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01oct07


Los 7 hechos probados en el caso del Palacio.


La Fiscalía cree que los uniformados que actuaron en retoma de Palacio del Justicia seguían órdenes. Por eso cuestiona a la línea de mando de la época.

Después de dos décadas y miles de folios, la investigación de la Fiscalía por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia toma nuevos rumbos.

La actuación de la línea de mando de la época acaba de ser cuestionada por la fiscal que lleva el caso.

Esa es la razón por la que le pidió a la Cámara de Representantes que investigue de nuevo al presidente Belisario Betancur y dejó en manos de su jefe, el fiscal Mario Iguarán, la posibilidad de que haga lo mismo con los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales -jefe de los militares de Bogotá en 1985- y Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército.

El también general Miguel Vega Uribe, quien era el ministro de Defensa y puente entre el Palacio de Nariño y los militares que dirigían la retoma, ya falleció.

Además de la búsqueda de los cuerpos, la Fiscalía verifica nuevas versiones, como que el magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida de Palacio y alguien después regresó su cadáver al sitio.

También se indaga la declaración de un suboficial retirado que dice que presenció cómo dos de los desaparecidos murieron por torturas en las pesebreras de la Escuela de Caballería.

El coronel (r) Edilberto Castro, jefe de Inteligencia de la Brigada 13, y los también militares retirados Óscar William Vásquez, Luis Fernando Nieto, Antonio Rubay Jiménez y Ferney Causaya responderán en un juicio por los delitos de secuestro y desaparición forzada. La suerte del coronel Alfonso Plazas sigue pendiente.

Y aunque la investigación sigue, la Fiscalía -que es clara en señalar que fue la acción del M-19 "la que da lugar a toda esta cadena de desastres"- considera que ya hay varios hechos probados.

1. Que tras el atentado del M-19 contra el general Samudio, en octubre de 1985, las autoridades militares estaban seguras de que vendría una acción de gran magnitud de ese grupo en Bogotá.

2. Que existía un plan de acciones claramente establecido para esa eventualidad (el 'Plan Tricolor'), que se puso en marcha apenas se conoció la noticia.

La existencia de ese plan, según la investigación, sugiere que todas las acciones de la Fuerza Pública obedecieron a las directrices de un mando unificado. Por eso la Fiscalía sugiere investigar a los dos generales.

3. Miembros de la Policía y el DAS actuaron en contra de la ley. La orden de enterrar los cuerpos en una fosa común, ante una supuesta amenaza del M-19 para recuperar los cádáveres, la ejecutó el F-2 y para la Fiscalía fue al menos "irregular".

4. Hubo ejecuciones sumarias. Testigos reseñaron que al menos dos guerrilleros heridos fueron rematados por soldados. La fiscal del caso pidió investigar lo que llamó "delito de lesa humanidad".

5. Al menos tres desaparecidos salieron con vida. Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, e Irma Franco, guerrillera, sobrevivieron a la toma y la retoma. La Fiscalía dice que pasó lo mismo con Cristina del Pilar Guarín, a pesar de que una ascensorista de Palacio dijo que la persona que un soldado llevaba en hombros el 7 de noviembre era ella y no Cristina.

6. En la reseña en la Casa del Florero hubo sospechosos que fueron retenidos. "Es cierto que se llevaron un sinnúmero de personas a la Brigada 13, a la Escuela de Caballería (...), en particular al B-2 y a las caballerizas", dice la Fiscalía. 

7. Hubo torturas. En la investigación hay testimonios de personas que recibieron tratos irregulares en el mismo Palacio, en la Casa del Florero, en la Escuela de Caballería y en el batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá.

Un sobreviviente del Palacio narró que en esta última instalación le vendaron los ojos, lo sometieron a asfixia y lo obligaron a cargar un madero durante los interrogatorios. La Fiscalía considera que es otro delito de lesa humanidad que no ha prescrito.

El informe de la Comisión

La Comisión de la Verdad que investigó el año pasado los hechos del Palacio de Justicia hizo duras críticas al Gobierno por el manejo que le dio a crisis del 6 y 7 de noviembre de 1985.

El informe dijo claramente que la responsabilidad de la tragedia era del M-19, que desde un primer momento entró matando al Palacio. También concluyó que "nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes" y que "estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas".

[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 01oct07]

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