época, el territorio y los modos o forma de ejecución que le son comunes y la relación de estas circunstancias con el contexto en que se cometieron y las políticas y objetivos del grupo armado.

"vi) La condición y calidad de las víctimas de tales crímenes y las razones de su victimización, en especial los grupos o poblaciones más vulnerables, las víctimas de la violencia basada en el género, las víctimas de derechos colectivos, como los sindicales o ambientales, las que son sujetos constitucionalmente protegidos, como las poblaciones afrocolombianas, raizales (San Andrés, Islas), negras, palenqueras e indígenas" |150|.

187. Esa noción se aviene con el artículo 16 del Decreto 3011 de 2.013, por medio del cual se reglamentó la Ley 1592 de 2.012, de conformidad con el cual el patrón de macrocriminalidad se entiende como "el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un período de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos. La identificación del patrón de macro- criminalidad. . .contribuye a develar la estructura y modus operandi del grupo armado organizado al margen de la ley, así como las relaciones que hicieron posible su operación".

188. Esa noción es por ahora suficiente para abordar el tema en este proceso, pues en él no se presentaron dichos patrones por las razones antes anotadas, sin perjuicio de que más adelante la Sala profundice en esa materia cuando deba resolver los procesos adelantados conforme a ellos.

3. El patrón de desaparición forzada

189. La Sala obtuvo información de diversas entidades sobre la desaparición forzada en Medellín y el área metropolitana. Aunque ésta es disímil, en el mejor de los casos, la cifra menor debidamente soportada es la suministrada por la Fiscalía 47 Especializada ante el Gaula, en la cual aparecen registrados 1.663 casos de desaparición forzada en Medellín y su área metropolitana, por hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 906 de 2.004 |151|.

Si bien no todos los casos le son atribuibles al Bloque Cacique Nutibara, éste ejerció dominio y control sobre Medellín y su área metropolitana durante esos años y de allí que la mayoría de tales desapariciones o una gran proporción de ellas sí son responsabilidad suya, no sólo porque fue una práctica de éste, sino porque la desaparición forzada fue un instrumento del conflicto armado y está asociada a él. Así ocurrió en la comuna 13, de la cual se tiene información aportada por el Fiscal y el artículo "Don Berna, a juicio por muerte de habitantes de la Comuna 13", donde éste dio cuenta de 300 inhumaciones en dicha Comuna |152|.

La presencia de dicho bloque fue evidente por los irracionales operativos realizados por ellos en conjunto con el Estado, como las operaciones Mariscal y Orión, en las que se cometieron desapariciones forzadas.

Pero, no sólo se dieron desapariciones durante dichos operativos, sino también antes y después de éstos, como lo informó Carlos Arturo Estrada, integrante del Bloque Cacique Nutibara, pues con el objeto de apoderarse y controlar el sector, éste asesinó y desapareció múltiples personas |153|.

Las desapariciones forzadas continuaron, pues después de los operativos sus integrantes llegaban con listas elaboradas previamente a las residencias de las víctimas, a quienes retenían y desaparecían. Una gran parte de quienes eran retenidos y desaparecidos eran personas que habían sido detenidas y registradas por la Policía y el Ejercito Nacional durante las operaciones Mariscal y Orión o capturadas y registradas en la estación de policía |154|.

190. La Sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de "colaboración" con la Fuerza Pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí. Y para ese efecto se desmembraban los cadáveres sin respeto por el cuerpo humano.

191. En efecto, de acuerdo a la evidencia, los integrantes del Bloque Cacique Nutibara no sólo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y/o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas |155|. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como La Escombrera, La Arenera, el Morro, los barrios Vallejuelos, el alto de Bellavista, El Cebollal, San Javier La Loma, el cerro de Los 12 Apóstoles |156| y la Finca Buenavista de la vereda Bellavista de San Cristóbal |157|.

La desaparición forzada fue pues un patrón de conducta del Bloque Cacique Nutibara como se deriva de múltiples casos.

192. De acuerdo a la evidencia, el Bloque Cacique Nutibara tuvo por lo menos 3 bases estratégicas en la comuna 13 ubicadas en el Alto de Bellavista "El Cebollal", el Alto de la 43 o el sector del Morro, desde donde controlaban los barrios Las Margaritas, Vallejuelos y Juan 23, La Escombrera y La Arenera, en las cuales, conforme a la evidencia de que dispone la Sala, se encuentran los cuerpos de unos 300 jóvenes desaparecidos por el Bloque Cacique Nutibara |158|.

La ESA Escombros Sólidos Adecuados Ltda, antes Agregados San Javier, inició su explotación en el año 2.000 y tenía por objeto la industrialización y comercialización de materiales pétreos |159|. Las Empresas Varias de Medellín también utilizaron los sectores de La Arenera y La Escombrera para depositar escombros. El Bloque Cacique Nutibara se instaló en dicho lugar y no sólo lo utilizaron como base, sino que allí enterraron a sus víctimas y están sepultadas bajo cantidades de escombros. Sólo recientemente, y a raíz de la decisión de esta Sala del 4 de septiembre de 2.013, las autoridades competentes han tomado medidas para ponerle fin a esa condición, pero antes hubo una indiferencia que constituye una afrenta a los derechos de las víctimas a la reparación, más si el Estado y las autoridades de la ciudad de Medellín son responsables de esa situación por acción u omisión.

193. Otro tenebroso método utilizado por el Bloque Cacique Nutibara fueron los hornos crematorios. Éste fue construido por Daniel Alberto Mejía Ángel y funcionó desde marzo o abril de 1.999 hasta antes de la desmovilización del bloque. El horno funcionó en La Catedral de Envigado hasta el año 2.002, luego fue trasladado a las veredas de Ancón y Primavera de Caldas, pero 3 o 4 meses después lo regresaron a su lugar de origen.

Fernando Alonso Maturana informó que su objetivo era desaparecer y borrar toda evidencia de los cuerpos, pues las autoridades se quejaban del elevado número de homicidios, pues por órdenes de Carlos Castaño Gil, se implementó un plan de exterminio de los consumidores de drogas. Según éste, fue testigo de por lo menos 400 ejecuciones a través de dicho método |160|.

194. La Sala también tuvo conocimiento de múltiples fosas ubicadas en otros sectores donde fueron enterradas las víctimas del Bloque Cacique Nutibara, como en San Cristóbal, La Cruz, Santo Domingo, Niquitao, Carambolas, San Antonio de Prado, La Pinera, La Gabriela y las ya mencionadas anteriormente, donde el Bloque Cacique Nutibara enterraba a sus víctimas |161|.

195. De conformidad con la información aportada por distintas fuentes y extraída por la Sala, ésta logró establecer una lista de 544 desaparecidos, cuyos nombres se agregan como un anexo de esta decisión como forma de contribuir a la verdad y satisfacción.

196. La Fiscalía ha realizado varias diligencias de verificación, inspección y prospección con el fin de lograr la ubicación de los cadáveres de las víctimas del Bloque Cacique Nutibara.

Sin embargo, sólo se logró exhumar 4 cadáveres con la información aportada por los postulados Edilberto Cañas Chavarriaga y Édgar Alexander Erazo Guzmán. De acuerdo a la información aportada por éste, fueron exhumados los cuerpos de Wilson Orlando Ramírez Alzate y Edison Alexander Ospina en la vereda La Verde en San Antonio de Prado y a raíz de la diligencia realizada con Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, pero por la información de un campesino del sector, se exhumaron 2 cuerpos, de los cuales no se ha logrado su identificación.

Asimismo, con la información aportada por Juan Carlos Villa Saldarriaga, un desmovilizado de dicho Bloque que no fue postulado a la ley de justicia y paz por el Gobierno Nacional, se logró la exhumación de otros 37 cadáveres |162|.

4. El patrón de desplazamiento y despojo de bienes

197. De conformidad con el artículo "Medellín y el Desplazamiento forzado" de la doctora Luz Amparo Sánchez Medina, durante los años 2.000 a 2.004 se presentaron 4.810 víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín y el área metropolitana, siendo Medellín el municipio más expulsor, al cual le siguen los municipios de Bello y Caldas |163|.

La Comuna 13 fue la zona donde se presentaron más casos de desplazamiento forzado, pues durante ese período -del año 2.000 al 2.004-, se tiene registros de 1.372, hasta a 1.926 desplazamientos forzados |164|. A éste le siguen las Comunas 1 y 3 |165|, donde hubo 1.155 casos de desplazamiento forzado |166|.

Empero, esas cifras no representan la cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, pues Acción Social negó la inscripción de muchas de ellas con fundamento en la Ley 387 de 1.997, conforme al cual, el desplazamiento forzado se debe producir en un municipio o en una vereda a un municipio o una vereda y no a un barrio o comuna |167|.

El desplazamiento intraurbano sólo vino a reconocerse en la sentencia T-268 de 2.003, en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de varias personas desplazadas forzosamente del barrio El Salado de Medellín |168|.

Pero, a pesar de dicho pronunciamiento, Acción Social continuó negándole a algunas víctimas su inclusión en el Registro Único de Población Desplazada porque éstas no cumplían con otras exigencias, como la falta de identificación del grupo armado que provocó el desplazamiento, o porque el hecho no estaba relacionado con el conflicto armado interno, o porque las declaraciones eran contradictorias, entre otros |169|, desconociendo de manera sistemática los casos de desplazamiento forzado ocurridos en Medellín y el área metropolitana y los derechos de las víctimas.

Por lo tanto, el dato de las víctimas de desplazamiento forzado debe ser mucho mayor, más si muchas de ellas ni siquiera denunciaron los hechos por temor o miedo, pues eran amenazadas por los responsables para que no lo hicieran, o porque no confiaban en las autoridades.

198. El desplazamiento forzado atribuible al Bloque Cacique Nutibara tiene múltiples fuentes |170|.

El caso más emblemático de desplazamiento forzado masivo atribuible a dicho Bloque fue el ocurrido en la Comuna 13 de Medellín durante los años 2.001 a 2.004, donde se cometieron entre 1.372 y 1.926 desplazamientos forzados, de los cuales 1.259 sólo ocurrieron en el año 2.002 |171|.

Los miembros del Bloque Cacique Nutibara llegaron a la Comuna 13 con el fin de disputarle la hegemonía a las milicias del ELN y los CAP, quienes venían controlando ese territorio desde la década de los años 90 |172|. Pero, con ese fin, cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como homicidio, desplazamiento y desaparición forzados, reclutamiento ilícito y ataques contra la población, a quienes sacaron de sus casas a sangre y fuego |173|.

i) A las 10:00 de la noche del día sábado, 29 de junio de 2.002, llegaron a la parte alta del barrio El Salado, un grupo de hombres fuertemente armados con insignias de las AUC, quienes previamente habían cortado la energía eléctrica y habían amenazado a la población y tumbaron las puertas de las viviendas, amenazaron de muerte a sus habitantes, incluso a los niños, dispararon contra la población indiscriminadamente e incendiaron varias viviendas.

En palabras de la doctora Luz Amparo Sánchez, hubo un antes, un durante y un después, ya que antes del desplazamiento había un ambiente lleno de zozobra e incertidumbre y el rumor de que "habrá un sábado negro y un domingo de lágrimas" |174|. Luego, la población encontró avisos donde les daban un plazo de "32 horas para desalojar" y había otros que decían "Columna Nutibara" |175|.

En esas condiciones de horror y tragedia más de 700 personas |176| huyeron del lugar dejando sus pertenencias y sus casas desocupadas. De las víctimas, 400 a 450 se refugiaron provisionalmente en el Liceo de La Independencia, de los cuales 200 eran menores de edad y mujeres en estado de embarazo. En dicho lugar estuvieron albergados durante 2 meses en condiciones de hacinamiento y pobreza |177|.

ii) Otro desplazamiento masivo, fue el ocurrido el 16 y 17 de octubre de 2.002 durante la Operación Orión realizada por miembros de la fuerza pública en conjunto con los miembros del Bloque Cacique Nutibara, donde además de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los atentados contra la vida y la integridad personal de los habitantes de la Comuna 13 y las amenazas de muerte, cientos de personas fueron desplazadas de sus viviendas, las cuales fueron ocupadas por miembros del Bloque Cacique Nutibara o entregadas a terceros, como en los barrios Blanquizal, Las Margaritas y Vallejuelos |178|.

iii) En la Comuna 13 también se dieron desplazamientos forzados masivos en los barrios El Salado el 5 de julio de 2.002, El Corazón el 28 de agosto de 2.002, en el sector del Plan de Foronda y el Barrio 20 Julio el 29 de agosto de 2.002 y en el Barrio 20 de julio el 28 de octubre de 2.002 |179|.

Durante los años 2.003 y 2.004 también se dieron múltiples desplazamientos y despojo de bienes en los barrios El Salado, Las Independencias, 20 de Julio, Blanquizal y Olaya Herrera, en los cuales sus habitantes fueron obligados a desplazarse por los grupos paramilitares y fueron ocupados como microbases. La mayoría de las víctimas se encuentran desplazadas y algunas viviendas fueron arrendadas o vendidas. Ninguna de esas personas había podido retornar hasta el momento en que se produjo esa información |180|.

iv) Al Bloque Cacique Nutibara también se le atribuye el desplazamiento masivo ocurrido el 21 de mayo de 2.001 en el asentamiento El Esfuerzo en límites con el municipio de Bello, como consecuencia con los enfrentamientos con la Banda de Frank, la cual no se quiso someter a sus lineamientos y de allí que fuera exterminada. Durante dichos enfrentamientos, no sólo las familias fueron desplazadas, sino que sus viviendas fueron incendiadas. Las víctimas estuvieron albergadas durante más de un año en el Coliseo de Bello |181|.

v) Entre el 2.003 y el 2.004 las AUC desplazaron masivamente a 66 familias en el barrio Belén Altavista, quienes luego tomaron posesión de sus residencias y las convirtieron en cuarteles y viviendas del grupo armado ilegal |182|. Para el año 2.003 el Bloque Cacique Nutibara era quien ejercía el control y dominio en dicho sector. De allí que a dicho bloque le es imputable la comisión de dichos delitos.

199. Los desplazamientos forzados también se dieron gota a gota, como ocurrió en las Comunas 1 |183|, 2 |184|, 4 y 13 |185|, en los barrios Olaya Herrera |186|, 12 de Octubre, Barrio Nuevo, San Javier La Loma |187|, Paris |188| y Laureles |189|, en el corregimiento de San Cristóbal |190| y en la Vereda Corrientes de Barbosa |191|, entre otros. En muchos de ellos, Diego Fernando Murillo Bejarano fue señalado como responsable del desplazamiento y/o despojo de bienes, directamente o a través de Elkin de Jesús Loaiza, conocido como El Negro Elkin |192|.

200. De esa evidencia se desprende que el desplazamiento forzado no sólo fue una consecuencia de otros delitos, sino una estrategia de dominio y control social y despojo y apropiación de bienes del Bloque Cacique Nutibara y en algunos casos, como una fuente de financiación, pues luego de ser desplazadas, las víctimas eran despojadas de sus viviendas, las cuales eran ocupadas por los miembros del Bloque Cacique Nutibara o por terceros autorizados por ellos o las arrendaban para obtener un beneficio económico.

En otros casos, tras el desplazamiento forzado, demolían las viviendas o las quemaban, hasta quedar incineradas, con el fin de infundir terror en las zonas y lograr así el dominio y control territorial, que luego venía acompañado de diversas técnicas de control social, como ocurrió en los asentamientos de El Esfuerzo y El Salado en la Comuna 13 |193|.

Aunque las víctimas eran desplazadas con el pretexto de que eran milicianos, o colaboradores suyos, la evidencia demuestra que lo eran porque no aceptaban el control impuesto por el grupo armado ilegal, o se negaban a que los jóvenes fueran reclutados y las jóvenes abusadas sexualmente, o denunciaban los delitos cometidos por ellos |194|. Pero, también porque las viviendas eran puntos estratégicos y las convertían en cuarteles de combate |195|.

Conforme a la evidencia, se dieron por lo menos 176 casos de despojo de viviendas ubicadas en los sectores donde el Bloque Cacique Nutibara hizo presencia, de los cuales 35 ocurrieron durante los años 2.000 a 2.003 en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, 30 de ellos les fueron imputados directamente al Bloque Cacique Nutibara, a Diego Fernando Murillo Bejarano, a Daniel Alberto Mejía Ángel, a Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, conocido como El Negro Elkin y a Hernán Darío Aristizabal Ciro, apodado King Kong |196| y 19 le fueron imputados a los grupos paramilitares. Pero, de conformidad con el lugar de ocurrencia, esto es, en la Comuna 13 de Medellín (Barrio Nuevo, San Javier La Loma, Vallejuelos y Las Margaritas y uno en la Vereda corrientes de Barbosa), le son atribuibles al Bloque Cacique Nutibara, pues para la fecha en que ocurrieron los hechos, dicho bloque era el que ejercía control total en dicha comuna |197|.

Así ocurrió en los casos denunciados por las víctimas Ovario de Jesús Atehortúa Castañeda, Luis Alfonso Restrepo Restrepo (2 viviendas), Heli de Jesús Álvarez, Carlos Mario Paniagua, María Leonilda Jiménez Alzate, María Consuelo Pérez Ocampo, Carlos Fernando Ríos Álvarez, Abel Antonio Usuga, Andrés Mauricio Ríos Yépes, Leonidas de Jesús Ríos Paniagua (2 viviendas) y su familia, los padres de Ana Teresa Paniagua Echavarría, Jesús Ocaris Usuga Oquendo (2 viviendas), Ana Lilia Castro de Ríos, María Idali Loaiza Posada, Orlando de Jesús Avendaño Londoño, María Carlina Ortíz de Moreno, Luz Mariela Vallejo Rúa, Dora Emilse Giraldo Quiroz, Rubiela Irene Zapata Rave, José Alquivar López Robledo, Ander Hasmed Galvis Borja y Fernando Sánchez, quienes tenían sus viviendas en Barrio Nuevo, San Javier La Loma, Vallejuelos, Comuna 13 de Medellín, sector donde los miembros del Bloque Cacique Nutibara ejercían el control y dominio territorial |198|.

Conforme a lo anterior, el Bloque Cacique Nutibara desplazaba forzadamente a las víctimas y luego las despojaba de sus viviendas, las cuales eran ocupadas por ellos. Ello constituyó un patrón de conducta, del cual se puede deducir que en muchos casos el desplazamiento iba a acompañado del despojo y ocupación de las viviendas.

201. Pero, el Bloque Cacique Nutibara también despojó a sus víctimas de sus bienes mediante el secuestro |199|.

5. El patrón detrás de los homicidios

202. Los hechos confesados por los postulados y verificados por la Sala, y que a continuación examinaremos en detalle, revelan que los homicidios y los demás delitos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara tenían motivos y víctimas específicos.

203. Una buena parte iban dirigidos contra los hombres y mujeres más pobres de la población, y en particular contra los primeros porque no hay muchos datos de violencia basada en género contra las mujeres, no porque no haya sucedido, sino porque no se ha confesado. Pero en especial, se concentraban en las personas con antecedentes o investigaciones penales o adictos a o expendedores de drogas o en sectores sociales vulnerables, particularmente en los jóvenes.

Un ejemplo de esa política del grupo armado son los homicidios de Edwin Alonso Arias Uribe y Camilo Andrés Quintero cometidos por Juan Fernando Chica; Jaime Andrés Posada, John Mario Cardona, Hugo Alexander López, William Alexander Arroyave y Luis Ernesto Carrillo Oses ejecutados por Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga; Sergio Anderson Cortés realizado por Néstor Eduardo Cardona Cardona; Carlos Alberto Mesa Escobar, Jonathan Steven Pulido y Carlos Mario Gañán cometidos por Édgar Alexander Erazo; y Yobany Corrales Cuartas y Miguel Alejandro Gómez Arias ejecutados por Juan Mauricio Ospina Bolívar.

La evidencia también demuestra que muchos homicidios estaban inspirados por la violación de las reglas establecidas por el grupo armado y se dirigían contra quienes tenían un comportamiento que no se adecuaba a los cánones morales establecidos por el grupo o a las reglas de conducta arbitrariamente impuestas por él, como tener ciertos hábitos o costumbres, cultivar amistad o relaciones sociales con determinadas personas, estar en lugares específicos o por fuera del horario señalado o desobedecer las reglas establecidas por el grupo, como transgredir las fronteras invisibles caprichosamente fijadas por las bandas y combos que hacían parte del Bloque Cacique Nutibara con el fin de mantener su hegemonía, dominio y control sobre un barrio o zona específica, etc.

En esa categoría estarían los homicidios de Luis Fernando Herrera ejecutado por Juan Fernando Chica; Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, Víctor Norbey Cañaveral y Gilberto Antonio Cardona Echavarría cometidos por Édgar Alexander Erazo Guzmán; Julián Andrés Vergara consumado por Néstor Eduardo Cardona Cardona y Joan Andrés Restrepo ejecutado por Juan Mauricio Ospina Bolívar.

Los homicidios incluían a quienes se oponían a los designios o denunciaban los actos criminales del grupo armado, sus amigos y familiares, de tal modo que pusieran en entredicho su dominio y como una forma de represalia o castigo.

Entre éstos podrían citarse los homicidios de Rubén Darío Mesa, Víctor Hugo López Soto, Heriberto Antonio y José Abigail Caro Bedoya, Elidia de Jesús Cardona, Andrés Fernando Arboleda Arboleda, José Humberto Echavarría Cardona, Albeiro Echavarría Chavarriaga y Everardo de Jesús Espinosa Velásquez y sus familiares, todos cometidos por Édgar Alexander Erazo.

La comisión de esos delitos en distintos sectores y barrios de Medellín y el Área Metropolitana en los que ejercía dominio y control el Bloque Cacique Nutibara enseña que detrás de ellos había una política general y no se trataba de casos aislados, ni de fenómenos limitados a ciertos sectores.

204. Los delitos se cometían en público, a la vista de todos, como una forma de exhibición de su poder y control, que refrendaban con letreros alusivos al grupo armado o los motivos del hecho. Pero, no enfrentaban a sus víctimas, ni a sus adversarios, pues lo característico es que a la mayoría los asesinaban con disparos en la cabeza, a corta distancia y en situación de indefensión con el fin de asegurar el resultado con el menor riesgo para ellos.

Sin embargo, en algunos casos realizaron masacres y operaciones masivas, acompañadas de una desproporcionada exhibición de fuerza, que incluían el allanamiento y registro de viviendas, la retención de personas y el despojo de bienes. La idea tras de esos métodos era generar terror entre la población, como una técnica de control social. Así se aseguraba el dominio y sometimiento de los habitantes.

205. Detrás de esos actos había una política. No se trataba sólo de disputarle el control territorial a los grupos armados insurgentes y/o las milicias, sino de erigirse en autoridad y ejercer el más absoluto dominio y control social sobre la población, como en su momento lo habían hecho las milicias, a través del terror y distintos métodos ilegales. Pero, también de imponer un nuevo orden social, como lo llamó Salvatore Mancuso Gómez, de carácter autoritario y excluyente y con normas rígidas, que eliminaba cualquier expresión que no se aviniera a dicho orden y la eliminaba físicamente. Un orden social de esa naturaleza esconde una concepción autoritaria e intolerante de la sociedad, pues se inspira en postulados como los de la pureza étnica, la pureza racial, la pureza religiosa, etc, que han conducido al genocidio o exterminio de poblaciones enteras.

Las consecuencias de este orden paralelo serían incalculables. La sustitución de la autoridad administrativa y judicial, los castigos y represalias impuestos por una autoridad ilegal y la ejecución arbitraria y sistemática de personas con antecedentes o investigaciones penales, farmacodependientes, indigentes y sectores sociales vulnerables y la imposición de la ley del silencio fueron los efectos de ese orden y la manera de mantener el dominio y control social de la población.

En todos esos actos hay una sustitución de la autoridad. Es el grupo armado ilegal el que impone la ley y aplica las reglas, el que establece y ejecuta los castigos y las represalias, el que resuelve conflictos y ejerce justicia por su propia mano, el que controla el ingreso de los residentes y el que los expulsa o hay quizás una delegación de parte de la autoridad, que renuncia a ejercer esas funciones y las deja en manos de los grupos armados para controlar esas expresiones, pues la Sala tiene evidencia creíble y confiable de que las más altas autoridades militares y de policía de la ciudad, y aún personajes civiles, se concertaron con el Bloque Cacique Nutibara o toleraron sus actos y los miraron con indiferencia. No es posible que una organización ilegal llegue a controlar todos los barrios, toda la criminalidad y todas las rentas ilícitas de Medellín sin contar con la complacencia de las autoridades encargadas de impedirlo.

Ello implica una cultura que auspicia el autoritarismo y enriquecimiento, a cualquier costo. En ella no hay espacio para el ser humano, que se convierte en una cosa u objeto. A los hombres se les da de baja, como si se tratara de hacer un arqueo de mercancías o un inventario. El cuerpo se desmiembra sin compasión y sin miramiento, como si fuera un objeto. Es la negación del ser humano y el aliento que habitó en él.

La cuestión es que también la sociedad se dejó permear de ese fenómeno y en más de un caso refrendó el dominio y control de la organización ilegal y acudió o se aprovechó de ellos como si fueran la autoridad legítima para ejecutar represalias y castigos por los mismos motivos indicados más arriba.

206. La Sala también tiene evidencia de que a los miembros del Bloque Cacique Nutibara se les atribuyen más de 9.194 delitos, de ellos 553 de desaparición forzada, 224 desplazamientos forzados y 8.073 homicidios |200|. Ese dato es apenas aproximado y no se acerca a la realidad de lo acontecido y de los delitos cometidos por sus miembros, pues no incluye los casos de hurto y otros delitos comunes que han sido confesados o que se desprenden de sus versiones y las declaraciones de las víctimas. El sólo incendio causado en el barrio El Salado el 29 de junio de 2.002 produjo el desplazamiento de 170 familias que estaban integradas, mínimo por 450 personas que se refugiaron en el Liceo del barrio La Independencia, que por sí sola supera la cifra ofrecida por la Fiscalía.

Según la información ofrecida por el Fiscal, a los postulados del Bloque Cacique Nutibara se les ha imputado unos 200 delitos, que representan apenas un 2% de ese universo. Los demás se ignoran y están en la oscuridad. Aunque un proceso de justicia transicional no puede aspirar a develar todas las conductas cometidas, si debe por lo menos revelar una muestra significativa de ellas. La brecha de impunidad en este caso no es admisible ni tolerable y lesiona el derecho de las víctimas a la verdad, pero también su derecho a la justicia y la reparación.

207. Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado los patrones de criminalidad del Bloque Cacique Nutibara. Por lo tanto, de conformidad con la Ley 1592, deberá hacerlo y en su investigación y construcción tendrá en cuenta la información y las observaciones realizadas por la Sala sobre los patrones examinados en los párrafos anteriores, sin perjuicio de presentar otros.

VII
Los hechos atribuidos a los postulados

1. El caso de Juan Fernando Chica Atehortúa

1.1. Los hechos atribuidos al postulado

1.1.1 El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

208. De acuerdo a su versión, el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa ingresó al Bloque Cacique Nutibara en enero de 1.999 y como miembro de éste utilizó uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y portó armas de fuego de defensa personal. Su ingreso se produjo a través de Carlos Hernán Moreno, un estudiante de derecho que actuaba como líder comunal y era Presidente de la Asociación Popular de Vivienda del barrio Robledo Aures, quien lo invitó a una reunión con el objetivo de combatir la guerrilla. En ésta participaron varios jóvenes, de los cuales sólo recuerda su apodo y algunos nombres, pero no es creíble que sólo recuerde esos pocos datos, a pesar de que eran vecinos del barrio y operaron bajo su mando varios años.

Dicho postulado operó en los barrios Robledo Aures, Civitón, Los Pomos, El Mirador y Curazao de la Comuna 7 y tuvo bajo su mando a unas 15 personas hasta el 19 de noviembre de 1.999, cuando fue capturado por el homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga, del cual posteriormente sería absuelto.

Al salir de la prisión, el 8 de noviembre de 2.000, se reintegró al mismo grupo como segundo de Edison Oswaldo Nuno Vallejo, quien lo reemplazó como Comandante. Éste operaba bajo las órdenes de Luis Aníbal Mejía Ruiz, conocido como el Negro Aníbal, quien falleció el 7 de enero de 2.003 y era el segundo al mando después de Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, alias el Negro Elkin, Comandante de la Comuna 7. Carlos Hernán Moreno, el estudiante de derecho, asistiría años más tarde a la reunión que sostuvieron unos 300 líderes o jefes de bandas de Medellín y el área Metropolitana con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, en el segundo semestre del 2.001 para constituir o consolidar el Bloque Cacique Nutibara |201|.

La evidencia enseña que para la época del homicidio de Edwin Alonso Arias Uribe, ocurrido el 22 de febrero de 1.999 en el barrio Robledo Aures, sector Curazao, actuaba allí la banda de Civitón, la cual lideraba el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa, junto con los hermanos Nuno Vallejo, alias los "Chingas" y tenía entre 15 y 25 miembros, según declaran varios testigos.

Más tarde, para 2.001, los testigos lo van a identificar como uno de los jefes de dicha banda, al lado de Edison Oswaldo Nuno Vallejo, o segundo de éste, como también consta en el informe de policía judicial rendido en el homicidio del agente de policía Jhon Jerderson Torres Bueno, cometido el 23 de noviembre de ese año. La testigo Amanda Quintero, a fines de 2.001, también dirá que las AUC eran los mismos de la banda de Civitón, que tenía su sede en la Junta de Acción Comunal de dicho barrio. El testigo Mauricio de Jesús Betancur Cardona, también en 2.001, diría que la banda de Civitón era un grupo de delincuencia común que se hacía pasar por las AUC. Eso indica que la banda de Civitón, que dirigió el postulado, en sus orígenes era una pandilla de delincuencia común, que con el tiempo fue cooptada por el Bloque Cacique Nutibara |202|. Lo que concuerda con la reunión realizada en el municipio de Sopetrán en 2.001 y que los delitos cometidos por el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa antes de esa época no estarían cobijados por los beneficios de la ley de justicia y paz.

La misma evidencia también enseña que dicha banda se dedicaba al hurto de los camiones surtidores del barrio u otros bienes y a cobrar contribuciones a las residencias, el comercio y los transportadores, que en las circunstancias y el contexto del caso no pueden ser simples contribuciones voluntarias por el aseo o la seguridad del barrio o su trabajo comunitario, como lo creyó la Juez Octava Penal del Circuito en su sentencia del 28 de abril de 2.003 en el caso del homicidio del agente de policía Jhon Jerderson Torres.

1.1.2 El homicidio del menor Edwin Alonso Arias Uribe

209. El 22 de febrero de 1.999, recién ingresado entonces, el postulado Juan Fernando Chica le dio muerte al menor Edwin Alonso Arias Uribe, de 17 años, a quien apodaban Mueloncito o Muelas, al frente de la Urbanización Curazao localizada en el barrio Robledo Aures de Medellín, en la calle 76 C # 90-10. De acuerdo con su versión, siguiendo órdenes de su Comandante Luis Aníbal Mejía Ruiz, le disparó con un revólver calibre .38 largo a 4 ó 5 metros de distancia porque era colaborador de las milicias o miembro de la guerrilla y tenía como función hurtar para conseguir y transportar armas y municiones |203|. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal Delegado del hecho.

La prueba revela que el menor Edwin Alonso Arias Uribe, quien estudiaba en el programa de Paz y Convivencia, había sido detenido en dos ocasiones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y varias veces por hurto, una de ellas por el hurto a una tienda en el barrio Antioquia, la última en octubre de 1.998, unos 4 meses antes de su homicidio. Además, consumía marihuana, como lo reconoció su padre durante el levantamiento de su cadáver, quien también declaró que había salido para la esquina donde acostumbraba reunirse con sus amigos. La necropsia demuestra que el menor recibió 7 impactos a quemarropa, pues tenían tatuaje y ahumamiento, 4 de ellos en la cabeza y tenía una esperanza de vida de de 49.2 años |204|.

No sólo no es ese el perfil de un miliciano, sino que las circunstancias del hecho indican que su homicidio estuvo ligado a sus antecedentes judiciales y hábitos personales, como lo enseña no sólo la experiencia judicial, sino los demás casos que irá examinando la Sala. La evidencia también enseña que el homicidio no se cometió a 4 ó 5 metros de distancia, como dijo el postulado, sino a quemarropa y en su ejecución participaron por lo menos dos personas porque la capacidad máxima de un revólver es de 6 cartuchos y el menor recibió 7 disparos. Claro, pudo recargar el arma, pero no es eso lo que ocurre ordinariamente, menos para hacer solo otro disparo y no es entonces creíble que haya sucedido así, menos con las características de este homicidio. El postulado, sin embargo, no reveló quien fue la persona que lo acompañó.

El testigo Alonso Arias Castaño también reveló que 2 días después, el 24 de febrero de 1.999, en el acopio de taxis de Robledo Aures, las "autodefensas" habían asesinado a 4 jóvenes y herido a 3 ó 4 más |205|, en el mismo sector donde operaba y cometió este homicidio el postulado Juan Fernando Chica, quien hacía 1 mes había asumido el mando del grupo en ese sector. Pero, nada dijo el postulado de ese hecho, ni quienes participaron en él.

210. El 12 de abril de 2.000, poco más de un año después, el Fiscal 37 Delegado Rubén Darío Correa ordenó suspender la investigación previa, sin realizar más actuaciones que el levantamiento del cadáver, la necropsia y un informe de la policía judicial y sin recibir ninguna declaración sobre el hecho. Una vez confesado éste y expedidas las copias a la justicia ordinaria donde cursaba la investigación, el proceso le fue reasignado al Fiscal 16 Delegado Luis Fernando Otálvaro el 16 de marzo de 2.009, quien 2 meses después no había adelantado ninguna actuación, pues el proceso seguía en investigación previa. Todavía el 2 de septiembre de 2.011, 2 años y 6 meses después, el proceso seguía en investigación previa, ya a cargo de la Fiscal Flor María Hurtado Pérez, quien le solicitó una información al Fiscal 45 Delegado para decidir "si es procedente abrir instrucción" |206|.

1.1.3 El homicidio de Camilo Andrés Quintero

211. El 17 de octubre de 2.001, el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa le dio muerte al joven Camilo Andrés Quintero, de 21 años de edad, en el sitio conocido como "El Paredón", localizado en la carrera 85 B con calle 77 A del barrio Robledo Villa Flora de esta ciudad. De acuerdo con su versión, el homicidio lo cometió por orden de Luis Aníbal Mejía Ruiz y en compañía de Mauricio Bedoya Puerta, alias Cocho, porque el joven "estaba trayendo gente de otros barrios" para identificar a los miembros de las autodefensas y retomar el control del barrio, según la información recogida por Edison Oswaldo Nuno Vallejo, Comandante del grupo, quien ya falleció. Al joven le dispararon en varias ocasiones con dos revólveres calibre .38. Esa fue igualmente la presentación del fiscal.

La evidencia revela que el joven, quien cursaba 7º grado, era adicto a la marihuana y estaba en ese lugar con varios amigos suyos, uno de los cuales también resultó herido en ese hecho, pero los demás alcanzaron a evadirse. Ese lugar era su sitio de encuentro, pero las AUC habían amenazado a los jóvenes que se mantenían en la calle y en el mismo sitio ya habían hecho un atentado contra otros jóvenes hacía unos días, razón por lo cual ya no se veía a nadie en la vía pública. De acuerdo con los testimonios de Amanda del Socorro Quintero, madre del joven, Paula Andrea López y Juan David Cano recibidos en el levantamiento del cadáver y en los días posteriores, en el homicidio participaron por lo menos 3 encapuchados -aunque otras versiones hablan de 4 ó 5 partícipes- y en un árbol contiguo dejaron las siglas AUC.

La necropsia enseña que Camilo Andrés Quintero recibió 7 disparos, 5 de éstos en su cabeza, los cuales presentaban tatuaje y tenía una esperanza de vida de 46 años. El dictamen de balística permite concluir que por el tipo de proyectiles hallados en el cadáver de la víctima, su número de estrías, o la ausencia de éstas y su sentido de rotación, en el homicidio se utilizaron por lo menos 3 armas diferentes, una de ellas una .357 Magnum |207|.

La evidencia indica que el homicidio tuvo otro móvil: la práctica que tienen los grupos armados ilegales de ejercer el control social de los pobladores imponiéndoles normas o reglas arbitrarias, por fuera de la ley, como las de no concurrir o no mantenerse en determinados sitios o a determinadas horas o no realizar ciertos actos o conductas, bajo la amenaza de un escarmiento o represalia, que puede llegar hasta la ejecución arbitraria o extrajudicial de quien desobedezca esos mandatos.

La evidencia también enseña que el homicidio no se cometió sólo entre dos personas, como dijo el postulado, pues los testimonios y el dictamen de balística dan cuenta por lo menos de tres partícipes y que en su ejecución se utilizó un revólver calibre .357 Magnum, pero el postulado se abstuvo de revelar por lo menos uno de los partícipes.

Por esos días en que se cometió el homicidio de Camilo Andrés Quintero y utilizando el mismo modus operandi -varios encapuchados utilizando armas de fuego y sorprendiendo a las víctimas indefensas o colocándolas en esa condición- se cometieron por lo menos otros 8 homicidios, entre éstos 4 jóvenes en una salsamentaria y 3 señores que estaban jugando en la acera de la casa. Los vecinos, y así lo informan los testigos, le atribuyen esos hechos a los grupos paramilitares y así lo confirma el modus operandi, pues éstos, además, acostumbraban a salir por la noche armados y encapuchados, según declaró Amanda del Socorro Quintero. El postulado Juan Fernando Chica, a pesar de que para ese entonces era el segundo al mando del grupo armado ilegal en ese sector, no ha dado cuenta de esos otros hechos, no obstante que se cometieron en circunstancias similares de tiempo, lugar y modo a aquellas en que se ejecutó el homicidio de Camilo Andrés Quintero, realizado por él |208|.

212. El 2 de septiembre de 2.002, pasado casi un año, el Fiscal 4 Delegado Juan Guillermo Jiménez Moreno remitió la investigación previa que se adelantaba por ese homicidio al coordinador de la unidad para suspenderla porque a pesar de "haberse realizado todos los esfuerzos necesarios para lograr la identificación y/o individualización" de los autores, no había sido posible y 8 días más tarde el Fiscal Coordinador José Valencia Duque ordenó la suspensión de la investigación. Sólo que no se habían hecho los esfuerzos mínimos para establecer los autores porque el Fiscal ni siquiera expidió una orden de policía judicial con ese propósito, ni se preocupó por identificar y citar a los jóvenes que le hacían compañía al occiso, a pesar de que uno de ellos fue herido en esos hechos y atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe, ni estableció quienes eran los vecinos del lugar para recibirles testimonio, no obstante que había evidencia suficiente de que el hecho había sido cometido por un grupo paramilitar y obedecía a una conducta sistemática y con un patrón similar.

Sólo a raíz de la confesión del postulado Juan Fernando Chica, de las copias de ésta expedidas el 13 de enero de 2.009 y de su solicitud para que se le dictara sentencia anticipada tras su aceptación de los cargos, se reanudó la investigación y el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2.009, lo condenó a 135 meses por ese homicidio, la cual está ejecutoriada |209|.

1.1.4 El homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga

213. El 18 de julio de 1.999, a eso de las 10 de la mañana, el postulado Juan Fernando Chica le dio muerte a Luis Fernando Herrera Saldarriaga en el sector del Depósito del barrio Robledo Aures de Medellín, más exactamente en la carrera 91 B # 77 DD 4. De acuerdo a la versión del postulado, el homicidio lo cometió en compañía de Lesney Augusto Nuno Vallejo y Saul Alberto Tascón Agudelo y siguiendo las órdenes impartidas por Luis Aníbal Mejía Ruiz, porque el joven Luis Fernando Herrera transportaba personas que no vivían en el barrio con el fin de retomarlo. En su ejecución utilizaron 2 revólveres calibre .38 y uno calibre .22. Esa fue igualmente la explicación y presentación que hizo el fiscal de ese hecho.

La evidencia enseña que Luis Fernando Herrera Saldarriaga, un joven de 24 años, solía ir de visita a Robledo Aures porque había residido allí hacía unos años, pero ya vivía en el barrio Enciso. En 1.998 estuvo detenido en la cárcel Bellavista por hurto de vehículos y porte de armas de fuego, junto con su amigo Antonio Restrepo, quien estuvo detenido también por receptación y era adicto a las drogas. A éste -su amigo Antonio Restrepo-, el postulado, los hermanos Duván y Lesney Nuno Vallejo y Saúl Alberto Tascón habían intentado matarlo unos meses antes, el 21 de diciembre de 1.998, porque se negaba a pagarles la contribución de cinco mil pesos ($5.000) que le exigían arbitrariamente cada semana, hecho que él denunció unos días después. Pero, la Sala no descarta que dicho atentado tenga relación con sus antecedentes u otras rivalidades entre ellos, pues también lo atacaron en la casa, ocasión en la cual Antonio Restrepo lesionó a Lesney Nuno Vallejo y lo obligaron a abandonar el barrio.

De acuerdo con el testimonio de Antonio Restrepo, a Luis Fernando Herrera "lo habían amenazado porque se parchaba conmigo" y por eso lo mataron, pues andaban juntos cuando le dispararon, pero la Sala no descarta que hayan influido sus antecedentes. La necropsia enseña que Luis Fernando Herrera recibió 12 disparos, 7 de ellos en la cabeza y el cuello |210|. Las circunstancias del hecho descartan que Luis Fernando Herrera haya sido asesinado porque transportaba personas ajenas al barrio con el fin de retomar el dominio y control de él, como sostuvo el postulado Juan Fernando Chica, porque ya vivía en un barrio distante e iba sólo de visita, como concuerdan los testigos. Esas mismas circunstancias indican que el móvil estuvo más ligado a su amistad con Antonio Restrepo, a que frecuentaban los mismos lugares y a sus antecedentes y relaciones con él y, claro, al hecho de estar en su compañía el día que le dieron muerte. La evidencia también lleva a concluir que el postulado Juan Fernando Chica no reveló el intento de homicidio de Antonio Restrepo, ni el desplazamiento forzado de éste, ni las contribuciones forzosas y arbitrarias que imponían, pues dicho testigo relata que eran muchas las víctimas de las exacciones. Tampoco reveló la muerte de Jorge Eliécer Daza Giraldo, ni el atentado "a un pelado de 16 años. . . se llama Luis le dicen Luicito", ni los otros hechos que le atribuye Antonio Restrepo y que le merecen credibilidad a la Sala.

214. El 15 de marzo de 2.000, el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa, Saúl Alberto Tascón Agudelo y los hermanos Duvan Arley y Lesney Augusto Nuno Vallejo fueron acusados por el homicidio de Luis Fernando Herrera, pero el Juez 22 Penal del Circuito de Medellín no le creyó al testigo Antonio Restrepo y absolvió a los 4 acusados, mediante sentencia del 7 de noviembre de 2.000. Pero, como lo revela este proceso, el testigo no mentía.

1.1.5 La acumulación de la pena por el homicidio de Jhon Jerderson Torres Bueno

215. El Fiscal pidió también la acumulación de la pena impuesta al postulado Juan Fernando Chica Atehortúa por el homicidio del agente de policía Jhon Jerderson Torres Bueno, cometido el 23 de noviembre de 2.001, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, en la calle 76 D con carrera 90 B de esta ciudad. Esa sentencia, ya ejecutoriada, reconoce que el hecho fue realizado entre 5 ó 6 personas y de ella importa destacar que i) al agente Torres Bueno se le dio muerte por borrar un grafiti con las letras AUC escrito en las paredes de su casa, pero también con el fin de hurtarle el revólver, como lo reconoce la sentencia de segunda instancia de la Sala Penal de este Tribunal; ii) al agente le hurtaron el revólver y el celular; y iii) ese "grupo de jóvenes. . . habían hecho parte de 'un proceso de reinserción o pacto de no agresión'".

1.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

216. Por el primero de esos hechos (párrafo 208), el Fiscal le formuló cargos al postulado Juan Fernando Chica por los delitos de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340 incisos 2 y 3 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2.002, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y utilización ilegal de uniformes e insignias, consagrados en los artículos 365 inciso 1 y 346 de la Ley 599 de 2.000 (Código Penal), en calidad de coautor el primero y los demás en calidad de autor en la modalidad dolosa.

217. En los casos de casos de Edwin Alonso Arias Uribe y Luis Fernando Herrera Saldarriaga (párrafos 209 y 213), el Fiscal le formuló cargos por el delito de homicidio agravado, descrito en los artículos 323 y 324 numeral 7 del Código Penal de 1.980, modificado por los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1.993, a título de autor el primero y de coautor el segundo, ambos bajo la modalidad dolosa. Pero, por el principio de favorabilidad, consideró que debía aplicarse la pena prevista en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, que oscila entre 25 y 40 años de prisión.

218. En el caso donde figura como víctima el joven Camilo Andrés Quintero (párrafo 211), el Fiscal le formuló el cargo de homicidio en persona protegida, previsto en el artículo 135 parágrafo 1 de la Ley 599 de 2.000, que consagra una pena de prisión de 30 a 40 años, multa de 2.000 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años, en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa.

2. El caso de Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias Cañitas o Bertico

2.1. Los hechos atribuidos al postulado

2.1.1 El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y la utilización ilegal de uniformes e insignias

219. De acuerdo con su versión libre, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga se vinculó a las Autodefensas Unidas de Colombia en 1.993, a los 13 años de edad -nació el 23 de mayo de 1.980-, por intermedio de Joani de Jesús Durango Quiroz, conocido como Giovanny Zapata, el Guasón o la Guasa, pero el Fiscal concluyó que esa estructura no pertenecía a las AUC. De hecho, éstas nacieron en 1.997.

Su vinculación a las AUC se tiene entonces desde 1.998, cuando cumplió los 18 años de edad, ya como miembro del Bloque Cacique Nutibara y en esa condición utilizó uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y portó armas de fuego también de uso privativo de ésta y de defensa personal, como pistolas, revólveres, fusiles Ak-47, lanzagranadas M-79 y granadas de mano. Entre el 5 de mayo de 2.000 y el 7 de noviembre de 2.001 estuvo prestando servicio en la armada nacional y a su regreso se reincorporó al grupo armado ilegal.

Según sostiene, se vinculó a éste porque un hermano suyo fue abaleado y maltratado delante de la familia por la guerrilla o las milicias y él mismo fue declarado objetivo militar y su zona de operaciones fueron los barrios Playa Rica, El Rincón, Olivares y Calatrava del municipio de Itagüí, pero también patrulló en los barrios San Gabriel, San Pío, Pilsen y Ditaires del mismo municipio, en el área rural de San Antonio de Prado, donde estuvo 3 meses y en el municipio de La Estrella, bajo el mando de Joani de Jesús Durango Quiroz, también conocido como Giovanny Zapata o la Guasa, quien a su vez dependía de Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito.

El objetivo del grupo, según declaró en su versión, era matar a los miembros de la guerrilla y sus colaboradores y por su actividad recibía un sueldo de seiscientos mil pesos mensuales ($ 600.000). Esa retribución, o el rencor y el deseo de venganza con la guerrilla constituían los principales motivos de los jóvenes para vincularse al grupo ilegal |211|. Esa fue la presentación y explicación que hizo el Fiscal de los objetivos del grupo.

La evidencia recogida en los homicidios de Andrés Felipe Quiceno Sotelo, Néstor Raúl Guerra Patiño y Mauricio Hernández Taborda y la sentencia dictada en este último caso por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí el 7 de diciembre de 2.004 |212|, confesados por el postulado y que se examinarán más adelante, demuestra que éste hacía parte de la banda La Unión, cuestión que el postulado omitió.

El informe del investigador de campo del CTI Raúl Fernando García Paredes rendido el 23 de octubre de 2.008, también revela que, de conformidad con las informaciones de la comunidad y la revisión de los expedientes que hizo, el grupo armado ilegal se dedicaba al expendio de estupefacientes y a cobrar contribuciones por el servicio de vigilancia, que en el contexto de los hechos no pueden tenerse como contribuciones voluntarias, no en todos los casos, más si estaban respaldadas por una organización armada de carácter ilegal y que ejercía dominio y control sobre la respectiva zona. Empero, el postulado omitió esos hechos y no los confesó |213|.

2.1.2 El homicidio de Hugo Alexander López Londoño.

220. El 11 de mayo de 2.002, a eso de las 4:30 de la tarde, Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga le dio muerte a Hugo Alexander López Londoño, de 21 años de edad y 5º de primaria, y a quien apodaban Velorio, en un aserrío ubicado en la calle 40 del barrio Los Olivares de Itagüí. De acuerdo con la versión del postulado, Joani de Jesús Durango Quiroz, más conocido como Giovanny Zapata o la Guasa, ordenó darle muerte porque era miembro de las milicias y estaba extorsionando a un trabajador del aserrío. Esa orden la dio cuando el informante le comunicó que en ese instante estaban cobrando la extorsión y en cumplimiento de ella le disparó en la cabeza con un revólver calibre .38. Esa fue también la presentación y explicación que hizo el fiscal.

La evidencia presentada enseña que el joven Hugo Alexander López, quien tenía una esperanza de vida de 45,1 años, estuvo detenido y fue condenado por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Itagüí por los delitos de hurto y porte de armas el 29 de noviembre de 2.000 y era adicto a la marihuana, como reconocieron sus familiares. El testigo Hernán Henao Henao, encargado del aserrío donde lo mataron, declaró que Hugo Alexander López solía pedirle la "liga" a quienes conocía y aquel que quería se la daba voluntariamente, pero sabían que era "para el vicio". Aunque no laboraba allí, un amigo lo llamó para que trabajara ese fin de semana como celador y, de hecho, su cadáver fue hallado dentro del aserrío, sin camisa y con una botella de vino al lado. La diligencia de levantamiento no sólo certifica que fue hallado sin camisa y en el suelo del aserrío, sino que no había nadie en el lugar. El aserrío, entonces, estaba sólo. Nada impedía que el presunto trabajador víctima de la extorsión permaneciera allí, informara sobre el homicidio a las autoridades y declarara que lo habían matado unos desconocidos porque lo estaba extorsionando, pero no fue así. A la víctima tampoco le hallaron arma alguna y no la podía llevar oculta porque estaba sin camisa. Hacía poco las AUC que operaban en el barrio Olivares habían desaparecido a su cuñada Doris Edilma Uribe y otros amigos suyos con los cuales acostumbraba relacionarse o mantenerse, habían sido asesinados en esos días por el mismo grupo paramilitar |214|.

El motivo del homicidio no fue entonces la extorsión a un trabajador del aserrío, como sostuvo el postulado, porque la prueba desmiente esa versión e indica que el hecho estuvo inspirado por sus antecedentes judiciales, sus adicciones y costumbres personales y sus relaciones y amistades.

La evidencia también enseña que en esos meses, entre abril y mayo de 2.002, y algunos en esos mismos días, entre el 11 y 14 de mayo de 2.002 y en el mismo barrio Los Olivares, además de Hugo Alexander López Londoño, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a Tomy Alexander Cortés Urán, Jorge Mario Santana Amariles, Duberney Mejía Zapata, Luis Carlos Arias Suaza y Jader Andrés Muñoz. De otros apenas se conoce su nombre: don Cristóbal López, don Albeiro Castro y don Carlos, a quien le dejaron un letrero tildándolo de "sapo". A Doris Edilma Uribe Gallón, esposa de Jader Andrés Muñoz y cuñada del joven Hugo Alexander López, la desaparecieron desde el mismo día del homicidio de su cónyuge y a la esposa de otro, Milena Molina, la desaparecieron, la torturaron y luego la mataron y la de Luis Carlos Arias Suaza se desplazó a raíz de su homicidio. Esos hechos eran cometidos por jóvenes encapuchados entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, utilizando vehículos y motos y, como declaró la testigo Gloria Cecilia Uribe Gallón, "los mataban delante de todo el mundo, dejaban letreros de las A.U.C". De manera concomitante con los hechos aparecieron grafitis con las palabras Autodefensas Unidas de Colombia o mensajes como "Muerte a sapos", "Guerrillero ponte el uniforme o muere de civil", típicos de éstas. La prueba indica que la situación en el barrio se volvió tensa por esa época, al punto que circulaban versiones de que los paramilitares tenían una lista de 40 persona e iban a ejecutar una masacre en el barrio, todo lo cual generó un "éxodo" o desplazamiento de sus habitantes, como lo revela el informe del CTI número 1332 del 13 de julio de 2.002 y que la testigo María del Carmen Parra Cano calcula en unos 20 |215|.

Esa información proviene de distintas fuentes y éstas son concordantes entre sí. No es posible entonces que todos esos hechos ocurridos en los meses de abril y mayo de 2.002 en el barrio Los Olivares sean falsos. El postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga no sólo operaba en ese barrio, sino que participó en uno de los hechos cometidos en esos días por el grupo armado ilegal, que tenía un sello similar a los demás y en el proceso por el homicidio de Mauricio Hernández Taborda, por el cual ya fue condenado, hay testimonios e informes de que participó en la muerte de varios de ellos y amenazó a Sandro Betancur, hermano de Lubín Betancur, quien fue testigo de ese homicidio, así como a Wilmar Hernández Taborda, también testigo del homicidio y hermano del occiso, a raíz de lo cual la familia de éste se desplazó -y así se dejó constancia en la sentencia de segunda instancia de la Sala Penal de este Tribunal del 21 de agosto de 2.007-, según la inspección que realizó el investigador Raúl Fernando García |216|.

Por lo tanto, participó en algunos de ellos -incluido el desplazamiento- o, en el mejor de los casos, tuvo que conocerlos, más si fueron de público conocimiento y generaron un estado generalizado de zozobra entre los habitantes del sector. Sin embargo, no los confesó, ni reveló lo ocurrido, ni quienes los cometieron, ni informó sobre la suerte de la desaparecida, a la cual ni siquiera hizo alusión, aunque era cuñada de Hugo Alexander López, a quien él ejecutó. Al omitir cualquier referencia a esos hechos y a la suerte corrida por Doris Edilma Uribe Gallón, fomentó la impunidad en torno a ellos e incumplió el deber de contribuir con la administración de justicia, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la ley de justicia y paz.

221. El Fiscal 64 Delegado, doctor Javier Girón Rodríguez, a pesar de contar con la información sobre los múltiples homicidios y desapariciones en el barrio Los Olivares, de la participación de los grupos paramilitares en ellos y de la relación que tenía el caso de Hugo Alexander López con tales hechos, dictó resolución inhibitoria y ordenó archivar la indagación el 27 de agosto de 2.003, apenas 6 días después de recibir las diligencias y sin realizar mayores actuaciones, ni practicar otras pruebas, ni requerir siquiera el apoyo de la policía judicial para esclarecer el hecho. De allí que la Sala ratifique la orden de expedir copias para investigar a dicho fiscal por su evidente omisión ante tan graves infracciones.

Sólo el 9 de marzo de 2.009, a raíz de la confesión del postulado y las copias enviadas a la justicia ordinaria, se abrió la instrucción, pero luego de cerrada la investigación, se suspendió de nuevo el 13 de agosto de 2.010 por orden del Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz.

2.1.3 El homicidio de Jaime Andrés Posada Rodríguez

222. A eso de las 7:30 de la noche del 18 de mayo de 2.003, en el sector de El Jardín, parte alta del barrio Los Olivares, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga también le dio muerte a Jaime Andrés Posada Rodríguez, de 19 años de edad, desempleado y con 5º de primaria. De acuerdo con la versión del postulado y la presentación del Fiscal 45 Delegado, el delito lo cometió por orden de Joani Durango Quiroz, más conocido como Giovanny Zapata o la Guasa, porque era miembro de las milicias bolivarianas que operaban en dicho barrio, según la información que suministró don Liborio, de quien desconoce cualquier otro dato, a pesar de que fue éste quien se lo mostró una hora antes del homicidio. Al encontrarlo, le disparó varias veces en la cabeza con un revólver calibre .38.

La evidencia, sin embargo, enseña que el motivo de su muerte fue diferente.

Según revelan su madre y su hermano, Jaime Andrés Posada había llegado al barrio apenas unos 2 meses antes, el 14 de marzo de 2.003 y era adicto a la marihuana desde los 15 años. Ya unos hombres armados habían ido a solicitarle su identificación y a preguntarle que hacía, de donde venía y por qué se había mudado al barrio Los Olivares. A los días, unos hombres con brazalete de las AUC habían ido hasta la casa a decirle que dejara de fumar marihuana delante de los niños que allá no se permitía esa conducta y esa advertencia se la habían repetido varias veces. La policía lo había detenido por consumir marihuana. De allí que su madre, Martha Elena Rodríguez Carvajal, concluyera ya en esa época, el 29 de agosto de 2.003 que rindió su testimonio, que lo mataron "fue por el vicio, y fueron las autodefensas" e, incluso, agregó que la señora que le arrendó la casa donde vivía le dijo el día antes de que lo mataran que "la gente por aquí se está quejando mucho del hijo suyo, por esa fumadera que tiene y que van a ir a quejársele a los muchachos" |217|. "Los muchachos" eran los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, como se deduce de la experiencia, el contexto de los hechos y su homicidio al día siguiente. El propio postulado Edilberto de Jesús Cañas aceptó que, cuando don Liborio se lo señaló una hora antes, el joven Jaime Andrés Posada estaba con 6 ó 7 hombres fumando sustancias sicoactivas |218|. La expectativa de vida de éste era de 47,6 años.

La prueba indica entonces que a Jaime Andrés Posada lo mataron por fumar marihuana en contra de las reglas impuestas por el Bloque Cacique Nutibara en el barrio, no por los motivos aducidos por el postulado. La paradoja es que éstos eran los que distribuían las drogas y los únicos que podían hacerlo, como declaró la madre del joven, Martha Elena Rodríguez, quien a raíz de esos hechos abandonó el barrio.

El postulado, sin embargo, no dio cuenta del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ni lo confesó, ni fue veraz sobre el motivo para matar al joven Jaime Posada.

223. La actuación de las autoridades ante ese hecho fue negligente y dejó a las víctimas en la más completa orfandad. A su hermano José Vicente Posada le dijeron en la Personería de Itagüí, a donde acudió a buscar apoyo, que allá "no habían paracos, ni grupos al margen de la ley" |219|. El Fiscal 90 Delegado Hernando Antonio Bustamante suspendió la investigación previa y ordenó archivar el proceso el 30 de enero de 2.004, a pesar de que ya se sabía que el homicidio lo habían cometido los grupos paramilitares, sin más actuación que el testimonio de dos sus familiares y un informe de policía judicial, que daban cuenta de los hechos relatados por la Sala. Ningún otro esfuerzo hizo el Fiscal por establecer los autores, ni solicitó el apoyo de la policía judicial para hacerlo y, antes bien, puso en duda la participación de los paramilitares en la comisión del delito, pues la víctima "era un adicto y para sostener su vicio se había dedicado a cometer hechos ilícitos" y por esa causa lo habían matado. Con esa presentación, estaba justificando implícitamente su muerte y el archivo del proceso |220|. Eso es suficiente para expedir copias para que se le investigue por prevaricato por omisión.

Sólo a raíz de la confesión del postulado y las copias remitidas a la justicia ordinaria, se abrió la instrucción el 12 de marzo de 2.009, pero en la etapa del juicio fue suspendido por orden del Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz.

2.1.4 El homicidio de Jorge Horacio Muñoz Macías

224. Entre las 2 y 4 de la tarde del 28 de mayo de 2.002, en el parqueadero de los colectivos del barrio Calatrava, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga le dio muerte a Jorge Horacio Muñoz Macías, en compañía de Joani de Jesús Durango Quiroz, más conocido como Giovanny Zapata o la Guasa. De acuerdo con su versión, el delito lo cometió cumpliendo las órdenes de este último porque era miembro de las milicias y para ejecutarlo le disparó unas 6 ó 7 veces con una pistola calibre 9 mm. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal 45 Delegado.

La evidencia disponible enseña que Jorge Horacio Muñoz era un vigilante de 31 años de edad y 7º grado de educación media, con una esperanza de vida de 38 años. No tenía antecedentes, ni anotaciones o registro de vínculos con bandas o grupos armados ilegales. Sólo se sabe, por el testimonio de su compañera Adriana María Ospina, que habían circulado rumores de que iban a matar a todos los celadores del sector y, pasado el tiempo, comentaron en el barrio que lo había matado "Bertico" o "Betico", que es el apodo con el que se conocía al postulado. La necropsia indica que recibió 4 impactos, 3 de ellos con dirección de atrás hacia adelante y eso permite inferir que fue sorprendido indefenso o que el postulado se aprovechó de esa condición |221|.

No es claro, pues, el motivo de la muerte, pero no hay evidencia alguna, ni es creíble que perteneciera a las milicias.

225. El 13 de mayo de 2.004, el Fiscal 90 Delegado de Itagüí Hernando Antonio Bustamante se abstuvo de abrir la instrucción y ordenó archivar la actuación, teniendo sólo a la vista un informe de policía judicial que entrevistó a 3 personas que ningún conocimiento tenían de los hechos y sin citar siquiera a su compañera Adriana María Ospina, quien en la diligencia de levantamiento del cadáver aportó alguna información. Sólo el 6 de marzo de 2.009, a raíz de la confesión del postulado y las copias remitidas a la justicia ordinaria, se desarchivó el proceso y se abrió la instrucción, pero luego de adelantarse hasta la etapa del juicio y decretarse una nulidad que lo devolvió a la etapa de instrucción, ésta se suspendió por orden del Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz |222|.

2.1.5 El homicidio de John Mario Cardona Hincapié y la tentativa de homicidio de Orlando de Jesús Arias Candamil

226. El 25 de abril de 2.002, hacia las 2:30 de la tarde, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga le dio muerte a John Mario Cardona Hincapié e intento matar a Orlando de Jesús Arias Candamil en la calle 46 # 50 A 12 del barrio Playa Rica de Itagüí. De acuerdo a la versión del postulado, la orden la impartió Joani de Jesús Durango Quiroz, apodado Giovanny Zapata o la Guasa, porque eran informantes e integrantes de las milicias y le indicó donde podía hallarlos. Al verificar la información, observó que estaban vendiendo marihuana en la esquina del ancianato de Playa Rica, pero no fue por eso que los mató. Al encontrarlos, les disparó con un revólver calibre .38, a John Mario Cardona en 3 ocasiones y a Orlando Arias Candamil 2 veces, pero como éste intentó huir, le disparó en otras 2 ocasiones. Esa fue la presentación del hecho que hizo también el fiscal e interrogado por la Sala sobre la inconsistencia que había entre la carga que ordinariamente aloja en el tambor un revólver calibre .38 y el número de disparos que hizo, el postulado indicó que portaba 2 revólveres.

La evidencia enseña que John Mario Cardona, un joven de 23 años con 3º grado de educación media, era adicto a la marihuana y estuvo detenido 2 veces por hurto o por hechos relacionados con delitos contra la propiedad, una de ellas por vender una bicicleta hurtada. Fue también condenado por porte de armas de fuego. Aunque en el levantamiento le hallaron un pequeño envoltorio con marihuana y unos pliegos de papel para envolverla, de allí no es posible deducir con seguridad que la estuviera vendiendo, como declaró el postulado, así en ese lugar expendieran esa y otras drogas |223|, entre otras cosas porque se trataba de una porción y unos pliegos pequeños más compatibles con el consumo. Pero, sí es posible deducir que la consumía, como aceptaron sus hermanas Fanny Luz y Yarley Cristina Cardona y que solía hacerlo en ese sitio, como se anotó en la diligencia de levantamiento. Sólo que esta última y su padre Mario de Jesús Cardona certifican que ese día el joven John Mario Cardona iba a entregar una ropa y unos tenis a un conductor y se sabe que en ese lugar se parquean los camiones de trasteos, uno de los cuales lo conducía Orlando de Jesús Arias Candamil, quien lo conoció como vendedor de ropa. Las dos bolsas del Éxito que Joani de Jesús Durango le vio a uno de ellos y que le describió al postulado para que pudiera identificarlo al ejecutar el homicidio y que Fanny Luz Cardona, la hermana de John Mario, también describe, confirman esa actividad |224|.

De Orlando de Jesús Arias Candamil, además de que era conductor de un camión de trasteos, uno de los cuales se alcanza a observar en la diligencia de levantamiento, se sabe que contaba con 29 años de edad y 5º de primaria y fue condenado por porte de armas de fuego.

En la diligencia de levantamiento también se escuchó el comentario de que el occiso había recibido amenazas por pertenecer a la banda de Calatrava. Empero, no parece cierto que el motivo del homicidio fuera su condición de integrante de la banda de Calatrava, pues el postulado hacía parte de ese mismo grupo y no tendría motivos para atentar contra él por ese sólo hecho. Su padre Mario de Jesús Cardona atestiguó que, por el contrario, a su hijo le propusieron que se uniera a las bandas de los barrios La Unión, Calatrava y el Tablazo, pero nunca aceptó.

En cambio, no hay informe o registro alguno que dé cuenta de la vinculación de éste o de Orlando Arias Candamil a las milicias, bien como miembros o como informantes.

La evidencia indica que el homicidio de John Mario Cardona Hincapié y el intento de homicidio de Orlando de Jesús Arias Candamil no obedecieron a que tuvieran algún vínculo con las milicias. Aunque no es del todo claro, el homicidio del primero aparece ligado a uno de dos hechos, o a una suma de ambos: i) el consumo o distribución de estupefacientes, como se desprende no sólo de las referencias que el postulado hace a ese tema en su versión y la forma inverosímil y contradictoria como rechaza ese hecho como motivo del homicidio, lo cual permite inferir que tuvo relación con éste, sino porque era un negocio que controlaba el Bloque Cacique Nutibara y en el que debían cumplirse las reglas impuestas por ellos y/o ii) la presencia y actividad de las bandas en el sector, bien por las relaciones o conflictos con alguna o algunas de ellas -que no quiere decir participación- o bien porque se negara a ser reclutado por éstas.

Pero, si la víctima vendía marihuana, como alega el postulado, así no haya evidencia de ese hecho más allá de su declaración, eso no cambia la índole y objetivo del homicidio. Se trataría de una forma de control del territorio y el negocio de la droga y de lo que Yarley Cristina Cardona se imaginó: un acto de "limpieza social", porque ese grupo se encargaba de "realizar limpieza", utilizando un lenguaje que se ha hecho común y arraigado en la sociedad, pero que constituye un perverso eufemismo que encubre la verdad y justifica implícitamente esa clase de conductas.

El caso de Orlando de Jesús Arias Candamil es más claro aún. A éste se le ejecutó arbitrariamente bien por su relación con John Mario Cardona, o por el sólo hecho de estar con él, o bien porque "nadie quiere dejar rastros o testigos", como "supuso" el postulado en su versión libre del 14 de abril de 2.010.

De acuerdo al informe rendido por el comandante de la Estación de Policía de Itagüí en el homicidio participaron dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. La necropsia realizada a John Mario Cardona Hincapié informa que éste, cuya expectativa de vida era de 44.3 años, recibió 5 impactos en la cabeza y el tórax, mientras que los dictámenes practicados a Orlando de Jesús Arias Candamil concluyen que recibió 2 impactos, uno en la cabeza y otro en la mano, aunque el postulado declaró que le hizo 2 disparos más, los cuales le dejaron una incapacidad de 35 días, una perturbación funcional de la visión de carácter transitorio, una perturbación síquica transitoria y una perturbación permanente del sistema nervioso central. Eso quiere decir que entre ambos recibieron entonces 9 disparos y no es creíble que el postulado haya llevado dos revólveres y los haya hecho todos. No sólo porque no es lo que ordinariamente ocurre y esa versión del hecho sólo la dio en la audiencia de control de legalidad de los cargos, ante una pregunta de la Sala, si no porque los miembros del grupo armado ilegal solían ejecutar los homicidios en compañía, más si había varias personas y hay información de que en el homicidio participaron dos personas.

El postulado no sólo faltó a la verdad sobre el motivo del homicidio, sino que omitió revelar con quien cometió el delito.

227. El 26 de agosto de 2.003, la Fiscal 23 Delegada Diana Builes González se abstuvo de abrir investigación y ordenó el archivo de las diligencias, con el sólo testimonio de la hermana del occiso y un informe de policía judicial sin mayores detalles. La decisión se tomó sin llamar a los demás familiares y pasó por alto no sólo el reporte del hospital que indicaba que hubo un herido en los hechos, al que se le pudo recibir testimonio, sino que la escena del crimen fue un lugar de parqueo de los camiones de trasteo. Pero, nada hizo la Fiscal al respecto, ni solicitó el apoyo de la policía judicial para identificar y ubicar esos y otros testigos. No puede decir la Sala que haya sido por la condición de adicto de la víctima, pero inquieta esa posibilidad.

Sólo a raíz de la confesión del postulado y la copia de ésta enviada a la justicia ordinaria, como en la gran mayoría de los casos, el 15 de septiembre de 2.010 se abrió la instrucción y luego se le recibió indagatoria. En ésta confesó el hecho y solicitó que se le dictara sentencia anticipada. El 24 de enero de 2.012 se realizó la diligencia de formulación y aceptación de los cargos y con base en ésta el 23 de febrero de 2.012 fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio agravados a la pena de 21 años de prisión.

2.1.6 El homicidio de William Alexander Arroyave y Luis Ernesto Carrillo Oses

228. El 1 de mayo de 2.003, hacia las 8:30 de la noche, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y Víctor Mauricio Sinitave Rincón, conocido como Niño Víctor, asesinaron a William Alexander Arroyave, conocido como Ñeque y Luis Ernesto Carrillo Oses, a quien apodaban Piernas, en la carrera 57 A # 47 A 15 del barrio El Rosario de Itagüí, en las inmediaciones de la cancha La Banca, un sitio solo y oscuro a esa hora. De conformidad con la versión del postulado, Víctor Mauricio Sinitave recibió la orden de ultimarlos de Joani Durango Quiróz porque ambos eran milicianos y al encontrarlos reunidos con otros jóvenes más el postulado le disparó a Luis Ernesto Carrillo con un revólver calibre .38, mientras que Víctor Mauricio Sinitave le disparó al otro con un revólver similar y luego extrajo un cuchillo con el cual los apuñaló a los dos. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal de ese hecho.

La evidencia recogida por la Fiscalía enseña que Luis Ernesto Carrillo Oses, un joven de 18 años de edad, con 2º grado de educación media y vendedor ambulante y William Alexander Arroyave, un adolescente de 15 años de edad, con 2º grado de educación media y dedicado a oficios varios, eran cuñados y amigos, pues la hermana de éste era la compañera de aquél. Los dos eran adictos a la marihuana y vivían en el barrio El Guayabo, pero unos días antes de los hechos, el 17 de abril, la familia de William Alexander Arroyave se había mudado para el barrio El Rosario, donde ambos fueron asesinados. Según el testimonio de la madre de Luis Ernesto Carrillo, María Eugenia Oses y de sus hermanas Alejandra Cristina Ospina Oses y Luz Elena Posada Oses, los habitantes del barrio El Guayabo no podían entrar al barrio El Rosario. En la sentencia dictada por ese delito se deja constancia que el postulado reconoció que los dos jóvenes no estaban en la escena del crimen y él y Víctor Mauricio Sinitave los esperaron hasta las 8:30 de la noche. La necropsia practicada a ambos jóvenes describe que William Alexander Arroyave, cuya expectativa de vida era de 50,1 años, recibió 2 impactos en la cabeza, mientras que Luis Ernesto Carrillo, cuya esperanza de vida era de 48,4 años, presentaba 3 impactos también en la cabeza. Cada uno tenía una de las heridas con tatuaje y otra con hollín en el orificio de entrada y ambos tenían lesiones con arma blanca en el cuello |225|.

Eso indica que el postulado y Víctor Mauricio Sinitive Rincón sabían que ese lugar -la cancha La Banca- era un sitio de encuentro o reunión de los dos jóvenes porque los esperaron, pero también que éstos no esperaban el ataque y permitieron que se les acercaran, pues tenían disparos a semi-contacto -los que tenían hollín-. El postulado y su acompañante, entonces, se acercaron con confianza, o simulándola. Eso significa que no eran milicianos, como afirmó el postulado, no sólo porque ninguna evidencia, informe o registro se encontró al respecto y no les encontraron arma alguna, como sería de esperar si eran varios y estaban reunidos en la cancha, un sitio solo y oscuro, sino porque, de serlo, no hubieran permitido que sus adversarios se acercaran a tan corta distancia sin reaccionar o huir. Lo que indica la evidencia es que el homicidio estuvo vinculado a su adicción a la marihuana y/o a esa regla silenciosa, pero firmemente establecida por el grupo y eficaz, que le prohibía a los habitantes del barrio El Guayabo pasar al barrio El Rosario y a éstos recibirlos y relacionarse con ellos allí en el barrio o, en otras palabras, a esas fronteras invisibles trazadas arbitrariamente por el grupo armado ilegal para dominar y controlar su territorio. La lesión en el cuello con arma blanca, después de ultimarlos con varios disparos en la cabeza, indica también eso: vindicta, castigo o represalia por no acatar las reglas.

229. El 21 de abril de 2.004, el Fiscal 90 Delegado de Itagüí Hernando Antonio Bustamante se abstuvo de abrir la investigación y ordenó el archivo de las diligencias. En ese lapso sólo recibió la declaración de 3 familiares que no presenciaron el homicidio, pero que relataron los hechos que lo rodearon y que relacionó la Sala y sin esperar la respuesta de la orden impartida a la policía judicial para que investigara sobre el hecho |226|.

De nuevo, sólo a raíz de la confesión del postulado y de las copias expedidas de ésta con destino a la justicia ordinaria, el 24 de mayo de 2.010 se revocó esa decisión y se abrió la instrucción. En la indagatoria confesó el hecho y solicitó que se le dictara sentencia anticipada. Una vez realizada la diligencia de formulación y aceptación de los cargos, el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a la pena 191 meses, 20 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2.011.

2.1.7 El homicidio de Andrés Felipe Quiceno Sotelo

230. El 29 de agosto de 2.002, a eso de las 10:30 de la mañana, el postulado Edilberto de Jesús Cañas y Victor Mauricio Sinitave Rincón, conocido como Niño Víctor, asesinaron al joven Andrés Felipe Quiceno Sotelo, apodado Soller, en la carrera 56 A con calle 29 A del barrio La Finquita de Itagüí. De acuerdo con la versión libre del postulado, al igual que en los otros casos, la orden de darle muerte la dio Joani Durango Quiroz, apodado Giovanny Zapata o la Guasa, porque el joven movilizaba a los miembros de las milicias en 2 vehículos Mazda. De allí que cuando pasaba por el barrio Playa Rica en uno de éstos, lo siguieron en una motocicleta hasta el barrio La Finquita y apenas se bajó del vehículo le dispararon por lo menos en 10 ocasiones con revólveres calibre .38.

Esa fue también la presentación del hecho que hizo el Fiscal, pero, ante la pregunta formulada por la Sala sobre la inconsistencia entre su declaración y los hallazgos en la diligencia de levantamiento del cadáver, cuestión que no le había inquietado al Fiscal, el postulado modificó su versión y declaró entonces que lo capturaron en el barrio La Finquita y lo retuvieron unos 10 minutos mientras se deshacían del vehículo, pero que en ningún momento lo torturaron, sólo lo amarraron y amordazaron.

La evidencia enseña que Andrés Felipe Quiceno Sotelo, un joven bachiller de 21 años de edad y desempleado, residía en la carrera 57 B # 77 sur 108 de La Estrella y el postulado sabía donde vivía porque condujo a la policía judicial hasta su residencia, según consta en el informe # 605 del 30 de noviembre de 2.009, suscrito por la investigadora del CTI Martha Ligia Acosta. Como informaron su hermano Luis Eduardo Quiceno y su novia Luisa Fernanda Arias, quienes tenían porqué saberlo, el joven Andrés Felipe Quiceno tenía 3 amigos que había conocido ese año y con los cuales vivía en su apartamento de la carrera 57 B # 77 sur 108 de La Estrella -la misma dirección que indicó el postulado y que él conocía-, entre ellos uno apodado Bertico -alias con el que se conoce al postulado-, los cuales pertenecían a la banda La Unión y con los que consumía y vendía estupefacientes.

Conforme a la evidencia recogida en los homicidios de Néstor Raúl Guerra y Mauricio Hernández Taborda y la sentencia dictada en este último caso por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí el 7 de diciembre de 2.004, imputados y confesados por el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y que se examinarán más adelante, éste hacía parte de la banda La Unión. De allí que los testigos citados y otros más anotaron que el joven Andrés Felipe Quiceno andaba "mal relacionado" y con amigos "de mala procedencia". La prueba permite concluir entonces que uno de esos amigos era el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, con mayor razón si lo conocía y participó en su homicidio y confirma que pertenecía a la banda La Unión.

Si vivía con él y compartían el tráfico y consumo de estupefacientes, el homicidio no se debió a que fuera miembro de las milicias y transportara a éstos en sus dos vehículos Mazda. La evidencia enseña que el motivo fue otro. El joven Andrés Felipe Quiceno había recibido recientemente una gruesa suma de dinero a raíz de la muerte de su padre. Los extractos de su cuenta de Conavi enseñan que el 21 y 22 de mayo de 2.002 consignó en ella cuarenta y cinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($ 45.721.438). De hecho, el Mazda Matsuri lo había comprado también el 22 de mayo de 2.002, unos 3 meses antes de su homicidio, por la misma época en que empezó a vivir y consumir marihuana en ese vehículo con sus 3 amigos de la banda La Unión, entre ellos el postulado, apodado "Bertico". Eso también descarta que en él transportara a los miembros de las milicias y esa fuera la causa de su homicidio, pues lo había adquirido recientemente y el uso y las personas con las cuales lo compartía eran diferentes. El vehículo tenía una costosa planta de sonido y el mismo día del homicidio del joven Quiceno Sotelo, a las 8 de la noche, 5 horas después del levantamiento de su cadáver, fue encontrado abandonado sin la planta, sin los parlantes y sin el pasacintas. Ese mismo día el joven hizo 3 retiros por un valor de un millón cien mil pesos ($ 1.100.000), que tampoco aparecieron.

El joven Andrés Felipe Quiceno también había sido detenido dos veces por hurto y por poseer un vehículo hurtado y el 3 de noviembre de 2.005 fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí por un delito de hurto calificado cometido el 17 de diciembre de 2.000.

A él le dieron muerte en otro sitio y su cadáver fue trasladado y dejado en la cancha de fútbol del barrio La Finquita de Itagüí, ubicada en la carrera 53 con la calle 30 A de dicho municipio, de lo cual se dejó constancia en el levantamiento del cadáver. Su cuerpo tenía 5 impactos de arma de fuego, 2 de ellos en la cabeza y con ahumamiento y una herida con arma blanca y estaba amordazado con un pañuelo y atado de las manos con una soga, lo cual ordinariamente sucede cuando se tortura, maltrata o coacciona a alguien para extraerle información o lograr que haga o deje de hacer alguna cosa o castigarlo por algo. El postulado entonces faltó a la verdad cuando declaró que lo mataron apenas se bajó del carro, o en un semáforo, como dijo en su versión libre del 16 de julio y el 3 de septiembre de 2.008, y también cuando "recordó" que había sido en la cancha de La Finquita, no en la carrera 56 A con calle 29 A, porque en algún lugar debieron mantenerlo amordazado e inmovilizado antes de trasladarlo y dejarlo en la cancha.

Todo eso indica que el homicidio se cometió con el propósito de hurtarle sus bienes, y para facilitar o consumar esa conducta o para ocultarla y encubrir a sus autores y garantizar su impunidad, como concluyó Luisa Fernanda Arias, pero no es posible descartar que haya tenido que ver, también y en conjunto con el hurto, con diferencias y represalias surgidas de las relaciones que en sus últimos días mantenía el joven Andrés Felipe Quiceno con los autores del delito, a juzgar por la herida con arma blanca y el amordazamiento e inmovilización de su cuerpo.

El postulado no sólo mintió sobre el motivo y las circunstancias del hecho, si no que negó el secuestro y la tortura o el constreñimiento a la víctima y sólo vino a reconocerlo parcialmente en la audiencia de control de legalidad de los cargos, una vez se le puso de presente y se persuadió de que su versión no era consistente con las huellas del hecho.

231. El 31 de julio de 2.004, el Fiscal 51 Delegado dictó resolución inhibitoria y ordenó archivar la investigación. Si bien el Fiscal se planteó como hipótesis un delito de homicidio con el fin de despojar a la víctima de sus bienes y lo investigó de manera más eficiente que en los casos en que los hechos se le atribuían directamente a los grupos paramilitares, se abstuvo de abrir la instrucción, a pesar de que había serias imputaciones contra los amigos de la víctima, quienes estaban individualizados por sus características y su apodos y sin realizar una investigación seria para esclarecer su identidad.

2.1.8 El homicidio, tortura y detención ilegal y privación del debido proceso de "El Gato"

232. A mediados de 2.003, en la vereda Las Cabañas del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, el postulado Edilberto Cañas Chavarriaga, Hernán Alonso Pulgarín Correa y un hermano de éste, apodados Los Cachorros, enterraron el cadáver de un hombre de unos 35 años, conocido con el alias del Gato, del cual se desconocen otros detalles y al que le habían dado muerte unos momentos antes. De acuerdo a la versión del postulado, éste fue retenido en el parque de Envigado porque era un miembro de las FARC o el ELN que operaba en la comuna 13 de Medellín, o de La Terraza y era uno de los autores del atentado perpetrado en el Parque Lleras de Medellín el 17 de mayo de 2.011 con un carro cargado de explosivos y, por orden de Joani de Jesús Durango Quiroz fue llevado a una finca ubicada en la vía a El Chuscal, en las partidas de la carretera que de Medellín conduce a Armenia y Heliconia, donde tenían un campamento y donde lo golpeó repetidamente en el abdomen y le colocó una bolsa en la cabeza. Luego de torturarlo, ordenó matarlo. Esa orden la ejecutó el postulado junto con los hermanos Pulgarín Correa, alias Los Cachorros, quienes lo asfixiaron con una bolsa, le abrieron el abdomen y lo enterraron en la vereda Las Cabañas, en las partidas de Armenia y Heliconia, pero no lo descuartizaron.

Mientras estaba allí, por el radio de comunicación, les informaron que unos miembros del Gaula del Ejército se encontraban en el sector de Las Playas del corregimiento San Antonio de Prado y necesitaban interrogar al Gato, por lo que Víctor Mauricio Sinitave Rincón, alias Niño Víctor, los recogió y los condujo hasta donde estaba el retenido. En total eran unas 12 personas con pistolas Pietro Beretta y Jericho, a uno de los cuales le decían sargento.

La evidencia sobre ese hecho es escasa porque no se pudo identificar a la víctima. Sin embargo, el atentado al parque Lleras se le atribuye a la banda La Terraza, no a las FARC o el ELN. En la diligencia de exhumación, el mayordomo de la finca, Carlos Alberto Zapata, informó que las AUC habían estado allí unos dos meses y uno de ellos era el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, a quien apodaban Camilo. El mayordomo no sólo dio algunas indicaciones sobre donde había otras fosas -porque en la señalada por el postulado no se hallaron restos óseos-, que permitieron encontrar los de la víctima, si no que informó que a ésta la habían "picado" con un machete que le pidieron prestado y le devolvieron aserrado, al tiempo que manifestaban que "tenía los huesos muy duros" y ubicó el hecho hacia fines de 2.003. En la exhumación se halló en la fosa una soga con nudos. La inspección del cadáver y el informe del equipo interdisciplinario registraron la fractura de la clavícula, la escápula, el húmero, el fémur y el maxilar inferior, entre otros, compatibles con desmembración post-mortem con arma corto-contundente y establecieron que la muerte se produjo por asifixia mecánica |227|.

Eso significa que el homicidio de sujeto conocido como el Gato obedeció a la guerra de las Autodefensas Unidas de Colombia y particularmente de Diego Fernando Murillo Bejarano y sus hombres con la banda La Terraza, en otro tiempo aliada suya, no a su pertenencia a las milicias de la comuna 13, como sostuvo el postulado y que éste faltó a la verdad cuando negó haber desmembrado el cadáver. Pero, también revela que la policía y el ejército, como ha quedado establecido a lo largo de esta decisión, tenían estrechos vínculos con el Bloque Cacique Nutibara y trabajaban de la mano cuando así lo aconsejaban las circunstancias para alcanzar sus intereses comunes. Y que los miembros de la banda La Terraza no estaban lejos de la verdad cuando desnudaron las relaciones de varios miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares, entre ellos el Mayor Mauricio Santoyo, Comandante del Gaula de la Policía en ese entonces, quien ya aceptó esos vínculos ante la justicia de Estados Unidos de América.

2.1.9 El homicidio, la tortura y la detención ilegal y privación del debido proceso del menor Jorge Mario Monsalve Guarín

233. También a mediados de 2.003, el menor Jorge Mario Monsalve Guarín, de 15 años de edad, fue retenido en la cancha de San Antonio de Prado por miembros del Bloque Cacique Nutibara que estaban bajo el mando de Joani de Jesús Durango Quiroz y conducido al campamento de El Chuscal, o Pueblito, en las partidas de la vía que conduce a Armenia y Heliconia. De acuerdo a la versión del postulado, allí fue interrogado por Durango Quiroz porque pertenecía a los Comandos Armados del Pueblo -CAP- y luego fue trasladado a la finca Montehuaca, donde permaneció 2 ó 3 días, hasta que este último ordenó darle muerte. En cumplimiento de esa orden, él y Víctor Mauricio Sinitave Rincón, alias Niño Víctor, lo trasladaron de nuevo hasta El Chuscal, lo asfixiaron con una bolsa y lo enterraron en ese mismo sitio. Esa fue también la presentación que hizo el fiscal de ese hecho.

La versión del postulado, sin embargo, no ha sido clara. Tan pronto declaró que, además de Joani de Jesús Durango Quiroz, apodado Giovany Zapata o la Guasa y los Cachorros, en el hecho estaban presentes otras personas, sin identificar a aquellos, ni decir quiénes eran los otros, dijo que al menor lo asfixiaron con una soga en el cuello entre él y Joani de Jesús Durango Quiroz. Pero, en otra de las sesiones de su versión libre, declaró que lo asfixiaron con una bolsa y más tarde retornó a la versión original de que lo habían asfixiado con una manila alrededor de su cuello, pero ya entre él y Víctor Mauricio Sinitave (Niño Víctor) |228|.

La evidencia enseña que el menor Jorge Mario Monsalve, quien estudiaba 10º grado y jugaba futbol con las ligas inferiores de Atlético Nacional, fue retenido el 14 de noviembre de 2.002 en la cancha de San Antonio de Prado por dos o tres hombres, cuando estaba con su prima Luz Mery Sierra Guarín y desde entonces desapareció. Aunque residía en el barrio El Salado de la comuna 13 de Medellín, estaba viviendo donde una tía en San Antonio de Prado a raíz de la operación Orión realizada por esos días en dicha comuna. Según la señora Gladys Guarín, madre del menor, éste mantenía contacto con algunos jóvenes que se criaron con él y pertenecían a las milicias, a uno de los cuales lo desaparecieron y apareció muerto en Bogotá. A Víctor, otro de ellos, fueron a buscarlo 3 días después de la desaparición. Unos 7 días después de ésta, las autoridades también allanaron la casa del menor con la excusa de que allí había una caleta, pero no encontraron nada.

El postulado, aunque manifestó que el menor no fue maltratado, ni torturado, declaró que éste les dio información, que en el contexto de las circunstancias antes relatadas no puede entenderse sino como información sobre la comuna 13 de Medellín, la presencia de las milicias en ésta y sus miembros.

Una vez enterados de su desaparición, el padre del menor denunció el hecho en la Estación de Policía, pero le manifestaron que había que esperar 72 horas antes de adelantar alguna gestión, a pesar de que no se trataba de la desaparición de un joven de su residencia sin una explicación aparente, sino de su retención y desaparición forzada delante de múltiples testigos. A las 9 de la mañana del día siguiente de la Estación de Policía llamaron a la familia para avisarle que el menor había aparecido en una finca, aunque no les dieron la dirección porque más tarde lo llevarían. Como no aparecía, algunos familiares se desplazaron de nuevo a la Estación hacia las 3 de la tarde y el comandante de ésta, un Teniente, le manifestó a su madre Gladys de Jesús Guarín que el menor andaba con el ejército porque "sabía muchas cosas del barrio" e iban a realizar unos allanamientos. Una información similar le dio ésta a la Personería de Medellín y al Grupo de Identificación y Búsqueda de Desaparecidos del CTI, al que también le reportaron la desaparición el 18 de noviembre de 2.002.

Sin embargo, no hay evidencia de que hayan realizado mayores actividades, a pesar de las informaciones concretas de la familia. Uno o dos días después, la señora Luz Stella Guarín, tía del menor, expresó que lo había visto con el Ejército, vestido de camuflado y algunos día más tarde la Policía le manifestó a una prima del menor que no lo buscara más, que ya estaba muerto. A raíz de esas actividades, la familia también recibió amenazas para que no siguieran averiguando o, de lo contrario, les podía pasar lo mismo. El padre del menor, Fabián de Jesús Monsalve, con un buen sentido común, concluyó que fueron ignorados y hubo "complicidad con las autoridades, no le veo otra" |229|.

Los antecedentes del hecho -el sector donde vivía, su amistad con algunos jóvenes de las milicias, su traslado a otro barrio a raíz de la operación Orión realizada por el Ejército y la Policía-, el allanamiento realizado a la casa del menor unos días después de su desaparición, la actuación e informaciones de las autoridades de policía del corregimiento de San Antonio de Prado, las contradicciones del postulado y las demás circunstancias del hecho permiten afirmar que en la desaparición del menor Jorge Mario Monsalve Guarín participó la Fuerza Pública y que las autoridades encubrieron esa conducta y omitieron actuar de manera deliberada o, en el mejor de los casos, obraron de forma negligente y culpable y confirma los vínculos de la Fuerza Pública con el paramilitarismo y el Bloque Cacique Nutibara.

La versión del postulado no sólo es inconsistente y contradictoria, sino que encubre la participación y actuación de las autoridades y omite la tortura a la que se sometió al menor de edad, que no consiste sólo en el maltrato físico, sino también en la privación de todo contacto con la familia y cualquier otra persona, del sol, la luz, el descanso, etc. y el sufrimiento que produce el desasosiego y la incertidumbre sobre la propia suerte.

A pesar de que la familia denunció la desaparición forzada del menor Jorge Mario Monsalve Guarín a la Estación de Policía y al CTI, nunca se investigó ese delito.

2.1.10 La tentativa de homicidio de Néstor Raúl Guerra Patiño.

234. Aproximadamente a las 7:30 de la noche del 21 de mayo de 2.002, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga ingresó a la residencia de la madre del señor Néstor Raúl Guerra Patiño, ubicada en la calle 45 A # 54-17 del barrio Playa Rica de Itagüí y le disparó en 3 ocasiones con un revólver calibre .38, mientras se encontraba reunido en la sala de la casa con otras 3 personas. De acuerdo a la versión del postulado, el atentado lo ejecutó por órdenes de Joani de Jesús Durango Quiroz, alias Giovany Zapata o la Guasa, porque era patrocinador o colaborador de las milicias y realizaba reuniones políticas con ellas. Esa fue también la presentación que hizo el fiscal.

Aunque Néstor Raúl Guerra sobrevivió al atentado, fue ultimado unos meses después, el 2 de noviembre de ese mismo año, frente al Colegio El Rosario de Itagüí, por otros miembros del Bloque Cacique Nutibara enviados para consumar el homicidio, según comentó Joani de Jesús Durango.

La evidencia enseña que Néstor Raúl Guerra Patiño, un adulto de 32 años de edad que aspiró al Concejo de Itagüí, pero no logró salir elegido, era un líder de su comunidad. El 26 de septiembre de 2.000, cuando estaba realizando la campaña para el Concejo, fue amenazado por las Milicias Urbanas del Sur del ELN invocando su trayectoria política y sus alianzas con otros candidatos. Su hermana María Gladys Guerra Patiño declaró que el intento de homicidio lo había cometido un "sicario" de la banda La Unión, a quien su hermana Dora conocía y después de ese hecho fue amenazado para que se retirara de la actividad política. Tanto ésta como su hijo informaron que la víctima tenía una "banda de guerra" -o grupo músical- y promovía la vinculación de los jóvenes a ella para impedir que se incorporaran a las bandas y grupos armados ilegales y, en particular, sonsacaba a los menores y adolescentes que la banda La Unión reclutaba para sus actividades ilícitas |230|.

La evidencia indica entonces que Néstor Raúl Guerra no tenía vínculos con las milicias, pues, antes bien, había sido amenazado por éstas año y medio antes. Esa evidencia enseña que el motivo de su muerte estuvo ligado a sus actividades políticas y a su empeño de sustraerle a la banda La Unión, a la cual pertenecía el postulado, los menores y adolescentes que reclutaba.

Eso significa que el postulado no sólo mintió sobre el motivo del crimen, sino sobre el reclutamiento de menores que se desprende de esa evidencia y de la cual él es la mejor prueba, pues se unió a ella cuando apenas tenía 13 años de edad.

Por ese hecho no se inició investigación alguna, a pesar de que fue lesionado con arma de fuego y fue atendido en el Hospital San Rafael. Éste tenía el deber legal de informar del hecho y la fiscalía la obligación de iniciar de oficio la investigación.

2.1.11 La destrucción y apropiación de bienes a una mujer (NN)

235. A mediados de 2.003, en el semáforo del centro de la moda del barrio Santa María de Itagüí, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y John David Acevedo, conocido como Cachorro Pequeño, despojaron de su vehículo Hyundai, color gris a una mujer, quien viajaba en compañía de 3 hombres y 2 niños, amenazándola con un revólver calibre .38, según confesó el postulado. El hurto se cometió a instancias de su comandante Joani de Jesús Quiroz Durango, quien les solicitó un vehículo veloz, pero desconoce el fin para el cual lo requirió.

De ese hecho se desconocen las demás circunstancias, pues no fue posible establecer la identidad de la víctima y los datos completos del vehículo, pero, a pesar de haber sido hurtado unos meses antes de la desmovilización, el vehículo no fue restituido, ni se informó la suerte de éste y el uso que se le dio.

2.1.12 La acumulación de la pena por el homicidio de Mauricio Hernández Taborda

236. La Fiscalía solicitó la acumulación de la pena impuesta al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga por el homicidio del soldado Mauricio Hernández Taborda, de 23 años de edad y los delitos de hurto agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por los cuales fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Itagüí por medio de su sentencia del 7 de diciembre de 2.004 y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín del 8 de agosto de 2.006 a 27 años, 6 meses de prisión. Por ese hecho el postulado fue capturado el 17 de diciembre de 2.003.

El soldado Mauricio Hernández Taborda fue asesinado el 11 de noviembre de 2.002 en la cancha de fútbol del barrio Los Olivares de Itagüí por el postulado y Juan Carlos Restrepo Londoño, quienes le dispararon en 5 ocasiones y le hurtaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, de dotación oficial, según las sentencias. A pesar de que el postulado Edilberto de Jesús Cañas le atribuyó el hecho a su relación con los comandantes de las milicias del barrio Los Olivares, también hay constancias de conflictos entre ellos.

Aunque Juan Carlos Restrepo Londoño, el coparticipe del homicidio, fue absuelto de ese cargo y el proceso podría reabrirse conforme a la sentencia C-004 del 20 de enero de 2.003 de la Corte Constitucional, con ponencia del H. Magistrado Eduardo Montealegre Lynnet, aquél ya falleció.

2.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

237. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga por el delito de concierto para delinquir agravado (párrafo 219), consagrado en el artículo 340 inciso 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2.002 y artículo 342 de la misma ley y el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y utilización ilegal de uniformes e insignias, tipificados en los artículos 365 y 346 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor en la modalidad dolosa.

238. En los casos donde son víctimas Hugo Alexander López Londoño, Jaime Andrés Posada Rodríguez, Jorge Horacio Muñoz Macías, John Mario Cardona Hincapié, William Alexander Arroyave, Luis Ernesto Carrillo Oses y Andrés Felipe Quiceno Sotelo (párrafos 220, 222, 224, 226, 228 y 230, respectivamente), la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, artículo 135 de la Ley 599 de 2.000 y por tentativa de homicidio en persona protegida en los casos de Orlando de Jesús Arias Candamil y Néstor Raúl Guerra Patiño (párrafos 226 y 234, respectivamente), artículos 27 y 135 parágrafo 1 de la Ley 599 de 2.000, todos a título de autor, excepto en los casos de William Alexander Arroyave y Luis Ernesto Carrillo Oses, que fueron imputados en calidad de coautores en la modalidad dolosa.

239. En los hechos donde son víctimas NN, alias El Gato y el menor Jorge Mario Monsalve Guarín (párrafos 232 y 233, respectivamente), la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y detención ilegal y privación del debido proceso, artículos 135, 137 y 149 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor bajo la modalidad dolosa.

240. La Fiscalía también le imputó el delito de hurto calificado (párrafo 235) consagrado en los artículos 239 y 240 numerales 1 y 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 2 de la Ley 813 de 2.003 y con una pena de prisión de 4 a 10 años por la violencia contra las personas, donde resultó como víctima una mujer que aún está sin identificar, en calidad de coautor en la modalidad dolosa.

3. El caso de Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias Alpinito o el Mono

3.1. Los hechos atribuidos al postulado

3.1.1 El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

241. El postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona, más conocido como el Mono o Alpinito, ingresó al Bloque Metro a mediados de marzo de 2.001 y permaneció con dicho grupo armado hasta el 7 de mayo de 2.003, cuando se vinculó al Bloque Cacique Nutibara, como consecuencia de la guerra que para esa época libraban ambas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mientras estuvo en dichos grupos utilizó revólveres calibre .38, escopetas de repetición, subametralladoras y fusil AK-47, este último en la escuela de Cristales y uniformes de uso privativo de la fuerza pública.

Al Bloque Metro se vinculó por medio de un sujeto conocido como Carlos. Mientras perteneció a dicho bloque tuvo como comandantes al Flaco y a Rosquete, cuyo segundo al mando era Carlos Andrés Botero Peña, conocido como Pañales. En el Bloque Cacique Nutibara dependía de Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, alias el Negro Elkin y Stiven Rentería Rentería, conocido como el Negro Acacio o Jairo -el cual también perteneció al Bloque Metro- y Arley Hernando Benítez, alias Plomo, en ese orden, quienes eran los responsables de la zona donde operaba: los barrios Moravia, El Oasis y El Bosque de la comuna 4 de Medellín |231|.

Aunque declaró que se vinculó al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia porque el Ejército de Liberación Nacional -ELN- lo desplazó forzosamente de su finca en San Vicente, no es creíble que esa sea la causa porque el desplazamiento, según declaró, se produjo en 1.997, mucho antes de su vinculación al grupo armado ilegal. La testigo Yoana Yanet Mosquera Guerrero, una de las víctimas de Néstor Eduardo Cardona, también declaró que éste estuvo vinculado a las Milicias Populares del Valle de Aburrá y de allí pasó al Bloque Metro y más tarde al Bloque Cacique Nutibara y eso hace más increíble su versión sobre las causas de su ingreso a las Autodefensas Unidas de Colombia. De su vinculación a las milicias también hay evidencia en el caso de los homicidios de Alberto González Gil y Sergio Anderson Cortés Restrepo, como se verá en su momento

Como es de conocimiento público, desde principios de la década de los 90 las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que tenían una fuerte influencia del ELN, controlaron los barrios Moravia y El Bosque, donde operó el postulado y se desmovilizaron en 1.994, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, algunos de sus principales líderes, como Lucho, el Flaco y Rosquete, como se les conocía, reingresaron en 1.997 y volvieron a tomar el control de la zona, pero ya con otras políticas y otras características, antes de que el Bloque Metro los derrotara en otra de las tantas guerras de la ciudad, según declaró otra de las víctimas del postulado, Alberto González Gil, quien en algún momento también perteneció a las milicias y se pasó al Bloque Metro. El postulado confesó también que el Flaco y Rosquete fueron sus primeros comandantes en tal bloque. Entonces no es extraño que haya estado vinculado a las milicias y de éstas haya pasado al Bloque Metro una vez derrotadas aquéllas o en medio de la guerra entre ambos, como declaró Yoana Mosquera Guerrero -quien manifestó que perteneció a ellas desde 1.998- y como ocurrió con el Flaco, Rosquete y Alberto González Gil y pasaría otra vez tras el enfrentamiento entre los Bloques Metro y Cacique Nutibara |232|.

En esos sectores, los integrantes del Bloque Metro se dedicaban al comercio y expendio de estupefacientes e imponían contribuciones arbitrarias a los pobladores para financiarse y en esas actividades participó el postulado. Éste recogía unas 20 a 25 libras de marihuana y unos 200 a 330 gramos de basuco en el barrio Antioquia y en Lovaina, o a veces en el barrio Manrique, para distribuirlos en dos lugares donde expendían la droga, uno en la cancha del barrio Moravia y otro en el parquecito del barrio Caribe y también era el responsable de recoger las contribuciones arbitrarias que se le imponían al comercio y a los camiones repartidores de leche, gaseosa y cerveza a cambio de seguridad y vigilancia. El comercio debía cancelar una cuota de cinco o siete mil pesos cada 15 días ($5.000 ó $7.000) y los camiones otros siete mil pesos cada 15 días ($7.000), suma que cancelaban los trabajadores. Pero, de acuerdo con la versión del postulado Néstor Eduardo Cardona, el Bloque Cacique Nutibara prohibió el comercio y expendio de estupefacientes y las contribuciones arbitrarias a los camiones repartidores y sólo dejó las contribuciones que debían pagar los tenderos y comerciantes.

Si bien grandes empresas como Cervecería Unión y Postobón negaron haber pagado esas contribuciones forzosas a los paramilitares, la Sala no encuentra un motivo o razón válida para que el postulado mintiera sobre ese punto y se atribuyera inútil e injustificadamente esa conducta. Todo indica que, si las empresas no denunciaron ese hecho y lo negaron al cabo del tiempo, fue porque toleraron o aceptaron tácitamente dichas contribuciones |233|.

Pero, lo que no es creíble es que el Bloque Cacique Nutibara prohibiera el comercio o venta de estupefacientes, pues hay evidencia de que en varias de sus estructuras esa era una actividad ordinaria, como se estableció en el caso de Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y Édgar Alexander Erazo Guzmán, máxime si dicho bloque nació a partir de la Oficina de Envigado, cuya actividad era el narcotráfico.

242. El 13 de junio de 2.001, el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona fue capturado con un revólver Smith y Wesson, calibre 38, con cachas de nácar, una de las conductas confesadas por él, en la carrera 58 con calle 84 A de esta ciudad. Pero, a pesar de haber sido sorprendido en flagrancia y de que el Fiscal 27 Delegado con sede en Medellín le abrió el proceso con radicado 442177, éste prescribió por haber transcurrido más de 2 años sin acusarlo por ese hecho y se archivó. Allí, en el archivo del edificio Veracruz, lo halló el investigador Mauricio Mejía Valencia, quien rindió el informe 183 del 19 de febrero de 2.009 |234|.

3.1.2 El homicidio de Didier Murillo Roa

243. El 22 de septiembre de 2.001, hacia las 11 de la mañana, el jefe del Bloque Metro en el barrio Moravia, conocido como Rosquete, le dio muerte a Didier Murillo Roa en la calle 80C # 55-150 de dicho barrio. De acuerdo a la versión del postulado Néstor Eduardo Cardona, "Rosquete" le pidió que lo acompañara y en la parte alta del morro de Moravia detuvo un taxi, bajó a dicho joven y le disparó en 3 ocasiones con un arma de fuego porque era un miliciano de las FARC. Aunque sabía que lo iba a matar porque así se lo informó, él no iba armado y sólo lo acompañó y esa fue la presentación que hizo el Fiscal 45 Delegado de la Unidad de Justicia y Paz.

El postulado Néstor Eduardo Cardona, sin embargo, no reveló la identidad del sujeto apodado "Rosquete", a pesar de que vivía en el barrio Moravia y estuvo bajo su mando o actuando con él varios años.

La evidencia enseña que Didier Murillo Roa, un joven de 26 años de edad que estudió derecho en la Universidad Tecnológica de Chocó, y estaba desempleado según sus vecinos, vivía solo en una pieza alquilada del barrio Moravia y lo sostenían su madre y su hermana.

No hay evidencia alguna de que perteneciera a las milicias, participación que también niega su madre. Por el contrario, las versiones recogidas en la diligencia de levantamiento del cadáver señalaban que lo habían matado las milicias que controlaban el sector. Ya se sabe que no fueron éstas las que lo mataron, pero sí otro grupo armado ilegal que las sustituyó. Según esas versiones, el occiso estafaba a otros con el llamado paquete chileno. Había cumplido también una condena por acceso carnal violento en Chocó y tenía una orden de captura vigente expedida el 9 de noviembre de 1.999 con el fin de escucharlo en indagatoria por un delito similar cometido el 24 de octubre de 1.999 |235|.

Esa evidencia enseña que el homicidio de Didier Murillo Roa no está ligado a la condición de miliciano, que no lo era, sino a sus antecedentes personales y judiciales.

244. El 27 de mayo de 2.002, la Fiscal 89 Delegada Elizabeth Chilamak Neira remitió al jefe de la unidad, doctor José Valencia Duque, la investigación previa que venía adelantando por ese hecho con el fin de suspenderla. El 28 de octubre de 2.002, éste ordenó suspender la investigación previa y archivar la actuación, con sólo el levantamiento del cadáver y el testimonio de la señora María Efigenia Murillo, quien nada sabía de los hechos, a pesar de la información que había sobre la participación de un grupo armado al margen de la ley, sin identificar y escuchar siquiera a los vecinos, sin solicitar el apoyo e intervención de la policía judicial para aclarar el hecho y sin hacer ningún esfuerzo por esclarecer la conformación y participación del grupo armado ilegal y desmantelarlo. Sólo el 5 de agosto de 2.008, a raíz de la confesión del postulado y las copias tomadas de ésta con destino a la justicia ordinaria, el Fiscal 16 Delegado Luis Fernando Otálvaro remitió la actuación a las Fiscalías Especializadas por competencia, pero un año después, la Fiscal 26 Especializada no había escuchado al postulado en indagatoria y estaba a la espera de su suspensión, decisión que adoptó el 25 de junio de 2.010, con base en la orden impartida el 25 de agosto de 2.009 por el Magistrado de Control de Garantías de esta Sala de Justicia y Paz |236|.

3.1.3 El homicidio de Alberto Miguel Pérez Reyes

245. Entre las 7 y 8 de la noche del 4 de septiembre de 2.003, el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona, en compañía de otros dos miembros del Bloque Cacique Nutibara conocidos como Juan Guillermo, alias el Flaco y Tiroloco, ejecutaron a Alberto Miguel Pérez Reyes, a quien apodaban el Evangélico o el Costeño, en la carrera 55 con la calle 80 de esta ciudad, al frente de la taberna Wilar. De acuerdo a la versión del postulado, ese hecho lo cometió por órdenes de Stiven Rentería Rentería, conocido como el Negro Acacio, quien se la transmitió a Arley Hernando Benítez, alias Plomo, quien a su vez se la comunicó a él y a sus compañeros y en cumplimiento de ella le disparó en 5 ó 6 ocasiones con un revólver .38 largo, mientras los otros dos aseguraban y vigilaban el perímetro y, una vez en el piso, le dejó un letrero que decía "por violador y ladrón".

La evidencia indica que Alberto Miguel Pérez Reyes, un joven de 28 años de edad y analfabeta, había llegado a esta ciudad a trabajar como ayudante de albañilería y se vinculó a una compañía de construcción. En la ciudad de Montería se le seguía un proceso por un hurto cometido el 26 de marzo de 2.001 y dos testigos, Jairo de Jesús Restrepo Castañeda y Jesús Alberto Madrigal Pérez, declararon que la gente lo acusaba de hurtar bienes. Debajo del brazo del cadáver se encontró un papel con la expresión "por violador y ladrón". La sentencia anticipada dictada por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín el 9 de julio de 2.012 por medio de la cual condenó a Arley Hernando Benítez y Néstor Eduardo Cardona Cardona por el homicidio de Alberto Miguel Pérez, una vez reactivada la investigación a raíz de la confesión del postulado y con base en los cargos aceptados por él, dejó constancia de que, según el informe del CTI número 2311 de septiembre 17 de 2.003, el occiso al parecer estaba consumiendo estupefacientes cuando le dispararon. De la sentencia se desprende también que el comandante del sector era Arley Hernando Benítez, alias Plomo, quien le impartió la orden a Stiven Rentería Rentería, más conocido como el Negro Acacio, quien era subordinado suyo, y no al revés como declaró el postulado Néstor Eduardo Cardona. De ella también se desprende que el nombre del Flaco era Guillermo Echavarría Correa, ya fallecido, según reconoció Arley Hernando Benítez. No sucedió lo mismo con la identidad del otro partícipe -"Tiroloco", la cual ninguno de los dos la reveló y aún se desconoce. La necropsia consignó que la víctima tenía 4 impactos de arma de fuego, 3 de ellos en la cabeza y el otro en el cuello, todos con tatuaje y tenía una esperanza de vida de 39,5 años. El padre de la víctima manifestó que ante todo quiere que lo ayuden a rescatar los restos de su hijo para darle cristiana sepultura, de cuya ubicación se tienen algunos datos |237|.

De esa evidencia se infiere que a Alberto Miguel Pérez Reyes se le asesinó por su condición de adicto a los estupefacientes y por los señalamientos y sospechas de que hurtaba cosas o bienes ajenos y se le disparó a quemarropa. De ella también se infiere que los dos postulados implicados en el homicidio revelaron apenas la identidad de otro de los partícipes, el que ya falleció, pero no hicieron lo mismo con la del tercero que participó en su ejecución, que mantuvieron en secreto o reserva, a pesar de que debían conocerla, así como conocían la del otro que ya falleció, más si todos vivían en el mismo barrio. Esa conducta la ha percibido la Sala en otros casos, al punto que puede afirmarse que constituye un patrón la revelación de la identidad de los demás partícipes de manera selectiva, de acuerdo a las circunstancias y conveniencias.

246. El 24 de agosto de 2.004, la Fiscal 22 Delegada Matilde Cardona suspendió la investigación previa. Apenas recibió dos testimonios, sin profundizar en ellos porque por su ubicación debieron ver el hecho y sin realizar ninguna otra averiguación, ni solicitar el apoyo de la policía judicial para esclarecer los autores, a pesar de los testimonios sobre la existencia en el sector de grupos paramilitares y el volante que anunciaba el motivo de su muerte, o quizá precisamente por eso. Sólo a raíz de la confesión de los postulados y las copias de esas actuaciones se reactivó el proceso y se abrió la instrucción y el 25 de febrero de 2.010, 6 años después, se escuchó en indagatoria a Néstor Eduardo Cardona, quien aceptó los cargos y solicitó que se le dictara sentencia anticipada por lo cual fue condenado a la pena de 155 meses de prisión |238|.

3.1.4 La tentativa de homicidio de Alberto González Gil

247. Hacia las 9 de la mañana del 6 de noviembre de 2.001, en la calle 83 F # 58 A 20, cerca a la iglesia Evangélica del Barrio Moravia de Medellín, el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona le hizo por lo menos 4 disparos a Alberto González Gil con un revólver Colt calibre 38 corto. De acuerdo a la versión del postulado, la orden era matarlo porque era un miliciano del barrio a quien se le conocía como Rambo y la recibió de Rosquete, el jefe del Bloque Metro en ese sector. Esa fue también la presentación del Fiscal.

Alberto González Gil, un hombre ya de 37 años y con educación básica primaria únicamente, reconoció que desde la invasión de Moravia vivió allí y en los años 90 se vinculó a las Milicias Populares del Valle de Aburrá que controlaron dicho barrio y El Bosque, pero se desmovilizó con éstas en Flor de Monte, en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, en 1.994. Ya reinsertado, se vinculó a la Mesa de Conciliación y Solución de Conflictos, pero fue capturado el 7 de julio de 1.996 y permaneció detenido hasta el 7 de marzo de 2.000 por el delito de rebelión. Luego de recobrar su libertad, se vinculó al Bloque Metro de las AUC en el barrio La Sierra, del cual se retiró y regreso a Moravia.

Todo indica que eso sucedió antes del atentado, pues aunque declaró que retornó a Moravia en febrero de 2.002, ubica el atentado en agosto de 2.002, unos 6 meses después. El postulado sabía que Alberto González Gil hizo parte del Bloque Metro en el barrio La Sierra, pues así lo confesó en su versión libre del 29 de abril de 2.008. Aunque manifestó que esa vinculación se produjo en el 2.003, el año no es muy consistente porque para entonces dicho bloque estaba librando sus últimos combates en el barrio La Sierra. Según Alberto González Gil, quien tenía porqué saberlo, para ese entonces el postulado Néstor Eduardo Cardona era subalterno de los comandantes de las milicias de Moravia, El Bosque y El Oasis, pues cuando sufrió el atentado -el 6 de noviembre de 2.001- el Bloque Metro todavía no existía en dichos barrios y seguro se enteró de que era un ex-integrante de éste. A ese hecho, o a su condición de reinsertado de las milicias populares y líder de Moravia como miembro del Centro de Conciliación y Solución de Conflictos atribuye Alberto González Gil el atentado que sufrió, el cual le dejó una incapacidad de 45 días y una deformidad permanente, pues debieron extraerle varios órganos |239|.

No sería extraño que el atentado a Alberto González Gil obedeciera a sus vínculos con el Bloque Metro en el barrio La Sierra porque en el homicidio de Sergio Anderson Cortés también hay evidencia de que para esa época, septiembre de 2.001, todavía operaban en el sector las milicias de Moravia y El Bosque, y no se menciona al Bloque Metro, como se verá enseguida.

Pero, cualquiera que haya sido el grupo o estructura a la que pertenecía el postulado cuando cometió el hecho y en nombre de cuál lo hizo, la evidencia enseña que el atentado contra Alberto González Gil sí estuvo motivado por la guerra entre las milicias y las Autodefensas Unidas de Colombia o entre las distintas estructuras de éstas por el control del territorio, cualquiera hayan sido las estructuras involucradas.

Sin embargo, por ese hecho no se adelantó investigación alguna, a pesar de que el hospital que atendió las heridas de la víctima con arma de fuego tenía el deber de informarlo a la Fiscalía.

3.1.5 El homicidio de Sergio Anderson Cortés Restrepo y las lesiones de Alex Santiago Galvis Restrepo

248. Hacia las 8 de la noche del 8 de septiembre de 2.001, en la acera del salón de billares Moravia y frente a la iglesia de dicho barrio, Carlos Andrés Botero Peña, alias Pañales y el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona le dispararon al joven Sergio Anderson Cortés Restrepo, el uno con un revólver calibre .38 y el otro con una pistola calibre 7.65. En el atentado resultó lesionado en el codo el menor Alex Santiago Galvis Restrepo. De acuerdo a la versión del postulado, 1 hora antes, Carlos Andrés Botero Peña había dado la orden de darle muerte porque era miliciano y le pidió que lo acompañara a ejecutarlo y ambos le dispararon. Esa fue la presentación que hizo también el Fiscal.

La prueba presentada por la Fiscalía con ese cargo enseña que el móvil fue otro muy distinto. Según declararon Oscar Darío, César Augusto y Diego Alonso Cortés Restrepo, Deysy Jaramillo Sánchez, Luis Carlos Cardona y Gabriel Mesa, para la época de los hechos operaban en el sector la banda del Caño y las milicias de Moravia y El Bosque, que algunos de ellos calificaron como una banda más. Unos 8 días antes, el joven Sergio Anderson Cortés había lesionado con un arma blanca a un joven Wilmar de la banda del Caño, porque éste lesionó a un amigo suyo, a raíz de lo cual lo amenazaron con enviarle a las milicias de El Bosque porque esa afrenta no se cobraba con puñal sino con balas.

A causa de esas amenazas abandonó el barrio, pero regresó ese sábado 8 de septiembre de 2.001 y cuando ocasionalmente se asomó a la esquina del salón de billares, de éste bajaron Carlos Andrés Botero, alias Pañales, el postulado Néstor Eduardo Cardona y otro más, apodado Peguis, le dispararon por la espalda y lo remataron con varios disparos en la cabeza. Así se desprende de los testimonios citados, que reconocen, además, que el joven Cortés Restrepo había estado detenido por hurto y era adicto a los estupefacientes y las milicias no toleraban a las personas que consumían drogas. La necropsia describe que el joven tenía 3 impactos en la cabeza, dos de ellos por detrás y otro más en el muslo y su esperanza de vida era de 48 años |240|.

La evidencia enseña entonces que el motivo de la muerte fue la venganza o una represalia por los incidentes entre los miembros de la banda del Caño y el joven Sergio Anderson Cortés y los hábitos y adicciones de éste, como en otros casos. La evidencia también enseña, como en otros múltiples casos, que el homicidio se cometió por la espalda, con asechanza o alevosía, aprovechando la indefensión de la víctima o colocándolo en esa condición. Pero, por supuesto, a nadie se le puede dar muerte por sus adicciones o hábitos personales, o por sus antecedentes o investigaciones penales, ni ese motivo puede justificar el homicidio de una persona, pues para eso están las autoridades judiciales.

249. El 28 de octubre de 2.002, el Fiscal 129 Delegado, doctor Hugo Alberto Gómez Lemos, solicitó la suspensión de la investigación previa porque, a pesar del tiempo transcurrido, no se había identificado a los autores y, al día siguiente, la Fiscal Coordinadora la suspendió. Esa solicitud la hizo el Fiscal 129 Delegado, quien tenía a su cargo la investigación, a pesar de que los autores estaban individualizados por sus características distintivas, pues se conocían sus apodos, el sector donde vivían, la organización o grupo al cual pertenecían y sus fisonomías y no era difícil identificarlos con una mera indagación de policía judicial, que no se ordenó, ni se pidió. No sólo estaban individualizados, si no que varios testigos los habían visto e identificado y en sus testimonios declararon que estaban en condiciones de reconocerlos si se les prestaban unas mínimas medidas de protección y seguridad, pero nada hizo el Fiscal al respecto. El 17 de octubre de 2.002, unos 5 días antes de solicitar la suspensión, la asistente del fiscal Margarita Franco también dejó constancia de que los testigos conocían a los autores y estaban dispuestos a reconocerlos si se les prestaba protección. El Fiscal la pasó por alto y omitió cualquier actividad |241|. Dada esa grave omisión en el cumplimiento de sus funciones ante la actuación de las bandas u organizaciones criminales y las graves violaciones a los derechos humanos se ratificará la orden de la Sala de investigarlo por prevaricato por omisión.

Sólo a raíz de la confesión de los postulados y las copias de esas actuaciones se reactivó el proceso y se abrió la instrucción y el 4 de diciembre de 2.008, 7 años después, se escuchó en indagatoria a Néstor Eduardo Cardona, quien aceptó los cargos y solicitó que se le dictara sentencia anticipada por lo cual fue condenado por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado a la pena de 142 meses, 15 días de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por medio de la sentencia anticipada del 15 de julio de 2.009.

3.1.6 El homicidio de Julián Andrés Vergara Agudelo

250. Alrededor de las 9:30 de la noche del 14 de octubre de 2.003, dos miembros del Bloque Cacique Nutibara conocidos como Niche y Schumager retuvieron al menor Vergara Agudelo y lo llevaron ante el postulado Néstor Eduardo Cardona, quien le disparó en 2 ó 3 ocasiones con un revólver calibre 38 corto en la llamada curva del diablo del barrio El Bosque y luego entre todos lo arrojaron al río Medellín. Su cadáver fue encontrado flotando en el río en el municipio de Barbosa. De acuerdo a la versión del postulado, la orden de asesinarlo y arrojarlo al río vino de Stiven Rentería Rentería, conocido como el Negro Acacio, porque era un miliciano de la comuna 13, que se dedicaba a transportar armas para las milicias y esa fue la presentación del Fiscal.

El postulado, sin embargo, no reveló la identidad de los sujetos conocidos como Niche y Schumager, que debía conocer no sólo porque pertenecían a su organización y vivían en el mismo barrio, sino porque si lo llevaron ante él fue porque eran sus subordinados o estaban en un nivel inferior al suyo y debía tener la forma de ubicarlos y contactarlos. Siendo así, podía y debió dar los datos para identificarlos, pero los omitió.

Julián Andrés Vergara Agudelo era un adolescente de 15 años de edad, que estudiaba 2º grado de educación básica primaria y recién se había retirado de la escuela. La señora Luz Elena Agudelo Hernández, su madre, declaró que Arley Hernando Benítez, más conocido como Plomo, le había mandado a decir que si su hijo seguía andando por la calle tarde en la noche lo iba a desaparecer y aunque ella le advirtió el peligro que corría, su hijo no atendió su llamado porque "no estaba haciendo nada malo". Precisamente, el día de su desaparición salió de su casa a las 10:30 de la noche y cuatro días más tarde denunció su desaparición ante las diferentes autoridades encargadas del registro y búsqueda de los desaparecidos, entre ellas el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación. El Instituto de Medicina Legal certificó que había recibido la denuncia. Su hermana Erika Maryori Agudelo declaró también que nunca le vieron conductas que les permitieran pensar que era miliciano |242|.

No hay evidencia de que el menor Julián Andrés Vergara fuera miliciano. Por el contrario, todo indica que lo desaparecieron forzadamente y le dieron muerte porque desobedeció las reglas impuestas por el grupo armado ilegal, en este caso por transitar de noche siendo menor de edad.

251. A pesar de que su madre denunció su desaparición ante la Fiscalía, de la corta edad del menor -15 años- y del sector donde ocurrió su desaparición, con presencia de distintas bandas y para entonces controlado por el Bloque Cacique Nutibara, la Fiscalía General de la Nación no adelantó ninguna actuación por la desaparición forzada del menor. Sólo a raíz de la confesión del postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona, como en tantos otros casos, el 27 de octubre de 2.008 la Fiscal 97 Delegada, María Elizabeth Arango López, ordenó una investigación previa, a pesar de que se había confesado un delito de desaparición forzada y luego lo remitió a la unidad de vida, proponiendo colisión negativa de competencia en caso de no aceptarse ésta. Sólo más tarde se abrió la instrucción y se escuchó en indagatoria a Néstor Eduardo Cardona, quien aceptó los cargos y solicitó que se le dictara sentencia anticipada con base en lo cual el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín lo condenó a la pena de 162 meses, 15 días de prisión por el delito de desaparición forzada agravada, por medio de sentencia del 17 de febrero de 2.010. El homicidio no se incluyó en esa actuación.

La investigación contra los sujetos conocidos como Niche y Schumager, con radicado 1051838, continua en investigación previa a la espera de asignar una misión "para aclarar los hechos y lograr la identificación" de los autores. La Sala no tiene esperanzas de que esa investigación arroje algún resultado, a pesar de que alguna testigo identificó a un desmovilizado apodado Niche como Florencio Rojas Mosquera y otras constancias sugieren que su nombre es Alfredo Arboleda Martínez |243|.

3.1.7 El homicidio y el despojo de William de Jesús Herrera Mesa y el constreñimiento ilegal de otro

252. Poco antes de las 11 de la noche del 27 de octubre de 2.003, en las inmediaciones del Parque Norte, el postulado Néstor Eduardo Cardona y otro compañero suyo, de quien sólo reveló su apodo -Picolo-, le dieron muerte a William de Jesús Herrera Mesa y obligaron a un taxista a que sacara su cuerpo del lugar. De acuerdo a la versión libre del postulado, el homicidio obedeció a la instrucción impartida por Stiven Rentería Rentería, alias el Negro Acacio, quien les ordenó ubicar, retener y llevarle a dos milicianos del sector de San Cristóbal que se hacían por el puente del Mico y cobraban extorsiones o contribuciones arbitrarias, con el fin de sacarles información. Él y su compañero ubicaron a los dos milicianos cuando se desplazaban en una motocicleta blanca y aunque uno de ellos huyó, su compañero le disparó al otro en dos ocasiones porque opuso resistencia y lo despojaron de una escopeta de repetición que llevaba consigo. En la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos, y ante una pregunta formulada por la Sala sobre la inconsistencia entre su versión y las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima, el postulado modificó su versión y aclaró que él iba adelante con el revólver y su compañero le disparó a la víctima a corta distancia con su propia escopeta de repetición y, cuando él observó, lo estaba golpeando con el cañón de la escopeta. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal de ese hecho.

Sin embargo, éste sucedió de otra manera. La evidencia enseña que William de Jesús Herrera Mesa, un hombre de 31 años de edad, casado, con apenas educación básica primaria y de profesión panadero, vivía con su compañera Claudia Elena Quintero en Santa Rosa de Osos, a unas 2 horas de Medellín, pero era propietario de la Panadería El Paisita en el barrio Caribe de esta ciudad. Allí vivía y trabajaba toda la semana y el fin de semana regresaba a Santa Rosa y antes de eso había vivido por la fábrica de Zenú, yendo hacia Bello.

La panadería estaba ubicada en la carrera 64 A con la calle 75, cerca a donde lo mataron, pues Abraham Osorio Buitrago, el taxista al que constriñeron para que sacara su cuerpo del lugar, indica que lo recogió en la carrera 55 B con la calle 79, a unas 14 cuadras de su negocio. El lunes que lo mataron, su compañera estaba en Medellín y hacia las 9:50 de la noche la acompañó a la terminal para tomar el bus hacia Santa Rosa de Osos, la cual queda en la carrera 64 C con la calle 78, cerca a la panadería y al lugar donde lo mataron y en un punto intermedio entre ambos. Al llegar allí, su compañera observó a 3 jóvenes de mal aspecto consumiendo droga. En la terminal se despidieron y desde entonces no volvió a verlo, ni a saber de él. Eran las 9:50 de la noche. El testigo José Abelardo Ramírez también lo vio salir del negocio con su compañera hacia las 9 de la noche, algo ebrio -como lo observó también Marta Doris García- y tampoco volvió a saber de él, a pesar de que vivían juntos. Ambos coinciden en que no llevaba armas y no es lógico que llevara una escopeta de repetición si iba a despedir a su compañera en la terminal de transportes, donde hay una permanente vigilancia de la policía. Una hora después, a las 11 de la noche según los registros, el taxista Abraham Osorio Buitrago ingresó con él herido a la policlínica, después de recogerlo en el barrio Moravia y siguiendo las instrucciones de que lo llevara a un hospital. Eso significa que el hecho ocurrió entre las 10:00 y las 10:40 de la noche, una vez dejó a su compañera en la terminal de transporte y que su presencia y tránsito por allí fue puramente casual u ocasional.

El testigo José Abelardo Ramírez declaró que de la residencia donde vivía con el occiso se desapareció ese día una escopeta de su propiedad, que él guardaba en la pieza de éste y el postulado reconoció que a la víctima lo despojaron de una escopeta. Sólo que, como se dijo, el occiso no la llevaba consigo cuando salió para la terminal. Su compañera Claudia Elena Quintero también declaró que ese día él estaba cobrando unas sumas de dinero que le debían y a su hermano sólo le entregaron sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000). Tampoco le encontraron la cédula, ni una argolla de oro que siempre llevaba. Pero, no se puede desacartar que William de Jesús Herrera Mesa llevará efectivamente la escopeta o la hubiera ocultado en algún lugar antes de ingresar a la Terminal de Transporte, porque dicha arma desapareció.

A la víctima en ningún momento le dispararon porque la necropsia sólo encontró una equimosis alrededor de los ojos y las orejas y dos heridas en la cabeza producidas con un elemento contundente, que le causaron múltiples fracturas. No encontró impactos de arma de fuego y le diagnosticó una esperanza de vida de 38 años |244|.

Esa evidencia enseña que a William de Jesús Herrera Mesa no lo mataron por ser un miliciano de San Cristóbal que cobraba vacunas por los lados del puente del Mico, como sostuvo el postulado, porque los hechos desmienten esa versión. Ni siquiera vivía en el corregimiento de San Cristóbal, pues vivía en el barrio Caribe y antes de eso había vivido por los lados de Zenú, como declaró su compañera. Tampoco le dispararon porque en el camino se resistió a ser conducido ante el jefe del grupo armado, pues nunca recibió impactos de arma de fuego.

La evidencia lo que enseña es que a William de Jesús Herrera lo mataron para hurtarlo -y no sólo por hurtarle el arma porque no la llevaba consigo en ese momento-, bien para facilitar o consumar dicha conducta o bien para asegurar la impunidad de los partícipes, o porque se resistió al hurto, una vez dejó a su compañera en la terminal de transportes y aprovechando su estado de ebriedad. Y ante la gravedad de las lesiones causadas constriñeron a un taxista para que lo condujera a la policlínica.

La evidencia también enseña que, a diferencia de lo que confesó el postulado Néstor Eduardo Cardona, los autores fueron más de dos. El taxista Abraham Osorio Buitrago declaró que eran por lo menos 3 sujetos los que estaban con la víctima, aparte de los que lo detuvieron y lo condujeron hasta allí, que eran unos 7. El postulado entonces no reveló todos los partícipes, ni su identidad.

253. El 14 de octubre de 2.004, como en los otros casos, la Fiscal Coordinadora suspendió la investigación previa y ordenó archivarla. Una vez confesado el hecho y expedidas las copias de esa actuación, el Fiscal 25 Especializado abrió la investigación el 13 de agosto de 2.008, pero sólo el 11 de octubre de 2.011 escuchó en indagatoria al postulado, quien aceptó los cargos y todavía está en trámite |245|.

3.1.8 El homicidio de Yesid Sánchez Gómez

254. El 26 de julio de 2.003, alrededor de las 9 de la noche, el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona y dos de sus compañeros, conocidos como Johan y el Enano, sacaron de su casa del barrio El Bosque de Medellín a Yesid Sánchez Gómez, pero, como se resistió, el postulado le disparó en 6 ocasiones con un revólver calibre .357. De acuerdo a la versión de éste, Stiven Rentería Rentería, alias el Negro Acacio, ordenó que se lo llevaran porque era un miliciano encargado de hacer inteligencia, pero que, si oponía resistencia, lo mataran y como se resistió, lo mató. Esa fue la presentación que también hizo el Fiscal.

La evidencia enseña que a Yesid Sánchez Gómez, un joven de 27 años de edad, con 9º grado de educación media y a quien apodaban el Peludo, lo sacaron de su casa por lo menos unos 6 hombres armados. Del apartamento donde vivía se hurtaron los electrodomésticos -televisor, nevera, grabadora- y unos anillos. Su cadáver fue encontrado en la carrera 62 # 80 C 174 de esta ciudad, a varias cuadras de su residencia ubicada en la calle 86 # 55 C 37 del barrio El Bosque con 5 impactos de arma de fuego, 3 en la cabeza y el cuello y 2 por la espalda |246|. La víctima tenía una esperanza de vida de 41,1 años.

Esa evidencia enseña que el postulado omitió por lo menos el hurto de los bienes del occiso y no reveló plenamente el número y la identificación de los demás partícipes.

255. El 30 de enero de 2.004, la Fiscal 122 Delegada Claudia María Giraldo Chica solicitó a la jefe de la Unidad la suspensión de la investigación y el 18 de febrero siguiente ésta ordenó la suspensión y el archivo del proceso. Sólo el 21 de noviembre de 2.008, a raíz de la confesión del postulado y las copias expedidas de dicha actuación, se abrió la investigación, pero el 25 de junio de 2.010, cuando todavía seguía en instrucción, ésta se suspendió por orden del Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz |247|.

3.1.9 El homicidio de Giovani Loaiza Mosquera

256. En las horas de la noche del 19 de mayo de 2.002, en la carrera 52 con la calle 79 del barrio Moravia de Medellín, le dieron muerte a Giovani Loaiza Mosquera. De acuerdo a la versión del postulado, a las 8:30 ó 9:30 de la noche de ese día -dio ambas horas-, el comandante del Bloque Metro en ese sector Carlos Andrés Botero Peña, alias Pañales, ya fallecido, le ordenó que lo acompañara al bar Leo, localizado en la dirección antes anotada, junto con dos patrulleros más, apodados Yiyo y Salchicha. Al llegar al bar, Carlos Andrés Botero sacó de allí a Giovani Loaiza Mosquera y le disparó en 5 ocasiones y luego les ordenó a él y a sus dos compañeros que arrojaran su cadáver fuera del barrio. Mientras lo arrastraban, fueron sorprendidos y retenidos por la policía, pero, a los pocos días fueron dejados en libertad. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal.

La evidencia demuestra que Giovani Loaiza Mosquera, un señor de 35 años de edad, bachiller y de oficio mensajero, fue asesinado hacia la 1:40 de la madrugada, no a las 8:30 ó 9:30 como declaró el postulado. Un poco antes, tanto el postulado Néstor Eduardo Cardona y sus dos compañeros, como Giovani Loaiza estaban en la casa de Carlos Alberto Araque Ospina, donde se celebraban los 15 años de una joven y a la cual éste había invitado a la víctima porque era su compañero de trabajo y, además, solía visitar el barrio Moravia los fines de semana, pues allí tenía algunos amigos. Carlos Alberto Araque declaró que Loaiza Mosquera llegó hacía las 11:00 de la noche, ya un poco ebrio, en una motocicleta de su propiedad. La señora María Laura Mosquera, madre de la víctima, confirma que su hijo salió de la casa en la moto. En el levantamiento le hallaron a éste el seguro de una moto Suzuki de placas CIO44. Aunque una patrulla de la policía escuchó los disparos y, al llegar, sorprendió a Néstor Eduardo Cardona y sus compañeros arrastrando su cadáver, la motocicleta ya no estaba. No es extraño, entonces, que los vecinos comentaran que al occiso le iban a quitar la moto y no la quiso entregar, o bien que le pidieron la moto y no la quiso prestar y por eso lo mataron. Su cadáver presentaba 4 impactos de arma de fuego, 3 de ellos en la cabeza y uno en la espalda, entre ellos uno hecho a quemarropa |248|.

Al oír los disparos, una patrulla de la policía se hizo presente en el lugar y sorprendió al postulado y a sus compañeros arrastrando el cadáver, como se dijo. La explicación que éstos dieron fue que lo estaban llevando a la vía principal para pedir auxilio. Sólo que la huella de arrastre era de 30 metros y a la víctima la arrastraban boca abajo, o en posición decúbito abdominal, porque así fue encontrado su cuerpo en el levantamiento, como se observa en el álbum fotográfico. Sin embargo, ninguno de ellos fue retenido y los dejaron en libertad, a pesar de las circunstancias comprometedoras en que fueron sorprendidos y lo inverosímil de su explicación -no se arrastra un cuerpo con tres impactos en la cabeza boca abajo por 30 metros para pedir ayuda, cuando podían levantarlo entre los 3 o ir uno de ellos por un vehículo para trasladarlo a la policlínica- y no obstante que una investigadora del CTI se hizo presente. Empero, el sorprendimiento sirvió para identificar a las 3 personas que lo arrastraban como Néstor Eduardo Cardona Cardona, Jhon Anderson Zapata Torres -el alias Yiyo que mencionó el postulado- y Urbey Antonio Torres Escobar -el alias Salchicha-. Sólo cuando la investigación permitió descubrir que esa era la identidad de sus dos compañeros, a raíz de las diligencias adelantadas en esa época y del informe de policía judicial 1769 del 21 de mayo de 2.002, fue que el postulado admitió que esos eran sus nombres. Sin embargo, no los había revelado antes en su versión libre, a pesar de que los conocía, pues no sólo estaba en la fiesta con ellos, sino que confirmó que esa era su identidad.

Esa evidencia enseña que el verdadero motivo del homicidio fue el hurto, no una condición de miliciano que la víctima no tenía porque ni siquiera residía en ese barrio y sólo iba allí a divertirse y tomar licor. Pero, también revela que las autoridades fueron francamente omisivas y que el postulado sólo reveló la identidad de los demás autores cuando la verificación realizada por la Fiscalía permitió descubrir sus nombres, no por su propia iniciativa, ni por un interés sincero de colaborar con la justicia y tampoco cumplió con el deber de restituir o devolver la motocicleta hurtada, o informar su paradero.

257. El 7 de marzo de 2.003 el Fiscal Jefe de la Unidad José Valencia Duque, a petición del Fiscal 3º Delegado, Carlos Alberto Rico Correa, quien tenía a su cargo la investigación previa, suspendió la investigación y ordenó el archivo de ésta. El Fiscal 3º Delegado solicitó la suspensión sin escuchar a Heider Zapata, quien le hacía la compañía a la víctima, sin oír en versión libre o en testimonio al postulado Néstor Eduardo Cardona y sus dos compañeros, a pesar de las circunstancias en que fueron sorprendidos y lo inverosímil de su versión, sin identificar a los vecinos de la escena del crimen y, en fin, sin solicitar el apoyo de la policía judicial para esclarecer los posibles autores. La grave omisión en que incurrió dicho fiscal, a pesar de los elementos con los que contaba, hace necesario ratificar la expedición de copias para investigarlo por un posible prevaricato por omisión.

Sólo a raíz de la confesión del postulado y las copias de esa actuación se reactivó el proceso y el 27 de octubre de 2.008, más de 6 años después, se abrió la instrucción y más tarde se escuchó en indagatoria a Néstor Eduardo Cardona, quien solicitó que se le dictara sentencia anticipada, pero aún está en trámite |249|.

3.1.10 El homicidio y la detención de Yoana Yanet Mosquera Guerrero

258. Hacia las 8 de la noche del 15 de agosto de 2.003 el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona y un compañero suyo apodado Beto sacaron de una panadería del barrio El Bosque a Yoana Yanet Mosquera Guerrero, quien estaba con sus dos hijos menores y la llevaron hasta la paralela del río Medellín en Moravia, donde el segundo de ellos le disparó varias veces. De acuerdo a la versión del postulado, Stiven Rentería Rentería, más conocido como el Negro Acacio, les dio la orden de matarla porque era miliciana e informante de las autoridades. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal de ese hecho.

La evidencia enseña que Yoana Yanet Mosquera Guerrero, una ama de casa de 30 años de edad, con educación media, fue retenida y trasladada hasta la paralela del río Medellín el 13 de agosto de 2.003. La sentencia dictada por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín el 31 de octubre de 2.005 por la tentativa de homicidio de Yoana Yanet Mosquera reconoce que en el hecho participaron por lo menos 4 personas, que ésta identificó por sus alias y características como Alpinito, Tato y dos más -uno de ellos calvo y el otro moreno-, de los cuales reconoció en fila de personas al postulado Néstor Eduardo Cardona, alias Alpinito y en un álbum fotográfico a Florencio Rojas Mosquera, conocido como Niche. La víctima declaró también que Néstor Eduardo Cardona y el apodado Tato le dispararon, pero otro -el calvo- incitó a éste para que lo hiciera. Si bien su hijo Andrés Felipe Mosquera declaró que en el hecho participaron dos personas, eso puede deberse a su corta edad -11 años-, a la distribución de las tareas para la comisión del delito y a que sólo centró la atención en algunos de ellos, pero es más fiable el testimonio de su madre, quien tenía razones para percatarse y reconocer a quienes participaron en el atentado.

La evidencia también demuestra que el motivo del atentado fue distinto al confesado por el postulado. Aunque no es claro si se le retuvo por los roces y problemas con una vecina o los comentarios que le hacía a la compañera de uno de ellos, o por ambas causas, lo cierto es que el motivo tuvo que ver con las relaciones y comentarios de la víctima con otras mujeres del barrio, al punto que su hijo Andrés Felipe Mosquera declaró que, pasados unos días, unas señoras estaban comentando que el intento de homicidio había sido por difundir habladurías, cuentos o rumores |250|.

El postulado, entonces, faltó a la verdad sobre quienes participaron en el hecho, algunos de los cuales ocultó, quienes le dispararon a la víctima y el motivo para atentar contra ella, pues no fue por una condición de miliciana, que no tenía, ni por ser informante de las autoridades.

3.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

259. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona por los delitos de concierto para delinquir agravado (párrafo 241), consagrado en el artículo 340 inciso 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 733 de 2.002, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias, tipificados en los artículos 365, 366 y 346 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor en modalidad dolosa.

260. En los casos de Didier Murillo Roa, Alberto Miguel Pérez Reyes, Sergio Anderson Cortés Restrepo, Julián Andrés Vergara Agudelo, Yesid Sánchez Gómez y Giovani Loaiza Mosquera (párrafos 243, 245, 248, 250, 254 y 256, respectivamente), la Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida en calidad de coautor y en modalidad dolosa, artículo 135 parágrafo 1 de la Ley 599 de 2.000. En el caso de Alberto González Gil (párrafo 247), la Fiscalía formuló imputación por el delito de tentativa de homicidio en persona protegida descrita en los artículos 27 y 135 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor bajo la modalidad dolosa. Y en el caso de Alex Santiago Galvis Restrepo (párrafo 248), formuló imputación por el delito de lesiones en persona protegida descrito y sancionado en los artículos 136, 112 numeral 1 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor bajo la forma de culpabilidad de dolo eventual artículo 22 de la misma ley.

261. En el hecho donde fue víctima William de Jesús Herrera Mesa (párrafo 252), la Fiscalía imputó los delitos de homicidio en persona protegida, hurto calificado agravado y constreñimiento ilegal, descritos en los artículos 135, 182, 239, 240 numeral 2, 241 No. 10 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor y bajo la modalidad dolosa.

262. Finalmente, en el caso de Yoana Yanet Mosquera Guerrero (párrafo 258), la Fiscalía formuló cargos por el delito de secuestro agravado, artículo 168 y 170 numerales 10 y 16 de la Ley 599 de 2.000, modificados por los artículos 1 y 3 de la Ley 733 de 2.002, en calidad de coautor y bajo la modalidad dolosa.

4. El caso de Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias Alex Bonito

4.1. Los hechos atribuidos al postulado

4.1.1 El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y de uso privativo de las Fuerzas Militares y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

263. De acuerdo a su versión, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, conocido como Alex Bonito, ingresó al Bloque Cacique Nutibara en el año 1.998, a sus 19 años de edad y como miembro de éste utilizó uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y portó armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, como revólver calibre .38 largo, pistola 9 mm, changón y subametralladora 9 mm y cuando operaba en el área rural, utilizaba fusiles AK 47. Según Mónica Patricia Agudelo, a quien el postulado asesinó, éste también portaba una pistola Colt calibre .45. Su ingreso lo hizo a través de un sujeto conocido con el alias de El Negro, quien lo relacionó con el Comandante de San Antonio de Prado, Ramón Ovirly Correa Salas.

Antes de hacer parte del Bloque Cacique Nutibara perteneció al Ejército de Liberación Nacional -ELN-, donde era conocido como Dayron o Bayron, al cual ingresó a sus 13 años de edad. Paradójicamente, el ELN lo desplazó y en búsqueda de seguridad, ingresó al Bloque Cacique Nutibara como patrullero, bajo el mando del Comandante Ramón Ovirly Correa Salas, alias Ramón, con quien operó en el Corregimiento de San Antonio de Prado. Según el postulado, se valió de la información obtenida durante el tiempo que perteneció al ELN para desarrollar labores de inteligencia, pero, tal como se verá más adelante, dicha información procedía de otras personas.

A raíz de la muerte de Ramón Ovirly Correa -el 21 de julio de 2.001-, su jefe inmediato Aldemar Alexander Noreña López, apodado Alex Cuñado, lo designó como Comandante de San Antonio de Prado, pasando así a ejercer control y dominio en los barrios El Limonar, Naranjitos, Pradito, El Vergel, Rosaleda, Aragón, Mi Casita, Tierralta y El Descanso y las veredas La Verde, Santa Rita, Yarumalito, Fronteras, El Barsino, El Astillero y El Alto del Romeral, donde sólo se asesinaba con orden suya. De acuerdo a la versión de la víctima Hernán Stivel Álvarez Agudelo, entre El Limonar 1 y San Francisco, cerca de la cárcel de Itagüí, mataron a muchas personas y el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán era el jefe en esas zonas.

El postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, en entrevista del 15 de noviembre de 2.007, señaló que su comandante era Dany Alejandro Urán Ocampo, apodado El Mellizo, y el comandante de éste era Alex Bonito, el apodo con el que se conocía a Édgar Alexander Erazo y en las versiones del 13 de noviembre de 2.008 y el 26 de febrero de 2.009 declaró que la zona del primero comprendía los barrios La Finquita y Yarumito de Itagüí. De ahí se desprende que Édgar Alexander Erazo también tenía mando sobre varias zonas del municipio de Itagüí |251|.

Pero, además, era integrante de la Banda La Unión, la cual hacía parte de la Oficina de Envigado, dedicada a cometer homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, tortura, extorsión y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sin embargo, el postulado no confesó su pertenencia a dicha banda.

4.1.2 El homicidio y la detención de Rubén Darío Mesa Puerta

264. A las 2:30 de la madrugada del 1 de junio de 2.001, en la vereda Santa Rita del corregimiento San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán y otros miembros del Bloque Cacique Nutibara al mando de Ramón Ovirly Correa Salas e integrantes del Bloque Occidente, sacaron de su casa a Rubén Darío Mesa Puerta y Donaldo Muñoz Vásquez, apodado El Repetido. Al primero lo amarraron y luego los trasladaron hasta las partidas de Los Mesas. Allí Ramón Ovirly Correa Salas le disparó Rubén Darío Mesa Puerta con un revólver Llama calibre .38, según él porque era integrante de las milicias del ELN y liberó a Donaldo Muñoz Vásquez, colaborador de éstas, con el mensaje de que las AUC habían llegado y "que por allá no queremos milicianos".

Según el postulado, el operativo se realizó porque los habitantes de la vereda Santa Rita eran milicianos y para realizarlo llevaron unas listas que fueron elaboradas con información de la comunidad. El Fiscal hizo la presentación del caso en iguales términos.

Sin embargo, la evidencia demuestra que ese no fue el motivo por el cual Rubén Darío Mesa Puerta y Donaldo Muñoz Vásquez fueron retenidos y el primero asesinado.

Rubén Darío Mesa Puerta, de 36 años de edad y con una esperanza de vida de 34 años más, era ayudante de construcción y, según certificación suscrita por José Ignacio Álvarez Posada, desempeñó dicho oficio desde el 3 de abril de 1.995 hasta el 31 de mayo de 2.001. De acuerdo con el testimonio de Dora Patricia Osorio Martínez, su compañera permanente, la víctima no tenía problemas, ni perteneció a ningún grupo armado ilegal y nunca había estado detenido, pero antes del hecho había un rumor de que iban a matarlo. Donaldo Muñoz Vásquez, quien fue retenido junto con él, declaró que lo conocía de tiempo atrás, eran vecinos y no creía que fuera un miliciano. Agregó que los sujetos que los retuvieron le exigieron que entregara una caleta, pero no sólo él les manifestó que no tenía nada, sino que Rubén Darío Mesa le imploró que si tenía algo lo entregara. Ello indica que las víctimas no eran milicianos, ni tenían caleta alguna, pues de ser así la hubieran entregado, como hubiera hecho cualquier persona ante la amenaza de más de 20 hombres fuertemente armados para evitar así ser asesinado, más aún si se tienen en cuenta los ruegos de Rubén Darío Mesa. Pero, además, previamente el grupo armado ilegal había allanado y registrado las casas de las víctimas y otros habitantes de la vereda Santa Rita buscando armas, pero no hallaron nada, pues de lo contrario así lo hubiera manifestado el postulado.

Todo indica que el hecho obedeció más al ejercicio del control social y territorial propio de los grupos armados ilegales, pues ese fue el mensaje que enviaron con Donaldo Muñoz Vásquez y según éste, el grupo armado ingresó a las casas y a casi todos sus habitantes les hurtaron las joyas y el dinero, hecho que el postulado justificó con el pretexto de que se trataba de una recuperación de los bienes porque estaban en el territorio del enemigo.

De acuerdo a la evidencia, se trataba de un grupo armado ilegal perteneciente a las AUC, y según el postulado, era el segundo operativo que realizaban en la vereda Santa Rita de San Antonio de Prado. Pero, a pesar de ello, no confesó cual fue el primer operativo, pues los demás son posteriores a éste |252|.

265. El 13 de junio de 2.001, el Fiscal 13 Delegado, doctor José Vicente Arias Restrepo, asumió el conocimiento de la investigación y 10 meses después, el 23 de abril de 2.002, la Fiscal Coordinadora suspendió la investigación, por petición de la Agente del Ministerio Público, María de Jesús Toro Rincón, porque no habían datos que permitieran la individualización de los autores. Sin embargo, durante el proceso no se realizó suficientes diligencias para establecer la identidad e individualización de los mismos, ni se realizaron mayores esfuerzos para ubicar a Donaldo Muñoz Vásquez, pues el Fiscal se conformó con una simple indagación telefónica, ni a Dora Patricia Osorio Martínez, cónyuge del occiso, cuya dirección informó Metrosalud, ni para recibirle testimonio a los vecinos del lugar, quienes el día de los hechos fueron intimidados y amenazados y sus casas registradas. Sólo hasta el 11 de marzo de 2.009, una vez se recibió copia de la versión libre del postulado Édgar Alexander Erazo, se ordenó desarchivar el proceso y el 20 de diciembre de 2.010 se calificó el mérito del sumario. Luego, el proceso fue suspendido por orden del Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz |253|.

4.1.3 El homicidio de Carlos Alberto Mesa Escobar y Jonathan Steven Pulido Guarín y la detención de este último

266. El 29 de junio de 2.001, en la carrera 13 No. 8-74 del barrio Los Potreritos del corregimiento San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán y otros miembros del Bloque Cacique Nutibara asesinaron a Carlos Alberto Mesa Escobar. En dicho lugar, habían retenido previamente a Jonathan Steven Pulido Guarín, a quien trasladaron hasta la vereda La Loma a 50 metros de la Fonda El Bastón, donde le disparó el postulado con un revólver calibre .38. Después de que él le disparó, Ramón Ovirly Correa le cortó el cuello con un arma cortopunzante y manifestó que era "para que cojan miedo". Dicha lesión sólo corresponde a un acto de aterrorizamiento.

De acuerdo a la versión de éste, Ramón Ovirly Correa Salas tenía una fotografía del menor Jonathan Steven Pulido Guarín. De allí que al verlo lo reconoció y le ordenó al postulado retenerlo y asesinarlo. El postulado también informó que Ramón Ovirly Correa regó basuco o cocaína alrededor del cuerpo de Carlos Alberto Mesa, a quien despojaron de una pistola calibre 7.65. Sin embargo, manifestó que no conocía el motivo del homicidio.

Según la evidencia, Jonathan Steven Pulido Guarín, apodado El Perrito, de 15 años de edad, era vendedor ambulante y adicto a la marihuana y tenía una esperanza de vida de 51 años más. Éste vivía con su madre Gladys Amparo Pulido Guarín, pero permanecía también en la carrera 13 No. 8-74 con el occiso Carlos Alberto Mesa Escobar, apodado Calucho, quien tenía 43 años de edad, era ex-agente de policía y tenía una esperanza de vida de 29 años más. De acuerdo a las declaraciones de María Nora y Esau Mesa Escobar, Yamile Ortíz Bustamante y Antonio Ruperto Betancur Vásquez y a la información de los Agentes de la Estación de San Antonio de Prado, Carlos Alberto Mesa Escobar era vendedor de estupefacientes.

En la diligencia de inspección judicial y levantamiento de cadáver realizada en su residencia se hallaron 2 balanzas o grameras, 14 papeletas de basuco y una pequeña cantidad de marihuana y, en un apartamento contiguo a ésta, también del occiso, hallaron 36 papeletas más de basuco. La evidencia indica que en ese lugar no sólo se expendía marihuana y basuco, sino que allí se reunían los jóvenes a consumir estupefacientes.

Todo ello indica que el homicidio estuvo relacionado con el expendio, consumo y control del comercio de estupefacientes, pues Ramón Ovirly Correa también regó estupefacientes alrededor del cuerpo de Carlos Alberto Mesa, lo cual quedó establecido en la diligencia de inspección judicial y levantamiento de cadáver. Pero, paradójicamente, eran los miembros del Bloque Cacique Nutibara quienes traficaban y suministraban la droga y luego asesinaban a los consumidores, como se establecerá más adelante.

El motivo también está relacionado con los hábitos personales y antecedentes judiciales de las víctimas, pues Carlos Alberto Mesa Escobar fue detenido y condenado el 14 de junio de 2.000 por el delito de hurto agravado por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal a 18 meses, 21 días de prisión y Jonathan Steven Pulido Guarín estuvo retenido en la Estación de Policía de San Antonio de Prado el 16 de abril de 2.001 por amenazas e intimidación a los habitantes del barrio Palo Blanco y fue reconocido como asaltante en dicho sector y consumidor de estupefacientes |254|.

267. La Fiscalía 128 Seccional suspendió la investigación el 11 de marzo de 2.003 y el 20 de agosto de 2.010 la reactivó, cuando fue remitida la copia de la versión del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán del 16 de diciembre de 2.008 en la que confesó el hecho. Luego, el 23 de noviembre de 2.010 se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y el 7 de junio de 2.011 el Fiscal solicitó la suspensión del proceso |255|.

4.1.4 El homicidio de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez y Víctor Norbey Cañaveral Vélez

268. A eso de las 3:30 de la madrugada del 3 de junio de 2.001, frente a la licorera ubicada en la carrera 4 B No. 10 B 30 del barrio Aragón del corregimiento San Antonio de Prado, varios miembros del Bloque Cacique Nutibara les dispararon a Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez y Víctor Norbey Cañaveral Vélez, mientras que el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán conducía un vehículo Mitsubishi color verde, en el cual huyeron del lugar.

Según la versión del postulado, el hecho se cometió por orden del comandante Ramón Ovirly Correa Salas, quien previamente había recibido una llamada telefónica y para ello utilizaron una pistola y un revólver. Sin embargo, no conoció el motivo del homicidio, ni quien realizó dicha llamada.

La evidencia demuestra que Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, de 36 años de edad, era contador público, vivía recientemente en ese sector y era un líder de deportes, mientras que Víctor Norbey Cañaveral Vélez, de 25 años de edad, era lavador de carros y si bien éste estuvo detenido por el hurto de un vehículo, no parece ese el motivo de su muerte, porque esa circunstancia no explica el homicidio de ambos, pues Carlos Aldemar Álvarez no tenía antecedente alguno y era un líder comunal.

En cambio si es claro que Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez y Víctor Norbey Cañaveral Vélez estaban frente a una licorera a las 3:30 de la madrugada, desobedeciendo las normas impuestas por los grupos paramilitares y todo indica que ese es el móvil del homicidio |256|.

En efecto, de acuerdo a la evidencia, el párroco Oscar Ortíz del barrio Limonar no sólo tenía conocimiento de la presencia del grupo armado ilegal, sino que le informó las normas y reglas establecidas por dicho grupo al presbítero Luis Alfonso Arredondo Salazar o Agudelo Palacio |257| y a los habitantes en general. Las reglas divulgadas por el cura párroco hasta en la celebración de la misa no eran más que un ejercicio de control social típico de los grupos armados ilegales e incluían: i) no estar en la calle después de las 11 de la noche; ii) fumar marihuana fuera del barrio; iii) portar armas sólo con salvoconducto; iv) no formar corrillos en las esquinas; y v) que "los pillos no den papaya". Fernando Londoño Gómez y Luis Alonso Álvarez Gutiérrez también conocían claramente la primera, es decir, que no se podía estar en la calle después de las 11 de la noche. La desobediencia de dichas normas o reglas implicaba la ejecución extrajudicial de quien las infringiera.

269. El Fiscal 129 Seccional, doctor Hugo Alberto Gómez Lemos, ordenó suspender la investigación el 19 de diciembre de 2.001. Sin embargo, de la evidencia se desprende que el hecho le fue atribuido a un grupo paramilitar que hacia presencia en la zona y que el párroco Oscar Ortíz no sólo tenía contacto con dicho grupo, sino que promocionó y divulgó sus reglas entre la comunidad. A pesar de ello, el Fiscal no realizó ninguna actividad para esclarecer ese hecho, ni amplió el testimonio al presbítero Luis Alfonso Arredondo Salazar o Agudelo Palacio, ni requirió el apoyo de la policía judicial para individualizar e identificar a los miembros de dicho grupo armado ilegal, ni investigó al párroco Oscar Ortíz como presunto responsable del delito de concierto para delinquir, a quien ni siquiera le recibió una declaración, pues se conformó con una simple llamada telefónica a éste. Pero, la información que se tenía sobre él era suficiente para lograr su ubicación y ordenar su vinculación a la investigación, pero no hizo nada al respecto. De allí que deba ratificarse la orden de expedir copias para investigar a dicho fiscal por su evidente omisión ante tan grave infracción |258|.

4.1.5 El homicidio de Víctor Hugo López Soto

270. A eso de las 5:30 de tarde del 11 de julio de 2.001, en la carrera 7 Este con Calle 5 BA del barrio Limonar 2, sector Bifamiliares del corregimiento San Antonio de Prado, un sujeto apodado Kevin, quien pertenecía al Bloque Cacique Nutibara, le disparó en 2 ocasiones a Víctor Hugo López Soto, quien falleció a consecuencia de las heridas, mientras el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán vigilaba el lugar.

Según la versión del postulado, Víctor Hugo López fue declarado "objetivo militar" porque presuntamente tenía nexos con las milicias y extorsionaba a los habitantes del sector. Por lo tanto, decidieron llamarlo para que dejara de cometer esos ilícitos, pero no respondió a ese llamado. De allí que, luego de dispararle gritaron que se "acabaron ese tipo de vacunas o seguirían siendo declarados objetivos militares", lo cual constituye un acto ejemplarizante.

De acuerdo a la necropsia, Víctor Hugo López Soto recibió 6 disparos y no 2 como confiesa el postulado, de los cuales 4 fueron en la cabeza, uno en el hombro y otro en el cuello, el cual presentaba tatuaje. Esos signos indican que la víctima conocía a los asesinos, pues les permitió que se acercaran a él y no huyó del lugar, que no estaba armado y no hubo enfrentamientos. Si fuera un miliciano, no hubiera permitido que éstos se acercaran o se hubiera defendido o andaría armado.

Por el contrario, según la evidencia Víctor Hugo López Soto tenía 15 años de edad, estudiaba once grado de bachillerato en el Colegio Fe y Alegría de Corvide y en las tardes contabilidad en el Centro Moderno y tenía una esperanza de vida de 53 años más. De acuerdo a los testimonios de Alba Lucia Soto Marulanda y Yenny Marcela Peña, tenía buen comportamiento familiar, no pertenecía a ningún grupo armado ilegal, ni tenía vicios, ni enemigos. Esas características no son propias de un miliciano.

De acuerdo a las declaraciones de la primera y de Ricardo Alejandro Mesa López, los paramilitares que llegaron al barrio Limonar invitaron a los jóvenes del sector a vincularse al grupo armado y fueron amenazados de que si no lo hacían serían desplazados o asesinados. En las reuniones realizadas por ellos también informaron que habían llegado al barrio a mandar, a poner orden y a "limpiarlo". Entre los jóvenes que fueron amenazados para que se integraran al grupo paramilitar estaba Víctor Hugo López Soto, quien no sólo se les enfrentó, sino que se negó a vincularse a él, por lo que le dieron 15 días para que tomara una decisión. Días después fue asesinado.

El postulado confesó que también Boris Adrián Muriel extorsionaba a los residentes del sector, como supuestamente el menor López Soto. Pero aquél sí ingresó al Bloque Cacique Nutibara y realizó distintas actividades delictivas por orden de sus mandos. Ello indica que el motivo del homicidio no fueron las supuestas actividades ilícitas de la víctima, pues finalmente Boris Adrián Muriel se vinculó al grupo y continuó delinquiendo allí, sino que fue asesinado por no dejarse reclutar |259|.

De esa forma se satisface la petición de la señora Alba Lucía Soto Marulanda, madre de la víctima, quien sólo pidió dejar en limpio su nombre.

271. El Fiscal 112 Seccional, doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, inició la investigación previa el 30 de julio de 2.001 y luego de la práctica de algunas pruebas, el 20 de septiembre de 2.002 solicitó la suspensión de la misma, pues a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía no había logrado individualizar a los autores del hecho. De allí que el 30 de enero de 2.003 el doctor José Valencia Duque, Jefe de la Unidad, ordenó suspender y archivar provisionalmente la actuación.

El 15 de noviembre de 2.006 la señora Alba Lucía Soto Marulanda declaró ante el Fiscal Primero Seccional y Jefe de la Unidad, doctor Rafael Antonio Vargas Gallo, que los paramilitares que operaban en el barrio Limonar hacían reuniones para reclutar a los jóvenes y que a su hijo Víctor Hugo López Soto lo mataron porque no se vinculó a dicho grupo. Igualmente, allegó copia de un escrito que fue entregado a la Procuraduría Regional el 20 de noviembre de 2.006, donde reiteró lo manifestado en dicha declaración y agregó que el doctor Rafael Antonio Vargas Gallo le manifestó que si no tenía la identidad completa de los paramilitares que realizaron la reunión y de los que mataron a su hijo no la podía escuchar |260|.

Efectivamente, a pesar de recibir dicha información, el doctor Rafael Antonio Vargas dispuso que la actuación permaneciera en suspensión en el archivo provisional, mediante auto del 27 de febrero de 2.007, sin realizar ninguna labor de investigación para individualizar a los integrantes del grupo paramilitar y sólo hasta el 20 de agosto de 2.010 se reinició la actuación, pero porque se allegó copia de la versión libre del postulado del 16 de diciembre de 2.008 donde confesó el hecho |261|. De allí, entonces, que deba ratificarse la orden de expedir copias para investigar al Fiscal Rafael Antonio Vargas Gallo por su evidente omisión ante tan grave infracción.

4.1.6 El homicidio de Heriberto Antonio Caro Bedoya

272. A eso de las 7:20 de la noche del 31 de julio de 2.001, en la calle 15 No. 6 Este 50 de la vereda La Verde del corregimiento San Antonio de Prado, Boris Adriàn Muriel y otro sujeto apodado Sandro, pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, asesinaron a Heriberto Antonio Caro Bedoya.

De conformidad con la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña, apodado Alex Cuñado, dio la orden de asesinar a la víctima porque era colaborador de las milicias del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pues alojaba en su residencia al Comandante Enrique. De allí que él le trasmitió dicha orden a Sandro, de quien no dio más información a pesar de que estaba bajo su mando, y a Boris Adrián Muriel, apodado Boris -ambos fallecidos-, quienes utilizaron 2 revólveres calibre .38 para cometer el homicidio. El postulado manifestó desconocer si éstos iban acompañados por otras personas o si estaban encapuchados.

La evidencia enseña que Heriberto Antonio Caro Bedoya de 48 años de edad, hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Verde, era trabajador independiente, no tenía enemigos y tenía una esperanza de vida de 24 años más. Según Orlando Toro Dávila era un trabajador. Juan Esteban Caro Montoya, hijo de la víctima, declaró que nunca lo vio con personas que hicieran parte de la guerrilla y las que iban a un negocio que tenía eran del barrio. Ninguna evidencia hay de que fuera un colaborador de las milicias.

Según todo lo indica, el motivo del hecho está ligado, entonces, a sus labores como miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda y no porque fuera miliciano, pues unos días después, los miembros del Bloque Cacique Nutibara asesinaron en similares circunstancias de tiempo, lugar y modo, a su hermano José Abigail Caro Bedoya, quien era vocero de dicha junta y a otra joven, de quien no se sabe su nombre, que también pertenecía a la Junta de Acción Comunal.

De acuerdo a la evidencia, el hecho fue cometido por 5 personas y no 2 como señaló el postulado, pues los testigos observaron a 3 sujetos que vigilaban el lugar y 2 más que ingresaron a la residencia de la víctima portando un revólver y una pistola cada uno y todos los partícipes estaban encapuchados, excepto el que le disparó a la víctima |262|.

273. El Fiscal 14 Delegado, doctor Jairo Guarín Arenas, remitió las diligencias a la Fiscalía Coordinadora, previa solicitud del Ministerio Público para que las mismas fueron suspendidas. De allí que el 26 de agosto de 2.002 la Fiscal Coordinadora ordenó su suspensión. El 11 de marzo de 2.009 se remitió copia de la versión libre del 15 de diciembre de 2.008 del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, en la cual confesó el hecho, por lo que el 13 de abril de 2.009 se abrió la investigación.

El 1 de julio de 2.010 la Fiscalía 132 Delegada ordenó su detención preventiva, pero el 22 de julio de 2.010 suspendió nuevamente las diligencias por orden del Magistrado de Control de Garantías |263|.

4.1.7 El homicidio de José Abigail Caro Bedoya y el desplazamiento forzado de Elidia de Jesús Cardona

274. A eso de las 3:30 de la tarde del 24 de agosto de 2.001, en el sector del Puente de la vereda La Verde del corregimiento San Antonio de Prado, los mismos Boris Adrian Muriel y el sujeto apodado Sandro, pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, ingresaron a la residencia de José Abigail Caro Bedoya y lo asesinaron, mientras que el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán obligó a la señora Elidia de Jesús Cardona de Caro, esposa de la víctima, y a sus hijos a abandonar su residencia.

De acuerdo a la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña López, alias Alex Cuñado, ordenó darle muerte a la víctima porque, según un sujeto apodado Pochis, integrante del grupo y por información de la misma comunidad, era colaborador de las milicias del ELN. Dicha orden fue trasmitida por él a Boris Adrian Muriel y al sujeto apodado Sandro, de quien no dio más información, a pesar de que estaba bajo su mando y debía conocerlo. Para el homicidio éstos utilizaron un revólver calibre 38.

Según las declaraciones de José Norbey Caro y Elidía de Jesús Cardona de Caro, José Abigail Caro Bedoya, de 53 años de edad y quien tenía una esperanza de vida de 21 años más, trabajó durante 22 años en Surf Química y era vocero de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

Todo indica que la muerte de José Abigail Caro está relacionada con el homicidio de su hermano Heriberto Caro Cardona, quien también pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la vereda La Verde, homicidio que se cometió en circunstancias similares de tiempo, lugar y modo y que también fue confesado por el postulado Édgar Alexander Erazo. Pero, como se dijo en el hecho anterior, en esos días también fue asesinada otra joven, que pertenecía a la misma Junta de Acción Comunal. De esa evidencia, entonces, se deriva que el homicidio de José Abigail Caro Bedoya está relacionado con su condición de líder comunitario de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Verde, no por ser colaborador de las milicias del ELN.

El postulado también confesó que dio la orden de que las casas de Elidia de Jesús Cardona no fueran habitadas, ni alquiladas. Sin embargo, ésta declaró que 8 días después de los hechos fue desplazada de su residencia porque no pagaban las contribuciones forzosas impuestas por el grupo y debió desocupar unos apartamentos, que fueron ocupados por los miembros del grupo. El postulado no aclaró el destino de las viviendas, ni si fueron devueltas |264|.

275. El 7 de marzo de 2.002, la Fiscalía 11 Delegada solicitó la suspensión de la investigación previa, la cual fue ordenada por la Coordinadora el 21 de marzo de ese año. La investigación se reactivó a raíz de que el 21 de julio de 2.010 remitieron copia de la versión del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán del 15 de diciembre de 2.008, pero se suspendió nuevamente por orden del Magistrado de Control de Garantías |265|.

4.1.8 La primera masacre del barrio Limonar 2: El homicidio de Everardo de Jesús, Nicolás de Jesús y José de Jesús Espinosa Velásquez y Herman Augusto Espinosa Villa

276. A las 8:15 de la noche del 19 de septiembre de 2.001, en la calle 3 No. 5 Este 9 del Barrio Limonar 2 del corregimiento San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán y otros miembros del Bloque Cacique Nutibara asesinaron a Everardo de Jesús, Nicolás de Jesús y José de Jesús Espinosa Velásquez y Herman Augusto Espinosa Villa.

De acuerdo a la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña, conocido como Alex Cuñado, ordenó darle muerte a Nicolás de Jesús Espinosa, quien venía del barrio Jardín, porque, según la información que aquél obtenía a nivel del área metropolitana y por los altos mandos, era miliciano de las FARC, tenía un grupo juvenil que utilizaba para realizar labores de inteligencia para ese grupo guerrillero y tenía antecedentes por el delito de rebelión.

El postulado, igualmente, confesó que el Comandante Aldemar Alexander Noreña López ordenó asesinar a las personas que estaban en el lugar de los hechos para no dejar testigos y que el homicidio lo cometió en compañía de los sujetos apodados Piolín y Sandro, quienes estaban bajo su mando y les dispararon en 2 o 3 ocasiones a cada una de las víctimas con dos revólveres calibre .38 y una subametralladora calibre 9 mm. Sin embargo, no dio más información sobre las personas que participaron en el delito, máxime que de acuerdo a la diligencia de inspección judicial y el testimonio de Ferney de Jesús González Vasco, 2 hombres ingresaron al lugar de los hechos y 2 se quedaron vigilando |266|.

Según la evidencia, Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez tenía 41 años, era portero de una urbanización y tenía una esperanza de vida de 30 años más. Everardo de Jesús Espinosa Velásquez tenía 37 años de edad, era vendedor ambulante y tenía una esperanza de vida de 35 años. José de Jesús Espinosa tenía 24 años de edad, en esos días había recibido la pensión por invalidez y tenía una esperanza de vida de 44 años y Herman Augusto Espinosa Villa tenía 21 años de edad, era músico y realizaba varios oficios. La evidencia también enseña que las víctimas eran trabajadoras.

Nicolás de Jesús Espinosa Espinosa, por su parte, desmintió la versión del postulado, pues manifestó que sus familiares no eran milicianos, ni reclutadores. Tampoco es cierto que una de las víctimas tuviera antecedentes por el delito de rebelión, pues en la diligencia de levantamiento de cadáver se estableció que ninguna de las víctimas presentaba antecedentes penales.

El propio postulado confesó que una vez requisada la vivienda sólo encontraron información de las personas que participaban en los grupos juveniles, pero no encontraron nada que los relacionara con actividades guerrilleras. Eso implica que no había evidencia alguna que permitiera concluir que efectivamente Nicolás de Jesús Espinosa o las demás víctimas pertenecieran a las milicias.

De acuerdo a las declaraciones de María Cecilia Velásquez Morales, Blanca Rosa Espinosa Velásquez, Darys Omaira Espinosa Espinosa, Kelly Johanna Espinosa García, Manuel Salvador Espinosa Velásquez y María Luz Mila Villa, las víctimas José de Jesús Espinosa y Herman Augusto Espinosa salieron del barrio Jardín un mes antes de los hechos porque estaban amenazados de muerte por los integrantes de la banda Los Cobis, pues el primero asesinó en defensa propia a Januedis Urrego Londoño, apodado El Chivo e integrante de dicha banda, mientras que el segundo lo acompañaba.

Si por lo menos 3 de las víctimas venían del barrio El Jardin, si eran familiares y allí uno de ellos tuvo un serio conflicto con la banda Los Cobis y si la información sobre ellos no provino del corregimiento, sino del área metropolitana y a través de los altos mandos, entonces todo indica que a Nicolás de Jesús Espinosa no se le dio muerte porque fuera miliciano, como confesó el postulado, sino como un acto de venganza de la banda Los Cobis, la cual estaba aliada con la banda La Terraza y ambas pertenecían al Bloque Cacique Nutibara, y por eso asesinaron a José de Jesús Espinosa Velásquez, a Herman Augusto Espinosa Villa y los demás.

277. El doctor Jorge Alberto Llinás Rodríguez, Fiscal 123 Seccional, estableció que las víctimas habían sido asesinadas por los integrantes de la banda Los Cobis y solicitó el apoyo al CTI para que designaran investigadores judiciales y lograran su individualización. Pero, a pesar de ello, el 29 de julio de 2.002, la doctora Martha Cecilia Upeguí, Coordinadora de la Unidad, decidió suspender la investigación, pues no había Fiscal adscrito a la Fiscalía 123 Seccional, con el fundamento de que no se había logrado individualizar e identificar los móviles y los autores. Sin embargo, al mes siguiente, agosto de 2.002, se presentó un informe sobre la individualización de algunos miembros de dicha banda, el lugar donde ésta delinquía y que era patrocinada por las Autodefensas Unidas de Colombia. Posteriormente, el doctor Jorge Alberto Llinás Rodríguez, Fiscal 123 Seccional, ordenó el desarchivo del proceso, pero no para continuar con la investigación, sino para ordenar el comiso definitivo de un arma hallada en el lugar de los hechos y entregar un elemento de propiedad de una de las víctimas y el 14 de mayo de 2.003 ordenó otra vez el archivo de las diligencias.

Luego, el 24 de marzo de 2.009 el Fiscal 16 Seccional, doctor Luis Fernando Otalvaro Calle, avocó el conocimiento de las diligencias ya con copia de la versión libre del postulado del 15 de diciembre de 2.008, en la cual confesó el hecho. Pero, a pesar de ello, trascurrió más de un año sin que adelantara alguna actuación y el 31 de mayo de 2.010 ordenó remitir las diligencias a la Oficina de Asignaciones para que le fuera asignado a un Fiscal que conociera de la Ley 600 de 2.000, correspondiéndole a la Fiscalía 132 Delegada, doctora Flor María Hurtado Pérez, quien 3 meses después, el 27 de agosto de 2.010, resolvió la situación jurídica del postulado y le impuso detención preventiva por este hecho.

El 12 de abril de 2.011, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín suspendió el proceso por orden del Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Medellín |267|.

4.1.9 El homicidio de Andrés Fernando Arboleda Arboleda

278. A las 6:30 de la mañana del 2 de mayo de 2.002, en la calle 4 DC frente al No. 2 B Este 62 del barrio El Limonar 2 del corregimiento San Antonio de Prado, un sujeto apodado Jaimito, quien pertenecía al Bloque Cacique Nutibara y cumplía órdenes del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, asesinó a Andrés Fernando Arboleda Arboleda.

Según la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña López, apodado Alex Cuñado, ordenó darle muerte a Andrés Fernando Arboleda Arboleda porque tenía el respaldo del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, estaba conformando un grupo de apoyo a las milicias contra las Autodefensas y además hurtaba en los buses. El postulado le trasmitió la orden al sujeto apodado Jaimito, pero no sólo no dio más información sobre éste, sino que manifestó que no sabía quiénes fueron los demás partícipes, ni las circunstancias de modo del hecho.

La evidencia demuestra que Andrés Fernando Arboleda Arboleda, de 18 años de edad, era un vendedor de dulces en Itagüí y tenía una esperanza de vida de 50 años más. De acuerdo a los testimonios, era adicto a la marihuana y estuvo detenido siendo menor de edad, pero no representaba un peligro para los demás. Seis meses antes de los hechos, los paramilitares lo amenazaron de muerte por el hurto de unos celulares, los cuales habían sido sustraídos por los sujetos conocidos como Jaimito y Robinson, integrantes del Bloque Cacique Nutibara. Debido a esas amenazas, tuvo que irse del barrio y meses después regresó, pero le dijeron que había una orden de que tenía que salir de allí.

Pocos días antes de los hechos, Andrés Fernando Arboleda Arboleda tuvo un altercado con Germán Piedrahita, un vecino suyo, por la negociación de una gorra, quien lo amenazó con denunciarlo ante los "muchachos" de arriba, a quien les iba a informar que él consumía marihuana en el barrio. La evidencia y la experiencia enseñan que esa expresión hacía referencia en este caso a los paramilitares, quienes en efecto hacían presencia en el barrio |268|.

Todo ello indica que la víctima Andrés Fernando Arboleda no era miliciano, ni estaba conformando un grupo de apoyo a las milicias, ni ese fue el motivo real del homicidio, sino que era adicto a la marihuana y tuvo roces o diferencias con los miembros del grupo armado o que llegaron al oído de éstos y eso explica su homicidio.

Dioselina de Jesús Arboleda declaró que a pesar de tener conocimiento de quienes habían sido los responsables de la muerte de su hijo, no lo había informado por temor, pues no sólo ella y su familia fueron amenazados de muerte por el sujeto apodado Robinson, sino que el párroco Oscar Ortiz la requirió y le preguntó si iba denunciar la muerte de su hijo y de inmediato éste le dijo a otro que ella no iba a denunciar, lo cual ella percibió como una amenaza. Agregó que los sujetos que le dieron muerte a su hijo, apodados Robinson, El Loco y Galillo continuaban controlando el sector y se enteraban de quienes los denuncian, de allí que todavía temía por su vida |269|.

279. El 11 de septiembre de 2.003, la Fiscal Tercera Delegada remitió las diligencias al Jefe de Unidad de Vida para que decidiera sobre su suspensión. De allí que el 22 de septiembre de 2.003 el Jefe de la Unidad, doctor Rafael Antonio Vargas Gallo, ordenó suspender la investigación. El 10 de julio de 2.010 se remitió copia de la versión libre del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán del 17 de febrero de 2.009, en la cual éste confesó el hecho. El 20 de agosto de 2.010, el Fiscal 132 Seccional avocó el conocimiento de las diligencias y el 23 de noviembre de 2.010 le impuso al postulado medida de aseguramiento. No se tiene más noticia de la investigación |270|.

4.1.10 La segunda masacre del barrio Limonar 2: El homicidio de Arturo Antonio y Luis Arnoldo Rodas Lora, Luis Elber Rodas Gutiérrez y Faber Arley y Adrián de Jesús Villa Mesa

280. A eso de las 7:30 de la noche del 11 de junio de 2.002, en una cabina telefónica ubicada en la carrera 3 Este del barrio Limonar 2, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán asesinó a Arturo Antonio y Luis Arnoldo Rodas Lora, mientras que otros sujetos pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara mataron a Luis Elber Rodas Gutiérrez y Faber Arley y Adrián de Jesús Villa Mesa frente a la puerta de entrada de la residencia ubicada en la calle 4 DB No. 2 B Este 50 del mismo barrio.

Según la versión del postulado, le disparó 2 o 3 veces en la cabeza a Luis Arnoldo de Jesús Rodas Lora. Mientras tanto, Víctor Mauricio Sinitave, Hernán Pulgarín, apodado Cachorro y los sujetos apodados Pomponio, La Guaza y El Negro, quien conducía un taxi, sacaron y mataron en las afueras de su residencia a Luis Elber Rodas Gutiérrez y Faber Arley y Adrián de Jesús Villa Mesa. En su retirada, le dispararon 1 ó 2 veces a Arturo Antonio Rodas Lora, pues le manifestó al postulado que era el hermano del primero.

El postulado confesó que el homicidio lo planearon él y el sujeto apodado Pomponio por órdenes de Aldemar Alexander Noreña, alias Alex Cuñado, quien por información del sujeto conocido como Jaimito, supo que Luis Arnoldo y Arturo Antonio Rodas Lora eran milicianos, estaban reclutando jóvenes para conformar un grupo y recogiendo dinero para comprar armas y que por las noches salían a realizar sus labores. Para cometer la masacre utilizaron revólveres, 2 pistolas 9 mm y una ametralladora y en ella no participó ninguno de sus hombres para que no fuera reconocidos por la comunidad. El Fiscal presentó el caso en los mismos términos.

La evidencia enseña que los hermanos Arturo Antonio y Luis Arnoldo Rodas Lora, de 35 y 44 años de edad, respectivamente, y Luis Elber Rodas Gutiérrez de 35 años de edad, eran vendedores ambulantes. Faber Arley y Adrián de Jesús Villa Mesa, de 19 y 21 años de edad, eran ayudantes de construcción y trabajaban con su hermano Jhon Fredy Villa en el mantenimiento de estructuras metálicas y techos y tenía un contrato en el barrio Los Gómez de Itagüí. El primero era soldado regular del Ejército Nacional y el segundo reservista y se iba a alistar como soldado profesional.

Las víctimas no tenían antecedentes penales, pero según la evidencia, eran adictas a la marihuana, la cual adquirían los hermanos Villa Mesa en el sector Bifamiliares, donde los miembros del Bloque Cacique Nutibara las expendían y paradójicamente, amenazaban de muerte a quienes la consumían. Así le ocurrió a Luis Arnoldo Rodas, quien estaba amenazado por los paramilitares por consumir marihuana.

Sin embargo, un día antes de los hechos, 3 sujetos que hacían parte de las Autodefensas de los sectores el Plan y las Bifamiliares, entre ellos, uno apodado Mario, estuvieron en el cumpleaños de Luis Arnoldo Rodas, quien les dijo que los paramilitares de Caicedo La Sierra habían matado a su padre y lo iban a matar a él. Arturo Antonio Rodas consumió licor el día de la masacre con el sujeto apodado Jaimito, quien hacía parte de los grupos paramilitares del barrio, a quien le pidió que le facilitara armamento y que tenía 5 o 6 personas en la casa de su hermano para vengarse de los paramilitares que operaban en dicho barrio. De allí que los sujetos apodados Jaimito y Gordo Negro le dijeron que le llevaban las armas a las 7 de la noche. Allí llegaron éstos, pero no para facilitarle las armas, sino para matarlos.

No es cierto, entonces, que Arturo Antonio y Luis Arnoldo Rodas fueran milicianos, o estuvieran reclutando jóvenes para conformar un grupo de milicias. Los hermanos Villa Mesa tampoco lo eran, pues los mismos milicianos del barrio Santo Domingo los desplazaron porque estaban en el Ejército Nacional.

Según la evidencia, en la masacre participaron 15 o 16 hombres que llevaban brazaletes de las ACCU, de los cuales 8 subieron hasta la residencia, aunque Asbledy Andrea Rodas Gutiérrez, quien fue testigo presencial de la muerte de su tío Arturo Antonio Rodas y vio a los responsables de la masacre cuando se retiraban del lugar, observó por lo menos a 30 hombres de los barrios El Limonar 1, Bifamiliares y El Plan. Ella, Claudia Milena Rodas Gutiérrez y Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo lograron identificar al postulado, quien era de "los duros del barrio", a Francisco Antonio Arias Quintero y Fredy Restrepo, alias Marianito y a los sujetos apodados Gordo Negro, Mario y Jaimito. Estos últimos eran quienes consumían licor con Arnoldo y Antonio Arturo Rodas. El postulado no confesó que éstos participaron en la masacre y antes bien, señaló que Jhon Arley Mena Mosquera, apodado Gordo Negro y Fredy Antonio Restrepo Giraldo, apodado Marianito, no participaron en el hecho |271|.

281. Dentro del proceso seguido por estos hechos, fueron vinculados Jhon Arley Mena Mosquera, apodado Gordo Negro, Francisco Antonio Arias Quintero, apodado Toño, Fredy Antonio Restrepo Giraldo, apodado Marianito y los postulados Juan Fernando Chica Atehortúa, apodado Juan Chica y Édgar Alexander Erazo Guzmán, pero debido a que éste aceptó los cargos, se ordenó la ruptura de la unidad procesal y fue condenado por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín mediante sentencia del 19 de junio de 2.009 a la pena de 26 años, 8 meses de prisión |272|.

4.1.11 El homicidio y la detención de Gilberto Antonio Cardona Echavarría y Carlos Mario Gañan García

282. A eso de las 7:00 de la noche del 6 de septiembre de 2.002, en la vereda Santa Rita de San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán y otros integrantes del Bloque Cacique Nutibara, entre ellos Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio y Joani de Jesús Durango Quiroz, alias Giovany Zapata o la Guaza, sacaron a Gilberto Antonio Cardona Echavarría de su casa, mientras que a Carlos Mario Gañan García lo retuvieron cuando jugaba fútbol y a ambos los amarraron y los trasladaron hasta la vereda El Chuscal donde fueron asesinados con disparos de arma larga.

Según la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña, más conocido como Alex Cuñado, le ordenó a Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio, que los asesinaran porque eran milicianos y Gilberto Antonio Cardona "le daba entrada" al postulado cuando hacía parte de las milicias.

De acuerdo a la evidencia y a las declaraciones de Girlesa de Jesús Arroyave Zapata, María Echavarría de Cardona y Jorge Armando y María Eugenia Cardona Arroyave, la víctima Gilberto Antonio Cardona Echavarría, apodado Gilo, tenía 48 años de edad, trabajaba desde hacía 8 años en la Central Mayorista de Antioquia ubicada en Guayabal y nunca había estado detenido. Tenía una esperanza de vida de 15 años más.

Según las declaraciones de Jorge Armando Cardona Arroyave y Rubén Darío Gañan García, la víctima Carlos Mario Gañan García, apodado Gravilla, tenía 22 años de edad, trabajaba como ayudante de camión de Azúcar Manuelita, era adicto a las drogas estupefacientes, pero no pertenecía a ningún grupo armado y tenía una esperanza de vida de 40 años más.

Ni el día de los hechos, ni una semana antes, cuando los miembros del grupo armado allanaron y requisaron las viviendas de dicha vereda buscando armas o información relacionada con la guerrilla, nada encontraron en la residencia de las víctimas. Ninguna evidencia hay entonces de que las dos víctimas fueran milicianos o auxiliadores de las milicias y si en algún momento Gilberto Antonio Cardona "le daba entrada" al postulado Édgar Alexander Erazo cuando hacía parte del ELN, eso no significa que fuera un miliciano o un colaborador de las milicias, pues en un contexto de conflicto armado y violencia generalizada ese hecho puede tener múltiples explicaciones y no es necesariamente un acto libre, voluntario y espontáneo.

De conformidad con declarado por Ángela María Gañan García, por esos días los grupos armados estaban haciendo "limpieza" en el sector, lo cual concuerda más con lo aquí ocurrido, pues tal como lo declararon los testigos, a Gilberto Antonio Cardona Echavarría le gustaba consumir licor y era problemático cuando se embriagaba y Carlos Mario Gañan García era adicto a las sustancias estupefacientes |273|.

De acuerdo a la evidencia, a la residencia de Gilberto Antonio Cardona Echavarría llegaron 2 sujetos encapuchados con brazaletes de las AUC y más arriba de la residencia los testigos observaron a varios hombres esperando. Por su parte, a donde Carlos Mario Gañan García llegaron 5 o 6 hombres que se identificaron como paramilitares, le solicitaron identificación y se lo llevaron. Sin embargo, el postulado, diferente a lo anterior, confesó que en los hechos participaron sólo 2 personas.

283. La Fiscal 51 Delegada, doctora Sonia Gil de Correa, inició la investigación previa en septiembre 17 de 2.002. En ella, se recibieron diversas declaraciones de los testigos que señalaban a los paramilitares como responsables de los hechos y se allegó un informe No. 1054-CTI del 15 de mayo de 2.003, el cual concluyó que de acuerdo a la forma como fueron sacados los occisos, por lo brazaletes que portaban y el lugar donde fueron encontrados, pues el alto El Chuscal era reconocido como un lugar donde ejercían presencia las Autodefensas, se presumía que éstos eran los responsables de los homicidios. A pesar de ello, la doctora Ana Lucía Jiménez Zapata, quien recibió la investigación en ese estado y con esa información, profirió resolución inhibitoria el 24 de julio de 2.003 y archivo la investigación. En agosto 4 de 2.010 se ordenó reabrir la instrucción y recibirle indagatoria al postulado. Sin embargo, la investigación sigue en trámite |274|.

4.1.12 El homicidio de José Humberto Echavarría Cardona y Albeiro Echavarría Chavarriaga y la detención de este último

284. A las 12:30 de la noche del 10 de septiembre de 2.002, en la finca Cañaduzal de la Vereda Santa Rita del corregimiento San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán y otros sujetos pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, asesinaron a José Humberto Echavarría Cardona y luego sacaron de su residencia y amarraron a Albeiro Echavarría Chavarriaga, a quien trasladaron hasta la vereda El Chuscal, donde lo mataron.

Según la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña, alias Alex Cuñado, ordenó la ejecución de José Humberto Echavarría Cardona y su hijo Albeiro Echavarría Chavarriaga porque el primero era colaborador de las milicias y el segundo era militante de éstas y aunque la policía no sabía si antes o después de los hechos, la policía halló en la residencia del primero explosivos y armas.

En el hecho participaron Víctor Manuel Sinitave, Jhon David Acevedo, Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio, Joani de Jesús Durango Quiroz, apodado Giovani Zapata o la Guaza y Víctor Mauricio Sinitave Rincón, alias Niño Víctor. Éste le disparó a José Humberto Echavarría Cardona con un revólver porque se resistió a que se lo llevaran a él y a su hijo Albeiro Echavarría y a éste Jhon David Acevedo le disparó con un fusil AK 47.

Los integrantes del Bloque Cacique Nutibara ingresaron a la residencia de las víctimas con el fin de buscar armas del Ejército de Liberación Nacional. No sólo así lo señaló el postulado en la indagatoria dentro de la investigación seguida por este hecho, sino que también lo declararon los testigos. Sin embargo, el mismo postulado confesó que no encontraron nada en el lugar y, por lo tanto, dicha sospecha no tenía fundamento alguno, máxime que de acuerdo a los testigos, un año antes de los hechos los integrantes de dicho bloque ya habían allanado y registrado las viviendas del sector, pero tampoco encontraron nada.

Conforme a lo anterior, no es posible deducir que José Humberto Echavarría Cardona y su hijo Albeiro Echavarría Chavarriaga fueran milicianos, pues no hay evidencia alguna en ese sentido.

Una semana antes de los hechos, los grupos paramilitares se habían llevado a 2 personas. El 6 de septiembre mataron a Gilberto Antonio Cardona Echavarría, sobrino de José Humberto Echavarría. Según se relató en el hecho anterior. De allí que éste les mencionara a sus familiares que "esa gente" había dado órdenes de cerrar los negocios y el sector estaba muy peligroso, por lo que era mejor irse del lugar. También por esos días las paredes y muros de las casas del sector aparecieron con letreros pintados con las siglas AUC. Eso indica que había una política de dominación, sometimiento y control de los habitantes del sector y esa explicación es más cercana a las causas de los homicidios.

De acuerdo a la evidencia, Albeiro Echavarría Chavarriaga presentaba signos de tortura, pues tenía laceraciones en la espalda, los brazos y las piernas, una herida en la cabeza y un surco en el cuello por encima de la nuez de adán, característico de ahorcamiento y junto al cadáver hallaron un palo de pino, un lazo de fibra de 50 cms. y un cordón verde, elementos con los cuales lesionaron, ahorcaron y amarraron a la víctima. Alberto Echavarría, entonces, fue torturado, pero el postulado no confesó esa circunstancia |275|.

285. La Fiscalía 128 Delegada suspendió la investigación previa y de allí que el 21 de mayo de 2.003 la Coordinadora de la Unidad ordenó su archivo. La investigación se inició nuevamente el 12 de marzo de 2.009, a raíz de la versión libre del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán del 15 de diciembre de 2.008, en la cual confesó el hecho. El 1 de julio de 2.010 la Fiscalía 132 Seccional ordenó su detención preventiva, pero el 8 de julio de 2.010, el Magistrado de Control de Garantías ordenó la suspensión de la investigación |276|.

4.1.13 El homicidio de Alirio Antonio Villa Muñoz

286. A las 5:30 horas de la mañana del 20 de octubre de 2.003, detrás de la residencia ubicada en el No. 3 A 54 Este del sector El Plan del barrio El Limonar 2 del corregimiento San Antonio de Prado, Joani de Jesús Durango Quiroz, alias Giovani Zapata o la Guaza y otro miembro del Bloque Cacique Nutibara mataron a Alirio Antonio Villa Muñoz. Según la versión del postulado Erazo Guzmán, Aldemar Alexander Noreña López, alias Alex Cuñado, fue quien ordenó matarlo, pues pertenecía a la guerrilla de La Iguaná y estaba llevando gente al barrio para que hicieran inteligencia. De allí que él le hizo seguimiento a la víctima y le trasmitió dicha orden a Joani de Jesús Durango, apodado Giovanni Zapata o la Guaza, quien asesinó a la víctima acompañado de otra persona, pero no recuerda quien.

Según la evidencia, Alirio Antonio Villa Muñoz, de 32 años de edad, era ayudante de bodega de Ferrasa, no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y tenía una esperanza de vida de 33 años más.

De acuerdo a la declaración de Luz Berenice Arroyave Cardona, el día de los hechos ésta observó 2 vehículos estacionados cerca a su residencia y a varios hombres, que la víctima le dijo que eran de la Fiscalía. De ellos, 4 se acercaron, no 2 como confesó el postulado, y le manifestaron a Villa Muñoz que tenían que hablar y que se acordara "que usted me las debe".

De la manera en que fue abordada la víctima y las palabras que le dijeron, se desprende que Alirio Antonio Villa Muñoz no era un miliciano, ni ese fue el motivo de su muerte, pues como lo señaló la testigo, se dejó llevar. No son esas las características, ni la conducta de un miliciano |277|.

287. El Fiscal 126 Delegado, doctor Oscar Álvarez Bedoya, luego de algunas diligencias, el 23 de noviembre de 2.004 ordenó remitir las diligencias a la Fiscal Coordinadora para que decidiera suspender la investigación, la cual ordenó el 28 de diciembre de 2.004. Luego, el 6 de marzo de 2.009 fue remitida la copia de la versión libre del postulado del 15 de diciembre de 2.008 en la cual confesó el hecho. De allí que el 13 de abril de 2.009, se ordenaron unas pruebas y mediante resolución del 1 de julio de 2.010 se le impuso detención preventiva, pero el 8 de julio de 2.010, el Magistrado de Control de Garantías ordenó la suspensión del proceso |278|.

4.1.14 El homicidio de Mónica Patricia Agudelo Mejía

288. A eso de las 8:00 de la noche del 1 de febrero de 2.003, en la calle 2 No. 8 A Este 26 del barrio El Limonar 1 del corregimiento San Antonio de Prado, el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán le disparó en varias ocasiones a Mónica Patricia Agudelo Mejía con un revólver calibre .38 delante de su madre María Noelia Mejía y sus hijos menores de edad Stiven y Carolinek Álvarez Agudelo.

Según la versión del postulado, Aldemar Alexander Noreña López, alias Alex Cuñado, ordenó darle muerte porque estaba poniendo en riesgo al postulado y a la organización, pues le reclamaba a éste la muerte de su hija Leydy Andrea Álvarez Agudelo.

Según la evidencia, Mónica Patricia Agudelo Mejía tenía 34 años de edad, era gestora de tránsito y tenía una esperanza de vida de 38 años más.

Efectivamente, ese fue el motivo del homicidio, pues la víctima le hacía continuos reclamos al postulado por la muerte de su hija. Pero, esos reclamos no eran infundados, pues tanto la víctima como su hijo Hernán Stiven Álvarez Agudelo señalaron al postulado como el responsable de la muerte de Leydy Andrea Álvarez Agudelo, a quien la mando a matar porque habían discutido. Aunque inicialmente el postulado negó su responsabilidad en ese hecho, en la versión libre del 5 de marzo de 2.012, lo asumió por línea de mando y de allí que le fuera imputado en audiencia realizada el 22 de julio de 2.013. El señor Ernesto Quiroz Toro también declaró que Alex y otro sujeto apodado Toño mataron a su hijo Darwin Quiroz el 10 de julio de 2.003. Sin embargo, el postulado en versión libre del 5 de marzo de 2.012, negó su responsabilidad en este hecho.

289. El Fiscal 14 Delegado, doctor Jairo Guarín Arenas, solicitó y obtuvo copias del informe No. 024/009 del 13 de febrero de 2.003, aportado en la investigación adelantada por la muerte de Leydy Andrea Álvarez Agudelo, en el cual se señalaba a "Alex o Alexander" como autor del homicidio de Mónica Patricia Agudelo Mejía, porque lo inculpó del asesinato de su hija. En dicho informe se individualizó e identificó a "Alex o Alexander" como Édgar Alexander Erazo Guzmán y se establecieron sus datos personales, entre otros, teléfono y domicilio.

El doctor Guillermo Alonso Uribe Rueda, quien asumió el cargo de Fiscal 14 Delegado, también realizó una inspección judicial a la investigación seguida por la muerte de Iván Darío Gómez Álvarez, en la cual relacionó la declaración de la víctima Mónica Patricia Agudelo Mejía, quien acusaba a "Alexander" como quien mandó a matar a su hija.

A pesar de que el postulado fue señalado como el responsable del homicidio de Mónica Patricia Agudelo Mejía, que estaba identificado y que el móvil estaba establecido claramente, el Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda, mediante resolución del 1 de julio de 2.004, decidió suspender la investigación y ordenó archivarla a pesar de que desde el 13 de febrero de 2.003 se tenía esa información. Por lo tanto, se ratificará la orden de expedir copias para investigar al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe, por su evidente omisión ante tan grave infracción |279|.

4.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

290. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán por los delitos de concierto para delinquir agravado (párrafo 263), consagrado en el artículo 340 numerales 2 y 3 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 733 de 2.002, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias, tipificados en los artículos 365, 366 y 346 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor en modalidad dolosa.

291. En los casos de Rubén Darío Mesa Puerta, Carlos Alberto Mesa Escobar y Jonathan Steven Pulido Guarín (párrafos 264 y 266, respectivamente), la Fiscalía formuló imputación por los delitos de homicidio y secuestro agravados, descritos en los artículos 103 y 104 numeral 7 de la Ley 599 de 2.000, 269 y 270 numeral 11 del Decreto Ley 100 de 1980, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa.

292. Frente a los casos de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, Víctor Norbey Cañaveral Vélez y Víctor Hugo López Soto (párrafos 268 y 270, respectivamente), la Fiscalía formuló imputación por el delito de homicidio agravado descrito en los artículos 103 y 104 numeral 7 de la Ley 599 de 2.000, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa.

293. En los casos de Heriberto Antonio Caro Bedoya, Everardo de Jesús, Nicolás de Jesús y José de Jesús Espinosa Velásquez, Herman Augusto Espinosa Villa, Andrés Fernando Arboleda Arboleda, Alirio Antonio Villa y Mónica Patricia Agudelo Mejía (párrafos 272, 276, 278, 286 y 288, respectivamente), la Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida, artículo 135 parágrafo numeral 1 de la Ley 599 de 2.000, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa, excepto el caso de Mónica Patricia Agudelo que lo hizo en la calidad de autor material.

294. En el caso de José Abigail Caro Bedoya y Elidia de Jesús Cardona (párrafo 274), la Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículos 135 parágrafo numeral 1 y 159 de la Ley 599 de 2.000, como coautor y bajo la modalidad dolosa.

295. En los hechos donde son víctimas Gilberto Antonio Cardona, Carlos Mario Gañan García, José Humberto Echavarría Cardona y Albeiro Echavarría Chavarriaga (párrafos 282 y 284, respectivamente), la Fiscalía formuló cargos por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro agravado, artículos 135 parágrafo numeral 1, 168 y 170 numerales 10 y 16 de la Ley 599 de 2.000, modificados por los artículos 1 y 3 de la Ley 733 de 2.002, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa.

5. El caso de Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias El Aguacate

5.1 Los hechos atribuidos al postulado

5.1.1. El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

296. El postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, conocido como Mauro o El Aguacate, ingresó al Bloque Cacique Nutibara en el segundo semestre de 1.998 y como miembro de éste utilizó revólveres calibre .38, pistolas 9 mm y una escopeta de dos cañones. El día de su desmovilización utilizó un uniforme de uso privativo de la fuerza pública, que le fue entregado ese día, pues durante el tiempo que permaneció en el grupo siempre vistió de civil.

De acuerdo a su versión, ingresó por intermedio de Dany Alejandro Urán Ocampo, un primo suyo conocido como El Mellizo, porque las milicias de Yarumito y La Finquita lo querían matar, pues creían que era un informante. Durante su permanencia en el Bloque Cacique Nutibara operó en los barrios La Finca y Yarumito de Itagüí y sus comandantes fueron Aldemar Alexander Noreña López, alias Alex Cuñado, y Witmar Esteban Sánchez Arango, apodado Pomponio, ya fallecido. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal del postulado y de su vinculación al Bloque Cacique Nutibara |280|.

La evidencia aportada por la Fiscalía demuestra que Mauro Alexander Mejía Ocampo era un miembro de la banda La Unión del municipio de Itagüí, la cual estaba adscrita a la llamada Oficina de Envigado. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó el 19 de marzo de 2.010, junto con Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido como el Cebollero y Mauricio Alberto González Sepúlveda, cabeza financiera del bloque y jefe de la banda La Unión, respectivamente, por el delito de concierto para delinquir, por conformar y financiar un grupo armado ilegal que tenía como centro de operaciones los municipios de Envigado e Itagüí, al cual se le atribuyen múltiples homicidios, desplazamientos forzados, torturas, hurtos y extorsiones y con ese fin se concertaron sus miembros. De acuerdo a la sentencia, al postulado no sólo se le conocía como Mauro y El Aguacate, sino que también usaba el alias de Nelson |281|.

Pero, el postulado no sólo pertenecía a la banda La Unión, sino que era el jefe de ésta en los barrios Yarumito y La Finquita de Itagüí, los cuales eran controlados por dicha banda. De acuerdo a los informes de Policía Judicial y las entrevistas a varias testigos, entre ellas, Cristina Díaz, Sor Angela Taborda y Claudia Ledesma Vélez, él "era el que mandaba el barrio" y "el jefe de la misma es Mauro". Como declaró una de ellas, el autor del homicidio de Alonso Tabares dependía o trabajaba para él. Además, el hijo de dicha testigo fue amenazado de muerte porque no se quería unir a la banda la Unión. La banda también utilizaba a los menores como informantes o para que les guardaran las armas |282|.

El postulado Mauro Alexander Mejía, sin embargo, no solo negó pertenecer a la banda La Unión, sino que omitió u oculto esos otros delitos |283|.

297. El 25 de marzo de 1.999, mientras pertenecía a dicha banda, fue condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones a la pena de 8 meses de prisión, pues el 2 de diciembre de 1.998, recién cumplidos los 18 años de edad, fue sorprendido con una escopeta recortada de dos cañones. Sin embargo, se le suspendió la pena |284|.

5.1.2 Las exacciones y contribuciones arbitrarias

298. Durante el 2.000, o a comienzos del 2.001, según confesó, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, junto con Giovanni Cuartas Ocampo, alias Nene o Natilla, Juan Gabriel Ruíz Zapata, apodado Lulo, cuyo nombre no reveló el postulado, pero se conoció en el proceso adelantado por el atentado a Luz Mery Diosa y el homicidio de su hijo, y otro sujeto conocido sólo como Mauricio, les impusieron y cobraron contribuciones arbitrarias a los pobladores del barrio Yarumito. Conforme a la versión del postulado, de común acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, se reunieron en el salón de ésta para informarles que iban a vigilarlo y, para esos efectos, las casas, en total unas 600 de las 900 que lo componían, contribuirían con mil pesos semanales ($ 1.000), las tiendas, unas 20, aportarían cinco mil pesos cada 8 días ($ 5.000) y los vehículos que parqueaban en la noche otros cinco mil pesos ($ 5.000). Ese fue un convenio voluntario, pues no había consecuencia alguna si no pagaban. Simplemente, "Dios les pague, todo era muy gentil".

La evidencia enseña que la organización criminal a la que pertenecía el postulado operaba por lo menos desde 1.998 y para el año 2.000, o comienzos de 2.001, habían cometido múltiples delitos. Eso significa que para entonces tenían suficiente control del barrio -"teníamos el poder en todo Itagüí", llegó a decir el postulado Mauro Alexander Mejía en la versión del 24 de junio de 2011 |285|- y sus actos habían aterrorizado a la población, antes de convocarlos a la reunión. Si bien algunos vecinos declararon que dicha contribución era voluntaria -una de ellas llegó a decir que Mauro Alexander "era una persona honorable" y con él "se acabó el ladronismo", otra que "se notaba el respeto de la gente para con Mauro" y otro declaró que él sabía de sus actividades delictivas, pero, "la comunidad estaba de acuerdo" con la contribución porque "él colaboraba mucho" |286|-, otros declararon que si no la pagaban corrían el riesgo de sufrir las consecuencias. A muchos los obligaron a abandonar el barrio, en otros casos amenazaron a la familia o robaron su vivienda y a más de un conductor lo hicieron desocupar el barrio. Uno de éstos afirma que todos los conductores fueron víctimas de esa práctica, pero ninguno se atrevía a denunciarla por miedo. El informe del CTI número 313 del 27 de julio de 2.011 también deja constancia que algunos moradores se negaron a dar información porque sentían temor |287|.

La Sala no descarta que algunos pagaran la contribución voluntariamente, aquellos que apoyaban al grupo armado y alababan sus prácticas, o se valían o aprovechaban de ellas, pero la evidencia indica que se trataba de una contribución forzosa y arbitraria, no solo por las circunstancias que rodeaban la conducta, sino por las consecuencias que podían sobrevenirle a quienes se resistieran.

299. Por ese hecho, no se adelantó investigación alguna y aunque se expidieron copias de la confesión para investigarla -la Sala no entiende por qué, si el delito fue confesado en este proceso-, todavía está en investigación previa.

5.1.3 El homicidio de Bladimir Ojeda Álvarez

300. Poco antes de las 5 de la tarde del 15 de mayo de 2.002, en la carrera 54 B con la calle 29 AA del barrio La Finquita de Itagüí, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo le dio muerte a Bladimir Ojeda Álvarez dentro del taxi que éste conducía en esos momentos. De conformidad con la versión del postulado, lo hizo cumpliendo órdenes de Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio, porque transportaba milicianos en su vehículo. Éste ya lo había llamado para que lo esperara en el barrio La Finquita cuando llegara en el taxi de la víctima. Al llegar, el postulado se le acercó de frente y, cuando intentó huir, le hizo un primer disparo al taxista en la oreja y luego otros más por la ventanilla. En la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos precisó que no lo conocía, ni sabía por qué tenía que asesinarlo y fue después que Witmar Esteban Sánchez le contó que transportaba a los milicianos. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal de ese hecho.

La evidencia enseña que el hecho ocurrió de otra forma y por otros motivos.

Bladimir Ojeda Álvarez, un taxista de 29 años de edad, con educación media y una esperanza de vida de 38.3 años, llegó esa tarde a la carrera 54 B con la calle 30 con un pasajero, como se desprende del Informe de la Estación de Policía de Itagüí del 15 de mayo de 2.002, lo cual concuerda con la versión del postulado. Sólo que, según el Informe de la Policía, el pasajero le disparó al taxista por detrás antes de bajarse. Esa información es consistente con la necropsia, no así la del postulado, porque en ésta se dejó constancia de que la víctima recibió 5 impactos, todos en la parte posterior y con dirección de atrás hacia adelante, uno de los cuales presentaba rastros de hollín, lo que indica que uno de los disparos por detrás fue a semi-contacto. En el levantamiento del cadáver no le encontraron pertenencia alguna, a pesar de que eran alrededor de las 5 de la tarde y todo el día había trabajado en el taxi. Su compañera y su suegro declararon también que llevaba el dinero para pagar los servicios y el arriendo, el cual tampoco apareció. Tampoco le encontraron el reloj, un anillo y una cadena. Esa evidencia es consistente con las informaciones de que lo mataron para robarle.

La víctima también tuvo conflictos con Witmar Esteban Sánchez, alias Pomponio -el jefe de Mauro Alexander Mejía-, quien lo amenazó a raíz de ellos, así su compañera declare que no habían vuelto a tener diferencias. Igualmente, había tenido serios enfrentamientos con una señora Gladys, con la cual había tenido una relación sentimental, quien también lo amenazó y salía ahora con un miembro de la banda La Unión. Así mismo, se conoce que algunos hermanos de su compañera pertenecían a la banda La Unión y ésta había tenido roces con Gladys a causa de la relación de su compañero con ella |288|.

Esa evidencia enseña que el homicidio del taxista Bladimir Ojeda Álvarez no se ejecutó como confesó el postulado, sino que a la víctima se le disparó desde atrás y por la espalda y los primeros disparos, si no todos, los hizo el pasajero. Y ese hecho se cometió para despojarlo de sus bienes, bien para facilitar o consumar dicha conducta o bien para asegurar la impunidad de los partícipes, o por las diferencias con los miembros de la banda La Unión o con personas allegadas a éstos y como una especie de castigo o represalia, o por la suma de ambos motivos, pero no por transportar a los milicianos en su taxi, de lo cual no hay evidencia alguna.

301. El 11 de marzo de 2.004, la Fiscal 104 Delegada Alexandra Vélez Rincón decidió suspender la investigación previa y archivar el proceso, sin verificar y ahondar en las diferencias y conflictos de la víctima y los nexos del hecho con la banda La Unión, sin identificar y oír a los vecinos del lugar y sin requerir y/o esperar el informe de la policía judicial sobre los autores, que había solicitado por oficio del 21 de octubre de 2.003, año y medio después del hecho y 6 meses antes de suspender la investigación previa.

Como en los demás casos, sólo a raíz de la confesión del postulado y de las copias expedidas de esa actuación se reactivó la investigación. El 17 de diciembre de 2.011, 9 años y más de 6 meses después, se le dictó medida de aseguramiento por ese hecho y se fijó el 13 de noviembre de 2.012 para la diligencia de formulación y aceptación de los cargos para dictar sentencia anticipada, la cual no se realizó.

5.1.4 El homicidio de José Alfredo Acevedo Bustamante

302. El 12 de julio de 2.002, en la carrera 54 B # 29 AA 10 del barrio La Finquita de Itagüí, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo le disparó con una pistola 9 mm. a José Alfredo Acevedo Bustamante y ya en el suelo, su primo Dany Alejandro Urán Ocampo, conocido como El Mellizo, le hizo otros disparos. De acuerdo a la versión del postulado, la orden de matarlo la dio Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio, porque "la había embarrado muy feo", lo cual significa que no estaba cumpliendo las órdenes o estaba haciendo cosas que no debía, o cosas ilegales y a su criterio, aunque en su versión del 13 de noviembre de 2.008 había manifestado que no se enteró cual era el motivo para matarlo y sólo lo hizo "por conectarse con los grandes".

La evidencia enseña que a José Alfredo Acevedo Bustamante, un joven de 21 años de edad y con una esperanza de vida de 46 años, comisionista de vehículos y conocido como Empella, estuvo detenido por portar armas de fuego y unos 15 días antes había sido detenido por un hurto cometido a una bodega en Sabaneta. De acuerdo a la información consignada en el informe de policía judicial 2.080 del 22 de septiembre de 2.003, el occiso mantenía relaciones con una banda que operaba en el barrio La Finquita, comandada por un joven conocido como Mauro, quien al parecer le dio muerte. Sabemos ya que no era una apariencia. Tres días antes del homicidio, un hombre y una mujer le habían hecho un atentado en su casa y unos 10 minutos antes de éste, la policía dispersó a un grupo de jóvenes que estaban en la esquina de su casa. Según su hermana Mónica Acevedo, el día del homicidio unos hombres lo persiguieron en una moto DT 125 azul y una vez lo alcanzaron, le dispararon y lo remataron en el suelo. Aunque son contradictorias sobre la cantidad, su hermana y su compañera declararon que éste, además de su anillo de matrimonio, una cadena de oro y unas joyas de esta última, llevaba una considerable suma de dinero para el arrendamiento de un inmueble, pero en el levantamiento sólo le encontraron la suma de ocho mil pesos ($8.000) y una argolla de metal. De acuerdo a la necropsia, la víctima recibió 7 impactos, la mayoría en la cabeza, uno de ellos con tatuaje |289|.

Aunque la Sala no puede descartar que el motivo del homicidio haya sido el que enunció el postulado en términos muy amplios, pues hay informes de las relaciones de la víctima con la banda que dirigía el postulado y ya le habían hecho un atentado 3 días antes, la evidencia indica que le hurtaron sus pertenencias, antes o después de matarlo, como algo ocasional y secundario al homicidio, que el acusado negó, como ocultó también que ejecutaron el delito en una motocicleta, y no a pie como declaró, de la cual no ha dado cuenta para los efectos de la restitución o reparación.

303. El 18 de marzo de 2.004, el Fiscal 113 Delegado Milton Javier Rodríguez suspendió la investigación previa y archivó la actuación. En el curso de ésta sólo entrevistó a la esposa y la hermana del occiso y solicitó la asignación de personal de policía judicial para investigar los móviles y autores del delito. Sólo el 23 de septiembre de 2.002, más de un año después de la solicitud y de haberse dado la orden de trabajo, el investigador Juan Donaldo Prieto presentó el informe en el que dejó constancia de que el autor, al parecer, era un joven conocido como Mauro, quien comandaba una banda que operaba en el barrio La Finquita. A pesar de esa información y sin realizar ninguna otra actividad, el fiscal archivó el proceso. Esa omisión no sólo es notoria, si no que es grave porque involucraba la actividad de una organización o banda criminal, por lo que la Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo |290|.

5.1.5 El homicidio de Mauricio Restrepo Diosa, la tentativa de homicidio de Luz Mery de Jesús Diosa, las lesiones personales de Pedro Luis Restrepo Loaiza y el desplazamiento forzado de Luz Mery de Jesús Diosa y su familia

304. A eso de las 8 de la mañana del 9 de febrero de 2.002, cuando la señora Luz Mery de Jesús Diosa salía de su casa ubicada en la calle 50 A con la carrera 30 del barrio Yarumito de Itagüí, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, junto con otros compañeros suyos, la amenazó con un arma de fuego para que abandonara el barrio. Como ésta se resistió, en medio de su huída y luego de forcejear con ella, la lesionó con un machete. Al día siguiente, cuando su hijo Mauricio Restrepo Diosa y su esposo Pedro Luis Restrepo Loaiza se dirigían al hospital, el postulado mató al primero e hirió al segundo y 3 días después amenazó a toda la familia para que se fueran del barrio. A raíz de la amenaza, todo el núcleo familiar, compuesto por 8 personas, abandonó la casa donde vivían.

Aunque en la versión libre del 26 de febrero de 2.009 el postulado negó el desplazamiento de Luz Mery de Jesús Diosa y su familia, luego lo admitió. De acuerdo a su versión, la orden para hacerla ir del barrio la dio Witmar Esteban Sánchez Arango, alias Pomponio, porque le llevaba informaciones a la policía -según dijo en la versión del 13 de noviembre de 2.008- o porque difundía rumores o informaciones falsas -como declaró en la versión del 25 de junio de 2.010-. El día de los hechos, le intentó disparar con un revólver, pero éste no le dio fuego y sólo la lesionó con un machete. Al día siguiente, y ante la intención de Mauricio Restrepo Diosa de atentar contra su familia, llamó a Witmar Esteban Sánchez y éste le dio la orden de matarlo. Y, según relató el fiscal, cuando vio que Mauricio Restrepo iba detrás de su esposa con un objeto brillante en la mano, le disparó porque tenía que escoger entre la vida de éste y la de su compañera y como Pedro Luis Restrepo Loaiza se le abalanzó, también le disparó. Mauricio Restrepo Loaiza, además, mató a Yerli Uber Gómez, su mejor amigo y la víctima Luz Mery Diosa, madre de Mauricio, le atribuyó ese hecho al Bloque Cacique Nutibara para exculparlo. Al describir el hecho de ese modo, el postulado no hizo más que proclamar que ejecutó el homicidio por un error de prohibición indirecto -el que en otra época se conoció como una legítima defensa putativa-, que excusa su responsabilidad en la muerte de Mauricio Restrepo y el intento de homicidio de su padre Pedro Luis Restrepo Loaiza. En esencia, esa fue también la presentación que hizo el fiscal de esos hechos.

La evidencia enseña que Marcela Viviana Abad Diosa, hermana de Mauricio Restrepo Diosa, era la compañera de Giovanni de Jesús Cuartas Ocampo, un primo del postulado a quien apodaban Nene o Natilla, con quien procreó una niña. Al separarse iniciaron una disputa por la custodia de ésta, que el Instituto de Bienestar Familiar resolvió a favor de la madre y de allí se derivaron una serie de amenazas contra su familia.

La sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí del 31 de octubre de 2.003, que condenó al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo por la tentativa de homicidio de Luz Mery Diosa y el homicidio de su hijo Mauricio Restrepo Diosa, reconoció que unos días antes, el 28 de enero de 2.002, Dany Alejandro Urán y Giovanni de Jesús Cuartas, padre de la niña, mataron a un amigo de Mauricio y lo hirieron a él y los padres de éste, Pedro Luis Restrepo y Luz Mery Diosa, los denunciaron a los dos, ambos primos del postulado, por esos hechos. Esa denuncia coincide con una de los motivos expuestos por el postulado para atentar contra la vida de esta última, la de llevarle informaciones a la policía. Sólo que no eran informaciones sobre la actividad del grupo armado ilegal, sino una denuncia penal por un hecho ilícito cometido por dos familiares del postulado, lo cual constituye el ejercicio de un derecho propio, pero que éste no podía permitir o tolerar porque rompía con esa especie de ley del silencio impuesta por el grupo armado ilegal y la dominación y sumisión de todos los habitantes y que había que castigar con el desplazamiento de toda su familia, o la vida, más aún si Marcela Viviana Abad Diosa, hija de Luz Mery y hermana de Mauricio, también le había disputado la custodia de su hija a Giovanni Cuartas Ocampo, uno de los familiares del postulado.

La sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí reconoce asimismo que en el atentado contra Luz Mery de Jesús Diosa, además del postulado Mauro Alexander Mejía, participaron Dany Alejandro Urán Ocampo, alias El Mellizo, Giovanni de Jesús Cuartas Ocampo, conocido como Nene o Natilla, Alex López Molina, apodado La Nana y Juan Gabriel Ruíz Zapata, conocido como Lulo, todos ellos miembros de la banda como se deriva de la confesión del postulado sobre las exacciones o contribuciones arbitrarias, pero cuya participación en ese atentado omitió, u ocultó.

El homicidio de Mauricio Restrepo Diosa y las lesiones causadas a su padre, el señor Pedro Luis Restrepo tampoco ocurrieron como lo narró el postulado. No es cierto que aquél amenazara a su familia o fuera detrás de su esposa con un objeto en la mano, pues la sentencia que lo condenó descarta dicha explicación y cualquier asomo de defensa legítima o defensa putativa o error indirecto de prohibición. La evidencia, además, enseña que los dos iban a visitar a su madre y esposa, la cual estaba recluida en el hospital a causa de las lesiones que le había ocasionado el postulado Mauro Alexander Mejía el día anterior, cuando éste los atacó.

A raíz de las amenazas del postulado, que eran serias como lo demuestran el homicidio y los atentados, la familia de la señora Luz Mery de Jesús Diosa se desplazó al municipio de Santa Bárbara el 12 de febrero de 2002. Para sacar sus efectos personales de la casa debieron solicitar la protección de la policía. Pero, hasta Santa Bárbara llegaron los largos brazos del Bloque Cacique Nutibara, y del postulado Mauro Alexander Mejía, en particular. Al poco tiempo de vivir allí, la joven Marcela Viviana Abad, aquella que había convivido con Giovanni Cuartas Ocampo y con el cual había procreado una niña, fue secuestrada y abusada sexualmente. La joven escuchó que quienes la retuvieron y abusaron de ella hablaban con Mauro Alexander Mejía, y que éste iba en camino.

A raíz de ese otro hecho, la familia se desplazó de nuevo a Pereira. La conducta del postulado no solo obligó a desplazarse dos veces a la familia de la señora Luz Mery Diosa. Su casa ubicada en la calle 29 A No. 50 C 39 y 50 C 30 de Itagüí estuvo abandonada 4 años, pero uno de los paramilitares la habitó durante 8 meses y el postulado Mauro Alexander Mejía mando a solicitar las llaves para alquilarla, sólo que la persona que había quedado a cargo de la vivienda dijo que ésta era suya y no se las entregó |291|.

Esa evidencia indica que el desplazamiento forzado y los atentados que sufrió la familia Restrepo Diosa no fueron porque le llevara información a la policía o difundiera habladurías y falsos rumores, si no por la disputa entre Marcela Viviana Abad y Giovanni Cuartas Ocampo, primo del postulado, por la custodia de su hija y por haber denunciado a los autores del atentado contra Mauricio Restrepo Diosa y su amigo, vinculados al grupo armado. Pero, también enseña que el postulado omitió u ocultó a los demás partícipes en esos hechos, así como omitió el uso indebido y el intento de despojo de la vivienda de la señora Luz Mery Diosa y la retención y abuso sexual de su hija Marcela Viviana Abad y mintió sobre las causas y las circunstancias del homicidio de Mauricio Restrepo Diosa y las lesiones de su padre Pedro Luís Restrepo.

305. Aunque el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí condenó al postulado por el homicidio de Mauricio Restrepo Diosa y la tentativa de homicidio de Luz Mery Diosa a la pena de 7.000 días de prisión, la cual fue confirmada por la Sala Penal de este Tribunal, por los otros hechos no se realizó investigación alguna. Pero, ni las autoridades de Itagüí, ni de Santa Bárbara, ni de Pereira lo registraron como desplazados porque obedecía a delincuencia común.

5.1.6 El homicidio de Armando de Jesús Vásquez Castro

306. Alrededor de las 8:00 de la noche del 20 de noviembre de 1.998, en la calle 30 B No. 50 B 93 del barrio La Finquita de Itagüí, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo y otro compañero suyo apodado El Mellizo -no está claro si es Dany Alejandro Urán Ocampo, quien tiene el mismo apodo- mataron a Armando de Jesús Vásquez Castro. De acuerdo a la versión del postulado, la orden de matarlo provino de Witmar Esteban Sánchez Arango, más conocido como Pomponio y él la realizó sólo "para probar finura" y porque "tenía que hacer mi trabajito bien hecho". A la víctima la trajo Dany Alejandro Urán desde Envigado y apenas llegó le disparó en 12 ocasiones con un revólver calibre .38 special, mientras que Urán Ocampo le disparó con una escopeta de doble cañón.

La evidencia enseña que Armando de Jesús Vásquez Castro, un señor de 31 años de edad, con educación básica secundaria y oficial de construcción, fue retenido y sacado en un vehículo del barrio Alcalá de Envigado. El hecho se le atribuyó a un grupo "muy peligroso" que obedecía órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano. Unos meses antes, su padre lo encontró en una banca del parque de dicho municipio golpeado y con hematomas en la cara y el cuerpo. Su esperanza de vida era de 38 años.

307. El 6 de julio de 1.999, como en todos los casos examinados por la Sala, la Fiscal María del Pilar Vélez Estrada suspendió la investigación previa y archivó la actuación, sólo con el testimonio de su esposa y sin adelantar ninguna otra averiguación, aunque el homicidio se cometió en la vía pública y cerca a un establecimiento de comercio. Sólo a raíz de la confesión del postulado y las copias de ésta con destino a la justicia ordinaria, el 29 de septiembre de 2.001 se abrió la instrucción, pero el 6 de noviembre de 2.012 el Fiscal 132 Delegado revocó esa decisión y la orden de oírlo en indagatoria porque no podía continuarse esa investigación porque ésta estaba en curso.

5.1.7 La falsedad en documento público y el uso del documento falso

308. Durante los primeros meses del 2.002, el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo se identificó con la cedula de ciudadanía número 98.626.001, a nombre de Nelson Albeiro Ceballos Galeano, la cual alteró colocándole una fotografía suya. Con ésta se identificó también en La Ceja durante el proceso de desmovilización. Posteriormente, Aldemar Alexander Noreña López, conocido como Alex Cuñado, le elaboró otra cédula con los mismos datos de la anterior, con la cual se identificó durante 2 o 3 años. Esa fue también la presentación que hizo el Fiscal de ese hecho.

La evidencia enseña que el postulado Mauro Alexander Mejía se identificó con esta segunda cédula falsa hasta su captura, la cual se produjo el 20 de marzo de 2.006, más de dos años después de su desmovilización. Con esa cédula falsa, y utilizando el nombre de Nelson Albeiro Ceballos, celebró un contrato de trabajo con la empresa Compi Ltda de agosto a diciembre de 2.005 y los documentos para su vinculación a la ARP y a Coomeva |292|. Si bien el postulado Mauro Alexander Mejía reconoció que continuó usando esa cédula falsa hasta marzo del 2.006 para evitar su captura por el atentado a Luz Mery Diossa y el homicidio de su hijo Mauricio Restrepo Diossa |293|, eso significa que continuó delinquiendo después de su desmovilización. Eso significa que violó el compromiso de cesar toda actividad delictiva.

5.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

309. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal y utilización ilegal de uniformes e insignias (párrafo 296), descritos en los artículos 340 inciso 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 732 de 2.002, 365 y 346 de la Ley 599 de 2.000, a título de autor y bajo la modalidad dolosa.

310. La Fiscalía también le formuló cargos por el delito de exacciones y contribuciones arbitrarias (párrafo 298), descrito en el artículo 163 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor, bajo la modalidad dolosa.

311. En los casos de Bladimir Ojeda Álvarez y José Alfredo Acevedo Bustamante (párrafos 300 y 302), la Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 parágrafo No. 1 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa.

312. Frente a los casos de Pedro Luis Restrepo Loaiza y Luz Mery de Jesús Diosa (párrafo 304), la Fiscalía formuló cargos por los delitos de lesiones personales en persona protegida de Pedro Luis Restrepo y desplazamiento forzado de ambos, descritos en los artículos 136, 111, 112 y 159 de la Ley 599 del 2.000, en calidad de coautor y bajo la modalidad dolosa.

313. Respecto de Armando de Jesús Vásquez Castro (párrafo 306), la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio agravado descrito en los artículos 103 y 104 numeral 7 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor, bajo la modalidad dolosa.

314. Como el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, durante los primeros meses del 2.002, se identificó con la cédula de ciudadanía número 98.626.001, a nombre de Nelson Albeiro Ceballos Galeano, la cual alteró colocándole una fotografía suya y luego se identificó con otra cédula que fue elaborada por Aldemar Alexander Noreña, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de falsedad material en documento público y uso de documento público falso (párrafo 308), artículos 287 y 291 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor, bajo la modalidad dolosa.

Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado y de la evidencia aportada por la Fiscalía, el delito de uso de documento falso fue cometido en calidad de autor. Por tanto, la Sala modificará dicha imputación en ese sentido.

6. El caso de Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias El Rolo

6.1 Los hechos atribuidos al postulado

6.1.1 Concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y de uso privativo de las Fuerzas Militares y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

315. De acuerdo con su versión libre, siendo aún menor de edad, el postulado Juan Mauricio Ospina ingresó en el año 1.997 a una estructura de las autodefensas, la cual se integró en el año 2.000 al Bloque Cacique Nutibara, y como miembro de ésta utilizó armas de defensa personal y armas y uniformes de uso privativo de la fuerza pública. Ingresó por conducto de Diego Alejandro Hernández Cano, conocido como Tato y lo hizo por iniciativa propia, movido por el actuar arbitrario de los miembros de los Comandos Armados del Pueblo - CAP- |294|.

Según su versión, hizo parte de una estructura denominada Bloque Sur, cuya área de operación comprendía desde el sector de La Raya o Santa María La Vieja hasta San Antonio de Prado, pero como miembro de dicha organización armada ilegal le correspondió operar en los barrios Calatrava y El Tablazo del municipio de Itagüí y de manera ocasional en otros barrios aledaños a estos, bajo las órdenes de Joani de Jesús Durango Quiroz, conocido como Giovani Zapata o la Guasa y en compañía de otros de quienes solo suministró sus apodos.

La evidencia enseña que para 1.997 no se había constituido aún el Bloque Cacique Nutibara, y varios testigos lo identifican como miembro del combo El Tablazo, conformado por unos 12 o 15 integrantes. Los apodos de los integrantes de dicha banda coinciden con los señalados por el postulado como miembros de la estructura del Bloque Cacique Nutibara a la cual perteneció |295|. Eso significa que inicialmente perteneció a una banda u organización criminal.

6.1.2 El homicidio de Yobany Corrales Cuartas y Miguel Alejandro Gómez Arias

316. El 21 de enero de 2003, a las 12 y 30 del mediodía, en la calle 67 No. 53-30 del Barrio Balcones de Sevilla del municipio de Itagüí, el postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar y otro sujeto apodado el Siberiano asesinaron a los jóvenes Yobany Corrales Cuartas y Miguel Alejandro Gómez Arias, ambos de 17 años de edad. De acuerdo con su versión, el hecho lo cometió por orden de su jefe Joani de Jesús Durango Quiroz, alias Giovanni Zapata o la Guasa, porque habían hurtado un televisor y un nintendo. Al verlos con el televisor y advirtiendo que uno de ellos llevaba un arma en la mano le disparó por la espalda con un revólver calibre 38 a uno de los jóvenes, en tanto que su compañero le disparó al otro con una pistola 9 mm y lo despojó de un revólver marca Llama Martial. Aunque desconocía quienes eran las víctimas, al día siguiente se enteró por las noticias que uno de ellos era Víctor Cuartas (sic) -al parecer Yobanny Corrales Cuartas- quien era un objetivo militar de la organización por pertenecer a los Comandos Armados del Pueblo -CAP-.

La evidencia indica que los jóvenes eran estudiantes de bachillerato y tenían procesos en el Juzgado de Menores del municipio de Itagüí, Miguel Alejandro Gómez por hurto y porte de estupefacientes y Yobanny Corrales Cuartas por hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. Este último era adicto a la marihuana, según lo reveló su madre en declaración ante la Fiscalía. Ésta también declaró que trabajaba como celador en la noche y al momento de los hechos se encontraba conversando con un amigo en el sitio donde guardaban y cuidaban unos materiales. La necropsia indica que Yobanny Corrale recibió 9 impactos de arma de fuego y Miguel Alejandro Gómez recibió 12 y ambos tenían una esperanza de vida de 49.2 años.

Las circunstancias del hecho y las características de las víctimas indican que el doble homicidio está ligado a sus antecedentes judiciales y a sus hábitos personales, no a su pertenencia a una organización armada ilegal, de lo cual no hay evidencia y que los hechos sucedieron de otra manera.

317. El 13 de septiembre de 2004, la Fiscal 113 Seccional de Itagüí ordenó la suspensión de la investigación y archivó el proceso. Solo a partir de la confesión del postulado y las copias de ésta se reactivó la investigación y el 1 de junio de 2.010 le fue asignada a la Fiscal 51 Especializada, María Fabiola Mejía Muñetón, pero 3 años después todavía está pendiente de designar un defensor de oficio para recibirle indagatoria al postulado.

6.1.3 El homicidio de Joan Andrés Restrepo Quintana

318. El 13 de mayo de 2.001 a las 10 y 30 de la noche, en la carrera 56 A con la calle 57 del barrio El Tablazo del municipio de Itagüí, el postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar le dio muerte con un arma de fuego al joven Joan Andrés Restrepo Quintana de 18 años de edad. Según la versión del postulado, quien ubicó el hecho en mayo de 2.000, el homicidio obedeció a que Joan Andrés Restrepo Quintana era miembro de las milicias y llegó con cinco compañeros más en un vehículo color verde y se enfrentaron con él y cinco compañeros suyos, de los que sólo conocía sus apodos, salvo de Víctor Ospina Bolívar. Todos aquellos salieron huyendo excepto Joan Andrés Restrepo, quien quedó herido y a quien le disparó con una charanga -escopeta- calibre 16.

La evidencia revela que la víctima recibió 2 impactos de arma de fuego, uno en el cráneo con arma de carga única y otro en el tórax con arma de carga múltiple y tenía una esperanza de vida de 53 años. Su cuerpo sin vida fue hallado sobre la vía al lado del vehículo que conducía, el cual también presentaba varios impactos de arma de fuego.

La prueba testimonial demuestra que Joan Andrés Restrepo Quintana era estudiante y frecuentaba el barrio porque allí vivían familiares suyos y no hay evidencia de su relación con las milicias u otros grupos armados |296|. Los hechos tampoco ponen en evidencia un enfrentamiento entre grupos armados ilegales, sino un ataque dirigido directamente contra la víctima, sin que se advierta un móvil claro en este caso, aparte de la inconformidad que causaba la presencia del joven en el barrio con música a alto volumen en su vehículo, junto al cual lo encontraron, pues ni en la declaración del testigo Diego Alejandro Taborda |297|, ni en los informes de la Fiscalía se menciona que hayan resultado otras personas lesionadas o haya habido un enfrentamiento armado, ni hay evidencia de ello. Por el contrario, se trató de un ataque sorpresivo aprovechando el estado de indefensión en que se encontraba la víctima, lo cual, como se verá, es un elemento común a los diversos delitos confesados por el postulado.

319. El 30 de diciembre de 2.002 la Fiscal 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Ana Lucía Jiménez Zapata, se abstuvo de abrir investigación y ordenó el archivo de las diligencias, no obstante la individualización de los responsables hecha por el testigo Diego Alejandro Taborda y el Informe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial del 31 de mayo de 2.002 sobre su identidad. Solo a raíz de la confesión del postulado y la remisión de copias de ésta en mayo de 2.010, se dispuso la apertura de la investigación y se le reasignó a la Fiscalía 32 Especializada, pero aún se encuentra en etapa de instrucción pendiente de escuchar en indagatoria al postulado.

6.1.4 El homicidio de Víctor Hugo Hernández Pedraza y la tentativa de homicidio de Wilson Jaiber López Moreno

320. El 28 de octubre de 2.002 hacia las 3:00 de la tarde el postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar le dio muerte a Víctor Hugo Hernández Pedraza y le causó lesiones a Wilson Jaiber López Moreno, de 18 y 23 años de edad, respectivamente, en el Puente del Artista ubicado en la calle 63 con carrera 52 D del municipio de Itagüí. Según la versión libre, el postulado cometió el hecho por orden de Joani de Jesús Durango Quiroz, alias El Guazón, contra un grupo de integrantes de los Comandos Armados del Pueblo -CAP- que estaban cobrando contribuciones arbitrarias en la bomba Doña María y en las residencias y negocios del barrio Simón Bolívar de Itagüí.

En la versión del 23 de septiembre de 2.008 el postulado afirmó que cometió el hecho en compañía de un sujeto apodado Didier, cuya identidad desconoce, y fue éste quien le disparó a Víctor Hugo Hernández Pedraza con un revólver 38, mientras él lo hizo con una subametralladora contra los demás que salieron huyendo. No obstante, en la versión del 16 de julio de 2.009 manifestó que para la comisión del hecho estuvo acompañado de un sujeto apodado Tato, quien disparó la subametralladora, y fue él quien le disparó a Víctor Hugo Hernández Pedraza con un revólver 38.

La evidencia revela que Víctor Hugo Hernández Pedroza recibió cuatro disparos con arma de fuego de carga única por la espalda y tenía una esperanza de vida de 47.6 años. Además, la prueba testimonial indica que en el lugar de los hechos la víctima estaba fumando marihuana en compañía de otro joven que resultó herido. Éste dijo no conocer a la víctima y que quien les disparó estaba sólo |298|. La prueba testimonial también informa que Víctor Hugo Hernández Pedroza estudiaba los sábados y en la semana trabajaba con su padre en labores de electrónica. Se afirmó que el joven no quiso integrarse a la banda El Tablazo y no pertenecía a ninguna organización armada ilegal |299|. Wilson Jaiber López, según informa la prueba testimonial, había llegado recientemente al sector luego de pagar una condena de 36 meses por un homicidio cometido mientras prestaba el servicio militar en Puerto Berrío y no hay ninguna evidencia de que fuera amigo de la víctima, ni que participara en actividades delincuenciales en el sector.

Tampoco se encuentra correspondencia entre la versión del postulado, contradictoria por demás, y la evidencia obrante en el proceso respecto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y sus móviles. No hay evidencia de que las víctimas fueran milicianos, como lo afirmó el postulado, ni de que el ataque haya sido contra un grupo de delincuentes que se encontraban reunidos luego de cometer un ilícito, como lo manifestó en una de sus versiones. Se advierte que como en otros casos confesados por el postulado, se trató de un ataque sorpresivo aprovechando el estado de indefensión en que se encontraba la víctima y todo indica que el hecho estuvo motivado por la condición de farmacodependiente de Víctor Hugo Hernández Pedroza.

321. El 28 de agosto de 2.003 la Fiscalía 47 Delegada se abstuvo de iniciar investigación y solo a raíz de la confesión del postulado y de la remisión de copias de esta a la justicia ordinaria, en mayo de 2.010 se ordenó la apertura de la investigación y se le reasignó a la Fiscalía 32 Especializada, encontrándose aún en etapa de instrucción, pendiente de escuchar en indagatoria al postulado.

6.1.5 El homicidio de un N.N.

322. Según la versión del postulado, a mediados del año 2.000, en la cancha El Guayabo ubicada en la carrera 57 A con calle 69 C del municipio de Itagüí, Joani de Jesús Durango Quiroz, alias Giovanni Zapata o la Guaza, le disparó a un hombre con un arma calibre 9 mm desde una motocicleta conducida por él. Se trataba de un sujeto a quien le habían decomisado unos fusiles y unos uniformes camuflados, el cual era comandante guerrillero procedente de la Comuna 13, a quien le habían dado la oportunidad de retirarse. No sabe si murió o quedó herido, pues no han podido encontrar evidencia del hecho. De esta misma manera fue presentado el caso por el Fiscal. Sobre este hecho no existen resultados de la investigación conducentes a establecer la veracidad de la confesión. Solo la versión del postulado y la labor de la Fiscalía tendiente a establecer las circunstancias del hecho no han arrojado resultados |300|.

6.1.6 La falsedad personal

323. En diligencia de versión libre, el postulado reconoció haberse identificado en varias oportunidades ante las autoridades con un registro civil correspondiente a Juan David Pabón Bolívar, documento que le fue suministrado por un sujeto conocido como "Tato" y que correspondía a un primo suyo. Lo hizo en dos oportunidades durante el año 2.001, para evadir la responsabilidad penal. En una oportunidad para evadir un porte de armas y, en otra, la ejecución de la orden de captura en su contra por el homicidio de Yeison Esteban Ocampo. Aparte de la confesión del postulado, no obra evidencia alguna que permita ahondar sobre el hecho de manera que pueda establecerse la veracidad de la confesión |301|.

6.1.7 La acumulación de la pena por el homicidio de Yeison Esteban Ocampo Restrepo

324. El Fiscal solicitó la acumulación del proceso adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí, en el cual se profirió sentencia el 12 de julio de 2.002 por la que se condenó al postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar a 14 años de prisión por el homicidio de Yeison Esteban Ocampo Restrepo, apodado "Churro", en hechos ocurridos el 20 de julio de 2.001 a las 2:40 de la tarde en un billar del barrio Calatrava de Itagüí, hecho que no fue imputado, pero si enunciado para el incidente de reparación |302|.

6.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

325. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias (párrafo 315), descritos en los artículo 340 inciso 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 732 de 2.002, 365, 366 y 346 de la Ley 599 de 2.000, a título de autor y bajo la modalidad dolosa.

326. En los casos de Yobany Corrales Cuartas, Miguel Alejandro Gómez Arias y Víctor Hugo Hernández Pedraza (párrafos 316 y 320), la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 parágrafo No. 1 de la Ley 599 de 2.000 en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa y en el caso de Wilson Jaiber López Moreno (párrafo 320), lo hizo por el delito de tentativa de homicidio en persona protegida, artículos 27 y 135 de la misma ley, en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa.

327. En los hechos donde fueron víctimas Joan Andrés Restrepo Quintana y un NN de sexo masculino (párrafos 318 y 322, respectivamente), la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio agravado, artículos 103 y 104 No. 7 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor, bajo la modalidad dolosa.

328. Finalmente, la Fiscalía le imputó el delito de falsedad personal (párrafo 323), descrito en el artículo 296 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa, pues el postulado reconoció haberse identificado en varias oportunidades ante las autoridades con un registro civil correspondiente a otra persona para evadir su responsabilidad penal.

7. El caso de Wander Ley Viasus Torres

7.1 Los hechos atribuidos al postulado

7.1.1 El concierto para delinquir, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y de uso privativo de las Fuerzas Militares y la utilización ilegal de uniformes e insignias.

329. De acuerdo con su versión libre, el postulado Wander Ley Viasus Torres se vinculó al Bloque Cacique Nutibara en enero del año 2.000, cuando fue reclutado por Roger Alberto Zuleta Cano, alias Rogelio, quien dependía de Daniel Alberto Mejía Ángel, correspondiéndole la coordinación social de la comuna 3, concretamente en los barrios San Blas, La Cima 2 y 3, Barrios Unidos, Jardín y el sector del Reversadero, donde desarrolló actividades ilícitas con otras 22 personas hasta su desmovilización, el 25 de noviembre de 2.003 |303|.

Según su relato, actuó directamente bajo las órdenes del sujeto apodado Rogelio, y ante la información de la presencia de milicianos en el sector, realizaba homicidios con armas de fuego de defensa personal |304| y por esa actividad recibía una remúneración de seiscientos mil pesos mensuales ($ 600.000). Solamente el día de su desmovilización, ocurrida en el Palacio de Exposiciones de esta ciudad, portó como acto simbólico un fusil AK-47 de uso privativo de las Fuerzas Armadas y vistió uniformes e insignias alusivas a las AUC.

330. De acuerdo al informe de policía judicial No. 0086 del 25 de julio de 2.008, el postulado fue procesado por el delito de concierto para delinquir, con otras 13 personas de la Banda Los Cobis, por la Fiscalía 8 Especializada de Medellín, quien precluyó la investigación el 15 de febrero de 2.006, decisión que también benefició a Roger Alberto Zuleta Cano, alias Rogelio. En dicha investigación la Fiscalía estableció el desplazamiento forzado de 30 familias en los Barrios Jardín y San José de La Cima 2, que el postulado no confesó |305|.

El postulado fue capturado el 16 de julio de 2.005 para cumplir la condena del Juzgado 12 Penal del Circuito de esta ciudad por los delitos de homicidio, lesiones personales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

7.1.2 El homicidio de los menores Nelson de Jesús Arias David, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera Blandón

331. El 1 de marzo de 2.001, en la calle 89 No. 36 C 08 del barrio San Blas de esta ciudad, el postulado Wander Ley Viasus Torres y un compañero suyo conocido como Magu, cuya identificación no reveló, mataron a los menores de 17 años de edad, Nelson de Jesús Arias David y Jair Alberto Calle y lesionaron a Gonzalo Múnera Blandón, a quien remataron en la Unidad Intermedia de Manrique. Según la versión del postulado, los homicidios los cometió por órdenes de Roger Alberto Zuleta Cano, alias Rogelio, porque los menores pertenecían a las milicias de La Cima 2 -para ese entonces en expansión- y daban información del Bloque Cacique Nutibara a dichas milicias.

La evidencia demuestra que el menor Gonzalo Múnera Blandón, quien tenía una esperanza de vida de 49.2 años, ingresó a la Unidad Intermedia de Manrique, donde 5 jóvenes lo ubicaron y arrastraron hasta el patio del centro asistencial y le dieron muerte. El menor recibió 4 impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax, mientras que el joven Jair Alberto Calle, conductor del vehículo interceptado en que se movilizaban los menores y cuya expectativa de vida era de 49.2 años, recibió 4 disparos en el cuello y el tórax, dos de ellos con tatuaje y ahumamiento. El menor Nelson de Jesús Arias David, por su parte, presentó 5 impactos de arma de fuego, también con tatuaje. Su esperanza de vida se calculó en 49.2 años |306|.

La prueba revela que los menores Nelson de Jesús Arias David, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera Blandón eran estudiantes de undécimo grado del Colegio la Salle y no hay evidencia de su pertenencia a bandas o a las milicias. El segundo de ellos había recibido amenazas, como declaró Alba Inés Álvarez, vecina del sector, y María Raquel Blandón porque "seguían pasando por territorio de la Cima 2" |307|. Las testigos Luz Mila Arias, Luz Elena Calle Piedrahita, progenitora de Jair Alberto Calle, Verónica Aguirre y Paola Andrea Piedrahita declararon también que había una guerra entre los habitantes de San Blas y los barrios la Cima 1 y la Cima 2, "púes no se permitía que se pasara de un barrio a otro" |308|.

La evidencia enseña que el motivo de la ejecución de los menores Nelson de Jesús Arias, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera, quienes vivían en los barrios Jardín y La Cima 2 respectivamente, no fue por su condición de miembros de las milicias, sino por haber traspasado las "fronteras invisibles", entre los barrios San Blas y La Cima 1 y 2 y que en el homicidio de Gonzalo Múnera participaron por lo menos 5 personas, que el postulado omitió u ocultó.

332. El 20 de septiembre de 2.002, el doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, Fiscal 112 Delegado, solicitó la suspensión de la investigación previa y el archivo de la actuación porque no se logró individualizar a los autores del hecho. De allí que el doctor José Valencia Duque, Fiscal Jefe de la Unidad, ordenó su suspensión el 28 de febrero de 2003 |309|. Sólo a raíz de la confesión del postulado y las copias remitidas a la justicia ordinaria, la actuación se reactivó y le correspondió a la Fiscalía 51 Especializada el 18 de octubre de 2.012. Sin embargo, ésta ordenó la suspensión en razón de la negativa del investigado por rendir indagatoria.

7.1.3 El homicidio de Dairo Humberto Amariles

333. El 29 de junio de 2.002, siendo la 1:00 de la madrugada aproximadamente, en el sector de barrios Unidos, el postulado Wander Ley Viasus le dio muerte a Dairo Humberto Amariles |310|. Según el postulado, el homicidio lo cometió por órdenes de Roger Alberto Zuleta Cano, alias Rogelio, porqué la víctima era informante del barrio La Cruz. Él y la víctima residían en el barrio San Blas. El día del homicidio, mientras negociaban una motocicleta, sus compañeros conocidos como Roger y Visaje, cuya identidad no reveló, luego de indagarlo por su presencia en el sector y establecer que había vivido en el barrio la Cruz, le dispararon en la cabeza y el tórax con un revólver calibre 38 y abandonaron su cuerpo en la carrera 65 con calle 59 A, cerro El Volador de esta ciudad.

La evidencia disponible enseña que Dairo Humberto Amariles, un señor de 32 años de edad y con educación básica primaria, era topógrafo y no hay noticia alguna de vínculos con bandas o grupos armados ilegales. Liliana Patricia Jaramillo, compañera del occiso, declaró que al llevar a vivir a la víctima al barrio les indagó a "los muchachos" si había algún problema con su permanencia allí y éstos le respondieron que no |311|. Todo indica que el motivo de su muerte fue el hecho de proceder de otro barrio y la sospecha de que tenía relaciones o vínculos con otras bandas u organizaciones ilegales. Pero, simplemente una sospecha, nada más |312|.

334. El 22 de abril de 2003 el Fiscal 6 Seccional de Medellín, doctor J. Rodrigo Velilla Arias, solicitó la suspensión de la investigación, que fue autorizada por la Fiscal Coordinadora de la Unidad Primera de Vida, doctora Elizabeth Chilamak Neira, el 7 de mayo de 2003 |313|.

7.1.4 El homicidio y la detención de Julio César Carmona Rivera

335. El 13 de julio de 2.001, en la calle 91 con carrera 36 BB, el postulado Wander Ley Viasus Torres asesinó a Julio César Carmona Rivera, alias Chacho. Según el postulado, el homicidio lo cometió por órdenes de Roger Alberto Zuleta Cano, alias Rogelio, porque la víctima era informante de la guerrilla y con su ayuda previamente lo habían retenido en contra de su voluntad en la cancha de fútbol del barrio El Jardín. Posteriormente, le propinaron 4 disparos con una pistola 9 mm.

De acuerdo a la evidencia, el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en un afluente cercano a la nomenclatura Nº 36 AA-010 del barrio San Blas.

Julio César Carmona Rivera, un joven de 20 años de edad, con 4º de primaria y vendedor ambulante, estuvo detenido un mes antes de su ejecución en la Estación de Policía de Laureles por el hurto de un celular y un reloj, en el cual participaron 8 personas, 6 de ellas eran menores de edad, según revelaron su madre Maruja Rivera y su hermana Nasly Carmona Rivera. Estas mismas manifestaron, sin embargo, que no tenía vínculos con bandas u organizaciones ilegales, bien fuera la guerrilla o los paramilitares y no hay evidencia alguna de su vínculo con las milicias |314|. La necropsia practicada al joven, cuya expectativa de vida era de 46.7 años, enseña que recibió 7 impactos de arma de fuego en el cráneo, varios de ellos con tatuaje |315|.

Todo indica que su homicidio obedeció a su captura e investigación por un delito de hurto, pues no hay otra explicación verosímil y ese móvil se corresponde con los patrones y procedimientos del grupo armado ilegal.

336. El 7 de marzo de 2002, la doctora Gladys Zuluaga Giraldo de la Fiscalía 11 adscrita a la Unidad Segunda Seccional de delitos contra la vida e integridad personal solicitó autorización para suspender la investigación.

En razón a ello la doctora Gilma García Jaimes, Fiscal 9 Coordinadora de Unidad Segunda Seccional de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, ordenó la suspensión de la investigación y el archivo del proceso mediante decisión del 21 de marzo de 2.002, pues no se pudo identificar e individualizar al autor o autores del hecho |316|. Posteriormente, el postulado se acogió a sentencia anticipada por el delito de homicidio agravado donde fue víctima Julio César Carmona Rivera y el Juzgado 22 Penal del Circuito de esta ciudad profirió sentencia condenatoria el 25 de febrero de 2.010, misma que fuera modificada el 11 de junio de 2.010 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, pues le reconoció la rebaja de pena por confesión |317|.

7.2. Los cargos formulados por la Fiscalía

337. La Fiscalía 45 Delegada le formuló cargos al postulado Wander Ley Viasus Torres por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias (párrafo 329), descritos en los artículo 340 inciso 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 732 de 2.002 y los artículos 365, 366 y 346 de la Ley 599 de 2.000, a título de autor y bajo la modalidad dolosa.

338. En el caso de Dairo Humberto Amariles, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida (párrafo 333), consagrado en el artículo 135 parágrafo No. 1 de la Ley 599 de 2.000, en calidad de coautor y bajo la modalidad dolosa.

339. En el caso de Nelson de Jesús Arias David, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera Blandón (párrafo 331), la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio agravado, artículo 103 y 104 numeral 7 de la Ley 599 del 2.000, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa.

340. Finalmente, en el caso de Julio César Carmona Rivera (párrafo 335), la Fiscalía 45 Delegada le formuló cargos por los delitos de homicidio agravado y secuestro, descritos en los artículo 103 y 104 numeral 7 de la Ley 599 de 2.000 y artículo 269 del Decreto Ley 100 de 1.980, incluida la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 40 de 1.993, a título de coautor y bajo la modalidad dolosa.

8. Las graves omisiones de la Fiscalía

341. La exposición de los hechos revela que la Fiscalía fue inferior a su misión e incurrió en graves omisiones. En la gran mayoría de los casos, superior al 97%, se suspendió la indagación previa y se archivó el proceso, sin que se abriera investigación formal. Poco importó la presencia de grupos armados ilegales detrás de dichas conductas, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por éstos y el carácter sistemático de los hechos.

342. El Fiscal 45 Delegado describió los hechos en los mismos términos de los postulados, sin cotejarlos con la declaración de las víctimas y la evidencia disponibles. Su presentación es la versión de los victimarios.

343. La Fiscalía tampoco identificó plenamente a los perpetradores, pues la mayoría de las estructuras del Bloque Cacique Nutibara presentadas a la Sala estaban identificadas con los alias y apenas unos cuantos nombres propios, especialmente los de aquellos que ya habían fallecido.

9. La adecuación jurídica de las conductas

9.1. El control formal y material de los cargos

344. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han destacado la importancia y alcance del control formal y material de los cargos formulados por la Fiscalìa y aceptados por los postulados, que le corresponde hacer a la Sala.

    "Para la Corte reviste particular importancia este control que se asigna al juez de conocimiento, el cual debe entenderse como control material de legalidad de la imputación penal que surge a partir de la aceptación de los cargos. Lo anterior implica que el juez de conocimiento debe controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el expediente. Esta interpretación es la única que se ajusta a la garantía de efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. . .

    "De manera que el único contenido posible atribuible a la expresión «de hallarse conforme a derecho» es el control material sobre la calificación jurídica de los hechos. . .

    "En consecuencia la Corte declarará exequible la expresión "de hallarse conforme a derecho" del inciso tercero del artículo 19, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a los hechos que obran en el expediente" |318|.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, en ejercicio de ese control, la Sala de Conocimiento no sólo puede modificar los cargos imputados a los postulados, si la adecuación típica hecha por el fiscal no se ajusta a la ley, sino que puede imputar otros delitos que se desprendan de los hechos confesados e imputados o de las pruebas presentadas por las víctimas. En efecto, desde el año 2.009 tiene dicho que:

    "De esta forma, la intervención de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, no puede limitarse a la de simple avalista de los cargos presentados por la fiscalía y aceptados por el postulado, pues, en esa construcción conjunta de la verdad está en la obligación de verificar, ya sea por iniciativa propia o en virtud de la controversia que planteen los intervinientes, en especial las víctimas y el Ministerio Público, no sólo que los estándares mínimos de verdad, dentro del contexto del grupo armado, se han respetado, sino que lo definido típicamente se corresponde con la realidad. . .

    "Allí, luego de contrastar las diferentes ópticas, los magistrados de conocimiento deben hacer un pronunciamiento que confirme lo postulado por la Fiscalía u obligue de ella al correspondiente replanteamiento, pues, se repite, al fallo debe llegarse con absoluta claridad acerca de los hechos y sus efectos jurídicos.

    "No significa ello que se pretenda cambiar el rol de la fiscalía o se busque reemplazar su función, sino adecuar uno y otra a la forma de justicia transicional que obliga construir una verdad no solamente formal a partir de la intervención de todos los interesados, pues, huelga resaltar, no se trata aquí de que el Fiscal funja dueño de la acusación, en tanto, se reitera, el concepto de adversarialidad no signa la especial tramitación" |319|.

Esa jurisprudencia la reiteró en una decisión posterior, en la cual agregó que

    "¿Puede la Sala de Justicia y Paz, en sede de audiencia de legalización de los cargos -se preguntó la Corte Suprema-, modificar la formulación que hizo la fiscalía, teniendo en cuenta que a esa instancia procesal los cargos cuentan con el control del juez de garantías?

    "Desde esta perspectiva, y no obstante las críticas que puedan surgir contra la eficacia de la Ley de Justicia y Paz, la respuesta clara al interrogante propuesto es que la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz en sede de audiencia de legalización de cargos ejerce un control formal y material a la imputación propuesta por la fiscalía, luego tiene facultad para modificarlos aunque la norma (inciso tercero del artículo 19 de la Ley 975 de 2005) no haga un pronunciamiento claro al respecto" |320|.

Según la Corte Constitucional, la cual destaca un aparte de la sentencia del 20 de junio de 2.005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el asunto Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Sala puede modificar los cargos o hacer las adecuaciones jurídicas que se derivan de los hechos imputados.

    "La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado "principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación" |321|.

De conformidad con esa jurisprudencia obrará la Sala para realizar el control formal y material de los cargos imputados.

9.2. Los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia de los postulados al grupo armado ilegal

345. De conformidad con la Ley 975 de 2.005, la Sala está encargada del juzgamiento y aplicación de los beneficios judiciales de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos.

La construcción de un contexto de los crímenes no sólo sirve para conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en un escenario de conflicto armado o violaciones masivas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. La construcción de un contexto también sirve para entender el marco en el que se cometieron dichas violaciones y delinear y delimitar las responsabilidades de las partes involucradas en el conflicto o de los perpetradores.

La construcción del contexto de los crímenes del Bloque Cacique Nutibara permitió descubrir que éste se alimentó y constituyó, entre otras fuentes, con las bandas y combos de delincuencia común que habían existido históricamente y existían en la ciudad de Medellín y que en el contexto y desarrollo del conflicto armado ejerció un dominio y control casi absoluto sobre sus actividades ilícitas. Las bandas y organizaciones criminales de la ciudad de Medellín, como las descritas en este pronunciamiento y muchas más que se han omitido, fueron funcionales a los propósitos y objetivos del grupo paramilitar.

Los patrones de criminalidad descritos en esta decisión, y los revelados en otras sentencias dictadas por la Sala o en otros procesos que ella conoce, y que también sirven para construir el contexto de las violaciones, atribuir responsabilidad a sus autores y partícipes por acción u omisión y encuadrar un hecho como parte de la cadena sistemática de crímenes, permitieron descubrir o entrever que las conductas de los miembros del Bloque Cacique Nutibara y las bandas y combos criminales que lo conformaban no estaban dirigidas solamente contra su reales o presuntos enemigos, sino contra una multitud de objetivos que incluían el exterminio y/o desaparición forzada de ciertos grupos o sectores sociales, como disidentes u opositores políticos y defensores de derechos humanos, expendedores de drogas estupefacientes o adictos a éstas, personas con antecedentes o procesos penales o, en fin, sectores vulnerables de la población y todas aquellas personas que desacataran las normas impuestas arbitrariamente por el grupo armado, de cualquier tipo.

Las organizaciones y bandas criminales adscritos o controlados por dicho Bloque estaban sometidas al dominio y autoridad de los comandantes y jefes de éste y obraban además con arreglo a las directrices impartidas por éstos o bajo su dirección, autorización y/o control, o con su aquiescencia y/o tolerancia, así no tuvieran un fin estrictamente militar. La autorización o permisividad para cometer una serie de conductas sin un fin militar y con apariencia de acciones de delincuencia común eran parte o elemento del gobierno y control de dichas bandas y combos criminales.

Eso significa que las conductas cometidas por las organizaciones, bandas y combos criminales adscritas o controladas por el Bloque Cacique Nutibara, así parecieran acciones de delincuencia común, deben entenderse como cometidas en desarrollo y con ocasión del conflicto armado, pues fueron ejecutadas por grupos y personas que hacían parte de dicha organización, conforme a unas directrices y patrones de criminalidad propios del grupo paramilitar y bajo la dirección o con la autorización o tolerancia de los comandantes y jefes del grupo paramilitar.

Eso significa que los delitos cometidos por los miembros de dichas bandas fueron realizados bajo la dirección y autorización del Bloque Cacique Nutibara, es decir con ocasión y durante su pertenencia a dicho bloque, así se trate de hurto de bienes, como automotores e hidrocarburos, exacciones o contribuciones arbitrarias, entre otros.

Eso se predica tanto del concierto para delinquir, como de los homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, hurtos y otros delitos cometidos por los postulados.

Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

    "Así, en los artículos 2, 10, 16.1, 17 de la Ley 975 de 2005 y 1, 12, 13 de la Ley 1592 de 2012 se utiliza la frase "los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo" para definir los asuntos tema de esa jurisdicción, expresión que no distingue entre delitos ni excluye alguno de investigación y juzgamiento. Entonces, la interpretación gramatical del texto indica que en Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y con ocasión de la pertenencia al grupo.

    En otras palabras, según la normatividad citada, el objeto del proceso transicional no se agota en los graves atentados contra los derechos humanos, porque se extiende a todas las conductas delictivas cometidas por los grupos organizados al margen de la ley en las condiciones señaladas. De hecho, las sentencias hasta ahora emitidas han incluido delitos comunes como concierto para delinquir, fabricación, apoderamiento de hidrocarburos, amenazas, uso ilegal de uniformes e insignias, daño en bien ajeno, hurto, entre otros" |322|.

9.3. El concierto para delinquir

346. El concierto para delinquir agravado, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no sólo es un delito de lesa humanidad, sino que subsume los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, descritos en los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2.000.

    "Los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, tienen como elemento estructurante indispensable que las conductas se realicen 'con ocasión y en desarrollo de conflicto armado'.

    "En esas condiciones, no admite discusión que la persona se encuentra vinculada al trámite de justicia y paz, en razón de que necesariamente hizo parte de un grupo armado ilegal. Por tanto, el empleo de armas de fuego se convierte en un elemento de los tipos penales imputables, desde donde surge que tal conducta no puede ser cargada de manera independiente, pues ella se subsume dentro de aquellas que hicieron viable la vinculación al procedimiento de la Ley 975 del 2005" |323|.

De acuerdo a la jurisprudencia citada, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado se subsume dentro del tipo penal de concierto para delinquir agravado descrito en el artículo 340 numerales 2 y 3 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2.002 (el numeral 2 en los casos de los postulados Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Mauro Alexander Mejía, Juan Mauricio Ospina y Wander Ley Viasus y los numerales 2 y 3 del artículo en mención en los casos de los postulados Juan Fernando Chica y Édgar Alexander Erazo). Por lo tanto, la Sala no encuentra ajustada a la ley la atribución de dichos cargos. De allí que los excluirá y mantendrá únicamente el de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias que consagra una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, la Fiscalía les imputó a todos los postulados el delito de concierto para delinquir a título de autor, excepto a Juan Fernando Chica Atehortúa, que lo hizo en calidad de coautor. Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por los postulados y de la evidencia aportada por la Fiscalía, aquellos cometieron dicha conducta en calidad de coautores. Por lo tanto, la Sala modificará los cargos a título de coautor.

Pero, la Sala excluirá el delito de concierto para delinquir en los casos de los postulados Edilberto de Jesús Cañas y Néstor Eduardo Cardona, pues ya fueron condenados por este delito por el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Medellín. El primero, en sentencia del 30 de septiembre de 2.011 a una pena de 191 meses, 20 días de prisión y multa de 2.083,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 125 meses |324| y, el segundo, mediante sentencia del 15 de julio de 2.009 a una pena de 142 meses, 15 días de prisión y multa de 1.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes |325|.

Así, entonces, la Sala no condenará a los postulados Edilberto de Jesús Cañas y Néstor Eduardo Cardona por el delito de concierto para delinquir, pues este delito es uno solo y es continúo y de condenarlo nuevamente por éste, se vulneraría el principio del non bis in idem.

9.4. El homicidio en persona protegida

347. Como ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y esta Sala, Colombia ha vivido en medio de un conflicto armado no internacional desde hace décadas. Ha sido un conflicto armado prolongado en el tiempo entre las fuerzas armadas del Estado, grupos paramilitares y grupos armados insurgentes o entre estos últimos, todos ellos debidamente organizados, con signos distintivos y con mandos responsables, con capacidad de realizar operaciones constantes o sostenidas en el tiempo, en un territorio determinado y con un alto grado de intensidad, que ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario definido por la Corte Constitucional como: "aquellas normas que tienen como objeto la humanización de los conflictos armados, procurando la protección de la población civil ajena a la confrontación y estableciendo límites a los procedimientos bélicos" |326|.

348. Entre estos crímenes está el homicidio en persona protegida. Éste se deriva del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional a esos convenios, que establece en su artículo 13-2 que "no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que las garantías mínimas establecidas en el artículo 3 común se aplican, en el contexto de los conflictos armados internos, a quienes no toman parte directa o activa en las hostilidades, incluida la población civil y las personas puestas fuera de combate por rendición, captura u otras causas |327|.

El término "civil", según la Corte Constitucional, se refiere a las personas que reúnen las siguientes condiciones: "(i) no ser miembros de las fuerzas armadas u organizaciones armadas irregulares enfrentadas y (ii) no tomar parte en las hostilidades, sea de manera individual como "personas civiles" o "individuos civiles", o de manera colectiva en tanto "población civil" |328|.

El reproche penal de aquellas conductas cometidas contra personas que no hacen parte de las hostilidades y son, por lo tanto, personas protegidas, guarda relación con el principio de distinción, en virtud del cual es necesario diferenciar entre combatiente y no combatiente, pues es la garantía que tiene la población civil para asegurar el respeto de su dignidad humana y minimizar las consecuencias negativas del conflicto armado.

349. Las conductas realizadas por los postulados constituyeron evidentes atentados contra la población civil con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado interno o no internacional. Colombia ha suscrito Tratados y Convenios que sancionan conductas que hacen parte del ius cogens, tal y como lo explicó la Corte Suprema de Justicia en Auto del 16 de diciembre de 2.010:

    "Así, el principio de legalidad en tratándose exclusivamente de crímenes internacionales –de agresión, de guerra, de lesa humanidad y genocidio, se redefine en función de las fuentes del derecho, ampliándolas en los términos del artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, a los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina internacional.

    "En ese contexto de ampliación del concepto de ley, hay que recordar que nuestro país ha suscrito convenciones internacionales que sancionan delitos internacionales, entre ellos las graves infracciones al derecho internacional humanitario. . .

    "Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad al principio de legalidad es atendible exclusivamente a las cuatro categorías de los llamados delitos internacionales, vale decir a los crímenes de genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario.

    "En este orden de ideas -conforme al Bloque de Constitucionalidad establecido mediante los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, que otorga una prevalencia superior a los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico interno de nuestro país debe adecuarse a los principios que, se ha predicado, son de carácter internacional y que orientan las políticas en materia de protección de derechos humanos y sanción por sus violaciones a través de las instituciones estatales establecidas para tal fin-, no puede desconocerse que hace varias décadas existen normas internacionales que han definido cuál debe ser la forma de proceder por parte del Estado Colombiano respecto de lo que se ha referido. . .

    "En síntesis, el Estado Colombiano tiene el deber de cumplir y hacer cumplir, mediante sus Instituciones, de investigar y juzgar las graves violaciones a Derechos Humanos, pues, es su obligación adquirida para con la humanidad mundial, definida mediante los Tratados y Convenios Internacionales que sobre la materia ha suscrito, en atención al principio pacta sunt servanda, así como en los Tratados que no ha suscrito pero que son vinculantes por referirse a Principios de Derecho Internacional, por su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas, por su aceptación de jurisdicción subsidiaria respecto de Organismos Judiciales Internacionales y que en su jurisprudencia le ha recordado y reiterado dichos deberes, como surge del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 11 de mayo de 2007, dentro del caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. . ."

Por lo tanto, la Sala calificará los homicidios agravados formulados por la Fiscalía, como homicidios en persona protegida, con la advertencia que para los efectos punitivos, se les aplicará la pena prevista en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, dado que los hechos fueron cometidos cuando no había entrado en vigencia dicha ley que consagra en los "delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario", por resultar más favorable que la pena de la Ley 100 de 1.980.

La Sala modificará los cargos de homicidio agravado a homicidio en persona protegida, aclarando eso sí, que para los efectos punitivos será tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000 por resultar ésta más favorable que la prevista en el Decreto Ley 100 de 1.980.

9.4.1 El caso del postulado Juan Fernando Chica Aterhortúa

350. La Fiscalía le formuló cargos al postulado Juan Fernando Chica por el delito homicidio agravado en los casos de Edwin Alonso Arias Uribe y Luís Fernando Herrera Saldarriaga. Sin embargo, como se dijo, la Sala modificará dicho cargo por homicidio en persona protegida, pero para los efectos punitivos será tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, por ser más favorable que la prevista en el Decreto Ley 100 de 1.980.

Además, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado y de la evidencia aportada por la Fiscalía, el homicidio de Edwin Alonso Arias Uribe fue cometido en calidad de coautor. Por tanto, la Sala modificará dicha imputación en ese sentido.

351. La Sala, con todo, debe hacer una precisión. El postulado Chica Atehortúa fue absuelto por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín del homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga, delito que la Fiscalía le imputó en este proceso y él aceptó. A primera vista podría decirse que esa imputación viola la cosa juzgada y el principio non bis in idem, que subyace en ella, conforme al cual una persona no pueda ser juzgada dos veces por el mismo hecho, con mayor razón si fue absuelto del delito. Pero, la cosa juzgada no es absoluta porque puede quebrarse a través de una acción de revisión y el principio non bis in idem constituye un derecho y una garantía para el ciudadano y, como tal, es renunciable por éste. La Sala entiende, entonces, que al aceptar libre, voluntaria y espóntaneamente y debidamente informado esa imputación, a pesar de haber sido absuelto, renunció a la protección de la cosa juzgada y el non bis in idem. De allí que legalizará ese cargo.

352. La Fiscalía le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio en persona protegida de Camilo Andrés Quintero. Sin embargo, el postulado fue condenado por el delito de homicidio agravado por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín mediante sentencia del 10 de septiembre de 2.009 a una pena de 135 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo período |329|. Por lo tanto, la Sala no mantendrá este cargo y ordenará su acumulación.

9.4.2 El caso de Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga

353. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional en los casos de Hugo Alexander López Londoño, Jaime Andrés Posada Rodríguez, Jorge Horacio Muñoz Macías, John Mario Cardona Hincapié y Andrés Felipe Quiceno Sotelo, William Alexander Arroyave, Luis Ernesto Carrillo Oses, NN alias el Gato y el menor Jorge Mario Monsalve Guarín.

Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado y de la evidencia aportada por la Fiscalía, los homicidios de Jorge Horacio Muñoz, Jhon Mario Cardona y Andrés Felipe Quiceno fueron cometidos en calidad de coautor. Por tanto, la Sala modificará la imputación en ese sentido.

354. Pero, la Sala excluirá el delito homicidio en persona protegida de William Alexander Arroyave y Luís Ernesto Carrillo Oses, pues el postulado fue condenado por este delito mediante sentencia del 30 de septiembre de

2.001 por el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Medellín a una pena de 191 meses, 20 días de prisión y multa de 2.083,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 125 meses |330|.

La Sala también excluirá el delito de homicidio en persona protegida de Jhon Mario Cardona Hincapié, pues el postulado fue condenado por este delito mediante sentencia del 23 de febrero de 2.012 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín a una pena de 21 años de prisión |331|

De allí que se ordenará la acumulación de dichas penas.

9.4.3 El caso de Néstor Eduardo Cardona Cardona

355. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional, en los casos de Didier Murillo Roa, Julián Andrés Vergara Agudelo, Alberto Miguel Pérez Reyes, Sergio Anderson Cortés Restrepo, Yesid Sánchez Gómez, Giovani Loaiza Mosquera y William de Jesús Herrera Mesa.

356. Sin embargo, la Sala excluirá el delito de homicidio en persona protegida de Alberto Miguel Pérez Reyes y Sergio Anderson Cortés Restrepo, pues el postulado fue condenado mediante sentencia anticipada del 9 de julio de 2.012 del Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín a una pena de 155 meses de prisión, por el primer homicidio |332| y mediante sentencia del 15 de julio de 2.009 del Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Medellín a una pena de 142 meses, 15 días de prisión y multa de 1.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el segundo |333|.

De allí que se ordenará la acumulación de dichas penas.

9.4.4 El caso del postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán

357. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional en los casos de Heriberto Antonio Caro Bedoya, Everardo de Jesús, Nicolás de Jesús y José de Jesús Espinosa Velásquez, Herman Augusto Espinosa Villa, Andrés Fernando Arboleda Arboleda, Alirio Antonio Villa, José Abigail Caro Bedoya, Gilberto Antonio Cardona, Carlos Mario Gañan García, José Humberto Echavarría Cardona, Albeiro Echavarría Chavarriaga y Mónica Patricia Agudelo Mejía.

358. La Fiscalía 45 Delegada le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio agravado en los casos de Rubén Darío Mesa Puerta, Carlos Alberto Mesa Escobar, Jonathan Steven Pulido Guarín, Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, Víctor Norbey Cañaveral Vélez y Víctor Hugo López Soto. Sin embargo, como se dijo, la Sala modificará dicho cargo por el de homicidio en persona protegida, pero para los efectos punitivos se le aplicará la pena prevista en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, dado que los hechos fueron cometidos cuando no había entrado en vigencia dicha ley, tal y como se explicó anteriormente.

9.4.5 El caso del postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo

359. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional en los casos de Bladimir Ojeda Álvarez y José Alfredo Acevedo Bustamante.

360. La Fiscalía le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio agravado en el caso de Armando de Jesús Vásquez Castro. Sin embargo, como se dijo, la Sala modificará dicho cargo por homicidio en persona protegida, pero para los efectos punitivos será tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, por ser más favorable que la prevista en el Decreto Ley 100 de 1.980.

9.4.6 El caso del postulado Juan Mauricio Ospina Bolivar

361. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada en los casos de Yobany Corrales Cuartas, Miguel Alejandro Gómez Arias y Víctor Hugo Hernández Pedraza.

Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado y de la evidencia aportada por la Fiscalía, los homicidios de Yobanny Corrales Cuartas y Miguel Alejandro Gómez Arias fueron cometidos en calidad de coautor. Por tanto, la Sala modificará la imputación en ese sentido.

362. La Fiscalía le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio agravado en los casos de Joan Andrés Restrepo Quintana y NN de sexo masculino. Sin embargo, como se dijo, la Sala modificará dicho cargo por homicidio en persona protegida, pero para los efectos punitivos será tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, por ser más favorable que la prevista en el Decreto Ley 100 de 1.980.

Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado y de la evidencia aportada por la Fiscalía, dichos homicidios fueron cometidos en calidad de coautor. Por tanto, la Sala modificará la imputación en ese sentido.

9.4.7 El caso del postulado Wander Ley Viasus Torres

363. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional en el caso de Dairo Humberto Amariles.

364. La Fiscalía le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio agravado en los casos de Nelson de Jesús Arias David, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera Blandón. Sin embargo, como se dijo, la Sala modificará dicho cargo por homicidio en persona protegida, pero para los efectos punitivos será tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2.000, por ser más favorable que la prevista en el Decreto Ley 100 de 1.980.

365. La Fiscalía le formuló cargos al postulado por el delito de homicidio agravado de Julio César Carmona Rivera. Pero, aquél fue condenado por este delito mediante sentencia del 25 de febrero de 2.010 del Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín a una pena de 180 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo período, la cual fue modificada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín el 11 de junio de 2.010, quedando la pena en 12 años, 6 meses de prisión |334|.

Por lo tanto, la Sala excluirá este cargo y ordenará la acumulación de la pena.

9.5. La tentativa de homicidio en persona protegida

366. La Sala encuentra ajustada a la ley los cargos por el delito de tentativa de homicidio en persona protegida formulados por la Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga en los casos de Orlando de Jesús Arias Candamil y Néstor Raúl Guerra Patiño; al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona en el caso de Alberto González Gil y al postulado Juan Mauricio Ospina Bolivar en el caso de Wilson Jaiber López Moreno.

Sin embargo, el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga fue condenado por la tentativa de homicidio de Orlando de Jesús Arias mediante sentencia del 23 de febrero de 2.012 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín a una pena de 21 años de prisión |335|. Por lo tanto, la Sala excluirá este cargo y ordenará la acumulación de dicha pena.

9.6. Las lesiones personales en persona protegida

367. La Sala encuentra ajustada a la ley el cargo que por el delito de lesiones personales en persona protegida le formuló la Fiscalía al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona en el caso de Alex Santiago Galvis Restrepo y al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo en el caso de Pedro Luis Restrepo Loaiza.

Sin embargo, como se desprende de los hechos confesados, imputados y aceptados por el postulado Néstor Eduardo Cardona y de la evidencia aportada por la Fiscalía, la conducta en el caso de Alex Santiago Galvis fue cometida en calidad de coautor. Por tanto, la Sala modificará dicha imputación en ese sentido.

9.7. La tortura en persona protegida

368. El artículo 12 de la Carta Política establece la prohibición de infligir a cualquier persona tratos crueles, inhumanos ó degradantes y proscribe toda forma de tortura, pues dicha práctica contradice la condición esencial de dignidad del ser humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a la misma, por lo que está expresamente proscrita en el ordenamiento internacional |336|.

Igualmente, la Ley 599 de 2.000 introdujo un título específico relativo a los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de atender los compromisos internacionales ligados a su aplicación y en particular de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1.949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1.977 |337|. En dicho título se estableció, como delito, entre otros, la tortura en persona protegida, entendida ésta como el atentado en contra de los integrantes de la población civil.

369. La Fiscalía le formuló cargos a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga por el delito de tortura en los casos de NN alias El Gato y el menor Jorge Mario Monsalve Guarín, toda vez que ambas víctimas fueron retenidas en contra de su voluntad y llevadas hasta territorios del grupo armado ilegal, donde fueron interrogadas acerca de su pertenencia a grupos insurgentes. Posteriormente, el primero de ellos, fue golpeado en su abdomen. Ambas víctimas murieron por asfixia mecánica, pues les colocaron una bolsa en su cabeza y fueron sepultadas, uno por la vía El Chuscal y el menor en la finca Montehuaca, sector de Pueblito. En consecuencia, la Sala encuentra ajustada la formulación de cargos realizada por la Fiscalía. 9.8. La detención ilegal y privación del debido proceso

370. La privación de la libertad personal sólo procede o puede haber lugar a ella en los casos previstos en la Constitución o en la Ley. Cuando se restringe la libertad de una persona con la finalidad de impedir que acceda a las instancias judiciales competentes, se configura una conducta que desconoce los principios fundantes del orden social y legal vigentes.

En el caso de conflicto armado no internacional, el artículo 3.1 común de los Convenios de Ginebra prohíbe "d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados", y el artículo 6 del Protocolo II establece las garantías que deben observarse en el enjuiciamiento y la sanción de infracciones penales cometidas en relación con el conflicto interno |338|.

En nuestra legislación esta conducta se encuentra descrita en la Ley 599 de 2.000, Título II "delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, artículo 149 que señala: "El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

371. La Fiscalía 45 Delegada de la Dirección Nacional Especializada en Justicia Transicional le formuló cargos al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga por el delito de detención ilegal y privación del debido proceso en los casos de NN alias El Gato y el menor Jorge Mario Monsalve Guarín.

De acuerdo a todo lo anterior y a lo establecido en el párrafo 366 de esta misma decisión, la Sala encuentra ajustada la formulación de este cargo.

9.9. El delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil

372. El delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil se encuentra consagrado en el artículo 159 de la Ley 599 de 2.000, norma que está contenida dentro de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que protege también, la autonomía personal, la libertad y otras garantías, cuyo ámbito de protección se concibe en función de la población civil no combatiente, descrita en numeral 1 del parágrafo del artículo 135 |339|. En este caso, las víctimas de desplazamiento son en su mayoría miembros del grupo familiar de las personas que fueron asesinadas por integrantes del grupo paramilitar que se vieron obligados a abandonar su ciudad de origen y su residencia para proteger sus vidas, en otros casos, son personas que sufrieron algún tipo de atentado y se fueron del lugar dónde se llevó a cabo el mismo, con el fin de evitar otro tipo de agresiones.

373. La Fiscalía 45 Delegada formuló cargos por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán por el desplazamiento de Elidia de Jesús Cardona de Caro y sus hijos y al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo por el desplazamiento de Luz Mery de Jesús Diosa y su grupo familiar.

9.10. El delito de secuestro

374. El Fiscal Delegado le formuló cargos al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona por el delito de secuestro agravado, previsto en el artículo 168 de la Ley 599 de 2.000, en el caso de Yoana Yaneth Mosquera Guerrero. Asimismo, le formuló cargos al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán por los delitos de secuestro simple y agravado, previstos en los artículos 168 y 170 No. 10 y 16 de la Ley 599 de 2.000, modificados por los artículos 1 y 3 de la Ley 733 de 2.002, en los casos de Gilberto Antonio Cardona, Carlos Mario Gañan García, José Humberto Echavarría Cardona y Albeiro Echavarría Chavarriaga y por el delito de secuestro agravado, previsto en el artículo 270 No. 11 del Decreto Ley 100 de 1.980, modificado por el artículo 3 de la Ley 40 de 1.993, en los casos de Rubén Darío Mesa Puerta, Carlos Alberto Mesa Escobar y Johan Steven Pulido Guarín. Por último, y en el mismo sentido, le formuló cargos al postulado Wander Ley Viasus Torres por el delito de secuestro simple, previsto en el artículo 269 del Decreto 100 de 1.980, modificado por el artículo 2 de la Ley 40 de 1.993, en el caso de Julio César Carmona Rivera.

375. En primer lugar, la Sala excluirá la formulación de los cargos al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán por el delito de secuestro en los casos de José Humberto Echavarría Cardona y Carlos Alberto Mesa Escobar, pues éstos no fueron retenidos y sustraídos del lugar de los hechos, sino que allí fueron ejecutados.

376. La Sala, sin embargo, es del criterio que en todos esos casos se configura es el delito de detención ilegal y privación del debido proceso, previsto en el artículo 149 de la Ley 599 de 2.000, de conformidad con el cual "el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial", incurre en una pena de 10 a 15 años prisión y una multa de 1.000 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En efecto, el delito de detención ilegal y privación del debido proceso tiene tres elementos: i) que se cometa con ocasión y en desarrollo del conflicto armado; ii) que se retenga o prive ilegalmente de la libertad a una persona; y iii) que se le sustraiga del derecho a ser juzgada por un Tribunal independiente e imparcial y con arreglo al debido proceso de ley.

El delito de detención ilegal y privación del debido proceso comparte un elemento común con el secuestro imputado a los postulados: el sustraer, retener o privar de la libertad a una persona, independientemente de cualquiera sea el motivo, porque el secuestro simple que se les atribuyó, y aún el agravado, no exigen que la conducta tenga un móvil o un fin especial. Pero, a la vez tiene dos ingredientes que lo hacen especial en relación con el secuestro, pues es cometido durante y con ocasión de su pertenencia a dicho grupo armado al margen de la ley y que a una persona se le prive ilegalmente de su libertad y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial.

Eso significa que el delito de detención ilegal y privación del debido proceso no sólo es más rico y tiene más elementos que el secuestro, sino que recoge de mejor forma los hechos atribuidos a los postulados, el contexto en el que se cometieron y las circunstancias y modalidades de su comisión. De allí que deba aplicarse de preferencia al secuestro.

377. Si el delito de detención ilegal y privación del debido proceso exige como elemento que a una persona se le "sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial", implica entonces que a la persona se le priva de su derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. Eso supone que a la persona se le hace una imputación y se le ejecuta sin derecho a un juicio y que esa conducta se comete sobre una persona retenida o privada ilegalmente de la libertad de cualquier forma, en medio de un conflicto armado.

La conducta, entonces, guarda relación con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales. El primero prohíbe "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios" y, más específicamente, "las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

Una conducta de esa naturaleza está en violación de lo dispuesto en el artículo 75 numeral 4 del Protocolo I, pues "no se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario" y del artículo 6 párrafo 2 del Protocolo II, el cual establece que "no se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e imparcialidad". De allí que el artículo 5, párrafo 3 de este último, como salvaguarda a las personas protegidas por el DIH prevea que todas "las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4", que prohíbe los atentados contra la vida y integridad física, los tratos crueles y toda forma de pena corporal. De allí también que el artículo 85, párrafo 4, literal e) del Protocolo I considera como infracción grave "el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o aludida en el párrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente".

Las normas trascritas indican que ese hecho es considerado un delito conforme al derecho internacional.

En efecto, el artículo 7 del Estatuto de Roma define como crimen de lesa humanidad, entre otros actos, la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte" y en su artículo 8 relaciona como crimen de guerra, entre otros, "el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente".

378. Pero, la construcción de la norma también implica que esa conducta está íntimamente ligada con las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.

El Representante Regional Adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH, definió una ejecución extrajudicial "cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional. Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción intencional para privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia" |340|.

Ahora, la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a través de múltiples resoluciones y con fundamento en los informes de la Relatora Especial ha señalado que pueden constituir ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, los asesinatos cometidos por "pasión o por cuestiones de honor, de personas muertas por su orientación sexual y por razones relacionadas con sus actividades pacíficas de defensores de los derechos humanos o de periodistas", también los cometidos "contra grupos específicos de personas, como los actos de violencia por motivos raciales que hayan provocado la muerte de la víctima, las muertes de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas o debidas a su orientación sexual o identidad de género, las muertes de personas afectadas por actos de terrorismo o toma de rehenes o que hayan vivido bajo ocupación extranjera, las muertes de refugiados, desplazados internos, migrantes, niños de la calle o miembros de comunidades indígenas, las muertes de personas por motivos relacionados con sus actividades en calidad de defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas o manifestantes, los crímenes pasionales o los cometidos en nombre del honor y las muertes motivadas por razones discriminatorias, cualquiera que sea su base", también contra "personas que ejercen su derecho a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión". Dichas ejecuciones se pueden cometer "durante las detenciones, los arrestos, las manifestaciones públicas, las situaciones de violencia interna y comunitaria, los disturbios civiles, las emergencias públicas o los conflictos Armados" y pueden ser causadas por "las fuerzas de seguridad, la policía y los agentes del orden, grupos paramilitares o fuerzas privadas" así como "por agentes no estatales, como los grupos terroristas y las organizaciones delictivas" |341|.

379. Teniendo en cuenta lo anterior y como se dijo, la Sala considera que en los casos de Albeiro Echavarría Chavarriaga, Gilberto Antonio Cardona Echavarría, Carlos Mario Gañan García, Yoana Yaneth Mosquera Guerrero, Julio César Carmona Rivera, Rubén Darío Mesa Puerta y Jonathan Steven Pulido Guarín se configura el delito de detención ilegal y privación del debido proceso, pues éstos fueron retenidos y sustraídos del lugar donde se encontraban al momento de los hechos, la mayoría de ellos en su residencia, y luego fueron trasladados a otro lugar, donde fueron asesinados, privándolos así ilegalmente de su libertad.

La conducta fue realizada por los postulados cuando eran miembros del Bloque Cacique Nutibara, por lo que fueron cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a dicho grupo armado al margen de la ley y los ejecutaron porque Jonathan Steven Pulido Guarín y Carlos Mario Gañan García eran adictos o expendedores de drogas, Julio César Carmona Rivera tenía antecedentes penales, Gilberto Antonio Cardona Echavarría porque su comportamiento no se adecuaba a las reglas morales impuestas por el grupo armado y era señalado como colaborador de la guerrilla y, finalmente, los casos de Rubén Darío Mesa Puerta y Albeiro Echavarría Chavarriaga obedecieron más al dominio y control social y territorial ejercido por el Bloque Cacique Nutibara.

380. Así, entonces, la Sala modificará los cargos de secuestro formulados por la Fiscalía a los postulados Néstor Eduardo Cardona Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán y Wander Ley Viasus Torres, por el de detención ilegal y privación del debido proceso, así el hecho haya sido cometido en algunos casos antes de la vigencia de la Ley 599 de 2.000, pues las conductas realizadas por los postulados constituyeron atentados contra la población civil con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno o no internacional y en ese contexto y Colombia ha suscrito de tiempo atrás tratados y convenios que sancionan esas conductas, desde antes de su comisión, las cuales hacen parte del ius cogens. Sólo que, por las mismas razones invocadas respecto al homicidio en persona protegida, la pena que debe aplicarse a los hechos cometidos antes de la Ley 599 de 2.000 es la de los artículos 269 y 270, parágrafo, del Decreto 100 de 1.980, modificado por los artículos 2 y 3 de la Ley 40 de 1.993, por ser la ley aplicable al momento de los hechos.

9.11. El delito de hurto y destrucción y apropiación de bienes protegidos

381. El postulado Edilberto de Jesús Cañas hurtó un vehículo bajo las órdenes de su comandante Joani de Jesús Quiroz Durango, quien -según aquél- lo necesitaba para un propósito concreto.

En este caso, el postulado se apoderó del vehículo con el fin de obtener provecho para la organización y no sólo fue cometido siguiendo las directrices y órdenes de un comandante del bloque, sino que el vehículo iba a ser o fue utilizado para los fines de la organización, pues no se conoce otra finalidad, ni hay evidencia en contrario. Por lo tanto, se cometió con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal |342|.

Sin embargo, la Sala considera que en este caso se configura el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos consagrado en el artículo 154 de la Ley 599 de 2.000, el cual establece que "el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena mayor, destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja militar concreta prevista de los bienes protegido por el Derecho Internacional Humanitario" (subrayas fuera del texto).

El delito de hurto calificado se encuentra consagrado en los artículos 239 y 240 numerales 1 y 2 de la Ley 599 de 2.000, modificado por el artículo 2 de la Ley 813 de 2.003, la cual fija una pena de prisión de 4 a 10 años por la violencia contra las personas, mientras que el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos previsto en el artículo 154 de la Ley 599 de 2.000 consagra una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 500 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De allí que el delito de hurto calificado no subsume el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos, pues éste consagra una pena mayor a la de aquél.

Por lo tanto, la Sala modificará el cargo de hurto calificado formulado por la Fiscalía al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, como destrucción y apropiación de bienes protegidos.

382. Ahora bien, sobre la solicitud de la Procuradora Judicial de declarar la prescripción del delito de hurto calificado atribuido al postulado Edilberto de Jesús Cañas, la Sala considera que la misma no puede aplicarse en este caso por las características especiales del proceso de justicia y paz, pues si los desmovilizados de forma libre y voluntaria se postularon a sus beneficios y aceptaron los cargos, renunciaron de forma tácita a la prescripción de estos delitos |343|. Pero, además, no sólo se trata de un delito común, sino que tiene carácter de crimen de guerra o de lesa humanidad, el cual no prescribe, porque tiene una doble connotación.

Por lo tanto, la Sala no accederá a dicha solicitud y legalizará el cargo que por hurto calificado se le atribuyó al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, pero que de acuerdo a lo dicho anteriormente, fue modificado por el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos.

9.12. Los delitos de hurto calificado agravado y el despojo en el campo de batalla y el constreñimiento ilegal

383. El delito de constreñimiento ilegal contempla la acción de obligar a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. En el hecho donde fue víctima William de Jesús Herrera Mesa, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con hurto calificado agravado y constreñimiento ilegal, pues cuando el postulado Néstor Eduardo Cardona y otros le dieron muerte a William de Jesús Herrera Mesa, luego de hurtarle su arma de fuego y algunas de sus pertenencias, obligaron a Abraham Osorio Buitrago un taxista que pasaba por el lugar de los hechos, a que condujera el cuerpo de la víctima hasta la policlínica.

De allí, entonces, que el delito de constreñimiento ilegal fue debidamente atribuido al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona.

Ahora, el delito de hurto calificado agravado atribuido al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona hace parte de una serie de conductas sistemáticas, generalizadas y cometidas con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal. Pero, en dicho caso, la Sala reconoció que no se podía descartar que la víctima portara la escopeta sustraída y ese fuera uno de los objetivos del delito y eso fue lo que confesó el postulado. Siendo así, no se trata de un simple hurto, sino del delito de despojo en campo de batalla, que se consuma cuando se despoja de sus bienes o efectos personales a una persona protegida, o un cadáver, en este caso a un miembro de la población civil.

9.13. De la falsedad de documentos

384. La Fiscalía le formuló cargos por los delitos de falsedad material en documento público y uso de documento falso al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo y el delito de falsedad personal al postulado Juan Mauricio Ospina Bolívar, previstos en los artículos 287, 291 y 296 de la Ley 599 de 2.000, respectivamente, los cuales, como se dijo, la Sala encuentra ajustados a la ley.

385. Sin embargo, si bien la Procuradora Judicial y el defensor solicitaron que se declarara la prescripción de los delitos de falsedad material en documento público, uso de documento falso y falsedad personal, la Sala considera que la misma no procede en estos casos por las características especiales del proceso de justicia y paz, pues si los desmovilizados de forma libre y voluntaria se postularon a sus beneficios y aceptaron los cargos, renunciaron de forma tácita a la prescripción de estos delitos |344|. Pero, además, no se trata sólo de delitos comunes, sino que tienen el carácter de crimen de guerra o de lesa humanidad, los cuales no prescriben porque tienen una doble connotación.

Por lo tanto, la Sala no accederá a dicha solicitud y, como se dijo, legalizará dichos cargos.

9.14. El delito de exacción o contribuciones arbitrarias

386. El delito de exacción o contribuciones arbitrarias se encuentra descrito en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000 que indica: El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (subraya fuera de texto). Este delito le fue formulado al postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo, quien -de acuerdo con la descripción del hecho y la evidencia aportada por la Fiscalía- por su pertenencia a la organización criminal tenía control en el barrio Itagüí, de allí que exigiera a la comunidad algunas "contribuciones voluntarias" por los favores que éste realizaba a la misma, entre ellas, acabar con la delincuencia. Sin embargo, la evidencia también indicó que quienes no pagaban esta "contribución voluntaria" corrían el riesgo de sufrir amenazas y desplazamientos.

De lo anterior se puede inferir que la conducta realizada por el postulado constituyó una práctica frecuente, que se llevo a cabo con ocasión y en desarrollo del conflicto armado que padeció esta ciudad para la época de los hechos. Por lo tanto, la Sala considera adecuada la formulación de este cargo.

10. La confesión de los postulados

387. La confesión de los postulados no ha sido veraz y completa, como se desprende de los hechos narrados. Aunque la Sala reconoce que revelaron y confesaron delitos que la Fiscalía no había investigado, constató que éstos mintieron por acción u omisión sobre aspectos sustanciales de los casos confesados, como el motivo para cometerlo o darle muerte a la víctima, en su caso, quienes participaron en ellos y su identidad, las circunstancias del hecho y los actos realmente cometidos. Los postulados también omitieron revelar y confesar otros delitos y de manera característica sólo revelaron la identidad de aquellos partícipes que ya habían fallecido, pues de los demás por regla general y de manera ordinaria sólo suministraron su alias, a pesar de que por convivir en el mismo barrio y el mismo espacio, compartir las mismas actividades cotidianas y mantener relaciones en un mismo contexto debían conocer sus datos básicos. Sin embargo, no lo hicieron así y las estructuras a las cuales pertenecían quedaron identificadas en su mayoría con los alias de sus miembros, no con sus nombres propios, que ellos podían y debían revelar o contribuir a hacerlo para garantizar la verdad, asegurar la justicia y develar las estructuras criminales, de tal forma que pudieran desmontarse y desmantelarse éstas y ofrecerles a las víctimas garantías de no repetición. Algunos de ellos tenían un dominio y poder en el barrio, pero lo ocultaron y no revelaron los hechos cometidos a través de otros o por subalternos suyos.

Los motivos y las circunstancias del hecho en los términos revelados por los postulados afectan la dignidad de las víctimas, o denigran de su condición, porque les atribuyen hechos o conductas falsas y demuestran que no había una verdadera voluntad de reparación, la cual incluye la revelación de la verdad, la satisfacción de éstas y rehabilitar y honrar su memoria.

VIII
Las medidas de reparación integral

1. Las conclusiones de las partes

388. La Fiscal 15 Delegada, doctora Martha Lucia Mejía Duque, solicitó que se accediera a todas las pretensiones hechas, pero que en la liquidación se descuente la reparación administrativa a quienes ya han sido beneficiados con ella, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2.012, y destacó especialmente las muchas y sinceras demostraciones de perdón solicitadas y concedidas por víctimas y victimarios. En ese sentido, expresó su satisfacción por lo que consideró como una experiencia edificante en la que se demostró la capacidad de reconciliación entre víctimas y victimarios, a raíz de lo cual solicitó que algunas frases e intervenciones de los participantes en la audiencia fueran transcritas en la sentencia para que sirvieran como ejemplo a futuras generaciones, con miras a aportar a la posibilidad de construcción de la paz en nuestro país.

Adicionalmente, solicitó a la Sala tener en cuenta las medidas que el Estado ofrece a las víctimas en materia de reparación, tal y como fueron relatadas por las distintas instituciones en la audiencia.

389. Por su parte, el doctor Alex García Pulgarín, representante del Fondo para la Reparación de las Víctimas de la UARIV, solicitó que sólo se reconozcan en la sentencia las pretensiones elevadas que resultaron probadas dentro del incidente.

391. El doctor Luis Francisco Calvete Rivero, representante del Ministerio Público, expresó su agrado frente a lo que denominó "el poder de perdón" del que hacen gala las víctimas y reiteró la voluntad de las partes de que sean reparadas, tanto desde el punto de vista indemnizatorio como en la dimensión de la satisfacción, buscando resarcir el buen nombre y la dignidad de las víctimas, superando el señalamiento que condujo a su estigmatización como auxiliadores o miembros de las milicias o los grupos armados insurgentes.

392. El apoderado de los postulados, doctor Manuel Yepes Uribe, manifestó no tener objeción alguna a las pretensiones de las víctimas, pues iría en contravía de lo expuesto a lo largo del proceso y expresó sus deseos de que alcancen finalmente paz en sus corazones e hizo referencia a 3 casos específicos:

1. El de Camilo Andrés Quintero, en el cual solicitó verificar la declaración de la madre en donde afirma que efectivamente dependía económicamente de su hijo e incluirla en el trámite de reparación, toda vez que sufrió perjuicios materiales.

2. El de Miguel Ángel González, respecto del cual solicita que se desestime como víctima indirecta al sobrino, toda vez que su nacimiento fue 6 años después de ocurridos los hechos materia de examen.

3. El de Mauricio Hernández Taborda, respecto del cual se opuso rotundamente a la solicitud del hermano de la víctima, quien pretendía que se condenara por la justicia ordinaria al postulado.

2. Las normas aplicables

393. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-286 del 20 de mayo de 2.014, declaró inexequibles los artículos 23, 24, 25 inciso 3º del artículo 27 (parcial), 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2.012, pues dichas normas "homologan, fusionan y reemplazan la vía penal de reparación integral del régimen de transición de Justicia y Paz con la vía administrativa de reparación integral, diluyendo las cruciales diferencias que existen entre ambas vías, y de contera desconocen con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a la vía administrativa, sin que estas vías deban ser excluyentes, sino por el contrario complementarias y articuladas" |345| y estableció que el incidente de identificación de afectaciones regulado en dicha ley restringía "desproporcionadamente el derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener la reparación integral por la vía judicial en el proceso especial de justicia y paz", al igual que los derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

La Corte, revivió en dicha decisión los artículos 7, 8, 23, 24, 42, 43, 45, 47, 48 y 49 de la Ley 975 de 2.005, los cuales consagraban el incidente de reparación integral y las medidas de reparación que era posible adoptar en materia de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y los programas de reparación colectiva.

Ahora bien, respecto a la facultad de la Sala para disponer las medidas de reparación, si bien la jurisprudencia de la Corte, limita las facultades de la Sala, establece que ello "no es óbice para que las autoridades judiciales en el contexto transicional establezcan medidas a cargo de las diversas autoridades estatales necesarias para cumplir con el presupuesto de reparación integral de las víctimas de violaciones masiva y sistemáticas de derechos humanos por el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, para lo cual podrá requerir informes periódicos a tales entidades orientadas a supervisar su ejecución" y la posibilidad de instar "a las entidades correspondientes para que lleven a cabo su ejecución en un plazo razonable, pues solo así se tendrán por satisfechas las garantías de restitución, rehabilitación, satisfacción y de no repetición dirigidas a mitigar el daño ocasionado con las infracciones" |346|. Eso significa que las medidas ordenadas deben ser concretas, tener vocación de efectividad y ser objeto de seguimiento.

De este modo, la Corte precisó que:

    "(...) todas aquellas medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición y colectivas por medio de las cuales se imparten órdenes a las diversas autoridades estatales se deben entender como exhortaciones para su cumplimiento, excepción hecha de las medidas de satisfacción de carácter simbólico y de no repetición contempladas en los apartados 358, 359, 360 y 362 del fallo, para las cuales el Tribunal ostenta expresa facultad, de conformidad con el artículo 48, numerales 49.4, 49.6 y 49.8 de la Ley 975 (...)

    Tal potestad, sin embargo, y así lo entiende la Sala, no es óbice para que las autoridades judiciales en el contexto transicional establezcan medidas a cargo de las diversas autoridades estatales necesarias para cumplir con el presupuesto de reparación integral de las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos por el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, para lo cual podrá requerir informes periódicos a tales entidades orientadas a supervisar su ejecución.(...)"

Ahora bien, las medidas de indemnización económica serán tasadas conforme a derecho y de acuerdo a lo probado dentro del incidente de reparación integral, no en equidad, de conformidad al criterio establecido por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia del 27 de abril de 2.011, radicado 34.547.

En dicha providencia concluyó la Corte que cuando en el proceso se presenta una dificultad probatoria y los medios de convicción son insuficientes para fijar el monto de los perjuicios causados, no resulta procedente fallar en equidad, sino acudiendo a una flexibilización de las reglas de prueba. En tal caso, no se trata de dotar al juez de una discrecionalidad ilimitada, sino de afinar los métodos de ponderación probatoria, acudiendo para el efecto a los hechos notorios, los juramentos estimatorios, las presunciones y reglas de la experiencia y los modelos baremo o diferenciados, entre otros.

La Corte también ha indicado que en los casos de violaciones masivas a los Derecho Humanos y al Derecho Internacional Humanitario el juez puede acudir a los modelos baremo o diferenciados. En este sentido:

    "(c) Considera la Sala que tratándose de violaciones masivas de derechos humanos como ocurre en los casos abordados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, será de especial utilidad, en punto de la cuantificación de las reparaciones, adoptar modelos baremo o diferenciados, esto es, a partir de la demostración del daño acaecido a ciertas personas, podrá deducirse también y hacerse extensiva tal cuantificación a quienes se encuentren en situaciones similares pero no hubieren orientado adecuadamente su labor a acreditar el quantum de los perjuicios sufridos. V.g. identidad de oficios, edades, situación socioeconómica o familiar, etc" |347|.

3. Los principios y directrices internacionales

394. Los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener reparación consagran las obligaciones del Estado en el marco del derecho internacional en los casos de violaciones masivas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Ambos instrumentos, constituyen las directrices básicas para la reparación de las víctimas en el marco de los procesos de justicia transicional en la actualidad.

395. Los principios sobre la lucha contra la impunidad se estructuran en torno a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación. El derecho a la verdad y las garantías para hacerlo efectivo, se relacionan con el derecho de las víctimas a saber por qué y cómo sucedieron los hechos y en qué circunstancias fueron cometidos los crímenes y el deber de recordar |348|.

396. Los principios enfatizan también en los derechos a obtener reparación. De conformidad con los principios 31 y 34 del Conjunto de Principios,

    "El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional.

    "En los casos de desapariciones forzadas, la familia de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de los autores o se los haya encausado".

Más específicamente, los principios 19, 20 y 21 prevén que

    "19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes",

Que la indemnización deber ser,

    "proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

    a) El daño físico o mental;
    b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
    c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
    d) Los perjuicios morales;
    e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales".

Y que la rehabilitación debe incluir "la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales".

397. Además de las anteriores, los citados principios incluyen las medidas de satisfacción, que comprenden:

    ". . .las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el deber de recordar".

En ese sentido, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, establecen que la satisfacción debe incluir, en tanto sea pertinente

    ". . .la totalidad o parte de las medidas siguientes:

    a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
    b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
    c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
    d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
    e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
    f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
    g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
    h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles".

398. Por último, conforme al principio 23 del conjunto de Principios, las garantías de no repetición deben incluir, según el caso,

    ". . .la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

    a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
    b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
    c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
    d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
    f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
    g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;
    h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan".

Estos principios desarrollan las obligaciones del Estado Colombiano de respetar y garantizar los derechos humanos contemplados en los pactos e instrumentos internacionales y en la Constitución Política |349|.

4. La reparación integral en el contexto de la justicia transicional en Colombia

399. La sentencia C-370 de 2.006 resalta la prioridad que le deben dar los funcionarios a los derechos de las víctimas en la interpretación y aplicación de la Ley 975 de 2.005. Estas disposiciones aseguran que el derecho interno proporcione a las víctimas un grado de protección y garantía de sus derechos, equivalente a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.

Los Tribunales, entonces, tienen un rol decisivo en tanto son el escenario para declarar la responsabilidad de los distintos actores en las vulneraciones que han tenido lugar y para garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, a gozar de un recurso judicial efectivo y a obtener reparaciones. En este sentido es importante tener en cuenta que:

    "En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley, y la naturaleza de las mismas (art. 9 parágrafo. 5º de la Ley 1448 de 2011)".

La restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición han sido desarrolladas a través de una serie de medidas que adquieren vital importancia en el proceso de restablecimiento integral de la población. Así, la Ley 1448 de 2.011 define los distintos tipos de medidas para atender cada uno de estos principios, cuya implementación vincula a diferentes instituciones del orden nacional, departamental y municipal |350|.

5. El incidente de reparación integral

5.1 El trámite del incidente

400. Como la decisión de la Corte Constitucional le devolvió a la Sala la facultad de ordenar la reparación integral y definir la cuantía de las indemnizaciones, la Corporación dispuso citar al Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Director del Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Violencia, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y a la Alcaldía de Itaguí, las cuales estuvieron debidamente representadas en el incidente.

401. En el trámite del Incidente, la representante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- expuso, entre otros, aspectos relevantes que:

i) Del total de víctimas del presente proceso, 38 han recibido indemnización, 3 se encuentran en revisión y en 2 casos el pago fue reintegrado, lo que quiere decir que los dineros fueron girados, pero no fueron reclamados por las víctimas y el dinero fue devuelto directamente al tesoro nacional. Un (1) caso se encuentra en trámites para subsidio de vivienda.

ii) En Medellín se cuenta actualmente con cupos disponibles para educación básica, incluso para personas adultas que deseen continuar con su educación. Y para la educación superior, hay 10 instituciones a nivel local que le otorgan a la población víctima descuentos desde el 10 hasta el 50% en sus matrículas, entre ellas la Universidad Minuto de Dios, El Politécnico Marco Fidel Suarez, la Corporación Universitaria Claretiana, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad Católica del Norte, la Corporación Universitaria Americana, la Corporación Universitaria Remington y la Corporación Unisabaneta.

iii) El SENA brinda un cupo del 20% para población víctima del conflicto armado y con el apoyo directo del Ministerio del Trabajo, el SENA y el Departamento para la Prosperidad Social -DPS- se cuenta con una agencia de colocación para el empleo, la cual brinda orientación vocacional y capacitación técnica a las víctimas del conflicto armado.

iv) A nivel municipal, se cuenta con el programa "Mejoramiento sin Barreras" dirigido a personas en situación de discapacidad o de la tercera edad y con un programa de 8.500 viviendas, pero dirigido sólo a la población desplazada, las víctimas de la ola invernal y la población en extrema pobreza.

402. La funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación presentó las diferentes dependencias y programas que aportan al restablecimiento de las víctimas del conflicto armado en el departamento, en directa coordinación con los entes municipales. En este sentido, resaltó el Programa de Atención y Reparación a las Víctimas, que hace parte del Plan de Desarrollo Departamental, el programa que están desarrollando en el Oriente Antioqueño y la existencia de la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana.

Ésta última aporta a diferentes procesos de exhumación, ha brindado atención a 125 familias víctimas y acompañamiento psicosocial a otras 174 antes de la entrega de restos y contribuye a la búsqueda de recursos para implementar medidas que permitan el hallazgo e identificación de víctimas de desaparición forzada.

403. El apoderado de la Alcaldía de Medellín presentó las acciones adelantadas para el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Medellín y que la dependencia que canaliza todas estas ofertas de atención es la Consejería para la Vida, la Reconciliación y la Convivencia.

El Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida, Jorge Mejía Martínez, también se hizo presente en el Incidente y expuso las diferentes facetas que ha atravesado el Plan de Acción que se desarrollará en el sector de La Escombrera, así como su estado actual. Este se divide en 2 componentes: la definición del universo de víctimas de desaparición forzada, teniendo en cuenta la disimilitud de las cifras de las distintas instituciones, incluyendo las Organizaciones no gubernamentales y el proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, en el que además se procura el apoyo de organismos internacionales y las embajadas de algunos países que han mostrado su interés en apoyar la búsqueda de los desaparecidos en esta zona.

El otro componente es el técnico, que fue expuesto por el ingeniero adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Municipio, quien describió distintos aspectos de la forma en cómo se iniciaran las exploraciones en 3 zonas que ya están identificadas a partir de información entregada por desmovilizados en el marco de la Ley 975 de 2005.

404. El apoderado del municipio de Itaguí relató el acompañamiento a las víctimas del conflicto que se realiza desde la Casa de Justicia ubicada en el barrio Santa María y el programa especial para las madres cabeza de familia, que ofrece beneficios especiales para acceso a vivienda y programas trimestrales de acompañamiento. Éste se realiza en el marco de la reparación administrativa en el que se atiende por competencia territorial a las víctimas del conflicto que residen en este municipio.

405. En el marco del Incidente, el Dr. Dumar Otalora Hernández, Fiscal 37 de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía expuso el informe sobre los bienes entregado por Diego Fernando Murillo Bejarano, Comandante del Bloque Cacique Nutibara, para efectos de la reparación:

i) De 66 bienes, se solicitó extinción de dominio en el Bloque Héroes de Tolová y otros 3 bienes, 2 lotes y 1 bulldozer, están pendientes de alistamiento y medidas cautelares.

ii) La Fiscalía tiene 12 bienes con informe de alistamiento para solicitar medidas cautelares.

iii) La Fiscalía ha recibido 30 bienes más, entre ellos 21 parcelas de Las Tangas que tienen medida cautelar, pero que están solicitadas en restitución.

iv) A los postulados del presente proceso se les recibió versión libre de cierre sobre bienes. Juan Fernando Chica hizo referencia a 2 bienes, Edilberto Cañas a 1 y Néstor Eduardo Cardona a 3. Aunque Édgar Alexander Erazo, según su defensor, denunció una finca en Olaya, el Fiscal no ha encontrado ninguna relación a este bien en sus versiones.

Sin embargo, la Fiscalía no solicitó la extinción de dominio de ningún bien en este proceso.

406. Por su parte, el representante del Fondo, Dr. Alex García Pulgarín, aclaró que tal y como lo manifestó el representante de la Fiscalía, los postulados vinculados en el presente proceso han denunciado, pero no han entregado hasta la actualidad, ningún inmueble o bien para la reparación de las víctimas que este siendo administrado por el Fondo. Sin embargo, resaltó que el postulado Diego Fernando Murillo Bejarano sí ha entregado bienes para estos efectos y presentó un informe con una relación de los mismos.

Según el informe, de Diego Fernando Murillo Bejarano el Fondo ha recibido 108 bienes. De éstos, 29 bienes inmuebles fueron restituidos y al finalizar el año 2.014 se encontraban en trámite de restitución otros 48.

Para concluir, expresó que el estimativo comercial de los bienes entregados por Diego Fernando Murillo Bejarano que en la actualidad administra el Fondo - algunos con solicitud de restitución sin resolverse-, asciende a la suma de $9.860.845.330.

407. Luego, los representantes de las víctimas presentaron las solicitudes de medidas de reparación a favor de cada uno de los individuos y grupos familiares, acompañando cada una de las pretensiones con las pruebas necesarias para su fundamentación.

408. El Procurador Delegado, actuando en representación de la sociedad y, en especial, de las víctimas, concluyó que la estigmatización de las víctimas por los postulados del Bloque Cacique Nutibara es un daño colectivo, pues el señalamiento que les hicieron a aquellas y a los habitantes de algunos barrios de la ciudad como supuestos subversivos, milicianos o colaboradores de la guerrilla, lo cual no fue probado, ni era cierto, afectó su honra y su buen nombre y ocasionó padecimientos y sufrimientos individuales y colectivos. También consideró como daño colectivo, la zozobra y el temor generalizado en las zonas donde permanecieron los postulados y ejercieron influencia y control, lo cual generó secuelas permanentes en las víctimas, como en el barrio Limonar 2 del corregimiento de San Antonio de Prado.

De otra parte, señaló que la falta de control social y territorial por parte del Estado y la Fuerza Pública en algunas zonas, permitió el establecimiento de los grupos armados al margen de la ley, quienes se impusieron a través de las armas y sometieron a la población y la obligaron a cumplir sus reglas, afectando no sólo a las víctimas, sino también a las organizaciones sociales y comunitarias.

De allí que, el Procurador Delegado solicitó como medidas de reparación la solicitud de perdón público por parte de los postulados Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Édgar Alexander Erazo, Juan Mauricio Ospina, Mauro Alexander Mejía y Wander Ley Viasus, con el fin de dignificar y honrar a las víctimas, acto que solicita se realice en el corregimiento de San Antonio de Prado; Como medida de no repetición solicitó la restricción voluntaria de movilidad de los postulados en las zonas donde éstos operaron y, particularmente, requirió que en la edificación de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar del Corregimiento de San Antonio de Prado se instale una placa conmemorativa, como referente de memoria histórica de los hechos victimizantes, lugar que además debe estar al servicio de la comunidad.

También solicitó la creación, implementación y promoción de un programa de atención en salud y psicosocial comunitario para que las víctimas superen los impactos psicológicos y físicos causados por los actos de violencia de dicho grupo y su acompañamiento durante dicho proceso, la promoción y acompañamiento en las prácticas de elaboración del duelo colectivo, la recuperación y construcción de la memoria histórica y la resignificación de los espacios que representaron terror y dolor.

Frente a la institucionalidad del Estado solicitó el fortalecimiento de la fuerza pública, con el fin de garantizar la protección y seguridad de la población mediante la creación e implementación de Cais y cuadrantes policiales, en especial en las zonas donde delinquió el Bloque Cacique Nutibara y la creación de escenarios de diálogos y concertación entre el municipio y las víctimas con el fin de restablecer la confianza en las instituciones, el tejido social y rescatar los espacios sociales, recreativos y culturales.

Finalmente, el Delegado de la Procuraduría consideró que la situación de La Escombrera no debe ser incluida en la sentencia, pues los postulados no tuvieron participación en esos hechos, por lo que debe tratarse en el proceso seguido al postulado Diego Fernando Murillo Bejarano.

409. La Sala también escuchó directamente a las víctimas en el marco del Incidente de Reparación Integral, para determinar el daño sufrido, oírlas sobre lo que a su sentir podría resultarles más reparador frente a dicho daño, darles la posibilidad de hacerles o formularles sus demandas y requerimientos a los postulados, conciliar con ellos y abrir caminos de reconciliación.

5.2 Los daños persistentes identificados por la Sala

410. A raíz de las intervenciones y solicitudes de las víctimas, como en otros casos, la Sala identificó también la persistencia de:

i) Un marcado impacto de género, que ha podido evidenciarse a lo largo del proceso y más aún en el marco del Incidente de Reparación Integral, pues a raíz del hecho, las mujeres se vieron obligadas a asumir roles como madres cabezas de familia.

ii) El reclamo generalizado de los hijos e hijas para acceder a la educación, especialmente de carácter técnico y/o superior, así como a otras posibilidades para mejorar su calidad de vida en un mediano y largo plazo, pues debido a la muerte de su padre, se vieron privados de esa y otras oportunidades.

iii) Un alto déficit de vivienda propia, que configura una de las más grandes preocupaciones para los miembros de las familias víctimas que carecen de un hogar, o la necesidad de mejoramiento de la vivienda para quienes ya la tienen, pues su estado es precario o están ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo, todo lo cual da cuenta del nivel de vulnerabilidad de las familias sujeto de este pronunciamiento.

Por tanto, su posibilidad de acceso a una vivienda digna constituye uno de los aspectos más importantes a modo de reparación, pues la insatisfacción de este derecho fundamental prolonga su sensación de inseguridad e inestabilidad.

iv) En último lugar, pero no menos importante, la urgencia de restablecer y dignificar el nombre de las víctimas, por cuanto fue una constante la solicitud de reconocer y declarar que no hacían parte de las milicias o los grupos armados insurgentes de la ciudad, como esgrimieron los miembros del grupo armado ilegal para justificar la vulneración de sus derechos.

5.3 La conciliación en el incidente de reparación

411. Posteriormente, la Sala dio lugar a la conciliación entre las víctimas y los postulados.

En este espacio, las manifestaciones de las víctimas fueron diversas, pero se caracterizaron especialmente por sus expresiones de perdón y sus reflexiones para los postulados. Como se dijo, fue una constante la solicitud de dignificar el nombre de las víctimas directas y sus familiares, el deseo de conocer la verdad y las razones por las que sus seres queridos fueron asesinados o víctimas de desaparición forzada.

412. Así, por ejemplo, en el caso de los jóvenes Nelson de Jesús Arias, Gonzalo Múnera Blandón y Jair Alberto Calle, sus madres pidieron saber las razones por las que sus hijos fueron asesinados cuando iban camino al Colegio. En respuesta, el postulado Wander Ley Viasus Torres les pidió perdón, resaltó que sus acciones nunca podrían justificarse y explicó que la muerte de los jóvenes se produjo por su insistencia en cruzar por un sector que estaba prohibido y se comprometió a no volver a delinquir.

413. Así mismo, la señora Romelia Gil, manifestó la necesidad de saber por qué su hijo fue lesionado y a pesar de su dolor, le manifestó al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona que esperaba "que saliera arrepentido y no lo volviera a hacer".

La hija de la señora Yoana Mosquera pidió que se leyera una carta enviada por ésta, en la cual manifestaba el temor permanente de ser nuevamente atacada por los miembros del grupo paramilitar y le pedía al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona que se comprometiera con ella y sus hijos a que estos hechos nunca se repetirían. A eso se comprometió el postulado.

Luz Enith Agudelo, hermana del menor Julián Andrés Vergara, manifestó en nombre propio y el de su madre la urgencia de saber la verdad sobre la desaparición forzada de su hermano, las razones de este hecho y el lugar al cual lo llevaron, pues hasta el día de hoy no conocen el paradero del menor. "Todos los días -dijo- pensamos como fue, que le dijo, que sintió él, todos los días uno se imagino cosas, se hace preguntas a las cuales no tiene respuesta, y el único que sabe la verdad fue el que cometió el delito" e insistió en la necesidad de que se les aclarara si habría alguna represalia en su contra por acudir al Incidente.

A todas estas víctimas el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona les pidió perdón y les manifestó que era consciente de que hizo parte de una guerra absurda. Agregó que nada justifica la muerte de un ser querido y que podían estar tranquilas, pues en los 9 años que ha estado privado de la libertad comprendió la dimensión de los hechos que cometió y se comprometió ante ellas a no volver a delinquir, ni volver a tomar las armas por ninguna razón. Finalmente, reconoció ante Yoana Mosquera y Luz Enith Agudelo que se había equivocado y les pidió que no sintieran temor, pues su intención era salir para hacer el bien y aportar a la comunidad y a la sociedad |351|.

414. Algunas víctimas fueron incluso afectuosas. Éste fue el caso de la señora Martha Elena Rodríguez Carvajal, madre del joven Jaime Andrés Posada Rodríguez, quien le manifestó al postulado Edilberto de Jesús Cañas:

    ". . .quiero pedirle a Edilberto que me de un abrazo, que lo perdono y que olvidemos todo lo que pasó para que él pueda volver a empezar. . . porque yo no puedo abrazar a mi hijo ya, él le quito la vida voluntaria o involuntariamente, como haya sido, mi hijo yo ya no lo voy a recuperar, pero yo quiero que él me de un abrazo y yo se lo quiero dar a él, como si yo se lo estuviera dando a mi hijo" |352|.

El postulado accedió a la solicitud y se mostró conmovido con el gesto de perdón de la señora Rodríguez. Ambos se abrazaron en la audiencia.

La señora Gloria Cecilia Uribe Gallón, esposa de Hugo Alexander López Londoño, también manifestó su deseo de conocer la verdad respecto a la muerte de su compañero y perdonó al postulado Edilberto de Jesús Cañas, haciendo énfasis en que no le guardaba rencor por el hecho.

La señora Gladys Guarín, madre del menor Jorge Mario Monsalve, le solicitó al postulado Edilberto de Jesús Cañas que "limpiara" el nombre de su hijo en los medios de comunicación. En respuesta, el postulado no sólo le pidió perdón, sino que le expresó que estaría atento al llamado de la Fiscalía para ayudar a buscar el cuerpo de su hijo y así devolverle la calma.

En sentido similar, se expresó el joven Julián David Guerra, hijo del líder comunitario Néstor Raúl Guerra, quien le pidió al postulado Edilberto de Jesús Cañas que al salir de la cárcel se dedicara al arte, o a actividades que le aportaran a la sociedad y lo alejaran de la violencia. Ante esta sugerencia y con la intervención de la Sala para buscar fórmulas de acercamiento, conciliación y reconciliación, el postulado Edilberto de Jesús Cañas se comprometió a hacer el esfuerzo de escribir una canción para exaltar el nombre de su padre y expresó su disposición de hablar en un medio de comunicación con el fín de dignificar el nombre de las víctimas.

La señora Adriana María Ospina Fernández, cónyuge de Jorge Horacio Muñoz Macías, sólo le pidió al postulado que cambiara y que una vez estuviera en libertad saliera a hacer el bien. En ese mismo sentido se expresó la señora María Eugenia Oses, madre del joven Luis Ernesto Carrillo.

415. Al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, el señor Manuel Salvador Espinosa, padre de Germán Augusto Espinosa, le solicitó recuperar el nombre de éste y el de toda su familia, la cual se encontraba presente en la Sala y disculparse públicamente, pues ninguno de ellos fue miembro de ningún grupo armado. Ante esta solicitud, el postulado le pidió perdón y expresó que los hechos de los cuales fueron víctimas nunca debieron ocurrir.

La joven Carolina Mesa Osorio, hija de Rubén Darío Mesa Puerta, luego de reseñar los sufrimientos experimentados por su madre, su hermano y ella para salir adelante en medio del dolor producido por la muerte de su padre, le manifestó al postulado Erazo Guzmán:

    ". . .que si va a salir, que dios le está dando una oportunidad, y que sea bien para que otras personas no sufran lo que nosotros sufrimos. Que la vida no tiene que ser fácil que tiene que ser vivida, la idea es aprender las lecciones y ser fuerte, le digo que no le guardamos rencor, que a pesar de que nos dejó solos tan niños que a mi mamá le toco salir sola adelante, no le guardo rencor" |353|.

En el mismo sentido se manifestó Ángela María Gañán, hermana del joven Carlos Gañan García:

    "Al postulado le digo que dios llene de paz su corazón que si tiene familia, les brinde mucho amor, porque la familia es lo más lindo que uno tiene. . . a él le deseo lo mejor de la vida, nunca se desea el mal, a nadie, por más malo que sea uno no puede quitarle la vida a nadie, . . .él es el único que tiene derecho a quitarle la vida a uno, ¿qué le pido a él?. . . con toda el alma, con todo mi corazón le deseo la mejor de las suertes, y a su familia que lo aprecie y lo adore como el mejor tesoro de su vida, y que los pocos momentos que tenga de felicidad que los sepa aprovechar, . . .en la vida el rencor hay que dejarlo a un lado, el dolor nunca se quita, ese espacio, ese vacío siempre estará ahí. . ." |354|.

La señora Elidia Cardona, cónyuge de José Abigail Caro Bedoya, le dijo al mismo postulado:

    ". . . le doy gracias a la vida, y le doy gracias al muchacho Alexander que no tocó con mis hijos ni tocó conmigo, que me dejó vivir y que dios me ayudó. . . yo no siento rencor por nada, que dios lo perdone y que me perdone a mí y que salga adelante, que tenga una vida por delante" |355|.

En particular, la señora Claudia del Socorro Gutiérrez, madre de Luis Elber Rodas, no sólo demandó del postulado Édgar Alexander Erazo que le restituyera el buen nombre a su familia, sino que le pidiera perdón como si se lo estuviera pidiendo a su mamá.

Ante todas esas expresiones, el postulado Édgar Alexander Erazo manifestó que sólo hasta ahora ha comenzado a comprender la magnitud del daño que cometió y que se trató de actos injustos y equivocados. En ese sentido, les dijo a las víctimas, en especial a las familias Rodas Gutiérrez y Villa Mesa y a las jóvenes Ángela Gañan y Carolina Mesa que sus familiares "no merecían haber caído dentro del conflicto", que sus muertes fueron injustas y nunca debieron ocurrir.

Así mismo, reconoció el desplazamiento forzado de la familia Rodas Gutiérrez a raíz de la muerte de sus parientes y le pidió a su apoderado y a la Fiscalía que le imputaran ese hecho. Y ante la petición de la señora Claudia del Socorro Gutiérrez de que le pidiera perdón como si fuera a la mamá, como se lo reiteró la Sala para promover la conciliación, manifestó que:

    ". . . uno puede parecer que tenga el corazón más duro de todos, pero la madre para uno es lo más sagrado, si fuese mi mamá no podría pedirle perdón, no podría dirigirle la palabra, yo a las víctimas evito mirarlas no porque sea egocéntrico, sino porque la vergüenza que siento no me deja mirarlos a los ojos. Le pido perdón, pero no puedo mirarla a los ojos, no soy capaz de hacerlo".

Ante las palabras de la señora Elidia Cardona, el postulado Édgar Alexander Erazo le pidió perdón por el sufrimiento que ella y su familia habían experimentado, aceptó el desplazamiento que se produjo después de la muerte de su cónyuge y se comprometió a hacer una placa en homenaje al señor José Abigail Caro.

Finalmente, le manifestó su agradecimiento a las víctimas que lo perdonaron y le ofrecieron sus buenos deseos.

416. Adicionalmente, los postulados de manera conjunta ofrecieron elaborar y costear con sus propios medios una placa conmemorativa en honor a quienes fueron sus víctimas y sugirieron que por la dimensión simbólica que adquirió la comuna 13 respecto del accionar del Bloque Cacique Nutibara, al cual estuvieron adscritos, se instalara en la zona conocida como La Escombrera o en el Museo Casa de la Memoria. Al momento de su intervención cada postulado también reconoció su responsabilidad en la comisión de los hechos y se comprometió a no volver a delinquir, ni volver a atentar contra las familias presentes y les pidieron perdón por los daños causados.

La Sala acogió y aprobó las solicitudes, ofrecimientos, acuerdos y actos de reconciliación de las víctimas y los postulados.

5.4. Las medidas solicitadas por los representantes de víctimas

5.4.1 Medidas generales de restitución, rehabilitación, indemnización y satisfacción solicitadas por los representantes de víctimas

417. Los representantes de las víctimas de forma consensuada designaron a la doctora María Clara Valderrama para que expusiera las medidas de reparación generales para todos los casos. En tal sentido, y como medidas de restitución y rehabilitación solicitó:

i) Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cancelar en un plazo determinado la indemnización reconocida en la sentencia, dándole un trato preferencial.

ii) Que las entidades de salud les presten atención médica y psicológica a los grupos familiares que aun no se han recuperado de las consecuencias de los hechos victimizantes.

iii) Que las victimas desplazadas que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una vivienda, sean incorporadas a los programas de vivienda de interés social de acuerdo con su estrato y posibilidades económicas.

iv) Que a través del SENA y las universidades vinculadas a los programas de atención y reparación de las víctimas, se les de acceso preferencial a la oferta educativa para aprendices o estudiantes, con ayudas para su sostenimiento mientras desarrollan su proceso de formación y

v) Promover programas de formación en competencias laborales, productividad y emprendimiento de acuerdo al perfil socioeconómico de las víctimas.

418. Como medidas generales de satisfacción, solicitó:

i) Que al momento de emitir la sentencia, la Sala de Conocimiento ordene a los postulados llevar a cabo actos de contribución a la reparación integral así:

a) Una declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas vinculadas a ella, la cual deberá ser divulgada en medios de circulación de amplia circulación.

b) El reconocimiento público de su responsabilidad, su arrepentimiento y su compromiso de no incurrir en conductas punibles.

c) Su participación en los actos simbólicos de resarcimiento y dignificación de las victimas a los que haya lugar de conformidad con los programas fijados para tal efecto.

d) Su colaboración eficaz para la localización de las personas desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas de los que tengan conocimiento.

e) Realizar acciones de servicio social.

ii) Que se organicen, sistematicen y conserven los archivos de los hechos y circunstancias relacionadas con las conductas de las personas relacionadas en este proceso, con el fin de garantizar a las víctimas la verdad y la preservación de la memoria judicial.

iii) Garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, así como los medios necesarios para divulgar la verdad de lo acontecido en coordinación con el Centro de Memoria Histórica, remitiéndole a éste copias de estos registros y encomendando la custodia de los archivos a los que se refiere el presente, al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales.

5.4.2 Medidas generales que garanticen la no repetición

419. Como medida de no repetición, la representante Maria Clara Valderrama, solicitó que los postulados se comprometan a no volver a cometer conducta alguna que sea violatoria de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Código Penal y continuar colaborando con la justicia en el esclarecimiento de la verdad y en la judicialización de otros responsables, especialmente de las Fuerzas Militares, la Policía, las autoridades locales y en general los servidores públicos.

5.4.3 Medidas específicas solicitadas en algunos casos

a. Atención médica prioritaria

420. Los representantes de las víctimas solicitaron que el Ministerio de Salud y las entidades que apoyan el proceso de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, presten atención médica especial y prioritaria, a:

i) Gladys de Jesús Guarín Castaño, madre de Jorge Mario Monsalve Guarín.
ii) María Evelia Taborda Taborda, madre de Mauricio Hernández Taborda.
iii) Amanda del Socorro Quintero Vargas, madre de Camilo Andrés Quintero.
iv) Luz Mery de Jesús Diosa.
v) María Eugenia Oses, madre de Luis Ernesto Carrillo Oses.
vi) Patricia Elena Ramírez Ramírez, cónyuge de Armando de Jesús Vásquez Castro.
vii) Ledy Lorena Rodas Gutiérrez, hija de Arturo Antonio Rodas Lora.
viii) Lina María Londoño Rojas, compañera de Bladimir Ojeda Álvarez.
ix) Paola Andrea Hincapié Giraldo, cónyuge de José Alfredo Acevedo.
x) María Emilcen Ocampo Londoño y Yamile Johanna Restrepo Ocampo, madre y hermana de Yeison Esteban Ocampo Restrepo.
xi) Jhon Fredy Villa Mesa, hermano de Faber Arley Villa Mesa.
xii) María Raquel Blandón Mejía, Miriam Lucía Múnera y Yuliana Andrea Múnera Blandón, madre y hermanas de Gonzalo Múnera Blandón.
xiii) Liliana Patricia Jaramillo Botero y Manuela Amariles Jaramillo, compañera e hija de Dairo Humberto Amariles.
xiv) Alberto González Gil.
xv) Orlando de Jesús Arias Candamil, su cónyuge Luz Enid Vélez Ortíz y sus hij@s, Eliana Arias Vélez y Juan David Arias Vélez.

b. Atención psicológica y/o psiquiátrica

421. Los representantes de víctimas solicitaron que el Ministerio de Salud y las entidades que apoyan el proceso de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, les brinden atención psicológica prioritaria y permanente, así como psiquiátrica en caso de requerirlo, a:

i) Ana Luisa Uribe Barrientos, madre de Edwin Alonso Arias Uribe.
ii) Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía Uribe Gallón, hijas de Hugo Alexander López Londoño.
iii) Luz Elena Agudelo Hernández, Jairo de Jesús Vergara Flórez y Margy Mallersy, Xiomara, Erika Maryori y Luz Enith Agudelo Hernández, madre, padre y hermanas de Julián Andrés Vergara Agudelo.
iv) Gladys de Jesús Guarín Castaño, madre de Jorge Mario Monsalve Guarín.
v) Amanda del Socorro Quintero Vargas, madre de Camilo Andrés Quintero.
vi) Pedro Luis Restrepo Loaiza, Luz Mery Diosa y Marcela Viviana Abad Diosa y Johana Restrepo Diosa, padre, madre y hermanas de Mauricio Restrepo Diosa.
vii) Luz Elena Trujillo Diosa, María Belarmina Trujillo y Ana María Trujillo Diosa, madre, hermana y nieta de Luz Mery de Jesús Diosa.
viii) María Cecilia Velásquez de Espinosa y Germán Alirio Espinosa Velásquez, madre y hermano de José de Jesús Espinosa Velásquez.
ix) María Cecilia Velásquez, hermana de Hermán Augusto Espinosa Villa.
x) Cristian Alexander Loaiza Correa, hijo de Giovanni Loaiza Mosquera.
xi) Patricia Elena Ramírez Ramírez, cónyuge de Armando de Jesús Vásquez Castro |356|.
xii) Ledy Lorena y Leidy Diana Rodas Gutiérrez, hijas de Arturo Antonio Rodas Lora.
xiii) Doris Marcela del Socorro Cuartas de Corrales, madre de Yobanny Corrales Cuartas.
xiv) Paola Andrea Hincapié Giraldo, cónyuge de José Alfredo Acevedo Bustamante.
xv) María Nohelia Pedroza Cardona y Natalia Andrea Hernández Pedroza, madre y hermana de Víctor Hugo Hernández Pedroza.
xvi) Wilson Jaiber López Moreno.
xvii) Luz Mila Arias David, madre de Nelson de Jesús Arias David.
xviii) Luz Elena Calle Piedrahita, madre de Jair Alberto Calle.
ix) María Alejandra Muñoz Ospina, hija de Jorge Horacio Muñoz Macías.
x) Alba Lucia Soto Marulanda, madre de Víctor Hugo López Soto.
xi) Jhon Fredy Villa Mesa, hermano de Faber Arley Villa Mesa.
xii) Johanna Yanet Mosquera Guerrero.
xiii) Ángela María Gañan García, hermana de Carlos Gañan García.
xiv) Hernan Stivel Alvarez Agudelo y Carolinek Agudelo Mejia, hij@s de Mónica Patricia Agudelo Mejía.
xv) Dora Patricia Osorio Martínez y Carolina, Marcela y Cristian Camilo Mesa Osorio, ex-compañera e hij@s de Rubén Darío Mesa Puerta.
xvi) Maruja Rivera Vásquez, madre de Julio César Carmona Rivera.
xvii) Alex Santiago Galvis Restrepo.
xviii) Luz Enid Vélez Ortíz, cónyuge de Orlando de Jesús Arias Candamil.
xix) Elidia de Jesús Cardona de Caro y Jose Norbey, Robilson de Jesús, Paula Andrea, Anderson y Andrey Caro Cardona, cónyuge e hij@s de José Abigail Caro Bedoya.

c. Acompañamiento jurídico y registro o corrección del registro de los menores que no alcanzaron a ser reconocidos por sus padres

422. La representante Alma Patricia Rincón solicitó a favor de Ángela María Gañan García, hermana de Carlos Gañan García, el acompañamiento necesario, así como el amparo de pobreza para adelantar la sucesión del inmueble que se encuentra a nombre de la víctima directa.

423. Del mismo modo, el representante Ramiro Alberto Toro, solicitó a favor de Gloria Cecilia Uribe Gallón, compañera de Hugo Alexander López Londoño, que se corrija el registro de nacimiento de su hija, la menor Karol Estefanía Uribe Gallón, respecto a los apellidos de su padre biológico, la víctima directa |357|.

d. Acceso o mejoramiento de vivienda

424. Los representantes de las víctimas también solicitaron acceso a una vivienda propia para:

i) Alonso Arias Castaño, padre de Edwin Alonso Arias Uribe.
ii) Gloria Cecilia Uribe Gallón, compañera de Hugo Alexander López Londoño.
iii) Luz Elena Agudelo Hernández, madre de Julián Andrés Vergara Agudelo.
iv) Gladys de Jesús Guarín Castaño, madre de Jorge Mario Monsalve Guarín.
v) María Evelia Taborda Taborda, madre de Mauricio Hernández Taborda.
vi) Amanda del Socorro QuinteroVargas, madre de Camilo Andrés Quintero.
vii) Luz Mery de Jesús Diosa, víctima directa.
viii) María Eugenia Oses, madre de Luis Ernesto Carrillo Oses.
ix) Paula Andrea Correa Marín, compañera de Giovanni Loaiza Mosquera.
x) Patricia Elena Ramírez Ramírez, cónyuge de Armando de Jesús Vásquez Castro.
xi) Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, compañera de Luis Arnoldo Rodas Lora.
xii) Luz Elena Calle Piedrahita, madre de Jair Alberto Calle.
xiii) Adriana María Ospina Fernández, compañera de Jorge Horacio Muñoz Macías.
xiv) Johannna Yanet Mosquera Guerrero, víctima directa.
xv) María Nohelia Mejía Colorado, Hernan Stivel Alvarez Agudelo y Carolinek Agudelo Mejia, madre e hij@s de Mónica Patricia Agudelo Mejía.
xvi) María Raquel Blandón Mejía y Joaquín Emilio Múnera Álvarez, madre y padre de Gonzalo Múnera Blandón |358|.
xvii) Julián David Guerra Acevedo, hijo de Néstor Raúl Guerra Patiño.
xviii) Paola Andrea Hincapié Giraldo, cónyuge de José Alfredo Acevedo Bustamante.
xix) Claudia Patricia Gil, hermana de Alberto González Gil.

Así mismo, el representante Gilberto Antonio Díaz, solicitó como medida de rehabilitación el mejoramiento de la vivienda de Leidy Diana Rodas Gutiérrez, hija de Arturo Antonio Rodas.

La madre de la víctima directa Alberto González Gil, Romelia Gil Libreros, también solicitó para él, acceso a un programa para subsidios de vivienda acondicionada para sus limitaciones e invalidez.

e. Condonación de deudas por impuesto predial y/o bancarias

425. Los representantes de las víctimas también solicitaron la condonación de lo adeudado por concepto de impuesto predial a:

i) Luz Berenice Arroyave Cardona, compañera de Alirio Antonio Villa Muñoz, quien adeuda el impuesto predial de la vivienda, la cual está abandonada a raíz del desplazamiento forzado que experimentó la familia.
ii) Alba Lucia Soto Marulanda, madre de Víctor Hugo López Soto.
iii) Ángela María Gañan, hermana de Carlos Gañán García.

Igualmente, el representante Gilberto Antonio Díaz, en el caso de la víctima directa Luis Arnoldo Rodas Lora y a favor de su compañera Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, solicitó la condonación de la deuda que posee en Bancolombia.

f. Acceso a educación especial

426. La apoderada también solicitó acceso a educación especial para Manuela Amariles Jaramillo, hija de la víctima directa Dairo Humberto Amariles, a raíz de la solicitud hecha por Liliana Patricia Jaramillo Botero, compañera de la víctima y madre de la menor, debido a sus dificultades auditivas y cognitivas.

g. Acceso a la educación superior

427. Los representantes de las víctimas también solicitaron que, de manera preferente, el Ministerio de Educación garantice el acceso a la educación técnica o superior de:

i) Jhon Eddy y Andrés Felipe Arias Uribe, hermanos de Edwin Alonso Arias Uribe.
ii) Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía Uribe Gallón y Omar Andrés Uribe Gallón, hijas e hijastro de Hugo Alexander López Londoño.
iii) Juan Manuel Amariles Camargo, hijo de Dairo Humberto Amariles.
iv) Xiomara Agudelo, hermana de Julián Andrés Vergara Agudelo.
v) Juan David Sánchez Gutiérrez, hijo de Yesid Sánchez Gómez.
vi) Edinson Javier, Diana Patricia y Mariluz Hernández Taborda, herman@s de Mauricio Hernández Taborda.
vii) Sebastián Camilo y Alirio Antonio Villa Arroyave, hijos de Alirio Antonio Villa Muñoz.
viii) Jhonny Santiago Carrillo y María Isabel Ospina Oses, Luz Elena Posada Oses y Alejandra Cristina Oses, hijo y hermanas de Luis Ernesto Carrillo Oses.
ix) Yudis Maeline Orrego Jaramillo, Yulieth Melisa Espinosa Orrego y Nathaly Espinosa Villa, compañera, hija y hermana de Hermán Augusto Espinosa Villa.
x) Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa, hij@s de Giovanni Loaiza Mosquera.
xi) Jesica Estefanía Vásquez Ramírez, hija de Armando de Jesús Vásquez Castro.
xii) Ledy Lorena y Leidy Diana Rodas Gutiérrez, hijas de Arturo Antonio Rodas Lora.
xiii) Brahian Stiven Ojeda Londoño, hijo de Bladimir Ojeda Álvarez.
xiv) Paola Andrea Hincapié Giraldo, cónyuge de José Alfredo Acevedo Bustamante.
xv) María Nohelia Pedroza Cardona y Natalia Andrea Hernández Pedroza, madre y hermana de Víctor Hugo Hernández Pedroza.
xvi) Wilson Jaiber López Moreno, víctima directa.
xvii) María Alejandra y María Juanita Muñoz Ospina, hijas de Jorge Horacio Muñoz Macías.
xviii) María Camila Torres Restrepo, hija de Jhon Jerderson Torres Bueno.
xix) Angela María Gañan García, hermana de Carlos Gañan García.
xx) Hernán Stivel Álvarez Agudelo y Carolinek Agudelo Mejia, hij@s de Mónica Patricia Agudelo Mejía.
xxi) Carolina y Marcela Mesa Osorio, hijas de Rubén Darío Mesa Puerta.
xxii) Nasly Marcela Carmona Rivera, hermana de Julio César Carmona Rivera.
xxiii) Alex Santiago Galvis Restrepo.
xxiv) María Isabel Ospina Oses, Luz Elena Posada Oses y Alejandra Cristina Oses, hermanas de Luis Ernesto Carillo Oses.
xxv) Daniela Cardona Osorio, hija de Jhon Mario Cardona.
xxvi) Luz Enid Vélez Ortiz y Eliana y Juan David Arias Vélez, cónyuge e hij@s de Orlando de Jesús Arias Candamil.
xxvii) Julián David Guerra Acevedo, hijo de Néstor Raúl Guerra Patiño.
xxviii) Johanna Yanet Mosquera Guerrero.

h. Apoyo y capacitación para el empleo o para proyectos productivos

428. Los representantes solicitaron apoyo y capacitación para el empleo a o acceso a proyectos productivos o de emprendimiento para:

i) Paula Andrea Correa Marín y Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa, compañera e hij@s de Giovanni Loaiza Mosquera.
ii) Gladys de Jesús Guarín Castaño, madre de Jorge Mario Monsalve Guarín.
iii) Patricia Elena Ramírez Ramírez, cónyuge de Armando de Jesús Vásquez Castro.
iv) Ledy Lorena y Leidy Diana Rodas Gutiérrez, hijas de Arturo Antonio Rodas Lora.
v) Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, compañera de Luis Arnoldo Rodas Lora.
vi) María Nohelia Pedroza Cardona y Natalia Andrea Hernández Pedroza, madre y hermana de Víctor Hugo Hernández Pedroza.
vii) Wilson Jaiber López Moreno, víctima directa.
viii) Adriana María Ospina Fernández, compañera de Jorge Horacio Muñoz Macías.
ix) Alba Lucia Soto Marulanda, madre de Víctor Hugo López Soto.
x) Carolina y Marcela Mesa Osorio, hijas de Rubén Darío Mesa Puerta.
xi) Nasly Marcela Carmona Rivera, hermana de Julio César Carmona Rivera.
xii) Julián David Guerra Acevedo, quien solicitó apoyo para un proyecto de empresa de sonido (back laden), hijo de Néstor Raúl Guerra Patiño.

i. Exención del servicio y acceso a la libreta militar

430. Los representantes de las víctimas también solicitaron la exención del servicio militar y/o el acceso a la libreta militar para:

i) Jhon Eddy y Andrés Felipe Arias Uribe, hermanos de Edwin Alonso Arias Uribe.
ii) Omar Andrés Uribe Gallón, hijastro de Hugo Alexander López Londoño.
iii) Juan Manuel Amariles Camargo, hijo de Dairo Humberto Amariles.
iv) Juan David Sánchez Gutiérrez, hijo de Yesid Sánchez Gómez.
v) Sebastián Camilo y Alirio Antonio Villa Arroyave, hijos de Alirio Antonio Villa Muñoz.
vi) Jhonny Santiago Carrillo, hijo de Luis Ernesto Carrillo Oses.
vii) Yobani Espinosa García, hijo de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez.
viii) Nicolás de Jesús y Dionisio Arley Espinosa Espinosa, hijos de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez.
ix) Cristian Alexander Loaiza Correa, hijo de Giovanni Loaiza Mosquera.
x) Brahian Stiven Ojeda Londoño, hijo de Bladimir Ojeda Álvarez.
xi) Cristian Camilo Mesa Osorio, hijo de Rubén Darío Mesa Puerta..
xii) Orlando de Jesús Arias Candamil, víctima directa, así como para su hijo Juan David Arias Vélez.
xiii) Julián David Guerra Acevedo, hijo de Néstor Raúl Guerra Patiño.

j. Realización de actos de satisfacción y desagravio

431. En algunos casos, los representantes de las víctimas o éstas directamente, solicitaron la realización de actos de desagravio particulares y específicos así:

i) La señora María Cecilia Velásquez de Espinosa, madre de la víctima directa José de Jesús Espinosa Velásquez, solicitó realizar un acto público con toda la comunidad en el corregimiento de San Antonio de Prado. Al mismo, sugirió invitar al Presidente de la República, al Comandante del Ejército, al Alcalde de Medellín y al Gobernador de Antioquia, para que pidan perdón por la omisión que produjo la muerte de su hijo y que en el mismo evento haga presencia el postulado, para que restablezca y dignifique el buen nombre de la familia y pida perdón por el hecho.

En el mismo sentido, solicitó que se publicara en un periódico de circulación local y Nacional la decisión que se tome sobre este hecho.

ii) El señor Manuel Salvador Espinosa Velásquez, padre de la víctima directa Hernán Augusto Espinosa Villa, solicitó que se dignificara su nombre en el barrio El Limonar del Corregimiento de San Antonio de Prado, lugar donde ocurrió el hecho y aún reside la familia, a través de un "pregón" con pancartas donde se diga que su familia no participó en grupos subversivos y que lo que hicieron fue injusto, en el cual los postulados pidan perdón públicamente.

iii) La señora Elidia de Jesús Cardona de Caro, cónyuge de la víctima directa José Abigail Caro Bedoya, solicitó que se instale una placa en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en memoria de su esposo y exhibió una fotografía de su cónyuge con la banda de música "Mis Primeros Instrumentos" que conformó.

iv) Julián David Guerra Acevedo, hijo de la víctima directa Néstor Raúl Guerra Patiño, solicitó apoyo para crear una escuela musical que lleve el nombre de su padre y en la cual pueda dar clases de música.

v) La señora Guillermina Gutiérrez de Álvarez, madre de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, solicitó que la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas la reconozca como tal junto con su grupo familiar, pues esta entidad se ha negado a reconocer su condición fundamentando que se trata de un caso de delincuencia común |359|.

6. Las dimensiones individuales y colectivas del daño

6.1. La dimensión individual

432. Varios casos que ocupan a la Sala en esta ocasión se caracterizaron por el nivel de vulnerabilidad que se profundizó o que se produjo como resultado del hecho violento. En algunos casos, los niños tuvieron que abandonar sus estudios y trabajar o acompañar a sus madres para lograr el sustento diario |360|. "Los hermanos dejaron a sus cuñadas solas, madres cabeza de familia. Una vende mazamorra, los niños de Nicolás se iban para la minorista y mayorista a vender revuelto", como relató Salvador Espinosa, cuya familia fue víctima de una de las masacres del barrio El Limonar 2.

433. La perito psicóloga Natalia Bustamante, también explicó las consecuencias que experimentaron las familias en el presente proceso y las distintas formas de daño psicológico que experimentan muchos de sus miembros, entre los que refirió:

i) Síntomas de stress postraumático, que incluye ansiedad generalizada e hipervigilancia, así como temor a motos, a lugares y a personas.

ii) Depresión y un permanente estado de ánimo bajo, que afecta el proyecto de vida e incluso, depresión severa, con medicación y atención siquiátrica.

iii) Síndrome de la madre soltera, debido a las carencias y los cambios de rol que se generaron por el hecho violento, lo cual, según refirió la especialista, puede afectar o prolongar el proceso de duelo.

En el diagnóstico realizado por la psicóloga a las familias de las que se ocupa este pronunciamiento, el dictamen dio cuenta de que aún años después del hecho ha continuado la afectación. Y en efecto, algunas de las víctimas presentes en el Incidente manifestaron que todavía experimentan sentimientos de confusión y dolor. Expresiones que todavía "me parece que lo veo al pie de mi cama" |361| o como expresó una de las familiares de una víctima de desaparición forzada,

    ". . . ver a mi mamá como se pone cada que le toca venir acá, es muy duro asistirla en sus crisis, pensar que le puede pasar algo, que pierda la razón totalmente por no saber donde esta mi hermano. Por lo menos si hubiéramos encontrado el cuerpo de mi hermanito, enterrarlo, el dolor seria grande pero no tanto, esto es como un cáncer que lo carcome a uno. Todos los días pensamos como fue, que le dijo, que sintió él, todos los días uno se imagina cosas, se hace preguntas a las cuales no tiene respuesta, y el único que sabe la verdad fue el que cometió el delito" |362|.

Este tipo de sensaciones y emociones, como explicó la psicóloga, constituye un daño psicológico semipermanente, cuya recuperación sólo es posible con el acompañamiento a la familia afectada y en los casos de desapariciones forzadas, mediante la realización de entierros simbólicos, cuando ello es posible y viable.

El aumento de la afectación, según resaltó, se debe a la ausencia de apoyo o intervención oportuna, pues la demora en la atención profundiza y agrava el daño emocional. Ésta debe brindarse en cuanto sea posible, pero siempre de manera oportuna, tanto a nivel psicológico como psiquiátrico, cuando sea necesario.

Los daños sicológicos descritos le impiden a los afectados relacionarse adecuadamente, no solo a nivel familiar, sino también en sus comunidades y entornos cotidianos. Los efectos alcanzan la estabilidad de los menores, al punto que una de las madres cabeza de hogar manifestó que además de la situación económica precaria que se produjo a raíz de la muerte de su compañero, una de sus hijas perdió en 3 ocasiones el mismo grado escolar y su estabilidad emocional ha estado marcada por el hecho violento.

En algunos casos, el daño puede llegar a producir efectos psicosociales complejos y profundizar la crisis al interior de la familia, como el hábito de consumo de alcohol para evadir el dolor por la pérdida. Es el caso de la señora Gladys Guarín Castaño, quien manifestó que a raíz de la desaparición forzada de su hijo menor de edad y para superar su ausencia, se refugió en el alcohol, tal y como lo manifestó en el Incidente de Reparación Integral.

434. La sensación de miedo e inseguridad también es una de las más recurrentes entre los sobrevivientes de los hechos de los que se ocupa la Sala en esta ocasión. Los miembros de las familias afectadas manifestaron el temor de permanecer en los lugares donde residían y ocurrieron los hechos, o incluso, de que un nuevo hecho violento los afectara como consecuencia de su presencia y participación en el Incidente de Reparación Integral, pues muchos de ellos temen que quienes llevaron a cabo los delitos vuelvan a causarles daño, lo cual impide la normalización de sus actividades cotidianas, como lo expresaron en la Audiencia del Incidente. Es el caso de la víctima directa Johana Mosquera, quien manifestó su temor de ser atacada nuevamente o de que algo le ocurra a sus hijos, o de la señora Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, quien manifestó que todavía tiene miedo y cree que "los ve por ahí".

435. Cómo lo ha dicho la Sala en pronunciamientos anteriores, la desaparición forzada genera algunas de las situaciones emocionales más complejas y dolorosas para las víctimas.

En este sentido, la perito psicóloga hizo hincapié en la importancia de los rituales simbólicos, pues las víctimas no han cesado en la búsqueda de sus seres queridos, la cual, al no producir efectos, genera una constante insatisfacción que hace ineficaz cualquier tipo de manifestación simbólica.

De allí entonces que, según explicó, tales rituales adquieren validez y eficacia para aportar a la recuperación emocional, cuando a los familiares se les explica y demuestra la imposibilidad de encontrar a su ser querido, acompañado de un proceso psicosocial que permita dignificar el duelo y darle paso a otros procesos de restablecimiento.

La desaparición forzada fue uno de los delitos más frecuentes cometidos por el Bloque Cacique Nutibara. Aunque en este caso sólo 2 familias padecieron la desaparición de sus seres queridos -los menores de edad Jorge Mario Monsalve Guarín y Julián Andrés Vergara- |363|, en ninguno de los casos las familias han podido encontrar el cuerpo.

Esta es una oportunidad única y urgente para resarcir el daño y restablecer la identidad y dignidad de las víctimas directas y sus familias, máxime cuando los postulados se comprometieron y manifestaron su voluntad de aportar en la mayor medida posible al hallazgo de los restos de las víctimas.

436. Las difíciles condiciones económicas en las que se encuentran las familias a pesar del tiempo transcurrido, contribuyen a agravar el daño. Muchos de ellos obtienen su sustento de labores informales, como ayudantes de construcción |364| o vendiendo tinto de forma ambulante |365|.

6.2. La dimensión colectiva

437. El artículo 49 de la Ley 975 de 2.005 prevé que la reparación colectiva hace referencia a la obligación del Estado de implementar programas que generen un impacto colectivo y hagan posible la recuperación de las instituciones propias del Estado Social de Derecho en las zonas afectadas por la violencia.

438. Por su parte, la Ley 1448 de 2.011 establece que tienen derecho a la reparación colectiva las comunidades, las organizaciones y los grupos sociales y políticos, que por causa del conflicto armado colombiano hayan sufrido un daño ocasionado por la violación de sus derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de sus miembros y el impacto colectivo de la violación de los derechos individuales de éstos.

En el caso de las comunidades, entendidas como:

    "Conjunto social que comparte identidad basada en prácticas, cultura, patrones de enseñanza, territorio o historia, con interés en generación de bienes indivisibles o públicos, que trabajan juntos por un mismo objetivo y también debaten de acuerdo al tema. Tal es el caso de las veredas, cabeceras de corregimiento o municipios de arraigo claro y conocido por sus habitantes" |366|.

439. En este caso el daño alcanzó a las comunidades ubicadas en la Comuna 7, Robledo, barrios Civitón, Aures y Curazao en los que tuvo su centro de operaciones el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa. La Comuna 3, Manrique, barrios San Blas, La Cima, Barrios Unidos, Jardín y el Reversadero, donde operó el postulado Wanderley Viasus Torres. La Comuna 4, Aranjuez, barrios Moravia, El Oasis y El Bosque, donde operó el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona y el corregimiento de San Antonio de Prado y los barrios Limonar 1 y 2, donde tuvo su lugar de operaciones el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán, todos en el municipio de Medellín. Al sur del área metropolitana, los barrios La Finca y Yarumito, donde operó el postulado Mauro Alexander Mejía Ocampo; en los barrios Playa Rica, El Rincón, Olivares y Calatrava, donde tuvo su centro de operaciones Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y en los barrios El Tablazo, Calatrava, Balcones de Sevilla y el Guayabo en donde operó Juan Mauricio Ospina Bolivar, todos en el municipio de Itagüí.

440. La acción de los grupos paramilitares en esos escenarios, generó una fractura del orden social y comunitario. Sus acciones y métodos produjeron la ruptura de las relaciones de confianza y convivencia entre la comunidad, conforme a las reglas legalmente establecidas y dieron lugar a la conformación de ordenes ilegales y a la imposición de reglas y formas de control social que produjeron una sensación permanente de terror, que permanece hasta nuestros días en muchas de las familias que experimentaron el daño.

Ese fue el objetivo y el efecto de los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzoso, que lesionaron no sólo los derechos individuales de las personas afectadas, sino también los derechos colectivos de la población a participar en la conformación y ejercicio del poder político y en las decisiones que la afectan, a beneficiarse del progreso y los avances de la sociedad y a gozar y ejercer sus derechos en condiciones de seguridad, sin más límites que el orden legal.

En efecto, las violaciones referidas en este pronunciamiento y los casos objeto de reparación, muestran como el accionar del Bloque Cacique Nutibara afectó no sólo a los miembros de las familias en sentido individual, sino que también tuvo un impacto colectivo, pues sembraron el terror entre la población, que se vio forzada a convivir con la presencia de los miembros del grupo paramilitar y bajo un orden ilegal y autoritario que alteró los lazos y relaciones sociales, las reglas y el orden imperante en la sociedad, la confianza en las instituciones y la posibilidad de gozar de espacios de participación y desarrollo comunitario.

Y es precisamente en esa forma de control que radica el daño colectivo.

    "La intimidación, el terror y la eliminación física permiten los resultados del "dominio y control territorial", generando de paso una gran descomposición del tejido social barrial. Lo paradójico de la situación es que el miedo actúa como un fuerte elemento de integración social. Las bandas, combos, milicianos, paramilitares desarrollan sus estrategias de terror e intimidación y arropan bajo su protección a quienes se encuentran dentro de sus territorios: protección brindada, fidelidad exigida" |367|.

441. El caso de los jóvenes Nelson Arias, Jair Alberto Calle y Gonzalo Múnera Blandón, quienes contaban con 17 años al momento de su muerte y fueron asesinados cuando iban camino a la institución educativa San Juan Bautista donde estudiaban, da cuenta de ese orden paralelo y sus formas de control social. Cuando las madres de los jóvenes le pidieron al postulado Wander Ley Viasus Torres, que les dijera la razón por la que asesinó a sus hijos, este contexto que fue por su insistencia en cruzar por una zona vedada para ellos o en otros términos, las fronteras imaginarias establecidas por el grupo armado ilegal.

Ese tipo de fronteras son una de las máximas representaciones del control armado ejercido por el Bloque Cacique Nutibara, que imponía límites imaginarios que restringían la movilidad de los habitantes y señalaba no sólo los lugares por los cuáles era permitido transitar, sino también las personas que podían permanecer o circular por el espacio objeto de control. Se trata de un proceso de fragmentación social que degrada los lazos comunitarios y de solidaridad, generando entre los habitantes una profunda desconfianza. De este modo, el grupo sembró el "miedo al otro".

    "Lo grave es que a la interminable historia de carencias que viven estos pobladores, se le agrega la fragmentación social generada por el accionar de los grupos de violencia.

    "Así se conformaron las bandas y combos que se dividieron la ciudad y marcaron las fronteras invisibles e inviolables, so pena de encontrar la muerte con sólo avanzar unos metros. 'El fuego cruzado combinó balas de la guerrilla, de las milicias, de los grupos de autodefensa y balas oficiales que encontraron víctimas igual en la calle que a la salida del colegio' (Zuluaga, 2002)" |368|.

442. Otro de los mecanismos de control fue la estigmatización de los habitantes de los barrios, a quienes se les señalaba como miembros o auxiliadores de los grupos armados insurgentes. Ese inri servía de excusa y justificación de masacres, homicidios selectivos y desapariciones y desplazamientos forzados. De allí que los familiares de las víctimas reclamaran constantemente en el marco del Incidente la necesidad de dignificar el nombre de sus seres queridos y aclarar que no hacían parte de ningún grupo armado insurgente.

443. A ello debe añadirse la ejecución extrajudicial y/o arbitraria de drogadictos, personas con antecedentes y sectores vulnerables del más diverso tipo:

    "La denominada violencia por limpieza social que será practicada en Medellín. . . está fundamentada en una tarea de profilaxis social barrial - limpiar las "inmundicias humanas": prostitutas, niños de la calle, homosexuales, delincuentes comunes, drogadictos, alcohólicos, vagos y marginados- convirtiéndose, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los crímenes más execrables, dadas las condiciones de absoluta indefensión de la víctima y que realmente, no constituyen de suyo un peligro social" |369|.

Por un lado, se les estigmatizaba como miembros o auxiliadores de los grupos insurgentes y bajo este "señalamiento" se escondía una forma de control social basada en la ejecución extrajudicial de individuos, mujeres y hombres, incluyendo menores de edad, que incurrieran en conductas que el grupo armado consideraba desviadas o indeseables conforme al orden paralelo impuesto por él. De ese modo lograron el control casi absoluto de los territorios y sus residentes e impusieron no sólo un orden ilegal, sino que rompieron las relaciones de confianza y convivencia de la comunidad conforme a unos valores y normas legal o válidamente establecidas.

7. Las medidas de reparación de los daños

7.1 La indemnización

7.1.1 Las reglas generales para liquidar la indemnización

444. La Sala liquidará la indemnización a que tienen derecho cada una de las víctimas conforme a las siguientes reglas generales:

a. El daño emergente corresponde a la disminución o la merma que sufre el patrimonio de la víctima como consecuencia del hecho, las erogaciones que debe hacer a causa de éste o el valor o precio del bien o cosa que ha sufrido un daño.

Para efectos de su tasación, la Sala tendrá en cuenta el juramento estimatorio y la declaración de las víctimas, siempre que sean razonables, verosímiles y ajustadas a los hechos y las demás pruebas presentadas por la Fiscalía y las otras partes, pues de conformidad con el artículo 206 de la Ley 1564 de 2.012 (Código General del Proceso) "quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos". Dicho juramento "hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo".

Esta misma regla se aplicará cuando el ingreso o salario devengado por la víctima directa se fija a través de un juramento estimatorio, para efectos de establecer el lucro cesante.

Sin embargo, de considerarse que "la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar", el juez puede decretar pruebas de oficio para verificar y esclarecer los daños o perjuicios causados. Por tanto, en tal caso deben ser probados judicialmente con otros medios.

Una vez se demuestre probatoriamente la cuantía del daño emergente, ésta se indexará a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha de la presente decisión, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

Sin embargo, en múltiples casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado en equidad el daño emergente por los gastos funerarios a pesar de que éstos no fueron acreditados probatoriamente, pues se presume que los familiares de las víctimas incurrieron en dichos gastos en razón de la muerte de éstas. Así, entonces, la Corte ha fijado por concepto de gastos funerarios el pago de 300 dólares |370|, 1.500 dólares |371| y hasta 2.000 dólares |372|.

De otra parte, en la sentencia del 27 de agosto de 2.014 de esta misma Sala de Justicia y Paz contra el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo y otros desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas |373|, se fijaron los gastos funerarios con base en las pruebas que fueron allegadas al incidente, a partir de las cuales se calculó un valor promedio que fue aplicado a los casos donde no se demostró dicho concepto y el cual fue actualizado a la fecha de la sentencia, arrojando un valor de $1.000.000 a $1.200.000 pesos por gastos funerarios.

De igual manera, en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán, más conocido como Monoleche |374|, se fijaron como gastos funerarios de manera general y para todos los casos, un valor actualizado a la fecha de la sentencia de $1.200.000 pesos.

De acuerdo a lo anterior, se deduce que: i) los gastos funerarios se presumen, pues los familiares de las víctimas efectivamente debieron incurrir en dichos gastos por la muerte de éstas; ii) los gastos funerarios son variables y no han tenido un valor uniforme; y iii) éstos se fijan a discrecionalidad del Juez, tal como se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo tanto, en los casos donde no se haya probado directamente los gastos funerarios, la Sala los fijará en un valor de $1.200.000 pesos, los cuales están actualizados a la fecha de la presente sentencia.

b. El lucro cesante es un daño patrimonial que hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona dejó de percibir como consecuencia del delito o el daño que se le causó.

Para liquidar el lucro cesante deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

i) Cuando el salario devengado por la víctima directa al momento de los hechos sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente o no sea posible determinar su valor porque no se cuentan con los elementos suficientes para hacerlo, debe presumirse que el ingreso es el salario mínimo mensual vigente, el cual deberá actualizarse conforme a la siguiente fórmula:

ii) De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado |375|, al salario base de liquidación se le debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, pues son obligatorias e imperativas. Luego, a dicho valor se le deducirá otro 25% que corresponde al valor aproximado que la víctima directa destinaba para su propio sostenimiento.

iii) La renta actualizada deberá dividirse en un 50% para la esposa o la compañera permanente de la víctima directa y el otro 50% deberá dividirse entre sus hijos, siempre y cuando al momento de los hechos la víctima directa estuviera casada o tuviera una unión marital de hecho y los hijos fueran menores de 25 años, a menos que, siendo mayores, fueran incapaces o no pudieran valerse por sí mismos.

iv) La esposa o compañera permanente tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado y el otro futuro.

La indemnización consolidada debe calcularse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el momento de la sentencia, para lo cual debe aplicarse la siguiente fórmula:

De donde,
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable: a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha de la decisión.

La indemnización futura debe calcularse a partir de la fecha de la sentencia hasta la esperanza de vida de la víctima directa o indirecta, de acuerdo a la necropsia y la prueba respectiva o a la Resolución No. 1555 de 2.010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para ello debe tomarse la esperanza de vida menor entre la víctima directa y su esposa o compañera permanente y el resultado es el número de meses a indemnizar, el cual se calculará con base en la siguiente fórmula:

De donde,

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada.
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable a partir de la fecha de la sentencia hasta la fecha de vida probable menor entre la victima directa y la esposa o compañera permanente.

v) Los hijos de la víctima directa, si al momento de los hechos eran menores de 25 años de edad, tienen derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado y otro futuro.

La indemnización consolidada deberá calcularse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el momento de la sentencia o hasta que el hijo cumplió los 25 años de edad, con base en la siguiente fórmula:

De donde,

S= Ra (1 + i)n – 1 i

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable a partir de la fecha de los hechos hasta la fecha de la sentencia o aquella en que el hijo cumplió los 25 años de edad, si los cumplió antes de la sentencia.

La indemnización futura deberá calcularse a partir de la fecha de la sentencia hasta la fecha en que la víctima cumplirá los 25 años de edad.

Al hacerlo desde la fecha de la sentencia, eso significa que ya se ha descontado el número de meses que fueron tomados en la liquidación del lucro cesante consolidado hasta aquella y el resultado es el número de meses a indemnizar, el cual se calculará con base en la siguiente fórmula:

De donde,

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada.
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable a partir de la fecha de la sentencia hasta la fecha en que la víctima indirecta cumplirá los 25 años de edad.

Si al momento de la sentencia la víctima indirecta tenía más de 25 años de edad, ésta tiene derecho a una indemnización que comprende un solo período, vencido o consolidado, el cual debe calcularse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el día en que cumplió los 25 años de edad |376|. La indemnización debida o consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

De donde,

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad.

vi) Los padres de la víctima directa, si su hij@ era solter@ y vivía con ellos, tienen derecho a una indemnización, que debe calcularse hasta la fecha en que ést@ hubiera cumplido los 25 años de edad, a menos que se presenten y demuestren circunstancias especiales, como la necesidad alimentaria, o la invalidez de los padres, o la condición de hijo único, entre otros casos y su valor total deberá distribuirse en partes iguales entre ambos padres.

En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, "el hijo soltero contribuye al sostenimiento de su casa paterna hasta los 25 años, pues se presume que a esa edad la abandona para formar su propio hogar, 'realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas de otros frentes familiares'" |377|.

Pero, "cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de éstos, la privación de ésta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único" |378|.

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

De donde,

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta actualizada
i= Es el interés puro o técnico: 0.004867
n= Es el número de meses que comprende el período indemnizable, desde la fecha de los hechos, hasta la fecha en la cual la victima directa cumpliría 25 años, o hasta la vida probable de los padres, si se presentan alguna circunstancia especial, como las anotadas.

Pero, en tales casos, cuando la víctima directa es menor de edad, es necesario demostrar sus ingresos, o que en el futuro los obtendría en atención a sus condiciones y circunstancias personales, como algo cierto, no meramente hipotético y que además ayudaría a sus padres. Al respecto el Consejo de Estado estableció que en estos casos, "no hay lugar a reconocer el lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, dado que estos son eventuales, a menos que se acredite con grado de certeza la obtención futura de estos ingresos y también que en estos casos están sometidos a la doble eventualidad de que el menor hubiera podido llegar a percibir ingresos y que los destinara a ayudar a sus padres" |379|.

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el delito de desplazamiento forzado genera un daño que es continuo, pero culmina cuando "las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido" |380|.

    ". . .el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver" |381|.

En efecto, los artículos 18 de la Ley 387 de 1.997 y 67 de la Ley 1448 de 2.011, establecen que la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el desplazamiento forzado cesa cuando "se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento" (Subrayas fuera del texto).

De acuerdo a lo anterior, la liquidación de la indemnización por los daños causados como consecuencia del delito de desplazamiento forzado debe hacerse a partir del momento en que ocurrió el hecho hasta que la víctima haya logrado su estabilización económica en su lugar de origen o en otro lugar.

c. El perjuicio moral consiste en el dolor o aflicción que el hecho causa a la víctima directa o a sus familiares o personas ligadas a ella por vínculos de afecto o por lazos sociales y tiene sus propias reglas:

i) De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el perjuicio moral "se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral".

    "...el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (artículo 42 de la C.P.). De esta manera, la pérdida o enfermedad de uno de los parientes causa un grave dolor a los demás. Lo anterior no obsta, para que en los eventos en que no esté acreditado el parentesco se pruebe el dolor moral de estos parientes en calidad de damnificados, mediante el uso de los diversos medios de prueba que dispone el C.P.C de los cuales se pueda inferir el daño moral sufrido" |382|.

En consecuencia, "quien invoque la condición de familiar (consanguíneo, afín, por adopción o de crianza) -del núcleo cercano y en los grados que han sido objeto de presunción por esta Corporación- y lo acredite en el proceso a través de los diversos medios de convicción, será beneficiario de la presunción de aflicción que opera para los grados cercanos de parentesco, sin que le sea exigible la acreditación de tercero afectado, es decir, la prueba directa de la congoja y del sufrimiento. En otros términos, si en el proceso se prueba la condición de familiar de la víctima directa, los demandantes serán beneficiarios de la misma presunción que opera para aquellos que con el registro civil demostraron el parentesco" |383|.

Así, entonces, las víctimas indirectas que hayan acreditado en el proceso su parentesco o un vínculo afectivo en esos grados con la víctima directa serán beneficiarios de la presunción de aflicción.

Respecto a los sobrinos, el testimonio recaudado y los registros que acreditan tal condición no son suficientes para dar por establecido el daño moral frente a éstos, pues en este caso no opera la presunción de aflicción.

ii) Ahora, la tasación de los perjuicios morales debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y es el juez quien, a diferencia de los perjuicios materiales, debe valorar y determinar su monto, según su prudente juicio y el principio de equidad, pues "depende de la intensidad del daño". En tales casos, la jurisprudencia ha establecido "como máximo a indemnizar la suma de 100 s.m.l.m.v a la fecha de la sentencia" |384|.

La facultad discrecional del juez para valorar dicho concepto se guía "a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad" |385|.

iii) Los delitos cometidos por los postulados Juan Fernando Chica, Mauro Alexander Mejía, Wander Ley Viasus, Néstor Eduardo Cardona, Juan Mauricio Ospina, Edilberto de Jesús Cañas y Édgar Alexander Erazo son graves, pues fueron ejecutados en forma masiva y sistemática y vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Con arreglo a los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, las víctimas tienen i) derecho al acceso igual y efectivo a la justicia; ii) a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; iii) al acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.

De allí que al tasar los perjuicios morales, la Sala debe tener en cuenta la cantidad de víctimas, pues todas ellas tienen derecho a la indemnización y se les debe garantizar su acceso a la reparación en igualdad de condiciones, no sólo conforme a esos principios, sino también para garantizar los derechos a la igualdad real y efectiva y al acceso a la justicia.

La Corte también ha indicado que en los casos de violaciones masivas a los Derecho Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el juez puede acudir a los modelos baremo o diferenciados. En este sentido:

    "(c) Considera la Sala que tratándose de violaciones masivas de derechos humanos como ocurre en los casos abordados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, será de especial utilidad, en punto de la cuantificación de las reparaciones, adoptar modelos baremo o diferenciados, esto es, a partir de la demostración del daño acaecido a ciertas personas, podrá deducirse también y hacerse extensiva tal cuantificación a quienes se encuentren en situaciones similares pero no hubieren orientado adecuadamente su labor a acreditar el quantum de los perjuicios sufridos. V.g. identidad de oficios, edades, situación socioeconómica o familiar, etc" |386|.

Si bien el Consejo de Estado ha fijado los perjuicios morales hasta en 100 salarios mínimos mensuales vigentes, ese criterio es aplicable cuando se trata de casos y decisiones individuales y específicas, pero tratándose de violaciones y reparaciones masivas, con cientos de miles de víctimas a las que debe garantizarse su acceso a la reparación en igualdad de condiciones, esa cantidad desborda los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que deben presidir el juicio de igualdad y no garantizan una reparación efectiva en una sociedad que tiene recursos escasos.

Así, entonces, la Sala fijará los perjuicios morales entre 30 y 5 salarios mínimos legales mensuales de manera proporcional a la gravedad de la violación, a la intensidad del daño sufrido, a la mayor o menor cercanía del vínculo, a la comunidad de vida con la víctima directa y a las circunstancias de cada caso particular.

Relación con la víctima directa Víctima directa 1er Nivel
Relación afectiva conyugal y paterno filiales (100%)
2do Nivel
Relación afectiva de segundo grado de consanguinidad o civil (50%)
3er Nivel
Relación afectiva de tercer grado de consanguinidad o civil (35%)
Delitos
Homicidio y Desaparación forzada 30 SMLMV 15 SMLMV 10,5 SMLMV
Homicidio o Desaparición forzada 20 SMLMV 10 SMLMV 7 SMLMV
Reclutamiento ilícito o VBG (violencia sexual) 20 SMLMV 12 SMLMV 6 SMLMV 4.2 SMLMV
Secuestro, tortura, desplazamiento forzado 12 SMLMV
Tentativa de homicidio 5 SMLMV
Lesiones personales con pérdida permanente del órgano o función 12 SMLMV
Lesiones personales sin pérdida permanente del órgano o función 5 SMLMV

Es de anotar que para los niveles 1 y 2 se requerirán la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros permanentes y para el nivel 3, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva.

d. El daño a la salud es una afectación independiente del daño material o moral y consiste en una alteración de las condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas de la persona que alteran su existencia y su proyecto de vida y no le permiten relacionarse e interactuar de manera adecuada con sus congéneres como consecuencia del hecho dañino.

Éste es, pues, un daño que sólo se le reconoce a las víctimas que han sufrido ese daño específico y que acreditan que la lesión o afectación física, fisiológica o psicológica generó un perjuicio que va más allá del puramente moral y patrimonial e incide en el desarrollo de su personalidad, su independencia y autonomía como ser humano o el ejercicio de sus derechos y se irradía sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para liquidar dicho concepto se debe verificar la gravedad o la levedad del daño causado a las víctimas.

La Sala fijará el daño a la salud de acuerdo a la tabla que a continuación se relaciona, para lo cual no sólo deberá tener en cuenta "las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima", sino que examinará los siguientes aspectos:

    "- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
    - La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
    - La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
    - La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
    - La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
    - Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
    - Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
    - Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
    - La edad.
    - El sexo.
    - Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
    - Las demás que se acrediten dentro del proceso" |387|.

EL DAÑO A LA SALUD
Gravedad de la lesión Víctima directa
Igual o mayor al 50% 20 SMLMV
Mayor del 40% y menor del 50% 16 SMLMV
Mayor del 30% y menor del 40% 12 SMLMV
Mayor del 20% y menor del 30% 8 SMLMV
Mayor del 10% y menor del 20% 4 SMLMV
Mayor del 1% y menor del 10% 2 SMLMV

445. En materia de violaciones masivas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario opera el principio de la reparación integral. Ésta

    "supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa humanidad" |388|.

Si bien la reparación integral y el incidente se encuentran consagrados en las normas de Justicia y Paz, de acuerdo con el principio de complementariedad, es posible acudir a la Ley 600 de 2.000 y a las normas internacionales que disponen y regulan la reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Ahora, el artículo 21 de dicha ley, establece que "el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible".

De conformidad con los artículos 43 y 56 de la Ley 600 de 2.000, el juez penal - y la Sala lo es- debe resolver "las cuestiones extrapenales que surjan de la actuación" y tener en cuenta el principio del restablecimiento del derecho para esos efectos, aplicar las normas del proceso penal en materia de producción y valoración de la prueba y liquidar los perjuicios causados con la conducta punible conforme a lo acreditado en el proceso para devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de que se cometiera el delito.

De allí, entonces, que la reparación integral no puede depender únicamente de la petición de las partes, pues es un deber del juez liquidar los perjuicios de tal forma que los derechos de las víctimas sean reparados de manera integral.

446. Ahora, para efectos de la indemnización, la Sala no sólo tendrá en cuenta la prueba entregada en el Incidente de Reparación Integral, sino las que fueron allegadas en las carpetas de los hechos de las víctimas directas e indirectas.

447. La Sala no reconocerá la indemnización a las víctimas que no otorgaron poder, pues la ausencia de éste significa que la víctima no está representada en este proceso y, por lo tanto, no hace parte de él. Sin embargo, asi no hayan otorgado poder, la Sala les reconocerá la calidad de víctimas a las que estén identificadas y acreditadas como tal, para los efectos que éstas tengan a bien.

Tampoco les liquidará la indemnización a las víctimas que no han sido individualizadas y no acreditaron su parentesco o condición, ni siquiera acudiendo a la flexibilización de la prueba, pues no se encuentran identificadas dentro del proceso y, en ese caso, no puede la Sala decretar una indemnización a favor de una persona indeterminada o respecto de personas hipotéticas, ni a futuro.

448. Los poderes que fueron otorgados por las madres, actuando como representantes legales de sus hijos menores de edad, no pierden su validez así éstos hayan cumplido la mayoría de edad durante el trámite del proceso, pues sólo la pierde cuando haya sido revocado por su apoderado o la víctima haya otorgado poder a otro abogado.

7.1.2 Los hechos cometidos por el postulado Juan Fernando Chica Atehortúa

7.1.2.1 El homicidio de Edwin Alonso Arias Uribe

449. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Edwin Alonso Arias Uribe era hijo de Ana Luisa Uribe Barrientos y Alonso Arias Castaño y tenía 2 hermanos, Jhon Eddy y Andrés Felipe Arias Uribe |389|.

i) El daño emergente

450. El representante solicitó a favor de la víctima Ana Luisa Uribe Barrientos un valor de $625.260,39 pesos por concepto de daño emergente |390|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Edwin Alonso Arias Uribe, los cuales, de acuerdo a la factura No. 1107 de la Asociación Mutual Santa Clara Funeraria Metropolitana, ascendieron a la suma de $396.000 pesos |391|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $912.418,45 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Ana Luisa Uribe Barrientos.

ii) El lucro cesante

451. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas, sino que Edwin Alonso Arias Uribe tenía 17 años, 08 meses, 02 días al momento de los hechos |392|, estudiaba en el programa de Paz y Convivencia y no se demostró que éste realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran de él económicamente.

iii) El daño moral

452. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Edwin Alonso Arias Uribe, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Juan Fernando Chica Atehortúa a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres Ana Luisa Uribe Barrientos y Alonso Arias Castaño y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Jhon Eddy y Andrés Felipe Arias Uribe.

7.1.2.2 El homicidio de Camilo Andrés Quintero

453. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Camilo Andrés Quintero era hijo de Amanda del Socorro Quintero Vargas y tenía 3 hermanos, Juan Alexander, Diana Patricia y Stefany Quintero |393|.

i) El daño emergente

454. La representante no solicitó la indemnización por los gastos funerarios por la muerte de Camilo Andrés Quintero. Sin embargo, no sólo se presume que los familiares incurrieron en dichos gastos por la muerte de éste, sino que Amanda del Socorro Quintero Vargas, madre de la víctima, declaró mediante juramento estimatorio que ascendieron a $1'500.000 pesos |394|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, de conformidad con las reglas generales, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Amanda del Socorro Quintero Vargas.

ii) El lucro cesante

455. La representante no solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en las reglas generales, la Sala procederá a liquidar dicho concepto.

456. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el ingreso que devengaba Camilo Andrés Quintero, quien se desempeñaba como vendedor de comidas rápidas y recibía un salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, de $286.000 pesos |395|, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Camilo Andrés Quintero destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

457. Así, entonces, la renta actualizada será en un 100% para Amanda del Socorro Quintero Vargas |396|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $604.078,13 y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 17 de octubre de 2.001, hasta la fecha en la que Camilo Andrés Quintero cumpliría 25 años, el 04 de febrero de 2.005, esto es, 39,5667 meses

iii) El daño moral

458. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Camilo Andrés Quintero, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Juan Fernando Chica Atehortúa a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre Amanda del Socorro Quintero Vargas y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Juan Alexander, Diana Patricia y Stefany Quintero.

7.1.2.3 El homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga

459. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Luis Fernando Herrera Saldarriaga estaba casado con María Eugenia Rojas Aristizábal y tuvieron un hijo, Johan Esteban Herrera Rojas |397|.

i) El daño emergente

460. Con fundamento en la sentencia de esta Sala del 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |398|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima María Eugenia Rojas Aristizábal un valor de $2'132.149,90 pesos por concepto de daño emergente |399|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a María Eugenia Rojas Aristizábal.

ii) El lucro cesante

461. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas María Eugenia Rojas Aristizábal y Johan Esteban Herrera Rojas por un valor de $72'136.465,82 pesos para cada uno |400| y solicitó por lucro cesante futuro a favor de las víctimas María Eugenia Rojas Aristizábal la suma de $75'844.000,66 y a favor de Johan Esteban Herrera Rojas la suma de $12'082.882,57 pesos |401|.

462. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Luis Fernando Herrera Saldarriaga, pues según la declaración de María Eugenia Rojas Aristizábal, éste se desempeñaba como taxista y devengaba un salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $236.460 pesos |402|, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Luis Fernando Herrera Saldarriaga destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

463. Así, entonces, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a su cónyuge María Eugenia Rojas Aristizábal y el otro 50% a su hijo Johan Esteban Herrera Rojas, quien contaba con 4 años, 4 meses, 16 días al momento de los hechos |403|.

a. María Eugenia Rojas Aristizábal (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 18 de junio de 1.999, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 195,20 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Luis Fernando Herrera Saldarriaga, quien tenía 23 años, 9 meses, 12 días y una esperanza de vida de 57,1 años más |404|, equivalentes a 685,20 meses, pues María Eugenia Rojas Aristizábal contaba con 24 años, 3 meses, 29 días y una esperanza de vida de 61,2 años más |405|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Luis Fernando Herrera Saldarriaga, esto es, 490 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho María Eugenia Rojas Aristizábal es de $154'353.191,05 pesos.

b. Johan Esteban Herrera Rojas (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $302.039,06
Fecha de nacimiento: 02 de febrero de 1.995
Fecha en que cumplirá 25 años: 02 de febrero de 2.020
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 195,20 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años 52,2667 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Johan Esteban Herrera Rojas cumplirá los 25 años de edad, esto es, 52,2667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Johan Esteban Herrera Rojas es de $111'952.595,45 pesos.

iii) El daño moral

464. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Luis Fernando Herrera Saldarriaga, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Juan Fernando Chica Atehortúa a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge María Eugenia Rojas Aristizábal y a su hijo Johan Esteban Herrera Rojas.

7.1.2.4 El homicidio de Jhon Jerderson Torres Bueno

465. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y la declaración juramentada de María Rocío Rojas Acosta, al momento de los hechos Jhon Jerderson Torres Bueno sostenía una unión marital de hecho con Mónica María Restrepo Rojas y tuvieron una hija, María Camila Torres Restrepo.

La víctima era hijo de Jesús Hernando Torres Muñoz y María Rosalba Bueno Ardica |406|.

i) El daño emergente

466. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |407|, la representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Mónica María Restrepo Rojas un valor de $1'200.000 pesos por daño emergente |408|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Jhon Jerderson Torres Bueno. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Mónica María Restrepo Rojas.

ii) El lucro cesante

467. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Mónica María Restrepo Rojas y María Camila Torres Restrepo por un valor de $115'076.002 pesos |409| para ser distribuido en partes iguales y solicitó por lucro cesante futuro a favor de los mismos la suma de $68'010.148 pesos y $23'214.738,46 pesos |410|, respectivamente.

468. Sin embargo, la Sala no liquidará dicho concepto, pues Mónica María Restrepo Rojas y María Camila Torres Restrepo, compañera permanente e hija de la víctima respectivamente, fueron pensionadas por sobrevivencia por la Policía Nacional a partir de la fecha de los hechos, mediante resoluciones número 001014 del 08 de agosto de 2.002, 00726 del 01 de junio de 2.009, 01281 del 18 de septiembre del 2.009 y 00775 de mayo de 2.011 |411|. Siendo así, continuaron recibiendo los ingresos que percibía la víctima y es la falta o ausencia de éstos lo que justifica y fundamenta el lucro cesante. No habiéndose interrumpido o faltado ese ingreso no hay un perjuicio por lucro cesante.

iii) El daño moral

469. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Jhon Jerderson Torres Bueno, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Juan Fernando Chica Atehortúa a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Mónica María Restrepo Rojas, a su hija María Camila Torres Restrepo y a sus padres Jesús Hernando Torres Muñoz y María Rosalba Bueno Ardica.

7.1.3 Los hechos cometidos por el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga

7.1.3.1 El homicidio de Hugo Alexander López Londoño

470. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de las señoras Leonilda Johana Uribe Rendón, Yasmín Johana Holguín Carvajal y María Camila y Estefanía Mejía Mejía, la víctima Hugo Alexander López Londoño sostenía una unión marital de hecho con Gloria Cecilia Uribe Gallón al momento de los hechos y tuvieron 2 hijas, Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía Uribe Gallón.

La víctima, además, era el padrastro de Omar Andrés Uribe Gallón |412|, quien se tendrá en cuenta para la liquidación, pues se encuentra demostrada la relación afectiva entre ellos. En efecto, según las declaraciones extra proceso de las señoras Leonilda Johana Uribe Rendón, Yasmín Johana Holguín Carvajal, María Camila y Estefanía Mejía Mejía, la víctima Hugo Alexander López Londoño respondía económicamente por su hijastro.

Ello permite deducir la aflicción o el dolor de éste por la muerte de Hugo Alexander López Londoño, pues existió una relación de familiaridad, cercanía y convivencia entre ellos.

i) El daño emergente

471. El representante solicitó a favor de Gloria Cecilia Uribe Gallón un valor de $1'550.000,00 pesos por concepto de daño emergente |413|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Hugo Alexander López Londoño, los cuales, de acuerdo a la certificación de la Funeraria y Salas de Velación San Gabriel S.A., para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $1'550.000 pesos |414|.

Si bien los gastos funerarios fueron cancelados por Luz Marina Londoño de López, se presume que los familiares incurrieron en ellos por la muerte de Hugo Alexander López y se lo deben a aquella. Por lo tanto, la Sala indexará dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $2'752.022,54 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Gloria Cecilia Uribe Gallón.

ii) El lucro cesante

472. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Gloria Cecilia Uribe Gallón por un valor de $56'400.580,93 pesos |415| y para Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía y Omar Andrés Uribe Gallón un valor de $18'800.193,64 pesos para cada uno y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Gloria Cecilia Uribe Gallón un valor de $80'954.231,11 pesos, para Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía Uribe Gallón un valor de $5'260.134,28 pesos para cada una y para Omar Andrés Uribe Gallón un valor de $2'471.031,66 pesos.

473. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba Hugo Alexander López Londoño como vigilante para el momento de los hechos |416|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para esa época, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Hugo Alexander López Londoño destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

474. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Gloria Cecilia Uribe Gallón y el otro 50% a sus hijos e hijastro, esto es, a Anlly Daniela López Uribe, quien contaba con 2 años, 6 meses, 28 días al momento de los hechos, Karol Estefanía, quien estaba en período de gestación y Omar Andrés Uribe Gallón, quien tenía 7 años, 4 meses, 26 días, correspondiéndole a cada uno un 16,6667% |417|.

a. Gloria Cecilia Uribe Gallón (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 11 de mayo de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 160,4333 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Gloria Cecilia Uribe Gallón, quien tenía 27 años, 6 meses, 20 días y una esperanza de vida de 58,3 años más |418|, equivalentes a 699,60 meses, pues Hugo Alexander López Londoño contaba con 21 años, 7 meses, 13 días y una esperanza de vida de 59 años más |419|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Gloria Cecilia Uribe Gallón, esto es, 539,1667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Gloria Cecilia Uribe Gallón es de $130'706.752,10 pesos.

b. Anlly Daniela López Uribe (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $100.679,69
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1.999
Fecha en que cumplirá 25 años: 13 de octubre de 2.024
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 160,4333 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 108,6333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Anlly Daniela López Uribe cumplirá los 25 años de edad, esto es, 108,6333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Anlly Daniela López Uribe es de $32'871.054,81 pesos.

c. Karol Estefanía Uribe Gallón (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $100.679,69
Fecha de nacimiento: 07 de septiembre de 2.002
Fecha en que cumplirá 25 años: 07 de septiembre de 2.027
Tiempo transcurrido entre el nacimiento y la sentencia: 156,5667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 143,4333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Karol Estefanía Uribe Gallón cumplirá los 25 años de edad, esto es, 143,4333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Karol Estefanía Uribe Gallón es de $33'930.404,60 pesos.

d. Omar Andrés Uribe Gallón (hijastro)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $100.679,69
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1.994
Fecha en que cumplirá 25 años: 15 de diciembre de 2.019
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 160,4333 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 50,70 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Omar Andrés Uribe Gallón cumplirá los 25 años de edad, esto es, 50,70 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Omar Andrés Uribe Gallón es de $28'905.880,26 pesos.

475. La liquidación del lucro cesante futuro realizada por el representante en el caso de Gloria Cecilia Uribe Gallón es mayor, pero utiliza una renta actualizada superior a la utilizada por la Sala, que se basa en el salario mínimo mensual legal vigente actual.

Además, el representante utiliza una renta actualizada para la indemnización consolidada y otra distinta para la futura.

iii) El daño moral

476. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Hugo Alexander López Londoño, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Gloria Cecilia Uribe Gallón y a cada uno de sus hijos Anlly Daniela López Uribe y Karol Estefanía y Omar Andrés Uribe Gallón.

7.1.3.2 El homicidio de Jaime Andrés Posada Rodríguez

477. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Jaime Andrés Posada Rodríguez era hijo de Martha Elena Rodríguez Carvajal y 2 hermanos, José Vicente y Luis Felipe Posada Rodríguez |420|.

i) El daño emergente

478. Con fundamento en la Sentencia proferida por esta Sala el 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |421|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Martha Elena Rodríguez Carvajal un valor de $1'603.386,22 pesos por concepto de daño emergente |422|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Jaime Andrés Posada. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Martha Elena Rodríguez Carvajal.

ii) El lucro cesante

479. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de la víctima Martha Elena Rodríguez Carvajal por un valor de $38'915.614,10 pesos |423|.

480. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Jaime Andrés Posada Rodríguez, quien realizaba oficios varios y recibía un salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $332.000 pesos |424|, el cual se actualizará así:


Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Jaime Andrés Posada Rodríguez destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

481. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para Martha Elena Rodríguez Carvajal |425|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $604.078,13 y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 18 de mayo de 2.003, hasta la fecha en la que Jaime Andrés Posada Rodríguez cumpliría 25 años, el 26 de noviembre de 2.008, esto es, 66,2667 meses

iii) El daño moral

482. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Jaime Andrés Posada Rodríguez, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto De Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre Martha Elena Rodríguez Carvajal y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos José Vicente y Luis Felipe Posada Rodríguez.

7.1.3.3 El homicidio de Jorge Horacio Muñoz Macías

483. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Ana Lucía Quintero Torres y María Ruby Acevedo de Osorno, la víctima Jorge Horacio Muñoz Macías sostenía una unión marital de hecho con Adriana María Ospina Fernández al momento de los hechos y tuvieron 2 hijas, María Alejandra y María Juanita Muñoz Ospina |426|.

i) El daño emergente

484. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |427|, la representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Adriana María Ospina Fernández un valor de $1'200.000 pesos por concepto de daño emergente |428|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Jorge Horacio Muñoz Macías. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Adriana María Ospina Fernández.

ii) El lucro cesante

485. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Adriana María Ospina Fernández, María Alejandra y María Juanita Muñoz Ospina por un valor de $112'328.092 pesos |429|, para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Adriana María Ospina Fernández, María Alejandra y María Juanita Muñoz Ospina un valor de $71'832.145 pesos, $6'881.014,51 pesos y $10'894.736 pesos, respectivamente |430|.

486. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba Jorge Horacio Muñoz Macías provenientes de su ocupación como trabajador en construcción |431|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Jorge Horacio Muñoz Macías destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

487. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Adriana María Ospina Fernández y el otro 50% a sus

2 hijas, esto es, a María Alejandra Muñoz Ospina, quien contaba con 6 años, 9 meses, 17 días al momento de los hechos y María Juanita Muñoz Ospina, quien tenía 2 años, 7 meses, 13 días, correspondiéndole a cada uno un 25% |432|.

a. Adriana María Ospina Fernández (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 28 de mayo de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 159,8667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Jorge Horacio Muñoz Macías, quien tenía una esperanza de vida de 38 años más |433|, equivalentes a 456 meses, pues Adriana María Ospina Fernández contaba con 35 años, 3 meses, 8 días y una esperanza de vida de 50,5 años más |434|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Jorge Horacio Muñoz Macías, esto es, 296,1333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Adriana María Ospina Fernández es de $120'127.409,91 pesos.

b. María Alejandra Muñoz Ospina (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $151.019,53
Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1.995
Fecha en que cumplirá 25 años: 11 de agosto de 2.020
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 159,8667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 58,5667 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que María Alejandra Muñoz Ospina cumplirá los 25 años de edad, esto es, 58,5667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho María Alejandra Muñoz Ospina equivale a $44'082.134,27 pesos.

c. María Juanita Muñoz Ospina (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $151.019,53
Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1.999
Fecha en que cumplirá 25 años: 15 de octubre de 2.024
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 159,8667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 108,70 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que María Juanita Muñoz Ospina cumplirá los 25 años de edad, esto es, 108,70 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho María Juanita Muñoz Ospina es de $49'126.752,58 pesos.

488. El valor total del lucro cesante liquidado por la Sala a favor de Adriana María Ospina, compañera permanente de Jorge Horacio Muñoz, es menor al solicitado por su apoderado, pues la renta actualizada utilizada por éste es superior a la utilizada por la Sala, que parte del salario mínimo mensual vigente actual. Además, en el escrito del Incidente de Reparación Integral, la renta actualizada utilizada para la indemnización consolidada es diferente a la de la indemnización futura.

iii) El daño moral

489. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Jorge Horacio Muñoz Macías, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Adriana María Ospina Fernández y a cada una de hijas María Alejandra y María Juanita Muñoz Ospina.

7.1.3.4 El homicidio de John Mario Cardona Hincapié

490. De conformidad con el registro civil de nacimiento de las víctimas, John Mario Cardona Hincapié tenía una hija, Daniela Cardona Osorio.

La víctima, además, era hijo de Mario de Jesús Cardona Piedrahita y Luz Beatriz Hincapié de Cardona y tenía 4 hermanos, Yarley Cristina, Diana Patricia, Mary Luz y Diego Alejandro Cardona Hincapié |435|.

Pero, la Sala no tendrá en cuenta en la presente liquidación a Yarley Cristina Cardona Hincapié, pues no otorgó poder.

i) El daño emergente

491. El representante solicitó a favor de las víctimas indirectas un valor de $3'413.753,25 pesos por concepto de daño emergente |436|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de John Mario Cardona Hincapié, los cuales de acuerdo al testimonio de Mario de Jesús Cardona Piedrahita ascendieron a la suma de $2'000.000 pesos |437|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima.

Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Mario de Jesús Cardona Piedrahita.

ii) El lucro cesante

492. El representante de las víctimas solicitó a favor de Daniela Cardona Osorio el reconocimiento del lucro cesante debido y futuro por un valor de $80'687.540,55 y $42'384.454,70 pesos, respectivamente |438|.

493. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba John Mario Cardona Hincapié provenientes de su ocupación u oficio como vendedor puerta a puerta |439|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que John Mario Cardona Hincapié destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

494. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para la hija Daniela Cardona Osorio, quien contaba con 2 años, 11 meses, 19 días al momento del hecho |440|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $604.078,13
Fecha de nacimiento: 06 de mayo de 1.999
Fecha en que cumplirá 25 años: 06 de mayo de 2.024
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 160,9667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años 103,40 meses

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Daniela Cardona Osorio cumplirá los 25 años de edad, esto es, 103,40 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Daniela Cardona Osorio es de $196'042.818,71 pesos.

iii) El daño moral

495. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de John Mario Cardona Hincapié, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su hija Daniela Cardona Osorio y a sus padres Mario de Jesús Cardona Piedrahita y Luz Beatriz Hincapié de Cardona y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Diana Patricia, Mary Luz y Diego Alejandro Cardona Hincapié.

7.1.3.5 El homicidio de William Alexander Arroyave

496. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, William Alexander Arroyave era hijo de María del Socorro Arroyave y tenía una hermana, Yuri Angélica Arroyave |441|.

i) El daño emergente

497. La representante solicitó a favor de Yuri Angélica Arroyave un valor de $3'963.234 pesos por concepto de daño emergente |442|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de William Alexander Arroyave, los cuales, de acuerdo al juramento estimatorio de la señora María del Socorro Arroyave, ascendieron a la suma de $2'500.000 pesos |443|, los que fueron cancelados por Yuri Angélica Arroyave. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Yuri Angélica Arroyave.

ii) El lucro cesante

498. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de la víctima María del Socorro Arroyave por un valor de $74'544.888 pesos |444|.

499. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba William Alexander Arroyave provenientes de su ocupación como vendedor ambulante |445|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $332.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que William Alexander Arroyave destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

500. Así, entonces, la renta actualizada será en un 100% para la madre María del Socorro Arroyave.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $604.078,13 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 01 de mayo de 2.003, hasta la fecha en la que William Alexander Arroyave cumpliría los 25 años, el 13 de octubre de 2.012, esto es, 113,40 meses.

iii) El daño moral

501. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de William Alexander Arroyave, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre María del Socorro Arroyave y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hermana Yuri Angélica Arroyave.

7.1.3.6 El homicidio de Luis Ernesto Carrillo Oses

502. De conformidad con el registro civil de nacimiento de las víctimas, Luis Ernesto Carrillo Oses tenía un hijo, Jhonny Santiago Carrillo Arroyave, quien está siendo representado por su madre Yuri Angélica Arroyave.

La víctima, además, era hijo de María Eugenia Oses y tenía 3 hermanas, María Isabel y Alejandra Cristina Ospina Oses y Luz Elena Posada Oses |446|.

i) El daño emergente

503. La representante solicitó a favor de Yuri Angélica Arroyave que se le reconociera un valor de $2'536.470 pesos por concepto de daño emergente |447|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Luis Ernesto Carrillo Oses, los cuales de acuerdo al juramento estimatorio de María Eugenia Oses ascendieron a la suma de $1'600.000 pesos |448| y fueron cancelados por la señora Yuri Angélica Arroyave. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Yuri Angélica Arroyave.

ii) El lucro cesante

504. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Jhonny Santiago Carrillo Arroyave y María Eugenia Oses por un valor de $38'342.238 pesos |449|, para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Jhonny Santiago Carrillo un valor de $66'430.255 pesos |450|.

505. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación y el ingreso que devengaba Luis Ernesto Carrillo Oses, pues se desempeñaba como vendedor de frutas |451| y recibía un salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $332.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Luis Ernesto Carrillo Oses destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

506. Así, entonces, la renta actualizada será en un 100% para su hijo Jhonny Santiago Carrillo Arroyave, quien contaba con 5 meses, 19 días al momento de los hechos |452|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $604.078,13
Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 2.002
Fecha en que cumplirá 25 años: 12 de noviembre de 2.027
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 148,7667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años 145,60 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Jhonny Santiago Carrillo Arroyave cumplirá los 25 años de edad, esto es, 145,60 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Jhonny Santiago Carrillo Arroyave es de $194'365.362,11 pesos.

iii) El daño moral

507. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Luis Ernesto Carrillo Oses, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su hijo Jhonny Santiago Carrillo Arroyave y a su madre María Eugenia Oses y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una de sus hermanas María Isabel y Alejandra Cristina Ospina Oses y Luz Elena Posada Oses.

7.1.3.7 El homicidio de Andrés Felipe Quiceno Sotelo

508. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Andrés Felipe Quiceno Sotelo Arias era hijo de Sonia del Socorro Sotelo Santamaría y Luis Fernando Quiceno Quiceno y tenía 2 hermanos, Juan Fernando y Luis Eduardo Quiceno Sotelo. Sin embargo, todos ellos fallecieron |453|.

La víctima, además, tenía un tío, Jaime Adolfo Quiceno Quiceno |454|.

i) El daño emergente

509. Con fundamento en la sentencia de la CIDH en el caso de la masacre La Rochela, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Jaime Adolfo Quiceno Quiceno un valor de $1'698.471,65 pesos por concepto de daño emergente |455|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Andrés Felipe Quiceno Sotelo. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Jaime Adolfo Quiceno Quiceno.

ii) El lucro cesante

510. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó dicha indemnización a favor de la víctima, sino que el único pariente que fue acreditado en el proceso fue Jaime Adolfo Quiceno Quiceno, tío de la víctima directa, pero no demostró que dependiera de éste económicamente.

iii) El daño moral

511. La Sala no liquidará los daños morales a favor de Jaime Adolfo Quiceno Quiceno, tío de la víctima directa, pues de acuerdo a las reglas establecidas por la Sala, en este caso debió demostrarse la aflicción o el dolor por la muerte de la víctima, pero no se hizo.

7.1.3.8 El homicidio, la tortura y la detención de Jorge Mario Monsalve Guarín

512. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Jorge Mario Monsalve Guarín era hijo de Gladys de Jesús Guarín Castaño y Fabián de Jesús Monsalve Sepúlveda y tenía 2 hermanos, Yeison Fabián y Alejandra Marcela Monsalve Guarín |456|.

i) El daño emergente

513. El representante solicitó a favor de Gladys de Jesús Guarín Castaño que se le reconociera un valor de $1'670.084,27 pesos por concepto de daño emergente |457|, correspondiente a los gastos en que incurrieron no sólo en la búsqueda de Jorge Mario Monsalve Guarín, sino también en la atención médica recibida por Gladys de Jesús Guarín Castaño, pues padece una depresión como consecuencia de la desaparición de su hijo, los cuales, de acuerdo al juramento estimatorio rendido por ésta, ascendieron a la suma de $1'000.000 pesos |458|.

Si bien dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, la Sala considera razonable y justificado el valor fijado por la víctima Gladys de Jesús Guarín Castaño mediante el juramento estimatorio, pues con el propósito de encontrar a su hijo desaparecido, no sólo denunció el hecho ante las autoridades encargadas del registro y búsqueda de los desaparecidos, como la Estación de Policía de San Antonio de Prado, la Personería de Medellín, el Grupo de Identificación y Búsqueda de Desaparecidos del CTI y la Fiscalía General de la Nación, sino que emprendió su búsqueda y, para ello, se trasladó a varias veredas del corregimiento de San Antonio de Prado, durante un tiempo prolongado y de manera continua, pues las víctimas de estos hechos persisten en la búsqueda de sus familiares hasta encontrarlos y, en este caso, el hecho ocurrió en el año 2.003, por lo que han trascurrido más de 10 años en esa labor sin ningún hallazgo. Así, entonces, la víctima incurrió en considerables gastos por concepto de transporte. Pero, además, Gladys de Jesús Guarín Castaño ha incurrido en gastos para recibir atención médica por la depresión ocasionada por este hecho. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que, el valor total del daño emergente es de $1'739.315,06 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Gladys de Jesús Guarín Castaño.

ii) El lucro cesante

514. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas, sino que de acuerdo a la evidencia, Jorge Mario Monsalve Guarín tenía 15 años, 10 meses, 7 días |459|, era estudiante de noveno grado en el Liceo Barrio La Independencia |460| y dependía económicamente de sus padres.

iii) El daño moral

515. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio, la tortura y la detención de Jorge Mario Monsalve Guarín, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres Gladys de Jesús Guarín Castaño y Fabián de Jesús Monsalve Sepúlveda y de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Yeison Fabián y Alejandra Marcela Monsalve Guarín.

iv) El daño a la salud

516. El representante solicitó el reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños psicológicos para Gladys de Jesús Guarín Castaño.

517. De acuerdo a lo establecido en la dimensión individual del daño, el delito de desaparición forzada produce una alteración psicológica que va más allá del daño puramente moral o patrimonial, en especial en los padres, el cual incide en el desarrollo de su personalidad, su independencia y autonomía como ser humano o el pleno ejercicio de sus derechos y se irradia sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás. Por lo tanto, la Sala reconocerá un valor de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Gladys de Jesús Guarín Castaño por el daño a la salud, pues éste no sólo fue acreditado en el proceso, sino que conforme a las reglas establecidas por la Sala, se presume cuando se trata de los padres.

7.1.3.9 El homicidio de Mauricio Hernández Taborda

518. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Mauricio Hernández Taborda era hijo de María Evelia Taborda Taborda y tenía 4 hermanos, Edinson Javier, Maryluz, Diana Patricia y Wilmar Hernández Taborda |461|.

i) El daño emergente

519. El representante solicitó a favor de la víctima Edinson Javier Hernández Taborda que se le reconociera un valor de $2'988.198,28 pesos por concepto de daño emergente |462|, correspondiente a los gastos funerarios y de exhumación por el homicidio de Mauricio Hernández Taborda.

De conformidad con el recibo No. 0131946 del 12 de noviembre del 2.002 de la Funeraria Santa Clara se canceló un valor de $1'433.000 pesos por los gastos funerarios |463| y la factura de venta No. 062945 del 16 de noviembre de 2.006 de Prever S.A. se pagaron $356.250 pesos por la exhumación |464|. Por lo tanto, se procederá a indexar dichas sumas hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $2'993.045,86 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Edinson Javier Hernández Taborda.

ii) El lucro cesante

520. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de la víctima María Evelia Taborda por un valor de $18'583.878,27 pesos |465|.

521. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación y el salario que devengaba Mauricio Hernández Taborda al momento de los hechos, pues de acuerdo a la constancia del Jefe de Personal del Batallón de Artillería No. 4, Sargento Viceprimero Vargas Larrarte María Jazmín, aquél se desempeñaba como Orgánico del Batallón de Artillería No. 4 y su ingreso era de $558.672 pesos |466|, el cual se actualizará así:

Después de incrementar dicho valor en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Mauricio Hernández Taborda destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $910.974,95 pesos.

522. Así, entonces, la renta actualizada será en un 100% para María Evelia Taborda Taborda |467|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $910.974,95 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 11 de noviembre de 2.002, hasta la fecha en la que Mauricio Hernández Taborda cumpliría los 25 años, el 19 de julio de 2.004, esto es, 20,2667 meses.

iii) El daño moral

523. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Mauricio Hernández Taborda, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre María Evelia Taborda Taborda y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Edinson Javier, Maryluz, Diana Patricia y Wilmar Hernández Taborda.

7.1.3.10 La tentativa de homicidio de Orlando de Jesús Arias Candamil

525. De conformidad con el registro civil de matrimonio, para el momento de los hechos, Orlando de Jesús Arias Candamil estaba casado con la señora Luz Enid Vélez Ortíz |468| y tuvieron 2 hijos, Eliana y Juan David Arias Vélez.

Sin embargo, la Sala no liquidará la indemnización a favor de Eliana y Juan David Arias Vélez, pues no otorgaron poder para actuar en el proceso, ni acreditaron su parentesco con la víctima directa. De allí que tampoco fue posible establecer si se trataban de menores de edad, en cuyo caso serían representados por su madre.

526. De acuerdo con el dictamen médico legal, Orlando de Jesús Arias Candamil tuvo una incapacidad definitiva de 35 días con secuelas médico legales consistentes en perturbación funcional del órgano de la visión de carácter transitorio |469|.

i) El daño emergente

527. El representante solicitó a favor de la víctima Orlando de Jesús Arias Candamil que se le reconociera un valor de $3'413.753,25 pesos por concepto de daño emergente |470|, correspondiente a los gastos médicos y manutención de la familia, los cuales de acuerdo al formato de prueba documental de identificación de afectaciones de la Defensoría del Pueblo, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $2'000.000 pesos |471|.

Si bien dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, la Sala considera razonable y justificado el valor fijado por la víctima Orlando de Jesús Arias Candamil mediante la prueba documental de identificación de afectaciones, pues debido a los hechos, la víctima incurrió en considerables gastos por concepto de manutención de la familia y atención médica. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que, el valor total del daño emergente es de $3'583.612,77 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Orlando de Jesús Arias Candamil.

ii) El lucro cesante

528. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de la víctima Orlando de Jesús Arias Candamil por un valor de $12'555.589,09 pesos, pues pasaron 2 años para que éste pudiera reiniciar su vida laboral |472|.

529. Sin embargo, dicha solicitud es improcedente, pues no sólo de acuerdo al dictamen médico legal Orlando de Jesús Arias Candamil tuvo una incapacidad definitiva de 35 días, sino que éste se desempeñaba como conductor de un bus, del que era y sigue siendo su propietario, el cual continuó produciendo y arrojando ganancias.

Por lo tanto, en este caso sólo procede el reconocimiento del lucro cesante por los días en que Orlando de Jesús Arias Candamil estuvo incapacitado, que, como se dijo, fueron 35 días.

i) La indemnización consolidada:

De acuerdo a la evidencia, Orlando de Jesús Arias Candamil se desempeñaba como conductor, pero como no se demostraron los ingresos que este devengaba, la Sala tendrá en cuenta el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales queda en un valor de $805.437,50 pesos.

De acuerdo con el dictamen médico legal |473|, Orlando de Jesús Arias Candamil tuvo una incapacidad definitiva de 35 días. Por lo tanto, el reconocimiento de esta suma ascenderá a $939.677,08 pesos.

iii) El daño moral

530. De acuerdo a las circunstancias particulares de la tentativa de homicidio de Orlando de Jesús Arias Candamil, la gravedad del hecho y el daño sufrido por la víctima, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a la víctima directa y de tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes a su esposa Luz Enid Vélez Ortíz.

iv) El daño a la salud

531. Si bien el representante no solicitó el reconocimiento del daño a la salud a favor de Orlando de Jesús Arias Candamil, de acuerdo a las reglas establecidas por la Sala, se liquidará dicho concepto a su favor, pues en este caso se acreditó que el daño incidió en el desarrollo de su personalidad, su independencia y autonomía como ser humano o el ejercicio de sus derechos y se irradió sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás.

De allí que la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

7.1.3.11 La tentativa de homicidio de Néstor Raúl Guerra Patiño

532. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento, Néstor Raúl Guerra Patiño tenía un hijo, Julián David Guerra Acevedo y 3 hermanas, María Gladys, Margarita María y Dora Cecilia Guerra Patiño |474|.

Si bien Néstor Raúl Guerra fue víctima del delito de tentativa de homicidio, el cual le fue imputado al postulado Edilberto de Jesús Cañas, aquél falleció posteriormente como consecuencia de un nuevo atentado ocurrido el 2 de noviembre del 2.002 |475| -5 meses después del primero-, cometido también por miembros del Bloque Cacique Nutibara.

Teniendo en cuenta, entonces, que fue ejecución del mismo designio, la Sala liquidará los perjuicios por el delito de homicidio.

i) El daño emergente

533. Con fundamento en la sentencia proferida por esta Sala el 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |476|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima María Gladys Guerra Patiño un valor de $1'670.084,27 pesos por concepto de daño emergente |477|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Néstor Raúl Guerra Patiño. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a María Gladys Guerra Patiño.

ii) El lucro cesante

534. El representante solicitó a favor de Julián David Guerra Acevedo un lucro cesante debido y futuro por un valor de $104'556.517,95 y $13'223.097,80 pesos |478|, respectivamente.

535. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba Néstor Raúl Guerra Patiño provenientes de su ocupación u oficio como organizador de eventos (paseos, viejo tecas, rifas y a fin de año realizaba chivas) |479|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Néstor Raúl Guerra Patiño destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para su hijo Julián David Guerra Acevedo, quien contaba con 10 años, 2 meses, 17 días al momento del hecho |480|.

i) La indemnización consolidada:
La renta actualizada equivale a: $604.078,13
Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1.992
Fecha en que cumplirá 25 años: 15 de agosto de 2.017
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 154,7333 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 22,70 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Julián David Guerra Acevedo cumplirá los 25 años de edad, esto es, 22,70 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Julián David Guerra Acevedo es de $151'922.639,36 pesos.

iii) El daño moral

536. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Néstor Raúl Guerra Patiño, la gravedad del hecho y el daño sufrido por la víctima, la Sala condenará al postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales para su hijo Julián David Guerra Acevedo y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de sus hermanas María Gladys, Margarita María y Dora Cecilia Guerra Patiño.

7.1.4 Los hechos cometidos por el postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona

7.1.4.1 El homicidio de Didier Murillo Roa

537. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Didier Murillo Roa era hijo de Luz Clarisa Roa de Murillo y Pedro Murillo Aguilar y tenía 3 hermanos, Yilmar, Dulfary y Luz Amira Murillo Roa |481|.

i) El daño emergente

538. Con fundamento en la sentencia proferida por esta Sala el 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |482|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Luz Clarisa Roa de Murillo un valor de $1'793.514,33 pesos por concepto de daño emergente |483|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Didier Murillo Roa. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima.

Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Luz Clarisa Roa de Murillo.

ii) El lucro cesante

539. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó su indemnización a favor de las víctimas, sino que al momento de los hechos Didier Murillo Roa tenía 26 años, 1 mes, 13 días |484|, era soltero y estudiante y de acuerdo a las reglas generales establecidas por la Sala, el hijo soltero contribuye al sostenimiento de la casa de sus padres hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar. Pero, tampoco se demostró que realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran de él económicamente.

iii) El daño moral

540. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Didier Murillo Roa, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres Luz Clarisa Roa de Murillo y Pedro Murillo Aguilar y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Yilmar, Dulfary y Luz Amira Murillo Roa.

7.1.4.2 El homicidio de Alberto Miguel Pérez Reyes

541. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, la víctima Alberto Miguel Pérez Reyes era hijo de Magdalena María Reyes Flórez y Alberto Miguel Pérez Estrella y tenía 3 hermanos, Over José Acosta Reyes, Glebi del Carmen Pérez Ortega y Eliécer Fernando Estrella Ortega |485|. Sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta en la presente liquidación a los hermanos Over José Acosta Reyes y Eliécer Fernando Estrella Ortega, pues no otorgaron poder.

i) El daño emergente

542. Con fundamento en la sentencia proferida por esta Sala el 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |486|, el representante solicitó a favor de la víctima Magdalena María Reyes Flórez un valor de $1'579.989,37 pesos por concepto de daño emergente |487|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Alberto Miguel Pérez Reyes. Sin embargo, la Sala no liquidará dicho concepto, pues la víctima directa fue inhumada en el Cementerio Universal, donde, según informe del 8 de septiembre de 2.010, hay una fosa común. Por lo tanto, en este caso no es posible presumir los gastos funerarios.

ii) El lucro cesante

543. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó su indemnización a favor de las víctimas, sino que al momento de los hechos Alberto Miguel Pérez Reyes tenía 28 años, 09 meses, 04 días |488| y era soltero y de acuerdo a las reglas generales de la Sala, el hijo soltero contribuye al sostenimiento de la casa de sus padres hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar.

iii) El daño moral

544. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Alberto Miguel Pérez Reyes, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres Magdalena María Reyes Flórez y Alberto Miguel Pérez Estrella y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hermana Glebi del Carmen Pérez Ortega.

7.1.4.3 El homicidio de Sergio Anderson Cortés Restrepo

545. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Sergio Anderson Cortés Restrepo era hijo de María Leonarda Restrepo Arboleda y Roberto Antonio Cortés Cortés (fallecidos) y tenía 7 hermanos, Oscar Darío, Diego Alonso, César Augusto y Sor Ángela Cortés Restrepo y Martha Elena, Inés Amalia y Jhon Jairo Restrepo |489|.

i) El daño emergente

546. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |490|, la representante solicitó a favor de las víctimas indirectas un valor de $1'200.000 pesos por concepto de daño emergente |491|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Sergio Anderson Cortés Restrepo. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Oscar Darío, Diego Alonso, César Augusto y Sor Ángela Cortés Restrepo y Martha Elena, Inés Amalia y Jhon Jairo Restrepo, en partes iguales.

ii) El lucro cesante

547. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó su indemnización a favor de las víctimas, sino que Sergio Anderson Cortés Restrepo tenía 18 años, 4 meses, 14 días para la época de los hechos, no se demostró que éste realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, sus padres ya fallecieron y, de acuerdo a la declaración de Oscar Darío Cortés, dependía económicamente de su hermano Diego Alonso Cortés |492|.

iii) El daño moral

548. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Sergio Anderson Cortés Restrepo, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Oscar Darío, Diego Alonso, César Augusto y Sor Ángela Cortés Restrepo y Martha Elena, Inés Amalia y Jhon Jairo Restrepo.

7.1.4.4 El homicidio de Julián Andrés Vergara Agudelo

549. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Julián Andrés Vergara Agudelo era hijo de Luz Elena Agudelo Hernández y Jairo de Jesús Vergara Flórez y tenía 5 hermanos, Yhojans Smit, Margy Mallersy, Xiomara, Erika Maryori y Luz Enith Agudelo Hernández |493|.

i) El daño emergente

550. El representante solicitó a favor de la víctima Luz Elena Agudelo Hernández un valor de $473.682,11 pesos por concepto de daño emergente |494|, correspondiente a los gastos por la búsqueda del cuerpo de Julián Andrés Vergara Agudelo, los cuales, de acuerdo al juramento estimatorio rendido por aquella, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $300.000 pesos |495|.

551. Si bien dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, la Sala considera razonable y justificado el valor fijado por la víctima Luz Elena Agudelo Hernández mediante el juramento estimatorio, pues con el propósito de encontrar a su hijo desaparecido, no sólo denunció el hecho ante las autoridades encargadas del registro y búsqueda de los desaparecidos, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación, sino que emprendió su búsqueda y, para ello, se trasladó al municipio de Barbosa, a Teleantioquia y al barrio La Aguacatala de Medellín, entre otros, durante un tiempo prolongado y de manera continua, pues las víctimas de estos hechos persisten en la búsqueda de sus familiares hasta encontrarlos y, en este caso, el hecho ocurrió el 14 de octubre de 2.003, por lo que ya han trascurrido más de 10 años en esa labor sin ningún hallazgo. Así, entonces, la víctima incurrió en considerables gastos por concepto de transporte. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $489.901,67 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Luz Elena Agudelo Hernández.

ii) El lucro cesante

552. La Sala no liquidara dicho concepto, pues no sólo el representante no solicitó su indemnización a favor de la víctima, sino que Julián Andrés Vergara Agudelo tenía 14 años, 9 meses, 24 días al momento de los hechos |496|, era estudiante |497| y no se demostró que éste realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran económicamente de él.

iii) El daño moral

553. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Julián Andrés Vergara Agudelo y la gravedad del hecho, pues también fue víctima del delito de desaparición forzada, hecho por el cual fue condenado el postulado Néstor Eduardo Cardona por el Jugado 27 Penal del Circuito de Medellín y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará a dicho postulado a pagar una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres Luz Elena Agudelo Hernández y Jairo de Jesús Vergara Flórez y de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Yhojans Smit, Margy Mallersy, Xiomara, Erika Maryori y Luz Enith Agudelo Hernández.

iv) El daño a la salud

554. El representante solicitó el reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños psicológicos para cada una de las víctimas indirectas.

555. De acuerdo a lo establecido en la dimensión individual del daño, el delito de desaparición forzada produce una alteración psicológica que va más allá del daño puramente moral o patrimonial, el cual incide negativamente en el desarrollo de la personalidad, la independencia y autonomía como ser humano o el ejercicio de sus derechos y se irradia sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás. Por lo tanto, la Sala reconocerá un valor de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Luz Elena Agudelo Hernández y Jairo de Jesús Vergara Flórez por el daño a la salud, pues no sólo fue acreditado debidamente en el proceso, sino que conforme a las reglas establecidas por la Sala, éste se presume cuando se trata de los padres.

Sin embargo, la Sala no liquidará dicho concepto para los hermanos Yhojans Smit, Margy Mallersy, Xiomara, Erika Maryori y Luz Enith Agudelo Hernández, pues no acreditaron el daño a la salud.

7.1.4.5 El homicidio de William de Jesús Herrera Mesa

556. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Sonia de las Mercedes Cárdenas Mora y Adalgiza de las Misericordias Álvarez Correa, la víctima William de Jesús Herrera Mesa sostenía una unión marital de hecho con Claudia Elena Quintero Montoya al momento de los hechos y tuvieron 2 hijos, William Esteban y Yenny Karolina Herrera Quintero |498|.

i) El daño emergente

557. Con fundamento en la sentencia proferida por esta Sala el 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |499|, el representante solicitó a favor de la víctima Claudia Elena Quintero un valor de $1'578.940,38 pesos por concepto de daño emergente |500|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de William de Jesús Herrera. Si bien dichos gastos no se acreditaron, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Claudia Elena Quintero Montoya.

ii) El lucro cesante

558. El representante solicitó el lucro cesante debido y futuro a favor de las víctimas Claudia Elena Quintero Montoya por un valor de $47'304.355,33 pesos y $83'803.761,84 pesos, respectivamente y, por lucro cesante debido solicitó a favor de William Esteban y Yenny Karolina Herrera Quintero un valor de $23'652.177,67 pesos para cada uno y por lucro cesante futuro un valor de $2'528.573,50 pesos para el primero y $2'983.486,14 pesos |501|, para la segunda.

559. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba William de Jesús Herrera Mesa, pues según el certificado laboral expedido por el señor Víctor Hugo Herrera Mesa, al momento de los hechos aquél se desempeñaba como panadero y tenía un ingreso de $600.000 pesos |502|, el cual se actualizará así:

Después de incrementar dicho valor en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que William de Jesús Herrera Mesa destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $918.565,64 pesos.

560. Así, entonces, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a su compañera permanente Claudia Elena Quintero Montoya y el otro 50% a sus 2 hijos, William Esteban Herrera Quintero, quien contaba con 8 años, 8 meses, 12 días al momento de los hechos y Yenny Karolina Herrera Quintero, quien tenía 7 años, 7 meses, 19 días, correspondiéndole a cada uno un 25% |503|.

a. Claudia Elena Quintero Montoya (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

561. La renta actualizada equivale a $459.282,82 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 27 de octubre de 2.003, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 142,90 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de William de Jesús Herrera Mesa, quien tenía una esperanza de vida de 38 años más |504|, equivalentes a 456 meses, pues Claudia Elena Quintero Montoya contaba con 32 años, 4 meses, 19 días y una esperanza de vida de 53,4 años más |505|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de William de Jesús Herrera Mesa, esto es, 313,10 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Claudia Elena Quintero Montoya es de $168'222.269,94 pesos.

b. William Esteban Herrera Quintero (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $229.641,41
Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1.995
Fecha en que cumplirá 25 años: 15 de febrero de 2.020
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 142,90 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 52,70 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que William Esteban Herrera Quintero cumplirá los 25 años de edad, esto es, 52,70 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho William Esteban Herrera Quintero es de $57'897.618,05 pesos.

c. Yenny Karolina Herrera Quintero (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $229.641,41
Fecha de nacimiento: 08 de marzo de 1.996
Fecha en que cumplirá 25 años: 08 de marzo de 2.021
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 142,90 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 65,4667 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Yenny Karolina Herrera Quintero cumplirá los 25 años de edad, esto es, 65,4667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Yenny Karolina Herrera Quintero es de $60'093.259,63 pesos.

iii) El daño moral

562. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de William de Jesús Herrera Mesa, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Claudia Elena Quintero Montoya y para cada uno de sus hijos William Esteban y Yenny Karolina Herrera Quintero.

7.1.4.6 El homicidio de Yesid Sánchez Gómez

563. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Lina María Colmenares Uribe y Águeda Uribe, la víctima Yesid Sánchez Gómez sostenía una unión marital de hecho con Yandri Duperly Gutiérrez Camargo al momento de los hechos y tenían un hijo, Juan David Sánchez Gutiérrez |506|.

i) El daño emergente

564. Si bien los gastos funerarios no fueron solicitados por el representante, éstos se presumen en razón de la muerte de Yesid Sánchez Gómez. Así, entonces, el daño emergente se fijará de acuerdo a lo establecido en las reglas generales de la Sala, esto es, en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Yandri Duperly Gutiérrez Camargo.

ii) El lucro cesante

565. Si bien el representante no solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas, de acuerdo a las reglas de la Sala, se procederá a liquidar el lucro cesante, pues en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Yesid Sánchez Gómez provenientes de su ocupación como vendedor ambulante |507|, se tendrá un ingreso equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, de $332.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Yesid Sánchez Gómez destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

566. Así, entonces, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Yandri Duperly Gutiérrez Camargo y el otro 50% a su hijo Juan David Sánchez Gutiérrez, quien contaba con 2 años, 4 meses, 29 días al momento de los hechos |508|.

a. Yandri Duperly Gutiérrez Camargo (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

567. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 26 de julio de 2.003, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 145,9333 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Yesid Sánchez Gómez, quien tenía una esperanza de vida de 52,3 años más |509|, equivalentes a 627,60 meses, pues Yandri Duperly Gutiérrez Camargo contaba con 25 años, 4 meses, 4 días y una esperanza de vida de 60,2 años más |510|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Yesid Sánchez Gómez, esto es, 481,6667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Yandri Duperly Gutiérrez es de $120'055.327,87 pesos.

b. Juan David Sánchez Gutiérrez (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $302.039,06
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 2.001
Fecha en que cumplirá 25 años: 27 de febrero de 2.026
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 145,9333 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años 125,10 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Juan David Sánchez Gutiérrez cumplirá los 25 años de edad, esto es, 125,10 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Juan David Sánchez Gutiérrez es de $92'233.869,31 pesos.

iii) El daño moral

568. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Yesid Sánchez Gómez, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Yandri Duperly Gutiérrez Camargo y a su hijo Juan David Sánchez Gutiérrez.

7.1.4.7 El homicidio de Giovanny Loaiza Mosquera

569. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Luz Estella Cadavid Guerra y Sandra Patricia Vargas Cadavid, la víctima Giovanny Loaiza Mosquera sostenía una unión marital de hecho con Paula Andrea Correa Marín al momento de los hechos y tenían 2 hijos, Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa.

La víctima era hijo de María Laura Mosquera, quien falleció y José Dionisio Loaiza Casafus y tenía un hermano, Henry Loaiza Mosquera |511|.

i) El daño emergente

570. La representante solicitó a favor de la víctima Paula Andrea Correa Marín un valor de $2'049.338,91 pesos por daño emergente |512|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Giovanny Loaiza Mosquera, los cuales, de acuerdo al juramento estimatorio rendido por Paula Andrea Correa Marín, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $1'200.000 pesos |513|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Paula Andrea Correa Marín.

ii) El lucro cesante

571. La representante solicitó el lucro cesante debido a favor de las víctimas Paula Andrea Correa Marín, Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa por un valor de $141'342.549 pesos |514| para ser distribuidos en la proporción prevista en la Ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Paula Andrea Correa Marín un valor de $87'230.508 pesos |515| y para Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa un valor de $12'685.395,76 pesos y $9'448.716,37 pesos |516|, respectivamente.

572. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Giovanny Loaiza Mosquera, pues según el certificado laboral expedido por la señora Claudia María Vargas Correa, Jefe Administrativa y de Gestión Humana de Deprisa, al momento de los hechos aquél se desempeñaba como Courier en dicha empresa y tenía un ingreso de $390.000 pesos |517|, el cual se actualizará así:

Después de incrementar dicho valor en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Giovanny Loaiza Mosquera destinaba para su propio sostenimiento, la base de la liquidación queda en un valor de $649.166,61 pesos.

573. Así, entonces, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Paula Andrea Correa Marín y el otro 50% a sus 2 hijos, esto es, a Lizeth Lorena Loaiza Correa, quien contaba con 3 años, 7 meses, 12 días al momento de los hechos y Cristian Alexander Loaiza Correa, quien tenía 6 años, 3 meses, 3 días, correspondiéndole a cada uno un 25% |518|.

a. Paula Andrea Correa Marín (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

574. La renta actualizada equivale a $324.583,30 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 19 de mayo de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 160,1667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Giovanny Loaiza Mosquera, quien tenía 35 años, 24 días y una esperanza de vida de 45,6 años más |519|, equivalentes a 547,20 meses, pues Paula Andrea Correa Marín contaba con 22 años, 21 días y una esperanza de vida de 63,2 años más |520|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Giovanny Loaiza Mosquera, esto es, 387,0333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Paula Andrea Correa Marín es de $134'955.623,21 pesos.

b. Lizeth Lorena Loaiza Correa (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $162.291,65
Fecha de nacimiento: 07 de octubre de 1.998
Fecha en que cumplirá 25 años: 07 de octubre de 2.023
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 160,1667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 96,4333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Lizeth Lorena Loaiza Correa cumplirá los 25 años de edad, esto es, 96,4333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Lizeth Lorena Loaiza Correa es de $51'692.051,96 pesos.

c. Cristian Alexander Loaiza Correa (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $162.291,65
Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1.996
Fecha en que cumplirá 25 años: 16 de febrero de 2.021
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 160,1667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 64,7333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Cristian Alexander Loaiza Correa cumplirá los 25 años de edad, esto es, 64,7333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Cristian Alexander Loaiza Correa es de $48'218.189,52 pesos.

iii) El daño moral

575. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Giovanny Loaiza Mosquera, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Paula Andrea Correa Marín, a sus hijos Lizeth Lorena y Cristian Alexander Loaiza Correa y a su padre José Dionisio Loaiza Casafus y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hermano de Henry Loaiza Mosquera.

7.1.4.8 La detención y las lesiones personales de Yoana Janeth Mosquera Guerrero

576. De acuerdo a los informes de medicina legal del 15 de agosto de 2.003 y 1 de febrero de 2.005 y a la historia clínica, Yoana Janeth Mosquera Guerrero tuvo una incapacidad definitiva de 65 días, sin secuelas medico legales, ni "limitaciones funcionales en zonas descritas como lesionadas" |521|.

i) El daño emergente

577. La representante solicitó a favor de la víctima Yoana Janeth Mosquera Guerrero que se le reconociera un valor de $833.917 pesos por concepto de daño emergente |522|.

Ahora, de acuerdo a la factura No. 784586 de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, Yoana Janeth Mosquera incurrió en varios gastos médicos por las lesiones personales padecidas, como procedimientos terapéuticos, laboratorio clínico, entre otros, los cuales ascendieron a la suma de $526.664 pesos |523|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

La representante también solicitó el reconocimiento de $3'624.839 por concepto de tratamiento psicológico y el transporte para asistir a dichas terapias. Aunque Yoana Janeth Mosquera Guerrero no ha asistido a ese tratamiento, en el Incidente la psicóloga señaló que la víctima requería un tratamiento prolongado por un año con asistencia continua e ininterrumpida y el transporte para asistir al mismo |524|. Por lo tanto, se reconocerá dicha suma, pues se sabe que la víctima tendrá que incurrir en dichos gastos.

De allí que el valor total del daño emergente es de $4'489.479,74 pesos, los cuales le serán reconocidos a Yoana Janeth Mosquera Guerrero.

ii) El lucro cesante

578. La representante solicitó a favor de la víctima Yoana Janeth Mosquera Guerrero que se le reconociera un valor de $1'396.092 pesos por concepto de lucro cesante |525|, correspondiente a 65 días de incapacidad.

i) La indemnización consolidada:

579. Según certificación de Ana Marta Salcedo, la víctima Yoana Janeth Mosquera Guerrero se desempeñaba como empleada doméstica y devengaba $550.000 pesos mensuales |526| y, como se dijo, tuvo una incapacidad de 65 días |527|. Por lo tanto, se procederá a indexar el salario devengado hasta la fecha de la sentencia y se reconocen los 65 días de incapacidad.

ii) Conforme a lo anterior, el reconocimiento de esta suma ascenderá a $1'956.396,38 pesos a favor de Yoana Janeth Mosquera Guerrero.

iii) El daño moral

580. De acuerdo a las circunstancias particulares de la detención y las lesiones personales de Yoana Janeth Mosquera Guerrero, la gravedad de los hechos y el daño sufrido por la víctima, máxime que se trata de dos delitos, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagarle una suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Yoana Janeth Mosquera Guerrero por concepto de perjuicios morales.

7.1.4.9 La tentativa de homicidio de Alberto González Gil

581. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Alberto González Gil es hijo de Romelia Gil Libreros y tiene una hermana, Claudia Patricia Gil |528|.

582. Según el dictamen médico, Alberto González Gil tuvo una incapacidad definitiva de 45 días con secuelas médico legales consistentes en "deformidad física de carácter permanente que afecta el cuerpo por la cicatriz ostensible en abdomen, de carácter permanente" |529|.

Ahora, Romelia Gil manifestó en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral que Alberto González Gil es parapléjico, que se desplaza en silla de ruedas y que presenta secuelas permanentes, pues perdió un pulmón, un riñón, el vaso, parte del estomago e intestino y sufre de incontinencia, de acuerdo al dictamen médico legal del 4 de noviembre de 2.011, dichas secuelas fueron consecuencia del atentado que padeció la víctima "en el año 2002", pues "recibió heridas por arma de fuego por parte de paramilitares y desde entonces permanece en silla de ruedas, con parálisis de miembros inferiores, incontinencia de esfínteres" |530|. Si bien se trata de un hecho posterior a la tentativa de homicidio que se le imputa en este caso al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona, la evidencia indica que fue cometido por los mismos miembros del Bloque Cacique Nutibara al que pertenecía el postulado y obedeció al mismo disignio criminal. Por lo tanto, se liquidarán los perjuicios por ambos hechos como si fueran uno sólo.

i) El daño emergente

583. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó su indemnización a favor de la víctima, sino que tampoco fueron probados los gastos en que incurrió la víctima directa a raíz del delito de tentativa de homicidio.

ii) El lucro cesante

584. El representante solicitó el lucro cesante debido a favor de la víctima Alberto González Gil por un valor de $2'899.575,00 pesos |531|.

i) La indemnización consolidada:

En este caso no se acreditó el ingreso que devengaba la víctima Alberto González Gil proveniente de su ocupación como comerciante independiente para la época de los hechos, el 06 de noviembre de 2.001. Por lo tanto, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente de ese momento, esto es, $286.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales queda en un valor de $805.437,50 pesos.

De acuerdo con el dictamen médico |532|, la víctima Alberto González Gil tuvo una incapacidad definitiva de 45 días. Por lo tanto, se le reconocerá un valor de $1'208.156,25 pesos

ii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a favor de Alberto González Gil equivale a $1'208.156,25 pesos.

585. Ahora, el valor liquidado por la Sala es diferente al solicitado por el representante, pues éste solicitó que se liquidara el lucro cesante teniendo en cuenta una incapacidad de 135 días, el cual él dedujo de acuerdo a las lesiones, pues tal como lo aclaró "no hay un dictamen de medicina legal de aquella época, ni la historia clínica" |533|, mientras que la Sala la liquidó por 45 días de incapacidad, conforme al dictamen médico legal allegado al proceso.

iii) El daño moral

586. De acuerdo a las circunstancias particulares de la tentativa de homicidio de Alberto González Gil, la gravedad del hecho y el daño sufrido por la víctima, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagar una suma equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Alberto González Gil por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes a su madre Romelia Gil Libreros y una suma equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a su hermana Claudia Patricia Gil.

iv) El daño a la salud

587. El representante solicitó el reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños psicológicos para Alberto González Gil y su madre Romelia Gil y de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños psicológicos para su hermana Claudia Patricia Gil.

588. De acuerdo a las circunstancias particulares de la tentativa de homicidio de Alberto González Gil, la gravedad del hecho y el daño sufrido por la víctima y las reglas generales establecidas en esta decisión, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagarle a aquél una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

Ahora, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que el daño a la salud se hace extensivo a los familiares de una persona discapacitada cuando deben asumir su cuidado |534|. Sin embargo, si bien Alberto González Gil es discapacitado, éste se encuentra detenido en la cárcel desde el año 2.012 |535|. Por lo tanto, el daño causado por el delito no se hizo extensivo a su madre Romelia Gil Libreros, ni a su hermana Claudia Patricia Gil, pues no han asumido su cuidado de manera que afecte notoriamente su comportamiento social, ni se acreditó que el daño incidiera negativamente en el desarrollo de su personalidad, su independencia y autonomía como seres humanos o el ejercicio de sus derechos y se irradie sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás. Por lo tanto, la Sala no reconocerá el daño a la salud a favor de aquellas.

7.1.4.10 Las lesiones personales de Alex Santiago Galvis Restrepo

589. De acuerdo a la evidencia, Alex Santiago Galvis Restrepo era menor de edad, pues al momento de los hechos tenía 10 años de edad y tuvo una incapacidad médico legal de 25 días, sin secuelas |536|.

i) El daño emergente

590. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó su indemnización a favor de la víctima, sino que tampoco fueron acreditados probatoriamente los gastos en que se pudieron haber incurrido a raíz de las lesiones personales de Alex Santiago Galvis Restrepo.

ii) El lucro cesante

591. El representante solicitó a favor de la víctima Alex Santiago Galvis que se le reconociera un valor de $1'288.700 pesos por concepto de lucro cesante |537|, correspondiente a 2 meses de incapacidad.

592. Pero, la Sala no liquidará dicho concepto, pues al momento de los hechos no se demostró que la víctima realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran de él, menos aún si ésta contaba con tan sólo 10 años de edad.

iii) El daño moral

593. De acuerdo a las circunstancias particulares de las lesiones personales de Alex Santiago Galvis Restrepo, la gravedad del hecho y el daño sufrido por la víctima, la Sala condenará al postulado Néstor Eduardo Cardona Cardona a pagarle a aquél una suma equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.

7.1.5 Los hechos cometidos por el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán

7.1.5.1 El homicidio y la detención de Rubén Darío Mesa Puerta

594. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Gustavo Alonso y Ramón Andrés Mesa Puerta, Rubén Darío Mesa Puerta sostenía una unión marital de hecho con Dora Patricia Osorio Martínez al momento de los hechos y tuvieron 3 hijas, Carolina, Marcela y Cristian Camilo Mesa Osorio |538|.

i) El daño emergente

595. Con fundamento en la sentencia de esta misma Sala del 2 de febrero de 2.015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo |539|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Dora Patricia Osorio Martínez un valor de $1'806.593,74 pesos por concepto de daño emergente |540|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Rubén Darío Mesa Puerta. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Dora Patricia Osorio Martínez.

ii) El lucro cesante

596. El representante solicitó el lucro cesante debido a favor de Dora Patricia Osorio Martínez por un valor de $61'234.934,12 pesos |541|, y para Carolina, Marcela y Cristian Camilo Mesa Osorio un valor de $14'898.396,88 pesos, $17'156.665,07 pesos y $19'355.176,13 pesos, respectivamente |542|, y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Dora Patricia Osorio Martínez un valor de $82'123.813,83 pesos |543|.

597. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Rubén Darío Mesa Puerta, pues según el certificado laboral expedido por José Ignacio Álvarez Posada, al momento de los hechos aquél se desempeñaba como ayudante de construcción y tenía un ingreso equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $286.000 pesos |544|, el cual se actualizará así:


Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Rubén Darío Mesa Puerta destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

598. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Dora Patricia Osorio Martínez y el otro 50% a sus 3 hijos, esto es, a Carolina Mesa Osorio, quien contaba con 14 años, 1 día al momento de los hechos, Marcela Mesa Osorio, quien tenía 12 años, 9 meses, 22 días y Cristian Camilo Mesa Osorio, quien contaba con 11 años, 8 meses, 22 días, correspondiéndole a cada uno un 16,6667% |545|.

a. Dora Patricia Osorio Martínez (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

599. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 1 de junio de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 171,7667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Rubén Darío Mesa Puerta, quien tenía 36 años, 11 meses, 10 días y una esperanza de vida de 44,6 años más |546|, equivalentes a 535,20 meses, pues Dora Patricia Osorio Martínez contaba con 31 años, 10 meses, 21 días y una esperanza de vida de 54,4 años más |547|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Rubén Darío Mesa Puerta, esto es, 363,4333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Dora Patricia Osorio Martínez equivale a $132'256.388,19 pesos.

b. Carolina Mesa Osorio (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1.987
Fecha en que cumplió 25 años: 31 de mayo de 2.012
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 132 meses
La renta actualizada equivale a: $100.679,69

c. Marcela Mesa Osorio (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 09 de agosto de 1.988
Fecha en que cumplió 25 años: 09 de agosto de 2.013
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 146,2667 meses
La renta actualizada equivale a: $100.679,69

d. Cristian Camilo Mesa Osorio (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 09 de septiembre de 1.989
Fecha en que cumplió 25 años: 09 de septiembre de 2.014
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 159,2667 meses
La renta actualizada equivale a: $100.679,69

600. El valor del lucro cesante futuro liquidado por la Sala a favor de Dora Patricia Osorio, compañera permanente de la víctima, es diferente al solicitado por el representante, pues la renta actualizada utilizada por éste es superior a la utilizada por la Sala, que se basa en el salario mínimo mensual legal vigente actual. Además, el representante se basa en una renta actualizada diferente para liquidar la indemnización consolidada y la futura.

iii) El daño moral

601. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio y la detención de Rubén Darío Mesa Puerta, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Dora Patricia Osorio Martínez y a cada uno de sus hijos Carolina, Marcela y Cristian Camilo Mesa Osorio.

7.1.5.2 El homicidio y la detención de Jonathan Stiven Pulido Guarín

602. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Jonathan Stiven Pulido Guarín era hijo de Gladys Amparo Pulido Guarín y tenía 6 hermanos, Yenyfer Yurani, Brayam Alexis, Juan Esteban y Sintia Micheli Pulido Guarín y Andrés Felipe y Jorge Wilson Castrillón Pulido |548|.

i) El daño emergente

603. Si bien la representante no solicitó la indemnización por concepto de daño emergente por gastos funerarios, como se dijo en las reglas generales establecidas por la Sala, éstos se presumen, pues los familiares de Jonathan Stiven Pulido Guarín incurrieron en dichos gastos debido a su muerte. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Gladys Amparo Pulido Guarín.

ii) El lucro cesante

604. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo el representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas, sino que al momento de los hechos Jonathan Stiven Pulido Guarín tenía 15 años, 28 días |549| y no se demostró que éste realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran de él económicamente.

iii) El daño moral

605. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio y la detención de Jonathan Stiven Pulido Guarín, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre Gladys Amparo Pulido Guarín y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Yenyfer Yurani, Brayam Alexis, Juan Esteban y Sintia Micheli Pulido Guarín y Andrés Felipe y Jorge Wilson Castrillón Pulido.

7.1.5.3 El homicidio de Carlos Alberto Mesa Escobar

606. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones de las señoras Beatriz Elena Deossa Holguín y Beatriz Elena Castaño Cano, la víctima Carlos Alberto Mesa Escobar tenía 9 hermanos, María Nora de Jesús, Édgar de Jesús, Juan David, José Orlando, Darío de Jesús, Flor María y Esaú Mesa Escobar, Rosalba Mesa de Ramírez y Luz Elena Mesa de Arango |550|.

La Sala no liquidará la indemnización a favor de María Nora de Jesús Mesa Escobar, pues ésta falleció el 15 de febrero de 2.015 |551|.

i) El daño emergente

607. La representante solicitó que se le reconociera a la víctima Esaú Mesa Escobar un valor de $4'516.594 pesos por concepto de daño emergente |552|, que corresponden a los gastos funerarios por el homicidio de Carlos Alberto Mesa Escobar, los cuales, de conformidad con el juramento estimatorio rendido por aquél, ascendieron a $2'500.000 pesos para el momento de los hechos |553|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Esaú Mesa Escobar.

ii) El lucro cesante

608. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas indirectas, sino que no se probó que éstas dependieran económicamente de Carlos Alberto Mesa Escobar.

iii) El daño moral

609. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Carlos Alberto Mesa Escobar, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Édgar de Jesús, Juan David, José Orlando, Darío de Jesús, Flor María y Esaú Mesa Escobar, Rosalba Mesa de Ramírez y Luz Elena Mesa de Arango.

7.1.5.4 El homicidio de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez

610. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez era hijo de Guillermina Gutiérrez de Álvarez y tenía 4 hermanos, Luis Alonso, Gladys del Socorro, Alberto León y Nora Elena Álvarez Gutiérrez |554|.

i) El daño emergente

611. La representante solicitó a favor de la víctima Guillermina Gutiérrez de Álvarez que se le reconociera un valor de $4'451.555 pesos por concepto de daño emergente |555|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez.

612. Si bien se allegó una constancia al proceso por unos gastos funerarios, éstos corresponden a Alberto de Jesús Álvarez Tangarife, padre de la víctima Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez |556|, no de éste, sin que se allegara ninguna otra prueba que demuestre el pago de los gastos por su muerte, que es la que se debió allegar para efectos de su indemnización. Sin embargo, como se dijo en las reglas generales establecidas por la Sala, dichos gastos se presumen, pues los familiares de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez incurrieron en ellos debido a su muerte. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Guillermina Gutiérrez de Álvarez.

ii) El lucro cesante

613. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas, sino que Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez tenía 36 años, 11 meses |557| y teniendo en cuenta lo establecido en las reglas generales de la indemnización, el hijo soltero contribuye al sostenimiento de la casa de sus padres hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar.

iii) El daño moral

614. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Carlos Aldemar Álvarez Gutiérrez, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre Guillermina Gutiérrez de Álvarez y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Luis Alonso, Gladys del Socorro, Alberto León y Nora Elena Álvarez Gutiérrez.

7.1.5.5 El homicidio de Víctor Hugo López Soto

615. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Víctor Hugo López Soto era hijo de Alba Lucia Soto Marulanda y tenía una hermana, Sonia Vanessa López Soto |558|.

i) El daño emergente

616. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |559|, el representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Alba Lucia Soto Marulanda un valor de $1'200.000 pesos por concepto de daño emergente |560|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Víctor Hugo López Soto. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Alba Lucia Soto Marulanda.

ii) El lucro cesante

617. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de la víctima Alba Lucia Soto Marulanda por un valor de $73'104.729,88 pesos |561|.

618. Sin embargo, la Sala no liquidará este concepto, pues Víctor Hugo López Soto tenía 18 años, 2 meses, 3 días |562|, era estudiante de bachillerato en el Colegio Fe y Alegría CORVIDE |563| y de contabilidad en el Centro Moderno de Contabilidad |564|, y no se demostró que éste realizara alguna actividad o recibiera algún ingreso, ni que las víctimas indirectas dependieran de él o fueran a recibir algún beneficio económico del joven de manera cierta.

iii) El daño moral

619. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Víctor Hugo López Soto, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre Alba Lucia Soto Marulanda y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hermana Sonia Vanessa López Soto.

7.1.5.6 El homicidio de Heriberto Antonio Caro Bedoya

620. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Heriberto Antonio Caro Bedoya estaba casado con Celsa Rosa Montoya Montoya al momento de los hechos y tuvieron 4 hijos, Carlos Mario, Luz Adriana, Lina Marcela y Juan Esteban Caro Montoya |565|.

i) El daño emergente

621. El representante solicitó a favor de la víctima Celsa Rosa Montoya Montoya que se le reconociera un valor de $5'110.633,20 pesos por concepto de daño emergente |566|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Heriberto Antonio Caro Bedoya, los cuales, de acuerdo a la certificación de la Asociación Mutual y Ciss Playa Rica, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $2'620.000 pesos |567|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $4'892.099,67 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Celsa Rosa Montoya Montoya.

ii) El lucro cesante

622. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Celsa Rosa Montoya Montoya por un valor de $112'585.953,63 pesos |568|, para Carlos Mario y Luz Adriana Caro Montoya un valor de $3'302.636,65 pesos y $8'527.815,87 pesos |569|, respectivamente y para Lina Marcela y Juan Esteban Caro Montoya un valor de $17'089.971,89 pesos para cada uno |570| y por lucro cesante futuro un valor de $124'454.891,46 pesos a favor de Celsa Rosa Montoya Montoya |571|.

623. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceersa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Heriberto Antonio Caro Bedoya provenientes de su ocupación como trabajador independiente |572|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $286.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Heriberto Antonio Caro Bedoya destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

624. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Celsa Rosa Montoya Montoya y el otro 50% para sus 4 hijos, esto es, a Carlos Mario Caro Montoya, quien contaba con 22 años, 8 meses, 22 días al momento de los hechos, Luz Adriana Caro Montoya, quien tenía 19 años, 7 meses, 24 días, Lina Marcela Caro Montoya, quien contaba con 15 años, 6 meses, 22 días y Juan Esteban Caro Montoya, quien tenía 13 años, 8 meses, 26 días, correspondiéndole a cada uno un 12,50% |573|.

a. Celsa Rosa Montoya Montoya (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

610. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 31 de julio de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 169,7667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Heriberto Antonio Caro Bedoya, quien tenía 48 años, 6 meses, 21 días y una esperanza de vida de 33,4 años más |574|, equivalentes a 400,80 meses, pues Celsa Rosa Montoya Montoya contaba con 45 años, 2 meses, 13 días y una esperanza de vida de 40,9 años más |575|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Heriberto Antonio Caro Bedoya, esto es, 231,0333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Celsa Rosa Montoya Montoya equivale a $121'290.307,23 pesos.

b. Carlos Mario Caro Montoya (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 09 de noviembre de 1.978
Fecha en que cumplió 25 años: 09 de noviembre de 2.003
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 27,2667 meses
La renta actualizada equivale a: $75.509,77

c. Luz Adriana Caro Montoya (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 07 de diciembre de 1.981
Fecha en que cumplió 25 años: 07 de diciembre de 2.006
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 64,20 meses
La renta actualizada equivale a: $75.509,77

d. Lina Marcela Caro Montoya (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 09 de enero de 1.986
Fecha en que cumplió 25 años: 09 de enero de 2.011
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 113,2667 meses
La renta actualizada equivale a: $75.509,77

e. Juan Esteban Caro Montoya (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 05 de noviembre de 1.987
Fecha en que cumplió 25 años: 05 de noviembre de 2.012
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 135,1333 meses
La renta actualizada equivale a: $75.509,77

625. Los valores del daño emergente y el lucro cesante liquidados por la Sala son diferentes a los solicitados por el representante, pues mientras que éste utilizó el IPC vigente para el mes de agosto de 2.000, la Sala tomó el vigente para la fecha de los hechos, esto es, el mes de julio de 2.001.

El valor del lucro cesante también es diferente porque el representante, de acuerdo al certificado de ingresos expedido por la contadora pública Adriana María Álvarez Castrillón, tomó el ingreso promedio devengado por Heriberto Antonio Caro Bedoya durante los años 1.994 |576| y 1.995 |577|. Sin embargo, para efectos de la liquidación del lucro cesante se debe tener en cuenta son los ingresos que devengaba la víctima al momento del hecho, que en este caso ocurrió el 31 de julio de 2.001, como lo hizo la Sala, los cuales no se certificaron.

iii) El daño moral

626. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Heriberto Antonio Caro Bedoya, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge Celsa Rosa Montoya Montoya y a cada uno de sus hijos Carlos Mario, Luz Adriana, Lina Marcela y Juan Esteban Caro Montoya.

7.1.5.7 El homicidio de José Abigail Caro Bedoya

627. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, José Abigail Caro Bedoya estaba casado con Elidia de Jesús Cardona de Caro al momento de los hechos y tuvieron 5 hijos, José Norbey, Robilson de Jesús, Paula Andrea, Anderson y Andrey Caro Cardona |578|.

i) El daño emergente

628. El representante solicitó a favor de la víctima Elidia de Jesús Cardona de Caro que se le reconociera un valor de $3'687.642,25 pesos por concepto de daño emergente |579|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de José Abigail Caro Bedoya, los cuales, de acuerdo a la certificación de la Asociación Mutual y Ciss Playa Rica para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $2'240.000 pesos |580|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $4'178.115,04 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Elidia de Jesús Cardona de Caro.

ii) El lucro cesante

629. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Elidia de Jesús Cardona de Caro por un valor de $82'625.643,52 pesos |581|, para Robilson de Jesús, Paula Andrea, Anderson y Andrey Caro Cardona un valor de $2'591.792,75, $5'324.837,38, $10'963.013,01 y $16'525.128,70 pesos |582|, respectivamente, y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Elidia de Jesús Cardona de Caro y Andrey Caro Cardona un valor de $80'002.123,56 pesos y $1'844.443,87 pesos |583|, respectivamente.

630. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba José Abigail Caro Bedoya, pues según el certificado laboral expedido por Diana Marcela Bueno, Auxiliar Administrativa de Sulfo Química S.A., al momento de los hechos aquél se desempeñaba en oficios varios y tenía un ingreso de $434.500 pesos |584|, el cual se actualizará así:

Después de incrementar dicho valor en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que José Abigail Caro Bedoya destinaba para su propio sostenimiento, la base de la liquidación queda en un valor de $759.789,75 pesos.

631. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Elidia de Jesús Cardona de Caro y el otro 50% para 4 de sus hijos, esto es, a Robilson de Jesús Caro Cardona, quien contaba con 22 años, 15 días al momento de los hechos, Paula Andrea Caro Cardona, quien tenía 19 años, 4 meses, 21 días, Anderson Caro Cardona, quien contaba con 14 años, 11 meses, 13 días y Andrey Caro Cardona, quien tenía 9 años, 2 días, correspondiéndole a cada uno un 12,50% |585|.

Teniendo en cuenta las reglas de la Sala, no se liquidará el lucro cesante a favor de José Norbey Caro Cardona, pues al momento de los hechos tenía 27 años, 4 meses, 18 días |586|.

a. Elidia de Jesús Cardona de Caro (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

632. La renta actualizada equivale a $379.894,88 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 24 de agosto de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 169 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de José Abigail Caro Bedoya, quien tenía 52 años, 6 meses, 23 días y una esperanza de vida de 29,9 años más |587|, equivalentes a 358,80 meses, pues Elidia de Jesús Cardona de Caro contaba con 46 años, 2 meses, 15 días y una esperanza de vida de 39,9 años más |588|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de José Abigail Caro Bedoya, esto es, 189,80 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Elidia de Jesús Cardona de Caro es de $146'258.614,09 pesos.

b. Robilson de Jesús Caro Cardona (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 09 de agosto de 1.979
Fecha en que cumplió 25 años: 09 de agosto de 2.004
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 35,50 meses
La renta actualizada equivale a: $94.973,72

c. Paula Andrea Caro Cardona (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 03 de abril de 1.982
Fecha en que cumplió 25 años: 03 de abril de 2.007
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 67,30 meses
La renta actualizada equivale a: $94.973,72

d. Anderson Caro Cardona (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1.986
Fecha en que cumplió 25 años: 11 de septiembre de 2.011
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 120,5667 meses
La renta actualizada equivale a: $94.973,72

e. Andrey Caro Cardona (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $94.973,72
Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1.992
Fecha en que cumplirá 25 años: 22 de agosto de 2.017
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 169 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 22,9333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Andrey Caro Cardona cumplirá los 25 años de edad, esto es, 22,9333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Andrey Caro Cardona es de $26'871.868,21 pesos.

iii) El daño moral

633. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de José Abigail Caro Bedoya, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge Elidia de Jesús Cardona de Caro y a cada uno de sus hijos José Norbey, Robilson de Jesús, Paula Andrea, Anderson y Andrey Caro Cardona.

iv) El daño a la salud

634. El representante solicitó el reconocimiento de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño al proyecto de vida para cada uno de los hijos José Norbey, Robilson de Jesús, Paula Andrea, Anderson y Andrey Caro Cardona.

635. Sin embargo, la Sala no liquidará dicho concepto a favor de éstas, pues en este caso no se acreditó que el daño incidiera negativamente en el desarrollo de su personalidad, su independencia y autonomía como seres humanos o el ejercicio de sus derechos y se irradie sobre su proyecto de vida y sus relaciones con los demás.

7.1.5.8 El homicidio de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez

636. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez estaba casado con Ana Teresa Espinosa Echavarría al momento de los hechos y tuvieron 5 hijos, Francy Catalina, Nicolás de Jesús, Dionisio Arley, Doris Omaira y Sandra Yamile Espinosa Espinosa |589|.

La víctima, además, era hijo de María Cecilia Velásquez de Espinosa y tenía 11 hermanos, Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Manuel Salvador, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez.

i) El daño emergente

637. La representante solicitó a favor de la víctima Ana Teresa Espinosa Echavarría un valor de $3'784.407,21 pesos por concepto de daño emergente |590|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Nicolás de Jesús Espinosa. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Ana Teresa Espinosa Echavarría.

ii) El lucro cesante

638. La representante solicitó el lucro cesante debido a favor de las víctimas Ana Teresa Espinosa Echavarría y Francy Catalina, Nicolás de Jesús, Dionisio Arley, Doris Omaira y Sandra Yamile Espinosa Espinosa por un valor de $117'002.048 pesos |591|, para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Ana Teresa Espinosa Echavarría y Francy Catalina Espinosa Espinosa un valor de $76'359.141 pesos y $1'334.485,95 pesos |592|, respectivamente.

639. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez, pues según el certificado laboral expedido por María Mónica Valencia M., Administradora del Edificio Balcón de Los Cedros, se desempeñaba como portero-oficios varios y tenía un ingreso de $286.000 pesos |593| para el momento de los hechos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

640. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Ana Teresa Espinosa Echavarría y el otro 50% para sus 5 hijos, esto es, a Francy Catalina Espinosa Espinosa, quien contaba con 11 años, 1 mes, 9 días al momento de los hechos, Nicolás de Jesús Espinosa Espinosa, quien tenía 16 años, 3 meses, 5 días, Dionisio Arley Espinosa Espinosa, quien contaba con 17 años, 9 meses, 14 días, Doris Omaira Espinosa Espinosa, quien tenía 20 años, 5 meses, 3 días y Sandra Yamile Espinosa Espinosa, quien contaba con 21 años, 5 meses, 17 días, correspondiéndole a cada uno un 10% |594|.

a. Ana Teresa Espinosa Echavarría (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

641. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 19 de septiembre de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 168,1667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez, quien tenía 41 años, 01 mes, 25 días y una esperanza de vida de 39,9 años más |595|, equivalentes a 478,80 meses, pues Ana Teresa Espinosa Echavarría contaba con 36 años, 09 meses, 18 días y una esperanza de vida de 44,6 años más |596|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez, esto es, 310,6333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Elidia de Jesús Cardona de Caro equivale a $126'674.886,24 pesos.

b. Francy Catalina Espinosa Espinosa (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $60.407,81
Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1.990
Fecha en que cumplió 25 años: 10 de agosto de 2.015
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 166,7 meses

c. Nicolás de Jesús Espinosa Espinosa (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1.985
Fecha en que cumplió 25 años: 14 de junio de 2.010
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 104,8333 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

d. Dionisio Arley Espinosa Espinosa (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 05 de diciembre de 1.983
Fecha en que cumplió 25 años: 05 de diciembre de 2.008
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 86,5333 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

e. Doris Omaira Espinosa Espinosa (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1.981
Fecha en que cumplió 25 años: 16 de abril de 2.006
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 54,90 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

f. Sandra Yamile Espinosa Espinosa (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 02 de abril de 1.980
Fecha en que cumplió 25 años: 02 de abril de 2.005
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 42,4333 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

642. El valor liquidado por la Sala es diferente al solicitado por la representante, pues la renta actualizada liquidada por ésta se basa en el salario mínimo legal vigente para la fecha de los hechos indexada a la realización de la liquidación, siendo este resultado inferior al salario mínimo mensual legal vigente actual, debiendo ser este último el utilizado en la liquidación.

De otra parte, la renta actualizada para la liquidación de la indemnización consolidada utilizada por la representante es diferente a la utilizada en la indemnización futura.

iii) El daño moral

643. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge Ana Teresa Espinosa Echavarría y a cada uno de sus hijos Francy Catalina, Nicolás de Jesús, Dionisio Arley, Doris Omaira y Sandra Yamile Espinosa Espinosa.

En este hecho no sólo fue asesinado Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez, sino también sus hermanos Everardo de Jesús y José de Jesús Espinosa Velásquez y su sobrino Hernán Augusto Espinosa Villa. De allí que en estos casos concurren varias víctimas indirectas, pues María Cecilia Velásquez de Espinosa era la madre de los tres primeros y la abuela del último, Manuel Salvador Espinosa Velásquez era el hermano de los tres primeros y el padre del último y Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez eran los hermanos de los tres primeros y los tíos del último. Así, entonces, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del homicidio de las víctimas directas, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas indirectas, se condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar el tope máximo establecido por la Sala para los daños morales, pues en este caso es mayor la aflicción y el dolor padecido por las víctimas al perder cuatro familiares en un solo hecho.

De acuerdo a lo anterior, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a María Cecilia Velásquez de Espinosa, Manuel Salvador Espinosa Velásquez y Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez.

7.1.5.9 El homicidio de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez

644. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Everardo de Jesús Espinosa Velásquez estaba casado con Rubiela García Montes al momento de los hechos y tuvieron 2 hijos, Kelly Johana y Yobani Espinosa García |597|.

La víctima, además, era hijo de María Cecilia Velásquez de Espinosa y tenía 11 hermanos, Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Manuel Salvador, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez, a quienes se les reconoció el daño moral en el hecho de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez.

i) El daño emergente

645. La representante solicitó a favor de la víctima Rubiela García Montes que se le reconociera un valor de $3'228.404 pesos por concepto de daño emergente |598|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez, los cuales, de acuerdo a la factura No. 5445 de la Funeraria La Esperanza S. de H., para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $1'800.000 pesos |599|.

Si bien los gastos funerarios fueron cancelados por Amado Alberto Rodríguez Baena, se presume que los familiares incurrieron en ellos por la muerte de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez y se lo deben a aquel. Por lo tanto, la Sala indexará dicha suma hasta la fecha de la sentencia.


De allí que el valor total del daño emergente es de $3'348.773,84 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Rubiela García Montes.

ii) El lucro cesante

646. La representante solicitó el lucro cesante debido a favor de las víctimas Rubiela García Montes y Kelly Johana y Yobani Espinosa García por un valor de $117'002.048 pesos |600| para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Rubiela García Montes y Yobani Espinosa García un valor de $72'615.972 pesos y $10'133.188,86 pesos |601|, respectivamente.

647. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Everardo de Jesús Espinosa Velásquez como vendedor ambulante, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $286.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Everardo de Jesús Espinosa Velásquez destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

648. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Rubiela García Montes y el otro 50% para sus 2 hijos, esto es, a Kelly Johana Espinosa, quien contaba con 11 años, 7 meses, 20 días al momento de los hechos y Yobani Espinosa García, quien tenía 7 años, 11 meses, 9 días, correspondiéndole a cada uno un 25% |602|.

a. Rubiela García Montes (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

634. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 19 de septiembre de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 168,1667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez, quien tenía 35 años, 11 meses, 16 días y una esperanza de vida de 45,6 años más |603|, equivalentes a 547,20 meses, pues Rubiela García Montes contaba con 32 años, 3 meses, 29 días y una esperanza de vida de 53,4 años más |604|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez, esto es, 379,0333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Rubiela García Montes es de $130'555.928,25 pesos.

b. Kelly Johana Espinosa García (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1.990
Fecha en que cumplió 25 años: 29 de enero de 2.015
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 160,3333 meses
La renta actualizada equivale a: $151.019,53

c. Yobani Espinosa García (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $151.019,53

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1.993
Fecha en que cumplirá 25 años: 10 de octubre de 2.018
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 168,1667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 36,5333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Yobani Espinosa García cumplirá los 25 años de edad, esto es, 36,5333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Yobani Espinosa García es de $44'218.645,84 pesos.

649. El valor liquidado por la Sala es diferente al solicitado por la representante porque en la liquidación realizada por ésta se basan en el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de los hechos indexado a la realización de la liquidación, siendo este resultado inferior al salario mínimo mensual legal vigente actual, que es el que debe ser utilizado en la liquidación, como lo hizo la Sala.

De otra parte, la renta actualizada usada para la indemnización consolidada es diferente a la utilizada en la indemnización futura.

iii) El daño moral

650. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Everardo de Jesús Espinosa Velásquez, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge Rubiela García Montes y a cada uno de sus hijos, Kelly Johana y Yobani Espinosa García.

El daño moral a favor de su madre María Cecilia Velásquez de Espinosa y sus hermanos Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Manuel Salvador, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez, fue reconocido en el hecho de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez.

7.1.5.10 El homicidio de Herman Augusto Espinosa Villa

651. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Inelia Jaramillo Ruiz y Jarrizon Hoyos Mora, la víctima Herman Augusto Espinosa Villa sostenía una unión marital de hecho con Yudis Maeline Orrego Jaramillo al momento de los hechos y tuvieron una hija, Yulieth Melisa Espinosa Orrego.

La víctima, además, era hijo de Manuel Salvador Espinosa Velásquez y María Luzmila Villa |605| y tenía una hermana, Nathaly Espinosa Villa.

i) El daño emergente

652. La representante solicitó a favor de la víctima María Luzmila Villa que se le reconociera un valor de $4'769.624,25 pesos por concepto de daño emergente |606|, correspondiente a los gastos funerarios y de exhumación por el homicidio de Herman Augusto Espinosa Villa.

De acuerdo a la certificación suscrita por Juan Mauricio Tabera, Representante Legal de Casa de Funerales La Eternidad, se cancelaron $2'220.000 pesos como gastos funerarios |607| y según las facturas de venta No. 7009 y 7010 del 30 de septiembre de 2.005 del Museo Cementerio de San Pedro se pagaron $555.000 pesos |608| por la exhumación. Por lo tanto, se procederá a indexar dichas sumas hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $4'948.014,12 de pesos, los cuales le serán reconocidos a María LuzMila Villa.

ii) El lucro cesante

653. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Yudis Maeline Orrego Jaramillo y Yulieth Melisa Espinosa Orrego por un valor de $117'036.501 pesos |609|, para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por el lucro cesante futuro a favor de Yudis Maeline Orrego Jaramillo y Yulieth Melisa Espinosa Orrego un valor de $64'235.593 pesos y $27'625.653 pesos |610|, respectivamente.

654. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Herman Augusto Espinosa Villa como músico y oficios varios |611|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $286.000 pesos, el cual se actualizará así:


Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Herman Augusto Espinosa Villa destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

655. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Yudis Maeline Orrego Jaramillo y el otro 50% para su hija Yulieth Melisa Espinosa Orrego, quien tenía 7 meses, 24 días al momento de los hechos |612|.

a. Yudis Maeline Orrego Jaramillo (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

656. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 19 de septiembre de 2.001, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 168,1667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Herman Augusto Espinosa Villa, quien tenía 20 años, 9 meses, 19 días y una esperanza de vida de 60 años más |613|, equivalentes a 720 meses, pues Yudis Maeline Orrego Jaramillo contaba con 23 años, 8 meses, 29 días y una esperanza de vida de 62,2 años más |614|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Herman Augusto Espinosa Villa, esto es, 551,8333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Yudis Maeline Orrego Jaramillo equivale a $136'151.057,90 pesos.

b. Yulieth Melisa Espinosa Orrego (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $302.039,06
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 2.001
Fecha en que cumplirá 25 años: 25 de enero de 2.026
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 168,1667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 124,0333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Yulieth Melisa Espinosa Orrego cumplirá los 25 años de edad, esto es, 124,0333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Yulieth Melisa Espinosa Orrego es de $106'425.725,33 pesos.

iii) El daño moral

657. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Herman Augusto Espinosa Villa, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera permanente Yudis Maeline Orrego Jaramillo, a su hija Yulieth Melisa Espinosa Orrego y a su madre María LuzMila Villa y de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hermana Nathaly Espinosa Villa.

El daño moral a favor de su padre Manuel Salvador Espinosa Velásquez se le reconoció en el hecho de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez.

7.1.5.11 El homicidio de José de Jesús Espinosa Velásquez

658. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, José de Jesús Espinosa Velásquez era hijo de María Cecilia Velásquez de Espinosa y tenía 11 hermanos, Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Manuel Salvador, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez |615|.

i) El daño emergente

659. La representante solicitó a favor de María LuzMila Villa que se le reconociera un valor de $3'981.698,58 pesos por concepto de daño emergente |616|, correspondiente a los gastos funerarios de José de Jesús Espinosa Velásquez, los cuales, según la certificación suscrita por Juan Mauricio Tabera, Representante Legal de Casa de Funerales La Eternidad, ascendieron a $2'220.000 pesos |617|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

Por lo tanto, el valor total del daño emergente es de $4'130.154,41 de pesos, los cuales le serán reconocidos a María LuzMila Villa.

ii) El lucro cesante

660. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó dicha indemnización a favor de las víctimas, sino que no se demostró que al momento de los hechos José de Jesús Espinosa Velásquez desempeñara alguna actividad u oficio, pues este era pensionado por invalidez y tampoco se demostró que las víctimas indirectas dependieran de él económicamente, máxime que de acuerdo a lo manifestado en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral, no vivía con su madre María Cecilia Velásquez, ni ésta recibía ayuda económica de él.

iii) El daño moral

661. El daño moral a favor de su madre María Cecilia Velásquez de Espinosa y sus hermanos Germán Alirio, María Eugenia, José Antonio, María Elena, Blanca Rosa, Manuel Salvador, Libia Rosa, Joaquín Guillermo, Román de Jesús, Luis Enrique y Cándida Rosa Espinosa Velásquez |618|, ya les fue reconocido en el hecho de Nicolás de Jesús Espinosa Velásquez.

7.1.5.12 El homicidio de Arturo Antonio Rodas Lora

662. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y las declaraciones extra proceso de Jorge Eliécer Hincapié Palomino y Robertina Arango Cardona, la víctima Arturo Antonio Rodas Lora sostenía una unión marital de hecho con Luz Adíela Gutiérrez Restrepo al momento de los hechos y tuvieron 2 hijas, Ledy Lorena y Leidy Diana Rodas Gutiérrez.

La víctima era hijo de Bertalina Lora de Rodas y tenía un hermano, Orlando de Jesús Rodas Lora |619|. Sin embargo, de acuerdo a las reglas de la Sala, no se liquidará la indemnización a favor de éstos, pues la primera no otorgó poder y el segundo no acreditó su parentesco.

i) El daño emergente

663. El representante solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Bertalina Lora de Rodas un valor de $3'138.712,18 pesos por concepto de daño emergente |620|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Arturo Antonio Rodas Lora, los cuales, de acuerdo a la certificación suscrita por Sandra Arango, Coordinadora de Servicios de Resurgir Proexequiales, ascendieron a la suma de $1'845.851 pesos |621|.

Si bien los gastos funerarios fueron cancelados por Bertalina Lora Rodas, se presume que los familiares incurrieron en ellos por la muerte de Arturo Antonio Rodas Lora y se lo deben a aquella. Por lo tanto, la Sala indexará dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $3'258.007,87 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Luz Adíela Gutiérrez Restrepo.

El representante también solicitó que se le reconociera a favor de la víctima Leidy Diana Rodas Gutiérrez un valor de $62.915,34 pesos, correspondientes a los gastos de exhumación por el homicidio de Arturo Antonio Rodas Lora |622|, los cuales, de acuerdo a la factura de venta No. 37246 de la Corporación del Cementerio Arquidiocesano La Candelaria, ascendieron a la suma de $37.000 pesos |623|. Por lo tanto, se procederá a indexar lo cancelado por la exhumación hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $65.306,62 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Leidy Diana Rodas Gutiérrez.

ii) El lucro cesante

664. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Luz Adiela Gutiérrez Restrepo, por un valor de $55'641.520,47 pesos |624|, Ledy Lorena Rodas Gutiérrez por $19'584.115,93 pesos |625| y Leidy Diana Rodas Gutiérrez por $14'107.535,13 pesos |626| y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Luz Adiela Gutiérrez Restrepo un valor de $85'403.655,41 pesos |627|.

665. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Arturo Antonio Rodas Lora provenientes de su ocupación como vendedor ambulante, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Arturo Antonio Rodas Lora destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

666. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Luz Adiela Gutiérrez Restrepo y el otro 50% para sus 2 hijas, esto es, a Ledy Lorena Rodas Gutiérrez, quien contaba con 17 años, 4 meses, 22 días al momento de los hechos y Leidy Diana Rodas Gutiérrez, quien tenía 15 años, 1 mes, 28 días, correspondiéndole a cada uno un 25% |628|.

a. Luz Adiela Gutiérrez Restrepo (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

667. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 11 de junio de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 159,4333 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Arturo Antonio Rodas Lora, quien tenía 35 años, 7 meses, 8 días y una esperanza de vida de 45,6 años más |629|, equivalentes a 547,20 meses, pues Luz Adiela Gutiérrez Restrepo contaba con 35 años, 8 meses, 20 días y una esperanza de vida de 50,5 años más |630|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Arturo Antonio Rodas Lora, esto es, 387,7667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Luz Adíela Gutiérrez Restrepo es de $125'135.775,12 pesos.

b. Ledy Lorena Rodas Gutiérrez (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1.985
Fecha en que cumplió 25 años: 19 de enero de 2.010
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 91,2667 meses
La renta actualizada equivale a: $151.019,53

c. Leidy Diana Rodas Gutiérrez (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1.987
Fecha en que cumplió 25 años: 13 de abril de 2.012
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 118,0667 meses
La renta actualizada equivale a: $151.019,53

668. El lucro cesante futuro en el caso de la compañera permanente Luz Adiela Gutiérrez Restrepo liquidado por el representante es diferente al de la Sala, pues la renta actualizada utilizada por aquél es superior a la utilizada por la Sala, que es basada en el salario mínimo mensual legal vigente actual. De otro lado, la renta actualizada utilizada por el representante para la indemnización consolidada es diferente a la de la futura.

iii) El daño moral

669. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de Arturo Antonio Rodas Lora, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su compañera Luz Adiela Gutiérrez Restrepo y a cada una de sus hijas, Ledy Lorena y Leidy Diana Rodas Gutiérrez.

7.1.5.13 El homicidio de Luis Elber Rodas Gutiérrez

670. De conformidad con el registro civil de nacimiento de las víctimas, Luis Elber Rodas Gutiérrez tenía un hijo, Elber Alexander Rodas Rojas.

La víctima, además, era hijo de Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo y Luis Arnoldo Rodas Lora, quien también fue víctima de homicidio el día de los hechos, tenía 2 hermanas, Asbleydy Andrea y Claudia Milena Rodas Gutiérrez y su abuela era Bertalina Lora de Rodas |631|. La Sala no tendrá en cuenta a esta última, pues ésta no otorgó poder.

i) El daño emergente

671. El representante solicitó a favor de Bertalina Lora de Rodas que se le reconociera un valor de $1'283.813,10 pesos por concepto de daño emergente |632|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Luis Elber Rodas Gutiérrez, los cuales, de acuerdo a la certificación suscrita por Sandra Arango, Coordinadora de Servicios de Resurgir Proexequiales, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $755.000 pesos |633|. Si bien los gastos funerarios fueron cancelados por Bertalina Lora de Rodas, se presume que los familiares incurrieron en ellos por la muerte de Luis Elber Rodas Gutiérrez y se lo deben a aquella. Por lo tanto, la Sala indexará dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $1'332.608,07 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo.

ii) El lucro cesante

672. El representante solicitó a favor de Elber Alexander Rodas un valor de $111'214.272,42 |634| y $42'490.685,92 pesos |635| por lucro cesante debido y futuro.

673. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Luis Elber Rodas Gutiérrez provenientes de su ocupación como vendedor ambulante, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Luis Elber Rodas Gutiérrez destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

674. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para su hijo Elber Alexander Rodas Rojas, quien contaba con 2 años, 11 meses, 5 días al momento de los hechos |636|.

a. Elber Alexander Rodas Rojas (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $604.078,13
Fecha de nacimiento: 06 de julio de 1.999
Fecha en que cumplirá 25 años: 06 de julio de 2.024
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 159,4333 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años 105,40 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Elber Alexander Rodas Rojas cumplirá los 25 años de edad, esto es, 105,40 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Elber Alexander Rodas Rojas es de $194'757.453,12 pesos.

iii) El daño moral

675. En este hecho no sólo fue asesinado Luis Elber Rodas Gutiérrez, sino también el padre de éste, Luis Arnoldo Rodas Lora y su tío Arturo Antonio Rodas Lora. De allí que en estos casos concurren varias víctimas indirectas, pues Elber Alexander Rodas Rojas era el hijo, nieto y sobrino de las víctimas, respectivamente, Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo era la madre, esposa y cuñada de las mismas, respectivamente y Asbleydy Andrea y Claudia Milena Rodas Gutiérrez eran sus hermanas, hijas y sobrinas, respectivamente. Así, entonces, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del homicidio de las víctimas directas, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas indirectas, se condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar el tope máximo establecido por la Sala para los daños morales, pues en este caso es mayor la aflicción y el dolor padecido por las víctimas al perder a tres familiares en un mismo hecho.

De acuerdo a lo anterior, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a Elber Alexander Rodas Rojas, Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo y Asbleydy Andrea y Claudia Milena Rodas Gutiérrez.

7.1.5.14 El homicidio de Luis Arnoldo Rodas Lora

676. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas y la declaración extra proceso de Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, ésta sostenía una unión marital de hecho con Luis Arnoldo Rodas Lora al momento de los hechos y tuvieron 3 hijos, Asbleydy Andrea, Claudia Milena y Luis Elber Rodas Gutiérrez, quien también fue víctima de homicidio el día de los hechos.

La víctima era hijo de Bertalina Lora de Rodas |637|, quien no se tendrá en cuenta en la presente liquidación porque no otorgó poder, por lo que no es parte en el proceso.

i) El daño emergente

677. El representante solicitó a favor de la víctima Bertalina Lora de Rodas que se le reconociera un valor de $3'138.712,18 pesos por concepto de daño emergente |638|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Luis Arnoldo Rodas Lora, los cuales, de acuerdo a la certificación suscrita por Sandra Arango, Coordinadora de Servicios de Resurgir Proexequiales, para la fecha de los hechos ascendieron a la suma de $1'845.851 pesos |639|. Si bien los gastos funerarios fueron cancelados por Bertalina Lora de Rodas, se presume que los familiares incurrieron en ellos por la muerte de Luis Arnoldo Rodas Lora y se lo deben a aquella. Por lo tanto, la Sala indexará dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $3'258.007,87 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo.

ii) El lucro cesante

678. El representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo por un valor de $76'909.499,52 pesos |640|, Asbleydy Andrea Rodas Gutiérrez por $27'803.568,11 pesos |641| y Claudia Milena Rodas Gutiérrez por $6'501.204,80 pesos |642| y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo y Asbleydy Andrea Rodas Gutiérrez un valor de $76'166.772,24 pesos y $582.854,78 pesos |643|, respectivamente.

679. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Luis Arnoldo Rodas Lora provenientes de su ocupación como vendedor ambulante, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Luis Arnoldo Rodas Lora destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

680. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la compañera permanente Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo y el otro 50% para sus 2 hijas, esto es, a Asbleydy Andrea Rodas Gutiérrez, quien contaba con 11 años, 10 meses, 15 días al momento de los hechos y Claudia Milena Rodas Gutiérrez, quien tenía 21 años, 27 días, correspondiéndole a cada una un 25% |644|.

a. Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo (Compañera permanente)

i) La indemnización consolidada:

681. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 11 de junio de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 159,4333 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Luis Arnoldo Rodas Lora, quien tenía 44 años, 1 día y una esperanza de vida de 37,1 años más |645|, equivalentes a 445,20 meses, pues Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo contaba con 41 años, 5 meses, 8 días y una esperanza de vida de 40,9 años más |646|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Luis Arnoldo Rodas Lora, esto es, 285,7667 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo es de $119'083.250,09 pesos.

b. Asbleydy Andrea Rodas Gutiérrez (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $151.019,53
Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1.990
Fecha en que cumplió 25 años: 26 de julio de 2.015
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 157,50 meses

c. Claudia Milena Rodas Gutiérrez (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1.981
Fecha en que cumplió 25 años: 14 de mayo de 2.006
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 47,10 meses
La renta actualizada equivale a: $151.019,53

682. El lucro cesante liquidado por el representante en el caso de Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo es diferente al liquidado por la Sala, pues aquél liquida la renta actualizada con base en el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de los hechos y luego lo indexa a la fecha de la realización de la liquidación, siendo éste resultado inferior al salario mínimo mensual legal vigente actual, que es el que utiliza la Sala y que es el que debe utilizarse en la liquidación.

De otra parte, la renta actualizada utilizada para la indemnización consolidada es diferente a la futura.

iii) El daño moral

683. El daño moral a favor de Claudia del Socorro Gutiérrez Restrepo, Asbleydy Andrea y Claudia Milena fue reconocido en el homicidio de Luis Elber Rodas Gutiérrez.

7.1.5.15 El homicidio de Adrián de Jesús Villa Mesa

684. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Adrián de Jesús Villa Mesa era hijo de Jesús María Villa Gutiérrez y tenía 2 hermanos, Sandra Milena y Jhon Fredy Villa Mesa |647|.

i) El daño emergente

685. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |648|, la representante solicitó a favor de la víctima Jesús María Villa Gutiérrez un valor de $1'200.000 pesos por daño emergente |649|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Adrián de Jesús Villa Mesa.

Así, entonces, como en este caso los gastos funerarios no fueron acreditados probatoriamente, éstos se fijaran en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, tal como se determinó en las reglas generales de la Sala, que le serán reconocidos a Jesús María Villa Gutiérrez.

ii) El lucro cesante

686. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de Jesús María Villa Gutiérrez por un valor de $24'295.361 pesos |650|.

687. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el salario que devengaba Adrián de Jesús Villa Mesa provenientes de su ocupación en oficios varios (mantenimiento) |651|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Adrián de Jesús Villa Mesa destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

688. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para su padre Jesús María Villa Gutiérrez |652|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $604.078,13 y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 11 de junio de 2.002, hasta la fecha en la que Adrián de Jesús Villa Mesa cumplió 25 años, el 20 de marzo de 2.006, esto es, 45,30 meses

iii) El daño moral

689. En este hecho no sólo fue asesinado Adrián de Jesús Villa Mesa, sino también su hermano Faber Arley Villa Mesa. De allí que en estos casos concurren varias víctimas indirectas, pues Jesús María Villa Gutiérrez era el padre de las víctimas y Sandra Milena y Jhon Fredy Villa Mesa sus hermanos. Así, entonces, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del homicidio de las víctimas directas, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas indirectas, se condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar el tope máximo establecido por la Sala para los daños morales, pues en este caso es mayor la aflicción y el dolor padecido por ellas al perder a dos de sus familiares en un solo hecho. De acuerdo a lo anterior, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a Jesús María Villa Gutiérrez y Sandra Milena y Jhon Fredy Villa Mesa.

7.1.5.16 El homicidio de Faber Arley Villa Mesa

690. De acuerdo a los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Faber Arley Villa Mesa era hijo de Jesús María Villa Gutiérrez y tenía 2 hermanos, Sandra Milena y Jhon Fredy Villa Mesa |653|.

i) El daño emergente

691. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |654|, la representante solicitó a favor de la víctima Jesús María Villa Gutiérrez un valor de $1'200.000 pesos por daño emergente |655|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Faber Arley Villa Mesa. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima.

Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, tal como se determinó en las reglas generales de la Sala, que le serán reconocidos a Jesús María Villa Gutiérrez.

ii) El lucro cesante

692. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de Jesús María Villa Gutiérrez por un valor de $37'306.427 pesos |656|.

693. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), pero como no se acreditó el ingreso que devengaba Faber Arley Villa Mesa provenientes de su ocupación en oficios varios (mantenimiento) |657|, se tendrá el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000 pesos, el cual se actualizará así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Faber Arley Villa Mesa destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

694. Ahora, la renta actualizada será en un 100% para su padre Jesús María Villa Gutiérrez |658|.

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a $604.078,13 y el número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de los hechos, el 11 de junio de 2.002, hasta la fecha en la que Faber Arley Villa Mesa cumplió 25 años, el 28 de noviembre de 2.007, esto es, 65,5667 meses

iii) El daño moral

695. El daño moral a favor de Jesús María Villa Gutiérrez y Sandra Milena y Jhon Fredy Villa Mesa fue reconocido en el homicidio de Adrián de Jesús Villa.

7.1.5.17 El homicidio y la detención de Gilberto Antonio Cardona Echavarría

696. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Gilberto Antonio Cardona Echavarría estaba casado con Girlesa de Jesús Arroyave Zapata al momento de los hechos y tuvieron 5 hijos, María Eugenia, Andrés Felipe, Walter, Sandra Beatriz y Jorge Armando Cardona Arroyave |659|.

i) El daño emergente

697. La representante solicitó a favor de la víctima Girlesa de Jesús Arroyave Zapata un valor de $3'554.099,06 pesos por daño emergente |660|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Gilberto Antonio Cardona Echavarría, los cuales, de acuerdo a la factura No. 1568 de la Funeraria San Gabriel, ascendieron a la suma de $2'100.000 pesos |661|. Por lo tanto, se procederá a indexar dicha suma hasta la fecha de la sentencia.

De allí que el valor total del daño emergente es de $3'686.473,36 de pesos, los cuales le serán reconocidos a Girlesa de Jesús Arroyave Zapata.

ii) El lucro cesante

698. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de Girlesa de Jesús Arroyave Zapata por un valor de $53'918.559,22 pesos |662|, para María Eugenia, Sandra Beatriz y Jorge Armando Cardona Arroyave un valor de $1'309.224,49 pesos, $2'147.358,99 y $5'779.867,01 pesos |663|, respectivamente y para Walter y Andrés Felipe Cardona Arroyave solicitó un valor de $10'783.711,84 pesos para cada uno |664|.

699. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Gilberto Antonio Cardona Echavarría, pues según el juramento estimatorio de Girlesa de Jesús Arroyave Zapata, al momento de los hechos aquél se desempeñaba como cotero y tenía un ingreso de $309.000 pesos |665|, el cual equivale al salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de los hechos. Por lo tanto, se procederá a la actualización así:

Sin embargo, como la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente, se tomará éste, que equivale a $644.350 pesos, el cual después de incrementarlo en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Gilberto Antonio Cardona Echavarría destinaba para su propio sostenimiento, queda en un valor de $604.078,13 pesos.

700. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Girlesa de Jesús Arroyave Zapata y el otro 50% para sus 5 hijos, esto es, a María Eugenia Cardona Arroyave, quien contaba con 22 años, 10 meses,

25 días al momento de los hechos, Andrés Felipe Cardona Arroyave, quien estaba en período de gestación, Walter Cardona Arroyave, quien tenía 5 años, 5 meses, 21 días, Sandra Beatriz Cardona Arroyave, quien contaba con 21 años, 8 meses, 6 días y Jorge Armando Cardona Arroyave, quien tenía 17 años, 2 meses,

18 días, correspondiéndole a cada uno un 10% |666|.

a. Girlesa de Jesús Arroyave Zapata (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

701. La renta actualizada equivale a $302.039,06 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 07 de septiembre de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 156,5667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Gilberto Antonio Cardona Echavarría, quien tenía 49 años, 1 mes, 9 días y una esperanza de vida de 32,5 años más |667|, equivalentes a 390 meses, pues Girlesa de Jesús Arroyave Zapata contaba con 44 años, 9 meses, 25 días y una esperanza de vida de 41,8 años más |668|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Gilberto Antonio Cardona Echavarría, esto es, 233,4333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Girlesa de Jesús Arroyave Zapata es de $112'740.177,09 pesos.

b. María Eugenia Cardona Arroyave (hija)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1.979
Fecha en que cumplió 25 años: 12 de octubre de 2.004
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 25,1667 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

c. Andrés Felipe Cardona Arroyave (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $60.407,81
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 2.002
Fecha en que cumplirá 25 años: 15 de diciembre de 2.027
Tiempo transcurrido entre el nacimiento y la sentencia: 153,30 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 146,70 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Andrés Felipe Cardona Arroyave cumplirá los 25 años de edad, esto es, 146,70 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Andrés Felipe Cardona Arroyave es de $20'037.897,38 pesos.

d. Walter Cardona Arroyave (hijo)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $60.407,81
Fecha de nacimiento: 16 de marzo de 1.997
Fecha en que cumplirá 25 años: 16 de marzo de 2.022
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 156,5667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 77,7333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Walter Cardona Arroyave cumplirá los 25 años de edad, esto es, 77,7333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Walter Cardona Arroyave es de $18'034.064,09 pesos.

e. Sandra Beatriz Cardona Arroyave (hija)

i) La indemnización consolidada:
Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1.980
Fecha en que cumplió 25 años: 31 de diciembre de 2.005
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 39,80 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

f. Jorge Armando Cardona Arroyave (hijo)

i) La indemnización consolidada:

Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1.985
Fecha en que cumplió 25 años: 19 de junio de 2.010
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años: 93,40 meses
La renta actualizada equivale a: $60.407,81

iii) El daño moral

702. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio y la detención de Gilberto Antonio Cardona Echavarría, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a su cónyuge Girlesa de Jesús Arroyave Zapata y a cada uno de sus hijos María Eugenia, Andrés Felipe, Walter, Sandra Beatriz y Jorge Armando Cardona Arroyave.

7.1.5.18 El homicidio y la detención de Carlos Mario Gañan García

703. De conformidad con los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Carlos Mario Gañan García era soltero y tenía una hermana, Ángela María Gañan García |669|.

i) El daño emergente

704. Con fundamento en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 de esta misma Sala contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez |670|, la representante solicitó a favor de la víctima Ángela María Gañan García un valor de $1'200.000 pesos por daño emergente |671|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de Carlos Mario Gañan García. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, tal como se determinó en las reglas generales de la Sala, que le serán reconocidos a Ángela María Gañan García.

ii) El lucro cesante

705. La Sala no liquidará este concepto, pues no sólo la representante no solicitó dicha indemnización a favor de la Ángela María Gañan García, sino que tampoco se demostró que ésta dependiera económicamente de Carlos Mario Gañan García.

iii) El daño moral

706. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio y la detención de Carlos Mario Gañan García, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a su hermana Ángela María Gañan García.

7.1.5.19 El homicidio de José Humberto Echavarría Cardona

707. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, José Humberto Echavarría Cardona estaba casado con Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría al momento de los hechos y tuvieron 5 hijos, Ruperto de Jesús, Olga María, Beatriz Elena, Hugo Alberto y Jhon Jairo Echavarría Chavarriaga |672|.

i) El daño emergente

708. La representante solicitó a favor de la víctima Laura Rosa Chavarriaga un valor de $4'231.173,14 pesos por daño emergente |673|, correspondiente a los gastos funerarios por el homicidio de José Humberto Echavarría Cardona, los cuales, de conformidad con lo manifestado en la prueba documental de identificación de afectaciones de Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría, ascendieron a $2'500.000 pesos para el momento de los hechos |674|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría.

ii) El lucro cesante

709. La representante solicitó el lucro cesante debido y futuro a favor de la víctima Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría por un valor de $107'131.409 pesos y $46'310.435 pesos |675|, respectivamente.

710. Sin embargo, la Sala no liquidará este concepto, pues mediante entrevista Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría manifestó que para el momento de los hechos José Humberto Echavarría Cardona era pensionado |676|. De allí que a raíz de su muerte los ingresos de las víctimas indirectas no se vieron afectados, pues se presume que éstas pasaron a recibir la pensión de sobrevivientes.

De otra parte, al momento de los hechos los hijos de la víctima tenían más de 25 años de edad, pues Ruperto de Jesús Echavarría Chavarriaga tenía 36 años, 12 días, Olga María Echavarría Chavarriaga tenía 37 años, 6 meses, 7 días, Beatriz Elena Echavarría Chavarriaga contaba con 33 años, 4 meses, 7 días, Hugo Alberto Echavarría Chavarriaga tenía 27 años, 10 meses, 9 días y Jhon Jairo Echavarría Chavarriaga contaba con 34 años, 5 meses, 4 días |677|. De allí que de acuerdo a las reglas de la Sala, éstos no tienen derecho a la indemnización por lucro cesante.

iii) El daño moral

711. De acuerdo a las circunstancias particulares del homicidio de José Humberto Echavarría Cardona, la gravedad del hecho y el daño sufrido por las víctimas, la Sala condenará al postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán a pagar una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de su cónyuge Laura Rosa Chavarriaga de Echavarría y a cada uno de sus hijos Ruperto de Jesús, Olga María, Beatriz Elena, Hugo Alberto y Jhon Jairo Echavarría Chavarriaga.

7.1.5.20 El homicidio y la detención de Albeiro Echavarría Chavarriaga

712. De conformidad con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de las víctimas, Albeiro Echavarría Chavarriaga estaba casado con Luz Fanny Arroyave Zapata al momento de los hechos y tuvieron 2 hijas, Jaqueline y Maribel Echavarría Arroyave |678|.

i) El daño emergente

713. La representante solicitó a favor de la víctima Luz Fanny Arroyave Zapata un valor de $4'231.173,14 pesos por daño emergente |679|, que corresponde a los gastos funerarios por el homicidio de Albeiro Echavarría Chavarriaga, los cuales, de conformidad con el juramento estimatorio de Luz Fanny Arroyave, ascendieron a $2'500.000 pesos para el momento de los hechos |680|. Aunque dichos gastos no fueron acreditados probatoriamente, éstos se presumen, pues los familiares incurrieron en ellos por la muerte de la víctima. Por lo tanto, la Sala los fijará en un valor actualizado de $1'200.000 pesos, que le serán reconocidos a Luz Fanny Arroyave Zapata.

ii) El lucro cesante

714. La representante solicitó el reconocimiento del lucro cesante debido a favor de las víctimas Luz Fanny Arroyave Zapata, Jaqueline y Maribel Echavarría Arroyave por un valor de $154'311.288 pesos |681| para ser distribuidos en la proporción prevista en la ley y solicitó por lucro cesante futuro a favor de Luz Fanny Arroyave Zapata y Jaqueline y Maribel Echavarría Arroyave un valor de $107'493.644, $12'264.737 y $7'526.581 pesos |682|, respectivamente.

715. Ahora, en el proceso se encuentran debidamente acreditados el parentesco y la dependencia o presunción de dependencia económica (hijos - padres y viceversa), la ocupación u oficio y el salario que devengaba Albeiro Echavarría Chavarriaga, pues según el certificado laboral suscrito por Lina Arboleda V., Departamento de Personal de Servindustria S.A., al momento de los hechos aquél se desempeñaba en contrato por obra y labor determinada en la empresa Agrinal Purina y tenía un ingreso de $445.219,20 pesos |683|, el cual se actualizará así:

Después de incrementar dicho valor en un 25% por concepto de prestaciones sociales y deducirlo en un 25%, que corresponde al valor aproximado que Albeiro Echavarría Chavarriaga destinaba para su propio sostenimiento, la base de la liquidación queda en un valor de $732.718,18 pesos.

716. Ahora, la renta actualizada debe dividirse en un 50% que le corresponde a la cónyuge Luz Fanny Arroyave Zapata y el otro 50% para sus 2 hijas, esto es, a Jaqueline Echavarría Arroyave, quien contaba con 5 años, 5 meses, 24 días al momento de los hechos y Maribel Echavarría Arroyave, quien tenía 8 años, 6 meses, 28 días, correspondiéndole a cada una un 25% |684|.

a. Luz Fanny Arroyave Zapata (Cónyuge)

i) La indemnización consolidada:

717. La renta actualizada equivale a $366.359,09 pesos y el número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se debe contar a partir de la fecha de los hechos, el 10 de septiembre de 2.002, hasta la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, es de 156,4667 meses.

ii) La indemnización futura:

Para liquidar dicho concepto se debe tener en cuenta la esperanza de vida menor, que en este caso corresponde a la de Albeiro Echavarría Chavarriaga, quien tenía 32 años, 28 días y una esperanza de vida de 48,4 años más |685|, equivalentes a 580,80 meses, pues Luz Fanny Arroyave Zapata contaba con 29 años, 29 días y una esperanza de vida de 56,3 años más |686|.

El número de meses que comprende el período indemnizable se cuenta a partir de la fecha de la presente decisión, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha de vida probable de Albeiro Echavarría Chavarriaga, esto es, 424,3333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Luz Fanny Arroyave Zapata es de $151'312.869,95 pesos.

b. Jaqueline Echavarría Arroyave (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $183.179,55
Fecha de nacimiento: 16 de marzo de 1.997
Fecha en que cumplirá 25 años: 16 de marzo de 2.022
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 156,4667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 77,7333 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Jaqueline Echavarría Arroyave cumplirá los 25 años de edad, esto es, 77,7333 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante que tiene derecho Jaqueline Echavarría Arroyave equivale a $54'647.098,98 pesos.

c. Maribel Echavarría Arroyave (hija)

i) La indemnización consolidada:

La renta actualizada equivale a: $183.179,55
Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1.994
Fecha en que cumplirá 25 años: 12 de febrero de 2.019
Tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia: 156,4667 meses
Tiempo transcurrido entre la sentencia y los 25 años: 40,60 meses

ii) La indemnización futura:

Ésta se calcula teniendo en cuenta el número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, a partir de la fecha de esta sentencia, 24 de septiembre de 2.015, hasta la fecha en que Maribel Echavarría Arroyave cumplirá los 25 años de edad, esto es, 40,60 meses.

iii) Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a que tiene derecho Maribel Echavarría Arroyave es de $49'548.909,41 pesos.

718. El valor del lucro cesante liquidado a favor de la víctima Luz Fanny Arroyave Zapata por la Sala es diferente al solicitado por la representante, pues ésta la liquida basándose en el total de la renta actualizada, debiendo ser el 50% de ésta.

De otra parte, la renta actualizada utilizada para la indemnización consolidada es diferente a la de la indemnización futura.

iii)