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07jun06


Francia aprieta la tuerca del canje


Todo indica que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ya no tiene autonomía en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de otros rehenes en manos de la guerrilla de las FARC.

El presidente francés Nicolás Sarkozy habría blandido ante Uribe la reunión del Grupo de los Ocho países más poderosos (G-8), iniciada el miércoles en Alemania, para lograr que el colombiano sacara de la cárcel a Rodrigo Granda, miembro de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en armas desde hace 43 años.

El miércoles se reinició en Washington un juicio contra otro guerrillero de las FARC, Ricardo Palmera, acusado de tomar rehenes y suministrar apoyo a terroristas, y extraditado a Estados Unidos por Uribe.

Según informes a los que tuvo acceso IPS, Sarkozy tiene previsto ejercer toda su influencia para lograr la libertad de Betancourt, de nacionalidad colombo-francesa, rehén de las FARC desde febrero de 2002.

Para las FARC, Betancourt, otros 19 civiles rehenes y 14 militares, 20 policías y tres contratistas estadounidenses del Plan Colombia saldrán de la selva sólo cuando se abran las puertas de las prisiones para todos los guerrilleros presos tras una negociación dentro de Colombia y con el gobierno colombiano.

Los uniformados más antiguos en poder de la guerrilla cumplen este 2007 una década en cautiverio, mientras a muchos guerrilleros presos les esperan decenas de años de reclusión. En la primera línea de los suyos, las FARC incluyen a Palmera, alias "Simón Trinidad" y a "Sonia", lo que complica el panorama del llamado "canje humanitario".

Sarkozy no llamó por teléfono a Uribe para felicitarlo porque el 16 de mayo el gobierno mostró ileso a un evadido de las FARC, el subintendente Frank Pinchao, que había permanecido prisionero en la selva durante ocho años y medio, como divulgaron algunos medios.

La llamada de Sarkozy se debió a que, tras el dramático relato de Pinchao sobre las condiciones de cautiverio, Uribe "suplicó" en tono de mando a sus tropas que rescataran por la fuerza a todos.

"Aquí no hay jueguitos con estos bandidos de las FARC, aquí no hay despejes", dijo Uribe en referencia a que la guerrilla exige la desmilitarización temporal de dos municipios del sudoccidente del país para negociar allí el canje.

"Señores generales, vamos a rescatar a Ingrid Betancourt", dijo entonces Uribe, "las FARC no quieren un acuerdo humanitario, por eso insistiremos en rescatar por la vía militar", enfatizó.

Muy preocupado, el mandatario francés llamó a su homólogo colombiano para manifestarle que Francia se oponía de plano al rescate militar, y que si Uribe insistía en él, llevaría el caso a la Comisión Europea y ante la cumbre del G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia).

Remitiéndose a la analista y consultora internacional de seguridad Natalia Springer, el periodista Julio Sánchez dijo el lunes en W Radio que en las instancias preparatorias de la cumbre del G-8 se estaba evaluando que, en el caso de Betancourt y sus compañeros, existían suficientes precedentes para legitimar la jurisdicción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sánchez agregó que el antecedente era el tribunal internacional especial aprobado el 30 de mayo por el Consejo de Seguridad para investigar asesinatos de distintos políticos de Líbano, incluidos el ex primer ministro Rafik Hariri y el ministro de Industria, Pierre Amine Gemayel.

La aprobación de dicho tribunal, promovida por Estados Unidos y Francia, tuvo los votos favorables de otros ocho miembros del máximo organismo de seguridad de las Naciones Unidas, y la abstención de cinco, Rusia, China, Indonesia, Qatar y Sudáfrica.

Al mismo tiempo, el fin de semana estuvo en Bogotá el embajador de Uribe en ese último país.

Sarkozy exigió además a Uribe la liberación inmediata de Granda, quien era interlocutor del gobierno francés en Caracas, cuando fue secuestrado en diciembre de 2004 por agentes de seguridad colombianos y miembros de la fuerza pública venezolana sobornados.

Esos son los elementos que enmarcan la "razón de Estado" invocada y nunca aclarada por Uribe cuando anunció la excarcelación unilateral, antes de este jueves 7 de junio, de un grupo de supuestos guerrilleros presos, cuyas identidades tampoco ha dado a conocer hasta la fecha.

En coincidencia con el inicio de la reunión del G-8, la presidencia de la Unión Europea (UE), que ejerce ahora Alemania, llamó este miércoles a que "los grupos ilegales" de Colombia "liberen inmediatamente" a quienes tengan en su poder y se distancien "de todo secuestro o toma de rehenes", en claro mensaje a las FARC, que piden al bloque europeo las excluya de su lista de organizaciones terroristas.

El comunicado reiteró lo dicho por la UE en febrero, cuando abogó por el "acuerdo humanitario", que excluye la violencia para lograr la libertad de rehenes y prisioneros.

Granda fue sacado el lunes contra su voluntad de una prisión de máxima seguridad en la que estaba recluido y acogido en la sede del Episcopado de la Iglesia Católica en Bogotá, de manera "temporal" y para preservar su vida, según se colige de un comunicado eclesiástico.

El acceso a la sede del Episcopado está casi al final de un callejón cerrado de 200 metros, en el noroccidente de Bogotá, con una cárcel de mujeres en un extremo y la escuela de cadetes del ejército al frente.

"Trinidad", cuyo primer juicio en Estados Unidos fue anulado, había sido detenido en Quito en enero de 2004, cuando actuaba como negociador del canje.

Uribe no consiguió esta semana que los guerrilleros presos que continúan bajo la jerarquía de las FARC aceptaran autoexcluirse de sus filas a cambio de la excarcelación.

Entre unas 200 personas que el gobierno presenta como guerrilleros excarcelados en "gesto unilateral" figuran al menos una que se desmovilizó hace dos o tres años, así como otra que se ha hecho pasar por jefe de un inexistente frente de las FARC y simuló, con otros, una desmovilización el año pasado.

Un comunicado de la cúpula de las FARC señala que ese es un grupo de "desertores" o de civiles acusados o condenados por el delito de rebelión. IPS recibió varias cartas colectivas de guerrilleros presos que rechazan las propuestas gubernamentales de retirarse de la organización insurgente para ser excarcelados.

La jefatura guerrilla advierte que "mientras se distrae con la propaganda de la liberación de los presos, las tropas oficiales continúan intentando rescates a sangre y fuego sin importarles para nada la vida y la integridad de los prisioneros".

Las FARC consideran que un guerrillero preso no es libre para representarlas. Por eso Granda, cuya situación jurídica no está clara, manifestó estar dispuesto a ser facilitador del canje únicamente si la cúpula de esa guerrilla así lo dispone.

Este jueves, a través del diario francés Le Figaro, Sarkozy dio el paso siguiente, al pedir en primer lugar a las FARC pruebas de supervivencia de Betancourt.

Uribe se niega a desmilitarizar los dos municipios que exigen las FARC para negociar el canje, situados en el escenario más álgido de la guerra y relativamente cerca de Cali, la tercera ciudad de Colombia.

En una activa y discreta gestión de paz, la Iglesia Católica no descarta la posibilidad del despeje de otro municipio en una zona del sur, más alejada, aunque ese aspecto aún no se hace público.

[Fuente: Por Constanza Vieira, IPS, Bogotá, Col, 07jun07]

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