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DERECHOS


25jun03


Denuncian detenciones ilegales de pobladores del Ayuntamiento de Quiple.


La Federación Nacional Sindical Unitaria agropecuaria -FENSUAGRO-CUT- en nombre de la Comunidad del municipio de Quipile (Cundinamarca) y del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca -SINPEAGRICUN"

Denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que:

El día 15 de junio de 2003 fueron detenidas cincuenta y nueve personas entre campesinos, pequeños comerciantes, educadores y habitantes de la región, por las Fuerzas Especiales del Gaula, DAS, F-2 con el acompañamiento de los organismos de control, Fiscalía, CTI y hasta la policía de tránsito, en un magno operativo, en el que allanaron las casas. A los campesinos que iban llegando a la madrugada al pueblo los iban deteniendo. Luego fueron trasladados a Bogotá sin antes haber sido presentados ante los medios de comunicación como "guerrilleros del Frente 42 de las FARC".

Hechos:

Quipile es un municipio con un promedio de 14.000 habitantes ubicado al occidente de Cundinamarca, distante a 88 kilómetros de Bogotá. A dos horas en carro. Hace parte de la región del Tequendama, allí opera el batallón 28 Colombia (fuerzas aéro transportadas); hay un puesto de policía; hay personería y alcaldía municipal.

Este día los habitantes de Quipile aún dormían. Eran las cuatro de la mañana, cuando empiezan a llegar carros de los organismos ya mencionados, eran como quinientas personas de las Fuerzas Estado, y empezaron a allanar las casas y a sacar a algunas personas de estas viviendas; luego las llevaron al parque central donde después fueron seleccionados los que trasladaron a Bogotá y los que dejaron en libertad.

Por ejemplo, trasladaron a Bogotá a Alfredo Osorio, de 60 años aproximadamente, propietario de la estación de servicios del municipio, es un reconocido comerciante, tiene problemas de hipertensión arterial. A Carlos Romero, administrador de la oficina de Telecom, de unos 45 años aproximadamente, reconocido por los habitantes de la región. A Carolina Zubieta, de 40 años aproximadamente, es quien maneja la ludoteca del municipio. Joaquín Torres, de la misma edad que la anterior, es el propietario de la carnicería del pueblo. A Jesús Zubieta, transportador de los pobladores de las veredas al casco urbano. Héctor Villarraga, transportador como el anterior, de unos 50 años de edad. William Cabra, tiene una venta de comidas en el pueblo, de 55 años aproximadamente. William Castro, educador de la vereda Candelaria, de 38 años más o menos. Miguel ángel Mora, 35 años, comerciante. Nelson Osorio, comerciante, de 30 años y su hermano Edgar Osorio, conductor del carro de la alcaldía. Alfonso Rodríguez, comerciante de 60 años aproximadamente. Tiberio Castañeda, propietario de una panadería y otros más.

Todas las personas detenidas son habitantes y trabajadores del municipio de Quipile, a quienes les hicieron un montaje y los presentaron ante los medios de comunicación como miembros del Frente 42 de las FARC.

Exigimos:

Al Gobierno Nacional:

La libertad inmediata de todas las personas detenidas y que fueron trasladadas a la cárcel Distrital de Bogotá.

A los medios de Comunicación:

Rectificar públicamente que las personas retenidas no son miembros del frente 42 de las FARC sino habitantes de la población. Así como los invitamos a realizar un trabajo periodístico ético que cuestione los burdos montajes de que son objeto permanentemente los habitantes de algunos municipios y sus poblaciones agrarias, esto con el fin de legitimar los resultados de la política de "seguridad democrática" del gobierno Uribe Vélez que muestra como "guerrilleros dados de baja" a campesinos que asesinan los militares y/o paramilitares, que captura "a guerrilleros" que son solo humildes campesinos y habitantes reconocidos de nuestras regiones.

Solicitamos inmediatamente:

A la Comunidad Internacional pronunciarse ante el gobierno de Uribe Vélez en nombre de las comunidades agrarias y exigir el respeto al buen nombre de estas, el respeto a la vida digna y a los Derechos Humanos.

Eliminar el plan de ejecución de la política de "Soldados Campesinos" porque vincula inmediatamente a la población civil en el conflicto social y armado Colombiano, se propaga la función de los "sapos" que pueden acusar de "guerrilleros" a cualquier persona por problemas personales.

Llamamiento

FENSUAGRO Llama a la unidad de todas las organizaciones agrarias nacionales para hacer oposición a la política de "soldados campesinos", de "seguridad democrática" y "estatuto antiterrorista". Que afecta principalmente a la población campesina que ha sido objeto y ahora más que nunca, de montajes, asesinatos extrajuicios, detenciones-desapariciones, desplazamiento forzado y de otros delitos de lesa humanidad.

Bogotá, 25 de junio de 2003
Federación Nacional Sindical Unitaria agropecuaria -FENSUAGRO-CUT- y Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca -SINPEAGRICUN"

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 13jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights