Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones Online
Derechos | Equipo Nizkor       

05mar15


'Simón Trinidad' en La Habana?


Simón Trinidad fue capturado en Quito en enero de 2004 para luego ser extraditado a Estados Unidos. Fue llevado a juicio por conspiración para participar en el tráfico de drogas y de secuestrar rehenes. En los tribunales, sin embargo, los jurados no lograron acuerdo en ninguno de los cuatro juicios por tráfico de drogas que pesaban contra él. Entonces, después de esos cuatro intentos, se le retiraron los cargos de tráfico de drogas, y alias Simón Trinidad fue condenado "solamente" por su participación en la conspiración para secuestrar a tres contratistas estadounidenses de una empresa militar privada norteamericana. En la actualidad, Ricardo Palmera --su verdadero nombre-- está cumpliendo una sentencia de 60 años en una cárcel federal de máxima seguridad en Colorado.

La historia podría terminar allí, pero Trinidad es miembro del Estado Mayor de las Farc, con quien el gobierno colombiano está negociando desde hace más de tres años. Por eso su caso vuelve a ser noticia.

Desde el inicio de las negociaciones, las Farc no han cesado de pedir la liberación de su dirigente. El problema es que tal decisión no es de la competencia del gobierno colombiano, sino que depende de la justicia estadounidense. Con el nombramiento del enviado especial de EE.UU. para el conflicto colombiano, Bernard Aronson, los rumores y las expectativas volvieron, sin embargo, a retomar fuerza. Pero qué tan posible es ver a Simón Trinidad sentado en la mesa de negociación con sus compañeros y firmando unos futuros acuerdos de paz?

La cuestión recubre diferentes aspectos, unos jurídicos, otros más políticos.

Siguiendo los estándares jurídicos internacionales y el artículo 65 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, que ha ratificado Colombia, tal escenario no sería tan descabellado. El artículo dice, en efecto, lo siguiente: "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".

A diferencia de su predecesor, el presidente Santos reconoció al inicio de su mandato la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. El caso sería entonces relevante.

Ahora bien, cabe sin embargo preguntarse si las actividades que llevaron a Simón Trinidad a la cárcel estaban o no relacionadas con el conflicto armado. Allí la respuesta es un poco más discutible.

Los tres estadounidenses secuestrados por las Farc en 2003 y liberados con la Operación Jaque en 2008 eran contratistas de la compañía militar privada (CMP) Northrop Grumman Corp. La empresa fue contratada en los inicios de los años 2000 bajo el Plan Colombia. Su trabajo consistía en sobrevolar la selva colombiana con aviones equipados de cámaras infrarrojas ultrasofisticadas con el objetivo de hacer reconocimiento de actividades ilegales ligadas a la droga o a movimientos de guerrilla.

Según el derecho internacional, los contratistas que operan en países en conflicto son considerados civiles, a menos que participen directamente en las hostilidades. Sin embargo, estas actividades no son exentas de cierta ambigüedad. El trabajo de inteligencia usado con fines militares, aunque hecho por civiles, es difícilmente considerado por fuera del conflicto armado. Así, de la misma forma que una fábrica de armamento puede verse como un blanco legítimo durante un conflicto armado, el ataque contra un avión que procura inteligencia militar lo podría ser también. En ese caso, el derribo del avión de los contratistas estadounidenses por parte de las Farc sería por lo tanto un acto de guerra y Simón Trinidad estaría encarcelado por un hecho que, si estuviera preso en Colombia, podría llevar a su liberación una vez firmada la paz.

Colombia no tendría ninguna obligación legal de otorgar libertad a presos de la Farc, pero la costumbre sugiere la posibilidad de hacerlo. Estados Unidos tendría aún menos obligaciones de actuar al respecto, pero en caso de que se considere que Trinidad está en la cárcel por un acto relacionado con el conflicto armado, no resultaría a priori tan problemático justificar su liberación, suponiendo obviamente que el gobierno colombiano solicite a las autoridades estadounidenses actuar en tal sentido.

Dicho eso, más allá de saber si la liberación de Simón Trinidad sería un fuerte incentivo para que las Farc firmen un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, tal decisión podría también generar falsas expectativas en cuanto a los demás líderes de la guerrilla presos en EE.UU., como es el caso de alias Sonia o de sus compañeros José Antonio Celis, alias Calvo, y a Juan Diego Giraldo, alias Flaco. El caso de ellos es efectivamente diferente. Fueron declarados culpables de conspiración para importar y vender cocaína en Estados Unidos, de tal manera que no podrían aplicarse los mismos argumentos jurídicos. Y no habría jurisprudencia.

Pero el caso no es sólo jurídicamente sensible. Dejar a algunos jefes de las Farc presos en Estados Unidos podría generar resentimientos dentro de la organización. Si ninguno de los jefes de las Farc está dispuesto a pagar un solo día de cárcel, cómo podrían abandonar a algunos de los suyos en una cárcel estadunidense?

Nos guste o no, EE.UU. tienen sin duda una de las múltiples llaves de la paz en Colombia. Pero entre las garantías e incentivos que pueden ofrecer y las advertencias que seguramente hicieron o harán a las Farc, su margen de maniobra está bastante reducido.

[Fuente: Por Antoine Perret, El Espectador, Bogotá, 05mar15]

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en Colombia
small logoThis document has been published on 09Mar15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.