Oficina Permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia
1. La Comisión de Derechos Humanos, en su 52 período de sesiones, por medio de una Declaración del Presidentes, leída el 23 de abril de 1996, manifestó su honda preocupación por la grave situación de derechos humanos en Colombia. Con base en los informes presentados por los relatores temáticos y grupos de trabajo, expresó su preocupación por las graves violaciones al derecho a la vida, por el gran número de casos de desapariciones y por la persistencia de la práctica de la tortura, así como su inconformidad absoluta con los altísimos niveles de impunidad que aún cobija a los autores de estas violaciones. La Comisión resaltó 1a necesidad de fortalecer el Estado de derecho mediante la exclusión de la competencia de la justicia penal militar para investigar y juzgar tales violaciones y la restricción de la justicia regional, con el fin de asegurar el pleno respeto de las garantías judiciales internacionalmente reconocidas.
2. Por lo anterior, en la mencionada Declaración la Comisión de Derechos Humanos instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACDH) y al Gobierno de Colombia a "establecer cuanto antes una oficina permanente en Colombia con el mandato de ayudar a las autoridades colombianas a elaborar políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y de observar las violaciones de los derechos humanos en el pais, presentando informes analíticos al Alto Comisionado; pide asimismo al Alto Comisionado que informe a la Comisión en su 53 periodo de sesiones sobre el establecimiento de la oficina y sobre las actividades realizadas por esta en el cumplimiento del citado mandato". [Doc. N.U. E/CN.4/1996/177, parágrafo 24]
3.La pronta instalación de la oficina permanente del ACDH, junto con su operación conforme a los parámetros establecidos en la Declaración y recogidos en el convenio firmado entre el ACDH y el gobierno de Colombia el 29 de noviembre de 1996, sigue siendo nuestra prioridad este año. Estamos convencido de la necesidad de impulsar la iniciativa valiosa de la oficina y de colaborar con sus labores en el país. De esta manera la oficina podrá representar un apoyo significativo de la comunidad internacional a la superación de las violaciones de derechos humanos y de la violencia política ocurrida en el marco del conflicto armado interno, así como contribuir a la lucha contra la impunidad y el autoritarismo en Colombia.
4. Preocupa, sin embargo, que 1996 - al igual que los años anteriores - también transcurriera sin que Naciones Unidas haya realizado en Colombia la acción necesaria para contribuir a superar la crisis de derechos humanos, no obstante la manifiesta preocupación de la Comisión, debido a obstáculos de diversa índole. El hecho objetivo es que la oficina no se estableció "cuanto antes", como lo exigía la gravedad de la situación y como fue estipulado en la Declaración del Presidente de la Comisión. La oficina solo iniciará funciones por la misma época en que se reúne de nuevo la Comisión de Derechos Humanos en su 53 período de sesiones, es decir, un largo año después de decidida su creación, sin que la Comisión pueda recibir en 1997 un informe analítico sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
5. Es importante advertir que en 1996 la situación de derechos humanos continuó siendo sumamente grave, e incluso empeoró en muchos aspectos, en particular por la consolidación y ampliación de una estrategia paramilitar, reforzada por la creación y proliferación, con respaldo gubernamental, de las Asociaciones y Cooperativas de Seguridad Rural y Urbana, CONVIVIR, las cuales constituyen la legalización de los grupos paramilitares. Asimismo, la situación empeoró debido a otras políticas gubernamentales atentatorias contra los derechos humanos, tales como el abuso del estado de excepción, la promoción de una contrarreforma constitucional de corte autoritario, y la insistencia en pro de una extensión indebida de la justicia penal militar que favorece la impunidad. Por otro lado, continuaron ocurriendo numerosos casos de desplazamiento forzado interno, de criminalización de la protesta social, y de violencia contra jóvenes y contra sectores marginados de la sociedad.
6. El deterioro de las condiciones y la calidad de vida de la mayoría de 1a población colombiana, es decir, la afectación negativa de las posibilidades de disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, continuó siendo fuente principal de violaciones de los derechos civiles y políticos, principalmente de las comunidades indígenas y afrocolombianas, de las mujeres y de los niños. Asimismo, los derechos sindicales fueron frecuentemente negados y recortados por las empresas y por el Estado colombiano.
7. Resulta muy preocupante que la situación tienda a deteriorarse más aún durante 1997. Cada año que las Naciones Unidas se demora en tomar acciones concretas frente a esta realidad mueren más de 3.000 personas por razones políticas o ideológicas, con total impunidad, y se aumenta en cerca de 180.000 el número de personas forzadas a desplazarse por la violencia política. Entre los sectores más victimizados se hallan campesinos, sindicalista, activistas políticos de oposición, e indígenas. De igual manera, aumenta significativamente cada año el número de defensores de derechos humanos amenazados, hostigados, perseguidos judicialmente, desaparecidos o ejecutados, por causa de su actividad en favor de los derechos de las víctimas. La vigilancia y la colaboración internacional son fundamentales para superar la aguda crisis de derechos humanos y de derecho humanitario en que esta inmerso el país desde hace más de diez años. La Comisión de Derechos Humanos debería ante todo reiterar este año su profunda preocupación por la inmensa gravedad de la situación colombiana y por su prolongada persistencia.
8. Fortalecer el trabajo de la oficina del ACDH para Colombia es nuestra meta principal y tememos que diversos obstáculos puedan impedir o dificultar en 1997 su actividad. Otro año sin una supervisión de cerca de la crisis colombiana sería una omisión grave de parte de Naciones Unidas. Nuevas complicaciones de carácter burocrático o político pueden surgir en cualquier momento, con claro perjuicio para las víctimas. Sectores adversos al funcionamiento de la oficina han anunciado su intención de demandar el convenio entre el Gobierno y el Alto Comisionado ante los tribunales para procurar su anulación, por no haber sido sometido a la aprobación del Congreso de la República. Por estas razones, la Comisión de Derechos Humanos, en su próximo periodo de sesiones, debería establecer un mecanismo complementario que acompañe a la oficina de ACDH y que sirva de garantía, ante cualquier dificultad grave que surja, de que presentará un informe analítico a consideración del 54 periodo de sesiones de 1998, evitando repetir el lamentable vacío a que quedó expuesta este año por no haberse puesto en funcionamiento la oficina.
9. Además la Comisión debería hacer un enérgico llamado al Gobierno de Colombia para que se abstenga de alentar iniciativas ostensiblemente contrarias a los patrones universales de los derechos humanos y a las recomendaciones específicas formuladas al país por organismos internacionales, tales como suprimir los controles a los estados de excepción y otorgar atribuciones judiciales a las fuerzas militares, contenidas en la propuesta de reforma constitucional que aún alienta el Gobierno.
10. Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y sociales colombianas, abajo firmantes, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 53 período de sesiones que:
- Reitere su preocupación por la grave situación de derechos humanos existente en Colombia y manifieste su alarma por la persistencia y agudización de la misma durante 1996; igualmente, por la intensificación de la actividad paramilitar y el apoyo del Gobierno a las asociaciones CONVIVIR y por el ascenso de amenazas y atentados contra organizaciones sociales y políticas de oposición y contra defensores de los derechos humanos;
- Inste al Gobierno a adoptar medidas eficaces y urgentes encaminadas a combatir 1a actividad de los grupos paramilitares, legales o ilegales, que amenaza y vulnera los derechos humanos; entre ellas, 1a derogación del Decreto 356 de 1994 que creo las CONVIVIR y 1a investigación, juicio y condena de líderes y partícipes de estos grupos;
- Manifieste su inquietud por el escalamiento del conflicto armado interno y haga un llamado al Gobierno colombiano para que establezca una política de paz que propicie una solución negociada;
- Inste al Gobierno colombiano a que observe internamente una política de respeto y protección de los derechos humanos acorde con sus ofrecimientos de cooperación formulados ante 1a comunicad internacional y, conforme a sus obligaciones internacionales, excluya de la competencia de la justicia militar la investigación de las violaciones a los derechos humanos; asimismo, lo invite a abstenerse de abusar del estado de excepción y de promover los proyectos de contrarreforma constitucional, y a desistir de cualquier otra iniciativa contraria a las recomendaciones internacionales ya formuladas a Colombia, como el otorgamiento de atribuciones judiciales a las fuerzas militares en relación con particulares;
- Exprese su solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario causadas durante 1996 en Colombia, algunas de las cuales se habrían podido evitar o atenuar si se hubiera establecido la Oficina permanente del Alto Comisionado en Colombia "a la mayor brevedad", como lo pidió la Declaración aprobada por consenso el 23 de abril de 1996;
- Reafirme el mandato atribuido a 1a oficina del Alto Comisionado, estimule su fortalecimiento y designe una persona de altas calidades profesionales y personales, como mecanismo complementario de acompañamiento a la oficina, y como medida de precaución para garantizar que, en cualquier circunstancia grave que impida el desempeño de aquella, elabore y presente a la Comisión, en su 54 período de sesiones, un informe acerca de la situación de derechos humanos en Colombia.
Bogotá, 15 de febrero de 1997.
Organizaciones firmantes (orden alfabético):
- ANDAS, Seccional Urabá.
- ANDAS, Seccional Cartagena y Carmen de Bolívar.
- Asamblea por la Paz, Unión Sindical Obrera -USO-
- ASFADDES, Seccional Medellín.
- ASFADDES, seccional Ocaña.
- ASFADDES, seccional Planeta Rica, Córdoba.
- Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Norte de Santander.
- Asociación Nacional de Empleados Banco de la República.
- Asociación Minga.
- Asociación Campesina de Antioquía.
- Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, Manizales, Caldas.
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-
- Asociación Nacional de Desplazados -ANDE-
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Unidad y Reconstrucción-
- Central Unitaria de Trabajadores.
- Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-
- Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Santander.
- Centro de Cultura Afrocaribe, Cartagena.
- Colectivo de Derechos Humanos, Semillas de Libertad, de Medellín.
- Colectivo Vida y Esperanza, Popayán, Cauca.
- Comisión Vida, Justicia y Paz de la Familia Franciscana.
- Comisión Colombiana de Juristas.
- Comite de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Valle.
- Comité de Derechos Humanos del municipio de Remedios, Antioquía.
- Comité Permanente de Derechos Humanos, Cartagena.
- Comité de Derechos Humanos del municipio de Saravena, Arauca.
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
- Comité de Derechos Humanos del municipio Sabana de Torres, Santander.
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Atlántico.
- Comité Regional de Derechos Humanos del Magdalena Medio, CREDHOS.
- Comité de Derechos Humanos municipio La Gabarra, Norte de Santander.
- Comité de Derechos Humanos del municipio de Tibú, Norte de Santander.
- Comité de Derechos Humanos del municipio Carmen de Atrato, Chocó.
- Comité Permanente de Derechos Humanos, Cúcuta.
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
- Comité de Derechos Humanos del municipio de Segovia, Antioquía.
- Comité Regional de Derechos Humanos del Magdalena Medio, CREDHOS.
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, seccional Tolima.
- Comunidades Eclesiales de Base.
- Consejo Regional Indígena del Tolima.
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
- Cooperativa de Mesa Rica, Norte de Santander.
- Corporación Región, de Medellín.
- Corporación Jurídica Libertad, de Medellín.
- Corporación Betanci, Montería.
- Corporación Procuradores Comunitarios, de Medellín.
- Corporación Utopías.
- Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
- Corporación Reiniciar.
- Corporación Reiniciar.
- Corporación CIDESCO.
- Corporación para la Promoción Humana -COPHU-, Santander.
- Corporación para la Promoción Humana CORPHU, Santander.
- Corporación CIDESCO.
- Corporación Juan Bosco, de Calí.
- Defensa de los Niños Internacional -DNI-
- Diakonia por la Paz, Sincelejo.
- Estudiantes Indígenas de la Universidad Caldas.
- Federación Nacional de Sindicatos Agrarios -Fensuagro-
- Fundación Consuregión.
- Fundación Progresar, Cali.
- Fundación para la Educación y el Desarrollo -FEDES-
- Fundación Progresar.
- Fundación Mencoldes.
- FUNDECIMA, Cauca.
- FUNPECIS, Barranquilla.
- Grupo de Apoyo a Desplazados.
- Grupo de Estudiantes Universidad del Cauca.
- Grupo de Apoyo Pedagógico.
- Hermanas de la Anunciación.
- Humanidad Vigente.
- Iglesia Presbiteriana, Costa Atlántica.
- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-
- Instituto de Ciencias Sociales.
- Justicia y Paz, Sincelejo.
- MALOCA, de Calí.
- Movimiento Cimarrón.
- Pastoral Social de la Iglesia Católica, Ipiales, Nariño.
- Plataforma Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Proyecto "Nunca Más".
- Red Juvenil.
- SINALTRAINAL, Seccional Valledupar.
- Sindicato de Trabajadores de la Fontino Gold Mine, Segovia, Antioquía.
- Sindicato de Empleados del Ministerio de Justicia.
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos.
- Sindicato de Maestros de Boyacá.
- Sol y Vida de Cali.