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15dic15


Declaración del jefe de la delegación del gobierno colombiano ante el acuerdo con las FARC-EP sobre las víctimas del conflicto


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Hoy desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo. No es retórica, NO ES RETÓRICA, decir que el anuncio del Acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz. Queremos una paz duradera, la cual sólo se consigue situando a las víctimas en el centro, como lo hemos hecho.

Este fin de año es sombrío para la humanidad. Estamos en presencia de una oleada de violencia desbordada. La alteración del medio ambiente es ya una realidad. Resurge la pregunta sobre el destino y la supervivencia de la humanidad. Un ex presidente colombiano se preguntaba algún día: ┐Hay vida inteligente en la tierra?, ┐hay realmente vida inteligente?

Hoy, como en cinco oportunidades previas, contamos con la presencia de víctimas del conflicto. A ustedes: todo nuestro respeto y consideración por su dolor. Para mí, en lo personal y para la Delegación del Gobierno, oír sus testimonios, claros, vívidos, estremecedores, fue una experiencia transformadora. Ese ha sido el principal motor en la consecución de este acuerdo que sólo busca la mayor satisfacción de sus derechos.

El Punto 5 de la Agenda del Acuerdo General de La Habana encierra un sistema integral que comprende verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un mantra que ha sido nuestro centro de gravedad en las discusiones de La Habana.

Cada elemento se explica por los demás y sirve a los demás. Cada uno, y todos entre sí, contribuyen al logro y afianzamiento de la paz. Por eso pedimos, pido a los colombianos que, al evaluar lo pactado, tengan en cuenta esta circunstancia. Debemos mirar lo convenido como un todo. Un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra las puertas a nuevas víctimas. Como lo ha dicho el Presidente Juan Manuel Santos, el punto de mira debe prestar atención a las víctimas del futuro. Las que no vendrán. Hijos y nietos que podrán vivir sin el flagelo de la violencia.

No basta con detenerse en el componente de Justicia. Hay que valorar los mecanismos para establecer la verdad, un anhelo que permanentemente las víctimas nos reclaman. El inmenso esfuerzo por lograr la reparación del daño causado. Ambas partes lo han proclamado así. El Gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas sin consideración a quién ocasionó el daño. Las FARC, por su parte, han adquirido el compromiso de realizar una multiplicidad de acciones reparadoras. Se han comprometido en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del Sistema a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a la reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por fin, igualmente es un elemento crucial el de las garantías de no repetición, no repetición que es la base sobre la cual se debe construir el futuro de Colombia.

En cuanto al componente de Justicia, POR PRIMERA VEZ en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, DE COMÚN ACUERDO EN MEDIO DE un CONFLICTO vivo, y por convenio entre las partes se crea UNA JURISDICCIÓN que se basa en el RECONOCIMIENTO de RESPONSABILIDAD. En el RECONOCIMIENTO DE VERDAD. En el Compromiso de REPARACIÓN.

Es un sistema que se aplica a TODOS. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. Después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito: no hay espacio para la impunidad.

Les hemos cumplido a las VÍCTIMAS. Y como lo dice Jineth, vamos a cumplirles en el desarrollo de lo acordado.

Le hemos cumplido a comunidad internacional: no se pactó una amnistía para los delitos internacionales. Se acordó la imposición de sanciones efectivas que sean apropiadas al logro de la paz. A esa comunidad internacional le digo que en Colombia tenemos la voluntad y la capacidad para aplicar una Justicia de Transición genuina.

De igual modo, se han pactado CONDICIONES para recibir cualquier tratamiento especial en materia de Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, la dejación de armas, que deberá comenzar 60 días después de la firma del Acuerdo Final tal y como lo pactamos el pasado 23 de septiembre.

Así mismo, es necesario aportar Verdad PLENA, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Esto es, hay un marco de CONDICIONALIDAD que le da sentido y equidad a lo acordado. Las sanciones distintas a las ordinarias deben ser miradas dentro de ese marco que, a su vez, es el camino para la terminación efectiva de las hostilidades. Situaciones anormales como la guerra requieren las soluciones excepcionales para superarla.

Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. La seguridad jurídica es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la Jurisdicción, no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta para la reconciliación.

En el campo de las SANCIONES hay distintos caminos según el comportamiento de cada uno:

Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad.

En segundo lugar penas privativas de la libertad de 5 años en régimen ordinario de cárcel para quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad pero en todo caso antes de la sentencia.

Y por fin, las sanciones propias de la Jurisdicción, equivalen a restricción efectiva de libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras.

Seamos claros: hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar, habrá una restricción efectiva, que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal.

No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como: genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de acuerdo al Estatuto de Roma.

Obviamente, tampoco serán amnistiados los delitos comunes.

En cambio, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos como ha sido tradición en Colombia. En una ley de amnistía se determinarán las conductas y la manera precisa cómo se aplicarán los criterios de la conexidad.

Así como el sistema cobija a todos, así mismo lo hará el régimen especial de sanciones, tomando en consideración, claro está, las características específicas de los responsables.

Para los AGENTES DEL ESTADO, en especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Y en cuanto a terceros no combatientes, que hayan contribuido de manera determinante o habitual al cual, al apoyo de acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente equilibradas.

No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas.

Pero tampoco habrá espacio para la impunidad.

Esto quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz es una solución, no es el comienzo del problema. Es una solución equitativa y razonable, basada en los mismos principios de aporte de verdad plena, asunción de responsabilidad, compromiso de reparación y no repetición. Ha quedado claro que quienes hayan sido extorsionados, no son victimarios, sencillamente son víctimas.

El sistema brinda justicia para todos de manera equilibrada y equivalente. No hay desbalances. No hay lugar para inequidades que se han presentado en el pasado en otros procesos.

El Tribunal contará con magistrados de las más altas calidades, expertos en distintas ramas del derecho. El proceso de selección será transparente, brindará toda la confianza a la sociedad. Los magistrados no serán nombrados como suele decirse en Colombia "a dedo". En efecto se ha acordado que no podrán ser elegidos directamente por las partes en la Mesa de Conversaciones.

Si logramos finalmente culminar este enorme esfuerzo, si llegamos al fin de las hostilidades, se abre un panorama de enormes posibilidades para los colombianos. En el terreno de la economía mediante el crecimiento adicional que aporta a la paz. En el campo de las instituciones con transformaciones en beneficio de una política incluyente. En el espacio inmenso para contribuir a superar el problema mundial de las drogas.

De las FARC no esperamos que desistan de sus ideas, esperemos que conformen su partido o movimiento y que conduzcan la defensa de sus ideales dentro de la democracia. Y, por otro lado, todos estaremos vigilantes para que cada ciudadano sea libre de expresar sus ideas con plenas garantías. Ni combinación de urnas y armas, ni persecución a nadie por sus creencias. Esto es posible. No es utópico. Es el momento de comenzar a pensar cómo será la Colombia en paz. La paz no es simplemente el silencio de los fusiles. No es la negación del conflicto ni la discrepancia. La paz se construye sobre un consenso. Pero un consenso civilizado que no impide, como debe ocurrir en una democracia genuina, que se expresen las alternativas y las discrepancias.

Creemos por tanto que en la forma que se acuerde, más allá del detalle que deberá ser abordado en una reforma constitucional, la participación de las FARC en política es esencial al postconflicto.

Como quedó acordado, habrá una refrendación para que sean los colombianos los que digan la palabra final. ┐Puede haber mayor seguro? Cuando llegue el momento, cada colombiano escogerá: o acepta el Acuerdo Final con todas sus ventajas y renunciamientos, o lo desecha. Esperamos sinceramente que esta no sea una oportunidad perdida.

Ahora tenemos al frente el desafío de convenir las normas para el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, es decir, el fin del conflicto.

Ya hemos avanzado en una subcomisión con presencia de militares activos. A ellos agradecemos su aporte así como a los seis juristas que trabajaron sin pausa en la configuración de la Justicia Especial para la Paz. Al General Javier Flórez y al grupo de oficiales activos. A Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Doug Cassel, Álvaro Leyva, Diego Martínez, Enrique Santiago. Muchas gracias a ellos. Igualmente, agradecemos el compromiso del equipo técnico, en su mayoría jóvenes mujeres abogadas, que trabajaron incasablemente durante estos duros meses. Y al Alto Comisionado para la Paz, quien ha aplicado su tesón desde mucho antes al logro de un acuerdo, así como a los miembros de la delegación que nos han venido acompañando en este tarea. De igual modo resaltamos la disciplina y la capacidad de trabajo de la delegación de las Farc.

El año entrante dedicaremos toda nuestra energía, sin pausa, para terminar los puntos restantes de la Agenda.

Lo hacemos con entusiasmo, conscientes de nuestra responsabilidad.

Nuestra mayor recompensa será el logro de una meta que todos los colombianos compartimos: tener un país reconciliado y en paz.

Con el acto de hoy, comienza a aparecer el rostro de la paz. La paz es posible. Llegó la hora de creer.

[Fuente: Por Humberto de la Calle, Jefe de la delegación del Gobierno colombiano, La Habana, 15dic15]

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