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10jun17
El aviso oportuno del fiscal
El fiscal general ha abierto una polémica de gran trascendencia al expresar su preocupación sobre el contenido del Decreto Ley 903, que regula la realización de un inventario de los bienes y activos de las Farc.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha abierto una polémica de enorme trascendencia sobre el Decreto Ley 903, expedido por el presidente Santos el 29 de mayo, que regula la realización de un inventario de los bienes y activos de las Farc.
El fiscal se muestra preocupado de que la norma, tal como está redactada, permita al grupo guerrillero mantener un margen de control sobre los recursos ilegales que declare. Y, más aun, que dichos recursos no se destinen exclusivamente a indemnizar a las víctimas, sino, también, a financiar el nuevo partido político que surja de las Farc.
No le faltan argumentos al fiscal. El Decreto Ley contempla que los bienes de las Farc se irán a un fondo que "será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final". Esta Comisión es un órgano que integran de modo paritario Farc y Gobierno, lo que otorgaría al grupo guerrillero una notable influencia sobre la gestión de sus bienes ilegales.
La norma señala además, en su artículo 4, que con los bienes y activos incluidos en el inventario "se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final".
Este punto se refiere a la "reincorporación económica y social" de la guerrilla. Es decir, los bienes y activos inventariados se destinarían no solo a la víctimas, sino también a algunos órganos que prevén crear las Farc, como un centro de pensamiento o una entidad de desarrollo económico. Esto podría derivar, como sugiere el fiscal, en un caso de lavado de activos.
El proceso de paz ha obligado a tragar muchos "sapos", tal como lo admitió en su día el propio presidente Santos. Y de ello eran conscientes quienes, con el anhelo de cerrar más de medio siglo de violencia en el país, apoyaron el Sí en el plebiscito sobre el acuerdo, entre ellos este diario.
Lo que no se puede es seguir forzando la máquina, sobre todo después del triunfo del No en la consulta popular. Un resultado que, por mucho que disguste a parte de los colombianos, debería, al menos, imponer más tacto en las iniciativas que se tomen con respecto a la implementación del acuerdo de paz.
No podemos menos que coincidir con el fiscal en que el Decreto Ley 903 es de muy difícil digestión. Esperamos que el reglamento que lo desarrolle despeje los temores y dudas, de modo que los bienes y activos de las Farc vayan solo a las víctimas. Y que la guerrilla no tenga ni una injerencia sobre la administración de los recursos que obtuvo en la ilegalidad.
[Fuente: El Heraldo, Editorial, Barranquillas, 10jun17]
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