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28mar14


Fallo ordenando que se elabore un plan de descontaminación del río Bogotá


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Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera

Bogotá, veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014)

Consejero Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno
Ref: Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01

EXPS. ACUMULADOS: 54001-23-31-004-2000-0428
54001-23-31-004-2001-0122
54001-23-31-004-2001-0343

ACCIÓN POPULAR

Recursos de Apelación Interpuestos contra las Providencias de 25 de agosto y su complementaria de 16 de septiembre de 2004 proferidas por la Sección Cuarta, Subsección "B", del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Actor: Gustavo Moya Ángel Y Otros

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por las partes e intervinientes en la presente acción popular- ALFONSO PÉREZ PRECIADO, FABIO ROBERTO PÉREZ JAIMES, GUSTAVO MOYA ÁNGEL, SARA MARIELA PÁRRAGA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA y JORGE ENRIQUE CUERVO RAMIREZ; LOS MUNICIPIOS DE CHOCONTÁ, TOCANCIPÁ, MOSQUERA, SESQUILÉ, VILLAPINZÓN, CAJICÁ, COGUA, BOJACÁ, ZIPAQUIRÁ, ZIBATÉ, FUNZA, CUCUNUBÁ, GACHANCIPÁ, COTA, CHÍA, SOACHA, MADRID - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.M. E.S.P., LA MESA, TABIO, SUESCA, SOPÓ; LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE MINAS Y ENERGÍA; EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS, LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA-, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL PLANETA, LA ASOCIACIÓN DE CURTIDORES DE VILLAPINZÓN -ACURTIR-, LA SOCIEDAD BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO SUEZ LYONNAISE DES EAUX-DEGREMONT E.S.P. S.A. -BAS-, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. E.S.P., LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-,EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ, EEB-, EL PROCURADOR TERCERO JUDICIAL ADMINISTRATIVO; LAS SOCIEDADES ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-, ETERNIT COLOMBIANA S.A., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., SOCIEDAD CRISTALERÍA PELDAR S.A., REFINADORA DE SAL S.A. -REFISAL-, CERVECERÍA LEONA S.A. Y GRUPO SIDERÚRGICO DIACO S.A.-, INDUSTRIAS SPRING S.A, SOCIEDAD STANTON Y CIA. LTDA. contra la sentencia de 25 de agosto y su complementaria de 16 de septiembre de 2004, proferidas por la Sección Cuarta, Subsección "B", del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, mediante las cuales se desestimó las excepciones de mérito propuestas por los demandados, se declaró responsable por acción a los habitantes e industrias de la cuenca por los vertimientos domésticos e industriales y por omisión a algunos demandados, se absolvió a otros, se amparó los derechos colectivos que encontró conculcados, se aprobó los pactos de cumplimiento con las observaciones y modificaciones establecidas en la sentencia, impartió directrices para restituir las cosas al estado anterior, recordó la ejecución de precisas obras y gestiones a las autoridades demandadas, fijó a favor de los actores la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales por concepto de incentivo económico, negó las demás indemnizaciones y ordenó la constitución del Comité de Verificación del Cumplimiento del fallo en los siguientes términos:

    "PRIMERO: DESESTIMARSE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR LOS DEMANDADOS Y DECLARARSE SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES de la CATÁSTROFE ECOLÓGICA DEL BOGOTA y DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y QUEBRADAS AFLUENTES DEL PRIMERO Y DE QUE DAN CUENTA LAS PRETENSIONES, POR ACCIÓN A TODOS LOS HABITANTES E INDUSTRIAS DE LA CUENCA QUE DESDE HACE NO MENOS DE VEINTE AÑOS HAN VENIDO REALIZANDO SUS VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES SIN TRATAR como actores difusos, POR OMISIÓN EN EL CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES a la NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (INSTITUTO DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA, "IDEAM"), al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (INVIMA), al MINISTERIO DE AGRICULTURA, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, "CAR", al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - DAMA - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

    ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y a los MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA: VILLAPINZÓN, CHOCONTÁ, SUESCA, SESQUILÉ, GACHANCIPÁ, TOCANCIPÁ, ZIPAQUIRÁ, SOPÓ, CAJICÁ, CHÍA, COTA, de la CUENCA MEDIA: YUNZA, MOSQUERA, SOACHA y MADRID, y de la CUENCA BAJA: al Municipio de SIBATÉ, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

    SEGUNDO: Por consiguiente, AMPÁRANSE los derechos colectivos a un AMBIENTE SANO, a la SALUBRIDAD PÚBLICA y a la EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS dentro de los procesos acumulados por Acción Popular incoados por los señores GUSTAVO MOYA ÁNGEL (fallecido), MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARCÍA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA Y NICOLÁS ROA, y JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Por consiguiente, SALVAGUÁRDANSE LOS ALUDIDOS DERECHOS COLECTIVOS mediante la APROBACIÓN DE LOS PACTOS DE CUMPLIMIENTO presentados por los entes públicos mencionados en el literal anterior en la forma y términos discutidos y aprobados en las respectivas audiencias por las partes del proceso y con las observaciones y modificaciones de que da cuenta la parte motiva de este fallo y con las órdenes y condenas que se consignarán en ordinal posterior.

    TERCERO: Como consecuencia, para restituir las cosas a su estado anterior, esto es, para lograr la descontaminación del RÍO BOGOTÁ y SUS AFLUENTES de que dan cuenta las pretensiones y del EMBALSE DEL MUÑA, deberán observarse también las siguientes directrices respecto de la ejecución de las obras que en los pactos de cumplimiento se mencionan, en orden de prioridad: a) Control de vertimientos de aguas residuales y ejecución de los Programas de Producción Más Limpia en todos los sectores de la producción tanto de la industria casera como de la pequeña, mediana y gran industria, implementados y dirigidos por la CAR y por el DAMA, siguiendo las políticas trazadas por el MAVDT y con la participación y el control por delegación de los MUNICIPIOS, del DISTRITO CAPITAL y del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; b) De conformidad con la función que el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 le adscribe al MAVDT, en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, éste debe proceder a delimitar geográficamente en forma clara cuáles son las zonas excluidas de la minería, esto es, dónde no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera, según la previsión del artículo 34 de la Ley 685 de 2001 o "Código de Minas" y bajo las directrices señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 2002. Para tal efecto, la autoridad minera (que es la que se define y señala en el art. 317 de la citada ley, en principio el Ministerio de Minas y Energía) tiene el deber de colaboración, el cual no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental quien es la que debe establecer tales zonas; c) Igualmente, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el literal b), el MAVDT con la intervención y colaboración del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA debe proceder en consecuencia a revocar y suspender los títulos, permisos, concesiones y licencias de las exploraciones mineras en las zonas de exclusión.; d) En el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el MVADT, LA CAR y el DAMA y los municipios (en los casos en que hayan sido delegados por la respectiva autoridad ambiental -art. 54 y 55 Ley 99/93-) deberán proceder a adelantar los procesos administrativos tendientes a revocar, las licencias ambientales, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente cuando quiera que no se estén acatando las condiciones y exigencias en ellos establecidas o no se estén cumpliendo de acuerdo con los términos definidos en el acto de su expedición; e) Dentro del término de los seis meses (6) siguientes a la notificación de esta sentencia el MAVDT, la CAR y el DAMA y los municipios deberán iniciar todas las diligencias tendientes a exigir de los particulares o entes públicos o privados a los que se les haya otorgado las licencias ambientales, autorizaciones, permisos o concesiones a cielo abierto, o en una zona específica, la restauración o sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido en la explotación, por cuenta de los beneficiarios de dichos títulos, permisos o licencias, y en su caso haciendo efectiva la garantía de la póliza de seguro constituida para tales efectos; quienes deberán proceder a la respectiva restauración dentro del término máximo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que sean requeridos so pena de la revocatoria o de la suspensión de los mismos por parte de la autoridad ambiental y con la correspondiente intervención del tribunal una vez se constate el desacato para hacer efectiva esta orden. Para tales efectos, PREVÉNGASE a la CAR y al DAMA como a los demás órganos ambientales en cuanto a que no podrán invertir los recursos destinados para saneamiento ambiental en programas de reforestación que son de cargo de los particulares a los cuales precisamente deberán exigir el cumplimiento de esta obligación. En relación con las familias que se encuentran lavando arenas en el RÍO TUNJUELO con necesidades básicas insatisfechas, la CAR y el DAMA dentro del territorio de su jurisdicción, respectivamente, con la participación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA dentro de lo de su competencia, deberán hacer posible su reubicación en los demás complejos mineros, e igualmente, el DISTRITO CAPITAL como el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA deberán dar prioridad a los programas sociales y educativos de esta comunidad en la forma dispuesta en la parte motiva de esta sentencia f) EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL en coordinación con el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, deberán promover una política concreta y restrictiva sobre riego de cultivos y brebaje de ganado con aguas del río Bogotá y de sus afluentes y del Embalse del Muña, los cuales actualmente no cumplen con las normas de calidad para estos, especialmente sobre el control de la zona de ronda en orden a sancionar a los propietarios de los predios que no cerquen sus linderos para impedir el paso del ganado hacia la fuente hídrica; g) El incumplimiento de las anteriores órdenes tanto por los particulares como por las autoridades que deben ejercer el respectivo control, dará lugar a la compulsa de copias para ante la Fiscalía General de la Nación por la incursión o coparticipación en los delitos ecológicos tipificados en el Código Penal, en la forma como se indica en la parte motiva de esta sentencia; h) El Alcalde Mayor de Bogotá como máxima autoridad de policía del Distrito Capital (por conducto de los alcaldes locales) y los alcaldes municipales, éstos como máxima autoridad de policía dentro del territorio de sus jurisdicciones, deberán implementar, controlar y retener los productos agrícolas (en especial las hortalizas, frutas y verduras), el ganado mayor y menor y los productos pecuarios que se estén irrigando o alimentando con las aguas o pastos contaminados del o por el río Bogotá y del Embalse del Muña. El desacato a esta orden los hará incursos en las conductas penales contra la salubridad pública al igual que a quienes propicien dichas actividades, para lo cual se compulsarán las respectivas copias para ante la Fiscalía General de la Nación y los Alcaldes Locales del Distrito Capital de Bogotá deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 610.5.; i) Creación de una sola red Hidrometereológica y estación de monitoreo de las aguas, en la forma prescrita en el punto 6.5.3. de la parte motiva, direccionadas por el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEREOLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES y alimentada con las bases de datos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DE BOGOTÁ para toda el área de la CUENCA DEL río BOGOTÁ Y DE SUS AFLUENTES, con la constitución de un Fondo Común Económico y con el aporte de los recursos que para tales efectos dispongan en sus presupuestos, como los demás de todas las entidades involucradas en este proceso, quienes para tal efecto deberán contribuir en una cuota parte, en todo caso para optimizar el cumplimiento de dicha función y economizar los recursos, en la proporción que señalen las autoridades ambientales (si a así lo disponen) de común acuerdo con estos; a falta de acuerdo el tribunal definirá dicho aspecto; j) Control de vertimientos de aguas domésticas por el DISTRITO CAPITAL-DAMA-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO y por los MUNICIPIOS DE LAS CUENCAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL RÍO BOGOTÁ, con la dirección y coordinación a éstos por la CAR y por el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA especialmente de grasas, carbohidratos, nitratos y fosfatos. Para tales efectos, el INVIMA con la coordinación del MAVDT y como parte de la política del GOBIERNO NACIONAL, en el término de la presente o siguiente legislatura ordinaria, deberá presentar el correspondiente proyecto de ley ante el CONGRESO en orden a prohibir la fabricación y uso de los detergentes que contengan fosfatos y se reglamente e incentive la producción y uso de detergentes biodegradables con el fin de detener el proceso de eutroficación de las aguas que es la causa primordial del impacto ambiental en el Río y sus afluentes, por sobre todo a las alturas del EMBALSE DEL MUÑA, consagrándose las exclusiones o exenciones a que haya lugar para la importación o fabricación de las materias primas que se requieran o para los productos mismos, dejándose claro que la sola ejecución de esta medida producirá, de un lado, efectos positivos a corto plazo en la descontaminación del Río y, de otro lado, el ahorro de recursos en el tratamiento de las aguas residuales; k) Inclusión de los PRAES en la educación primaria, y media y tecnológica y superior, como cátedra obligatoria. Corresponderá al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, además de fijar las políticas respectivas, la coordinación y dirección de los programas con las Secretarías de Educación Distrital, Departamental y Municipal y éstas con los respectivos centros de educación y a éstos con las asociaciones de padres de familia. La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, junto con la ventanilla de ACERCAR y el DAMA, como los demás entes privados que quieran vincularse (Cajas de Compensación COMFENALCO), podrán colaborar en la ejecución de este programa con la participación de los industriales y de los diferentes centros comerciales para publicitar e incentivar en la comunidad el propósito común de descontaminar el Río y sus afluentes mediante las prácticas limpias, para lo cual en el Canal Institucional de la Televisión Nacional se deberá realizar propaganda alusiva a esos procesos de descontaminación en la fuente, con cargo a los recursos de los entes públicos demandados que deberán incluir este rubro dentro de sus presupuestos; l) Para reforzar el control de los vertimientos y la vigilancia sobre los cerros, montañas y laderas, en general sobre todos los suelos y aguas de la Sabana objetos de esta acción, especialmente en lo referente a la deforestación y el cumplimiento de los programas y obligaciones de reforestación por aquellas personas que no hayan dado cumplimiento a los estudios de Impacto Ambiental, o a los Planes de Manejo, en fin para el control de los PML, el MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL deberá coordinar con el MINISTERIO DE DEFENSA y éste deberá apoyarlo mediante la prestación del SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO AMBIENTAL, que será administrado por las entidades territoriales en la forma y en los términos preceptuados en el artículo 102 de la Ley 99 de 1993. Con los mismos propósitos y en cumplimiento de esta orden y según las prescripciones del artículo 101 Ibídem, el GOBIERNO NACIONAL deberá proceder a tomar las medidas necesarias para la creación o mayor cobertura del cuerpo de POLICÍA NACIONAL AMBIENTAL dentro de toda el área de la CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ Y SUS AFLUENTES, de acuerdo con las razones expuestas en el punto 6.5.10.; ll) En orden a propiciar y controlar los procesos de producción más limpia de las curtiembres de VILLAPINZÓN y CHOCONTÁ, los MUNICIPIOS DE VILLAPINZÓN y de CHOCONTÁ con cargo a sus recursos y/o con la coordinación y cofinanciación del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA, quien tendrá bajo su responsabilidad la dirección y el cumplimiento de esta orden, la que también con cargo a su presupuesto gestionará los programas de producción más limpia dando prioridad a esta problemática, y con los buenos oficios de los MINISTERIOS DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR, dentro del término máximo de un año (1) contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberán cofinanciar todas las obras de infraestructura que requieran dichos procesos de producción más limpia bajo -si es del caso- el sistema de COOPERACIÓN DEL GREMIO DE LAS CURTIEMBRES, según las directrices trazadas en la parte motiva de esta sentencia, procurando para aquellos que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas en atención a la precariedad de sus patrimonios y que se ubican dentro de la ZONA DE RONDA DEL RÍOBOGOTÁ, subsidiarles los planes de vivienda en un término que no podrá sobrepasar de un año contado a partir de la notificación de este fallo. Por su parte, aquellos, deberán acatar las órdenes de la autoridad ambiental en lo tocante a los programas de producción más limpia, so pena de su exclusión de la cooperativa y el desalojo inmediato. De otro lado, quienes no se encuentren dentro de este último grupo, esto es los que de acuerdo con su declaración de renta estén en capacidad de costear sus propias viviendas deberán ser desalojados de la zona de ronda en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia; pero deberán ser incluidos dentro de los Programas de Producción Más limpia de que trata este aparte. En ningún caso habrá lugar a la compra o indemnización de predios que se encuentren dentro de la zona de ronda por tratarse de bienes de propiedad de la Nación y de uso público que ilegalmente fueron invadidos a sabiendas por los que en ellos se encuentran viviendo y adelantando sus procesos de producción de curtición y de los cuales se han usufructuado en detrimento del medio ambiente; m) Bajo las mismas directrices y en cumplimiento de las misma orden, el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ -DAMA, dentro del término máximo de un (1) año, deberá proceder en coordinación con los ministerios acabados de señalar a implementar, coordinar y poner en funcionamiento el PARQUE DE COEFICIENTE INDUSTRIAL DE LAS CURTIEMBRES DE SAN BENITO o en su lugar, implementar en cada una de las industrias los Procesos de Producción más Limpia. De igual manera, los industriales del Ramo deberán proceder en el sentido anotado, so pena del cierre de sus industrias. El tribunal por conducto del respectivo Comité de Vigilancia seguirá cada paso o trámite para el cumplimiento de las órdenes que se imparten en este literal como en el anterior, con el control de resultados mes a mes, para lo cual las respectivas autoridades Municipios, Departamento, CAR, DAMA y los respectivos ministerios deberán exhibir la correspondiente documentación so pena de la apertura del incidente de desacato; n) Los municipios de las Cuencas Alta y Media, en especial la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de conformidad con los POT, velarán por la recuperación y por la protección de las Zonas de Ronda de las quebradas y afluentes de que dan cuenta las pretensiones, como las del RÍO BOGOTÁ en los términos dispuestos en la parte motiva de este fallo; ñ) De conformidad con lo dispuesto en el punto 6.5.1.9. Los municipios y el Distrito capital deberán expedir dentro del término máximo de seis (6) meses la reglamentación de los usos del suelo; o) De acuerdo con lo señalado en el punto 6.5.8. la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como las CONTRALORÍAS DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL DEBERÁN PROCEDER A EJERCER EL CORRESPONDIENTE CONTROL DE LOS RECURSOS CON DESTINO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL PREVISTOS EN LA LEY por parte de los entes públicos involucrados en la presente acción; p) En atención a lo dispuesto en el punto 6.5.9.6. los diferentes gremios de la producción que ejercen actividades en la CUENCA DEL RÍOBOGOTÁ Y SUS AFLUENTES deberán ingresar a los procesos de producción más limpia que promuevan la CAR y el DAMA en los respectivos territorios de su jurisdicción; q) ORDÉNASE a los MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DE MINAS Y ENERGÍA, DE COMERCIO EXTERIOR, DE AGRICULTURA y de EDUCACIÓN, al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN para que planeen y ejecuten coordinadamente con el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL todos los programas relacionados con las funciones adscritas en el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, según los términos consignados en el punto 6.5.2.; r) ORDÉNASE a la CAR y al DAMA conformar el grupo de GUARDABOSQUES según lo previsto en el POMCO y de acuerdo con lo expresado en el punto 6.5.10.; s) Los Municipios deberán dar cumplimiento a las sentencias dictadas por este tribunal sobre la optimización de los mataderos y plantas de faenado en el término que en ellas se dispuso, como también las de aquellos municipios que no han sido objeto de la interposición de Acciones Populares sobre la materia y que estén contaminando las aguas con los residuos ruminales; t) La CAR, el DAMA y la EAAB y los Municipios deberán velar por la adecuada destinación de los recursos para la adquisición de los predios en orden a proteger las fuentes hídricas. La Contraloría General de la Nación, la Contraloría del Distrito Capital y Departamental deberán ejercer el control fiscal en forma oportuna con el fin de que los recursos destinados para el saneamiento ambiental de los ríos y quebradas no se dispersen, atendiendo a que la descontaminación es actividad prioritaria. u) Los Alcaldes Locales del Distrito Capital DEBERÁN controlar los vertimientos según las órdenes impartidas en el punto 6.10.15; v) El FONDO NACIONAL DE REGALÍAS y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 6.16.3. sobre las transferencias por concepto de regalías a los municipios y al Distrito Capital, debiendo pagar lo que hasta la presente adeudan a estos entes en los términos señalados en la parte motiva. Así también, dicho Ministerio deberá realizar las transferencias de Ley 715 correspondientes al 41% del Propósito General a los municipios de la Cuenca Alta, Media y Baja del RÍO BOGOTÁ, como al Distrito Capital; x) Todos los entes involucrados en la presente acción deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 6.5.4.7. respecto a la autorización por la MESA REGIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO RÍO BOGOTÁ Distrito Capital-Departamento de Cundinamarca y del Tribunal para adelantar nuevas investigaciones teniendo en cuenta la innovación tecnológica que se presente y que contribuya al saneamiento del RÍO BOGOTÁ y del EMBALSE DEL MUÑA.

    CUARTO: DECLÁRASE que la descontaminación del RÍO RÍO BOGOTÁ y sus afluentes de que dan cuenta las pretensiones y del EMBALSE DEL MUÑA, también comprende la ejecución de las siguientes obras que fueron materia de análisis y aprobación en los respectivos pactos de cumplimiento como por la MESA DE SOLUCIÓN TÉCNICA INTEGRAL PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ que para el efecto se llevó a cabo con la intervención de todos los técnicos expertos que representaron a cada uno de los entes públicos demandados, como se da cuenta en la parte motiva: a) Diseño, construcción y ejecución de los PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO en todos los municipios de las Cuencas Alta, Media y Baja, en la forma y dentro de los términos señalados en los respectivos pactos de cumplimiento de los municipios y del Distrito Capital de Bogotá, para lo cual se aprueban las diferentes propuestas de los pactos de cumplimiento, en todo caso la construcción de las redes de alcantarillado y de los interceptores no podrá sobrepasar del año 2009, por lo cual, las que se hubieren proyectado con posterioridad a ese año, deberán ajustarse a lo aquí dispuesto. Con relación a los municipios de la Cuenca Baja, que no concurrieron al proceso, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en atención a las funciones que se le asignan en el artículo 64 de la Ley 99 de 1993, deberá promover, coordinar y cofinanciar, con el apoyo de la Nación-Ministerio del Medio Ambiente si es del caso (a falta de la suficiencia de los recursos de los entes municipales de esta cuenca), los diseños y la ejecución de sus respectivos planes maestros de acueducto y alcantarillado en un plazo que no podrá, igualmente, exceder del año 2009. b) Los municipios como el Distrito Capital deberán proceder a la separación de las redes pluviales de las de alcantarillado desde el mismo momento de su diseño y así ejecutarán sus planes maestros. Para aquellos donde se han construido en forma mixta deberán proceder a separarlas, una vez se haya cumplido con las metas de cobertura de acueducto y alcantarillado; c) Dentro del término máximo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de presentación en audiencia de su pacto de cumplimiento, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA deberá realizar las obras y mejoras que requieren las Plantas de Tratamiento de su propiedad que tiene instaladas en los municipios de que da cuenta la parte motiva de este fallo para colocarlas en capacidad de tratar en óptimas condiciones el efluente residual que cada una de esas localidades esté vertiendo a las mismas y, los municipios deberán comenzar a operarlas con cargo a sus tarifas y recursos inmediatamente la CAR dé cumplimiento a lo aquí dispuesto, de acuerdo con lo aprobado respecto de este punto en las audiencias de discusión de los respectivos pactos, presentados por ésta como por aquellos. En todo caso, en orden a garantizar la operación y mantenimiento de las PTAR, la CAR, podrá contratar un solo operador regional, con el cobro de las tarifas respectivas a los municipios y, estos, a su vez, podrán incluir este pago con cargo a las tarifas de acueducto y alcantarillado de los usuarios de acuerdo con lo prescrito en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004; ch) El IDEAM deberá realizar la caracterización física, química y biológica a la entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales de propiedad de la CAR, luego de ser puestas en óptimas condiciones para entregar a los municipios; d) Los municipios deberán construir las plantas de tratamiento que se requieran para dar total cobertura al tratamiento de sus aguas residuales en un término que no podrá sobrepasar del año 2009. En todo caso, el Municipio de Villapinzón deberá proceder en el término máximo de los tres (3) años siguientes a la fecha de la notificación de la presente sentencia a construir su planta de tratamiento de aguas residuales, según los términos previstos en el punto 6.9.7. e) Como parte de las alternativas de solución técnica ofrecidas o propuestas por parte del DISTRITO CAPITAL-DAMA-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (además del diseño y ejecución de todo su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Capital de Bogotá que se consideran son parte integrante de la medida de que trata el literal a) de este aparte de la resolutiva), APRÚEBASE la AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SALITRE para tratar un efluente no inferior a una capacidad de 8 m3/s, la construcción de los INTERCEPTORES SALITRE-TUNJUELO, FUCHA-TUNJUELO, la ESTACIÓN ELEVADORA TUNJUELO, el INTERCEPTOR TUNJUELO-CANOAS, la ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS, la PLANTA DE TRATAMIENTO CANOAS BAJO EL TRATAMIENTO PRIMARIO QUÍMICAMENTE ASISTIDO y con la capacidad para tratar el efluente que determine el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL al conceder la respectiva licencia ambiental y, la construcción del INTERCEPTOR CANOAS ALICACHÍN. El distrito Capital-EAAB a largo plazo deberá proceder hacia el tratamiento terciario de las aguas tal y como se prescribe en la parte motiva de este fallo; f) APRÚEBASE EL PACTO DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ Y POR LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA "EMGESA" en los términos señalados en su propuesta de pacto y aprobados por las partes, con la siguiente modificación respecto a la operación de las obras del embalse: EMGESA y la EEB deberán asumir la operación y mantenimiento de las obras a que se refiere el numeral 6.10.4.3. (Dragado y disposición de lodos, Operación y mantenimiento de sistemas de aireación, Cosecha y disposición de buchón), de la siguiente manera: la primera hasta el año 2007 y la segunda hasta el año 2009. En adelante la CAR, el MUNICIPIO DE SIBATÉ y por los demás MUNICIPIOS que reciben transferencias de EMGESA o del sector eléctrico, destinarán un porcentaje atendiendo al monto de los recursos que cada uno percibe, descontado el que les corresponde aportar para la operación y mantenimiento de la PTAR CANOAS en la forma como se dispone en la parte motiva de esta sentencia y hasta tanto la EAAB asuma el costo por este concepto. g) APRÚEBASE el Pacto de Cumplimiento presentado por la CAR con la aclaración como se indicó en la respectiva audiencia, que el cumplimiento de la obligación de que trata el Parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, esto es del 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o sobretasa del impuesto predial y otros gravámenes a la propiedad inmueble, deberá destinarse en los términos dispuestos en esta sentencia; h) EL DRAGADO del RÍO BOGOTÁ Y DE SUS AFLUENTES correrá con cargo a los recursos de la EAAB, de la CAR del MAVDT y del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA en la forma señalada en el punto 6.18. de la parte motiva de este fallo.

    QUINTO: Así mismo, las obras sobre las que trata el literal e) del ordinal anterior, se construirán en el siguiente término y con cargo a las siguientes entidades y recursos: a) Para los efectos de la construcción del interceptor TUNJUELO - CANOAS para el cual la EAAB no lo tiene proyectado dentro de las tarifas, el DISTRITO CAPITAL deberá realizar una transferencia de recursos superior al 30% del 41% del Propósito General, de tal forma que alcance a cubrir su terminación; b) La misma transferencia deberá continuar haciendo una vez se haya construido dicho interceptor dentro del plazo convenido en la propuesta de pacto y aprobado por el tribunal, en un porcentaje que no podrá ser inferior al 50% del 41% del Propósito General, con destino a la construcción de la Planta de Tratamiento de Canoas y para su posterior operación y mantenimiento, hasta tanto la EAAB pueda asumir su costo con cargo a las tarifas; Para tales efectos se conminará a la NACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para que cumpla en forma oportuna Y SIN DILACIONES con la obligación de transferir al Distrito los recursos de la Ley 715 del Propósito General; c) Siendo insuficientes los anteriores recursos para la construcción de la PLANTA ELEVADORA DE CANOAS, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CANOAS y el interceptor CANOAS ALICACHÍN, su costo debe ser cubierto no solo con las transferencias de ley 715 por parte del Distrito acabada de señalar, sino con las transferencias que la CAR debe hacer al DISTRITO CAPITAL por el 50% del Predial, previa deducción de los costos de ampliación de la PTAR SALITRE, y en lo que reste, serán los recursos por tasa retributiva incluida en las tarifas de la empresa prestataria del servicio proyectados al año 2009, los que deben quedar afectos para su construcción para lo cual deberá constituirse un FONDO CUENTA con todos los recursos que en forma oportuna deberán trasladar las entidades involucradas. En ese orden, teniendo en cuenta la magnitud de las obras que la EAAB está emprendiendo y debe ejecutar en un lapso que no puede sobrepasar al año 2009, se requiere para la aprobación de los correspondientes créditos, que la NACIÓN preste su aval a la empresa en orden a obtenerlos, que como se previó para el Contrato 015 pueden acudir a la pignoración de tales rentas proyectadas en los años según el precio de las mismas, que permita la pronta consecución de los recursos con los que deben ejecutarse las obras. El pago de los réditos de la deuda se hará con cargo a los recursos de la Nación teniendo en cuenta que todos las entidades demandadas han cohonestado con su actuar omisivo a la agravación del daño ecológico como ampliamente ha quedado analizado en esta sentencia, por lo que todas deben contribuir con sus recursos a la restauración de las fuentes de agua afectadas tal y como lo prevé el artículo 34 de la Ley 472 de 1998; d) De igual manera, para efectos de la operación y el mantenimiento de la PTAR CANOAS se hará con cargo a los recursos por Ley 715 del Distrito Capital que perciba después del año 2009, y con las transferencias del sector eléctrico a la CAR y a los municipios, especialmente Sibaté que recibe un porcentaje mayor que los demás, de la siguiente manera: El Distrito Capital aportará el 50% del 41% del Propósito General, la suma que reste del precio de la operación descontado dicho porcentaje será cubierta por partes iguales por la CAR, el MUNICIPIO DE SIBATÉ y por los municipios que reciben las transferencias, considerados estos últimos como una sola parte para efectos de dividir en tres partes el saldo; e) Una vez pagada la deuda por concepto de la construcción de la PTAR CANOAS, la EAAB asumirá su operación y mantenimiento con cargo a las tarifas como lo prevé el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004 y con el apoyo de los recursos acabados de señalar.

    SEXTO: Igualmente, APRUÉBANSE LOS PACTOS DE CUMPLIMIENTO presentados por las INDUSTRIAS ETERNIT COLOMBIANA S.A., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., S.A., ALPINA, GRUPO SIDERÚRGICO DIACO, STANTON & CIA S.A., ESPUMADOS S.A., PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A., EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES EMCOCABLES S.A., con la ejecución de las obras y en los términos en ellos propuestas. Respecto de CRISTALERÍA PELDAR, REFISAL y MALTERÍAS DE COLOMBIA S.A DECLARASE que si bien no existen unas propuestas concretas son empresas que deberán continuar con sus procesos de producción hacia la certificación de la Norma ISO 14001. Con la misma observación y en atención al tratamiento de sus aguas residuales DECLÁRASE que la COMPAÑÍA NACIONAL DE VIDRIOS S.A., no vierte sus aguas residuales hacia el río Bogotá sin tratar. En cuanto a las sociedades PROTEÍNAS Y ENERGÉTICOS DE COLOMBIA S.A., DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS LTDA. Y UNIABASTOS EN LIQUIDACIÓN TIÉNESE como probada la actuación que sobre sus procesos de producción reposa en la CAR, la que deberá continuar con el control ambiental a estas industrias bajo las metas señaladas. RECHÁZASE la nulidad interpuesta por el MAVDT.

    SÉPTIMO: DECLÁRASE como no probada la excepción de COSA JUZGADA que interponen la CAR, EMGESA y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA y NIÉGANSE LA DENUNCIA DEL PLEITO Y LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA que incoan la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA "EMGESA" respectivamente. Respecto de la OBJECIÓN POR ERROR GRAVE al dictamen pericial presentado por los auxiliares FABIO ROBERTO PÉREZ y JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, como respecto al señalamiento de sus honorarios ESTÉSE a lo dispuesto en el punto 6.17, según las motivaciones de este fallo.

    OCTAVO: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, dentro de los límites de su competencia, DEBERÁN REVISAR y READECUAR las funciones que desarrollan el MAVDT y LA CAR como autoridades ambientales con el fin de asegurar la ejecución de las políticas y programas ambientales, según las consideraciones señaladas en los puntos 6.I.3.3., 6.I.3.4. y 6.I.3.5. Así mismo, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, como suprema autoridad administrativa de la política ambiental que ocupa el primer lugar dentro del SINA DEBERÁ VELAR por el cumplimiento de esta sentencia, para lo cual, dentro de los límites de su competencia podrá acudir hasta el mecanismo de la declaratoria del Estado Emergencia Ecológica, según las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

    NOVENO: ABSUÉLVANSE de las pretensiones a la COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE, al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de acuerdo con las motivaciones; así mismo a la SOCIEDAD BOGOTANA DE AGUAS SUEZ LYONNAISE DES EAUX DEGREMONT E.S.P. S.A., respecto de la cual el cumplimiento del contrato 015 corresponderá al Juez Contencioso Administrativo a cuya competencia está adscrita el examen de legalidad, como también la tiene para el contrato de concesión que para el efecto se celebró y se compulsarán copias de las piezas procesales pertinentes con destino a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen el detrimento que al fisco se ha causado, como las conductas ilícitas en que se haya podido incurrir, según las razones expuestas en el punto 6.22. de este fallo.

    DÉCIMO: CONSTITUYESE EL COMITÉ para la verificación del cumplimiento de esta sentencia con las personas y fundaciones que se relacionan en la parte motiva de esta providencia.

    DÉCIMO PRIMERO: FÍJESE como incentivo para cada uno de los mencionados actores la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, cuyo pago corre en el porcentaje y a cargo de las entidades de que da cuenta la parte motiva de esta sentencia. NIÉGANSE las demás indemnizaciones de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de este fallo.

    DUODÉCIMO: ORDÉNASE la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional a cargo del DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, quien podrá repetir contra los demás demandados por los costos de la misma. ÁBRASE cuaderno separado de copias de esta sentencia para efectos de llevar a cabo la audiencia para la conformación del comité de vigilancia y control para el cumplimiento de los pactos. En auto separado se señalará fecha para la misma.

    DÉCIMO TERCERO: Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMÍTASE al Defensor del Pueblo copia de la presente decisión" (fls. 470 a 496, cdno. 9.1, Mayúsculas y negrillas fijas del original).

Como se advirtió en el sub lite se trata de los procesos acumulados AP-Nos. 2001-90479, 2001-0428, 2000-0122 y 2001-0343.

ANTECEDENTES

I
ANTECEDENTES DE LAS DEMANDAS ACUMULADAS

1.1. ACCIÓN POPULAR 25000-23-27-000-2001-0479-01
ACTOR: GUSTAVO MOYA ÁNGEL

I.I.1. DEMANDA

El señor GUSTAVO MOYA ÁNGEL, en ejercicio de la acción popular prevista en el articulo 1005 del Código Civil, presentó demanda el 1° de octubre de 1992 ante los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá contra la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ (fls. 1 a 10, cdno. 1), con miras a lograr la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y la protección de los derechos de los usuarios, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

    "PRIMERA. -- Declare que como consecuencia de los vertimientos y almacenamiento de aguas negras efectuadas por la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ sobre el denominado "Embalse del Muña", ubicado en jurisdicción del Municipio de Sibaté, Departamento de Cundinamarca, se han producido los siguientes daños y perjuicios a la comunidad:

    1. Se ha dañado de manera grave el medio ambiente y los elementos del espacio público en las áreas circunvecinas, en especial las aguas y el oxígeno, elementos vitales para la comunidad.

    2. Daño en la salud de los usuarios y habitantes de la región, en tanto que las malas condiciones fitosanitarias han determinado la ocurrencia de un alto índice de enfermedades.

    3. Daño a las personas en sus patrimonios, en tanto que las malas condiciones del medio ambiente han demeritado el debido aprovechamiento de sus bienes y por lo tanto afectado su valor comercial.

    SEGUNDA - Que en consecuencia, se condene a la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ a realizar las obras necesarias para dar el debido tratamiento a las aguas que almacena en el "Embalse del Muña", de manera que se evite el perjuicio que viene ocasionando sobre el ambiente, el espacio público y los residentes y vecinos de la región.

    TERCERA - Que se ordene a la demandada, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1005 del Código Civil Colombiano, recompensar al actor con una suma que no sea inferior de la décima parte ni exceda la tercera parte del valor de las obras necesarias que la demandada tenga que realizar, para efectuar el previo tratamiento de las aguas negras que deposita en el "Embalse del Muña".

    CUARTA - Que se condene en costas a la entidad demandada" (fls. 64 y 65, cdno. 1. Mayúsculas y negrillas del original).

I.I.2. HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. El "Embalse del Muña" se encuentra situado en el extremo sur de la sabana de Bogotá, sobre el costado oriental del rió Bogotá, en jurisdicción del Municipio de Sibaté - Departamento de Cundinamarca. El mismo se formó con las aguas de los rios Muña y Aguas Claras.

2. En toda la región aledaña al embalse se presenta contaminación ambiental causada por el bombeo y almacenamiento de aguas negras por parte de la EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA DE BOGOTA (E.E.B.), por lo que se ha generado un foco de infecciones en perjuicio de la salud de los residentes, especialmente de la población infantil.

3. La E.E.B. conocedora del grave daño que se está ocasionando a la comunidad de Sibaté, ordenó estudios dirigidos a diagnosticar la solución del problema, los cuales apuntan a la construcción y el montaje de plantas de tratamiento de aguas negras antes de ser depositadas en el mencionado embalse, sin que hasta la fecha de la demanda se hubiese emprendido una sola obra.

I.I.3. ACTUACIONES SURTIDAS ANTE EL JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL DEL CIRCUITO Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA

Realizado el reparto respectivo de la demanda impetrada por el señor Gustavo Moya Ángel, le correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito, quien admitió la demanda y ordenó la notificación a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ E.E.B. (fl. 17, cdno. 1).

Surtida la anterior diligencia, la accionada en su escrito de contestación propuso las excepciones previas denominadas "falta de jurisdicción y competencia e inepta demanda", las cuales fueron declaradas probadas mediante proveido del 13 de julio de 1993. Inconforme con la decisión el actor interpuso recurso de apelación ante el superior, el cual fue resuelto a través del auto de 7 de julio de 1997 (fls. 5 a 13, anexo 3, bis 5), en el sentido de revocar en todas sus partes el auto en mención y, en su lugar, declarar no probadas las excepciones formuladas.

En la misma providencia la Sala Civil del Tribunal Superior ordenó, de una parte, notificar al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE sobre la existencia del proceso y, de otra, citar a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA NACIONAL S.A. como llamado en garantia.

En atención a lo decidido, el Juzgado Segundo Civil del Circuito a través del auto fechado el 8 de septiembre de 1997 (fl. 72, cdno. 1) dispuso la notificación al Ministerio del Medio Ambiente y, en lo concerniente al llamamiento en garantia, ordenó reanudar el término de suspensión con el fin de hacer la respectiva citación. Las actuaciones fueron cumplidas mediante notificación de 27 de abril de 1998 (fls. 87 a 94, cdno. 1) y citación de 9 de octubre de 1997 (fls. 23 a 29, anexo 3, bis 6).

En escrito separado el representante judicial de la E.E.B. denunció el pleito a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, UBATÉ Y SUÁREZ, toda vez que de acuerdo con el articulo 4°, literales d, e y f de la Ley 3ª de 1961, ésta es la competente para regular e implementar todas las politicas encaminadas a la descontaminación de las aguas (fls. 1 a 4, anexo 3, bis 4). Con fundamento en el inciso 2° del articulo 54 del C.P.C., el Juzgado le concedió el término de cinco (5) dias para que aportara el certificado de representación legal del demandado so pena de rechazo (fl. 5, anexo 3, bis 4).

Posteriormente, a través del auto fechado el 20 de octubre de 1998 y con ocasión del fallecimiento del señor GUSTAVO MOYA ÁNGEL, el Juzgado Segundo ordenó la citación al proceso de la cónyuge supérstite - SARA MARIELA PARRAGA (fls. 126, cdno. 1) la cual concurrió al proceso a través del representante judicial que venia actuando como apoderado del actor (fls. 127 y 128, cdno. 1).

Por auto de 15 de enero de 1999, se abrió a pruebas el proceso, se decretaron y practicaron unos testimonios, se ordenó una inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de la Empresa de Energia Eléctrica de Bogotá y una al Embalse del Muña con intervención de peritos (fls. 129 y 130, cdno. 1).

Estando pendiente la culminación de la práctica de la prueba pericial y en atención a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público, mediante auto calendado el 5 de julio del año 2001 (fls. 486 y 487, cdno. 1), la juez de conocimiento dispuso remitir por competencia el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Posteriormente, la Sección Cuarta Corporación, en auto fechado el 31 de la mencionada de agosto de 2001 (fls. 305 a 307, cdno. 1), decidió avocar conocimiento de la acción popular instaurada por el señor Moya Ángel, al considerar que la competencia varió con ocasión de las reglas establecidas en la Ley 472 de 1998, en la misma se decidió conservar la validez de todo lo actuado tal y como lo dispone el articulo 21 del C.P.C.

En el numeral segundo de la parte resolutiva del mencionado auto, el Tribunal señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO a que hace referencia el articulo 27 de la Ley 472 de 1998 (fl. 307, cdno. 1). Al efecto se libraron las siguientes citaciones: al apoderado de la parte actora (fl. 309, cdno. 1), al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (fl. 310, cdno. 1), a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ (fl. 311, cdno. 1), a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. y a la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA - EMGESA S.A., ésta última en atención a la petición realizada previamente por la E.E.B. (fls. 282 a 284, cdno. 1).

Llegado el dia señalado por el a-quo (17 de septiembre de 2001), se constituyó la audiencia en presencia de los citados (fls. 319 a 323, cdno. 1), en la misma se resolvió vincular a EMGESA S.A. en su condición de litisconsorte necesario para lo cual se ordenó correrle traslado de la demanda con su respectivos anexos. Asimismo y de acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público se ordenó la vinculación del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD, del DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, del DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA y del MUNICIPIO DE SIBATÉ, como también de todos los entes territoriales que de acuerdo con la certificación que se allegará por la E.E.B. se encontraren en la rivera de la cuenca del rioBogotá, tales como VILLAPINZÓN, CHOCONTÁ, SUESCA, SESQUILÉ, GACHANCIPÁ, TOCANCIPÁ, ZIPAQUIRÁ, SOPÓ, CAJICÁ, CHÍA, COTA, FUNZA y SOACHA (fls. 351 y 352, cdno. 1).

I.2. ACCIÓN POPULAR AP-No.2001-0122

ACTORES: MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARCÍA Y JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA

I.2.1. DEMANDA

Mediante escrito presentado el 29 de julio de 2000 ante la Secretaria General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 26, cdno 1.1), los señores MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARCÍA y JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA, en ejercicio de la acción popular consagrada en el articulo 88 de la Constitución Politica, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentaron demanda contra los MINISTERIOS DEL MEDIO AMBIENTE, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, SALUD, DESARROLLO ECONÓMICO, MINAS Y ENERGÍA, EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL -DNP-, EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "IDEAM", LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA "CAR", EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, EL MUNICIPIO DE SIBATÉ, EL MUNICIPIO DE SOACHA, LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA S.A. "EMGESA S.A.", EL DISTRITO CAPITAL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.P.S, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la seguridad y salubridad pública, que estiman vulnerados.

En auto de 28 de febrero de 2002 (fl. 703, cdno. 1 bis), el juez constitucional de instancia decretó la acumulación del expediente No. 2000-0122 al proceso No. 2001-90479, toda vez que ambos se relacionan con los vertimientos y almacenamientos de aguas negras efectuadas por la Empresa de Energia Eléctrica de Bogotá en el denominado Embalse del Muña.

I.2.2. HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. La contaminación de la Represa del Muña es un problema ambiental grave que sale del ámbito local para tener una connotación de orden Nacional, Departamental y Municipal, representando un peligro para la vida de los habitantes de las zonas de influencia.

2. El rio Bogotá se ha convertido en la última década en lugar donde se depositan toda clase de vertimientos, sin que hasta la fecha exista autoridad ambiental alguna que se haya preocupado por buscar una solución integral al mismo.

3. Se trata de un grave problema de contaminación que afecta al Rio, generando en consecuencia la total desaparición del oxigeno disuelto y la capacidad de autodepuración, lo cual hace que sus aguas sean anóxicas y ambientalmente incompatibles con cualquier tipo de uso.

4. El problema se ha generado principalmente con el desarrollo del Distrito Capital, de los municipios del área de su influencia y de las industrias ubicadas a lo largo del trayecto desde su nacimiento hasta la desembocadura al rio grande.

5. La sociedad Emgesa S.A. toma las aguas del rio Bogotá y las vierte directamente a la Represa del Muña sin ningún tipo de tratamiento primario, secundario y mucho menos terciario, por lo que se trata del origen y la causa directa del grave daño ambiental de la represa.

4. No existe una politica de Estado frente a la contaminación del rio Bogotá. Se carece de control efectivo sobre el vertimiento de las aguas por parte de las industrias y la población. Todo ello ha convertido al Rio en una "cloaca", sin capacidad de depuración, y lo ha inutilizado como corredor vial, sin que hasta la fecha exista acto administrativo, ni judicial que obligue a las entidades demandadas a ejecutar una solución concreta e integra para solucionar el problema.

I.2.3. PRETENSIONES

Los accionantes persiguen:

    1. Que se declare que las entidades demandadas por acción o por omisión son directa y solidariamente responsables del desequilibrio y el grave daño ecológico ambiental actual de la REPRESA DEL MUÑA, con ocasión de la contaminación por los vertimientos directos efectuados por el sistema de bombeo de las aguas negras del rio Bogotá (Clasificadas como Clase C), sin ningún tipo de tratamiento previo, lo cual ha ocasionado perjuicios graves al medio ambiente, asi como a los cuerpos de agua que la alimentan (rio Muña y aguas claras); la desaparición de la flora y fauna acuática de la represa; suelo, al aire, a la salud, y que atentan directamente a la población en general del Municipio de Sibaté y a los habitantes del área de su influencia.

    2. Que se (sic) como consecuencia de lo anterior se condene solidariamente a los demandados a reparar el grave daño ambiental ocasionado dentro del término prudencial que se llegue a establecer y se les ordene la recuperación total del ecosistema biótico de la REPRESA DEL MUÑA y especialmente los rios Muña, Aguas Claras, afluentes de la misma; su entorno paisajistico; su preservación como zona de especial protección ambiental y patrimonio natural del Departamento de Cundinamarca y de la Nación: para que se enmarque dentro de un desarrollo sostenible de la Región, y que redunde en el restablecimiento de los derechos colectivos ambientales vulnerados y que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas directamente perjudicadas; partiendo de los Estudios de Impacto Ambiental efectuados hasta la fecha, por los diferentes organismos que se lleguen a acreditar dentro de la actuación y los que en el curso del proceso sean necesarios hacer.

    3. Que se condene solidariamente a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados con ocasión del grave daño ambiental denunciado, a favor de las personas directamente afectadas y a las que lleguen a demostrarlo en concreto y/o los que se lleguen a establecer por medio de peritos idóneos que solicito se designen, teniendo en cuenta los daños ambientales causados hasta la fecha de la admisión de esta acción popular por parte del Despacho, en concordancia con lo establecido en el inciso primero del art. 34 de la Ley 472/93.

    4. Que se condene solidariamente a los demandados al pago de costas y gastos del proceso, y demás condenas si ha (sic) ello hubiere lugar" (fl. 446, cdno. 1 bis).

I.2.4. COADYUVANCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO -REGIONAL CUNDINAMARCA

En escrito visible a folios 665 a 667 del expediente (cdno. 1.1.), la Defensoria del Pueblo coadyuvó en el proceso de la referencia.

Manifestó que tal y como lo establece el articulo 24 de la Ley 472 de 1998, la Defensoria tiene la obligación de proteger y defender los derechos e intereses de la comunidad.

Precisó que los hechos y pretensiones tienen soporte real en el sentido de que efectivamente existe un desequilibrio y grave daño ecológico a la represa del Muña, lo anterior en razón a los vertimientos directos efectuados por el sistema de bombeo de las aguas negras del rio Bogotá, sin ningún tratamiento previo, causando perjuicios graves, desapareciendo la flora y la fauna acuática de la represa, suelo, aire y afectándose la salud de los habitantes de esa jurisdicción.

La intervención fue admitida a través de la providencia fechada el 9 de julio de 2001 (fl. 677, cdno. 1.1.)

I.3. ACCIÓN POPULAR Núm. 2000 - 0428

ACTOR: JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ

I.3.1. DEMANDA

En escrito visible a folios 8 a 19 del expediente (cdno. 1.2) el señor JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ presentó demanda de acción popular el 4 de agosto de 1999, contra el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B.- E.S.P., con miras a lograr la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública, previstos en los literales a) y g), del articulo 4° de la Ley 472 de 1998, que estima vulnerados.

I.3.2. HECHOS

Los hechos en que se fundamenta la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. La Sabana de Bogotá se encuentra bañada por el rio Bogotá, alimentado por varios rios, que se ha venido deteriorando como consecuencia del vertimiento de aguas negras en su cauce, con gran irresponsabilidad "de nuestros administradores".

2. Las alcaldias locales han otorgado permisos para la construcción de viviendas e instalación de industrias en las zonas de ronda que le cambian el uso al suelo, o por medio de conductas omisivas, han permitido violar la Constitución y también el uso de rios y quebradas.

3. La "E.A.A.B" ha utilizado y permitido el uso del rio Bogotá, alimentado por otros rios como receptores y conductores de aguas servidas (domésticas e industriales). También ha tutelado su utilización con los mismos fines por urbanizadores legales e ilegales, a unos autorizándolos y a otros simplemente permitiéndoles la utilización con idénticos propósitos.

4. Algunos de los daños generados para cada una de las localidades bañadas por los rios y quebradas, son: problemas de deforestación, movimiento de tierras por la extracción, sedimentos y pérdida del suelo, contaminación por residuos sólidos, depósitos de basuras domésticas, de materiales de construcción y desperdicios de los talleres de mecánica, desaparición del ecosistema, tala de árboles, incendios forestales, invasión de rondas y urbanizaciones, aguas negras generadas por industrias cargadas de sustancias quimicas grasas, aceites, y plásticos.

I.3.3. PRETENSIONES

El actor pretende:

    a. Que los demandados SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., persona jurídica de derecho público, creada por ley y reconocida por la Constitución Política de Colombia, representada por el señor Enrique Peñalosa Londoño, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residencia en la carrera 8a No. 10 - 65 de esta ciudad, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B., persona jurídica de derecho público del orden Distrital, residenciada en la calle 22C No. 40 - 99 de esta ciudad, representada por el señor Daniel Boada Salazar, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residenciado en la calle 22c No. 40 - 99 de esta ciudad, son responsables de la contaminación ambiental de los ríos, el río Bogotá, su principal arteria fluvial y medio de navegabilidad, el cual era a su vez alimentado por los ríos Salitre, Arzobispo, San Francisco, San Agustín, San Cristóbal, Tunjuelito, Fucha, Juan Amarillo y río Negro, al igual que las quebradas de Torca, La Floresta, La Cita, San Cristóbal, Delicias, el Carmen, Contador, la Chorrera, La Vieja, Rosales, Chicó, Las Delicias, de San Diego, San Dionisio Norte, Manzanares, Monserrate, Quebradas del Zuque, Yomasa, Santa Librada, Bolonia, Chiguaza (la Pichoza), El Alañadero, la Taza, la Trompeta, la Limas, Quebrada de San Juanito, Quiba, Trompetas, Mochuelo, la Estrella, El infierno, Calderón, Bebedero y Aguas Calientes, Hierbabuena, Chuscal, los cuales constituía (sic) una gran hoya hidrográfica, al realizar en forma directa vertimientos de aguas residuales (domésticas e industriales) en los precitados ríos y quebradas, como también al permitir que los distintos urbanizadores legales e ilegales, con el beneplácito o sin éste, los utilizaran como zona de descargue de aguas domésticas e industriales, lo cual trajo como consecuencia: la contaminación de las aguas, la pérdida del nivel freático, el vaso y cauce de las precitadas corrientes, pérdidas de sus rondas, lugares de amortiguación y ecosistemas, pérdida del caudal de los ríos y quebradas anteriormente relacionadas, colmatación de las aguas negras como consecuencia de las partículas en suspensión y material de arrastre transportado en cada uno de ellos, alteración ostensible al medio ambiente.

    b. Que los demandados SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., persona jurídica de derecho público, creada por ley y reconocida por la Constitución Política de Colombia, representada por el señor Enrique Peñalosa Londoño, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residencia en la carrera 8a No. 10 - 65 de esta ciudad, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B., persona jurídica de derecho público del orden Distrital, residenciada en la calle 22 C no. 40 - 99 de esta ciudad, representada por el señor Daniel Boada Salazar, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residenciado en la calle 22c No. 40 - 99 de esta ciudad, son responsables de la contaminación ambiental de los ríos, el río Bogotá, su principal arteria fluvial y medio de navegabilidad, el cual era a su vez alimentado por los ríos Salitre, Arzobispo, San Francisco, San Agustín, San Cristóbal, Tunjuelito, Fucha, Juan Amarillo y río Negro, al igual que las quebradas de Torca, La Floresta, La cita, San Cristóbal, Delicias, el Carmen, Contador, la Chorrea, La Vieja, Rosales, Chicó, Las Delicias, de San Diego, San Dionisio Norte, Manzanares, Monserrate, Quebradas del Zuque, Yomasa, Santa Librada, Bolonia, Chiguaza (la Pichoza), El Alañadero, la Taza, la Trompeta, la Limas, Quebrada de San Juanito, Quiba, Trompetas, Mochuelo, la Estrella, El infierno, Calderón, Bebedero y Aguas Calientes, Hierbabuena, Chuscal al cambiar y permitir que se cambiara el uso del suelo de las rondas al igual que permitiendo y/o tuteando la construcción de complejos Urbanísticos e industriales en la zona de influencia de las aguas de estos ríos e incluso permitiendo la invasión de las mismas, con claro peligro para la vida y bienes de esas personas, la cual trae consigo:

    -Que las personas no se respetara (sic) los cuerpos de aguas como un bien de uso público.

    -Que se levanten edificaciones en zonas de uso público (rondas y zonas de influencia de los mismos (30 metros acuerdo 06 de 1990).

    -Que de hecho y de derecho se cambiara el uso del suelo sin el lleno de los requisitos de ley.

    -Que se produzcan deslizamientos y agrietamientos de unidades habitacionales enteras con graves perjuicios para el patrimonio de los moradores y de la misma demanda Santa Fe de Bogotá como de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá E.A.A.B.

    c. Que los demandados SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., persona jurídica de derecho público, creada por ley y reconocida por la Constitución Política de Colombia, representada por el señor Enrique Peñalosa Londoño, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residencia en la carrera 8a No. 10 - 65 de esta ciudad, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B., persona jurídica de derecho público del orden Distrital, residenciada en la calle 22 C no. 40 - 99 de esta ciudad, representada por el señor Daniel Boada Salazar, mayor de edad, vecino de Santa Fe de Bogotá, residenciado en la calle 22c No. 40 - 99 de esta ciudad, son responsables de la contaminación ambiental de los ríos Bogotá, su principal arteria fluvial y medio de navegabilidad, el cual era a su vez alimentado por los ríos Salitre, Arzobispo, San Francisco, San Agustín, San Cristóbal, Tunjuelito, Fucha, Juan Amarillo y río Negro, al igual que las quebradas de Torca, La Floresta, La cita, San Cristóbal, Delicias, el Carmen, Contador, la Chorrea, La Vieja, Rosales, Chicó, Las Delicias, de San Diego, San Dionisio Norte, Manzanares, Monserrate, Quebradas del Zuque, Yomasa, Santa Librada, Bolonia, Chiguaza (la Pichoza), El Alañadero, la Taza, la Trompeta, la Limas, Quebrada de San Juanito, Quiba, Trompetas, Mochuelo, la Estrella, El infierno, Calderón, Bebedero y Aguas Calientes, Hierbabuena, Chuscal, al utilizarlos como medio de transporte de aguas lluvias y servidas (domésticas e Industriales) en forma mezclada, destruyendo el paisaje como el entorno de los mismos, al igual que los reservorios naturales, los cuales le servían como mecanismos de amortiguación en caso de inundación con clara protección para su mismo entorno en caso de inundaciones o desbordamientos de éstos, por cuya conducta se ha visto afectado el medio ambiente por:

    -Mayor peligro para la población ribereña. -Incremento en los índices de morbilidad de los ciudadanos ribereños, al igual que la potencialidad para adquirir enfermedades infectocontagiosas de la población ribereña. -Mayores riesgos para la población ribereña al tutelar la invasión de sus rondas y zonas de influencia.

    -Cambio en el uso del suelo en forma fáctica de su parte, lo que a su vez indujo a que se procediera a rellenarse los sitios de amortiguación de las cuencas.

    -El deslizamiento de tierras y derrumbe de viviendas, agrietamientos de casas y como consecuencia, pérdida de vidas y bienes (Quebrada del Zuque y la Pichosa) donde hubo más de 10 muertos.

    d. Que como consecuencia de las anteriores responsabilidades se le condene a:

    I. Abstenerse de realizar nuevos vertimientos de aguas servidas en los ríos y quebradas.

    II. Se ordene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B., a que recupere el nivel freático y su cauce en cada uno de los ríos y quebradas.

    III. Se le ordene a la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, que incluya dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial - POT, como en el Plan de Ordenamiento Territorial de cada una de las Alcaldías Locales la recuperación de los ríos que la bañan al igual que las quebradas que tributan en estos y de los ecosistemas de cada uno de ellos, como mecanismo de protección de estos cuerpos de agua, necesarios para el sistema hídrico de la Ciudad, por ser éstos el medio natural de amortización de las aguas lluvias y de las cuencas que atraviesan la Sabana de Bogotá.

    IV. Se condene a los demandados a recuperar el espacio físico de cada uno de los ríos: demoliendo lo construido en ellos, reabriendo su vaso, ordenando se proceda a su amojonamiento, teniendo en cuenta su zona de influencia y una franja de protección mínima de 30 metros como lo establece el Acuerdo 6/90, por constituirse ésta igualmente en espacio público, readquiriendo los terrenos si esto se hace necesario, realizando el acotamiento correspondiente a cada chucua, humedal o cuerpo hídrico antes relacionado.

    V. Adecuarlos hidráulicamente al punto que los ríos Bogotá y Tunjuelito y las quebradas que los tributan pueden desbordarse, recuperándolos junto con sus lugares de amortiguamiento que permita el drenaje de las aguas, sin que se le cause daño a las personas o a sus bienes.

    VI. Que se le ordene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado a recuperar y mantener no solo los cauces sino los nacederos de los mismos como elemento fundamental de ellos.

    e. Que se separe las aguas lluvias de las aguas negras por diferentes colectores, vertiendo las primeras a los ríos señalados y las segundas en planta de tratamiento para ser arrojados posteriormente a los ríos.

    f. Que se ordene a la Empresa preservar lagunas como Boca Negra, laguna Grande, de los Tunjos o Latona, y las represas o embalses de Chisacá y la Regadera, las cuales constituyen hoy por hoy las fuentes hídricas de la Sabana y de la cual se nutre el Acueducto de Santa Fe de Bogotá.

    g. A pagar a nuestro (sic) poderdantes los derechos de que tratan los artículos 1.005 y 2.360 del C.C. concordantes con el artículo 132 del Decreto 2.303 de 1989 y demás normas concordantes, como las costas judiciales, si se oponen a la demanda" (fls. 8 a 10, cdno. I.2.)

I.4. ACCIÓN POPULAR AP-No.2001-0343

ACTORES: MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ Y NICOLÁS DÍAZ ROA

I.4.1. DEMANDA

Los señores MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ y NICOLÁS DÍAZ ROA, actuando en nombre propio, interpusieron el 12 de junio de 2001 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acción popular contra los MINISTERIOS DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, SALUD y de EDUCACIÓN NACIONAL, el DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "IDEAM", EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA "CAR", EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LOS MUNICIPIOS DE CHOCONTÁ, VILLAPINZÓN, SUESCA, SESQUILÉ, GACHANCIPÁ, TOCANCIPÁ, LA CALERA, SOPÓ, CAJICÁ, ZIPAQUIRÁ, CHÍA, COTA, TABIO, TENJO, y EN CONTRA DE PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES QUE SE LLEGUEN A DETERMINAR, con miras a lograr la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, el goce del espacio público, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad pública, previstos en los literales a), c), d), g) y j) del articulo 4° de la Ley 472 de 1998, que estima vulnerados.

I.4.2. HECHOS

Los hechos en que se fundamenta la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. El rio Bogotá, nace en la Laguna del Valle, ubicada en el Páramo de Guachaneque, en el Municipio de Villapinzón a 3200 msnm.

2. A lo largo de 89 kilómetros, desde su nacimiento hasta Tibitoc, recibe las aguas de los rios Tejar, Sisga, Neusa, San Francisco, Negro, Barandillas, Teusacá, Frio, Chicú, cada uno recibe el aporte de diferentes quebradas, entre otras Sosa, Masato, San Pedro, Quincha, Guagüita, Piedra Gorda, Aposentos, de la jurisdicción del Municipio de Villapinzón; June, en Suesca, La Venta y Los Árboles en Sesquilé. Durante su trayecto sufre cambios asi:

  • DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN recibe vertimientos de las aguas residuales domésticas e industriales, sin tratamiento previo provenientes de la población, del matadero Municipal y de las curtiembres. La ronda del Rio se encuentra deforestada, sin ningún sistema de alcantarillado público. Cuenta con un relleno sanitario construido a cielo abierto por la CAR donde no se le está dando tratamiento adecuado a los residuos sólidos, lo que constituye otro factor de contaminación al medio ambiente de la región.
  • DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ sigue recibiendo las descargas de aguas residuales porque cuenta con una ineficiente planta de tratamiento implementada por la CAR.
  • DEL MUNICIPIO DE SUESCA, recibe los vertimientos de las aguas residuales y de escorrentia provenientes de minas de carbón, ladrilleras, y los vertimientos de una pasteurizadora, pues su planta de tratamiento no cumple con los parámetros de eficiencia.
  • DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, recibe los vertimientos de las aguas negras y residuales de los cultivos de flores, minas de carbón y aguas del embalse del rio Tominé, porque las lagunas de oxidación existentes permiten que los parámetros del vertimiento sobrepasen los limites permisibles, pues no son lo suficientemente idóneas a pesar de que la CAR manifiesta que ha invertido cuantiosas sumas de dinero. Además se arrojan toneladas de residuos sólidos.
  • DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, se vierten directamente aguas residuales, los residuos del matadero y de la población, porque no tiene planta de tratamiento ni zanjones de oxidación.
  • DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ recibe aguas negras y las areneras, asi como los vertimientos de la planta de Termozipa por cenizas de la combustión del carbón bituminoso, pues no funciona el sistema de tratamiento de aguas residuales, ni el secado de lodos.
  • DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, recibe vertimientos de aguas residuales domésticas al rio Teusacá, que a su vez es tributario del rio Bogotá.
  • DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, recibe olores nauseabundos de los zanjones de oxidación y vertimientos finales arrojados al rio sin observancia de la normatividad ambiental.
  • LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ, CHÍA, TABIO Y TENJO, descargan sus aguas residuales en el rio Chicú, afluente del rio Bogotá, por lo que contribuyen igualmente a su contaminación.
  • La CAR y el Municipio de Villapinzón han suscrito convenios interadministrativos implementando obras de construcción para plantas de tratamiento de aguas residuales. Posteriormente la CAR informó al Municipio la imposibilidad de desarrollar el proyecto, sin aclaración en ese sentido, demostrando la falta de seriedad, coordinación en la planeación, y el despilfarro de los dineros públicos.
  • En la Cuenca Alta es ostensible el daño ambiental en la flora, fauna acuática, agua, y el perjuicio causado a los habitantes de los territorios aledaños a la ronda del rio.

I.4.3. PRETENSIONES

Los accionantes persiguen:

    PRIMERO. -Que se declare que las entidades demandadas por acción o por omisión son directa y solidariamente responsables del grave deterioro y daño ecológico ambiental que sufre el rio Funza (Bogotá) en la cuenca alta, y sus afluentes (especialmente las quebradas Sosa, del Masato, San Pedro, Quincha, Guangüita, Aposentos, Piedra Gorda, de la jurisdicción del Municipio de Villapinzón, quebrada June del Municipio de Suesca, rio Tejar del Municipio de Chocontá), durante todo el trayecto comprendido desde su nacimiento del rio(Laguna del Valle - Páramo de Guachaneque), hasta la planta de tratamiento de Tibitoc, con ocasión de la contaminación por vertimientos domésticos e industriales producidos por las Entidades Territoriales demandadas y los productos agroindustriales utilizados sin control en la agricultura, que de manera directa son arrojados sin ningún tipo de tratamiento previo, lo cual ha ocasionado graves perjuicios al medio ambiente y a los cuerpos de agua que lo alimentan; causando igualmente un grave desequilibrio ecológico en todo su trayecto, con lo cual se está destruyendo no sólo la via acuática, sino afectando gravemente todo el ecosistema y principalmente el medio ambiente (agua, suelo y aire) y que atentan directamente el ecosistema de la sabana y a los habitantes del área de influencia de la cuenca, quienes junto con los demás habitantes del Departamento y de la Nación, tienen el derecho fundamental de gozar de un ambiente sano.

    SEGUNDO.- Que como consecuencia de lo anterior se condene solidariamente a los demandados a reparar el daño ambiental ocasionado y se ordene la recuperación de la cuenca alta del rio Bogotá, dentro del término prudencial que se llegue a establecer y en consecuencia se les ordene:

    2.1. La recuperación total del ecosistema biótico de la cuenca alta del rio Bogotá y especialmente los afluentes del mismo.

    2.2. Se les ordene determinar alinderar el corredor periférico o ronda del Rio, en el área que se llegue a establecer de manera concertada con sus propietarios y se restablezca el entorno paisajistico.

    2.3. Se les ordene su preservación como corredor y zona de especial protección ambiental y patrimonio natural del Departamento de Cundinamarca y de la Nación; para que se enmarque dentro de un desarrollo sostenible de la Región y pueda ser un corredor turistico y de transporte fluvial y que redunde en el restablecimiento de los derechos colectivos ambientales vulnerados, con repercusión del mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas directamente perjudicadas, partiendo de los Estudios de Impacto Ambiental efectuados hasta la fecha, por los diferentes organismos que se lleguen a acreditar dentro de la actuación y los que en el curso del proceso sean necesarios hacer.

    2.4. Se les ordene efectuar las obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar, o reparar las condiciones del medio ambiente afectado (medidas de corrección Art. 1 Dcto. 1753/94), en consecuencia se les ordene la construcción y puesta en marcha de sistemas de tratamientos de las aguas residuales domésticas e industriales (Plantas de tratamientos) a las Entidades Territoriales demandadas; principalmente a los Municipios de Villapizón y Chocontá, estas se realicen dentro de los predios que conforman el Distrito Sanitario de Villapinzón y Chocontá, el cual asi fue declarado por la Entidad Ambiental demandada y los cuales están hoy totalmente abandonados.

    2.5. Se les ordene efectuar la recolección municipal de los residuos liquidos, por medio de tuberias y conductos que sean separadas de las aguas lluvias y se conduzca directamente a las plantas de tratamiento; es decir se construya el sistema de alcantarillado de los Municipios demandados y principalmente los de Villapinzón y Chocontá, con la observancia y el cumplimiento de las normas que existan para tal efecto.

    2.6. Se les ordene a las Entidades demandadas delimitar y alinderar, y amojonar el área que constituye la rivera del Rio Funza o Bogotá desde su nacimiento hasta la planta de Tibitoc, que constituye la cuenca alta y se ordene a quien legalmente le corresponda, se adelanten las acciones administrativas o judiciales, necesarias a fin de recuperar el espacio público que dicha área constituye, como bien de uso público exclusivo, y se le ordene a las personas que la ocupan, sean reubicadas y/o indemnizadas previo la aplicación del proceso de expropiación administrativo o judicial respectivo a quienes ostenten titulos de derecho de dominio; o se efectúe su recuperación mediante un programa de concertación, utilizando los mecanismos de participación ciudadana, toda para que dicha área sea recuperada y se constituya en un corredor paralelo al Rio de especial protección del Estado y como futura fuente de recreación pasiva y contemplativa para el Departamento y en beneficio de toda la Nación.

    TERCERO. - Que se declare que los Municipios demandados están obligados a pagar la tasa retributiva, establecida en el Decreto No. 1594 de 1984 del Ministerio de Salud, en el Decreto 901 de 1997, y reglamentadas en las Resoluciones Nos. 273 de 1997 y 372 de 1998, del Ministerio del Medio Ambiente, con ocasión de los vertimientos puntuales, por las descargas de aguas residuales domésticas e industriales arrojados directamente el rio Bogotá, sin ningún tipo de tratamiento previo, que sobrepasan los limites permitidos en dicha normativa y que se llegue a establecer pericialmente en esta acción pública, dentro del periodo comprendido entre el 1° de enero de 1995 o desde la fecha que pericialmente se llegue a establecer la existencia de dicha obligación y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia de esta acción popular.

    CUARTO. - Que como consecuencia de la anterior o similar declaración, se condene a los Municipios demandados y/o a las personas naturales y juridicas e indeterminadas que se lleguen a vincular en tal calidad, a pagar a favor de la entidad ambiental CAR dentro del término prudencial que el Despacho determine, las sumas de dinero que pericialmente se lleguen a establecer por concepto de las tasas retributivas dejadas de pagar desde el 1 de enero de 1995 y/o desde la fecha que se llegue a determinar y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a esta acción popular y/o se apruebe el pacto de cumplimiento, en la proporción legal que les corresponde; para lo cual deberán tener en cuenta los peritos que se solicitan designar, lo expresamente establecido en el Decreto No. 1594 de 1984 del Ministerio de Salud, el Decreto 901 de 1997, y en las Resoluciones Nos. 273 de 1997 y 372 de 1998, del Ministerio del Medio Ambiente y demás normas concordantes.

    QUINTO. - Que se condene solidariamente a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la grave contaminación al medio ambiente y principalmente al rio Funza o Bogotá, por los vertimientos domésticos e industriales que los Municipios demandados arrojan sin ningún tipo de tratamiento previo; sin contar con los permisos de vertimientos, ni de concesión de aguas y por cuanto las Entidades Territoriales demandadas no están pagando los tasas retributivas por la utilización de las aguas, las cuales están consagrados (sic) en la ley ambiental y fueron reglamentadas por el Gobierno Nacional, y además por la omisión de la Entidad Ambiental CAR, al no estar cobrándolas; indemnización en beneficio de la Entidad Ambiental CAR, al no estar cobrándolas; indemnización en beneficio de las personas directamente afectadas y/o a quienes lleguen a acreditar perjuicios y demostrarlos en concreto en esta acción pública, los cuales deberán ser establecidos por medio de peritos idóneos que solicito se designen a la fecha de ejecutoria de la sentencia que se profiera por parte del Despacho, en concordancia con lo establecido en el inciso primero del art. 34 de la Ley 472/98.

    SEXTO. - Que se condene solidariamente a los demandados que resulten responsables, a pagar a favor de la parte actora los incentivos consagrados en la Ley, en razón de esta acción popular.

    SÉPTIMO. - Que condene solidariamente a los demandados que resulten responsables al pago de las costas y gastos del proceso, si hubiere lugar a ello" (fls. 6 y 7, cdno. 1.3).

II .
ACTUACIONES DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO - CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Notificadas del auto admisorio de la demanda, las personas vinculadas al proceso y contra quienes se dirigió el libelo inicial contestaron la demanda en los términos que se resumen a continuación:

ACCIÓN POPULAR 25000-23-27-000-2001-90479-01

ACTOR: GUSTAVO MOYA ÁNGEL Y OTROS

LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ

Admitió unos hechos y negó otros y, en suma, respondió que la empresa construyó el Embalse del Muña hace 50 años con el objeto de tener una reserva de agua para poderla utilizar en la medida que el caudal del río Bogotá, no fuera suficiente para la generación de energía en las plantas hidroeléctricas instaladas en el Salto, Laguneta y Mesitas del Colegio.

Adujo que la contaminación a que se refiere el demandante no es por causa del Embalse del Muña, sino por el agua del río Bogotá, el cual, 50 años después de construido el embalse, se ha convertido en una cloaca, producto de los residuos químicos que las fábricas y las industrias arrojan a su lecho, así como por las aguas negras de los alcantarillados de los distintos municipios por donde pasa, incluyendo las del Distrito Capital de Bogotá. Todo lo cual demuestra, 50 años después, que la construcción del embalse no es una acción reciente, sino el fruto de una planeación efectiva y funcional.

Con relación a la afirmación del actor sobre la no ejecución de obras para solucionar el problema, puso de presente que la E.E.B. en coordinación con el alcalde del Municipio de Sibaté, delegados de la Procuraduría General de la Nación y de la CAR, han realizado trabajos para buscar la descontaminación del agua que se toma del río y que es almacenada en el Embalse del Muña, como consta en la comunicación 3856683, que el jefe de la División de Protección Ambiental de la EEB, envió al asesor para Asuntos Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, el 20 de Agosto de 1992.

El problema no son las aguas del Embalse del Muña, sino las aguas del río Bogotá, y tal recuperación debe ser propósito Nacional. La solución se logra tal como lo mencionó el accionante con el montaje de plantas purificadoras de las aguas del río Bogotá y que no son funciones de la E.E.B. Por consiguiente la E.E.B., no es directamente responsable y sin embargo el día 6 de diciembre de 1991, firmó con la CAR el Convenio No.5709, en cual ésta se comprometió a ejecutar los estudios, obras e interventoría para la reforestación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente.

Como excepciones de mérito interpuso la que denomina como inexistencia de la obligación, basada en que de acuerdo con los literales d, e y f, de la Ley 3a de 1961 es la CAR quien debe adelantar las obras pretendidas.

II.1.2. DISTRITO CAPITAL- DAMA

El Director de la oficina de Asuntos Judiciales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en condición de representante judicial del Distrito Capital - Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, al contestar la demanda puso de presente que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, la representación judicial del mismo está en cabeza del Alcalde Mayor de Bogotá, quien en ejercicio de su función la delegó en dicha dirección, por lo que ni las secretarías ni los departamentos administrativos, tienen capacidad procesal para ser parte y comparecer al proceso, habida cuenta que no tienen personería jurídica, como es caso del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente "DAMA"(fls. 718 a 729).

Precisó que la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, a través del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente cumple las funciones relacionadas con la protección del medio ambiente, dentro del perímetro urbano de la ciudad, zona esta distinta al Embalse del Muña.

En tal sentido, adujo que las pretensiones del actor van dirigidas a la protección y recuperación del Embalse del Muña, territorio sobre el que no tiene competencia el Distrito Capital, por lo que nada le consta en relación con los hechos que se le atribuyen a la E.E.B, y con respecto a la vinculación oficiosa que hiciera el Tribunal, expuso que si lo que se persigue es la descontaminación del río Bogotá, al no indicarse ningún tipo de responsabilidad por acción u omisión en el auto que lo vincula, se está invirtiendo el régimen de responsabilidad de la Administración, por ende la carga de la prueba.

Por lo anterior, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la vinculación oficiosa del Distrito Capital, argumentando no es la parte llamada a responder por el objeto de la reclamación, pues carece del presupuesto y la competencia para intervenir en la preservación del Embalse del Muña, dado que su competencia por razón del territorio se circunscribe únicamente al perímetro urbano.

Con relación al tema de la contaminación del río Bogotá, señaló que de conformidad con el Acuerdo 19 de 1994 y el Decreto 673 del 8 de noviembre de 1995, es el DAMA la máxima autoridad ambiental dentro del perímetro urbano, sin embrago, resaltó que existe responsabilidad mancomunada de la colectividad, además de que en consonancia con el Acuerdo 06 del 8 de mayo de 1990 y según el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA SANTAFÉ DE BOGOTÁ, adoptado mediante el Decreto 619 de 28 de julio de 2000, artículo 26 parágrafo 2°, es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado la responsable de demarcar las rondas y zonas de manejo del Río.

11.1.3. SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ

La Secretaría de Salud de Bogotá a través de apoderado, contestó la demanda en los mismos términos que el Distrito Capital acerca de su falta de capacidad para obrar en el proceso, la cual, señaló, radica en el Alcalde Mayor de Bogotá.

En cuanto al tema de sus funciones, invocó los artículos 12 de la Ley 10 de 1990, 35 del Acuerdo 1421 de 1993 y 3° del Acuerdo 06 de 1990, para indicar que en coordinación con la Empresa De Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, controla la calidad del agua para consumo humano en el Distrito Capital, función que no extiende a los municipios aledaños.

Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 8° del citado Acuerdo de 1996 los temas ambientales competen al DAMA, razón por la cual propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta de competencia.

11.1.4. EMGESA S. A. E.S.P.

La empresa, obrando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la acción popular por carecer de sustento fáctico y jurídico, además de argumentar que no realiza ningún tipo de vertimiento al Embalse del Muña, sino que su actividad consiste en trasvasar parcialmente las aguas del río Bogotá al embalse por medio de bombeo, con el fin exclusivo de usarlas en el proceso de generación de energía eléctrica en sus centrales, por tanto, lo que determina la existencia de impactos ambientales en la zona de influencia es la calidad del agua, cuyo deterioro tiene como causa los vertimientos directos de aguas residuales de Bogotá y Soacha, así como el impacto que recibe el Río a la altura del corredor de Villapinzón-Chocontá, donde convergen las aguas residuales producto del proceso de curtiembre de más de 160 tenerías, las descargas del río Negro y de algunas industrias que no disponen de sistema de tratamiento, y después de atravesar el Distrito Capital, las descargas de los ríos Juan Amarillo o Salitre, Fucha y Tunjuelo.

Agregó que después de recorrer 80 kilómetros, el río llega en iguales condiciones de contaminación al Puente Canoas (Alicachín), donde es trasvasado parcialmente al Embalse del Muña.

Finalmente, como excepciones de mérito propuso las que denominó uso apropiado y controlado de las aguas del río Bogotá, cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables, manejo técnico de los impactos ambientales, inexistencia de evidencia científica de daño ambiental por parte de los demandantes y caducidad de la acción.

II.1.5. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-

Por conducto de apoderado que al efecto constituyó, la Corporación afirmó haber iniciado procesos sancionatorios contra la mayoría de las empresas, y la implementación de programas para la recuperación del Embalse del Muña, con su respectivo seguimiento y control (fls. 1750-1754 c.p.No.3).

Como excepciones propuso la inexistencia del incumplimiento por omisión imputable a la -CAR- y la improcedencia de la acción popular en su contra.

11.1.6. MUNICIPIO DE SIBATÉ

Obrando a través de apoderado, en el escrito de contestación consideró que le que le fue notificada una demanda que relata hechos e invoca normas diferentes a las del procedimiento actual, esto es, la Ley 472 de 1998, razón por la cual le era imposible desvirtuar pretensiones que no tenían conducencia con el municipio, además de que ya había sido vinculado en una Acción Popular con radicado No. 00-0122, que se adelantaba en el despacho del Magistrado CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, y respecto de la cual solicitó la acumulación para un mejor proveer.

Afirmó que se encontraba adelantando la contratación y el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto de la población como del matadero municipal.

11.1.7. MUNICIPIO DE CHÍA

Al contestar la demanda se opuso a las prensiones de la misma, indicando que no era posible desvirtuar pretensiones que no tenían conducencia actual, y proponiendo como excepción el "errado rumbo procesal de la acción", con fundamento en tres hechos significativos:

1. Involucrar como parte pasiva al Municipio de Chía, a pesar de ser ajeno a la acción;

2. Desconocer las obligaciones a cargo de la CAR y de la E.E.B;

3. Asignar la responsabilidad solidaria de la E.E.B, la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente y del Municipio de Sibaté.

Como excepción propuso la "ILEGITIMIDAD POR PASIVA DEL MUNICIPIO", argumentando que conforme a lo señalado por la oficina de Planeación Municipal de Chía, la laguna de oxidación con que cuenta esa localidad, está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Almeidas), entidad especializada en materia ambiental y de naturaleza supramunicipal.

Luego hizo referencia a las funciones que de acuerdo con la Ley 99 de 1993 le competen al Ministerio del Medio Ambiente, al Consejo Nacional Ambiental y a las Corporaciones Autónomas Regionales, para concluir que la contaminación de la Represa del Muña no es una problemática local, y en razón de ello bien pudo el Departamento de Cundinamarca intervenir de manera efectiva y anterior, conforme lo dispone el artículo 64 de la precitada ley.

11.1.8. MUNICIPIO DE FUNZA

Al contestar la demanda, el ente territorial por conducto de su apoderado, manifestó que no ostenta la calidad de demandado, sino que concurre en razón de la citación que se hace de la referida pieza procesal.

Expuso que no es el causante de la contaminación del río Bogotá, pues desde su nacimiento, y de manera especial a partir del Municipio de Villapinzón, inicia su vertiginosa profanación, que resulta más gravosa en el recorrido de su cauce, llegando a dicha localidad ya no como un Río sino como una de las cloacas más contaminadas del universo, con lo cual no solo el Municipio de Sibaté resulta afectado, sino todos los ribereños del cauce, razón por la que manifestó coadyuvar la petición de la demanda en lo referente a la descontaminación no solo de la Laguna del Muña, sino también de toda la corriente hídrica, ordenando a todas las entidades particulares como oficiales, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, hacer cesar los actos perturbatorios.

11.1.9. MUNICIPIO DE SOPÓ

Por conducto de su apoderado judicial, el ente territorial adujo que la demanda se funda en hechos y normas disímiles a las del procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998, y agregó que le es imposible desvirtuar las pretensiones dado que no tienen conducencia con dicho municipio.

Sostuvo que no tiene nada que ver con el Embalse del Muña, por lo cual propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el principio de legalidad de la actuación pública, según el cual a los servidores públicos sólo les es dado realizar los actos previstos en la Constitución, la Ley o los Reglamentos, es decir, no puede el ente territorial asumir responsabilidades ajenas a su jurisdicción y competencia.

Propuso la excepción de prescripción de la acción, argumentando que la construcción del Embalse del Muña había tenido lugar en el año de 1945, es decir, ya habían transcurrido más de 20 años de la ocurrencia de los hechos relacionados con el vertimiento de las aguas al Río Bogotá.

Asimismo como excepción la inexistencia de la obligación a cargo del municipio, indicando que según lo previsto en los literales d, e y f del artículo 4° de la Ley 3 de 1961, corresponde a la CAR realizar las obras que pretende el accionante, además la Ley 99 de 1993 establece que dicha entidad funge como autoridad ambiental, y como tal le compete el manejo ambiental y la ejecución de una estrategia integral de saneamiento de la cuenca del río Bogotá.

Por último puso de presente que viene dando manejo técnico y regulado a los impactos ambientales sobre las aguas vertidas al río Bogotá, razón por la cual no debe endilgársele responsabilidad directa por la contaminación de la fuente hídrica.

11.1.10. MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

El Alcalde Municipal obrando como representante legal del municipio, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que no tiene ninguna injerencia en el manejo y operación del Embalse del Muña, a diferencia de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (propietaria del embalse), el Distrito Capital (principal fuente de contaminación del río Bogotá), el Ministerio del Medio Ambiente, la CAR de Cundinamarca (de acuerdo con la Ley 99 de 1993 le corresponde promover acciones para controlar el problema ambiental a través de los diferentes instrumentos que la legalmente establecidos), el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; motivos que lo llevaron a proponer como excepción la inexistencia de la obligación en cabeza del municipio y a radicar la responsabilidad de la recuperación del Embalse del Muña, en cabeza de terceros.

11.1.11. MUNICIPIO DE SOACHA

En la contestación de la demanda, el apoderado del municipio propuso como excepción la INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, argumentando que no es dicho ente territorial el responsable del almacenamiento y vertimiento de aguas negras al Embalse del Muña.

No obstante, expuso que el Alcalde Municipal ha venido actuando de manera efectiva en lo que tiene que ver con la problemática del río Bogotá, y la prueba de ello es que dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2000) se proyectó la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se dispuso un área en el sector rural (vereda Canoas). Además, dentro del Plan de Desarrollo 2001-2003 (Acuerdo No. 13 de 31 de mayo de 2001), en el componente relacionado con el Manejo, Protección y Recuperación de los Recursos Naturales y el Ambiente, se proponen cuatro estrategias consistentes en el fortalecimiento, reglamentación, gestión e investigación, con el objeto de lograr un verdadero equilibrio ecológico.

II.1.12. MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

Al pronunciarse sobre la acción popular, el apoderado judicial del municipio manifestó no oponerse a la prosperidad de los pedimentos de los accionantes, en relación con las empresas o entidades que pudieran llegar a tenerse como responsables del deterioro ambiental.

Expuso que en el Plan de Desarrollo, Esquema de Ordenamiento Territorial y Presupuesto del año 2002, el municipio se comprometió a desarrollar planes, programas y proyectos con el fin de evitar y restablecer eventuales daños ecológicos y ambientales, especialmente en el río Funza y la cuenca alta y sus afluentes.

Así las cosas, adujo que no puede imputársele omisión alguna o grado de responsabilidad al ente territorial por la contaminación ambiental de la región afectada, toda vez que ha adelantado diferentes proyectos encaminados a la recuperación del río Bogotá.

Adicionalmente, sostuvo que el municipio ha asumido una actitud diligente en relación con la mitigación del impacto ambiental, y por ello debe despacharse en forma desfavorable cualquier pretensión de la demanda que se quiera hacer extensiva a él.

II.1.13. MUNICIPIO DE MADRID

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de la entidad territorial precisó que el municipio no está ubicado en la ribera del río Bogotá, por lo cual no debió notificársele de la demanda. En consecuencia, solicitó que el contradictorio fuera integrado por las entidades que conforman el SINA, entre otras, el Ministerio del Medio Ambiente y el Presidente de la República, quienes de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, son los encargados de coordinar la política para la conservación del medio ambiente.

II.1.14. MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

Llegado el momento de contestar la demanda, el municipio, obrando a través de apoderado, solicitó declarar la responsabilidad de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, por el daño grave que ha causado al medio ambiente y a los componentes del espacio público en dicho municipio, especialmente el oxígeno en los sectores de Santa Marta, como consecuencia de los vertimientos y el depósito de aguas negras en el Embalse del Muña, lo cual termina afectando la salud de la población, por lo cual consideró que debe ser recompensado a costa del querellado.

II.1.15. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

Al contestar la acción impetrada, el municipio se opuso a la totalidad de las pretensiones, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvo que la demanda se sustenta en hechos derivados de acciones u omisiones, en los que no ha participado.

Manifestó que el Embalse del Muña no está ubicado en jurisdicción de Zipaquirá, y por lo mismo, el municipio no tiene injerencia en su mantenimiento.

Adicionalmente propuso la excepción de inexistencia de la obligación a cargo del municipio, pues a su juicio, la entidad responsable de la protección y manejo de la cuenca del río Bogotá, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca "CAR", en calidad de autoridad ambiental.

No obstante, afirmó que la acción del municipio para la protección del medio ambiente y específicamente del río Bogotá, ha contemplado desde hace varios años programas puntuales para evitar la contaminación de los recursos hídricos, que junto con el control y vigilancia de la CAR, han disminuido el impacto ambiental.

Finalmente, propuso la excepción de prescripción de la acción al considerar que de conformidad con los hechos y antecedentes, la acción instaurada en 1992 se encontraba prescrita, pues hablan transcurrido más de veinte (20) años del proceso de vertimiento y almacenamiento de aguas en el Embalse del Muña.

11.1.16. MUNICIPIO DE MOSQUERA

Al contestar la demanda se opuso a las pretensiones de la acción popular por considerarlas ajenas al municipio, además de no tener el menor nexo con los hechos relatados en la demanda respecto del Embalse del Muña.

Adujo que la E.E.B. ha propiciado el bombeo de aguas contaminadas del río Bogotá al embalse, situación que resulta ajena a la voluntad del ente territorial, y al no existir inmediatez entre la causa y el efecto de los hechos aquí demandados, no hay lugar a endilgarle responsabilidad.

11.1.17. ETERNIT COLOMBIANA S.A, LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., CONALVIDRIOS S.A., REFISAL S.A., CERVECERÍA LEONA S.A., ALPINA S.A.

Pese a ser representadas por un mismo apoderado, este se pronunció respecto de cada una de ellas, en los siguientes términos:

11.1.17.1. ETERNIT COLOMBIANA S.A., LIQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., CONALVIDRIOS S.A.

Afirmó que la contaminación del Embalse del Muña no es consecuencia directa ni indirecta de la labor que sus poderdantes desarrollan, sino que procede, presuntamente, de la Empresa de Energía de Bogotá (EMGESA) por acción, con ocasión del "bombeo y almacenamiento de aguas negras en el embalse" provenientes del río Bogotá; y de la autoridad ambiental (CAR) por omisión, "al permitir dicha actividad sin ejercer sus funciones de control y seguimiento", situación que no puede trasladarse a las empresas del sector.

Asimismo afirmó la imposibilidad de atribuir a sus representadas conductas negligentes o arbitrarias en materia de contaminación del Embalse del Muña, pues según dijo, en la actualidad no realizan vertimientos ni descargas de aguas o desechos allí, además de que tanto éstas como otras empresas, resultan afectadas por la contaminación de dicho embalse.

11.1.17.2. REFINADORA DE SAL S.A. "REFISAL" y CERVECERÍA LEONA S.A.

Aparte de hacer referencia a las mismas razones que adujo respecto de sus demás representadas, el señor apoderado indicó que no puede atribuírsele conducta negligente o arbitraria en materia de contaminación del Embalse del Muña a estas empresas, por cuanto sus instalaciones no se encuentran en las proximidades del mismo, y tampoco vierten ni descargan aguas o desechos allí, sumado a ello el acatamiento de las normas y requerimientos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR-.

II.1.17.3. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. "ALPINA"

Señaló que las instalaciones de esta empresa no se encuentran en las proximidades del embalse y, en consecuencia, tampoco vierte ni descarga sus aguas o desechos en él. Además ha acatado las normas y requerimientos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca "CAR", en materia de vertimientos.

En cuanto al llamamiento en garantía, el apoderado de dichas empresas (ETERNIT COLOMBIANA S.A., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., CONALVIDRIOS, REFINADORA DE SAL S.A., CERVECERÍA LEONA S.A., ALPINA S.A.), estimó su improcedencia, por cuanto según la Ley 472 de 1998 en este caso no existe ni legal, ni contractualmente, un vínculo que ligue a los demandados iniciales con sus poderdantes, así como tampoco existe obligación de indemnizar con fundamento en la ley o en un contrato.

En tal sentido, precisó que no procede la vinculación de sus representadas como demandadas, por cuanto los elementos que configuran la responsabilidad en materia colectiva no se presentan y no existe un nexo de causalidad que ligue la actividad que desarrollan con la contaminación del embalse, ni mucho menos con la construcción y operación del mismo para generación eléctrica utilizando aguas del río Bogotá.

Planteó que debe estudiarse con cuidado el tema de la causa que origina la responsabilidad y frente a dicho estudio consideró que existirían dos posibles hipótesis: la primera entender que la causa de la contaminación del Embalse del Muña es la contaminación del río Bogotá, y la segunda, que la causa de la contaminación es la actividad de EMGESA al utilizar las aguas contaminadas del río Bogotá para procesos de generación eléctrica, producto de la omisión de las autoridades ambientales.

Finalmente, propuso respecto de sus poderdantes las siguientes excepciones: ausencia de legitimidad activa, conducta legítima de las demandadas, ausencia de daño ambiental, ausencia de nexo causal, responsabilidad de un tercero, falta de jurisdicción y competencia.

II.1.18. ESPUMADOS S.A.

Señaló su apoderado, que la sociedad está en capacidad de probar que no vierte al río Bogotá y mucho menos a la laguna del Muña, ninguna clase de aguas que pudieren afectar o contaminar el medio ambiente.

Precisó que ESPUMADOS S.A. no tiene la capacidad de efectuar la construcción de obras de infraestructura para atender la petición principal de la demanda, y por lo tanto, si la contaminación de la laguna es o ha sido responsabilidad de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá D.C., es ella la llamada a responder.

Aseguró que no hay norma que obligue a una empresa particular, ni capital privado vinculado a empresa alguna que pueda enmendar la situación del daño ecológico causado al río Bogotá y la laguna del Muña, por tanto, solo el Estado en cumplimiento de los fines propuestos en la Constitución Política, está en capacidad de hacerlo.

Señaló además, que la regulación del saneamiento ambiental es un asunto que incumbe a la Nación y a cada una de sus entidades, en tanto que corresponde a ellas salvaguardar el interés general y procurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como fines sociales del Estado.

Manifestó que ESPUMADOS S.A. paga por el vertimiento de sus aguas al alcantarillado del Municipio de Soacha, y no es su responsabilidad que éste realice actividades contaminantes.

En cuanto al llamamiento en garantía, precisó que resulta improcedente frente a su representada, toda vez que no existe ningún vínculo contractual ni legal para obligarla.

En ese orden de ideas, propuso las siguientes excepciones: carencia de competencia del tribunal para modificar la demanda, inexistencia de las obligaciones incoadas, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de nexo causal y prescripción.

II.1.19. DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS LTDA.

Al pronunciarse sobre la demanda, su apoderado aseguró que la sociedad no es responsable por la contaminación del río Bogotá, pues no colinda con él y tampoco interviene en el mantenimiento de las aguas ni del río, ni del Embalse del Muña.

Manifestó que su representada no arroja ningún tipo de desecho al lecho del Río o de sus afluentes y tampoco procesa ningún tipo de materia prima química o productos alimenticios, puesto que su principal y único objeto social es la comercialización y distribución al por mayor y al detal, de toda clase de productos alimenticios procesados y de consumo para el hogar.

Con fundamento en dichos argumentos, afirmó que no existe ningún nexo causal para endilgar responsabilidad a su representada.

Adujo que la Acción Popular instaurada se encuentra prescrita, puesto que han transcurrido más de veinte años desde la ocurrencia de los hechos relacionados con el vertimiento y almacenamiento de las aguas.

Destacó que la contaminación del río Bogotá y del Embalse del Muña se presenta desde hace más de 35 años, y solo hasta finales del año 1990 la empresa se trasladó a las instalaciones que hoy ocupa.

En estos términos, propuso como excepciones la ausencia de legitimación en la causa por pasiva - ausencia de nexo o relación de causalidad-, caducidad de la acción y/o prescripción del derecho - responsabilidad de la obligación en cabeza de terceros-.

II.1.20. GRUPO SIDERÚRGICO DIACO S.A. - ANTES SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A. (1007 a 1045, c. principal 2).

Su apoderado contestó la demanda oponiéndose a cualquier declaración o condena en contra de la sociedad, toda vez que no es responsable de ninguno de los hechos que dieron lugar a la acción popular.

Adujo que la contaminación del Embalse del Muña se originó en el bombeo y almacenamiento de aguas provenientes del río Bogotá, decisión que inicialmente adoptó y llevó a la práctica la Empresa de Energía de Bogotá S.A. y que hoy mantiene EMGESA, quien es la única que tiene la potestad de realizar o suspender dicha actividad en el embalse.

Precisó que el proceso siderúrgico realizado por la sociedad que representa no genera contaminación alguna a los recursos hídricos, puesto que el agua solo es empleada como refrigerante y por tanto no sufre ninguna alteración, además que por tratarse de un sistema circular y cerrado, el agua utilizada recircula indefinidamente durante el proceso productivo.

Aseguró que durante el proceso de fabricación del acero, el GRUPO SIDERÚRGICO DIACO S.A. utiliza aguas provenientes de pozos subterráneos que emplea como refrigerantes y que hace recircular indefinidamente.

Asimismo afirmó que al finalizar el ciclo de cada proceso una parte de las aguas se evapora por las altas temperaturas de los materiales, mientras que la otra es almacenada en tanques para su posterior enfriamiento por medio de una torre y su reutilización.

Por lo anterior, manifestó que los exiguos vertimientos que hace la empresa al río Bogotá son únicamente los resultantes de las aguas lluvias, las cuales no sufren alteración por el proceso industrial y, por tanto, su llegada al Río no causa contaminación alguna.

Con fundamento en dichos argumentos, propuso las siguientes excepciones: inexistencia de hecho productor de daño que pueda imputársele, existencia de actos administrativos en firme que declaran la ausencia de conducta de la demandada como productora de contaminación ambiental, inexistencia de nexo causal entre la conducta del Grupo Siderúrgico DIACO S.A. y el daño alegado por el demandante, hecho exclusivo de terceros, inexistencia de solidaridad entre Grupo Siderúrgico DIACO S.A. y los llamados a este proceso, inexistencia de obligación legal o contractual exigible que justifique el llamamiento en garantía.

II.1.21. STANTON & CÍA S.A.

Por conducto de su apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que la contaminación del Embalse del Muña ha llegado a los grados actuales, por la conducta habitual de bombear y almacenar allí las aguas del río Bogotá, actividad que inicialmente ejecutó la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y posteriormente continuo EMGESA SA. E.S.P., durante casi 50 años.

Sostuvo que si bien es cierto que las instalaciones industriales de la empresa están ubicadas cerca del Embalse del Muña, tal circunstancia no puede servir para acusarla de ser un agente activo de su contaminación, pues está ubicada en áreas destinadas a la actividad industrial (fl. 1176, c. principal No. 2).

Manifestó igualmente que la materia prima es manejada cuidadosamente durante el proceso productivo a efectos de lograr el mayor grado de utilización de la misma, razón por la cual los desechos son reutilizados según sus características, logrando que se origine la menor cantidad posible de residuos sólidos durante el proceso de producción, los cuales no han sido, ni son depositados en el embalse, pues son retirados de la planta por terceras personas que los compran para reutilizarlos en fines diferentes a los de la sociedad que representa, mientras que los restantes son enviados a los rellenos sanitarios legalmente autorizados para recibirlos.

Indicó que el proceso industrial se lleva a cabo mediante el abastecimiento de aguas que no provienen del embalse, sino de un pozo profundo perforado en las instalaciones de la empresa y debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente, el cual es utilizado como refrigerante y para la producción de calor, permitiendo la reutilización de las aguas en forma casi indefinida y sin que se produzcan vertimientos al embalse.

Adujo que su representada ha dado cumplimiento a las normas ambientales, y que el hecho de que el EMBALSE haya sobrepasado su capacidad de carga y no pueda realizar su propia auto depuración, no es responsabilidad suya, pues la contaminación obedece al vertimiento de diversos factores que se han venido acrecentando con el paso del tiempo.

Finalmente, y a titulo de excepciones precisó que STANTON & CÍA S.A. no ha realizado en el pasado ni en el presente actividades contaminantes del Embalse del Muña, además que durante el tiempo en el cual ha desarrollado su actividad ambiental ha desplegado una conducta diligente frente al medio ambiente y ha actuado con responsabilidad ambiental.

II.1.22. EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A. - EMCOCABLES EN REESTRUCTURACIÓN

En principio la apoderada judicial propuso la nulidad por indebida notificación, debido a que al representante de la sociedad le fue entregada la demanda sin anexos, sumado a ello que fue notificado del llamamiento en garantia ni de la acumulación de los procesos.

Asimismo afirmó la ausencia de responsabilidad de su representada por la contaminación del Embalse del Muña, pues la empresa se encuentra ubicada en el Municipio de Cajicá, a más de sesenta kilómetros del embalse, y solo entró en completa operación en 1999, es decir, ocho años después de que la presente acción fuera instaurada.

Agregó que la sociedad EMCOCABLES S.A. no ha vertido ni descargado aguas o desechos en el Embalse del Muña, pues utiliza un sistema de circuito cerrado para las aguas derivadas de su proceso productivo, para lo cual cuenta con una sofisticada planta de tratamiento de aguas industriales de alta tecnologia, sistema que, dice, fue aprobado por la -CAR-, al igual que el tratamiento de las aguas domésticas a través de piscinas de oxidación. Como excepciones propuso las siguientes: cumplimiento de los deberes propios de la empresa en materia ambiental, ausencia de daño ambiental, ausencia de nexo causal, causa extraña, hecho de un tercero, conducta licita de la empresa e improcedencia de la acción.

11.1.23. INDUSTRIAS SPRING S.A.

El apoderado de la sociedad Industrias Spring S.A., manifestó que su representada no vierte ni almacena aguas negras en el Embalse del Muña, pues no tiene contacto alguno con ésta. Además indicó que lo discutido en la acción popular es la contaminación del embalse, más no del rio Bogotá.

Como excepciones propuso: falta de jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva, relación de causalidad y responsabilidad de un tercero.

11.1.24. PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A., ANTES PAPELES Y MOLINOS S.A.

A través de apoderado contestó la demanda, indicando que la Corporación Autónoma Regional -CAR-, está obligada a aplicar el procedimiento dispuesto para determinar la meta de reducción de la carga contaminante cada cinco años, a mantener una conducta diligente y eficiente en razón de su función de ejercer control de los vertimientos sobre los cuerpos de agua de ubicados dentro de su jurisdicción y, a responder frente a terceros cuando las industrias que vierten sus aguas han establecido los sistemas de tratamiento requeridos por ella requeridos.

De igual forma indicó que PAPELES & MOLINOS S.A. tiene un caudal de vertimiento máximo de 7.4 Ips, pero se debe tener en cuenta que en condiciones normales de operación no se está realizando vertimiento de aguas residuales al rio Bogotá, pues en general, el sistema de producción está trabajando cerrado, sin vertimientos, aunque ocasionalmente resulta necesario realizar descargas al Rio.

Precisó que la ubicación de su representada en el Municipio de Sesquilé, permite establecer que si bien la industria efectúa vertimientos puntuales en el Bogotá, estos son depositados en un tramo anterior al punto en donde capta sus aguas, tal como lo establecen las normas y la autoridad ambiental competente, sumado a ello que el manejo dado a las aguas residuales se relaciona con un sistema de tratamiento a través de un filtro de doble malla, procedimiento que explicó en forma detallada.

Consideró que el demandante debe probar especificamente, cuáles son los daños ciertos atribuibles de manera directa a la sociedad PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A., pues ésta ha tomado todas las medidas necesarias en materia ambiental.

II.1.25. PROTEÍNAS Y ENERGÉTICOS DE COLOMBIA S.A. - PROTEICOL S.A.

Al pronunciarse sobre la acción popular, el apoderado de la sociedad se opuso a que las decisiones de fondo en este proceso fueran dirigidas en contra de su representada, puesto que, si bien PROTEICOL S.A. realiza vertimientos al Rio, lo hace dentro de unos niveles aceptables definidos por la ley, y supervisados por la CAR.

Aseguró que periódicamente realizan análisis de laboratorio de sus aguas residuales, y adicionalmente el agua utilizada por la empresa en su proceso productivo, es extraida de un pozo profundo.

Sostuvo que cuando el Rio pasa por las instalaciones de PROTEICOL en la jurisdicción de Sibaté, sus aguas ya vienen con un elevado grado de contaminación, producto de su paso por la ciudad.

Afirmó además, que tanto la Empresa de Energia Eléctrica de Bogotá como EMGESA, han sido las causantes y responsables directas del daño ambiental ocasionado por el vertimiento de aguas del rio Bogotá al embalse, a través del sistema de bombeo (fls. 1401 del C. No. 2).

Por último, propuso las siguientes excepciones: inexistencia de la relación causa efecto entre sus actividades y los hechos de la demanda, y falta de jurisdicción.

II.2. ACCIÓN POPULAR AP-No.00-428 ACTOR:

JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ

II.2.1. DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE -DAMA

El Director de Asuntos Judiciales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recalcó que en el acápite de los hechos el accionante no menciona al Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, como autoridad omisiva, teniendo en cuenta que es la máxima autoridad ambiental en el perímetro urbano. Expuso que la competencia del DAMA cuenta con un amplio desarrollo normativo a nivel nacional, acorde con las necesidades de la ciudad, conforme lo dispuesto en los Acuerdos No. 19 de 1994 (fl. 60 c.p. No. 1.2), 9 de 1990 (fl.61 c.p. No.1.2) y 6 de 1990 (fl. 61 c.p. No. 1.2).

Adicionalmente trajo a colación las normas, proyectos y programas expedidos por el DAMA:

    1. LA RESOLUCIÓN NO. 1074 DE 1997: relativo a limites permisibles para vertimientos en el alcantarillado y cuerpos de agua dentro de la jurisdicción de la misma. (fl. 62 c.p. No. 1.2)

    2. LA RESOLUCIÓN 1558 DE 1998: atiende a adoptar metas de reducción de carga contaminante (fl. 63 c.p. No. 1.2).

    3. LA RESOLUCIÓN 339 DE 1999: con el propósito de optimizar los recursos económicos, humanos destinados al tema del vertimiento.

    4. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SALITRE, FUCHA Y TUNJUELITO, logrando la carga contaminante del rio de Bogotá a través de los rios Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelito.

    5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: en la recuperación de las quebradas del Distrito para la arborización de la ronda del rio Tunjuelito, para los parques y humedales, asi como para el parque lineal Molinos Córdoba - Juan Amarillo - Jaboque, entre otros (fls. 63-78 c.p. No. 1.2).

II.2.2. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ "E.A.A.B- E.S.P."

El apoderado de la -E.A.A.B.-E.S.P., consideró que la normatividad vigente en materia ambiental establece parámetros y pagos de una tasa retributiva y aclaró, que no prohibe el vertimiento de las aguas residuales a rios o quebradas, ni tampoco, ha utilizado los rios como receptores o conductores de aguas servidas, ya que no es la autoridad encargada de autorizar o prohibir vertimientos y actualmente no tiene toda la infraestructura de alcantarillado, en especial la intercepción de aguas residuales, conforme con lo establecido en la Ley 142 de 1994 (fls. 86-88 c.p. No. 1.2).

Relacionó además las obras ejecutadas en el Programa Santa Fe I, iniciado con recursos del Banco Mundial, el cual busca dentro del Distrito Capital, la recuperación de cuencas y subcuencas de los rio rios, redes troncales, rehabilitación del sistema de alcantarillado, protección de humedales, entre otros.

Propuso la excepción de cosa juzgada argumentando que los hechos que sirven de base a las pretensiones, como éstas, fueron discutidos en la Acción Popular promovida por la señora Luz Carmen Ramirez y otros, cuya sentencia fue por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de febrero de 2001, y confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 5 de junio de ese mismo año (fls. 170 a 207. c.I.2.).

II.3. ACCIÓN POPULAR AP-No.01-122

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARCÍA y JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ

II.3.1. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DAP

Invocó su apoderado, que el DAP carece de competencia para ejecutar acciones de saneamiento ambiental, solicitó que se le excluya por falta de legitimación en la causa petendi y, subsidiariamente, que no se declare responsable directa ni solidariamente del desequilibrio ecológico, ni condenado a reparar el daño ambiental y perjuicios reclamados.

11.3.2. MINISTERIO DE SALUD

El Jefe de la Oficina Juridica de este Ministerio, afirmó que en virtud del Decreto 1152 de 1999, como órgano del nivel Nacional, le fueron asignadas funciones enmarcadas en la Ley 9 de 1993 y la Ley 9 de 1979, relativas a los riesgos que para la salud humana implica la contaminación ambiental.

Manifestó que en relación con los trastornos de la salud, no se ha establecido cientificamente el nexo causal con la contaminación ambiental, por tanto, consideró conveniente establecer la causa-efecto especifica, asunto que por ser de orden local, corresponde a la Dirección Territorial de Salud.

11.3.3. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Solicitó ser exonerado de responsabilidad, de conformidad con las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, por cuanto ha promovido y ejecutado proyectos, politicas y acciones en las cuencas de algunos afluentes del rio Bogotá.

Señaló que por conducto de la Secretaria de Salud, ejerce vigilancia sobre las actividades de fumigación que la Empresa de Energia de Bogotá -hoy EMGESA S.A.- realiza en el sector del Embalse del Muña, agregando que viene realizando mesas de trabajo interinstitucionales denominadas "PLAN DE VIDA MUÑA 2000".

Manifestó que la contaminación del Bogotá obedece a la ausencia de tratamiento de las aguas por parte del Distrito, por lo tanto, consideró que para afrontar la problemática deben aunarse esfuerzos logisticos y económicos por parte del Departamento, la Nación, la CAR, la Administración Municipal, la comunidad, los entes privados involucrados y la Empresa Generadora de Energia Eléctrica S.A. o quien haga sus veces.

II.3.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por intermedio de su apoderado, adujo que los hechos que sirven de sustento a la acción son ajenos a su competencia funcional y legal, por lo que asumir lo contrario lo llevaria a infringir la Constitución Politica y la Ley, por extralimitación y ejecución de funciones distintas a las que le fueron asignadas (fl. 84 c.p. I.1.).

Asimismo, indicó que desde el punto de vista presupuestal tampoco le podria asistir responsabilidad, por cuanto las apropiaciones en cada órgano de la administración deben estar relacionadas con su objeto y funciones, además de que deben ser ejecutadas conforme al fin para el cual fueron programadas (articulo 18 del Decreto No. 111 de 1996, por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto).

11.3.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

A través de apoderado, estableció que dentro del marco de la descentralización y de la autonomia, la Ley 115 de 1994 en sus articulos 76 al 79 (Ley general de Educación), confiere autonomia a cada institución educativa para estructurar su curriculo y plan de estudios, por lo tanto, corresponde a cada Secretaria de Educación Departamental y a cada Municipio enfocar los programas de Educación Ambiental, como un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), no como asignatura.

En cuanto al estudio técnico y cientifico de la contaminación de la Represa del Muña, adujo que la encargada de ello, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-.

11.3.6. EMGESA S.A. E.S.P.

Respondió oponiéndose a las pretensiones de la Acción Popular, y respecto de las excepciones y pruebas solicitadas, precisó que se remitia a las requeridas en la acción popular AP-01-00479, instaurada por el señor GUSTAVO MOYA ANGEL.

11.3.7. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Su apoderado indicó que la entidad no tiene competencias relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los vertimientos realizados al rio Bogotá y el Embalse del Muña, y tampoco funciones de carácter policivo-ambiental preventivas o correctivas.

II.3.8. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. -E.S.P.

El apoderado de la empresa afirmó que no es ella la encargada de la operación y mantenimiento de la estación de bombeo.

Agregó que por utilizar directa o indirectamente el agua como receptor de vertimientos puntuales, la empresa paga a la CAR la tasa retributiva establecida en articulo 42 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 901 de 1997.

Puso de presente que en el año de 1996, dio inicio al PROGRAMA SANTA FE I financiado con recursos del Banco Mundial por valor de $ 476 millones de dólares, con el objeto de lograr el saneamiento básico de las cuencas de los 6 rios (folio 217), las subcuencas del Tunjuelito, la construcción de redes troncales y secundarias, la rehabilitación del sistema de alcantarillado, el programa de protección de humedales, la rehabilitación de las zonas de ronda y del espacio público, el control de crecientes mediante la adecuación hidráulica de canales y quebradas, asi como el control de inundaciones en las cuencas de los rios Torca, Guaymaral, Salitre, Jaboque y Tintal.

11.3.9. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

A través del apoderado que para el efecto constituyó, reiteró su oposición a las pretensiones de la acción popular, pues considera que la entidad no ha causado daño o amenaza a los derechos colectivos.

Adicionalmente, propuso de nuevo la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva, argumentando que no puede imputarse a la entidad acción u omisión frente a la presunta violación de los derechos invocados.

11.3.10. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR

Señaló que descarta toda responsabilidad en la acción interpuesta y que interviene como máxima autoridad ambiental, no como promotora de obra de recuperación pues ello corresponde a la E.E.B, de acuerdo con lo establecido en la Ley 56 respecto de las transferencias del sector eléctrico.

11.3.11. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Por intermedio de su apoderado, adujo no tener competencia respecto de los hechos, actos, acciones u omisiones planteadas en la Acción Popular.

Afirmó que de acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Ministerio es el ente rector del sector ambiental, no obstante, la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente se encuentra a cargo de las CAR, según lo dispuesto en los articulos 23, 30 y 31 de la referida Ley 99.

II.3.12. INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

Al manifestarse sobre la acción instaurada, el apoderado de la entidad consideró que la acusación que se le hace, es indeterminada y sin ningún sustento material o conocimiento de sus funciones, que son de carácter eminentemente cientifico y técnico, dada su calidad de organismo asesor, encargado del manejo, obtención, procesamiento y divulgación de la información relacionada con los recursos naturales de la Nación.

Comentó que debe existir una articulación entre las funciones suyas y las asignadas a las demás autoridades ambientales del SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, lo cual encuentra sustento en el articulo 15 de la Ley 99 de 1993.

Por último, expuso que el IDEAM cuenta con datos que corresponden a 4 puntos de muestreo sobre el Rio Bogotá en el tramo Soacha-Tocaima, en donde recibe el impacto de las descargas de aguas del embalse, pese a que es obligación de las autoridades ambientales regionales, realizar este tipo de monitoreo sobre los cuerpos de agua especificos.

II.3.13. MUNICIPIO DE SOACHA

Manifestó a través de su apoderado, ser el más afectado por la contaminación del rio Bogotá, pues al tratarse del último Municipio de la Cuenca Media, el Rio llega alli con la desechos que acumula a lo largo de su recorrido en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Nemocón, Chia, Cota y el Distrito Capital de Bogotá, sin que exista ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales vertidas.

Resaltó que "no puede asumir toda la responsabilidad, ni comprometerse en la recuperación de este recurso hídrico, si no existe compromiso de los demás municipios y la participación del Departamento y la Nación".

Adujo que no participó en la decisión sobre el trasvase de las aguas, pues la misma fue adoptada "en su época por el -INDERENA".

Con relación a los vertimientos al rio Soacha, manifestó que dada la magnitud de la inversión, es la Gobernación de Cundinamarca la encargada de la construcción de los interceptores margen izquierda y derecha, no el municipio.

Agregó que la Empresa de Acueducto de Bogotá, subsidia totalmente a la población el servicio, promoviendo con ello la expansión acelerada de las zonas subnormales, "hasta la saturación que a mediano plazo puede ocasionar una crisis financiera y social en el Municipio de Soachar pues no existen alternativas confiables de suministros para el total de la población".

Por último, afirmó que en el Plan de Ordenamiento Territorial "POT", se contemplaron las soluciones al problema de alcantarillado, de lo cual hizo un recuento detallado.

11.3.14. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Contestó la demanda por conducto de su apoderado, quien propuso la excepción de falta de legitimación como parte pasiva, argumentando que dicha entidad no puede ni debe asumir responsabilidad alguna por hechos u omisiones en los que no ha tenido injerencia.

11.3.15. SOCIEDAD BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO SUEZ -LYONNAISE DES EAUX- DEGREMONT E.S.P. S.A.

Se pronunció sobre la demanda a través de su apoderado judicial proponiendo las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia del nexo de causalidad entre la actividad de su representada y la contaminación del Embalse del Muña, toda vez que dicha sociedad se encontraba ejecutando un contrato de concesión que tenia por objeto el tratamiento de las aguas residuales del Distrito Capital, a través de las plantas de "El Salitre, Fucha y Tunjuelito", con lo cual queda desvirtuada la amenaza o violación de los derechos colectivos que se invocan en la presente acción.

En tal sentido, adujo que la vinculación de su representada, no dependió de una acción u omisión atribuible a ella, sino al contrato de concesión que viene ejecutando con el Distrito Capital, y por lo tanto no le pueden ser impuestas obligaciones distintas a las adquiridas contractualmente, o en su defecto, la modificación del contrato a través de una Acción Popular, pues ello implica desconocer el principio de legalidad del contrato.

11.3.16. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Señaló su apoderado, que la entidad no es responsable, por acción u omisión, de la contaminación de la Represa del Muña, como tampoco es el ente responsable del control necesario para la protección del medio ambiente, pues las funciones que legalmente le han sido atribuidas se basan, principalmente, en el servicio social y de salud.

11.3.17. COADYUVANCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CUNDINAMARCA

Se refirió a las aseveraciones de los accionantes sobre la existencia de un desequilibrio y un grave daño ecológico ambiental a la Represa del Muña, con ocasión de los vertimientos efectuados por el sistema de bombeo de las aguas negras del rio Bogotá sin ningún tipo de tratamiento previo, para concluir que esa es la causa de los perjuicios graves al medio ambiente y a los cuerpos de agua que alimentan el rio Muña y Aguas Claras, y que conducen al desaparecimiento de la flora y la fauna acuática en la represa, a la contaminación del suelo y el aire, y a la afectación de la salud de los habitantes de esa jurisdicción.

Su intervención en el proceso fue admitida mediante auto de 9 de julio de 2001 (fl. 677, c.I.1.).

II.3.18. MUNICIPIO DE SIBATÉ Y DISTRITO CAPITAL

Contestaron la demanda por fuera de la oportunidad procesal establecida.

II.4. ACCIÓN POPULAR AP-No.01-343

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ, Y NICOLÁS DÍAZ ROA

II.4.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Allegó la contestación de la demanda en los mismos términos de la Acción Popular 00-0122.

II.4.2. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

El apoderado judicial del Ministerio, adujo que no es autoridad ambiental competente para conocer de los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales al rio Bogotá, pues de acuerdo con los articulo 2, 5, 23, 30 y 31 de la Ley 99 de 1993 y los articulos 7 y 8 del Decreto 1753 de 1994, dicha función le compete directamente a la CAR, como administradora de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.

Añadió que el Ministerio del Medio Ambiente es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en Colombia, pero no un órgano ejecutor sino de gestión, encargado de fijar las politicas sobre la protección de dichos recursos, que serán aplicadas por las demás autoridades ambientales, en razón de ello propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

II.4.3. MINISTERIO DE SALUD

La Jefe de la Oficina Juridica del Ministerio refirió en su escrito, la normatividad relacionada en el proceso AP-00-0122 referente a las competencias de orden nacional y local, y los riesgos que para la salud humana acarrea la contaminación ambiental.

Expuso que el Ministerio diseñó el Plan de Atención Básica "P.A.B" de la Salud Pública, que además de ajustarse a las particularidades de cada territorio, es de carácter gratuito, obligatorio y de cobertura universal.

Añadió que atendiendo a las disposiciones constitucionales y legales, ha coordinado con los diferentes entes territoriales los lineamientos para el Plan de Atención Básica "P.A.B.".

11.4.4. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

A través del apoderado manifestó que la causa del impacto negativo son los vertimientos domésticos e industriales que son arrojados al rio Bogotá sin ningún tipo de tratamiento.

Adujo no ser causante, por acción u omisión de acto alguno que viole o pretenda violar derechos colectivos.

Destacó que de acuerdo con el numeral 12 del articulo 1° de la Ley 99 de 1993, el manejo ambiental del pais es descentralizado, democrático y participativo, y en tal sentido el articulo 4 ibidem, para efectos de jerarquia del Sistema General Ambiental "SINA", menciona en forma descendente al Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos Distritos y Municipios.

11.4.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Al contestar la acción popular por conducto de su apoderado, adujo no ser autoridad ambiental, y en razón de ello no debió ser vinculado al proceso por acción u omisión que propicie el deterioro ambiental.

Con relación a los programas educativos y la formación académica que vienen adelantando los profesores de los municipios de la cuenca alta del rio Bogotá, sostuvo que son las Secretarias de Educación Municipal las encargadas de establecer los lineamientos a seguir.

11.4.6. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A través de apoderado respondió que ha hecho inversiones para atender la problemática presentada en la zona, y que adicionalmente ha adelantado campañas para la preservación de la vida acuática y la preservación del ambiente sano.

Propuso como excepción la falta de causas que determinen su responsabilidad en los hechos alegados en la demanda.

11.4.7. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

A través de apoderado, afirmó que está llevando a cabo el seguimiento de la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado, aseo, el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos y que en la actualidad ha acordado "programas de gestión y resultados" en los municipios limitrofes del rio Bogotá, con el fin de llevar un control especial establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.

11.4.8. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR

A través de apoderado respondió que de acuerdo con la Ley 99 de 1993, articulo 31-numeral 10: sus funciones son de evaluación y control de actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar un deterioro ambiental y aclaró que su función no es exclusiva, sino coordinada con municipios, departamentos y autoridades ambientales, labor que viene ejecutando en cumplimiento de sus facultades legales.

11.4.9. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

El Director Ejecutivo de la Comisión afirmó que no participó en los hechos que dieron lugar a la violación de los derechos colectivos; propuso como excepción: la falta de legitimidad por pasiva y además que bajo ninguna circunstancia, es competencia de esta entidad controlar los vertimientos que se realizan a las aguas del rio Bogotá, ni controlar el impacto ambiental, tampoco adelantar acciones tendientes a la contaminación de los cuerpos de agua.

11.4.10. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -"IDEAM"-

El IDEAM por conducto de apoderado judicial alegó que es un organismo eminentemente cientifico y técnico, asesor de las autoridades ambientales, y no entidad ejecutora.

Resaltó que la función de monitoreo y control sobre los cuerpos de agua especificos, es principalmente de la CAR, y que hasta el momento, no existe determinación del daño por acción u omisión del IDEAM, como tampoco temporalidad del mismo en la demanda.

II.4.11. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI "IGAC"

A través de apoderado respondió, que la entidad es ajena a cualquier responsabilidad, y no puede tener ninguna clase de participación por acción u omisión.

Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por parte pasiva, pues no ha violado o amenazado con violar los derechos e intereses colectivos, en lo tocante a la contaminación del rio Bogotá y la protección al derecho a un ambiente sano.

II.4.12. DISTRITO CAPITAL

El Director de Asuntos Judiciales de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, señaló que carece de jurisdicción y competencia por factor territorial, puesto que la ley no le ha atribuido la función de protección al medio ambiente por fuera del perimetro urbano de la ciudad de Bogotá, razón por la cual propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Expuso que de conformidad con el Decreto 619 de 28 de julio de 2000 (POT), corresponde a la E.A.A.B. demarcar las rondas y las zonas de manejo, asi como velar por la preservación ambiental y el cuidado del rio.

Finalmente mencionó las actividades que ha venido desarrollando en relación con la descontaminación del rio Bogotá: proyectos de construcción de las plantas de tratamiento del Salitre, Fucha y Tunjuelo, programa de participación comunitaria para recuperar quebradas del Distrito, arborización de la ronda del rio Tunjuelito, recuperación de parques y humedales del Distrito, del parque lineal Molinos Córdoba - Juan Amarillo - Jaboque, entre otros.

11.4.13. MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

El Alcalde Municipal, afirmó que el municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, administrada por la CAR, y las aguas residuales en un 85% se vierten a una tuberia que va paralela al rio Bogotá y desembocan alli.

Añadió que, "En la jurisdicción del municipio encontramos cincuenta y cinco curtiembres en la vereda Chingacio, de las cuales trece están tramitando su respectivas licencias ambientales ante la CAR y las otras 42, tienen expedientes en reglamentación y licencia de la misma entidad".

11.4.14. MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

A través de apoderado se opuso a las pretensiones de la acción popular, por considerar que la misma carece de fundamentos fácticos, juridicos y probatorios.

Con relación a las declaraciones y condenas, se remite a las formuladas en la Acción Popular 01-00479.

11.4.15. MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Al pronunciarse sobre la acción instaurada, el alcalde respondió que el municipio no hace vertimientos al rio Bogotá, pues además de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio existe una politica de saneamiento básico prevista en el POT.

Estableció que frente a las declaraciones y condenas, no hay argumentos técnicos y juridicos contundentes.

11.4.16. MUNICIPIO DE LA CALERA

A través de apoderado afirmó que ha ejecutado obras como la planta de tratamiento de las aguas residuales que para la fecha se construyó por la CAR. Además propuso como excepción, la "Existencia de Infraestructura propia del Municipio de la Calera para la recuperación y descontaminación del rio Teusacá".

Puntualizó que la planta de pretratamiento de aguas residuales del Matadero Municipal, fue objeto de diagnóstico y estudio previo para la recuperación de las cuencas de los rios Teusacá, Blanco y parte alta del rio Siecha.

11.4.17. MUNICIPIO DE SOPÓ

A través de apoderado manifestó su oposición a todas las pretensiones porque el municipio suscribió el convenio interinstitucional No. 147 de 1991, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, mediante el sistema anaeróbico, a cargo de la CAR desde 1994.

Indicó que el municipio vierte sus aguas usadas en tres sitios puntuales del Rio Teusacá y cada uno de esos puntos cuenta con un tratamiento previo, mediante la utilización de pozos sépticos, los cuales vienen operando con seguimiento permanente de la CAR.

11.4.18. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

A través de apoderado, afirmó que frente a los hechos, se atiene a lo que se pruebe y respecto de las pretensiones se opone a todas y cada una de ellas, por ausencia del debido sustento probatorio y de fundamento legal. El municipio cuenta con importantes instalaciones técnicas para el tratamiento de aguas residuales y ha desplegado planes y programas para la protección de la ronda del rio Bogotá.

Señaló que la CAR, es la responsable del funcionamiento y desarrollo directo de las plantas de tratamiento, de tal manera, que el municipio resulta ajeno a cualquier situación de presunta contaminación ambiental.

11.4.19. MUNICIPIO DE CHÍA

El Secretario Juridico de la Alcaldia Municipal, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, fundamentado en: la fijación de politicas, preservación del sistema hidrico, respecto del cual forman parte del SINA: la Nación, el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, la CAR y los municipios.

11.4.20. MUNICIPIO DE COTA

El Alcalde Municipal afirmó que se opone a todas y a cada una de las pretensiones, puesto que el municipio no ha causado ninguna de las situaciones fácticas de que trata la presente acción y que cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras, administrada por la CAR.

11.4.21. MUNICIPIO DE TABIO

Su apoderado manifestó que el municipio cumple con los requerimientos técnicos para el tratamiento de las aguas que se vierten en el rio Chicú, pues cuenta con la planta de tratamiento de aguas, además de que el municipio no colinda con el rio Bogotá.

11.4.22. MUNICIPIO DE TENJO

A través de su apoderado, afirmó que se opone a la totalidad de las pretensiones de la demanda, pues el municipio no ha causado daños ambientales a la cuenca de los rios que comprende su jurisdicción, contrario a ello, ha venido aplicando una politica de mitigación y ejecutando acciones de recuperación de las cuencas.

II.4.23. NO CONTESTARON LA DEMANDA

En el presente proceso no se encuentran respuestas fácticas, ni juridicas, de los siguientes vinculados:

Departamento de Planeación Nacional, municipios de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Cajicá.

III .
MESAS DE TRABAJO

FECHA DE REALIZACIÓN EXPOSITOR
Febrero 21 de 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
Marzo 7 de 2003 Corporación Autónoma Regional -CAR-, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
Marzo 14 de 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
Marzo 21 de 2003 Distrito Capital -Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-
Marzo 28 de 2003 Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-
Abril 4 de 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
Abril 10 de 2003 Empresa de Energia de Bogotá
Abril 25 de 2003 EMGESA
Mayo 2 de 2003 Municipios de Madrid, Sopó, Zipaquirá, Sibaté, Cajicá, Tocancipá, Villapinzón, Chocontá, Funza, Chia, Suesca, Gachancipá, Cota, Mosquera y Soacha.
Mayo 6 de 2003 Corporación Autónoma Regional -CAR-, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, Municipios de Villapinzón, Sibaté y Cajicá, Distrito Capital de Bogotá, EMGESA, Empresa de Energia, Ministerio de Minas y Energia y Departamento de Planeación.
Mayo 9 de 2003 Fundación al Verde Vivo
Mayo 23 de 2003 Departamento de Cundinamarca
Mayo 30 de 2003 Corporación Ecológica de San Benito -COESA-, Cooperativa Integral de Curtidores -COOPICUR-
Junio 6 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación Nacional.
Junio 13 de 2003 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Julio 4 de 2003 Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Agosto 3 de 2003 Ministerio de Protección Social

En la Mesa de Trabajo de fecha 4 de Julio del año 2003, se ordenó la suspensión de las mismas, y se les concedió término a las partes vinculadas al proceso para presentar y registrar los proyectos de pacto de cumplimiento hasta el dia 22 de agosto de 2003, el que por auto de la misma fecha se prorrogó a petición de los apoderados de la E.A.A.B, de EMGESA y de la E.E.B, hasta el dia 8 de septiembre (fl. 2875 c.p. No. 5).

Registrados los proyectos de pacto de cumplimiento se llevaron a cabo las diferentes audiencias para su presentación y discusión por las demás partes involucradas, con el fin de que consignaran sus criticas e inconformidades frente a los mismos. En atención a las modificaciones propuestas con la conducción de la Magistrada Sustanciadora, los proponentes procedieron a realizarles los ajustes correspondientes, y después de haberse llevado a cabo unas mesas de trabajo en la que participaron los técnicos de las diferentes entidades públicas demandadas con la moderación de la Magistrada y la asistencia del Técnico Ambiental Asistente del Procurador Tercero Judicial, para definir la Solución Técnica Integral del RIOBOGOTÁ y de sus AFLUENTES, las partes procedieron a impartirles su aprobación en audiencias que para tal efecto se continuaron, dejando a consideración de la Sala la decisión respecto de los puntos en que no estuvieron de acuerdo.

Según los expertos en la materia, la descontaminación del rio Bogotá obedece a un criterio único que denominaron SOLUCIÓN TÉCNICA INTEGRAL, respecto de la cual los entes involucrados no asumieron con sus propios recursos la ejecución de algunas obras, tales como el INTERCEPTOR TUNJUELO-CANOAS y el interceptor CANOAS-ALICACHÍN, como LA ESTACIÓN ELEVADORA y LA PLANTA DE CANOAS, se acordó que el tribunal profiriera las declaraciones y condenas pertinentes con el fin de salvaguardar los derechos colectivos amenazados y vulnerados, con el asentimiento por todas las partes en cuanto a que los puntos de los respectivos pactos que no fuesen materia de aprobación por el tribunal serian susceptibles del recurso de apelación como también lo serian las respectivas condenas tendientes a la ejecución de las obras acordadas, pero respecto de las cuales las partes no hubieren definido con cargo a qué recursos se podrian llegar a construir.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Magistrada Sustanciadora, mediante auto de 27 de noviembre de 2003, abrió el proceso a pruebas y ordenó tener como tales los documentos aportados con la demanda y con los escritos de contestación, asi como los allegados al proceso como producto de las mesas de trabajo y con los respectivos proyectos de Pacto de Cumplimiento presentados (fls. 4180-4186 c.p. No. 7).

De igual forma, se ordenó tener como pruebas las visitas técnicas realizadas a los diferentes lugares y municipios de la cuenca del rio Bogotá, asi como a las industrias privadas vinculadas, las cuales constan en las respectivas actas (fls. 2564 a 2566, 2710-2711 y 2674-2676 del c.p. No. 4).

También se decretó como prueba el documento Técnico elaborado por los integrantes de la Mesa de Trabajo designada por el Despacho con los anexos que lo componen.

Igualmente, se tuvo como prueba el dictamen pericial rendido por los Ingenieros Auxiliares de la Justicia, FABIO ROBERTO PÉREZ Y JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, experticio decretado inicialmente por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO dentro de la acción popular instaurada por GUSTAVO MOYA ÁNGEL, pero en atención a la remisión del expediente al tribunal por dicho despacho, sólo fue presentado ante esta corporación el dia 8 de octubre de 2003, y del cual se corrió traslado a las partes en proveido de fecha 27 de noviembre siguiente, contra el cual se presentaron objeciones.

Por auto del 18 de febrero de 2004 (fls. 4430-4435 c.p. No. 8), se negó la objeción por error grave del dictamen pericial impetrada por EMGESA y por el MUNICIPIO DE SIBATÉ (fls. 4384-4394 y 4403-4414 c.p. No. 8), como también no se accedió a la solicitud de aclaración y complementación del dictamen presentado por la CAR en atención a que los puntos sobre los que se elevaron las peticiones eran más de valoración probatoria en la sentencia. En éste mismo proveido se dio por agotada la etapa probatoria y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, traslado que fue recurrido por la CAR en consideración a que se concedió el término previsto en el Código de Procedimiento Civil y no el que señala la Ley 472 de 1998.

IV.
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

El dia 17 de Septiembre de 2001 se llevó a cabo la Audiencia de Pacto de Cumplimiento consagrada en el articulo 27 de la Ley 472, por lo que se libraron sendos telegramas a las partes en contienda, como también a la sociedad EMGESA S.A., en razón a la petición previamente formulada por la apoderada de la E.E.B., de conformidad con lo regulado en el articulo 60 del Código de Procedimiento Civil (fls. 309 a 313, c.1).

En la audiencia se resolvió tener a la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA "EMGESA" en su condición de litisconsorte necesario y no como sustituto de la E.E.B., a la vez integrar el contradictorio con la CAR, DAMA, DISTRITO CAPITAL, SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, todos los municipios que se encuentran en la cuenca del rio Bogotá, según certificación que fue expedida con destino al proceso por la "CAR", tales como VILLAPINZÓN, CHOCONTÁ, SUESCA, SESQUILÉ, GACHANCIPÁ, TOCANCIPÁ, ZIPAQUIRÁ, SOPÓ, CAJICÁ, CHÍA, COTA, BOGOTÁ-D.C., FUNZA, MOSQUERA, SOACHA y SIBATÉ.

Cumplida la notificación y el traslado de la demanda con cada uno de los representantes legales de dichos entes, éstos, por conducto de apoderado judicial unos y, otros por si mismos, procedieron a responderla.

Posteriormente, el apoderado judicial legalmente reconocido de EMGESA, solicitó la acumulación de la Acción Popular radicada bajo el No. 000122 que se le venia adelantando a su poderdante junto con otros demandados, en el despacho del Magistrado CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (fl. 441, c.1), a lo cual se accedió mediante auto de Sala de Decisión de 28 de febrero de 2002 (fl. 703 a 704, c.1).

Por auto de 20 de marzo de 2002, se dispuso la vinculación del MUNICIPIO DE SESQUILÉ y la notificación personal a su alcalde de la presente Acción Popular.

Asimismo se reconoció personeria para actuar a los apoderados de los municipios y entidades que hasta ese momento habian concurrido, como a los alcaldes de los municipios de CHÍA y CHOCONTÁ, se aceptó el llamamiento en garantia que hiciera EMGESA S.A. de las empresas LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., COMPAÑÍA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. "CONALVIDRIOS S.A", ETERNIT COLOMBIANA S.A, PROTEÍNAS Y ENERGÉTICOS DE COLOMBIA S.A. "PROTEICOL S.A", EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A. ESPUMADOS S.A., DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS LTDA., STANTON Y CIA S.A., SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A. "SIDIBOYACÁ", UNIABASTOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, INDUSTRIAS SPRING S.A, MALTERÍAS DE COLOMBIA S.A., REFINADORA DE SAL S.A, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. PAPELES Y MOLINOS S.A., hoy PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A. Y CERVECERÍA LEONA S.A., las cuales fueron vinculadas con posterioridad en su condición de demandadas, en razón a que por auto de 1° de abril siguiente, se revocó el citado llamamiento al considerarlas como agentes contaminadores del agua del rio. No obstante, en cuanto a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A., el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y el MUNICIPIO DE SIBATÉ se denegó el llamamiento en garantia, puesto que ya se encontraban vinculados en condición de demandados.

Dicha decisión fue recurrida por el apoderado del llamante. Su inconformidad consistia en que una cosa es la controversia entre los demandantes y quienes aparecen como demandados y, otra, es el litigio mediante el llamamiento en garantia entre codemandados, pues lo que se busca es que este aspecto se resuelva en el mismo proceso una vez que el juez haya decidido sobre la cuestión principal, determinando si el llamado debe reintegrarle suma alguna al llamante en virtud de la indemnización que éste tuviere que pagar al demandante. En el fondo es la acción subrogatoria ejercida por uno de los coautores del daño, que indemniza a los demandantes, contra los otros responsables y podria ser que EMGESA fuese condenada y si no se aceptaba ese llamado, tendria que iniciar un segundo proceso de repetición contra los otros responsables, en cambio, si se admite tendrá un titulo ejecutivo para repetir, para el caso que se le llegue a ejecutar, todo lo cual, no es excluyente.

Por auto de 29 de abril siguiente, se denegó la reposición aludida con las mismas razones del proveido impugnado, además de que se advirtió la ausencia de contrato o la falta de ley que obligue a los llamados a responderle a EMGESA por los daños y perjuicios que le pudieren corresponder como llamante. En ese orden, se concedió la apelación, impugnación que fue rechazada por el Consejo de Estado por auto de 6 de febrero de 2003, con ponencia del Consejero Doctor MARIO ALARIO MÉNDEZ, en consideración a que el recurso vertical estaba consagrado sólo contra la sentencia y contra el auto que decreta medidas cautelares (fls. 67 a 70, c.2da inst.), razón por la cual quedó en firme la decisión recurrida.

Mediante auto de fecha 31 de mayo de 2002, se acumularon los procesos Nos. 01-343 y 01-428, los cuales cursaban en el despacho de la Magistrada doctora MARTHA ROSA BETANCUR RUÍZ. (fls. 1655-1665 c.p. No.3)

Por auto calendado 19 de junio de 2002, se dio por contestada la demanda y se reconoció personeria juridica al Distrito Capital, la sociedad Eternit Colombiana S.A., Liquido Carbónico Colombiana S.A., Cristaleria Peldar S.A., Compañia Nacional de Vidrios S.A., Refisal, Alpina, Distribuidora Tropiabastos LTDA, Grupo Siderúrgico Diaco, Stanton & CIA S.A., Espumados S.A., Papeles y Corrugados Andina S.A., Empresa Colombiana de Cables EMCOCABLES S.A., Proteinas y Energéticos de Colombia S.A., Uniabastos en Liquidación, Malterias de Colombia S.A., y el Municipio de Sesquilé.

En proveido de 1 de agosto del año 2002, se dio curso al incidente de nulidad de la notificación personal y cualquier actuación posterior, propuesto por las sociedades Eternit Colombiana S.A., Liquido Carbónico Colombiana S.A., Cristaleria Peldar S.A., Grupo Siderúrgico Diaco S.A., Refisal, Cerveceria Leona S.A., Alpina y Empresa Colombiana de Cables en Reestructuración. Asi mismo, se tuvo por contestada la demanda por parte de Industrias Spring S.A. y por la Corporación Autónoma Regional (fls. 1867-1871 c.p. No.3)

Por medio de auto de 30 de agosto del año 2002, se negó el recurso de reposición interpuesto por PROTEICOL S.A., por medio del cual pretendia se declarara la nulidad de los actos procesales de notificación de la demanda, por carecer de soporte que lo respaldara en cuanto en el expediente no obraba su escrito de contestación. De otro lado, se declaró la nulidad de las diligencias de notificación practicadas a las sociedades Eternit Colombiana S.A., Liquido Carbónico Colombiana S.A., Cristaleria Peldar S.A., Grupo Siderúrgico Diaco S.A., Refisal, Cerveceria Leona S.A., Alpina y Empresa Colombiana de Cables Emcocables en Reestructuración (fls. 1898-1906 c.p. No.3).

Mediante auto de 26 de noviembre del año 2002, se negó la solicitud impetrada por Eternit Colombiana S.A., Liquido Carbónico Colombiana S.A., Cristaleria Peldar S.A., Grupo Siderúrgico Diaco S.A., Refisal, Cerveceria Leona S.A., Alpina y Empresa Colombiana de Cables Emcocables en Reestructuración, por medio de la cual buscaban adicionar la nulidad decretada a la notificación personal para todas las actuaciones posteriores, siendo la razón de la negación el que tales actuaciones sólo habian girado en torno a la constitución de la relación juridico procesal, sin que se hubiese adelantado otra etapa del proceso (fls. 1965-1969 c.p. No. 3).

Por medio de auto de 19 de diciembre del año 2002, se rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES EMCOCABLES S.A., para que a su representada no se le tuviera como demandada, ni como llamada en garantia en el proceso, por su extemporaneidad, además de que se trataba de un asunto que habia sido objeto de pronunciamiento a lo largo del trámite de la acción (fls. 2075-2083 c.p. No.3).

Mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2002 (fls. 2075-2083 c.p.3), se fijó fecha para la continuación de la diligencia especial de que trata el articulo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se llevó a cabo el dia 14 de febrero de 2003, a la que asistieron el Procurador Tercero en lo judicial con funciones ante esta corporación, los actores y los apoderados judiciales de: PROTEICOL S.A., E.A.A.B., Municipio de Mosquera, Municipio de Sibaté, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Hacienda, CAR., Grupo Siderúrgico DIACO S.A., Alcaldia de la Calera, EMCOCABLES, Personeria de Bogotá, Municipio de Madrid, Municipio de Tabio, Secretaria de Salud de Cundinamarca, ASOMUÑA, Municipio de Sesquilé, COLSEGUROS S.A., Municipio de Cajicá, Municipio de Zipaquirá, Contraloria de Cundinamarca, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Minas y Energia, Ministerio de la Protección Social, Alcaldia Mayor de Bogotá, Beneficencia de Cundinamarca, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Instituto Geográfico Agustin Codazzi, Secretaria Distrital de Salud, EMGESA, Instituto de Meteorologia y Estudios Ambientales, Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Municipio de Chia, STANTON & CIA S.A., Municipio de Sopó, ALPINA, EMSERSOPO, Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Bogotana de Aguas S.A. E.S.P., Papeles y Corrugados Andina S.A., Ministerio de Educación Nacional, TROPIABASTOS S.A., Municipio de Tenjo, Gobernación de Cundinamarca, Municipio de Tocancipá, Empresa de Energia de Bogotá, UNIABASTOS, Municipio de Gachancipá, DAMA, Industrias Spring S.A. Municipio de Funza, CAR, Municipio de Cota, Municipio de Chocontá, Municipio de Villapinzón, Municipio de Suesca.

Después de referirse a la insistencia de las nulidades impetradas por el apoderado de las mencionadas industrias y a la afirmación del apoderado del Ministerio del Medio Ambiente sobre su intervención dentro de la audiencia de pacto, en cuanto ya habia concurrido a la celebración del mismo en los demás procesos acumulados, la Magistrada Sustanciadora dispuso la instalación de "Mesas de Trabajo", con el objeto de marcar las pautas que dieran curso a las acciones tendientes a la recuperación del rio Bogotá, para lo cual definió los grupos de trabajo encargados de estudiar y presentar alternativas de solución al problema ambiental, incluyendo en ese contexto a las siguientes entidades(fls. 2322-2334 c.p. No. 4): Ministerios llamados en la presente acción, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Departamento de Planeación Nacional, Distrito Capital de Bogotá- DAMA, CAR, IDEAM, EMGESA, Departamento de Cundinamarca, municipios de Sibaté, Chocontá Y Villapinzón.

Posteriormente, fueron llamados a las mesas de trabajo los demás municipios que no habian sido vinculados, quienes en adelante participaron en todas las demás audiencias, como también vinieron al escenario del proceso los diferentes sectores de la producción, tales como el gremio de los floricultores, lácteos, cárnicos, curtiembres, minero y de los tejares, quienes presentaron alternativas en los diferentes procesos de producción que venian adelantando. Algunas de esas industrias fueron visitadas por la Magistrada Sustanciadora en compañia de los técnicos ambientales de la CAR y el DAMA, con la asistencia de los apoderados de algunas de las demandadas, como quedó consignado en las diferentes actas.

V.
DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE PACTO REGISTRADAS Y APROBADAS POR LAS PARTES

Cuenca Alta:

V.I.1. MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Construcción del matadero municipal X
Saneamiento básico X
Mantenimiento alcantarillado municipal X
Mantenimiento relleno sanitario. X
"Radicación del proyecto de adquisición de predio, diseño y construcción de la planta de tratamiento, colectores y emisario final de aguas residuales para el Municipio de Villapinzón presentado ante la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional CAR, a fecha 15 de julio de 2003 |1|." X

V.I.2. MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillado |2| X
Compra de lotes y conservación de microcuencas. X
Saneamiento básico, unidades sanitarias. X
Construcción, mantenimiento del matadero municipal. X
Producción limpia en las curtiembres. X
Construcción segunda fase matadero municipal. X
Planta de Bombeo Sector norte del Municipio. X

V.I.3. MUNICIPIO DE SUESCA

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Planta de tratamiento en el centro Poblado de Santa Rosita. X
Tercera Etapa de Alcantarillado. X
Terminación Alcantarillado Centro Poblado de Cacicazgo. X
Adecuación del Matadero. X
Planta de Tratamiento. X

V.I.4. MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Reforestación de la cuenca alta del río Bogotá en el sector correspondiente al Municipio de Gachancipá, Departamento de Cundinamarca. X
Implementación Granja Demostrativa Integral Autosuficiente con Producción Orgánica en la vereda roble centro del Municipio de Gachancipá. X
Programa de Reforestación de la Ronda de la Quebrada Quindingua que desemboca en el río Bogotá. X
Implementación del vivero participativo para la producción de especies nativas como destinación forestal y de seguridad alimentaria en la vereda "San Bartolomé" en el Municipio de Gachancipá. X
Integrar a los productores agropecuarias del Municipio de Gachancipá, al proyecto de conservación de agua y suelo en la zona Andina de Colombia Procas como tecnología sostenible y competitiva del recurso tierra. |3| X
Programa Integral de Transferencia de Tecnología para la producción limpia y comercialización de hortalizas en la Sabana de Bogotá. X
La política ambiental del Municipio en el Plan de Ordenamiento Territorial |4|. X
Política de los Ecosistemas Estratégicos |5|. X
Política de Evaluación Seguimiento y Control |6|. X
Políticas de Saneamiento Básico y de Servicios Públicos en el Plan de Ordenamiento Territorial. X
Vertimiento de Aguas Servidas. X
Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado. X
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la vereda Roble Sur. X

V.1.5. MUNICIPIO DE COGUA

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Reubicación Matadero X

V.1.6. MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Terminación de los Acueductos de las Veredas "las Esmeraldas" y Canativa |7|. X
Estudio del Plan Maestro de Acueducto para el casco urbano y rural. X
Inicio de obras de inversión establecidas en el plan. X
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - Planta de Sacrificio de Ganado. X
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos |8|. X
Restauración y recuperación morfológica de una cantera en la provincia Sabana Centro. X
Diagnóstico Ambiental en su segunda etapa Vereda Canavita. X
Adquisición de predios de interés hídrico para consolidar el corredor ambiental. X
Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento básico. X
Diseño y construcción de un sistema de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos. X
Manejo Integral de los residuos hospitalarios y patógenos. X

V.1.7. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E. S. P.

OBRAS/PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Desde 10 años)
Aguas residuales
Interceptor Menor - Hospital
Interceptor Menor - Villa Luz
Interceptor Menor - El Prado
Interceptor Calle 8 Algarra 3
Interceptor Las Villas
Interceptor Centro - San Pablo
Interceptor Santa Isabel II
Interceptor Santa Isabel I
Interceptor Barandillas
X
Aguas Residuales
Estación de Bombeo y Línea Impulsión San Miguel
Estación de Bombeo y Línea Impulsión Barandillas
Interceptor Salinas
Estación de Bombeo y Línea de Impulsión Pasoancho
Impulsión Santiago Pérez
Interceptor Zipalandia
Interceptor Portachuelo
X
Aguas Lluvias
Colector La Esmeralda San Carlos
Integral Salinas
Colector Bóveda a Quebrada la Arteza
Colector Barandillas
Colector Adecuación Quebrada la Arteza
Colector Alameda del Zipa (Expansión)
Colector Calle 14 (Expansión)
Adecuación Ronda Río Negro
Colector Tejer Arteza
X

V.1.8. MUNICIPIO DE SOPÓ

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Construir y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y Residuales. X
Incluir en el Proyecto del Presupuesto a presentarse el 1 de noviembre de 2003 a consideración del Concejo Municipal las partidas presupuéstales que permitan apoyo económico y técnico a la empresa de servicios públicos municipales para que esta a su vez reciba y ponga en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR I y II de la CAR. X
Mantener la observancia de las zonas de rivera, de ríos y quebradas incluidos el río Teusacá, en cuanto no se permita construir en ellas |9|. X
Presentar a consideración del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifique el P.B.O.T., que permita el traslado del centro de faenado y sacrificio a una zona para su explotación. X

V.1.9. MUNICIPIO DE CHÍA

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Plan Maestro de Acueducto |10| X
Planta de Tratamiento de Agua Potable X
Obra - Chilacos: Redes de alcantarillado separadas (aguas negras y aguas lluvias) |11| X
Obra - Bojacá: Redes separadas de aguas negras y aguas lluvias que subsanará las necesidades existentes. X
Obra - Fagua: Completará el faltante de la red de aguas residuales. X
Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: El Darién - Cataluña - El Cacique - La Paulina.
Recuperación de la PTAR de Chía. |12|
X

V.1.10. MUNICIPIO DE COTA

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Ampliación de la Cobertura de la Planta de Tratamiento de la Vereda Pueblo Viejo. X
Construcción Planta de Tratamiento Vereda Rozo - Sector El Hoyo. X
Construcción de dos Plantas de Tratamiento Modulares Vereda Parcelas. X

V.1.11. MUNICIPIO DE CAJICÁ

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Construcción del alcantarillado entre la calle 7 sector Granjitas y Chunugua. X
Conexión del alcantarillado del sector Fibrit, San Jerónimo hasta la planta de tratamiento que opera la CAR. X
Continuación del proyecto reforestación de la ronda del río Bogotá. X
Construcción de la planta de tratamiento de los sectores de la virgen, Rincón Santo, Puerta del Sol, El Misterio. X

Cuenca Media

V.1.12. MUNICIPIO DE MADRID

OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sector Pablo VI Puente de Piedra. X
Construcción alcantarillado de Aguas Negras. X
Reforestación del río Subachoque 2 4.5 Hectáreas. X
Construcción colector principal del Alcantarillado Sanitario Vereda Puente Piedra sector VI. X
Construcción Alcantarillado Aguas Negras Barrios Escallón, Amparito, Echavarría, Lorena y Bolonia al Colector. X
Construcción Planta de Tratamiento Barrio Echavarría |13|. X
Construcción Parque Lineal Ecoturismo río Subachoque. X
Reubicación de familias que se encuentran en la ribera del río. X
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado y Aguas Lluvias. X

V.1.12.1 EDUCACIÓN Y CONTROL

  • Promover en el Municipio una cultura y pertenencia hacia nuestra fuente hídrica, a través de talleres, organización del cabildo verde, recorridos turísticos, así como establecer como materia de estudio obligatoria para todas las escuelas y colegios del municipio, así como la organización de grupos ecológicos.
  • Hacer efectivo el cobro de las tasas retributivas y/o compensatorias por el uso del agua en el municipio, para su reinversión en la recuperación del Río y/o sistema ambiental municipal.
  • Promover el funcionamiento adecuado de las plantas de tratamiento y lagunas de oxidación Madrid I y Madrid II, que funcionan en el municipio.
  • Establecer acciones coordinadas entre el Municipio de Madrid, los municipios ribereños y la autoridad competente ambiental, para el seguimiento y control a las captaciones de aguas ilegales por parte de la autoridad ambiental, incluyendo pozo profundos reservorios, sifones de captación y localización de motobombas de sub succión.
  • Seguimiento y control de los planes de manejo ambiental para la explotación y/o recuperación de las canteras que funcionan en el Municipio.
  • Conservación del Cerro de Carrasquilla.
  • Control de la deforestación a través de la Umata del Municipio.

    V.1.13. MUNICIPIO DE MOSQUERA

    OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
    Destaponamiento pozo Siete Trojes |14|. X
    Mejoramiento o nueva construcción de la Planta de Tratamiento Siete Trojes |15|. X
    Construcción de pozo profundo en el sector de los Puentes Vereda Balsillas |16|. X
    Construcción línea de conducción de agua del pozo puentes a las plantas del centro |17|. X
    Ampliación en la capacidad de las plantas de tratamiento del centro. X
    Adecuación del laboratorio de aguas. X
    Construcción y puesta en funcionamiento del Colector Transval |18|. X
    Construcción alcantarillado de barrios, la cumbre, Altos de Santa Ana, Villa del Rocío, Santa Ana, El Dorado y el Carmen |19|. X
    Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio Porvenir Río. X
    Reubicación de habitantes del barrio Porvenir Río asentados en la ronda del río Bogotá. X
    Recuperación Ronda Río Bogotá X
    Recuperación Ronda río Balsillas y Subachoque. X
    Delimitación Ronda "Ciénaga del Gualí". X
    Delimitación Ronda de la Laguna de la Herrera. X
    Malla Ambiental. X
    Reserva Forestal. X
    Recuperación Morfológica. X
    Estudios y Diseños Plan Maestro Alcantarillado - Aguas residuales domésticas. X

    V.1.14. MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

    OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Desde 10 años)
    Construcción del colector que se utiliza para conducir aguas residuales domésticas, ubicado en la vereda de San Rafael Bajo. X
    Construcción del colector ubicado en el Barrio Siete de Agosto, utilizado para conducir aguas residuales domésticas con el fin de descontaminar la quebrada de Chapinero. X
    Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Petar II |20|. X

    V.1.15. MUNICIPIO DE FUNZA

    OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
    Recuperación de las zonas de Ronda del río Bogotá aprox. 1 km de longitud y 150m de ancho |21|. X
    Cerramientos transparentes en malla aislando éstas zonas |22|. X
    Tratamiento correcto de las aguas residuales del Municipio a través de la Planta de Tratamiento. X
    Ampliación y mantenimiento de las fuentes hídricas y forestales recuperando el cuerpo de humedales. X
    Continuar con el proceso de firmar escrituras con los propietarios de los terrenos aledaños a los cuerpos de agua (rondas del humedal del río Bogotá) en casi 40.000 m2 de zonas de ronda y manejo ambiental como cesión gratuita al municipio para asegurar su control, manejo y conservación. X
    Las inversiones proyectadas tanto de la Alcaldía como de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Funza EMAAF E. S. P. para los sectores de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para los próximos cuatro (4) años por un total de 11.310 millones de pesos, adicionalmente de la inversión de 459 millones de pesos de recursos de la Nación en el mantenimiento, reforestación y conservación del cuerpo de humedales. X
    En cuanto a cobertura de Redes de Alcantarillado Sanitario, la Administración Municipal proyecta a que durante los próximos cuatro años se tendrá una cobertura del 100% del casco Urbano, aguas que serán dirigidas en su totalidad a la PTAR para su tratamiento y final disposición en el cuerpo de humedales. X
    Traslado del matadero municipal y transformación del mismo en una planta de sacrificio y frigorífico de manera que se eleven los estándares de la prestación del servicio. X

    Cuenca Baja:

    V.1.16. MUNICIPIO DE SOACHA

    OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
    Construcción primera etapa de los interceptores de Aguas Negras de la cuenca Terreros- Tibanica-Bogotá D.C.- Soacha Departamento de Cundinamarca |23|. X
    Construcción redes matrices de acueducto para a zona sur (El Papiro, San Nicolás, Conviva, Compartir, Ciudadela Latina y Ciudad de Quito) y altos de Cazucá- Zona Intermedia- Soacha-Terreros |24|. X
    Construcción Planta Tratamiento Primario-Matadero Municipal. X XXX X
    Construcción Redes de aguas negras, lluvias, suministro de acueducto y parte proporcional del Convenio general Colector Canoas. X

    V.1.17. MUNICIPIO DE SIBATÉ

    OBRA / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Más de 10 años)
    Interceptor de Aguas Residuales del área Urbana Central, en desarrollo de los estudios y diseños presentados. X
    Abrir un nuevo matadero Municipal que cumpla con las reglamentaciones de tipo sanitario y de uso del suelo mediante el sistema de concesión para que sea construido por el sector privado. X
    La administración del Municipio de Sibaté se compromete a verificar lo dispuesto mediante la Resolución No. DRF 193 de 24 de julio del 2000 en relación con los reservorios de agua donde se almacena el agua de riego para los cultivos. X

    V.1.18 PROBLEMAS, ACTORES Y POSIBLES SOLUCIONES

    V.1.18.1. CUENCA ALTA

    PROBLEMA ACTOR SOLUCION
    Contaminación industrial Curtidores Conglomerado industrial por curtiembres. Especializado por actividades. Implementación de tecnologías limpias.
    Alteración de los ecosistemas de páramo y ecosistemas boscosos Papicultores Recuperación de las zonas de páramo. Priorizar zonas de compra de páramos por parte de los municipios. Reforestación y concientización a las comunidades y gremios.
    Contaminación por aguas residuales domésticas Municipio y comunidad Culminar cobertura de alcantarillado municipal, reutilización del agua proveniente de las PTAR, pre tratamiento de aguas provenientes de las zonas rurales, participación de la comunidad y capacitación.
    Presión sobre aguas subterráneas Floricultores Implementación de sistemas de reutilización de aguas, implementación de tecnologías limpias.
    Alteración de los ecosistemas Ladrilleras Reforestación y recuperación de las zonas de cantera utilizadas por los industriales.
    Alteración de los ecosistemas Industrias explotación minera Implementación de tecnología limpia.
    Pérdida de Biodiversidad Explotación Forestal Implementación de mecanismos de explotación con criterios de sostenibilidad.
    Urbanización de la Sabana Municipios y comunidad Mesa Regional

    V.1.18.2. CUENCA MEDIA

    PROBLEMA ACTOR SOLUCION
    Contaminación por aguas residuales domésticas. Distrito Capital Culminar cobertura de alcantarillado construcción de la solución para el tratamiento de las aguas residuales dentro del marco que el Distrito convenga con el concesionario dentro de los requerimientos ambientales establecidos para este caso, participación de la comunidad y capacitación.
    Contaminación industrial Industrias Implementación de tecnologías limpias, desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas industriales.
    Sobre explotación del recurso hídrico subterráneo Agroindustrias Reutilización del agua proveniente de la PTAR, optimización del uso del recurso hídrico
    Aportes de sedimentos provenientes de la explotación de canteras Mineros Desarrollo de acueducto de las actividades cumpliendo con la normatividad ambiental.
    Urbanización Comunidad Autoridades Implementación de mecanismos que generen un control de la migración hacia el distrito, la ciudad, las poblaciones vecinas lo cual implica una mayor presión sobre el recurso hídrico.
    Explotación Energética Emgesa - EEB Ampliación de la concepción de uso energético de la infraestructura a usos ambientales a efectos de aumentar la disponibilidad del recurso.

    V.1.18.3. CUENCA BAJA

    PROBLEMA ACTOR SOLUCION
    Escasez del recurso Hídrico. Cuencas superiores Descontaminación de las aguas provenientes de estas subcuencas, uso de efluentes de las PTAR.
    Contaminación por agroquímicos. Agricultores Optimización del uso de agroquímicos, participación de la comunidad y capacitación.
    Contaminación por aguas residuales domésticas. Municipio y comunidad Culminar cobertura de alcantarillado municipal pretratamiento de aguas provenientes de las zonas rurales, participación de la comunidad y capacitación.
    Sobre explotación del recurso suelo Industria Ganadera Establecimiento de tecnología que permita delimitar la frontera agropecuaria.
    Urbanización Municipios y comunidades Control de la densificación y crecimiento de la población.

    V.1.19. PROGRAMAS -CAR-

    CONVENIO AREA DE INFLUENCIA DESCRIPCION DEL PROYECTO
    CAR- Distrito Cuenca Media del río Bogotá La Corporación seguirá aportando los recursos establecidos en el Parágrafo 2 del Artículo 44 de la Ley 99 de 1993 al proyecto de saneamiento de la cuenca media siguiendo las directrices de los estudios analizados por el Distrito. "Inversión Ambiental".
    Deuda BID Cuenca Alta y margen occidental del río Bogotá La corporación seguirá sirviendo la deuda, correspondiente a los dos créditos adquiridos con el BID por concepto de los créditos para financiar la construcción de las PTAR. La deuda fue contraída en dólares y pagadera en dólares lo que genera una gran carga financiera para la Corporación asociada con la fluctuación del valor del dólar.
    CAR- Municipios Cuenca Alta y Media La contaminación del río Bogotá, es generada por la concentración demográfica y económica del área, lo cual causa grandes costos sociales sobre la salud pública, el costo de tratamiento del agua, las limitaciones de la actividad agrícola, el uso intenso de las aguas subterráneas, la eutroficación y consecuente destrucción de humedales. La CAR propone ampliar la capacidad y/u optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes a cargo de la jurisdicción. Esta tarea comprende la ejecución de obras de ingeniería sanitaria y saneamiento ambiental en los municipios del área de jurisdicción de la CAR con el propósito de mejorar la calidad de las aguas de la Cuenca Alta y las condiciones ambientales de la región, comprende la Operación y Mantenimiento de las PTAR.
    CAR Cuenca del río Bogotá, conformada por 19 subcuencas Dada la magnitud y la complejidad de la cuenca del 'rio Bogotá, no se iniciará proceso de ordenación de toda la cuenca, sino que se ordenarán las subcuencas que la conforman, sin perder de vista la cuenca total. Para cada subcuenca se debe seguir el procedimiento del Decreto 1729 de 2002, los pasos son: Diagnostico, Prospectiva, Formulación, Ejecución y Seguimiento.
    CAR Cuenca del Río Para mejorar el control hidrológico y agilizar la operación de los embalses, se ha previsto automatizar la medición de caudales y las maniobras de apertura o cierre de válvulas de descarga, con sistemas Telemétricos que permitan el manejo en tiempo real. Para lo cual se compromete a la Operación, Mantenimiento permanente y Automatización del EMBALSE DEL SISGA Y NEUSA.
    CAR- IDEAM Toda la Jurisdicción de la CAR Realizar un Diagnóstico del estado actual de los equipos mecánicos instalados en las estaciones que conforman la Red Hidrometeorológica, con el fin de seleccionar los equipos mecánicos que requieren ser reemplazados, analizar e identificar en cada subcuenca contemplada en la jurisdicción de la CAR las necesidades de información hidrometeorológica, con el fin de definir el número y las categorías de las estaciones, instalar estaciones telemétricas con el fin de evitar desastres e identificar los sitios donde se realizan vertimientos a las aguas del río Bogotá y a sus afluentes para implementar gradualmente estaciones de monitoreo de calidad de agua.
    CAR-Alcaldías-Comunidades-CREPAD- Fondo Nacional de Regalías Cuenca del río Bogotá Inicialmente el proyecto contempla la ejecución del levantamiento topográfico de las márgenes del Río en el sector de Suesca - Tocancipá, para identificar sectores críticos en cuanto a jarillones, compuertas y alteraciones por vegetación y sedimentos. Posteriormente, se proponen y ejecutan trabajos, conjuntamente con las Alcaldías y ribereños, para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones. Como aporte a la continuidad del saneamiento ambiental, se ha proyectado la implementación de una red telemétrica para monitoreo de la calidad de agua del rio Bogotá, en los 10 puntos, desde Villapinzón hasta Girardot.
    Convenio No. 354 de diciembre 30 de 1999, CAR Gobernación-Municipio de Bojacá Cuenca Alta, Media y Baja Suministro y adecuación de terrenos para construcción y operación de un sistema de disposición de residuos sólidos en el sector de Mondoñedo del Departamento de Cundinamarca. El predio fue entregado a la Gobernación mediante acta el 1 de noviembre de 2001, el contrato de concesión se otorgó al consorcio RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO y se firmó el 27 de diciembre de 2002, comprende los estudios y diseños, construcción y/o montaje, operación y mantenimiento, cierre, clausura y postclausura de las instalaciones del sistema de tratamiento y disposición final de residuos.
    Cobro de tasa CAR Cuenca Alta, Media y Baja En la actualidad la CAR tiene identificados en toda la jurisdicción 491 usuarios los cuales están representados por los entes territoriales, sector curtiembres, industrias, manufacturera, sector avícola entre otros.

    V.1.20. REGLAS DE GOBIERNO

    Pasa en seguida a señalar unas Reglas de Gobierno: (fl. 41 cuaderno No. 7 proyectos de pacto de cumplimiento), para lo cual parte de la base de cada una de las acciones concretas de saneamiento, en un horizonte de tiempo muy definido, así:

    V.1.20.1 CUENCA ALTA

    MUNICIPIO ACCION OBLIGADO
    Villapinzón y Chocontá Recuperación Ronda del Río. Municipio
    CAR
    Curtidores
    Recuperación del páramo Municipio
    Gobernación
    Agricultores
    Ganaderos
    Reubicación de los curtidores Gobernación
    CAR
    Municipio
    Curtidores
    Planta de Cromo Gobernación
    CAR
    Municipio
    Curtidores
    Municipios de la cuenca alta y media Optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes CAR
    Municipios
    Cota y Chía Ampliación de la capacidad de tratamiento de la infraestructura existente. CAR
    Municipios

    V.1.20.2. CUENCA MEDIA

    Bogotá La CAR expresa su voluntad de seguir apoyando dentro de los términos del parágrafo 2° del Artículo 44 de la Ley 99 la gestión de saneamiento ambiental.

    Lo anterior, exige, de terminarse el Contrato de Concesión 250 que tenía como objeto el saneamiento del río Bogotá, la realización de un convenio interadministrativo que determine claramente las obligaciones a su cargo, la forma en que se manejan y ejecutan los recursos y el proyecto que se apoya.

    V.1.21. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCENTRO

    OBRAS / PLANES CORTO PLAZO (Hasta 5 años) MEDIANO PLAZO (De 5 a 10 años) LARGO PLAZO (Desde 10 años)
    Con la Planta de Asfalto se utiliza agua para el enfriamiento de la tubería y ésta es reutilizada y pasa por una planta de lodos los cuales pasan a una planta de tratamiento de secado. -Actualmente en ejecución.
    Instalación y reposición de la cubierta de la planta de asfalto, para evitar que el material asfáltico sea arrastrado. X
    Realización y limpieza controlada de una trampa de grasas para eliminar posibles residuos de aceites a las corrientes superficiales. X

    V.1.22.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

    • Formular el componente de sostenibilidad ambiental en la política agropecuaria
    • Conservar los recursos hídricos de la cuenca del río Bogotá a través de la adecuación de tierras.
    • Apoyar la conservación de los recursos forestales de la cuenca del río, a través de la cadena forestal y del apoyo de proyectos silvo pastoriles.
    • Asistir técnicamente a los pequeños productores de la localidad de Bosa.
    • Programa integral de transferencia de tecnología para la producción limpia de hortalizas.
    • Impulsar los Sistemas Alternativos Agropecuarios como agricultura ecológica y la producción limpia a la cuenca del río..
    • Difundir y capacitar sobre la política sectorial para la descontaminación del río Bogotá.

    V.1.23. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

    • Crear parques minero ambientales, que deberán incluirse en el POT.
    • Crear nuevas zonas competentes para realizar la actividad minera
    • Realizar seguimiento especial y modificar la licencia ambiental.
    • Velar porque se dé estricto cumplimiento al numeral 3 del artículo 7 de la ley 756/02.
    • Asistir técnicamente para la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios y fomento para la optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
    • Apoyar a los municipios que no han formulado su POT y que requieren ajustarlo
    • Junto con el MAVDT, modificar y expedir la resolución definitiva 222/94 y contener en ella las principales definiciones como: materiales de construcción, arcillas, actividades mineras, zonas con viabilidad para la actividad minera, plan de manejo ambiental, plan de reestructuración ambiental y el POT.
    • Junto con el MAVDT, incluir en las zonas con viabilidad para la actividad minera: títulos mineros vigentes, parques minero-industriales, áreas de uso minero establecidas en el POT, áreas definidas en el estudio PRODEA LTDA y sujetas al plan de legalización art. 165 ley 685/01, decreto 2390/02
    • Junto con el MAVDT, adelantar un estudio entre el IDEAM e INGEOMINAS que determine la compatibilidad ambiental de las zonas de mayor potencial minero de la sabana de Bogotá.
    • Propender porque las actividades que desarrollen las empresas del sector minero energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales.
    • Reforzar los convenios de producción más limpia y apoyar la conformación de agremiaciones de sectores productivos.
    • Garantía de la Nación a nuevos créditos.
    • Capacitación para formulación de proyectos de manejo de aguas residuales y evaluación de proyectos presentados ante el FNR
    • Fomento a la presentación de proyectos que puedan acceder a exención y certificación exención del IVA.
    • Asistencia a mesas de coordinación y evaluación de alternativas para la descontaminación del río Río fomento para la creación de consejos de cuencas.
    • Impulso a la formulación y desarrollo de un plan nacional de manejo de aguas residuales que oriente su gestión a áreas prioritarias como la cuenca del río Bogotá.

    V.1.24. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

    • Seguimiento a la licencia ambiental otorgada por el ministerio al DAMA, para la construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, entre otros.
    • Apoyo a la gestión para la consecución de recursos económicos para programas y proyectos de descontaminación del río Bogotá.
    • Promover la celebración de convenios de producción limpia
    • Conceder incentivos tributarios, para la exclusión del IVA, en equipos destinados a control y monitoreo ambiental, que sean utilizados en la cuenca alta, media y baja del río Bogotá.
    • Consolidar las políticas y directrices nacionales, para construir los escenarios de participación de los actores involucrados
    • Complementar el plan de manejo de la cuenca del río Bogotá, para la recuperación de humedales (decreto 1729/2002)
    • Organizar y sistematizar la información que conlleve al registro de la reserva forestal protectora-productora-cuenca alta del río Bogotá.

    V.1.25. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (INVIMA)

    • Fortalecimiento del trabajo intersectorial a través de la implementación de estrategias como política y observatorio ambiental, etc.
    • Actualización normativa. (Decreto 475/98, CONPES 3177/02)
    • Realizar inspección vigilancia y control de los establecimientos de mayor riesgo químico en salud pública con el fin de evitar efectos adversos en la comunidad.
    • Vigilar y controlar las curtiembres ubicadas en la zona de San Benito, verificando las condiciones higiénicas sanitarias, de manejo ambiental, salud de los trabajadores, entre otros.
    • Vigilar y controlar las plazas de mercado frente a la generación de residuos sólidos y líquidos.
    • Inspección, vigilancia y control a plantas de beneficio aviar.
    • Inspección, vigilancia y control a plantas de sacrificio de bovinos y porcinos (Guadalupe, San Martín, ICTA, Usme)
    • Vigilancia y control de famas en el Distrito Capital
    • Vigilar y controlar el relleno sanitario de Doña Juana.
    • Realizar control integrado de focos de residuos sólidos, líquidos y vectores.
    • Intensificación de la vigilancia en Salud pública de los efectos adversos en la salud por la contaminación del río Bogotá.
    • Desarrollar proyecto de vigilancia centinela de necesidades sentidas y observadas de la comunidad aledaña al río.
    • Sensibilizar y capacitar a la comunidad aledaña a la ronda del río Bogotá

    V.1.26. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

    • Continuar cumpliendo con las disposiciones legales en materia de educación ambiental.
    • Asesorar a las secretarias de educación del departamento de Cundinamarca y del Distrito de Bogotá en los lineamientos generales de educación ambiental alrededor de la problemática del río Bogotá

    V.1.27. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

    • Autorizar las operaciones de crédito público externo que se generen para proyectos de descontaminación del río Bogotá.

    V.1.28. CAR

    • Cumplir el parágrafo 2 del art. 44 ley 99 1993
    • Servicio de la deuda con el BID.
    • Proyectos de cofinanciación.
    • Operación y mantenimiento de las PTAR existentes
    • Producción más limpia con los sectores productivos del territorio CAR.
    • Suministro y adecuación de terrenos para la construcción y operación de un sistema de disposición de residuos sólidos en el sector de Mondoñedo departamento de Cundinamarca.
    • Operación, mantenimiento y automatización del control de los embalses del Sisga y Neusa.
    • Red telemétrica (FNR-GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - CAR).
    • Mantenimiento del río Bogotá
    • Ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá.
    • Desarrollo y fortalecimiento de una cultura ambiental.
    • Construcción de nueva infraestructura y mejoramiento de la existencia para el saneamiento de la cuenca del río Bogotá.
    • Ejecutar el plan maestro de alcantarillado y realizar interceptores.
    • Construir un pacto con el distrito, conservando la condición de autoridad ambiental y no avalando una solución técnica incierta.
    • Modernización y ampliación de la red hidrometeorológica de la CAR.

    V.1.29. DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ-DAMA

    • Participar en los programas de: control de la contaminación en la fuente, control integrado del recurso hídrico de Bogotá y tasas retributivas.
    • Control de los efluentes industriales.
    • Recuperación y preservación de la ronda para el control de fuentes difusas.
    • Construcción, operación y mantenimiento de la PTAR canoas.

    V.1.30. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA, "IDEAM"

    • Apoyar científica y técnicamente los estudios que se consideren necesarios. Y a las acciones que se emprendan para minimizar la contaminación del río Bogotá.

    V.1.31. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

    • Adopción de medidas internas que garanticen un mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del río Bogotá.
    • Realizar obras internas encaminadas a la protección ambiental de aguas residuales en la planta de Sopó, PTAR II.

    V.1.32. ETERNIT COLOMBIANA S.A.

    • Adopción de medidas internas que garanticen el mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del río Bogotá.
    • Mantener vigente el certificado ambiental NTC ISO 14001.

    V.1.33. LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A.

    • Adopción de medidas internas que garanticen un mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del Bogotá.

    V.1.34. SOCIEDAD CRISTALERIA PELDAR S.A.

    • Vincularse a un proyecto de una organización sin ánimo de lucro que tenga relación con la descontaminación del río Bogotá.
    • Continuar cumpliendo las normas vigentes en materia ambiental.
    • Cumplir con las exigencias de la CAR y con el oportuno pago de las tasas retributivas y demás derechos que establezca la ley.
    • Aplicar tecnologías de protección al medio ambiente que beneficien a la sociedad
    • Realizar programas de capacitación a todo nivel de empleados y directivos, buscando ampliar conciencia de proteger el medio ambiente.
    • Establecer procedimientos internos que faciliten la protección al medio ambiente.

    V.1.35. REFINADORA SAL S.A. - REFISAL

    • Adopción de medidas internas que garanticen un mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del río Bogotá.
    • Vincularse a un proyecto de una organización sin ánimo de lucro que tenga relación con la descontaminación del río Bogotá.

    V.1.36. CERVECERIA LEONA S.A.

    • Adopción de medidas internas que garanticen un mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del río Bogotá.
    • Presentar un cronograma de implementación de medidas de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001.
    • Continuar vinculados con la CAR y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo programas que permitan la recuperación del río Bogotá.

    V.1.37. GRUPO SIDERURGICO DIACO S.A.

    • Adopción de medidas internas que garanticen un mejor cumplimiento de las normas ambientales, en cuanto a vertimientos y posible afectación del río Bogotá.
    • Mantener vigente el certificado de Bureau Veritas en norma ISO 900.
    • Mejorar diseño de cajas de recolección de los pozos sépticos.
    • Independizar los vallados de Proalco y Muña mediante la construcción de una caja con cabezal de entrega de los vertimientos de Proalco, previa autorización de la CAR.
    • Presentar informes anuales de caracterización de vertimientos en la descarga del vallado de Muña al colector general que descarga a la quebrada de Chucua.

    V.1.38.INDUSTRIAS SPRING S.A.

    • Unir esfuerzos y materializar conjuntamente el apoyo a la fundación AL VERDE VIVO, para que ésta mediante sus procesos de reforestación pueda contribuir a la recuperación del río Bogotá.
    • Sembrar árboles para que mejore el medio ambiente de la ciudad y del río Bogotá.

    V.1.39. SOCIEDAD STANTON & CÍA LTDA.

    • Adelantar las gestiones y trámites necesarios para obtener el certificado ISO 1400.
    • Continuar convirtiendo sus sistemas de combustión a gas natural, siempre que sea económicamente viable
    • Continuar con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental. Revisarlo cada dos años y si es necesario actualizarlo, aplicar tecnologías de protección al medio ambiente, siempre y cuando no afecten el equilibrio económico.
    • Construir un comité ambiental, conformado por los gerentes administrativos de producción, general y de servicios.
    • Invertir en actividades de protección al medio ambiente en el Embalse del Muña o en las riveras del ríoBogotá en el área de Alicachín, una suma de $20.000.000, que se invertirán en 10 cuotas cada una de dos millones de pesos, la primera en el 2004 y la ultima en el 2013.
    • Realizar anualmente desde el 2004 hasta el 2013, la siembra de 100 árboles, en el lugar que la autoridad ambiental recomiende.

    V.1.40. SOCIEDAD PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A.

    • Seguir aplicando las normas vigentes en materia ambiental y conocer e implementar las que en el futuro se expidan.
    • Informar periódicamente a las autoridades ambientales el desarrollo y cumplimiento de los compromisos asumidos en este pacto.
    • Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de gestión ambiental.
    • Establecer un comité de desarrollo de gestión ambiental e industrial, conformado por el gerente de la planta, el gerente general o su delegado, por un ingeniero ambiental y de mantenimiento de la planta.
    • Adelantar un programa de buenas prácticas de manufactura
    • Adelantar un programa de tratamiento de residuos líquidos y lodos.
    • Establecer un programa de manejo de la madre vieja del Río.

    V.1.41.SOFASA S.A.

    • Continuar con el SGA en especial labores de capacitación.
    • Obtener resultados positivos en las auditorias ISO 14001.
    • Mantener el sistema de tratamiento en Chía según el estado de la técnica.
    • Cumplir normas y recomendaciones de la CAR
    • Vincularse a programas ambientales coordinados por la autoridad ambiental por $3.000.000 al año desde el 2004.

    V.1.42. E.A.A.B.

    • Modernizar el sistema de tratamiento de aguas residuales.
    • Proyectar alcantarillado de aguas residuales.
    • Diseñar y construir un sistema de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios.
    • Implementar el manejo integral de los residuos hospitalarios y patógenos.
    • Interceptor Engativa-Cortijo
    • Interceptor Fucha-Tunjuelo
    • Ejecutar el proyecto de control de inundaciones para el río Bogotá.
    • Terminar la intercepción y control de las aguas residuales y lluvias, del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial secundario de Bogotá.
    • Realizar las obras relacionadas con el sistema de drenaje de la ciudad.

    V.1.43. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y EMGESA S.A. E.S.P.

    • Construcción del dique y vertedero direccional para aumentar el tiempo de permanencia del agua en el embalse. Para reducir los malos olores y acondicionar el agua para facilitar el control de mosquitos.
    • Funcionamiento laguna anaerobia, cubierta de buchón
    • Zona aerobia (aireación forzada)
    • Funcionamiento laguna macrofita, zona con densidad de 20 y 60 kg/m2
    • Zona libre de buchón cercana a las colas (aireación)
    • Acciones varias de las colas
    • Mantenimiento reforestación
    • Contrato guardabosques
    • Fumigación y rodentización
    • Monitoreo de mosquitos
    • Monitoreo de aguas
    • Divulgación a la comunidad
    • Construcción barrera direccional
    • Obras civiles o acciones relacionadas en el embalse para mejorar la calidad del agua o que sirvan de soporte para el mejoramiento del embalse.
    • Operación y mantenimiento estación de bombeo y monitoreo instrumental
    • Rectificación de cauces y vertimientos aguas servidas del Municipio de Sibaté.
    • Reconformación de orillas y revegetalización
    • Revegetalización herbacea, arbórea y arbustiva.
    • Construcción y mantenimiento de cercas protectoras
    • Vigilancia para evitar ingreso de personas y semovientes al Embalse.
    • Adelantar la operación y mantenimiento de las obras, maquinaria y equipos hasta su entrega formal.

    V.1.44. EMCOCABLES EN REESTRUCTURACIÓN

    • Prestar los equipos para los monitoreos trimestrales, para que la CAR pueda mirar el estado de contaminación del río Bogotá.
    • Adelantar las gestiones necesarias para obtener el certificado ISO 14000 sobre el medio ambiente
    • Conformar un grupo de trabajo compuesto por el gerente de planta y directores y jefes de área, coordinado por el representante de la gerencia, desarrollando actividades como capacitación y entrenamiento con una intensidad de 104 horas a cargo del coordinador ambiental y el representante de gerencia; capacitación del equipo de trabajo, lineamientos ISO 1400 y planificación ambiental.
    • Sembrar 300 árboles en los predios de EMCOCABLES dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia que apruebe el pacto.
    • Continuar convirtiendo los sistemas de combustión a gas natural siempre que sea económicamente viable.

    VI.
    ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS INVESTIGACIONES ADELANTADAS TENIDOS EN CUENTA PARA LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PACTOS DE CUMPLIMIENTO COMO TAMBIÉN PARA LA TOMA DE LAS DEMÁS DECLARACIONES Y ÓRDENES A PROFERIR SOBRE LA SOLUCIÓN TÉCNICA ACORDADA CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROCESO

    VI.1. DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y OBRAS A REALIZAR PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ.

    Con el fin de establecer el estado de contaminación y su descontaminación del río Bogotá, se encuentran alternativas como:

    • PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-RECICLAJE.
    • LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS Y ALCANTARILLADO DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE VIERTEN SUS AGUAS RESIDUALES DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS AFLUENTES, LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR SALITRE, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES Y COLECTORES DENTRO DEL D.C.
    • LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE TUNJUELO Y DE CANOAS, DE LA PTAR DEL MISMO NOMBRE Y DEL INTERCEPTOR CANOAS-ALICACHÍN.
    • EL DRAGADO DELRÍO : requiere un estudio del impacto ambiental de la disposición de lodos y frente a las pruebas documentales allegadas por la EAAB dichos estudios e investigaciones fueron objeto de análisis por la mesa que se integró para efectos de establecer la SOLUCIÓN TÉCNICA INTEGRAL PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL río BOGOTÁ

    VI.2. DE LAS PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN, DE LAS CARGAS CONTAMINANTES Y DE LOS CAUDALES.

    Las conclusiones y la valoración probatoria se extraen de la MESA DE SOLUCIÓN TÉCNICA INTEGRAL PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ y de los siguientes cuadernos presentados por la EAAB en el proceso, todos los cuales fueron ordenados como pruebas, sin que las partes los controviertan con otras pruebas:

    - EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE "EL SALITRE" / UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO RÍOBOGOTÁ (WATER RESEARCH CENTER). AGOSTO DE 2002.

    El estudio que hace la EEAB, abarca todos los aspectos de la cuenca del Salitre y de la PTAR con énfasis en la actual y futura operación de la planta, además incluye el análisis de la capacidad última de la planta con la infraestructura para tratar el caudal generado en la cuenca Salitre, la disponibilidad y calidad de datos del afluente, el impacto del sistema de alcantarillado, descripción del sistema de tratamiento primario, los programas de muestreo, los programas de ensayos de sedimentación y el plan de desarrollo de la planta.

    - COMPORTAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ CON CAUDALES BAJOS. (CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ). JULIO DE 2003.

    El objetivo primordial de este informe es la determinación del caudal mínimo aceptable del río Bogotá en su cuenca media de tal forma que permita los usos previstos a corto y mediano plazo; el análisis de los caudales, las alternativas de dragado y rectificación del Río y el análisis del comportamiento hidráulico, en el cual se concluye que la cuenca media es la de un cuerpo embalsado.

    - AJUSTE DE DATOS PARA INFORME DE USO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL RÍOBOGOTÁ. (CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ). MAYO DE 2003.

    Describe la forma en que se realizó, los resultados y principales conclusiones del ajuste de los datos obtenidos de las 5 campañas de medición de la calidad del agua del ríoBogotá realizadas por la Universidad de los Andes en los años 2001 y 2002, para posteriormente reasumir la situación actual de la calidad del agua del río Bogotá en cada una de sus subcuencas.

    - MODELACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DE AGUAS EN LOS INTERCEPTORES FUCHA-TUNJUELO, TUNJUELO- CANOAS Y DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RÍO BOGOTÁ PARA LA CONDICIÓN CON Y SIN INTERCEPTORES. (LUIS ALEJANDRO CAMACHO). OCTUBRE DE 2003.

    El objeto del estudio es realizar una modelación preliminar de la calidad del agua del ríoBogotá con y sin interceptores y comparar la calidad del agua resultante para estas dos condiciones en Alicachín en el momento en que el efluente de la PTAR Canoas sea mezclado nuevamente con el agua del Río para su bombeo al Embalse del Muña con propósitos de generación de energía.

    - PREDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS.(CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ) JUNIO DE 2003.

    El informe se refiere al prediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con Tratamiento Primario Químicamente Asistido (TPQA) y capacidad de 20 m3/s de caudal medio diario, un sistema novedoso, moderno y eficiente que reduce la polución de las aguas residuales en cuanto a sólidos suspendidos y algunos contaminantes asociados a ellos tales como: materia orgánica, fósforo, patógenos y metales pesados.

    - DESINFECCIÓN DE EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ) MAYO DE 2003.

    El estudio va ligado a los tipos de desinfección a través de los tratamientos Primarios, las técnicas de desinfección, el impacto ambiental, así como de los sistemas de desinfección para afluentes primarios.

    - PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ, DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA A SEGUIR. UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO BOGOTÁ. "UTSRB". VERSION 01. JULIO DE 2003.

    En el presente informe se presentan conclusiones de los estudios sobre los lineamientos que debe continuar con el Saneamiento del ríoBogotá elaborados por la UT con el apoyo del Water Research Center del Reino Unido, basados en muestreos y análisis llevados a cabo por la Universidad de los Andes, referente a la descripción de la cuenca del río Bogotá y de sus alternativas, las características de la cuenca media, el nivel de tratamiento, Dimensionamiento de las alternativas, evaluación de los costos.

    - MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BOGOTÁ. DICIEMBRE DE 2002.

    El objetivo general del proyecto y de la investigación de la Universidad de los Andes y la EAAB es realizar mediciones de campo de la calidad del agua, y realizar un análisis del impacto del Río Magdalena que permitan implementar, calibrar y verificar un modelo de calidad del agua del río Bogotá que sirva como herramienta de planeación de su saneamiento.

    - ESTUDIOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS Y TOPOGRÁFICOS PARA DEFINIR EL NIVEL DE LOS JARILLONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ríoBOGOTÁ EN EL TRAMO ALICACHÍN - LA CONEJERA. HIDROESTUDIOS S.A. INGENIEROS. MARZO DE 2000.

    Este informe contiene los resultados de los análisis, estudios y cuatro anexos que contiene los resultados de los trabajos Topográficos, de los estudios Hidrológicos e Hidráulicos, de las investigaciones Geotécnicas de Campo y los resultados de las investigaciones Geotécnicas respectivamente.

    Se consideraron los siguientes aspectos: la situación actual, el realce de los jarillones actuales, el efecto de la amortiguación de la Laguna la Magdalena para el río Fucha.

    - ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DEL FUCHA, DISEÑO DE OBRAS DE EXPANSIÓN, INTERCEPTOR RÍO RÍO BOGOTÁ - FUCHA- TUNJUELO, INFORME DE ALTERNATIVAS. HMV INGENIEROS. SEPTIEMBRE DE 2002.

    Teniendo en cuenta las evaluaciones y consideraciones de tipo hidráulico, geotécnico, predial, costos, impacto urbano, ambiental y recomendaciones del asesor extranjero Mr. Abbott, la cual será evaluada por la EAAB-ESP definen el nivel de diseño básico, la localización elevadora de Tunjuelito, un posible medio para la construcción de un túnel con alternativas de conducción box precisando cual alternativa resulta ser más favorable.

    - USOS Y ESTÁNDARES DE LA CALIDAD DEL RÍOBOGOTÁ. UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO RÍO BOGOTÁ. AGOSTO DE 2002.

    (Prueba aportada por la EAAB sobre la investigación en la materia que adelantó la Unión temporal de Saneamiento del río Bogotá, agosto de 2002. Ver el cuaderno respectivo)

    Hace referencia al esquema simplificado del concepto de la sostenibilidad de los ecosistemas naturales, los usos y estándares de calidad de agua de la cuenca de río Bogotá, la situación actual y futura de la cuenca, calidad futura del Río - resultados cuantitativos.

    VI.3. CONCLUSIONES DE LOS USOS Y ESTÁNDARES DE LA CALIDAD DEL RÍO BOGOTÁ.

    El estudio concluye de manera general que, la situación actual del río Bogotá, dentro de las condiciones físicas actuales impide su capacidad de autodepuración y de asimilación, por ser muy reducida en comparación con la magnitud de carga contaminante que recibe, en especial, en su Cuenca Media y, que los principales problemas de calidad del río están asociados a la carga orgánica de origen doméstico, que recibe aún más cantidad que aquella proveniente afluentes de la actividad industrial.

    - ESQUEMA DE SANEAMIENTO

    Un esquema de saneamiento sería compatible si se adelantan obras, programas y acciones de tipo preventivo para mejorar la calidad y disminuir la cantidad de aguas residuales, como obras de carácter remedial, como INTERCEPTORES Y PTARS.

    - ESQUEMA INSTITUCIONAL

    En estos términos, se requiere crear un esquema institucional que tenga capacidad para desarrollar proyectos y llegar a acuerdos, en los cuales tengan participación los usuarios. De igual manera, se requiere crear un organismo de cuenca, así como estudiar el diseño más conveniente, usar instrumentos económicos como las tasas retributivas por vertimientos y, por consiguiente, reforzar la mesa de concertación interinstitucional dotando una secretaría especializada para formular y seguir el cumplimiento de los Planes de Manejo e informar a la Mesa de Concertación sobre sus avances y dificultades.

    - PLANEACIÓN REGIONAL

    Se debe generar una visión de Planeación Regional de manera estratégica como la CAR, el DC Y la Gobernación de Cundinamarca, que se plasme en un POT de la Cuenca del RB, y que sea adoptada por la Mesa de Concertación formada por instituciones ya citadas, así como adoptar planes de manejo multianuales, estableciendo metas en el tiempo que permitan mejorar paulatinamente la calidad del agua.

    Frente a la calidad del agua, establecer normas donde el uso y las condiciones socioeconómicas de la región sean las mismas y no condiciones diferentes. De igual manera, frente al contenido alto de patógenos, es menester reducirlo por razones de salud pública.

    VI.3.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

    VI.3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA ALTA

    La situación actual que se produce en esta cuenca es determinante en lo que respecta a la calidad del río Bogotá, en especial, sobre el tramo de Villapinzón y sobre la cuenca media; las cargas de contaminación producen, a la entrada del DC, contenidos muy bajos de OD, e incluso anoxia para condiciones de caudales muy bajos; la demanda por agua es muy alta y los caudales disponibles en la cuenca media en época seca son muy bajos.

    El alto contenido de patógenos es el principal factor de contaminación.

    VI.3.1.2. ESQUEMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA ALTA

    El plan de acción mínimo debe realizar las obras y acciones que sean más probables y operen de manera técnica y eficiente la infraestructura. Además, es necesario que los municipios terminen los sistemas de alcantarillado, aumenten su cobertura y los conecten a las PTAR's correspondientes.

    Igualmente, la CAR debe terminar con el programa de PTAR's, desarrollar programas efectivos de control de vertimientos industriales, en especial, con las curtiembres del área de Villapinzón y la empresa Papeles y Molinos, además de mejorar el control de vertimientos rurales no autorizados y buscar esquemas administrativos y financieros que hagan posible la entrega de las PTAR's a los municipios, y en el mismo sentido incluir el estudio del sistema de concesión o de gestión por operadores privados.

    VI.3.1.3. PLANEACIÓN REGIONAL

    La Planeación Regional debe lograrse por parte de la CAR y de los municipios para mejorar el aspecto estético y disminuir los vertimientos rurales directos al rio (contaminación difusa).

    De igual forma, es necesario ampliar los criterios del uso del agua de los embalses, con el objeto incluir la calidad como un factor de programación de desembalses.

    VI.3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA MEDIA

    La situación actual del Bogotá es que se encuentran peores indices de calidad en esta cuenca por su enorme carga contaminante, unida a las pobres condiciones fisicas con que cuenta su autodepuración. Asi mismo, se encuentra una alta contaminación con patógenos, la ausencia total de oxigeno disuelto y la presencia de basuras flotantes, grasas y olores.

    El Embalse del Muña presenta una condición deplorable y grave desde la perspectiva ambiental, puesto que los requerimientos de agua para el Distrito de la Ramada son de 3.1 m3/s y con la ampliación serian de 5.3 m3 /s. Por lo tanto, el volumen del agua que produciria la Cuenca del Salitre en tiempo seco seria de 7.3 m3 /s y el caudal del Rio antes de entrar al DC es del orden de 2.12 m3 /s.

    El caudal disponible para mantener el rio Bogotá es del orden de 4 m3/s después de ampliar el Distrito de Riego de la Ramada, el cual es suficiente para mantener un caudal sostenible en el tramo La Ramada-Canoas.

    VI.3.2.2. ESQUEMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA

    La planta de tratamiento, El Salitre, se convierte en un factor fundamental para preservar el rio Bogotá y en una fuente de agua para el Distrito de Riego de la Ramada, para lo cual debe ampliarse la capacidad de la planta El Salitre con inversiones moderadas, a fin de tratar todas las aguas residuales, logrando una calidad adecuada para los usos previstos del Rio en las cuencas media y baja.

    El esquema de interceptores para los afluentes de aguas residuales de las cuencas Fucha, Tunjuelo y Soacha es mucho más barato que el esquema de plantas de tratamiento, y su implementación es rápida, por lo que se logran beneficios ambientales en mucho menor tiempo.

    VI.3.3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA BAJA

    La situación actual del rio Bogotá es que tiene una excelente capacidad de autodepuración en la parte inicial del tramo por su fuerte caida, asi como por la aireación en la generación de energia, lo que mitiga considerablemente el impacto de la carga contaminante originada aguas arriba.

    La parte inicial de la Cuenca Baja, el rio Bogotá no cuenta con el caudal minimo ecológico por la derivación total de su caudal hacia las plantas de generación de energia y no deja disponibilidad de agua para otros usos.

    Los malos olores son un fuerte impacto ambiental en este tramo, en especial, en los sitios de descarga de las tuberias de conducción a las plantas de generación.

    VI.3.3.2. ESQUEMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA BAJA

    Esta parte de la cuenca es la más beneficiada con el programa de saneamiento del Rio , como lo indican los resultados del modelo de simulación para el año 2012 en el escenario más probable.

    De manera institucional es menester crear un espacio de comunicación y concertación con los municipios de la cuenca Baja.

    VI.4. DE LOS INTERCEPTORES

    VI.4.1. ALTERNATIVAS DEL INTERCEPTOR TUNJUELO - CANOAS. (CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ) MAYO DE 2003

    En dicho estudio, se analizaron varias alternativas del interceptor Tunjuelo-Canoas, operando en conjunto con el interceptor Fucha-Tunjuelito, con la estación elevadora de Tunjuelo, EFT, la estación elevadora de Canoas y el emisario Alicachin. Además se revisan los antecedentes, los criterios de diseño utilizados, y la descripción detallada de la alternativa seleccionada.

    VI.4.1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ALTERNATIVAS DEL INTERCEPTOR TUNJUELO-CANOAS.

    Hay alternativas que ofrecen algunas variaciones aparentemente beneficiosas y otras más costosas ante la mayor incertidumbre de excavación, aspecto que es determinante por las caracteristicas del subsuelo en el trazado del interceptor Tunjuelo-Canoas.

    El costo de la inversión inicial de la alternativa seleccionada es de 66.4 millones de dólares, discriminados en 45.5 millones del Interceptor Tunjuelo-Canoas, 0.3 millones de la Variante del Colector Ciudad de Cali y 20.6 millones de la inversión inicial de la Estación Elevadora de Canoas, cuyos costos variables se estiman en 47.9 millones de dólares.

    Las caracteristicas del Interceptor Tunjuelo-Canoas correspondiente a la alternativa seleccionada muestran una sección transversal en forma de cajón de concreto, box culvert, de dos celdas con una base de 4.25 m por 3.30 m de altura, con una longitud de 8.6 km hasta el sitio definido preliminarmente para la Estación Elevadora de Canoas.

    El recubrimiento inicial del interceptor es 1.0 m aproximadamente y en la entrega a la Estación Elevadora es 3.0 m, con una profundidad promedio de excavación de 5.70 m. Esta condición de recubrimiento relativamente bajo, impone una restricción para el paso interceptor por debajo del rio Bogotá si se quiere localizar en la margen derecha la Estación Elevadora y las instalaciones de la PTAR de Canoas, lo cual implicaría volverlo a cruzar para entregar a la estación de bombeo de Alicachin en la margen izquierda, para evitar la descarga directa al Rio.

    Esta situación genera, además, la profundización del interceptor, el consiguiente aumento de la cabeza dinámica y el costo de la Estación Elevadora, que evidentemente no son atractivos. Para evitar este inconveniente se plantea la rectificación del rio en el sector de Canoas, con lo cual se podria habilitar un corredor más corto para el interceptor, evitando a la vez, la profundización.

    Es necesario indicar que la prolongación del interceptor Tunjuelo - Canoas genera a su vez la reducción de la longitud del Emisario Canoas-Alicachin, cuyo trazado en perfil se recomienda más superficial para garantizar el drenaje en condiciones criticas, para lo cual se estableció la descarga del Emisario con la cota 2567.50 msnm del sistema EAAB, 2537.64 msnm IGAC, que corresponde a la cota minima de operación de la estación Elevadora de Alicachin.

    El realce del Emisario favorece el funcionamiento hidráulico; sin embargo, hace que sobresalga del terreno plano en el corredor seleccionado, por lo cual es necesario desplazar su trazado hacia la pata de las laderas de los predios que se encuentran en dirección hacia la Autopista Sur, de manera que alcance a quedar oculto en el terreno y no se convierta en un obstáculo para el drenaje natural durante su recorrido.

    VI.4.2. POBLACIÓN, CAUDALES Y CARGAS CONTAMINANTES. UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ. AGOSTO DE 2002.

    El informe presenta un estudio de la población, caudales y cargas contaminantes de la ciudad de Bogotá D. C. y del Municipio de Soacha, localizados en el trayecto denominado "Cuenca Media del rio Bogotá", sobre la margen oriental de éste. La cuenca media se extiende desde la estación La Virgen sobre el Rio, en inmediaciones del Municipio de Cota, hasta Alicachin".

    Para el Municipio de Soacha se consultaron los "Estudios Técnicos, Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Soacha, informe final, Elaborado para la Gobernación de Cundinamarca y la EAAB, Bogotá D.C., 2001".

    Las cifras del estudio Bogotá y Cundinamarca. Expansión y Sostenibilidad, "Elaborado para la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, Bogotá D.C., 2000."

    Fisicamente la ciudad de Bogotá, está conformada por cuatro grandes cuencas de drenaje sanitario, como se muestra en la Figura 1.1:

      EXTENSIÓN
      Cuenca Torca 1,397 ha (hectáreas).
      Cuenca Salitre, incluye las cuencas de Conejera y Jaboque- 12,518 ha.
      Cuenca Fucha, incluye parte de la Cuenca Tintal- 14,731 ha.
      Cuenca Tunjuelo, incluye el resto de la Cuenca Tintal-10,039 ha.

    El drenaje de estas cuencas tiene lugar en sentido oriente occidente, mientras que el rio Bogotá discurre en sentido norte sur, constituyéndose en el limite occidental tanto del Distrito Capital como del casco urbano de Soacha.

    La Cuenca Torca incluye la zona de Guaymaral: cuyo desarrollo fue restringido por el (P.0.T.), aprobado según el Decreto 619 de Julio 28 de 2000, con vigencia hasta el año 2009.

    "Las redes troncales de los sistemas de alcantarillado sanitario se desarrollan paralelas a los ejes de drenaje de cada cuenca, como son el RÍO SALITRE en la cuenca del mismo nombre y en la CUENCA TORCA, EL RÍO FUCHA y el RÍO RÍO TUNJUELO en las cuencas de igual nombre.

    La cuenca Salitre, actualmente, y Torca, próximamente, llegan hasta la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, mientras que las redes de las demás cuencas llegan directamente a los ríos y éstos, a su vez, conducen las aguas hasta el río Bogotá.

    Se establecieron las proyecciones de población y demanda de agua potable en cada una de las cuencas y a partir de éstas se estimaron sus aportes de aguas residuales utilizando la base de datos del estudio Actualización de la Proyección de la Demanda de Agua1; y las áreas de drenaje definidas en los estudios Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado para las Cuencas de Salitre, Jaboque y Fucha2; y Diseño Detallado del interceptor Tunjuelo Bajo3.

      1 TEA Ltda. Estudio de Actualización de la proyección de la demanda de agua, Informe Ejecutivo. Elaborado para la EAAB, Bogotá D.C. 1999.

      2 Hidroestudios S.A. Estudio de Actualización del plan maestro de alcantarillado para las cuencas de Salitre, Jaboque y Fucha, Versión preliminar. Elaborado para la EAAB, Bogotá D.C. 2001.

      3 HC, Ingenieros Consultores Ltda. Elaboración de los Diseños Detallados para la Construcción de los Interceptores Tunjuelo Alto Derecho, Tunjuelo Bajo Derecho, Tunjuelo Bajo Izquierdo y Redes Complementarias. Actualmente en elaboración la EAAB, Bogotá D.C. 2001.

      4 Estudios Técnicos, Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Soacha, informe final, Elaborado para la Gobernación de Cundinamarca y la EAAB, Bogotá D.C., 2001.

      5 Preciado P. A., Bogotá y Cundinamarca. Expansión y Sostenibilidad, Elaborado para la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, Bogotá D.C., 2000.

    Se resalta la recopilación y análisis de las cifras de población proyectada para Bogotá y Soacha obtenidas de los estudios y planes maestros citados, y complementadas con reportes de otras entidades gubernamentales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas DANE, el Departamento de Planeación Distrital DAPD, la Corporación autónoma de Cundinamarca CRA y el Departamento Nacional de Planeación.

    VI.5. PROYECCIÓN

    VI.5.1. PROYECCIONES PARA BOGOTÁ D. C

    VI.5.1.1. Estudio de TEA-99

    Denominado asi, por la Actualización de la proyección de la demanda de agua, realiza un ajuste y proyección de la población y vivienda hasta el año 2020 y saturación, a partir del "Estudio de Población y Demanda para la Ciudad de Santa Fe de Bogotá", elaborado por TEA-CIC para la EAAB en 1997, el cual se denomina, genéricamente, estudio de TEA-97.

    Los estudios de TEA-97 y de TEA-99 establecen proyecciones de la población, la demanda de agua potable de la ciudad de Bogotá D.C. y de los municipios circunvecinos, como una herramienta fundamental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB ESP para el planeamiento de sus funciones y operaciones.

    VI.5.1.2. ESTUDIO DE HIDROESTUDIOS S. A

    El estudio de actualización del plan maestro de alcantarillado de la CUENCAS SALITRE, JABOQUE Y FUCHA, que actualmente se encuentra en elaboración por parte de Hidroestudios S.A., presenta en el informe de Estimación de la Producción de Aguas Residuales, el ajuste de las proyecciones de población de la ciudad hasta el 2020 y a saturación, considerando las restricciones planteadas por el POT del Distrito.

    Dicho estudio se basó en el escenario de población POT de TEA-99 hasta el 2020 y la saturación, y realizó el cruce con los limites de las cuencas de drenaje sanitario, teniendo en cuenta, además, los limites de expansión que definió el POT, determinando la población al 2020 y la saturación que albergará cada cuenca.

    Este estudio no incluye el análisis de las poblaciones para las CUENCAS TINTAL Y TUNJUELO, sin embargo, establece un porcentaje a la CUENCA DE TUNJUELO AL 2020 originada por la restricción de crecimiento del borde norte establecida por el POT.

    VI.5.1.3. INFORMACIÓN DEL DANE

    La información suministrada se utilizó como punto de referencia para cotejar los estudios de población de la ciudad de Bogotá y el Municipio de Soacha.

    Además se recopiló información de las Proyecciones de Población total por Municipios según el Dane, información del "POT- D.C.", y Proyección de la Población Total del Distrito Capital.

    VI.5.2. PROYECCIONES PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA

    VI.5.2.1. ESTUDIO DE TEA-99

    Tanto el Municipio de Soacha como el estudio de TEA-99, también contienen proyecciones de población, similares a las proyecciones de la ciudad de Bogotá D.C., considerando, además, tendencias regionales de municipios y del departamento. Las cifras de estudio son referentes a Proyecciones de Población Total del Municipio de Soacha, según TEA-99, información del DANE, Proyecciones de Población Total por municipios, según DANE.

    Sin embargo, la publicación "Bogotá y Cundinamarca. Expansión y Sostenibilidad" presenta otras cifras del DANE de las Proyecciones ajustadas de Población Total por municipios según DANE, Información de la Gobernación de Cundinamarca, Proyecciones de Población Total Municipio de Soacha, según Gobernación de Cundinamarca, Información del Plan Maestro de Alcantarillado de Soacha, Proyecciones de Población Total Municipio de Soacha, según Estudio del Plan Maestro de Alcantarillado de Soacha, por Estudios Técnicos. Año 2001, Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, Proyecciones de Población Total Municipio de Soacha, según POT del municipio.

    VI.6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE POBLACIÓN

    Las proyecciones de población recomiendan metodologias y análisis como la obtenida por la Unión Temporal "UT" para la ciudad de Bogotá, donde se indica que la base de datos de TEA-99 agrupa, en tres categorías, 6 estratos socioeconómicos existentes en la ciudad: el estrato bajo agrupa a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; el estrato medio corresponde al estrato socioeconómico 4; el estrato alto agrupa a los estratos socioeconómicos 5 y 6, de acuerdo con lo establecido en la población de Guaymaral por distribuir las otras tres cuencas, se divide por estratos.

    Los sectores censales de Guaymaral restringidos por el POT tendrían una capacidad a saturación de 962,853 habitantes, lo cual, finalmente, corresponde a la capacidad de ocupación que la ciudad pierde a largo plazo, debido a que el resto de la ciudad mantiene constante su capacidad de saturación o su máxima densidad poblacional.

    VI.6.1. TENDENCIAS PARA BOGOTÁ D.C.

    Dentro del análisis se resumieron las cifras, las cuales permiten apreciar que todas las proyecciones tienen unos rangos de variación no muy notorios y, en razón de ello se puede afirmar que, las tendencias son similares. Sin embargo, se observa una diferencia en los topes de saturación de los análisis, es decir, el estudio de TEA-99 que alcanza la cifra de 11'165.190 habitantes, versus el ejercicio de la Unión Temporal con el ajuste al POT-2000 que alcanza los 10'226.029 habitantes.

    Las tendencias hasta el año 2020 son similares y las proyecciones del POT y de TEA-99. Incorporan políticas de crecimiento impuestas, recomendando adoptar la proyección de población ajustada del POT de 2000, obtenida por la Unión Temporal.

    VI.6.2. SENSIBILIZACIÓN DEL LÍMITE DE SATURACIÓN DE BOGOTÁ

    Debido a la posibilidad de que las restricciones sobre el borde norte puedan cambiar luego de cumplirse la vigencia del POT en el año 2009, es necesario sensibilizar el límite de saturación de la ciudad.

    Al respecto se prevé que la actual restricción de desarrollo del borde norte puede generar el crecimiento de asentamientos subnormales o ilegales en esta zona en el mediano plazo, por la escasez de tierras en el resto de las cuencas. "Esta situación fue impuesta por el Ministerio del Medio Ambiente al POT Distrital".

    VI.6.3. TENDENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA

    Por su parte, se siguió el mismo procedimiento a fin de observar las distintas proyecciones, donde muestran una gran dispersión en las tendencias de las distintas proyecciones, con valores que fluctúan entre 617.000 y 920.000 habitantes aproximadamente en el año 2020, que son aproximadamente, el doble y el triple de la población actual. Sin embargo, para profundizar en los detalles de éste se recomienda consultar directamente el mencionado estudio.

    VI.6.4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA, SEGÚN DIFERENTES FUENTES.

    Dichas investigaciones se nutrieron de los resultados de dos campañas de muestreo de calidad de agua con medición de caudal, realizados en diversos puntos de la red de alcantarillado de la ciudad, principalmente, en canales y en algunos colectores, que permitieron conocer las condiciones de calidad en tiempo seco y durante eventos lluviosos en varios de estos puntos.

    Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los registros de precipitación de múltiples estaciones de lluvias localizadas en las cuencas que permitieron hacer el seguimiento durante un periodo de simulación de 13 años, utilizando los resultados de la calibración del modelo PCSWWM, y se determinaron los caudales que ingresaron a los canales directamente, por los colectores de sistemas pluviales, y en los aliviaderos de los sistemas combinados. Así mismo, se estableció el efecto en la calidad del agua por el arrastre de material que se deposita en las calles y que es llevado al alcantarillado durante los eventos lluviosos.

    VI.6.5. CONEXIONES DE LLUVIAS SEGÚN LA UNIÓN TEMPORAL

    Se considera que parte de la escorrentía de la lluvia urbana llega a los colectores finales y emisarios y otra parte rebosa por las estructuras de alivio que, junto con el agua rural, fluye por los canales que, obviamente, no drenan a los colectores finales o emisarios y, por lo tanto no llegarían a las plantas de tratamiento.

    La propuesta por la UT consiste en considerar que el 80% del volumen de aguas lluvias urbanas, será admitido en las redes sanitarias y el 20% restante serán vertidos hacia los canales. De acuerdo con lo anterior, para estimar el caudal por conexiones de las lluvias que llegarían a las plantas de tratamiento, se tendría la proporción respecto al volumen de aguas sanitarias, interpretado en términos de caudales.

    VI.7. DE LOS COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS

    (Con base en el estudio poblacional acabado de relacionar, las investigaciones apuntan hacia las alternativas a seguir así (ver cuaderno "Estudios Técnicos Noviembre de 2003").

    Este informe tiene como propósito, presentar de manera clara y objetiva, el proceso de estudio y los resultados obtenidos, que sustentan la propuesta de la posición del Departamento, CAR, Distrito para el desarrollo de saneamiento del río Bogotá, de manera tal, que resume los resultados del informe de Usos y Estándares de la calidad del agua del río Bogotá, y además permite conocer la importancia, la metodología y los actores involucrados en el desarrollo del estudio.

    De igual forma, presenta dos alternativas principales: la primera es la alternativa de las Tres Plantas y la segunda es la alternativa de dos plantas consideradas, y sus sub-alternativas que destacan los diversos componentes que las integran, a saber: plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto existentes como proyectadas, interceptores construidos y en proyecto, tanto del sistema de saneamiento como del sistema de alcantarillado de la ciudad, estaciones elevadoras y pondajes.

    De los análisis realizados se confirma que, el esquema de 1993, descrito en el actual POT, es muy desfavorable para la ciudad y por ningún motivo se debe continuar con él, ya que busca llegar a niveles de tratamiento secundario muy costosos, que no agregan valor al recurso hídrico.

    El principal defecto de la alternativa es su insuficiencia de capacidad para tratar la totalidad de las aguas servidas producidas por la ciudad y, por consiguiente, vertimiento parcial en forma directa al río Bogotá, lo que invalida el efecto positivo de las PTAR's.

    En las circunstancias previstas en el horizonte de diseño del esquema del saneamiento, el tratamiento primario químicamente asistido es el más adecuado y por tanto se ha reformulado la alternativa de 1993 de tres plantas hacia esta posibilidad y se ha comparado con la alternativa de dos plantas, la cual a su vez considera dos sub-alternativas, una con la segunda planta en Canoas.

    El análisis económico indica que la alternativa más atractiva es la de dos plantas ubicadas en Salitre y Canoas, mientras que la menos favorable es la de tres plantas con tratamiento primario y secundario. Por ello, debe adoptarse la primera para continuar con el saneamiento del río Bogotá. Esta alternativa presenta los menores costos con iguales beneficios ya que logra el saneamiento de la cuenca media entre 6 y 9 años más temprano que con las otras alternativas.

    Por otra parte, el interceptor que recoge las aguas de las cuencas de Fucha, Tunjuelo y Soacha tiene un efecto de remoción de carga contaminante sobre el Río en su cuenca media, muy superior al tratamiento de las plantas. Lo anterior permite realizar inversiones futuras para mejorar el afluente de la PTAR Salitre, y no sobre el de toda la ciudad, para llevarlo a niveles de calidad superiores y darles usos cada vez más exigentes.

    Es importante señalar que, si se hace uso de una capacidad natural de depuración, bien sea en el río Bogotá o en el Embalse del Muña, mediante la cual se remueva la carga contaminante de la cuenca media, estos servicios deberán compensarse económicamente de manera adecuada para reducir los impactos ambientales, tanto en ellos como sobre su entorno.

    La CAR ha planteado una iniciativa para mejorar la calidad ambiental de la cuenca del río Bogotá, desde la perspectiva de la ciudad-región, coordinando las competencias y capacidades de las diversas entidades involucradas, mediante un plan de acción integrado que debe analizarse y desarrollarse prioritariamente.

    VI.8. DEL DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA Y DEL DRAGADO DEL RÍO BOGOTÁ

    (Ver cuaderno Programa de Saneamiento del río Bogotá, Definición de la alternativa a seguir, Versión 01, Unión Temporal Saneamiento del río Bogotá, Julio 2003)

    VI.8.1. COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL RÍO

    Para determinar el comportamiento hidráulico del Río con caudales bajos menores a 8m3/s y obtener una aproximación al caudal mínimo base que debe fluir por el Río para que se logre la apariencia de un río aceptable en las mejores condiciones hidráulicas, se estudiarán tres escenarios:

    a) Estado Actual del Río: Este escenario corresponde a la geometría y abscisado que representa las condiciones actuales, para el sector Conejera- Alicachín en un tramo de casi 60 km.

    b) Alternativa de Dragado del Río: esta alternativa fue contemplada en HIDROESTUDIOS 2000, basada en la opción de Dragado mayor y Relocalización del jarillón Izquierdo, la cual consistió en profundizar el fondo del Río mediante un dragado para el sector Conejera- Alicachín y conservar un ancho mínimo de la base de la sección, con el fin de mitigar el riesgo de inundación del río Bogotá en el tramo Alicachín - Humedal la Conejera.

    c) Alternativa de Rectificación del Río: Esta alternativa fue contemplada en HIDROESTUDIOS en 1985, con el fin de resolver el problema de protección contra las inundaciones en el sector Alicachín - Juan Amarillo.

    El informe Caudal Sostenible del río Bogotá presenta los resultados del estudio del comportamiento hidráulico del río Bogotá, simulando sus condiciones bajo cada uno de los escenarios considerados para un rango de caudales crítico.

    De acuerdo al análisis de disponibilidad de caudales y para todos los escenarios se asumió que en este tramo fluían caudales bajos que variaron entre 1m3/s y 8m3/s, correspondiente al efluente de la Planta de tratamiento de Aguas residuales "El Salitre".

    En el análisis de estos escenarios se contemplaron tres condiciones de frontera:

    • Compuertas de Alicachín Cerradas, esto es considerar el nivel de control de las compuertas a la cota actual igual a 2569 msnm.
    • Compuertas de Alicachín Cerradas a la cota mínima igual a 2567.46 msnm, esto corresponde al nivel de operación de agua frente a la toma en situaciones de bombeo.
    • Sin control en Alicachín, esto es considerar una profundidad crítica en el sitio del vertedero.

    VI.8.2. ANÁLISIS HIDROLÓGICOS

    VI.8.2.1 ANÁLISIS EFECTUADOS

    Los análisis efectuados se encaminaron inicialmente a evaluar los siguientes aspectos considerados básicos en el desarrollo del estudio:

    • Evolución del cauce del río.
    • Efectos de la localización de las tormentas FUSAL Y TORCA.
    • Efecto de la operación de las compuertas de Alicachín.

    Una vez estudiados los aspectos anteriores, se procedió a analizar el funcionamiento hidráulico del Río bajo las diversas hipótesis consideradas en el desarrollo del estudio. Estos análisis cubrieron los siguientes aspectos:

    • Situación actual.
    • Realce de los jarillones actuales.
    • Efecto de la amortiguación de la Laguna la Magdalena para el Río Fucha.
    • Efecto de la relocalización del jarillón izquierdo a aproximadamente 30m de la orilla del Río. La orilla se define a partir del nivel de agua correspondiente al caudal con periodo de retorno de 5 años, para tormenta FUSAL sin amortiguación.
    • Efecto de la relocalización del jarillón izquierdo y de la amortiguación de la Laguna la Magdalena.
    • Efecto del dragado de la sección del Río y relocalización del jarillón.

    VI.8.2.2. SITUACIÓN ACTUAL

    Se procedió a estimar la capacidad hidráulica del cauce en las condiciones actuales. Para el efecto, se calcularon los perfiles hidráulicos para caudales con periodos de recurrencia de 5 y 10 años en las condiciones consideradas como más severas, o sea, tomando de la tormenta FUSAL sin amortiguación y suponiendo el nivel de agua en Alicachín a la cota 2569. En los resultados se puede apreciar que para establecer con precisión un determinado periodo de retorno de desbordamiento, se puede anotar que dicho periodo tendrá una duración entre 5 y 10 años.

    VI.8.2.3. EFECTO DEL DRAGADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO Y DE LA RELOCALIZACIÓN DEL JARILLÓN IZQUIERDO

    En los análisis anteriores se consideraron, básicamente, el realce y la relocalización del jarillón izquierdo sin afectar la sección del cauce. Dados los resultados obtenidos en dichos análisis, se procedió a estudiar el efecto de profundizar el fondo del Río mediante un dragado, relocalizando el jarillón izquierdo.

    Los resultados de estos análisis corresponden a las modelaciones 9 y 10 que se presentan en el anexo 2, en las que se modeló el efecto conjunto de la sección dragada y de la relocalización del jarillón izquierdo.

    Teniendo en cuenta la configuración topográfica general del cauce en cada uno de los tramos en los cuales se subdividió el análisis, para cada tramo, se adoptó una determinada anchura de la sección dragada. Así mismo, con el propósito de evaluar el efecto de dicha anchura, los análisis contemplaron dos opciones de dragado consistentes en que la anchura de la sección en cada tramo varía, entre ambas opciones, en 5 m.

    El perfil general del fondo dragado, correspondiente a las dos opciones de dragado consideradas, se proyectó con base en los puntos más profundos del fondo actual. Siguiendo la tendencia general de las pendientes del cauce, para el dragado se adoptó una pendiente de 6 centímetros por kilómetro (6X10) para el tramo comprendido entre esta confluencia y las compuertas de Alicachín.

    VI.8.2.4. CONCLUSIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS

    A Continuación se presentan las conclusiones generales de los análisis efectuados en este estudio:

    • De acuerdo con la comparación de secciones transversales de 1985 y de 1999, localizadas en distintos sectores del Río, puede concluirse que, en términos generales, el cauce ha permanecido estable.
    • El efecto de las compuertas se extiende hasta unos 15 km aguas arriba de ellas, es decir que esta condición de frontera no afecta el comportamiento del Río en los sectores ubicados aguas arriba del Tunjuelo.
    • El grado de protección de los jarillones actuales corresponde a una creciente con periodo de retorno comprendido entre 5 y 10 años.
    • Si se considera únicamente el realce de los jarillones existentes, se requeriría de alturas comprendidas entre 5 m y 6 m.
    • El efecto de amortiguación de la laguna de la Magdalena en el río Fucha produce una disminución en los niveles que varía entre 0.3 m y 0.5 m a lo largo del Río.
    • La relocalización del jarillón izquierdo a 30 m de la orilla produce una reducción de los niveles que varía entre 0.35 m y 0.65 m a lo largo del Río. El efecto conjunto de la amortiguación de la laguna de la Magdalena y de la relocalización del jarillón a 30 m de la orilla izquierda reduce los niveles del Río que consiste en reducir dichos niveles entre 0.6 m y 1.0 m.

    En resumen, las compuertas de Alicachín, controlan el nivel del Río en toda la cuenca media y el funcionamiento de caudales bajos no presenta condiciones muy diferentes a la de caudales medios, funcionando el Río en todos los casos como un cuerpo de aguas embalsado. Lo anterior lleva a concluir que, en época crítica de verano, los caudales disponibles en el Río, considerando los aportes de la PTAR Salitre, son suficientes para proveer agua para el distrito de Riego La Ramada y un caudal sostenible en el Río entre 3 y 4 m3/s, que tiene un comportamiento hidráulico similar al presentado con caudales medios.

    VI.8.2.5. SISTEMA DE SANEAMIENTO

    Dentro del sistema de saneamiento, el tratamiento primario químicamente asistido es el adecuado y, por lo tanto, se ha reformulado la alternativa del POT, de tres plantas hacia esta posibilidad y se ha comparado con la alternativa de dos plantas, la cual a su vez, considera dos sub-alternativas, una con la segunda planta en Tunjuelito y otra, con la segunda planta en Canoas.

    El análisis económico indica que la alternativa más atractiva es la de dos plantas con PTAR en Salitre y Canoas, mientras que la menos favorable es la de tres plantas. Por ello, debe adoptar este esquema para continuar con el saneamiento del río Bogotá. Esta alternativa presenta los menores costos en igualdad de beneficios y, a su vez, en igualdad de costos, produce beneficios más rápidamente, siendo así que se logra el saneamiento de la cuenca media entre 6 y 9 años más temprano que con las otras alternativas.

    Por otra parte, la intercepción de las aguas de las cuencas de Fucha, Tunjuelo y Soacha tiene un efecto de remoción de carga contaminante sobre el Río en su cuenca media, muy superior al tratamiento en las plantas. Lo anterior, permite realizar inversiones futuras para mejorar el afluente de la PTAR Salitre y no sobre el de toda la ciudad, pudiendo llegar, así, a niveles de calidad superiores en toda la cuenca media.

    Si se hace uso de una capacidad natural de depuración, bien sea en el río Bogotá o en el Embalse del Muña, mediante la cual se remueva carga contaminante de la cuenca media, estos servicios deberán ser compensados económicamente de manera adecuada.

    VII.
    LA SENTENCIA APELADA

    Mediante sentencia proferida el 24 de agosto de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B, desestimó las excepciones de mérito propuestas por los demandados y declaró solidariamente responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de la contaminación de los ríos y quebradas afluentes del primero y de que dan cuenta las pretensiones, por acción a todos los habitantes e industrias de la cuenca que desde hace no menos de veinte años han venido realizando sus vertimientos domésticos e industriales sin tratar como actores difusos, por omisión en el control de los vertimientos de las aguas residuales a la Nación-Ministerio de Minas y Energía- Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Instituto de Hidrología Y Meteorología, Ideam), al Ministerio de la Protección Social - (Invima), al Ministerio de Agricultura, a La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Car, al Distrito Capital de Bogotá-Dama-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- Empresa de Energía Eléctrica, al Departamento de Cundinamarca y a los municipios de la Cuenca Alta: Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, De la Cuenca Media: Funza, Mosquera, Soacha y Madrid, y de la Cuenca Baja: Al Municipio de Sibaté.

    Por consiguiente, AMPARÓ los derechos AMBIENTE SANO, a la SALUBRIDAD PÚBLICA colectivos a un y a la EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS dentro de los procesos acumulados por Acción Popular incoados por los señores GUSTAVO MOYA ÁNGEL (fallecido), MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARCÍA, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA Y NICOLÁS ROA, y JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ. Por consiguiente, salvaguardó los aludidos derechos colectivos mediante la APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS presentados por los entes públicos mencionados en el literal anterior en la forma y términos discutidos y aprobados en las respectivas audiencias por las partes del proceso y con las observaciones y modificaciones de que da cuenta la parte motiva del fallo y con las órdenes y condenas respectivas.

    El Tribunal aprobó los ACUERDOS presentados por las INDUSTRIAS ETERNIT COLOMBIANA S.A., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., S.A., ALPINA, GRUPO SIDERÚRGICO DIACO, STANTON & CIA S.A., ESPUMADOS S.A., PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A., EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES EMCOCABLES S.A., con la ejecución de las obras y en los términos en ellos propuestos. Respecto de CRISTALERÍA PELDAR, REFISAL y MALTERÍAS DE COLOMBIA S.A., igualmente declaró que si bien no existen unas propuestas concretas son empresas que deberán continuar con sus procesos de producción hacia la certificación de la Norma ISO 14001. Con la misma observación y en atención al tratamiento de sus aguas residuales declaró que la COMPAÑÍA NACIONAL DE VIDRIOS S.A., no vierte sus aguas residuales hacia el río Bogotá sin tratar. En cuanto a las sociedades PROTEÍNAS Y ENERGÉTICOS DE COLOMBIA S.A., DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS LTDA. Y UNIABASTOS EN LIQUIDACIÓN encontró probada la actuación que sobre sus procesos de producción reposa en la CAR, la que deberá continuar con el control ambiental a estas industrias bajo las metas señaladas.

    Asimismo, declaró como no probada la excepción de COSA JUZGADA que interpusieron la CAR, EMGESA y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA y NEGÓ LA DENUNCIA DEL PLEITO Y LOS LLAMAMIENTOS en garantía planteados por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA "EMGESA" respectivamente. Respecto de la OBJECIÓN POR ERROR GRAVE al dictamen pericial presentado por los auxiliares FABIO ROBERTO PÉREZ y JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, como en relación con el señalamiento de sus honorarios, dispuso estarse a lo dispuesto en el punto 6.17, según las motivaciones del fallo.

    Igualmente absolvió de las pretensiones a la COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE, -CRA-, al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, así mismo a la SOCIEDAD BOGOTANA DE AGUAS SUEZ LYONNAISE DES EAUX DEGREMONT E.S.P. S.A. respecto de la cual el cumplimiento del contrato 015 corresponderá al Juez Contencioso Administrativo a cuya competencia está adscrita el examen de legalidad, como también la tiene para el contrato de concesión que para el efecto se celebró y se compulsarán copias de las piezas procesales pertinentes con destino a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen el detrimento que al fisco se ha causado, como las conductas ilícitas en que se haya podido incurrir.

    En principio el Tribunal accedió a la acumulación de las diferentes acciones populares, estableció los derechos colectivos que a consecuencia de la acción u omisión de los particulares y de las autoridades vienen siendo vulnerados; analizó cuál es el estado de contaminación del RÍO BOGOTA, de sus afluentes y del impacto ambiental que por el trasvase de sus aguas venía realizando la EEB, hoy por EMGESA al EMBALSE DEL MUÑA, después analizó el porqué de la responsabilidad de las autoridades y la que tienen los particulares por los vertimientos puntuales residuales en sus casas de habitación o en sus industrias, luego indica las diferentes propuestas para integrar el Pacto de Cumplimiento, que fueron analizados y aprobados por todos los intervinientes, algunos de ellos registraron su inconformidad con respecto a la escogencia de las alternativas de solución a seguir por sobre todo las presentadas por la EEB, EMGESA, la EAAB y la CAR, principales actores en la consecución del objetivo de la descontaminación de los recursos hídricos y aminoración de su impacto ambiental, en procura de dejar claro el problema de infraestructura concerniente a la Solución Técnica Integral para la Descontaminación del río Bogotá, determinada y aprobada por los técnicos en la materia que representaron a cada una de las entidades involucradas en la mesa de trabajo que para el efecto se llevó a cabo una vez se presentaron y discutieron las diferentes propuestas de Pacto de Cumplimiento, luego de la cual se procedió a impartir su aprobación por quienes como partes concurrieron al proceso, de todo lo cual se dejó constancia en las respectivas actas.

    Establecido cuál es el grado de participación de cada uno de los entes involucrados que ha de tener para el logro del objetivo trazado, mediante la ejecución de obras de infraestructura, como de las acciones encaminadas a las prácticas de producción más limpia, dejó claro cuáles son las obligaciones a cumplir como producto de sus propuestas, se adentra la Sala a examinar sobre la necesidad de proferir otras órdenes y condenas, (como así se acordó con las partes que permita cumplir la meta, esto es la descontaminación del RÍO BOGOTÁ y de sus AFLUENTES), procurando que las cargas se distribuyan entre los diferentes entes públicos en consideración al grado de responsabilidad que cada uno tiene en la causación del grave problema ambiental difuso, ocasionado no sólo por la acción dolosa o culposa de quienes han venido en forma directa ejercitando las prácticas que atentan contra el medio ambiente, sino por - cuestión también preponderante- el actuar omisivo y negligente de las autoridades ambientales y por todos aquellos entes públicos a los que la Constitución y la Ley les ha venido asignando funciones que los obligaban a impedir su propagación, destacándose aquí la falta de un organigrama administrativo, falencias que de no haber existido les hubiese permitido atender todos los frentes que implica su gestión ambiental.

    VIII
    LOS RECURSOS DE APELACIÓN

    A lo resuelto por la Magistrada en la sentencia del 25 de agosto de 2001 y su complementaria la del 16 de septiembre del mismo año, se presentaron las siguientes impugnaciones:

    VII.1. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL}

    En escrito fechado el 24 de septiembre de 2004 (fls. 5866 a 5873 y 6439), la apoderada del Ministerio de Educación recurrió la sentencia de instancia y su complementaria, al efecto manifestó que mediante Decreto 1743 de 1994 instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, fijó los criterios para la promoción de la educación no formal e informal y estableció los mecanismos de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.

    Adujo que ha venido trabajando desde años anteriores en la educación ambiental con participación directa de las regiones e instituciones en los sectores ambiental y educativo como función del Estado y, en el año de 1992, publicó el documento "Lineamientos generales para una política nacional de educación ambiental".

    Expuso que en el año de 1996 publicó el documento denominado "La Dimensión Ambiental: Un reto para la Educación de la Nueva Sociedad", mediante el cual se crearon los PRAE como una de las diversas alternativas para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación básica general.

    Aseveró que los Proyectos Ambientales Escolares fueron establecidos como una estrategia fundamental para incluir la dimensión ambiental en los currículos escolares de los Proyectos Educativos institucionales - PEI en las diferentes regiones del país.

    En cuanto al currículo, alegó que la Ley 115 de 1994, en el capítulo 2°, artículos 76 a 79, establece el plan de estudios y sus proyectos respectivos y determina las competencias de las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales en la asesoría para el diseño y desarrollo de los mismos.

    Agregó que el Ministerio ya incluyó en todos los niveles de educación básica como área obligatoria y fundamental la establecida en el numeral 1° del artículo 23 de la Ley 115.

    Concluyó que no es procedente la inclusión de los PRAES en ninguno de los niveles de educación primaria, media, tecnológico y superior como cátedra obligatoria, toda vez que la Ley General de Educación ordena que lo ambiental debe desarrollarse como un proyecto transversal.

    De otro lado, se refirió a la orden establecida en el literal q). Sobre el particular consideró que no es el Ministerio de Educación Nacional el competente para fijar el currículo, pensum o plan de estudios, toda vez que las instituciones de educación formal son las que tienen dicha competencia, por cuanto así lo dispone el artículo 77 de la Ley 115 de 1994.

    En lo atinente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) mencionó que es obligación de cada establecimiento educativo elaborar y poner en práctica este proyecto en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.

    Por lo anterior, solicitó que se revoquen las órdenes impartidas al Ministerio de Educación Nacional en los literales k) y q) del numeral 3° de la sentencia de instancia.

    En lo que tiene que ver con la providencia complementaria, señaló que si bien es cierto se encuentra demandada también lo es que no puede resultar condenada en costas toda vez que suscribió pacto de cumplimiento para colaborar con la descontaminación del río Bogotá.

    Argumentó que no es un ente contaminador y mucho menos ha incurrido en conductas omisivas, por el contrario comentó que ha desarrollado la política educativa ambiental de acuerdo a sus facultades constitucionales.

    VII.2. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

    A través de escrito visible a folios 6611 a 6617 del expediente, el apoderado judicial del Ministerio solicitó que se revoque o modifique el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de agosto de 2004, en lo atinente a la responsabilidad por omisión en el control de vertimientos de aguas residuales.

    Señaló que se debe modificar el numeral 3°, literal f), en cuanto le ordenó ejercer control en la zona de ronda del río Bogotá y sancionar a los propietarios de los predios que no cerquen sus linderos para impedir el paso del ganado hacía las fuentes hídricas, por cuanto no es función de la entidad.

    Argumentó que las acciones populares no fueron concebidas para desbordar el ámbito constitucional y legal de forma que puedan desconocer principios, procedimientos y reglas rectoras que garantizan una seguridad jurídica y una debida defensa en el marco del Estado Social de Derecho.

    En relación con lo establecido en el literal q) del numeral 3°, dijo que no cabe duda que como funciones asignadas por el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 a cada uno de los Ministerios, resulta claro que las mismas deben cumplirse en coordinación con la política del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el sub lite no existe un cargo concreto sobre la inobservancia de las mismas para que se pueda predicar un incumplimiento.

    Recalcó que en el punto 6.5.2. no se consigna obligación a cargo del Ministerio de Agricultura. Respecto del cargo atinente a la falta de una política coordinada sobre los asentamientos humanos en el Distrito Capital, originada entre otros factores por la violencia de los grupos armados, enfatizó que este argumento escapa de los hechos que soportan las diferentes demandas populares que son objeto de estudio.

    No obstante lo anterior, agregó que el Ministerio cuenta con una política agropecuaria y de desarrollo rural "Manejo Social del Campo" cuyo propósito es promover e incentivar las actividades productivas dentro de la frontera agrícola mediante la creación de un sector competitivo, equitativo y sostenible.

    Precisó que el pacto de cumplimiento del Ministerio de Agricultura no debe entenderse como el reconocimiento de una omisión en el ejercicio de sus funciones, sino como un soporte para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como para la CAR en el desarrollo de las funciones que les atañe y que tienen que ver con la recuperación ecológica y ambiental del río Bogotá.

    Finalmente, solicitó la revocatoria del numeral 1° de la sentencia complementaria fechada el 16 de septiembre de 2004, en el sentido de excluirlo de cualquier condena que se profiera.

    VII.3. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

    El apoderado judicial sustentó el recurso de apelación de la siguiente manera:

    Consideró que se debe revocar el numeral 1° de la decisión de instancia en razón a que el Ministerio carece de competencias para ejercer el control de vertimientos de las aguas residuales en los ríos y quebradas del país, toda vez que su función es expedir las regulaciones correspondientes, pero el cumplimiento de las mismas son ejercidas directamente por otras autoridades ambientales, como son las Corporaciones Autónomas Regionales y los grandes centros urbanos.

    Resaltó que mal podría condenarse al Ministerio por no controlar los vertimientos en los cuerpos de agua, cuando no tiene competencia asignada por la ley.

    Se refirió a la orden contenida en el artículo 3°, literal b) de la sentencia, en cuanto decidió que en el término máximo de tres (3) meses el Ministerio debía proceder a la delimitación geográfica de las zonas excluidas de la minería. Al respecto, comentó que la resolución desconoce que en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, expidió las Resoluciones 0222 de 1994, por medio de la cual se establecen las zonas de exclusión de la actividad minera en la Sabana de Bogotá, la cual fue modificada por las Resoluciones 249 de 1994, 1277 de 1996 y 0803 de 1999; igualmente expidió la Resolución No. 813 de 2004, por medio de la cual se redefinen y establecen las zonas compatibles con la minería de arcilla en la Sabana de Bogotá y se sustituyen las Resoluciones 022 de 1994, 249 de 1994, 1277 de 1996 y 0803 de 1999.

    Expresó su inconformidad con el artículo 3°, literal c, teniendo en cuenta que lo relacionado con los títulos, permisos, concesiones y licencias de exploraciones mineras no es competencia de la entidad, sino del Ministerio de Minas y Energía, mencionó que sólo le corresponde lo relacionado con las licencias ambientales pero para la gran minería.

    De otro lado, propuso la modificación del numeral 10° relativo al reconocimiento económico de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, en razón a que son cinco (5) los accionantes y lo considerable sería fijar un incentivo de 150 S.M.L.M.V. repartidos entre los actores y a su vez a prorrata de todas las entidades públicas y privadas condenadas en el fallo de primera instancia. Disiente que a las entidades privadas no se les impuso la obligación de pagar incentivos, viendo claramente la inequidad en el reparto del mismo.

    Arguyó que no está de acuerdo con la orden de cofinanciar el dragado del río Bogotá y sus afluentes, por cuanto se estarían violando las funciones y competencias del Ministerio.

    En relación con la aprobación por parte del Tribunal de los escritos contentivos de los pactos de cumplimiento, encontró que los mismos no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998, artículo 29, en razón a que no todos los actores asistieron a las diferentes sesiones en donde se presentaron los pactos, ni hubo un acta en el cual todos los actores y demandados firmaran la aceptación de los pactos propuestos y mucho menos hubo aprobación mediante sentencia, sino que se abrió a pruebas el proceso, se corrió traslado para alegar y ahora en el fallo, se dice aprobar los pactos propuestos por las partes.

    Finalmente, solicitó la revisión de la acumulación de las acciones, lo anterior por cuanto la radicada con el No. 0479 pretende la construcción de una Planta de Tratamiento en el Embalse del Muña, la identificada con el No. 0343 busca la descontaminación del río Bogotá en la Cuenca Alta y las demás persiguen la descontaminación de los afluentes del río Bogotá.

    También indicó que se debe analizar que todas las demandas tienen diferentes demandados y a pesar de ello se procedió a acumularlas contrariando el artículo 157 del C.P.C. Resaltó que no todas las partes demandadas fueron notificadas, situación que fue puesta en conocimiento para evitar una nulidad procesal, tal como ocurrió con el Ministerio de Ambiente y Vivienda.

    VII.4. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

    A través de apoderado judicial debidamente reconocido, la entidad presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de instancia con los siguientes argumentos:

    En primer lugar señaló que mediante la Ley 790 de 2002 se fusionó el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio Exterior, conformando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; de igual forma, dijo que la formulación de políticas relativas al uso del suelo y ordenamiento urbano, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano, así como la política habitacional integral, fueron asignadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.

    Aclaró que mediante el Decreto - Ley 210 de febrero 3 de 2003, se establecieron los objetivos y la estructura orgánica de la entidad, determinando que todas las referencias que hagan las disposiciones legales al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de Comercio Exterior se entenderán realizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

    En cuanto a la sustancia del recurso, puso de presente la falta de legitimación en la causa por pasiva, lo anterior al responsabilizarlo por acción u omisión en la contaminación del río Bogotá, ya que el Ministerio no ha sido el causante de esta situación por lo siguiente:

    • No realiza ninguna actividad que sea fuente contaminante en el río Bogotá.
    • No tiene competencias legales en lo ambiental para controlar o vigilar a quien efectúa la contaminación.
    • No se le han asignado atribuciones legales para expedir licencias ambientales o sanitarias.
    • No efectúa bombeos de agua al río Bogotá.
    • No arroja aguas residuales domésticas e industriales al río Bogotá.
    • No le corresponde legalmente efectuar ningún tipo de tratamiento a las aguas servidas ya que no es una empresa de servicios públicos de alcantarillado.
    • El Decreto - Ley 210 de 2003 lo habilita para expedir las políticas en materias relacionadas con el comercio interno y externo, competitividad turismo e industria, quedando claro que no existe nexo de causalidad real, cierto y concreto entre las determinaciones de la sentencia de primera instancia y la conducta que ha desempeñado en ejercicio de sus funciones.
    • Al ministerio no le corresponde cofinanciar las obras de infraestructura.

    Agregó que en la sentencia impugnada no se determina con precisión y claridad si al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como consecuencia de una "supuesta" acción u omisión, que en su entender no existe, se le ordena desplegar sus buenos oficios o cofinanciar, de una lado, tanto todas las obras de infraestructura que requieran los procesos de producción más limpia, y de otro, la implementación, coordinación y puesta en funcionamiento del Parque de Coeficiente Industrial de las Curtiembres de San Benito. Resaltó que no le corresponde prestar los buenos oficios para la cofinanciación de obras de infraestructura.

    Así mismo recalcó que en las mesas de trabajo y en el pacto de cumplimiento, la entidad no intervino, tampoco presentó, ni registró proyecto ni compareció a las audiencias, por lo que los pactos no lo vinculan bajo ningún aspecto en razón a la reiterada ausencia de legitimación en la causa por pasiva dentro del plenario.

    Anotó que en la providencia apelada no se cuestiona el ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que en esa medida no hay lugar a las advertencias o condenas allí plasmadas.

    Manifestó que en la sentencia se creó un comité para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas en los diferentes acuerdos; posteriormente se creó un subcomité de vigilancia y finalmente a la ejecutoria de la sentencia se conformaron seis comités, los cuales se encuentran impedidos para su verificación, toda vez que el Consejo de Estado asumió la competencia para resolver los recursos de apelación y, por ende, hasta tanto se decida el cumplimiento de lo resuelto por el superior, es válida la inasistencia del Ministerio a todos ellos.

    Por lo expuesto, la entidad solicitó que sea revocada la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

    VII.5. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

    En escrito visible a folios 6273 a 6276 del expediente, el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó recurso de apelación frente a la sentencia de instancia; al efecto adujo que si bien es cierto la entidad no resultó condenada también lo es que resulta de suma importancia su pronunciamiento sobre ciertos aspectos relacionados con la conminación efectuada.

    Aseguró que la sentencia se refiere a las transferencias correspondientes al sistema general de participaciones para que el Ministerio en forma oportuna y sin dilaciones transfiera los recursos, lo cual, según manifestó, lo ha realizado en los términos de ley. Así mismo, aseguró que girará los demás que correspondan.

    En lo atinente a las transferencias por concepto de regalías a los municipios y al Distrito Capital, las cuales deben ser destinadas al saneamiento del río Bogotá, precisó que deben ser modificadas para que puedan ser aplicadas de acuerdo a los principios de coherencia macroeconómica y legalidad del gasto. No obstante, alegó que tal actuación se convertiría en una obligación jurídicamente imposible al contemplar gastos adicionales a los que prevé el Presupuesto General de la Nación.

    Concluyó que las erogaciones que ordena efectuar la sentencia impugnada, exceden las previsiones legales vigentes, por lo que su inclusión en los términos de la providencia iría en contra del principio de coherencia macroeconómico y legalidad del gasto, generando una serie de consecuencias adversas para toda la economía nacional.

    VII.6. APELACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

    El apoderado especial de la entidad presentó recurso de apelación argumentando que las órdenes que le impuso el Tribunal están por fuera de su ámbito de acción legal.

    En relación con el numeral 1° (omisión en el control de vertimiento), recordó que el Ministerio es una entidad pública de carácter nacional del nivel superior, cuya responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización, la orientación en el uso y regulación de los mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los recursos naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible.

    Afirmó que desde su creación el Ministerio ha tenido funciones de autoridad minera, la cual hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 y la Ley 99 de 1993, tuvo a su cargo el desarrollo de la actividad minera con la observancia y control de los asuntos ambientales hasta el 6 de agosto de 1994, cuando se expidió el Decreto 1753 mediante el cual se definió la competencia ambiental y pasaron a ser competencia de las autoridades ambientales como el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales.

    Anotó que en materia minera el Ministerio de Minas se rige por las disposiciones establecidas en el Código de Minas y demás normas que lo reglamentan, modifican o adicionan.

    Mencionó que no se encuentra probado cómo el Ministerio de Minas y Energía ha violado alguno de los derechos colectivos invocados en la demanda, cuando sin perjuicio de aceptar que frente al mismo tema varias entidades puedan tener funciones, cada una de ellas diferenciales, de las cuales de ninguna manera se pueda considerar que entre las de ellas se encuentra la de "establecer planes y programas ambientales que propendan por la mitigación de posibles impactos ambientales en el desarrollo de una actividad productiva".

    Consideró que el Ministerio ha cumplido de conformidad con lo que ordena y asigna la Constitución y la ley, y no puede la entidad ni sus empleados extralimitarse en sus funciones.

    Mencionó que la competencia del Ministerio se fundamenta en el desarrollo de un programa de fiscalización minera, que consiste en realizar las visitas periódicas de campo a los títulos mineros, con el fin de constatar que las actividades se efectúen de manera correcta desde el punto de vista técnico y cumplan con las obligaciones mineras establecidas en el contrato de concesión.

    Concluyó que mal puede el Tribunal de instancia condenar al Ministerio por omisión en el control de vertimientos de aguas residuales en la actividad minera, cuando dicha función se encuentra legalmente atribuida a las autoridades ambientales.

    De otra parte y en cuanto a los ordinales b) y d) del numeral 3° de la sentencia, señaló que si bien es cierto dentro de las funciones establecidas en los artículos 5°, 31 y 61 de la Ley 99 de 1993, se encuentra la de delimitar las zonas excluidas de la minería, erradamente el a -quo considera que esa normativa no ha sido expedida, cuando existen las Resoluciones No. 222 de 1999 derogada por la 813 de 2004.

    Agregó que lo anterior en ningún momento quiere significar que con dichas medidas se tengan que acabar y cerrar las explotaciones mineras concedidas mediante actos o contratos con anterioridad a las mismas, sino que por el contrario, se debe propender porque las actividades mineras en dicha zona se realicen cumpliendo los planes de manejo ambiental y propendiendo por un desarrollo sostenible.

    En lo que corresponde a la competencia y responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía, comunicó que otorgó los títulos mineros en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y que ha efectuado la fiscalización y seguimiento de las actividades desarrolladas.

    Aclaró que al expedir la autoridad minera los mencionados títulos en la zona del Municipio de la Calera, dicha zona no estaba excluida para esa actividad y los titulares del mismo han venido cumpliendo con lo dispuesto por la CAR respecto de la recuperación y restauración.

    Mencionó que cuando ordena la sentencia que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con la intervención del Ministerio de Minas, proceda a revocar y suspender los títulos mineros, permisos, concesiones y licencias de exploración mineras en las zonas de exclusión, no se tuvo en cuenta que la referida entidad no es competente para revocar o suspender títulos mineros y mucho menos para declarar la cancelación o caducidad de los mismos.

    En el caso de la competencia del Ministerio de Minas, agregó que no puede tomar parte en las decisiones que se exigen toda vez que debe ceñirse al cumplimiento de la normativa aplicable para poder revocar o suspender los títulos a los que se refiere la sentencia, así como no puede declarar la cancelación o caducidad de los mismos.

    Resaltó que diferente es que la autoridad ambiental dentro de su ámbito de competencia proceda a cancelar la autorización o licencia ambiental concedida a favor de cada titular que corresponde a la zona de exclusión si se dan los motivos de acuerdo con los estudios y análisis efectuados por dicha autoridad en ejercicio de sus funciones, toda vez que una de las causas de cancelación o caducidad es precisamente la revocación de las autorizaciones o licencias ambientales necesarias para las obras y trabajos mineros.

    En cuanto al componente ambiental su manejo ha estado a cargo de la autoridad correspondiente que es la llamada a pronunciarse cuando estas explotaciones causen impactos.

    Expresó que no se puede dar cumplimiento a los ordinales e), ñ) y q) porque al destinar recursos para cumplir con dichas obligaciones el Ministerio extralimitaría sus funciones.

    En lo atinente al numeral cuarto ordinal h) de la parte resolutiva de la sentencia, solicitó que se revocara en cuanto el Ministerio no tiene dentro de sus funciones el control de vertimiento de aguas, y no puede asumir los costos por el dragado de lodos generados y depositados, debido a que es competencia de la autoridad ambiental a través del Plan de Manejo establecer las medidas de control, mitigación y recuperación de los sedimentos generados durante el proceso minero.

    Añadió que se encuentra en desacuerdo con el numeral undécimo porque no se puede obligar al Ministerio a pagar incentivos a otros demandantes que dentro del proceso no solicitaron su vinculación y, además, los 50 salarios mínimos legales vigentes extralimitan el tope máximo que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 señala.

    VII.7. APELACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS

    A través de apoderado judicial y mediante escrito allegado al plenario el día 24 de febrero de 2005 (fls. 7086 a 7099), el apoderado del Fondo aseveró que debe revocarse el numeral 3 del literal v) de la sentencia y se guarde silencio o se manifieste la ausencia de cualquier responsabilidad por acción u omisión.

    Indicó que el Estado es titular de la contraprestación económica que a título de regalía y otro concepto se cause con ocasión de la explotación de los recursos naturales no renovables.

    Enunció que las entidades territoriales al tenor de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 360 de la Constitución tienen derecho a dichos recursos.

    Sin perjuicio de lo anterior, resaltó el carácter condicionado para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Regalías (regalías indirectas).

    Comentó que cualquier decisión que dentro de un proceso judicial se adopte sobre la disposición de regalías y en particular de aquellas administradas por el Fondo, comporta una real afectación, positiva o negativa, de parte de quienes se presentan como reales beneficiarios de regalías indirectas y, que por lo mismo impondría la participación de quien está llamado a salvaguardar los recursos del Fondo y de allí a representar los intereses de quienes tienen derecho a ellos.

    Precisó que acreditado el interés y obligación del Departamento Nacional de Planeación de participar dentro de la acción popular adelantada, el juez del proceso inmediatamente tiene conocimiento de una eventual omisión en el giro de unos recursos del Fondo Nacional de Regalías, ha debido llamar a quien para la época llevaba la representación de los interesados en los mismos.

    Observó que la referida citación no se surtió dentro del proceso y por lo mismo se privó a quien estaba llamado a la defensa o a representar los intereses de los beneficiarios del Fondo Nacional de Regalías a controvertir las imputaciones u omisiones que hicieron algunos de los intervinientes dentro del proceso, constituyéndose así un desconocimiento del debido proceso y una violación del derecho de acceso a la administración de justifica en cabeza, uno y otro, de las entidades territoriales beneficiarios reales de dichos recursos.

    Advirtió que las afirmaciones hechas por algunos de los municipios y el Distrito Capital respecto del presunto desacato por parte del Fondo de Regalías en las transferencias de los recursos, ha debido bastar para llamar a controvertir dicha afirmación

    Como pretensión subsidiaria comentó la inexistencia de omisión del Fondo Nacional de Regalías. Explicó que si bien cada vez que se presentan los hechos generadores de la contraprestación a favor del Estado con motivo de la explotación del recurso natural no renovable, surge en cabeza de éste el derecho a solicitar del contratista las regalías, por lo que no necesariamente tales recursos deben incorporarse en su totalidad al presupuesto General de la Nación, posibilidad que tiene justificaciones de orden jurídico, económico y financiero.

    Desde el punto de vista jurídico destacó los contenidos de los artículos 20 y 21 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto, referidos respectivamente a los principios presupuestales de coherencia macroeconómica y homeóstasis, que a su vez son una expresión de los artículos 334 de la Constitución Política que ubica en cabeza del Estado la dirección general de la economía y del 374 que establece como objetivo de política económica del Estado, a través del Banco de la República, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.

    Dijo que uno y otro principio obligan tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República abstenerse de incorporar en la respectiva ley anual de presupuesto la totalidad de los recursos de regalías del Fondo Nacional dentro de una determinada vigencia fiscal, o ya incorporado, reducir las apropiaciones.

    En este sentido, sugirió que una mención de los entes territoriales dentro del proceso de la referencia a eventuales incumplimientos u omisiones del Fondo pudo haberse podido desvirtuar si se hubiera vinculado al proceso.

    Ahora bien, comentó que la no apropiación de la totalidad de los recursos de regalías causados en las vigencias fiscales anuales ha sido objeto de debate en otras oportunidades y, siempre, la jurisprudencia se ha mostrado del todo convencida de que corresponde al ejecutivo determinar, en orden a asegurar la correspondencia del proceso presupuestal con los objetivos de política económica, el nivel de los recursos del Fondo Nacional de Regalías que se incorporarán durante una determinada vigencia fiscal.

    Sostuvo la suma diligencia del Fondo en la distribución del recurso al punto que en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 141 de 1994 se dispuso que no menos del veintiún por ciento (21%) para financiar programas y proyectos para la descontaminación del río Bogotá.

    Sin embargo anotó que falta camino por recorrer por cuanto resulta necesario resolver y verificar los requisitos que deben cumplir los proyectos que con destino a la recuperación del Río son susceptibles de ser financiados con cargo a recursos del Fondo.

    En suma, dijo que por violación al debido proceso -derecho de contradicción y acceso a la administración de justicia - y subsidiariamente por la probada inexistencia de una omisión por parte del Fondo Nacional de Regalías debe desestimarse las pretensiones en lo que respecta a ella.

    VII.8. APELACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

    Mediante escrito visible a folios 7100 a 7122 del expediente, la entidad de planeación sustentó el recurso de apelación interpuesto de la siguiente forma:

    Manifestó que el juez no encontró responsable por acción ni por omisión de la contaminación del río Bogotá al Departamento Nacional de Planeación y que a pesar de lo anterior se impartió una orden con la finalidad de empezar a corregir o reparar el daño que objetivamente se ha probado.

    Adujo que de la parte resolutiva y, en particular, frente a la orden en comento, puede inferirse que sólo aplica el punto referido a la planeación en vista de que el Departamento Nacional antes que ejecutor es precisamente un organismo de planeación.

    Aseguró que la sentencia hasta ese momento y en punto de las condenas no existe obligación alguna pues la orden antes de ser considerada como tal debe ser entendida como una forma de asegurar la defensa del derecho colectivo tutelado en la sentencia.

    A pesar de lo anterior, alegó que el panorama se modificó con la sentencia complementaria pues, por el lado de las costas no se condenó a las responsables sino a los demandados, asunto que tiene dos implicaciones:

    • El establecimiento de una carga condenatoria consistente en pagar una suma de dinero, frente a un sujeto exonerado de responsabilidad en la primera sentencia que en un apartado como este debió permanecer inmutable para ser revisada sólo eventualmente por el Juez de segunda instancia.
    • El establecimiento de una carga condenatoria que con independencia de que los juicios de responsabilidad de diverso orden se discutan en procesos distintos serviría como punto de partida para la configuración de estos.

    En este sentido, solicitó que se revoque el numeral 10 de la parte resolutiva de la sentencia complementaria, en lo que tiene que ver con el Departamento, en el entendido de que fue exonerado de cualquier responsabilidad en el daño al río Bogotá y, por esta vía, no existe fundamento para ubicar en su cabeza condena alguna como la del pago de las costas del proceso.

    Expuso que los obligados al pago de las costas son aquellos que se mencionan conforme al numeral primero de la sentencia original o aquellos que se mencionan en el numeral undécimo en los porcentajes establecidos en la parte motiva.

    Afirmó que la pretensión se fundamenta en la extralimitación de las facultades del juez de primera instancia al manifestarse sobre la complementariedad o adición a la sentencia que fuera solicitada.

    Consideró que incluso la insuficiencia de la prueba frente a las costas en que eventualmente incurrió no procedían las condenas sobre las mismas, no mucho menos las relativas al reconocimiento de los gastos del apoderado.

    Explicó la inexistencia del nexo causal entre la presunta omisión del Departamento Nacional de Planeación y el daño por contaminación del río Bogotá. Asimismo se refirió al hecho de que la entidad no hace parte del Sistema Nacional Ambiental por lo que no puede ser responsable a título de omisión, por la contaminación del mismo. Resaltó la errónea calificación como autoridad ambiental.

    Pidió la revocatoria del numeral tercero literal x) en el sentido de restringir nuevos estudios ambientales sin que exista autorización de la Mesa Regional de la cuenca del río Bogotá y los demás sujetos que se mencionan en la parte motiva porque atropella la Constitución Política en lo atinente al régimen Económico y de Hacienda Pública.

    En el mismo sentido solicitó la revocatoria del numeral quinto, relativo al aval y pago de créditos por parte de la Nación del crédito de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, toda vez que el Decreto 610 de 2002, relativo al endeudamiento de las entidades descentralizadas del nivel territorial, impide al juez ordenar esa clase de endeudamiento, ni podía determinar un aval en cabeza de la Nación y mucho menos que los créditos fueran asumidos por la Nación, con esto afecta gravemente la política crediticia del país.

    Finalmente, dijo que se debe modificar el numeral tercero literal v, de la parte resolutiva de la sentencia, ya que el FNR, no tiene deudas pendientes por pagar con el Distrito Capital ni los municipios.

    VII.9. APELACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA

    El Subdirector de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2004, circunscribiendo el mismo al reconocimiento del incentivo, toda vez que la obligación impuesta por el Tribunal no corresponde a la filosofía y finalidades previstas por el legislador al establecer ese tipo de beneficios.

    Afirmó que el reconocimiento económico se sujeta a la labor activa, diligente y oportuna de los actores para propiciar una solución a la problemática denunciada a través de las acciones populares.

    Recordó que no es el simple reconocimiento de la calidad de demandante lo que hace viable la imposición de la condena a título de incentivo, sino la conducta procesal que se asuma en el transcurso del proceso.

    Resaltó que se constató que los actores simplemente se limitaron a denunciar hechos genéricos a los que han tildado de notorios pero nunca aportaron un medio de convencimiento para la jurisdicción que advirtiera o proporcionara una solución concreta a la problemática presentada con el río Bogotá.

    Agregó que el proceder de los actores se limitó a cuestionar todas las actuaciones de los demandantes sin ningún sustento probatorio, por lo que carece de sentido que el Tribunal reconozca el incentivo por el simple hecho de haber demandado sin analizar la conducta individual de los actores y su labor diligente en procura de la protección de los derechos colectivos.

    Finalmente, el actor se limitó a interponer recurso de apelación frente a la sentencia complementaria pero sin hacer manifestación alguna sobre su inconformidad con ésta (fl. 6457).

    VII.10. APELACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CURTIDORES DE VILLAPINZÓN-ACURTIR

    El apoderado judicial de Acurtir al sustentar el recurso de apelación interpuesto manifestó que la decisión proferida por el Tribunal resulta violatoria de su derecho constitucional fundamental al debido proceso por cuanto la asociación no ha sido parte en el proceso.

    Adujo que ni Acurtir ni sus miembros pudieron ejercer su derecho a la defensa como tampoco pudieron presentar pruebas y controvertirlas, a pesar de ello comentó que se vieron afectados por la decisión.

    Expuso que se vulneró el debido proceso por falta de controversia de la prueba. Comentó que la sentencia afirma abiertamente en su parte resolutiva que los curtidores invadieron ilegalmente la zona de la ronda del río Bogotá, lo cual como se dijo es absolutamente violatorio de sus derechos fundamentales y de la protección constitucional a la buena fe.

    Advirtió que esas afirmaciones deben ser probadas con hechos fehacientes, que la presunción de legalidad que ampara a los títulos de propiedad expedidos por el Estado debe ser desvirtuada judicialmente en un proceso que respete las garantías mínimas.

    De otro lado, aseguró que se vulneró su derecho constitucional a la propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, el cual dispone que solo por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

    Alegó que si el Tribunal considera que se debe desalojar por razones de interés general a los curtidores debería acudir al procedimiento regulado por las Leyes 388/1997, 9/1989, 3/1991, y no a la acción popular.

    Expuso que si el Estado detenta una propiedad irregular o desea expropiarlos por razones de utilidad pública debe iniciar los procesos judiciales respectivos, que en caso de culminar una orden judicial de expropiación, deben decretar las indemnizaciones correspondientes con el fin de resarcir los perjuicios que la orden de extinción de dominio a favor del Estado cause a los particulares afectados.

    El apoderado indicó que el Estado mediante sus actuaciones ha generado en las personas que se ubican en la zona de ronda del río Bogotá una confianza legítima sobre la propiedad de los terrenos que habitan y el derecho que a éstas asiste sobre los mismos, al punto que le fueron expedidos documentos legales que acreditan su titularidad.

    Igualmente, afirmó que se violaron los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, en cuanto la sentencia afecta gravemente a las familias especialmente a los menores de edad.

    Comentó que la imposibilidad de que los curtidores trabajen en estas tierras por el desalojo de los predios en el cual son propietarios implica la violación de los referidos derechos fundamentales.

    VII.11. APELACIÓN DE LA COMPAÑÍA BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO SUEZ LYONNAISE DES EAUX DEGREMONT E.S.P. S.A. -BAS-

    Mediante escrito allegado al plenario, el apoderado judicial de la sociedad sustentó el recurso de la siguiente manera:

    Consideró que con la liquidación del contrato de concesión 015 de 1994, celebrado el 20 de septiembre de 1994 entre el Distrito Capital y BAS, la compañía cumplió cabalmente sus obligaciones contractuales y no incurrió en responsabilidad fiscal que lo haga acreedor de una investigación.

    Anotó que el recurso se fundamenta en la inexistencia y ausencia absoluta de los elementos, condiciones y requisitos que configuren la responsabilidad fiscal y la penal de conformidad con las Leyes 610-2000 y 599-2000.

    Mencionó que cumplieron plenamente con los lineamientos y parámetros técnicos consagrados en el pliego de condiciones de la licitación 001 de 1994, que debían tenerse en cuenta para diseñar la PTAR El Salitre.

    Argumentó que el Tribunal pretende cuestionar la forma como fue diseñada la Ptar Salitre con ocasión de la ejecución del contrato de Concesión 015 de 1994, el cual fue celebrado el 20 de septiembre de 1994.

    Por lo anterior, solicitó la revocatoria parcial del numeral 9° de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de suprimir la orden de que se compulsen copias "de las piezas procesales pertinentes con destino a la Contralorla General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen el detrimento que al fisco ha causado, como las conductas ilícitas en que se haya podido incurrir...".

    VII.12. APELACIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.A.A.B. E.S.P

    El apoderado de la empresa distrital presentó recurso de apelación contra la sentencia de instancia y lo sustentó de la siguiente forma:

    Dijo que se aparta de lo ordenado en el numeral 5° de la parte resolutiva por cuanto la empresa es, en razón de sus funciones, la entidad pública que debe asumir la responsabilidad de prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a los habitantes del Distrito Capital, además contribuye con su esfuerzo financiero e institucional en el tratamiento de las aguas residuales que se producen en la capital.

    Agregó que por su experiencia y dimensión colabora además en la prestación del servicio en algunos municipios vecinos de Bogotá, por lo que su posición siempre ha sido proactiva y constructiva.

    Resaltó que la alternativa aprobada por la juez de instancia es el fruto de años de trabajo de los mejores expertos en el tema coordinados por la E.A.A.B., que además durante las mesas de trabajo tuvieron la posibilidad de exponer y discutir con todos aquellos que así lo solicitaron.

    Se refirió a que la decisión del Tribunal de adelantar la construcción de la Ptar Canoas para el 2009 no puede ser compartida por la empresa pues ello significa poner en peligro la viabilidad técnica y financiera de esta solución integral por lo siguiente:

      a. Expresó que para iniciar las obras de la planta se requiere previamente terminar el estudio de diseño de la Planta de Tratamiento de Canoas pues cuenta apenas con estudios de predimensionamiento, luego solicitar la licencia ambiental, además de adelantar las gestiones ante el Municipio de Soacha para obtener los permisos correspondientes.

      b. Resaltó que el tiempo mínimo que se requiere para hacer todo lo descrito en la decisión acelerando al máximo los tiempos sería de 15 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

    Por lo anterior, concluyó que los plazos para la construcción de la planta para el año 2009 no es un término prudencial tal y como está dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Ahora bien, comentó que si esta Corporación considera que la construcción de los interceptores ordenados debe entrar a operar al mismo tiempo que la planta deberá ajustar el tiempo de construcción de estas obras.

    Expresó que también resulta imposible la orden impartida en relación con la separación de los alcantarillados, pues éstos en la mayoría de los casos se encuentran combinados desde el interior de las casas y, significaría volver a construir la ciudad. En este sentido, anotó que la apelación del numeral 4°, literal b), se hace necesaria por razones de conexidad técnica, toda vez que ellos se articulan íntimamente con la construcción de los interceptores.

    En suma, arguyó que no sólo debe tenerse en cuenta la gravedad del asunto para fijar en la sentencia el término prudencial sino la amplitud de su reparación.

    De otro lado, el apoderado se pronunció sobre la distribución de las cargas financieras, al efecto anotó que si bien es imposible realizar las obras en un tiempo tan corto, la carga impuesta a la empresa pone en grave riesgo la estabilidad económica de la misma, además reduciría la posibilidad de llevar a cabo el Plan de Obras propuesto en el pacto de cumplimiento.

    En su sentir se encuentra en la obligación de solicitar una modificación al cronograma de inversión definido en la providencia, extendiéndolo más allá del año 2012, dada la magnitud de recursos y de las obras necesarias para el cumplimiento del mismo.

    Añadió que en caso de ejecutarse las obras con los recursos y fechas que ordena el fallo sin que exista un cierre financiero resultante del consenso interinstitucional de aportes financieros para incorporar dichos montos en las proyecciones, se pondrá en muy grave riesgo la sostenibilidad financiera y operacional del Acueducto de Bogotá, con las graves implicaciones para la sociedad derivadas de la pérdida de capacidad de la Empresa para continuar prestando los servicios básicos.

    Arguyó que la aplicación de la sentencia ante la imprecisión de instancias generadoras de recursos ubican el tema de las aguas residuales en la indefinición de un marco tarifario.

    Por las anteriores consideraciones, la E.A.A.B. aseveró que no es equitativa la forma como la sentencia apelada señala que la Nación debe aportar recursos para las obras que no están financiadas.

    En lo atinente a la sentencia complementaria de 16 de septiembre de 2004, precisó que el otorgamiento del incentivo económico a los demandantes es suficiente estímulo y reconocimiento.

    VIII.13. APELACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. El apoderado judicial de la CAR en escrito visible a folios 6658 a 6697 del expediente, aseveró que el trámite que se le dio al proceso de acción popular y que culminó con la sentencia que hoy se impugna, no correspondió a ninguna de las dos formas de terminación por cuanto se adelantó un procedimiento hibrido muy distinto al previsto en la ley, en el cual el proceso terminó simultáneamente por la expedición de una sentencia de fondo que definió algunos aspectos de la litis, y a su vez a través de la aprobación de unos supuestos pacto de cumplimiento.

    Indicó que la sentencia impugnada desconoce lo dispuesto en los artículos 27 y 38 de la Ley 472 de 1998, toda vez que le dio al proceso un manejo diferente al ordenado en la ley, además, no terminó el proceso, como allí se prescribe.

    Enunció que el Tribunal sostiene en distintos apartes de su decisión que las partes aprobaron pactos de cumplimiento y, además, que defirieron en el juez la posibilidad de introducir a los mismos las modificaciones que "el despacho en su sentencia considere", lo cual no es exacto ni jurídico, pues las partes nunca aprobaron pactos de cumplimiento como tales, ni podían delegar en el juez la posibilidad de introducir en ellos los ajustes que él a bien tuviera.

    En primer lugar sostuvo que en el expediente no existe constancia alguna de que todas la partes interesadas, tal y como exige el artículo 27, hubieran dado su aquiescencia clara y expresa a la aprobación de las distintas propuestas de pacto que se presentaron, ni que entre ellas hubiera acuerdo sobre la manera de restablecer los derechos colectivos supuestamente vulnerados.

    Comentó que existen varias actas suscritas exclusivamente por la Magistrada, por su Secretaria y algunas por el Ministerio Público, de las cuales se desprende que entre el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre de 2003, cada uno de los demandados sometió a consideración de los asistentes a las audiencias fijadas para tal propósito unas propuestas individuales de pacto, que fueron explicadas y debatidas en el seno de cada reunión, pero que a pesar de ello no existe una sola acta en la cual conste un acuerdo de voluntades que esté suscrito y refrendado por todos los intervinientes.

    Precisó que la ausencia de firma de las actas no es un hecho jurídicamente irrelevante, toda vez que dicha falencia constituye la prueba por excelencia de la ausencia de manifestación del consentimiento por las partes para la celebración de cualquier acuerdo de voluntades.

    Observó que anexas a las actas existen constancias de asistencia, las cuales no son más que eso, es decir, meras constancias de asistencia que no tienen ni podrían tener la virtud de ser prueba de aprobación de pactos de cumplimiento. Adicionalmente, advirtió que muchas otras actas confirman la ausencia de consenso.

    Encontró que dentro del proceso existen múltiples manifestaciones de que las partes jamás aprobaron los pactos de cumplimiento a que se refiere la sentencia impugnada.

    De otro lado, el apoderado se pronunció sobre la delegación indebida del juez en cuanto nada más contrario a derecho que una autorización amplia y genérica a un juez de conocimiento para que introduzca en un pacto de cumplimiento las modificaciones y consideraciones.

    Recordó que el pacto de cumplimiento es una forma de terminación del proceso en el que las partes celebran un acuerdo fruto de la expresión de su mutuo consentimiento y que la intervención del juez se limita al control de legalidad de dicho acuerdo, motivo por el cual jamás podrán las partes deferir en él el contenido así sea parcial del mismo.

    Manifestó que el juez de instancia adoptó una decisión híbrida por lo siguiente:

    • El Tribunal profirió decisión de fondo respecto a una parte de la controversia.
    • Aprobó pactos de cumplimiento sobre acuerdos que habían llegado las partes con temas relacionados con la litis.
    • Introdujo cambios a los temas acordados por algunas de las partes. Expidiendo una sentencia que terminó las acciones populares de dos maneras diferentes pero simultáneas, de un lado aprobando unos pactos de cumplimiento y del otro dictando sentencia de fondo definitiva de las pretensiones.

    Manifestó que del texto de la sentencia impugnada, como de la lectura de las actas en las que supuestamente se aprobaron algunos de los pactos de cumplimiento propuestos por las partes, se desprende que nunca las partes aprobaron un solo pacto de cumplimiento que recogiera las propuestas de todas ellas y que proveyera por una solución integral de la materia objeto de la litis.

    Comentó que por el contrario es indudable que las partes aprobaron un conjunto de propuestas parciales y yuxtapuestas de varias de ellas que en ningún momento proveyeron soluciones integrales a los derechos supuestamente vulnerados.

    Manifestó que muchos de los temas objeto de debate en las audiencias no fueron materia de acuerdo, en razón a lo anterior los acuerdos suscritos fueron parciales y, por ende, violatorios de los artículos 27 y 38 de la Ley 472 de 1998.

    Solicitó la revocatoria del numeral 3° literal e) de la parte resolutiva, toda vez que se violó el artículo 29 de la C.P., el artículo 5° de la Ley 472 y el Decreto 1180 de 2003, lo anterior al desconocer el derecho al debido proceso de los beneficiarios de las licencias, que no fueron citados a comparecer a la presente acción. De otro lado, manifestó que se omitió la aplicación de los artículos 62 y siguientes de la Ley 99 de1 1993 relacionados con el otorgamiento de licencias ambientales.

    Igualmente requirió pronunciamiento favorable de modificar el numeral 3°, literal i), de la parte resolutiva, al quebrantarse los artículos 6° y 209 de la Constitución Política, toda vez que la CAR cuenta con una red hidrometeorológica de su propiedad, con más de 100 estaciones de monitoreo a lo largo del río Bogotá, y de acuerdo a la obligación impuesta por el Tribunal debe ponerla a disposición del IDEAM de manera gratuita, generando un desmedro al patrimonio de la entidad.

    Pidió la revocatoria del numeral 4° de la sentencia, consistente en la ampliación de la PTAR Salitre y la construcción de la PTAR Canoas, por cuanto la entidad nunca manifestó su consentimiento con la aprobación de los pactos de cumplimiento. Así, consideró que se están violando los artículos 113 de la Constitución Política, 44 de la Ley 99 de 1993 y los Decretos 1339 de 1994 y 1200 de 2004.

    Asimismo, solicitó lo siguiente:

    • Que se revoque el numeral 4 literal h), al quebrantarse los artículos 113-209 de Constitución Política, y el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, teniendo en cuenta que la CAR tiene un plan de dragado y al modificar la sentencia como lo dicen los puntos 6.9 y 6.9.310, se desconoce el principio de especialidad de la administración, por lo que en una decisión de esta naturaleza no se pueden emitir órdenes que revoquen las competencias exclusivas de la administración.
    • Que se revoque el numeral 5° literal d) por violación del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1933 de 1994 y el Decreto 1729 de 2002, al atentar contra el principio de separación de poderes. Mencionó que es la CAR y no el juez de acción popular la autoridad que debe señalar los programas y el monto de las inversiones que se deben efectuar en las cuencas hidrográficas del área de su jurisdicción.
    • Que se revoque el numeral 3°, literal h), por violación de los artículos 6 y 113 de la Constitución Política, artículo 10° de los estatutos de la CAR. Consideró lo anterior por cuanto dichas disposiciones consagran que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que está expresamente permitido, además no se observó el principio de la separación de poderes.
    • Que se revoque el numeral 4°, literal c), por violación del artículo 113 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1200 de 2004. Anotó que se desconoció el principio a la separación de poderes y las normas que garantizan la libre competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, toda vez que la contratación de un solo operador regional para la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales atentaría contra los principios de la libre competencia.
    • Que se revoque el numeral 4°, literal f), por violación del artículo 113 de la Constitución Política, artículo 45 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1933 de 1994 y el Decreto 1729 de 2002. Precisó que se atenta contra las normas de planificación ambiental, ya que la CAR al recibir las transferencias del sector eléctrico es la única que tiene la obligación y la competencia exclusiva de determinar las condiciones y proyectos en que deben invertirse dichos recursos y no es competencia del juez de acción popular. Con relación al plan de vida Muña 2000, comentó que el juez desconoció la política de la CAR en lo referente al manejo del embalse, vulnerando el principio de la separación de poderes.
    • Que se revoque el numeral 3°, literal e), por violación de los artículos 6° y 113 de la Constitución Política, lo anterior en razón a que la función de reubicar a las personas no es competencia de la CAR sino del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

    VII.14. APELACIÓN DE LAS SOCIEDADES ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - ALPINA - ETERNIT COLOMBIANA S.A. - LIQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A. SOCIEDAD CRISTALERÍA PELDAR S.A. -REFINADORA SAL S.A. - REFISAL - CERVECERÍA LEONA S.A. - GRUPO SIDERÚRGICO DIACO S.A.

    El Representante legal de las sociedades demandadas y vinculadas al proceso solicitó en escrito contentivo del recurso de apelación se decrete la nulidad por indebida notificación de estas entidades y se revoque el ordinal primero en cuanto a la condena en costas a favor de los accionantes, fundamentó lo anterior con los artículos 37 de la Ley 472 y 352 C.P.C.

    Manifestó que no se resolvió la excepción de ausencia de legitimidad pasiva propuesta por la SOCIEDAD CRISTALERIA PELDAR S.A. Adujo que en la providencia del 1° de abril de 2002 se vincularon varias empresas dentro del proceso y allí se encontraba la Compañía Nacional de Vidrios S.A. CONALVIDRIOS, notificándose indebidamente por cuanto entregaron la copia de la demanda y de la providencia en las instalaciones de Vidriera Fenicia.

    Aseguró que la nulidad no fue saneada en debida forma, toda vez que no se realizó la notificación personal a los representantes legales de cada una de las industrias. Alegó que dicha situación no se resolvió y el vicio de nulidad permaneció, sin que se pronunciara en la sentencia.

    En cuanto a la condena de costas, expuso que las mismas carecen de fundamento legal ya que estas industrias tienen permisos ambientales y el control ejercido por las autoridades demostraba que su conducta se ajustaba a la ley.

    Afirmó que en la sentencia de primera instancia no se responsabiliza a ninguna de las entidades, ni se condenó por infracciones al ambiente sano, por lo tanto no procede la condena en costas.

    Consideró que el pacto de cumplimiento se realizó para colaborar con la solución de este problema, pero no se reconoció ninguna responsabilidad toda vez que sólo se enfatizó en que las empresas actuaban conforme a la ley y tenían permisos de la autoridad ambiental, por lo tanto no era procedente la condena en comento.

    De otro lado, anotó que no se resolvió el llamamiento en garantía propuesto por REFISAL.S.A. Mencionó que en la contestación de la demanda REFINADORA SAL S.A. solicitó se llamara en garantía a ALCALIS DE COLOMBIA Ltda.-en liquidación, en virtud del contrato de venta, protocolizado en la escritura pública 0104 del 7 de marzo de 1994, Notaría 52 de Bogotá, en cuya cláusula 10 se exonera al comprador de toda responsabilidad y eventuales reclamos ambientales.

    VII.15. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S EN C.

    Mediante escrito allegado al plenario, el representante legal de la sociedad Constructora Palo Alto sustentó el recurso interpuesto, al efecto anotó que en cuanto a las notificaciones, si bien es cierto que la misma se realizó en un medio masivo de comunicación, también lo es que se hizo contra personas determinadas y empresas con nombre propio, por tal razón la sociedad no se entendió notificada.

    Señaló que se debe revocar el ordinal 3°, literales b), c) y d) de la parte resolutiva de la sentencia y, en su lugar, estarse a lo dispuesto en la sentencia de 8 de mayo de 2003 de la Sección Quinta de esta Corporación, toda vez que la orden de revocar y suspender los títulos, permisos, concesiones y licencias de las exploraciones mineras en las zonas de exclusión, extiende sus efectos jurídicos con desconocimiento absoluto de los derechos que de estos se derivan, sin que le haya permitido controvertir y ejercer el derecho de defensa.

    Dijo que se violó el debido proceso ya que en la sentencia, los numerales 6.5.I.4., 6.5.1.5., 6.5.1.7., 5.6.1.8, 6.5.1.8.1. , 6.5.1.9. y tercero literales b) y d) del resuelve se ordenó excluir y cerrar una actividad legal, contratos de concesión minera Nos. 16.569 y 16.715, orden que no tiene sustento en el proceso y que nunca fue notificado.

    Reiteró la violación al legítimo derecho a la defensa, artículo 140.del C.P.C al ordenar en el fallo excluir y cerrar una actividad legal, sin haber realizado estudio técnico, económico, social y ambiental y sin notificar desde un principio a la sociedad, de los contratos de concesión firmados con la Nación - Ministerio de Minas y Energía.

    VII.16. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS SPRING S.A.

    A través de escrito fechado el 28 de septiembre de 2004 (fls. 6446 a 6448), el apoderado judicial fundamentó su recurso solicitando se excluya del pago de condena en costas y agencias en derecho, lo anterior en razón a su vinculación oficiosa sin que hubiera sido demandada al no realizar ningún proceso de fabricación, transformación o producción que contaminara la represa del Muña o el río Bogotá, porque su proceso era simplemente ensamblaje.

    Expresó que ni en la parte motiva se aprobó el pacto de cumplimiento o se hizo alusión a algún tipo de condena, ni tampoco en la parte resolutiva se condenó o mencionó a la sociedad, por lo que quedó absuelta de toda responsabilidad, no entendiendo la razón de la condena en costas.

    VIII.17. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD STANTON & CÍA LTDA.

    El apoderado judicial de la sociedad aseveró en escrito aportado al proceso que la sociedad fue demandada y al contestar los supuestos en que se fundamentaba rechazó los cargos que le hacían como agente contaminador.

    Recordó que dentro del proceso presentó pacto de cumplimiento con el fin de proteger los derechos colectivos vulnerados y que como en las sentencias del 25 de agosto y el 16 de septiembre de 2004 no se reconoció a la sociedad como un agente contaminador del río Bogotá y el Embalse del Muña, no hay lugar a la condena de costas.

    Solicitó la ratificación de la existencia y valor jurídico del pacto de cumplimiento propuesto por Stanton & Cía Ltda., por cuanto fue presentado como expresión de su propia voluntad institucional.

    Pidió la revocatoria del numeral 1° de la sentencia de 16 de septiembre de 2004 en lo que le corresponde a ella al no haberse probado los elementos propios de la responsabilidad y al haber elaborado un pacto de cumplimiento.

    En cuanto a la aprobación del pacto de cumplimiento, manifestó su preocupación al haberse juzgado equivocadamente a la sociedad. Mencionó que la compañía entiende que su acción debe estar dirigida a buscar un mejoramiento continuo en el proceso de recirculación de agua y que las mismas constituyen los saldos del proceso para recibir un eficiente tratamiento que asegure su integridad.

    VII.18. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A.

    El representante de la sociedad solicitó se ratifique la sentencia y el valor jurídico del pacto de cumplimiento propuesto, lo anterior en razón a que tiene todo el valor y la eficacia al ser un mecanismo que concreta la protección de los derechos colectivos por iniciativa de los involucrados en el trámite del proceso.

    VII.19. APELACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - E.E.B.-

    El apoderado judicial de la empresa indicó que la condena es incompatible con la aprobación del pacto de cumplimiento presentado, por lo tanto debe revocarse de manera parcial el fallo impugnado en el sentido de excluirla del numeral 1° de la parte resolutiva, y quede vigente el numeral 4°, literal f, por las siguientes razones:

      a. Sostuvo que al presentar la E.E.E.B. un pacto de cumplimiento que fue aprobado en la decisión de instancia, tiene derecho a que los reclamos y pretensiones incoados en su contra sean sustraídos como tema de juzgamiento.

      b. Comentó que cuando se suscribe y se logra un pacto de cumplimiento no se puede condenar ni absolver en el fallo, sin que este pueda continuar con otros aspectos centrales del litigio.

      c. Anotó que el juez que apruebe un pacto de cumplimiento carece de jurisdicción para proferir fallo en contra o a favor del mismo litisconsorte.

      d. Resaltó que no tiene sentido suscribir un pacto de cumplimiento, someterse al trámite de su aprobación para luego ser condenado, lo anterior lesiona los derechos al debido proceso y a la defensa.

    Asimismo, pidió que se revoque parcialmente la sentencia en lo relacionado con la declaratoria de improcedencia de la denuncia del pleito a la CAR y el llamamiento de garantía de la Aseguradora Colseguros S.A., por cuanto al sustentar que no hay riesgo asegurable porque cuando se suscribió la póliza ya estaba causado el siniestro es improcedente.

    Precisó que no se configura la excepción de mérito propuesta por la aseguradora denominada "agravación y ocultamiento del riesgo por causa imputables a los interesados", en razón a que el siniestro se concreta con la ejecutoría del fallo que declare la responsabilidad civil extracontractual.

    Advirtió que tampoco prospera la excepción del "siniestro no amparado", ya que de quedar ejecutoriada la sentencia, correspondería una indemnización por daños derivados del medio ambiente.

    Sugirió que debe fijarse como incentivo global la suma de 50 s.m.l.m.v. a favor de todos los demandantes, lo expuesto porque hubo exceso en la fijación y la regulación porcentual del mismo.

    Observó que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 es muy claro al indicar que no se puede exceder de 50 salarios mínimos mensuales y en este caso el incentivo asciendemínimos mensuales y en este caso el incentivo asciende a 200 por ser cuatro los actores, por lo tanto debió fijarse una suma global que no excediera lo autorizado por la ley.

    En conclusión, solicitó la confirmación de la decisión en cuanto a la aprobación del pacto de cumplimiento presentado por ella y la revocatoria parcial en los aspectos señalados.

    VII.20. APELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

    El apoderado sustentó el recurso en el sentido de solicitar la revocatoria del numeral primero de la sentencia complementaria de 16 de septiembre de 2004, por cuanto la misma fue expedida por fuera del término legal establecido para tal efecto.

    De otro lado, comentó que también constituye motivo de inconformidad con la sentencia complementaria la decisión de condenar en costas al ente territorial por cuanto quedó probado que no omitió sus deberes constitucionales en lo relativo a la conservación del medio ambiente y, por el contrario, ha cumplido con sus obligaciones de coordinación, complementariedad y concurrencia con los Municipios de la cuenca del río Bogotá.

    VII.21. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE NILO

    El apoderado judicial del ente territorial en escrito fechado el 24 de febrero de 2005 (fl. 7050), manifestó que coadyuva en todas sus partes lo expresado por los apelantes sin reserva de ninguna naturaleza.

    VII.22. APELACIÓN DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ

    Mediante escrito allegado al plenario la apoderada judicial del señor Cuervo solicitó se señalara en forma precisa el tiempo en que debe cumplir las obligaciones impuestas a la E.A.A.B. enunciadas en el numeral 3° frente a:

      a. Recuperación de los ríos interiores de Bogotá y abstención de verter aguas negras a ellos.

      b. Recuperación de las zonas de ronda de cada una de las quebradas y ríos interiores de Bogotá.

    Pidió que se determine con suma claridad el plazo que tiene el Distrito Capital y la E.A.A.B. para separar la conducción de las aguas lluvias de las aguas negras.

    Consideró que se debe revocar las obligaciones de la CAR y los demás municipios relativas al Embalse del Muña, por cuanto en ninguna de las pretensiones de las diferentes demandas se hizo referencia a ellas y, por el no se puede hacer cargo de las obligaciones que les corresponden a los particulares.

    Por lo anterior, requirió para que se ordene a la empresa EMGESA S.A. mantener el embalse durante toda la vida útil del mismo y durante el tiempo que permanezca a su servicio, además de asumir la operación y mantenimiento de las obras.

    Finalmente, indicó que se debe revocar el numeral que reconoció el incentivo a los actores, por ir en contravía del Decreto 2303 de1989, artículo 132, y los artículos 1005 y 2360 del Código Civil.

    VIII.23. APELACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE SIBATÉ

    Los señores Alba Patricia Guaqueta y Jairo Tovar Barbosa presentaron recurso para que se revisara, revocara y anulará la sentencia del 25 de agosto de 2004, toda vez que se desconocieron los efectos de cosa juzgada que tiene la sentencia de 3 de septiembre de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, al haber derogado y exonerado a la E.E.B. y a EMGESA de la responsabilidad por la contaminación del medio ambiente del Embalse del Muña.

    Comentó que el Tribunal se encontraba impedido de hacer un replanteamiento acerca de la responsabilidad de la Empresa de Energía por haber contribuido a la contaminación de la represa o Embalse del Muña, por cuanto la sentencia del señalado 3 de septiembre de 2002 había adquirido el carácter de firmeza sustancial.

    VII.24. APELACIÓN DE LOS HABITANTES DE SIBATÉ - OSCAR GUAQUETA BELLO, RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ PRIETO, VÍCTOR JULIO SANDOVAL ZAMUDIO

    Los habitantes de Sibaté representados por los firmantes del escrito allegado al proceso solicitaron se revoque la decisión de considerarlos responsables solidarios por la contaminación del río Bogotá, con ocasión al quebranto del derecho al debido proceso.

    Resaltaron que la sentencia quebranta el derecho en mención ya que no fueron citados en dicha calidad a participar en la acción popular, y en la decisión de fondo no se consignaron las razones considerativas de la vinculación.

    Aclararon que la sentencia resuelve imponer condenas a los habitantes como contaminantes activos en la catástofre ambiental del río Bogotá de la cual son ajenos y víctimas de este desastre ecológico.

    Pidieron que se revoque el artículo 1° de la sentencia del 25 de agosto de 2004, en donde se declara a los habitantes del Municipio de Sibaté como responsables solidarios por acción en la causación de la catástrofe ecológica del río Bogotá (cuenca baja) y el Embalse del Muña.

    Además, solicitaron que esta Corporación i) adicione a la sentencia a los verdaderos actores del desastre ecológico del Embalse del Muña; ii) declare la responsabilidad de la E.E.B. y de EMGESA S.A., propietaria del Embalse del Muña, por la catástrofe ecológica causada tanto allí como en el Municipio de Sibaté e impongan las condenas correspondientes; iii) que en forma subsidiaria se desacumule la acción popular No 01-479, relativa al problema ambiental del Embalse del Muña de las acciones populares relacionadas con el problema ambiental del río Bogotá, ya que son diferentes los problemas de contaminación del medio ambiente planteados en una y otra acción popular.

    VII.25. APELACIÓN DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL PLANETA

    El apoderado de la fundación presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al efecto solicitó que se declare a las empresas EMGESA y E.E.B. S.A, como responsables de acción u omisión de la contaminación del Embalse del Muña, por trasvasar y utilizar durante varios años las aguas contaminadas del río Bogotá en generación de energía eléctrica, sin ser debidamente tratadas, produciendo impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes de los alrededores.

    Pidió que se les obligue a descontaminar la totalidad del mismo embalse y no en la forma superficial como presentaron en el pacto de cumplimiento aprobado por la sentencia apelada.

    Además, requiere para que se ordene la conformación de un panel de expertos, para definir si la expansión de la zona norte de la ciudad de Bogotá era o no viable y en esta forma poder evaluar y tomar la mejor de las alternativas de saneamiento del río Bogotá.

    Comentó que la figura de los pactos de cumplimiento debe ser mantenida y que se deben crear mecanismos para que los mismos puedan ser modificados para una mejor recuperación de los ecosistemas afectados.

    De otro lado solicitó lo siguiente:

      a. Que se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial acoger el nuevo esquema de tratamiento de aguas residuales del Distrito.

      b. Que se ordene realizar un diagnóstico ambiental de alternativas el cual deberá hacerse por una entidad independiente a la E.A.A.B., que tenga suficiente criterio técnico y científico y realice consultas públicas y mesas técnicas con expertos de diferentes universidades de Bogotá.

      c. Que se defina el papel que tendrá el Embalse del Muña en el esquema del saneamiento del Distrito y que se incluyan los costos del manejo del embalse en la comparación de alternativas.

      d. Que se incluyan los costos de manejo y operación del Embalse del Muña y que sean recalculados a partir de los nuevos estudios.

      e. Que se realice de nuevo el análisis económico comparativo de las alternativas de saneamiento del Distrito Capital.

      f. Que se ordene optimizar las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de la cuenca del río Bogotá, construyendo sus lagunas de maduración o sistemas de pulimiento.

      g. Que se construyan mecanismos de desinfección para los efluentes de las plantas ya que las concentraciones de coniformes son muy altas y debido a esto el río Bogotá no es apto para el riego de ningún tipo.

      h. Que las autoridades ambientales, municipales y locales ordenen a los agricultores, floricultores y ganaderos de la cuenca del río de Bogotá, que traten el agua mediante mecanismos para tratamiento de aguas por descargas difusas.

      i. Que se ordene a las autoridades competentes, industrias y organizaciones sociales promover una campaña de comunicación educativa que busque modificar la conducta de los ciudadanos como contaminadores involuntarios de río Bogotá.

    Indicó que no tiene sentido hacer una inversión tan cuantiosa en la solución técnica integral, si no se logran los usos adicionales del río al estético y agrícola restringido, por lo que es necesario establecer plazos.

    Finalmente, comentó que el pacto presentado por la EEEB y EMGESA, habla de remoción de lodos del embalse pero no en qué cantidades y en qué zonas, por lo que solicitó se determine tal circunstancia.

    VII.26. APELACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (fl. 6396)

    Fundamentó el recurso en los siguientes términos:

    1. Se desestimen las excepciones de mérito propuestas por los demandados y se declaren solidariamente responsables de la contaminación del río Bogotá y sus afluentes, a los demandados

    2. Se amparen los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de los procesos acumulados.

    3. Para lograr la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes se deben observar las siguientes directrices en cuanto a la realización de obras.

    • Control de vertimientos de aguas residuales y ejecución del programa de producción más limpia en los siguientes sectores de producción: Industria casera, grande, mediana y pequeña. Implementado por la CAR y el DAMA, siguiendo las políticas del MAVDT, con el control de los municipios el DISTRITO CAPITAL y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
    • En un término máximo de 3 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el MAVDT deberá proceder a delimitar de forma clara, cuales son las zonas excluidas de la minería, en donde no podrán realizarse trabajos y obras de exploración y explotación minera. Sentencia C-339/02.
    • En un término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el MAVDT en colaboración con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, adelantarán los procesos administrativos tendientes a revocar y suspender los títulos, permisos, concesiones y licencias de las explotaciones mineras.
    • En un término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el MAVDT, la CAR, el DAMA y los municipios. Ley 99/93 Art. 54-55. adelantarán los procesos administrativos tendientes a revocar, las licencias ambientales, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.
    • En un término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el MAVDT, la CAR, el DAMA y los municipios, deberán exigir a los particulares, entes públicos o privados a los que se les haya otorgado licencias ambientales, autorizaciones, permisos o concesiones a cielo abierto, la reestructuración o sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido en la explotación. Los beneficiarios de estas licencias deberán en un término de 4 meses siguientes a la fecha en que sean requeridos a realizar la respectiva reestructuración.
    • Se previene a la CAR y al DAMA y a los demás órganos ambientales, que no podrán invertir los recursos destinados para saneamiento ambiental en programas de reforestación.
    • Las familias que se encuentran lavando arenas en el río Tunjuelo, LA CAR, EL DAMA, Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, deberán reubicarlos en los demás complejos mineros.
    • El DISTRITO CAPITAL, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, deberán dar prioridad a los programas sociales y educativos de esta comunidad.
    • El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, y el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, deberán promover una política restrictiva sobre el riego de cultivos y brebaje de ganado con aguas del río Bogotá y sus afluentes y del Embalse del Muña.
    • El incumplimiento de estas órdenes dará lugar a la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación.
    • El Alcalde Mayor de Bogotá y los alcaldes municipales deben implementar, controlar, y retener los productos agrícolas, el ganado mayor y menor y los productos pecuarios que se están alimentando con las aguas o pastos contaminados por el río Bogotá y el Embalse del Muña.
    • Creación de una sola red Hidrometeorológica y estación de monitoreo de las aguas, direccionadas por el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEREOLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, para toda el área de la cuenca del río Bogotá y de sus afluentes, con la constitución de un fondo común económico y con el aporte de los recursos que para estos casos dispongan en sus presupuestos.
    • El DISTRITO CAPITAL - DAMA- la E.A.A.B. y las cuencas alta, media y baja del río Bogotá, con la dirección y coordinación de la CAR y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, deberán llevar un control de vertimientos de aguas domésticas, especialmente de grasas, carbohidratos, nitratos y fosfatos. El INVIMA y el MAVDT, en el término de la presente o siguiente legislatura, deberá presentar un proyecto de ley ante el Congreso, para prohibir la fabricación y uso de los detergentes que contengan fosfatos y se reglamente la producción de detergentes biodegradables con el fin de detener el proceso de eutroficación de las aguas.
    • El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL deberá incluir los PRAES en la educación primaria, media, tecnológica y superior como cátedra obligatoria. La CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, el DAMA y los que se quieran vincular a las cajas de compensación COMFENALCO, podrán colaborar con la ejecución de este programa para incentivar en la comunidad el propósito común de descontaminar el río Bogotá y sus afluentes mediante prácticas limpias. Para lo cual el canal institucional de televisión realizará propagandas.
    • Para reforzar el control de los vertimientos y la vigilancia sobre los cerros, montañas, laderas, suelos y aguas de la sabana, el MAVDT y el MINISTERIO DE DEFENSA, deberán apoyar mediante la prestación de servicio militar obligatorio ambiental.
    • El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, la CAR y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, tienen bajo su responsabilidad el control de los procesos de producción más limpia de las curtiembres de VILLAPINZON y CHOCONTA. El MAVDT Y EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR dentro del máximo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia deberá cofinanciar todas las obras de infraestructura que requieran dichos procesos de producción más limpia.
    • El DISTRITO CAPITAL - DAMA- en coordinación con los ministerios dentro del máximo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia deberán poner en funcionamiento el PARQUE DE COEFICIENTE INDUSTRIAL DE LAS CURTIEMBRES DE SAN BENITO o implementar en cada una de las industrias los procesos de producción más limpia.
    • Los municipios de Cuencas Alta y Media y la E.A.A.B. de conformidad con los POT velarán por la recuperación y por la protección de las zonas de ronda, de las quebradas y afluentes del río Bogotá.
    • Los municipios y el distrito deberán expedir en el término de 6 meses la reglamentación de los usos del suelo.
    • Las contralorías departamentales, distritales y de la Nación deberán controlar los recursos con destino al saneamiento ambiental previstos en la ley.
    • Los gremios de la producción que ejerzan actividades en la cuenca del río Bogotá y sus afluentes deberán ingresar a los procesos de producción más limpia que promuevan la CAR y el DAMA.
    • Se ordena a los ministerios de PROTECCIÓN SOCIAL, DE MINAS Y ENERGÍA, DE COMERCIO EXTERIOR, DE AGRICULTURA, Y EDUCACIÓN, al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION para que planeen y ejecuten con el MAVDT, todos los programas relacionados con las funciones del Art. 5 de la ley 99 de 1993.
    • Se ordena a la CAR y al DAMA a que formen un grupo de guardabosques según lo previsto en el POMCO.
    • Los municipios deberán dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal.
    • La CAR, el DAMA, la E.A.A.B. y los municipios, deberán velar por la adecuada destinación de los recursos para la adquisición de los predios para proteger las fuentes hídricas. Las Contralorías distritales, departamentales y de la Nación deberán ejercer control fiscal en los recursos para saneamiento ambiental.
    • Los alcaldes locales del distrito deberán controlar los vertimientos.
    • El Fondo Nacional de Regalías y el M.H.C.P. deberán realizar las reservas por concepto de regalías a los municipios y distritos
    • Se declara que la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes comprende la ejecución de obras.
    • Los municipios como distrito Capital deberán separar las redes pluviales de las de alcantarillado desde el mismo momento de su diseño.
    • Dentro del término máximo de 3 años a partir de la audiencia del pacto de cumplimiento la CAR deberá realizar las obras y las mejoras que requieran las plantas de tratamiento.
    • El IDEAM deberá realizar la caracterización física, química y biológica a la entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales, luego de ser puestas en óptimas condiciones para entregar a los municipios. - Los municipios deberán construir las plantas de tratamiento que se requieran para dar total cobertura al tratamiento de sus aguas residuales. El Municipio de Villapinzón en el término de tres años a partir de la notificación de la sentencia deberá construir su planta de tratamiento.

    VII. 26.1 AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

    1. Se revoque, modifique o reforme algunos apartados del fallo proferido por el juez de primera instancia, para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso integral a la Administración de Justicia y la garantía del debido proceso, al derecho de defensa de las partes y el equilibrio de las mismas.

    2. En cuanto a los pactos de cumplimiento, el fallo del 25 de agosto y su complementario no es una sentencia anticipada sino definitiva, por esta razón las propuestas discutidas que hacen parte de los medios probatorios documentales son aptas e idóneas para que el juez de primera instancia profiera el fallo y el de segunda instancia adopte la decisión que corresponda una vez de ser apreciados en conjunto.

    3. Con relación a la constitución del FONDO COMUN ECONOMICO para la creación de una sola red hidrometeorológica, carece de soporte jurídico, según estima el Ministerio Publico, nuestro Estado social de derecho se caracteriza porque ninguna autoridad estatal puede ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley. Por lo anterior debe revocarse este punto y en su defecto reformarse para que su creación, funcionamiento y finalidad se enmarquen dentro del ordenamiento jurídico vigente.

    Estas consideraciones serán tenidas en cuenta para la solución integral debiendo anotar que para el efecto se observarán las competencias asignadas a cada una de las autoridades.

    VII.27. APELACIÓN DEL SEÑOR ALFONSO PÉREZ PRECIADO

    Interviene en calidad de coadyuvante, reconocido dentro del proceso y mediante memorial radicado el 8 de septiembre de 2004 (fls. 6244 y 6445), por medio de apoderado judicial y posteriormente directamente, radicó escrito el 24 de febrero de 2005, y sustentó el recurso de apelación (fl. 7188), en los siguientes términos:

    VII. 27.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

    Pacto de cumplimiento:

    Debe celebrarse entre todos los participantes dentro del proceso y no como se plantea en la sentencia, esto es, como un acuerdo entre la mayoría.

    Resolución por la Sala Plena de la Corporación:

    Solicitó la resolución de la acción por la Sala Plena de la Corporación en razón de su importancia jurídica y trascendencia social. (Art. 130 C.C.A.).

    Audiencia previa a fallo:

    Solicitó señalar fecha y hora para hacer una exposición técnica de las objeciones a la propuesta presentada por el Distrito y aprobada por la Magistrada Ponente de instancia.

    Carencia de interés económico para actuar:

    No está incluido dentro de los beneficiarios de una sentencia condenatoria, ni representa nada distinto al interés profesional sobre el futuro ambiental del río Bogotá y de la región en general.

    VII.27.2 RAZONES DE INCONFORMIDAD CON LA SENTENCIA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

    El hecho de haber aprobado como Pacto de Cumplimiento la propuesta del Distrito Capital y/o de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, hace de la sentencia una decisión inane para la salvaguardia de los intereses colectivos, en contra de lo predicado por la misma sentencia, en términos populares constituye "un saludo a la bandera", razón por la cual solicita:

    • Corregir los defectos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Simplificar los procedimientos y redefinir las responsabilidades y tareas, acorde con las normas vigentes, a los cuales se refiere así:

      La estrategia del Distrito Capital: de la lectura de la sentencia deduce el apelante que el D.C. maneja como estrategia la de "no aceptar responsabilidad en la contaminación del río", y en consecuencia pretende que se vincule a todos los municipios que vierten aguas residuales a sus ríos o a sus tributarios, así como a la multitud de empresas contaminadoras y a la comunidad en general.

    Por ello consideró que se debe:

    • Universalizar el problema, cuando el D.C. es responsable del 97% de la carga orgánica vertida al Río y el volumen de la población de Bogotá encierra el 88.3% de la población urbana de la sabana, el resto de municipios sabaneros sólo representan el 11.7%. La mayor parte de la industria se localiza en Bogotá y la que más contamina por la industria de bebidas, alimentos y química. Al pretender vincular a los pequeños municipios y comunidades de la cuenca media y baja les genera gasto de recursos para su defensa y desaliento en sus reclamaciones frente a los perjuicios derivados de la contaminación de la ciudad.
    • No obra prueba de que el D.C. esté cumpliendo con el pago de la tasa retributiva, a la autoridad del Río en este caso, la CAR y de haberla pagado lo han hecho a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que es una empresa del Distrito Capital, razón por la que solicitó al Consejo de Estado requerir a la CAR constancia de si, a la fecha de la sentencia (25-08-2004), el Distrito capital de Bogotá y/o la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB tenían permiso de vertimiento para realizar las descargas de aguas residuales urbanas que hacen al río Bogotá.
    • Crear confusión al pretender señalar que la contaminación vertida al río Bogotá es igual en los municipios de la cuenca y la proveniente de la ciudad capital.
    • Mezclar causas con efectos, en cuanto dentro de su estrategia de defensa ha involucrado en el proceso, además de los municipios y contaminadores privados, a entidades como la CAR, el DAMA, la Gobernación de Cundinamarca, los Ministerios de Agricultura, Minas, Protección Social, Educación, Desarrollo y, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Planeación Nacional, IDEAM, IGAC, entre otras muchas, para así poder diluir la responsabilidad y con miras a lograr que éstas entidades se sumen a un Pacto Común o presenten otras propuestas para que en caso de incumplimiento del Distrito Capital, puedan surgir otros actores. El Distrito Capital ya viene incumpliendo con sus obligaciones derivadas del Decreto 619 de 2000 (POT), según el cual ya se debería estar terminando la fase dos de la Planta de El Salitre, sin empezar siquiera (art. 60 núm. 1) y las obligaciones impuestas al distrito en la Resolución No. 817 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental para el sistema de tratamiento de sus aguas residuales.
    • Pretermitir normas legales y procesos administrativos vigentes, el D.C. en su afán de firmar acuerdos que viabilizaran sus propuestas involucró a la autoridad ambiental regional (CAR) para que aprobara "a priori" un nuevo esquema para la descontaminación del Río (escrito visto a folios 3259 a 3262) de fecha 6 de agosto de 2003, con desconocimiento de las normas vigentes sobre la materia.
    • El propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al aprobar un nuevo programa de saneamiento, en reemplazo del contemplado en la licencia ambiental otorgada mediante Decreto 619 de 2000 del Alcalde Mayor, se convirtió en autoridad ambiental. En el mismo se modifican los tiempos de ejecución del programa, reduce la eficiencia del sistema de tratamiento, cambia la localización y características de las plantas y del sistema de tratamiento e incrementa considerablemente los costos. Lo que debió hacer la Corporación fue haber fijado plazos y condiciones para que el distrito y/o la EAAB presentaran las solicitudes y estudios encaminados a modificar el programa y la licencia, y para que el Ministerio del Medio Ambiente y/o la Car decidieran sobre esta solicitud en los términos de ley.
    • Con este proceder se hace inmanejable el expediente.

    Las responsabilidades:

    El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró como responsables por acción de la catástrofe ambiental del río Bogotá a los habitantes e industrias de la cuenca, cuando los individuos no son responsables por acción del mal manejo e inadecuada disposición de los residuos, sino las empresas de servicios públicos encargadas de su manejo y tratamiento.

    Tampoco puede colocarse en el mismo saco a los responsables por omisión como lo dispone el Tribunal en el artículo 1° de la sentencia, al Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que genera el 97% de la contaminación del Río y a entidades como el Ministerio de Minas y Energía, Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, protección Social (INVIMA), Agricultura, IDEAM, CAR, Departamento de Cundinamarca y demás municipios de la cuenca del Río , cuando algunos de ellos también lo son por omisión, genera grietas que hacia el futuro, por donde se podrán diluir las responsabilidades reales frente al problema de la descontaminación.

    El evidente deseo del Distrito Capital -EAAB de evadir su responsabilidad en torno al Río y la enorme confusión que logró crear en torno al problema en el Tribunal justifica la intervención del Consejo de Estado con el objeto de definir y delimitar la responsabilidad y obligaciones a su cargo como principal contaminador.

    Responsabilidad administrativa ambiental:

    El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se arrogó la competencia y otorgó la licencia ambiental para el sistema de tratamiento de aguas residuales de Bogotá, sobre la base del esquema de tres plantas escalonadas en el tiempo y en el espacio, iniciando con la planta de El Salitre. Como su legalidad no ha sido demandada, el Ministerio no puede alegar que no es responsable del problema y de los cambios que el distrito quiera introducir al programa de descontaminación.

    La sentencia en estos términos, estimó, no es clara en definir la autoridad ambiental del Río y la distribución que hace de las funciones de la CAR, el DAMA, y el MAVDT, generando duplicidad de funciones y conflictos institucionales. Al ser el Río y su cuenca un ecosistema regional, su paso por la ciudad es apenas accidental razón por la cual su ordenamiento y manejo deben trascender los límites político-administrativos.

    Responsabilidad en la financiación de la descontaminación

    Reiteró que esta responsabilidad está en cabeza del Distrito Capital y no de la CAR, entidad que no ha servido las obligaciones del Fondo Cuenta y al dar por terminado el contrato de concesión 015 de 1994 no se ejecutaron los recursos en la forma prevista.

    El programa de tratamiento aprobado:

    1.- Esquema de saneamiento basado en dos plantas: Salitre y Canoas, ésta última al final de la Sabana, muy cerca de Alicachín que trataría cerca de las H partes de las aguas residuales urbanas, el interceptor Engativá - Cortijo, el interceptor de aguas residuales entre el Río Fucha y la planta de Canoas, dos estaciones elevadoras (Tunjuelo y Canoas) y el proyecto de control de inundaciones para el río Bogotá. Se contempla igualmente la ampliación de la Planta de El Salitre para atender nuevos caudales desviados de la zona entre el aeropuerto y la calle 80, esquema que reemplazó al de las tres plantas escalonadas, cada una con una fase de tratamiento primario y otra de secundario. El control de vertimientos industriales forma parte del esquema de 1993 y quedó incluido en el nuevo.

    2.- La sentencia del Tribunal, con fundamento en los estudios contratados por la EAAB, para demostrar que la nueva solución es más barata que la de 1993, compara cosas no comparables. El nuevo programa solo contempla tratamiento primario químicamente asistido (TPQA), mientras que el de 1993 incluía tratamiento secundario, por tanto tenía que ser más caro, rebajando de manera considerable la eficiencia del tratamiento con la propuesta aprobada.

    DESCRIPCION ESQUEMA 1993 ESQUEMA 2003
    Número de plantas 3 2
    Interceptores a lo largo del Río. 3 con estaciones elevadoras
    Nivel de tratamiento Secundario Primario
    Eficiencia final DBO5 20 mg/l (>90%) 179,4 mg/l (40%)
    Eficiencia final SS 30 mg/l (>85%) 107,2 mg/l (60%)
    Caudal tratado disponible para reúso en la sabana. 100% 20% (insuficiente para demanda futura sabana).

    Para el caso del río Bogotá señaló el apelante que lograr un efluente de menos de 30 mg/l solo con tratamiento primario o con TPQA, es imposible; si en realidad se pretende mostrar a la comunidad un efecto realmente notorio en la calidad del agua del Río es necesario que el programa mantenga la meta del tratamiento secundario en el corto plazo y el tratamiento terciario se justificaría para aquellas aguas que se vayan a utilizar para el consumo humano, razón por la cual solicitó que en esta instancia el Consejo de Estado NO ACEPTE UNA EFICIENCIA MENOR A LA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO PARA EL PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RIO BOGOTA, tanto en las plantas municipales como en la del Distrito Capital.

    El Tribunal al aceptar y aprobar el nuevo programa de descontaminación propuesto por el Distrito Capital-EAAB, no tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1594/84 para vertimientos, por lo cual solicita se CORRIJA EN LA SEGUNDA INSTANCIA ESTA OMISIÓN.

    Solicitó igualmente el impugnante que el Consejo de Estado ordene incrementar los caudales a desviar y tratar en la planta de El Salitre, para que entre su efluente y el caudal base del Río , se alcance por lo menos un caudal disponible de 13m3/s en promedio anual, para atender las necesidades actuales y futuras de la sabana centro occidental y el mantenimiento hidraúlico del cauce; o, en todo caso, un caudal equivalente al promedio histórico multianual desviado por la EAAB de la cuenca alta y media del río Bogotá desde sus plantas de bombeo de Tibitoc, embalse de San Rafael, y embalses de Chisacá la Regadera, que es el caudal que debiera devolverse dentro de la propia cuenca del río Bogotá.

    En relación con la validez institucional de la solución integral aceptada por el Tribunal, señala que las observaciones hechas por la CAR al nuevo programa para el río Bogotá, son importantes en cuanto no es lo mismo la operación del interceptor Torca-Salitre que la operación para el río Bogotá que deberá ser diseñado para transportar caudales pico del orden de 40m3/s de aguas negras cargadas de materiales en suspensión, además de que el río Bogotá corre por terrenos de arcilla y limo orgánico del valle aluvial del río de muy difíciles condiciones como suelo de soporte y de pendiente cercana a cero, a pesar de que el programa haya previsto la construcción de una estación elevadora en Tunjuelo, lo que en su criterio el costo de operación no ha sido suficientemente evaluado y el riesgo de contingencias por sedimentación puede resultar muy alto. Igualmente señala que no resulta viable la conducción de las aguas residuales a través de un gran interceptor enterrado.

    En lo atinente a los costos y financiación del programa aprobado, las propuestas del Distrito Capital para el saneamiento del Río encierran dos inexactitudes:

    • Forman parte del actual plan de inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá periodo 2012-2015, así como de la Ley 715.
    • No tienen como destino las obras de tratamiento de las aguas residuales sino las del alcantarillado troncal, como son los interceptores los cuales deben construirse con o sin tratamiento. Los dineros destinados para la ampliación y operación de la Planta El Salitre provendrán de la sobretasa predial CAR obtenida en el Distrito, sin embargo el Distrito respecto de la Planta de Canoas a construirse entre 2014 y 2017, no ofrece inversión alguna y sólo anuncia que serán la Nación, el departamento y los municipios los que deberán contribuir con ello.

    Significa lo anterior, a juicio del impugnante que el Distrito lo único que pretende es trasladar el problema de la financiación de la descontaminación a otros entes.

    La sentencia no determinó el monto a financiar por cada una de las entidades, CAR y CRA y si se considera que los montos contemplados en la propuesta del Distrito por la Ley 715, tarifas alcantarillado, sobretasa CAR y tasas retributivas, resultan totalmente insuficientes ya que de acuerdo con lo previsto para la Planta de Canoas, su financiación está a cargo de la CAR, Sibaté y demás municipios que reciben transferencias del sector eléctrico, lo cual resulta totalmente inequitativo e insostenible.

    En este orden de ideas, solicitó al Consejo de Estado se corrija la sentencia en el sentido de no obligar a los pequeños municipios de la Cuenca a costear con sus transferencias el proyecto de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y a ordenar en cambio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a financiar el proyecto con recursos de la ciudad (Ley 715) y de las demás empresas que se lucran del Río (EEB-EMGESA) e incluir los costos de inversión, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento dentro de la tarifa de alcantarillado.

    La normatividad en torno al tratamiento de aguas residuales:

    El tratamiento de las aguas residuales, constituye una obligación legal exclusiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. o en su defecto de la Alcaldía Mayor y no de las demás autoridades, de toda la región y de todos los colombianos.

    Plazos para el programa de descontaminación:

    Solicitó el apelante no aceptar las apelaciones que presente el Distrito Capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, relativas al plazo contemplado en la sentencia para tener terminado el programa en el año 2009, por ser quizá el mayor avance logrado en la acción popular, con miras a eliminar el impacto ambiental y económico de la contaminación en un término relativamente corto.

    Solicitudes de la apelación:

    1.- Declarar responsable por acción de la contaminación generada por la ciudad capital sobre el río Bogotá a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, como entidad encargada de la recolección, transporte y disposición (vertimiento) de las aguas residuales de la ciudad, ya que tan sólo fue catalogada responsable en la sentencia por omisión y al mismo nivel de la CAR, el INVIMA, el IDEAM, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y otros (Sección 6.10.11 y art. 1 de la parte resolutiva de la sentencia).

    2.- Aclarar los puntos 6.9.10.11 y 6.9.11 de la sentencia y el artículo 3 literal j de la parte resolutiva en el sentido de que corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desarrollar el tratamiento de las aguas residuales generadas por la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo establecido la Ley 142 de 1994.

    3.- Aclarar el artículo 3 literales a, j, e y d de la sentencia, y declarar que es la CAR la única autoridad ambiental del Río, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994.

    4.- No aceptar que el nuevo tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá tenga una eficiencia menor que la esperada con el tratamiento secundario, como fue adoptado en el Decreto 619 de 2000 del Distrito Capital y como se contempló en la licencia ambiental para la planta de El Salitre, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

    5.- Exigir que el caudal del río Bogotá aguas debajo de la desembocadura del río Salitre no sea inferior a 13m3/s, para poder atender la demanda actual y futura de agua para riego, uso industrial, urbano, mantenimiento hidráulico, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de tratamiento de la planta de El Salitre, desviando los caudales previstos para tratar en la planta del Fucha.

    6.- No obligar a Sibaté ni a los demás municipios de la Cuenca a sufragar con sus transferencias el proyecto del tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, especialmente la planta de Canoas y ordenar a la Empresa de Acueducto de Bogotá financiar el proyecto con recursos de la ciudad, de la empresa y demás empresas que se lucran del Río , el Fondo Nacional de Regalías y otras fuentes y finalmente, con la inclusión de los costos de inversión, operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento dentro de la tarifa de alcantarillado.

    7.- No aceptar la prórroga del plazo para la terminación y puesta en operación de las obras de tratamiento.

    Solicitud de prueba:

    Solicitar a la CAR constancia sobre si el Distrito Capital y/o la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tenían permiso de vertimiento de la CAR para realizar la descarga de aguas residuales urbanas al río Bogotá o a sus tributarios.

    VII.28. APELACIÓN DEL SEÑOR FABIO ROBERTO PÉREZ JAIMES (fl. 6249)

    En su calidad de perito ingeniero designado dentro del proceso de la referencia, interpuso recurso de apelación radicado el 8 de septiembre de 2004, con el objeto de que se revoque la sentencia en lo atinente al no reconocimiento de los honorarios por el dictamen pericial elaborado y presentado el 8 de octubre de 2001, según lo expresado en el numeral 6.17 de la parte motiva de la sentencia.

    Fundamentó su solicitud en que una vez realizado el análisis de los estudios relacionados en el memorial de impugnación, efectuadas las consultas y visitas técnicas se procedió a dar respuesta al cuestionario presentado por el actor popular.

    Agregó que no es cierto como lo afirma la sentencia, que los estudios y las asesorías datan de hace más de diez años, pues algunos son recientes y datan de 1999 hacia adelante. Manifiesta que el trabajo realizado fue serio e implicó estudio e investigación sobre el tema, así como visitas técnicas al Embalse del Muña, Sibaté y su entorno.

    Tampoco consideró acertado que la Magistrada haya señalado que el dictamen fue presentado tardíamente por cuanto el mismo fue radicado el 8 de octubre de 2001, dentro del mismo año en que fue designado y posesionado según consta en el expediente.

    VII.29.- APELACIÓN DEL SEÑOR GUSTAVO MOYA ANGEL (fls. 6263 y 7056)

    Por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2004, notificada por edicto el 1° de septiembre de 2004, escrito radicado el 8 de septiembre de 2004.

    Como argumentos de la apelación invocó los siguientes:

    1. Se revoque el numeral DECIMO PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia, que dispuso fijar como incentivo para cada uno de los actores populares la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales a cargo de las entidades que da cuenta la parte motiva de la sentencia y en su lugar se ordene el pago del incentivo en los términos previstos en el artículo 1005 del Código Civil, esto es, una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño, por cuanto la acción popular fue promovida el 1° de octubre de 1992, cuando la norma de carácter sustancial era la del Código Civil y no la de la Ley 472 de 1998 y que el incentivo para el caso en particular corresponde a la Empresa de Energía de Bogotá, EMGESA S.A. y CODENSA S.A. quienes son solidariamente responsables y no a las entidades señaladas en el numeral 6.23.1 de la parte motiva de la sentencia.

    2. Se reforme el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia y en su lugar se ordene declarar solidariamente responsables, por acción u omisión, a la Empresa de Energía de Bogotá, a EMGESA S.A. y a CODENSA S.A., como consecuencia de la escisión de que fue objeto la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, inicialmente demandada.

    VII.30. APELACIÓN DE LA SEÑORA SARA MARIELA PARRAGA DE MOYA

    En calidad de sucesora procesal del demandante Gustavo Moya Ángel y por medio de apoderado judicial radicó memorial de apelación el 24 de febrero de 2005.

    Fundamentos del recurso:

    En primer término la impugnante pone de relieve que con la acción popular se pretende sanear y solucionar el daño ambiental generado por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá al Municipio de Sibaté y zonas aledañas como consecuencia del bombeo y almacenamiento de las aguas negras contaminadas del río Bogotá en el Embalse del Muña, sin tratarlas ni descontaminarlas previamente a su depósito en dicho embalse.

    Esta contaminación ha generado afectación al medio ambiente y a la salud de los habitantes del Municipio de Sibaté y las zonas aledañas.

    En estos términos, señaló que las causas que originan la contaminación del río Bogotá no dan lugar a eximir de responsabilidad a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, destacando que la acción popular se promovió para solucionar la problemática de contaminación del Río a la población de Sibaté y municipios aledaños. Reitera además que debe reconocerse el incentivo acorde con el artículo 1005 del Código Civil.

    Agregó que la solución de sus pretensiones no busca la descontaminación del río Bogotá, sino la realización de las obras necesarias por parte de la EEEB, para que previamente a depositar y almacenar en el Embalse del Muña las aguas negras del río Bogotá, sean tratadas previamente, solución que la hace independiente de la que se adopte para descontaminar el río Bogotá.

    La descontaminación del Embalse del Muña no puede estar condicionada a la descontaminación del río Bogotá, como equivocadamente pretende hacer ver la EEEB y erradamente lo ha interpretado el Tribunal de Cundinamarca.

    Así entonces, lo que se requiere es la construcción de una planta de tratamiento de aguas como alternativa planteada en el dictamen pericial, en el cual se fija además un plazo máximo de tres años incluyendo las obras complementarias.

    En segundo término la apelante solicitó que:

    • Se revoque el numeral décimo de la sentencia en el sentido que se ordene dar aplicación al incentivo previsto en el inciso segundo del artículo 1005 del Código Civil, en razón a que la acción popular fue promovida el 1° de octubre de 1992, razón por la cual debe aplicarse la norma sustancial y no la procesal de la Ley 472 de 1998 y para que el mismo corra a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá, EMGESA S.A. y CODENSA S.A, quienes son solidariamente responsables a raíz de la escisión y no a cargo de las entidades a que se refiere el numeral 6.23.1 de la parte motiva de la sentencia.
    • Se reforme el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, que desestimó las excepciones de mérito propuestas por los demandados y declaró solidariamente responsables, por acción y por omisión a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, al IDEAM, al INVIMA, al Ministerio de Agricultura, a la CAR, al Distrito Capital- DAMA- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía Eléctrica, al departamento de Cundinamarca y a los municipios de la Cuenca Alta, media y baja del río Bogotá.

    En su lugar pidió se ordene declarar solidariamente responsables, por acción u omisión, a la Empresa de Energía de Bogotá -EMGESA S.A. y CODENSA S.A., respecto de los hechos en que se fundamentó la acción popular instaurada por Gustavo Moya Ángel, como consecuencia de los vertimientos y almacenamiento de las aguas negras.

    • En virtud del principio de congruencia procesal, la sentencia de primera instancia omitió analizar y pronunciarse sobre el tema referente al incentivo a la luz del artículo 1005 del Código Civil. Presenta una tabla en la cual consigna un "Resumen de costos aproximados de las propuestas recomendadas", que asciende a la suma de US$347.9 millones de dólares, liquidados a 1° de octubre de 2001, a la tasa de $2.339.40 moneda colombiana, valor que debe ser actualizado a la tasa representativa del mercado vigente.
    • Finalmente anotó que como apoderado del actor popular ha realizado una actividad diligente durante más de doce (12) años que lleva el proceso, lo que hace equivocada la apreciación del Tribunal de instancia al advertir que,
      "(...) no ha sido la diligente actividad del apoderado lo que ha llevado a la toma de decisiones como las que se adoptan en esta sentencia, sino la ingente labor de esta Corporación para buscar un remedio en forma definitiva a la contaminación del Rio (...)".

    VII.31. APELACIÓN DEL SEÑOR JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA

    Actor en el proceso de la referencia, radicó escrito el 29 de septiembre de 2004 para interponer el recurso de apelación (fl. 6453) y el 24 de febrero de 2005 para sustentarlo (fl. 7031), en los siguientes términos:

    • Solicitó tener en cuenta los argumentos planteados en el escrito del recurso de apelación presentado oportunamente dentro de la demanda acumulada 00-122, y en la cual se aprobó el pacto de cumplimiento presentado por EMGESA, según consta en el literal f) del numeral cuarto, razón por la cual se omite la condena en concreto para la recuperación de la represa del Muña y sus afluentes, olvidando que EMGESA S.A. toma las aguas del río Bogotá para verterlas directamente a la represa del Muña a través del Sistema de Bombeo que tiene instalado, sin ningún tipo de tratamiento primario, secundario y mucho menos terciario, origen y causa del grave daño ambiental actual de la represa del Muña.
    • Dicha responsabilidad se encuentra debidamente acreditada en el dictamen pericial, que no fue objetado por las partes y que concluye que el responsable del daño ambiental que representa la represa por el vertimiento de las aguas del Río, trasvasamiento, en lo cual se fundamenta el Tribunal para exonerar de responsabilidad a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.
    • Se revoque la sentencia complementaria en el numeral que dispuso la apropiación presupuestal de las accionadas para inversión de las obras a realizar en lugar de ordenar la constitución de la póliza que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los accionados.

    Solicitó se denieguen las apelaciones de los demandados por cuanto son solidariamente responsables de la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes y se convoque a una audiencia pública previa al fallo.

    VII.32. APELACIÓN DEL EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

    Por medio de apoderada judicial, sustentó el recurso de apelación en escrito radicado el 25 de febrero de 2005, (fl. 5880) señalando como motivos de inconformidad con la sentencia recurrida, los siguientes:

    • El juez de instancia desconoció las propuestas planteadas en el "pacto de cumplimiento" presentado por el municipio, el cual demostró total disposición para el cumplimiento de cada de dichas propuestas. Particularmente la de adelantar las obras y proyectos en materia de descontaminación de las fuentes hídricas del municipio, manejo de residuos sólidos y preservación del ambiente con el concurso de la Car, la Gobernación y la Nación en el ámbito de sus competencias, sin embargo se profirió una sentencia ajena a dichas propuestas para actuar de manera oportuna, razón por la cual tampoco comparte la procedencia de la condena en costas.
    • No se encuentra probada de forma clara y concreta la supuesta responsabilidad del Municipio de Tocancipá en la contaminación del río Bogotá ni en sus afluentes, ni tampoco en la violación de los derechos colectivos alegados en la demanda.

    No es posible declarar como ente contaminante al municipio pues el fallo tal como fue concebido, así como la responsabilidad solidaria que se impone con él hace un estudio genérico y no particular de las condiciones de cada caso concreto, ni de las acciones iniciadas y adelantadas por cada uno de los entes territoriales para concluir sin fundamento jurídico declarar una responsabilidad. Es más, los verdaderos contaminantes como EMGESA y la Empresa de Energía de Bogotá resultaron librados de cualquier responsabilidad frente a las pretensiones de la demanda, lo que constituye una contradicción palpable en la sentencia, ya que de una parte establece que tales entidades no son responsables ni por acción ni por omisión por la contaminación del río Bogotá y Embalse del Muña y posteriormente concluye que deberán asumir los costos de operación y mantenimiento de las obras del Plan de Vida Muña 2000, haciendo caso omiso a las pretensiones de la demanda.

    • La condena impuesta desconoce la actividad desplegada por el Municipio de Tocancipá respecto de la recuperación y descontaminación del río Bogotá y sus afluentes. El Municipio de Tocancipá ha venido de tiempo atrás ejecutando numerosas acciones tendientes no sólo al tratamiento de la problemática ambiental del río Bogotá en sí misma considerada, sino al cúmulo de aspectos que la misma conlleva como la educación de la comunidad, manejo de residuos, restauración y conservación de predios que por su actividad pueden convertirse en agentes contaminantes, así como la realización de estudios y programación para la ejecución de obras en el mismo sentido.

    Así la mayoría de ellos se encuentran en ejecución o ya han culminado, tales como la entrega de los acueductos de las veredas las Esmeraldas y Canavita; la puesta en marcha del Sistema de Tratamiento de aguas residuales y cumplimiento del plan de Manejo ambiental del matadero del Municipio de Tocancipá; diagnóstico segunda etapa acueducto vereda Canavita, la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento básico, recuperación de la cantera de la provincia de Sabana Centro dentro de los límites del municipio; el desarrollo del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y el estudio del Plan Maestro de acueducto para el casco urbano y rural. Igualmente la realización de obras de inversión por valor de más de cinco mil millones de pesos, lo cual se acreditó debidamente en el proceso.

    En estos términos solicitó se absuelva a la entidad territorial.

    VII.33. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

    Interpuso el recurso de apelación a folio 5882 y lo sustentó en escrito presentado el 24 de febrero de 2005 (fl.7034) y con fundamento en los siguientes argumentos:

    No existe nexo causal entre las pretensiones planteadas y el accionar del Municipio de Mosquera frente al daño ambiental causado por el Embalse del Muña, no ha existido desidia administrativa que justifique la vinculación del municipio con el presunto daño ambiental causado al río Bogotá.

    Por el contrario, el municipio ha coordinado con la Corporación Autónoma regional (CAR) la prevención mediante lagunas de oxidación o de tratamiento de aguas residuales para no provocar contaminación.

    De otra parte, agregó que el deber de protección se ve menguado por la falta de presupuesto, pues son muchas las necesidades que aquejan el municipio para poderlas atender en su totalidad.

    Finalmente anotó que la falta de control en las zonas de la ronda del Río y demás fuentes hídricas afectadas no puede conllevar a descalificar la actividad administrativa ejercida por el Municipio de Mosquera.

    VII.34. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

    Por medio de apoderada judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal en escrito de 7 de septiembre de 2004, (fl.5920) formulando las siguientes peticiones:

    • Excluir de la declaración realizada en el artículo primero del fallo recurrido al Municipio de Villapinzón.

    El fallo recurrido declaró solidariamente responsable al Municipio de Villapinzón, por la catástrofe del río y de la contaminación de los ríos y quebradas afluentes del primero, por omisión en el control de los vertimientos de las aguas residuales.

    Afirmó, en primer término, que las funciones, competencias y atribuciones de las entidades públicas, son regladas y sujetas al principio de legalidad. Las funciones de los municipios en materia ambiental se encuentran descritas en la Ley 99 de 1993, en los artículos 65 y 83.

    No existe omisión o responsabilidad de la entidad territorial ya que su actuación ha sido objeto de control y seguimiento se ha realizado desde dos puntos de vista. De una parte requiriendo a la CAR para que ejerza las acciones sancionatorias del caso y de otra, acatando o ejecutando las medidas sancionatorias o preventivas que ordena la CAR.

    Agregó que en materia ambiental el régimen o procedimiento sancionatorio es de competencia exclusiva de la CAR, de tal manera que sólo en la medida en que la entidad territorial detecte alguna situación que atente contra los recursos naturales compulsa copias a dicha autoridad, a la cual corresponde adelantar el correspondiente procedimiento administrativo.

    Así las cosas, el fallo desconoce los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido proceso y derecho de defensa al declarar responsable solidariamente por omisión en el control de vertimientos, circunstancia que no es cierta porque la entidad ha cumplido con las funciones asignadas y de acuerdo con las limitantes atribuidas por la misma.

    Si las sanciones impuestas resultan inocuas o la efectividad de los controles ejercidos frente a la problemática ello no es atribuible al municipio sino a la CAR que dicho sea de paso ha proferido muy pocas decisiones frente a los vertimientos del río Bogotá durante los últimos años. Tampoco existe acto de delegación de la autoridad ambiental que le otorgue competencia adicional ambiental.

    En estos términos apela la decisión, por las consecuencias que para el municipio trae de dicha declaración.

    Pacto de cumplimiento:

    - El municipio presentó un pacto de cumplimiento, (fls. 256 a 270 cdno. 1), el cual surtió los procedimientos y términos en la respectiva audiencia, dando lugar a su aprobación en el artículo segundo del fallo recurrido, con el objeto de salvaguardar los derechos colectivos de los actores. Dicho pacto abarca de manera amplia la problemática ambiental del municipio que afecta directamente la contaminación ambiental del río Bogotá, a corto plazo, esto es cinco (5) años: construcción del matadero municipal; saneamiento básico; mantenimiento del alcantarillado municipal, mantenimiento del relleno sanitario y radicación del proyecto de adquisición de predio, diseño y construcción de la planta de tratamiento, colectores y emisario final de aguas residuales para el Municipio de Villapinzón presentado ante la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional -CAR-, a 15 de julio de 2003.

    Planta de tratamiento

    El municipio ha realizado diagnóstico que incluye: diseños preliminares y costos del proyecto por valor de $950.000.000.oo, el sólo costo proyectado de la PETAR, alcanza el 21% del presupuesto anual circunstancia que de por sí ya es bastante significativa. El fallo redujo el plazo a tres (3) años sin tener en cuenta las dificultades financieras en la realización del proyecto.

    Plan maestro de acueducto y alcantarillado

    Se ha elaborado el proyecto con los diseños preliminares, por un valor de doce mil quinientos millones ($12.500.000.000), razón por la cual frente al presupuesto anual del municipio tendría que ejecutarse a mediano o largo plazo.

    Saneamiento básico

    Se han construido 30 unidades sanitarias y se ha elaborado e implementado proyecto de uso eficiente y control del agua.

    Relleno sanitario

    El municipio se encuentra en proceso de adquisición del predio de propiedad de la CAR, para adelantar allí el proyecto sujeto a las condiciones ambientales y técnicas exigidas por la CAR.

    Matadero Municipal

    En proceso de implementación y puesta en marcha con un costo de quinientos millones de pesos ($500.000.000).

    Sin embargo, en la sentencia con desconocimiento del debido proceso, en el artículo tercero de la parte resolutiva se incluyeron órdenes adicionales al municipio que se salen de la órbita de competencia del municipio y del contexto real y ejecutable. Tal es el caso de la orden de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en un término inferior al previsto en el pacto presentado y aprobado máxime cuando el municipio carece de los recursos necesarios para el efecto.

    Solicitudes:

    - Ampliar el plazo, con el objeto de que se corrija o ajuste el plazo para la ejecución de las obras incluidas en el Pacto de Cumplimiento.

    - Revocar en su integridad las obras y decisiones adicionales al pacto de cumplimiento ordenadas en el fallo recurrido.

    El Tribunal de instancia a juicio del apelante, de manera arbitraria e ilegal, dispuso en el artículo tercero una serie de medidas y obras adicionales, así:

    - Propiciar y controlar los procesos de producción más limpia de las curtiembres de Villapinzón, con cargo a los recursos del municipio, y/o con la coordinación y cofinanciación del Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien tendrá bajo su responsabilidad la dirección y el cumplimiento de esta orden, la que también con cargo a su presupuesto gestionará los programas de producción más limpia bajo -si es del caso- el sistema de COOPERACION DEL GREMIO DE LAS CURTIEMBRES, según las directrices trazadas en la parte motiva de esta sentencia.

    En criterio del apelante esta redacción resulta confusa y dispersa, involucra diversas entidades de manera conjunta y no distingue las obligaciones de cada una, con desconocimiento de las funciones que la ley 99 de 1993 asignó a los municipios y a la CAR en esta materia.

    - En cuanto a la orden de procurar para aquellos que se encuentren con necesidades básicas insatisfechas en atención a la precariedad de sus patrimonios ubicados dentro de la zona de la ronda del río Bogotá, para subsidiar planes de vivienda en un término que no podrá superar un año, contado a partir de la notificación del fallo y a quienes de acuerdo con su declaración de renta estén en capacidad de costear sus propias viviendas deberán ser desalojados de la zona de la ronda en un término máximo de seis (6) meses, el municipio manifiesta su total inconformidad y solicita sean revocadas con fundamento en:

    Naturaleza de la actividad:

    Las curtiembres son una actividad industrial con altos índices de rendimiento, el municipio no recibe ingresos tributarios por este concepto, luego resulta inexplicable la orden de la magistrada en el sentido de financiar con recursos propios o a través de otras entidades estatales, un subsidio de vivienda a un gremio que tiene intereses particulares. El municipio no cuenta con los recursos para acatar esta orden.

    Los curtidores son los verdaderos agentes contaminantes, realizan una actividad que afecta el ambiente y en vez de ordenar el Tribunal a los curtidores el cumplimiento real y efectivo de las normas de vertimiento pretende premiarlos con subsidios de vivienda a cargo del municipio.

    De acuerdo con el artículo 9° de la Ley 472 de 1998, las acciones populares proceden contra toda actuación u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que violen o amenacen violar los derechos colectivos y la actividad del juez se concreta en una orden para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro , amenaza, vulneración o agravio de dichos derechos no para disponer subsidios de vivienda, con desconocimiento de los requisitos y presupuestos legales para su otorgamiento, en los términos de la Ley 388 de 1997 y la Ley 136 de 1994, presupuestos que en el presente caso no se cumplen.

    Corresponde a la CAR adelantar el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto 1594 de 1984 y corresponde a los municipios la ejecución de las respectivas sanciones, luego la eficacia de la actuación administrativa corresponde a la CAR.

    - Revocar el artículo décimo primero que fija el incentivo en lo que tiene que ver con el municipio, porque la entidad municipal no cuenta con los recursos y en caso de no acceder a esta solicitud se adecue de manera proporcional y razonable, acorde con las posibilidades presupuestales y las responsabilidades de cada entidad.

    VII.35. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

    Interpuso y sustentó el recurso en escrito radicado el 24 de febrero de 2005, (fl. 5936 y 6471) por medio de apoderado judicial, que declaró solidariamente responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá, entre otros al Municipio de Cajicá por acción, como Municipio de la Cuenca Alta del Bogotá.

    Manifiesto su inconformidad con el fallo en los siguientes términos:

      - El concepto de solidaridad ofrece dificultad frente a un asunto que involucra múltiples actores, más aún cuando la entidad territorial ha cumplido con los compromisos definidos en los acuerdos pactados en la oportunidad procesal correspondiente. En la actualidad Aguas de Cajicá tiene elaborado un proyecto de planta compacta para ser presentado en la Gobernación o en otras entidades para buscar recursos para ello.

      En relación con los compromisos a mediano plazo, esto es la construcción de la planta de tratamiento de los sectores de La Virgen - Rincón Santo- Puerta del Sol- El Misterio, cuyo valor asciende a la suma de $500.000.000 se ejecutará con cargo al presupuesto de los años 2004 y 2005, lo cual es imposible de cumplir porque no fue previsto en el presupuesto.

      Se anexa el plan de mejoramiento de la contraloría Departamental de Cundinamarca, en donde indica que se dio cumplimiento al art. 111 de la ley 99 de 1993, al asignar recursos para la compra de predios de interés ambiental.

      En relación al pacto de cumplimiento, se iniciará la construcción de la planta de tratamiento de los sectores de la Virgen- Rincón Santo- Puerta del Sol-El Misterio, en dicha vigencia; de igual manera la reforestación de la cuenca del río Bogotá.

      Sobre la orden de construcción de redes de alcantarillado, el municipio iniciará en la presente vigencia, el levantamiento y los cálculos para las redes de alcantarillado y planta de tratamiento con capacidad para atender a los usuarios de la zona industrial.

      Solicita que se revoque el fallo, con fundamento en los argumentos aquí expuestos y en la contestación de la demanda, así como en el Pacto de Cumplimiento.

    VII.36. APELACIÓN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

    Por medio de apoderado interpuso y sustentó el recurso de apelación (fl. 6056. 6460 y 7804), con base en los siguientes argumentos:

    • Se revoque el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto el pacto de cumplimiento presuntamente aprobado con relación al Municipio de Zipaquirá carece de aprobación por las partes, no fue suscrito por el Alcalde de la localidad, sino por el Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio que es un ente descentralizado con autonomía administrativa. La función del juez es la de aprobar los pactos de cumplimiento, su celebración es atribución de las partes, sin embargo el juez modificó la propuesta sin el consentimiento de las partes, con lo cual se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.
    • Revocar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia con relación a la construcción e implementación del plan maestro de acueducto y alcantarillado ya que se formuló una propuesta que sobrepasa el año 2009 y el proyecto exigiría un presupuesto con el cual el municipio no cuenta y lo llevaría a tener que renunciar al desarrollo de otros proyectos igualmente prioritarios que desde el punto de vista social resulta totalmente imposible. El Tribunal se abroga competencia para disponer de los recursos del municipio cuando esta función es exclusiva de la entidad administrativa a través de los planes de desarrollo.
    • En cuanto a la obligación de construir la planta de tratamiento para las aguas residuales en un término que no sobrepase el 2009, de acuerdo con el pacto de cumplimiento dichas plantas podrán ser utilizadas en un 100% aproximadamente en los años 2012-2015 y siempre y cuando el municipio sea eximido del pago que se le impone para asumir la operación y mantenimiento del interceptor Canoas-Alicachín, despojándolo de las transferencias que vienen de EMGESA, hecho que hace más difícil la situación para el municipio. La sentencia no ha dado un tratamiento proporcional en materia de obligaciones a los municipios al no tener en cuenta la diferencia existente en materia de disposición de recursos, más aún cuando Zipaquirá cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región.
    • Se violaron las normas procesales establecidas en la ley 472 de 1998. El fallador en primera instancia terminó el proceso con una sentencia que involucra parte de lo dispuesto en el artículo 27, pacto de cumplimiento y parte de lo contenido en el artículo 34, sentencia. Igualmente introdujo modificaciones al proyecto de pacto de cumplimiento, las cuales no fueron aprobadas por las partes.

    VII.37. EL MUNICIPIO DE SIBATÉ

    Por medio de apoderado judicial presentó recurso de apelación en escrito radicado el 8 de septiembre de 2004 (fl. 6061), y como argumentos de disconformidad con la sentencia señaló los siguientes:

    • Violación de normas constitucionales y legales contenidas en los artículos 366, 287 numeral 3°, 313 numerales 1°, 2°, 4° y 7°, 317, 339, 356, 366 en conexidad con los artículos 1, 2, 11, 49, 79 y 80 de la C.P.
    • Valoración errada de los hechos y de las pruebas. La sala da por demostrado que el Embalse del Muña es parte del río Bogotá, con lo cual desconoce que el río Bogotá es una formación de la naturaleza y el embalse es una obra construida por el hombre con una finalidad específica, generar energía, de manera que el Bogotá no pasa por el Municipio de Sibaté y por el contrario es la actividad empresarial de carácter comercial e industrial de la EEEB y EMGESA la que hace desviar las aguas del Río para trasvasarlas al Embalse del Muña, proceso que hoy sufre el municipio por la contaminación ambiental, afectando los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población, como consecuencia del bombeo de las contaminadas aguas del río Bogotá al Embalse del Muña.
    • Advirtió que de conformidad con el dictamen pericial realizado por la CAR, dentro de la acción de tutela, en donde se conceptuó que las aguas que bombeaba la EEEB, del río de Bogotá al Embalse del Muña, estaban clasificadas como grado C, altamente contaminantes, restrictivas para uso humano, animal o vegetal y sin embargo no se ordenó la suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al Embalse del Muña, con el argumento que ello daría lugar a un "apagón" en varios municipios de Cundinamarca.
    • Objetó el pacto de cumplimiento presentado por EMGESA, LA EEEB, y la EAAB, en relación con el Embalse del Muña, porque el Tribunal tuvo en cuenta el estudio realizado por la Universidad de los Andes que realizó su análisis a partir de dos premisas erradas. La primera al considerar el Embalse del Muña como parte del sistema de tratamiento del río Bogotá, siendo falso porque el bombeo autorizado mediante la Resolución 0603 de 1997, tiene como clara y única finalidad la de generar energía y no la de tratar agua contaminada y al autorizar la realización en el área del Embalse del Muña una planta de tratamiento, es una decisión que compete adoptar exclusivamente al Municipio de Sibaté, pues por disposición constitucional (art. 313, núm. 7 C.P.) corresponde al Concejo Municipal de Sibaté reglamentar el uso del suelo en su jurisdicción y la segunda premisa errada es la de considerar ilimitada la capacidad de almacenamiento del Embalse del Muña.
    • Advirtió que las medidas de mitigación ordenadas por el juez de tutela desde 1993 y las ordenadas por la CAR mediante la Resolución 1849 de 1999, conocida como Plan de Vida Muña 2000, no han disminuido el impacto ambiental generado por el bombeo del agua del Río al Embalse del Muña.
    • Las leyes 142 de 1993 y 715 de 2001, señalan que es responsabilidad de los municipios la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de tal manera que no se puede imponer al municipio la responsabilidad de tratar en su jurisdicción las aguas del río Bogotá que recibe las aguas servidas de Bogotá y otros municipios, cuando esta es obligación de la Administración Distrital la cual viene eludiendo.

    En estos términos solicitó:

    • Modificar la obligación que se impone en primera instancia de condenar al Municipio de Sibaté al pago de la construcción de la Planta de Tratamiento de Canoas, ya que el municipio está lejos de contaminar el Río y por el contrario recibe los desperdicios convirtiéndose en víctima de la contaminación ambiental por el bombeo realizado por EMGESA.
    • No ser condenado de manera solidaria como lo dispuso la decisión de instancia, porque según la posición geográfica del municipio se debe considerar como perjudicado directo de la contaminación ambiental por parte de la EEEB, EMGESA y el Distrito Capital. Igualmente señala que se está creando una obligación de carácter económico que no le corresponde asumir al municipio, para la financiación de una obra de la cual no es directamente responsable, desconociendo la autonomía con la que cuenta el municipio para la inversión de los recursos, contrariando el artículo 317 de la Constitución Política.
    • Revocar el numeral 5° literal d) de la sentencia, en especial por la condena impuesta al Municipio de destinar un porcentaje mayor para la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas, la cual se ubica fuera de la jurisdicción del Municipio de Sibaté, con cargo a los recursos del municipio y que se declare que éste no ha incurrido ni por acción ni por omisión en la contaminación del Río Bogotá y sus afluentes.

    Solicitó además como prueba fijar fecha y hora para que se lleve a cabo en el lugar donde se desarrollan los puntos de contaminación del río Bogotá y en especial en el lugar en donde se va a ubicar la planta de tratamiento de Canoas una inspección judicial en compañía de peritos, con el propósito de que se evalúe la situación geográfica de la planta, frente a la responsabilidad de contaminación del municipio, con fundamento en el artículo 361 numeral 3 del C.P.C.

    VII.38. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUNZA

    Mediante apoderado judicial radicó escrito (fls. 6211 y 6458) con el objeto de interponer recurso de apelación por las siguientes razones:

    • En primer término advirtió que el Municipio de Funza no es causante de la contaminación de que es objeto la vertiente fluvial conocida con el nombre de río Bogotá, pero si es víctima de su afectación e impacto ambiental, por ello en la sentencia de primera instancia expresamente se dejó plasmado que la CAR responsabilizó de manera categórica al Distrito y a la EAAB sobre la contaminación del río Bogotá, razón por la cual se les debería adjudicar la mayor carga para la recuperación del río Bogotá y no al municipio que no tiene nada que ver con la carga contaminante.
    • En estos términos, propuso se declare la inexistencia de la obligación a cargo del municipio.
    • A pesar de que el pacto de cumplimiento fue aprobado por el Tribunal según consta a folio 314 de la sentencia lo fue a corto plazo "cinco años" tiempo imposible de cumplir por las cargas presupuestales que se encuentran alejadas de la realidad económica del municipio.

    En consecuencia solicitó:

    Revocar la sentencia de 25 de agosto de 2004, en lo relativo a las condenas impuestas al municipio, ya que nunca ha realizado conducta por omisión relacionadas con la contaminación del río Bogotá y el Embalse del Muña.

    VIII.39. APELACIÓN DEL EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

    Por medio de apoderada judicial, mediante escrito radicado el 24 de febrero de 2005 sustentó el recurso de apelación (fl. 7175), con fundamento en las siguientes consideraciones:

    • Extralimitación del juez en la sentencia objeto de impugnación, por violación de los artículos 27 y 34 de la Ley 472 de 1998, que disponen la forma como puede terminar la acción popular: Pacto de Cumplimiento integral o Sentencia de fondo que decida sobre todas las pretensiones, sin embargo el Tribunal optó por combinar soluciones, fundadas en supuestos pactos de cumplimiento parciales al no incluir todos los aspectos de la litis ni involucrar a todas las partes; igual ocurre con la sentencia que tampoco se refiere a todas las pretensiones ni a todos los derechos violados.
    • El Pacto de Cumplimiento aprobado con el Municipio de Gachancipá no fue aprobado por la Magistrada ni por las partes, tal como consta en el Acta de fecha 6 de octubre de 2003, por el contrario, fue rechazado expresamente por la Magistrada Ponente quien ordenó al municipio pronunciarse sobre el tema de control y vigilancia de la actividad industrial en la zona, particularmente sobre la explotación de canteras, luego la aprobación hecha en la sentencia es ilegal.
    • Gachancipá nunca participó ni acordó consensualmente que iba a construir su plan maestro de acueducto y alcantarillado y las demás obras que menciona la parte resolutiva de la sentencia.
    • En cuanto al cambio o complementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que según la magistrada aprobó el municipio, aclara que no podía comprometerse a su ejecución por deficiencias presupuestales, lo que implicaría desconocimiento de la Ley 715 de 2001, el juez no puede sustituir a las partes o imponer soluciones en contra de su voluntad o cuyo contenido ellas desconozcan.
    • Violación al principio de legalidad previsto en el artículo 230 de la Constitución Política. El incumplimiento del plan de desarrollo por parte del alcalde puede llevar a una revocatoria del mandato, y una sentencia judicial no puede desconocerla pues se estaría ordenando a la administración ejecutar acciones contrarias a la ley. Las condenas efectuadas por medio de las sentencias deben tener en cuenta la realidad presupuestal de cada entidad, y debe prever que existen rubros presupuestales con destinación específica que no pueden ser objeto de libre disposición por parte de la administración. Agrega que el alcance de la orden judicial dada en la sentencia debe estar limitada por el alcance y contenido de las funciones que legalmente corresponden a las entidades a las cuales se dirige la orden. El tema de los planes de desarrollo no puede ser contravenido por una sentencia judicial, así lo disponen los artículos 315 numeral 5° y 339 inciso segundo, la Ley 152 de 1994 y el Decreto 879 de 1998 y lo ha precisado la Corte Constitucional en sentencias C-152 de 1995 y C-538 del mismo año.
    • Falta de pruebas y fundamento jurídico de la sentencia para imponer una condena al Municipio de Gachancipá puesto que no se le comprobó una acción u omisión que implique la vulneración de los derechos protegidos, por lo contrario todas sus actuaciones se han ajustado a las normas que regulan su campo de acción, as los planes de desarrollo y a su capacidad presupuestal. La sentencia en la parte resolutiva se limita a condenar al municipio por omisión en el control de los vertimientos de las aguas residuales, lo cual no se encuentra acreditado en la parte motiva del fallo.
    • Inequidad de la condena, no se tuvo en cuenta la real dimensión del municipio y el verdadero índice de influencia que puede llegar a tener en cuanto a la contaminación del Río, Gachancipá no es un municipio con gran capacidad para contaminar debido a que su territorio es pequeño, no tiene industrias grandes, tiene pocos habitantes y cuenta con una planta de tratamiento moderna, sin embargo se le condenó en igual proporción a entidades territoriales que cuentan con gran capacidad de contaminación, con más habitantes y presupuesto muy superior.

    Solicitó, revocar en su totalidad la sentencia de 25 de agosto de 2004, así como la complementaria de 16 de septiembre del mismo año y de manera subsidiaria, de accederse a la solicitud presupuestal, se revoquen los numerales 3°, 4° y 5° literal d) de la parte resolutiva de la sentencia.

    VII.40. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE COTA

    Por medio de apoderada judicial en escrito radicado el 24 de febrero de 2005 sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2004 (ver folios 6243, 6470 y 7043), por las siguientes razones:

    • El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aprobó los pactos de cumplimiento presentados por cada uno de los entes demandados y adicionó la sentencia con propuestas que nunca se mencionaron en el pacto de cumplimiento por parte del Municipio de Cota, como la de que a partir del año 2009 las transferencias del sector eléctrico deben destinarse para la cuenca hidrográfica y el área de influencia del Río y del embalse, expresamente para la operación de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, gasto que advierte lo debe asumir EMGESA S.A. ya que es la empresa que deriva sus utilidades de la prestación del servicio de energía eléctrica, adoptada con fundamento en que los municipios no han utilizado en debida forma las transferencias del sector eléctrico.

    Ello implica que la empresa EMGESA dejaría de transferir a los municipios el porcentaje previsto en la ley para que sea destinado a la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas, contrariando no solo la ley sino además olvidando que los municipios cuentan con un presupuesto reducido para implementar los programas de protección al medio ambiente y a la defensa de la cuenca hídrica.

    Destacó que hay que tener en cuenta que el municipio no posee industrias que contaminen directamente por vertimientos, luego la única incidencia que tiene el municipio es por el vertimiento de aguas residuales las cuales son tratadas por la planta con la que cuenta el municipio y razón por la cual estas aguas llegan tratadas al río Bogotá.

    • El segundo punto es la condena en costas a favor de los accionantes que incluye honorarios de abogados, los gastos que se encuentren debidamente probados, los cuales se liquidarán una vez quede en firme la sentencia. Al haberse aprobado un pacto de cumplimiento no hay lugar a la condena en costas pretendida.

    De conformidad con el artículo 171 del C.C.A. la condena en costas tiene un carácter subjetivo, es decir que sólo opera la responsabilidad cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida y la remisión al Código de Procedimiento Civil se entiende hecha para regular los aspectos relativos a la condena en costas no previstos en el Código Contencioso Administrativo, tales como la oportunidad para proferirla, las normas que se aplican para su liquidación, los recursos procedentes y todos los asuntos a que se refieren los artículos 392 y 393 del C. de P.C., su aplicación entonces es de carácter supletivo, sólo en ausencia de norma expresa.

    En consecuencia, solicitó que la condena sea equitativa frente a los demás municipios que generan mayor contaminación del río Bogotá.

    VII.41. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA

    Por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2004 (folio 6246) con el objeto de que se modifiquen los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo y décimo primero, por las siguientes razones:

    • Imponer a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, mayores cargas económicas pues ella recibe por concepto de Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la propiedad privada previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 44 de 1990 que desarrolla el inciso segundo del artículo 317 de la Constitución Política y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no se le imponga al municipio la obligación de incluir en su presupuesto obligaciones que no le corresponden.
    • Precisar en la parte resolutiva de la sentencia que para el ordenamiento territorial del río Bogotá, tanto la CAR, como los municipios accionados y las demás entidades supramunicipales son igualmente corresponsables y, por lo tanto, deben participar de manera activa y directa en tanto, el municipio carece de la información, manejo y demás elementos exigidos para la obligación impuesta.
    • No se vincularon al proceso las personas naturales y jurídicas que efectúan vertimientos contaminantes industriales y no industriales.
    • La cofinanciación establecida en el fallo resulta difusa en cuanto no determina el grado de responsabilidad de cada entidad accionada que en últimas resultará impuesta por la entidad de mayor jerarquía, sin que sea posible prorratearse porque no todas las entidades involucradas tienen un mismo grado de responsabilidad.
    • La recuperación ambiental, incluyendo viviendas involucra sumas millonarias que el ente territorial no alcanzaría a sufragar sino a muy largo plazo.
    • No corresponde al fallo señalar en detrimento de los municipios, una menor distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías.
    • El término fijado para la reparación de las redes pluviales de las redes de alcantarillado es muy breve pues como mínimo se requiere de doce (12) años. Igualmente precisa que le corresponde a la firma HYDROS CHIA S. en C., A. responder por dicha obligación, y en modo alguno al municipio, circunstancia que fue precisada en el proceso. El mismo tratamiento se solicita para la construcción de las PLANTAS DE TRATAMIENTO, pues el término otorgado resulta insuficiente y se requiere ser prorrogado hasta el 2015, pues se trata de un megaproyecto.

    VII.42. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA

    Representado por apoderado judicial, interpuso recurso de apelación y solicitó se modifique el pacto de cumplimiento propuesto, en escrito radicado el 4 de septiembre de 2004, (folio 6254) en los siguientes términos:

    • El a-quo impone al Municipio de Soacha obligaciones que van más allá de la capacidad de inversión del municipio, debido a limitaciones presupuestales, obligaciones que no fueron concertadas ni controvertidas con el municipio. Si bien es cierto el municipio presentó un proyecto de Pacto de cumplimiento que fue aprobado hasta allí llega la responsabilidad del municipio. El Tribunal no podía aprobar el pacto e imponer obligaciones adicionales, al crear obligaciones por fuera de la capacidad financiera del municipio y obligando a efectuar inversiones como la construcción de la PTAR Canoas que de suyo corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y sin su conocimiento, porque desnaturalizaría la figura del Pacto de Cumplimiento. En estos términos considera que el a quo excedió su competencia.
    • En estos términos solicitó se declare que el municipio sólo es responsable de las obligaciones propuestas y aprobadas en el Pacto de Cumplimiento y que cualquiera otra obligación por fuera del mismo no tiene efectos jurídicos en cuanto no fueron controvertidas por el municipio y por lo tanto, están incursas en causal de nulidad por violación al debido proceso.
    • Revocar la sentencia de 25 de agosto de 2004, respecto de:

      - Las obligaciones adicionales e inconsultas y dejar vigente las obligaciones contenidas en el pacto, ya que el municipio presentó un pacto de cumplimiento el cual fue aprobado en la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta la solicitud de modificación de las fechas de cumplimiento.
      - El incentivo fijado a los actores, en cuanto no se ajusta al equilibrio económico y la equidad, en su defecto se rebaje a un valor acorde con la equidad.
      - Modificar el pacto de cumplimiento, respecto de los años en los cuales se efectuaran los desembolsos ya que a la presentación de la petición, el pacto aún no se había aprobado y porque la EAAB, no había iniciado la correspondiente licitación y para el municipio resulta imposible ejecutar las obras para el 2004 por un valor de 972 millones de pesos. Propone efectuar los desembolsos por la suma de $972.000.000 en los años 2005, 2006 y 2007.

    VII.43. EL MUNICIPIO DE MADRID Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

    Por medio de apoderado judicial (folio 6257) presentaron recurso de apelación en escrito radicado el 8 de septiembre de 2004, reiterando en primer lugar los alegatos de conclusión presentados en la instancia y con fundamento en las siguientes consideraciones:

    • El Municipio de Madrid no es ribereño del río Bogotá por tal razón no se le debió notificar de la acción popular 01-479 ya que la notificación iba dirigida a los representantes legales de los municipios circundantes al río Bogotá y el Municipio de Madrid no hace parte de ellos. Por lo tanto se solicita se excluya de la responsabilidad de la contaminación del río Bogotá al municipio.
    • No obstante lo anterior, el Río Subachoque como fuente hídrica en un 21% del Municipio de Madrid, que desemboca en el Río Balsillas y éste a su vez en el río Bogotá, el municipio ha realizado algunas acciones tendientes a la recuperación de la fuente hídrica pero tales esfuerzos resultan inocuos si no se cuenta con el concurso de los otros organismos del orden nacional, departamental y municipal.
    • Cuando el Río Subachoque pasa por el Municipio de Madrid ya viene contaminado, de esta forma los esfuerzos que vienen realizando las diferentes administraciones resultan inútiles.
    • Solicitó en estos términos que, la descontaminación no solo del río Bogotá sino de todas las fuentes hídricas constituya una prioridad de los planes de desarrollo y sea incluida dentro de los presupuestos de las entidades encargadas del medio ambiente, de todos los órdenes. Agrega que parte de los recursos de los municipios, como el impuesto predial se cede a la CAR, entidad que debe reinvertirlos en programas ambientales dirigidos a la descontaminación de las fuentes hídricas.
    • Que se tengan en cuenta las siguientes situaciones que no permiten el cumplimiento de lo fallado:

      - Controlar los vertimientos de aguas residuales e implementar programas de producción más limpia para las industrias del municipio, frente a esta obligación le corresponde a la CAR destinar recursos humanos y económicos.
      - En cuanto a la obligación de diseñar, construir y ejecutar los planes maestros de acueducto y alcantarillado, el municipio ya tiene los diseños y está calculada la obra por $20.000.000.000, valor que supera el presupuesto anual ($1.181.537.000 asignado para agua potable y saneamiento básico para el año 2004). Por lo anterior se solicita se excluya al Municipio de la contaminación del río Bogotá y que el plazo ordenado en primera instancia se prorrogue por 20 años más y se ajuste al presupuesto.
      - Respecto a la obligación de asumir los costos de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, no se puede asumir hasta que la CAR las deje en las condiciones técnicas requeridas, las optimice y las entregue en pleno funcionamiento. Por lo tanto se solicita se ordene a la CAR tomar las medidas pertinentes y condicionar el fallo al pleno funcionamiento de las PTAR.
      - Que se exonere al Municipio de la obligación de hacer aportes para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales que está proyectada construir por el Distrito Capital en el Municipio de Soacha, ya que el municipio no es causante de dicha contaminación, corresponde a las empresas del distrito Capital desembolsar tales recursos.
      - Con relación al aporte para la operación y mantenimiento del Embalse del Muña, el municipio no es beneficiario de esta obra y no cuenta con los recursos para beneficiar a otros entes territoriales, lo que además daría lugar a un desvío de los recursos estatales.

    VII.44. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO

    Por medio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación, en el efecto suspensivo contra la sentencia de 25 de agosto de 2004, (fl. 6280), solicitando se revoque la sentencia de primera instancia conforme a lo siguiente:

    • En la jurisdicción del municipio no existen vertimientos de aguas residuales sobre el río Bogotá y la represa del Muña, por lo tanto, no es necesario implementar programas de producción más limpia para las industrias.
    • No existen productos agrícolas, ganados y pecuarios que se estén alimentando con aguas del río Bogotá o de la represa del Muña.
    • Se realiza control de los vertimientos de aguas domesticas en la localidad con el direccionamiento de la secretaria de asuntos ambientales y recursos agropecuarios.
    • En el POT del municipio se contempló el manejo ambiental de la jurisdicción.
    • Las últimas administraciones municipales han estado muy atentas al mejoramiento de las instalaciones del matadero municipal, acorde con los lineamientos fijados por las autoridades ambientales.
    • El municipio continuamente realiza programas de recuperación de las fuentes hídricas.
    • El municipio no pertenece a la cuenca alta del río Bogotá, por lo tanto no se le debe imponer la obligación de diseñar, construir y ejecutar los planes maestros de acueducto y alcantarillado en un plazo no mayor al 2009.
    • Al momento de emitir el fallo el Tribunal no tuvo en cuenta el escaso presupuesto municipal que impide cumplir a satisfacción las necesidades básicas del municipio y realizar las obras tendientes a la separación de las redes de alcantarillado pluvial de las de alcantarillado de aguas negras.
    • El Consejo de Estado debe analizar que los habitantes del municipio, especialmente el sector de la Vereda Paloverde Chicu, se encuentran gravemente afectados por el estado actual de la planta de tratamiento de aguas residuales que maneja la CAR y la que hace muchos años no se le hace el tratamiento adecuado.
    • El municipio no comparte el hecho de que por recibir algunos recursos de EMGESA deba estar obligado a realizar aportes para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales que está proyectado construir en el Municipio de Soacha, PTAR CANOAS, cuando es obligación del Distrito Capital asumir la totalidad de dichos costos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Servicios Públicos.
    • Tampoco el municipio está de acuerdo con la obligación de aportar para la operación y mantenimiento de las PTAR, que las empresas de E.E.E.B y EMGESA están proyectando construir en el Embalse del Muña.

    VII.45. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUESCA

    Por medio de apoderada judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2004, en cuanto no comparte las decisiones que allí se tomaron y que se relacionan de manera directa e indirecta con el Municipio de mandado, pues vulnera sus derechos y el presupuesto con que cuenta.

    Sustentó el recurso en los siguientes términos:

    • Inexistencia del daño ambiental por parte del municipio, porque no vierte las aguas residuales directamente al río Bogotá sin previo tratamiento pues cuenta con una laguna de aguas residuales a la cual se vierten tales desechos, derivado de un acuerdo interinstitucional celebrado entre el municipio y la CAR para evitar verter al Río elementos contaminantes, razón por la cual el municipio no tiene ninguna obligación de contribuir a los gastos de diseño y construcción de futuras plantas de tratamiento ya que es política del municipio evitar los medios de contaminación de la región especialmente río Bogotá. Para comprobar lo anterior, como medida de protección se cerró el matadero municipal.
    • Responsabilidad de terceros, porque cuando el Río pasa por el municipio ya llega contaminado, afectando a campesinos y pobladores de la región. Se debe tener en cuenta que los agentes más contaminantes del río Bogotá son el Distrito Capital y el Municipio de Soacha, quienes por su inmensa población y por falta de verdaderas plantas de tratamiento de aguas residuales simplemente vierten sus aguas negras al afluente.
    • No existe responsabilidad del Municipio de Suesca en los hechos motivo de este proceso dado que la contaminación alegada es causada por terceros cuya existencia y realidad suministra claramente el proceso y de afectar la salubridad del Río su grado de participación es ínfimo frente a los demás responsables.
    • El municipio no está recibiendo ningún beneficio de las aguas del Río debido a que no las utiliza para su acueducto de consumo humano, ni para generar energía, tampoco para algún tipo de industria. Por el contrario, son explotadas por grandes empresas como EMUELA y la EEEB para la producción de energía. Luego las plantas de tratamiento que se están ordenando deberán ser construidas en Bogotá, el Muña o Soacha y a sus expensas, por ser beneficiarios directos de las aguas.
    • En cuanto a la contribución para la construcción de las plantas de tratamiento a su juicio resulta injusta, violatoria de los derechos fundamentales de sus habitantes y porque minimiza el presupuesto del municipio.

    En estos términos solicitó:

    Revocar la sentencia en lo relacionado con la orden de participación económica del presupuesto para la construcción de las plantas de tratamiento, toda vez que el municipio no es agente contaminante del río Bogotá, no explota sus aguas y no se beneficia de forma directa de él, como sí las grandes empresas del sector privado.

    VII.46. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ

    Por medio de apoderado judicial reconocido en el proceso, interpuso recurso de apelación en escrito radicado el 4 de septiembre de 2004 y sustentado en escrito presentado el 24 de febrero de 2005 (fls. 6471 y 7038), en los siguientes términos:

    • La parte atacada del fallo dispone la condena en costas a favor de los accionantes, "las cuales se liquidarán en su oportunidad y cargo por partes Iguales de todos los entes demandados con excepción de EMCOCABLES S.A., de acuerdo con lo señalado en las motivaciones. Asi mismo, para garantizar el cumplimiento de esta sentencia se dispone que las entidades públicas demandadas realicen las correspondientes apropiaciones dentro de sus respectivos presupuestos y en cuanto a las realizadas en la presente vigencia procédase en la forma dispuesta en la ley a realizar la correspondiente reserva con el fin de que las obras que no se hubiesen construido no pasen a vigencias expiradas y se cancele el respectivo gasto".

    Al respecto la entidad demandada manifestó su inconformidad con la sentencia así:

    • En el litigio no se incurrió en gastos procesales para que se convirtieran en costas; las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte triunfante incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses.
    • En el expediente no se acreditó el pago de servicios profesionales de abogado y por lo tanto no se incurrió en gastos de honorarios.
    • La Nación, los Departamentos y los Municipios son personas de derecho público, para que estas puedan reconocer las expensas requeridas para surtir el proceso, debieron ser acreditadas por los accionantes, cosa que no se hizo.
    • Se debe exonerar al Municipio de Sopó del pago de las costas por ser persona de derecho público, que actúa no en defensa de intereses privados, sino por los intereses de la comunidad en desarrollo del artículo 1° de la Constitución Política.
    • Al disponer la aprobación del pacto de cumplimento (fls. 308 a 309), no hay lugar a condena de costas, ya que la audiencia especial de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, equivale a una conciliación, y por lo tanto, no procede la condena en costas.

    En la sustentación del recurso agregó que el Municipio de Sopó no es tributario directo del río Bogotá, éste ingresa a sus inmediaciones, aguas debajo de la planta de Tibitoc, razón por la cual no puede endilgársele responsabilidad directa en su contaminación.

    Los vertimientos del municipio vienen siendo tratados mediante sistemas anaeróbicos en laguna de oxidación que ha venido siendo operada por la CAR, planta que se halla en funcionamiento desde 1994, por virtud del Convenio Interinstitucional 147 de 1991.

    El desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado enmarcado dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado por la CAR, constituye la base relevante para la presentación del proyecto de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular.

    Si hubo aprobación del pacto de cumplimiento presentado por el municipio, no se entiende cómo se imponen obligaciones a los municipios que reciben transferencias de EMGESA o en general, del sector eléctrico para descontar el que les corresponde aportar para la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas en la forma como se contempla en la parte motiva del fallo.

    Estos recursos por mandato del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, sólo podrán ser utilizados por los municipios en las obras previstas en el Plan de Desarrollo Municipal con prioridad de los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, razón por la cual dicha orden judicial debe ser revocada, así como aquellos acápites de la sentencia que imponen obligaciones y compromisos adicionales no contemplados en los proyectos presentados pues su aprobación fue pura y simple por parte de la magistrada ponente.

    Por último señaló que el reconocimiento de los incentivos a favor de los accionantes decretado en el numeral décimo primero de la sentencia principal, no corresponde a la filosofía, cuantía y fines de los mismos, razón por la cual también deben ser revocados y circunscribirse al marco dispuesto por la Ley 472 de 1998, artículo 39 y en proporción a la actividad desplegada por los accionantes, más aún cuando se supera el límite indicado por la norma en cita que los determina entre un mínimo de 10 y un máximo de 150 salarios mínimos mensuales.

    El fallo tal como fue redactado sólo condena al pago del incentivo a la "entidades" desconociendo el principio de igualdad en cuanto no lo hace para las empresas o entes de carácter privado.

    VII.47. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ

    Según consta a folio 6057, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2004, el 8 de septiembre de 2004, sin embargo no allegó el escrito de sustentación del mismo.

    VII.48. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA

    Por medio de apoderado judicial en escrito radicado el 6 de septiembre de 2004 (fl. 5878), discrepó de la sentencia en los siguientes términos:

    La decisión se produjo al margen de las posibilidades más que de orden económico (en cuanto contemplan la posibilidad de cofinanciación), sí de los trámites a las que las mismas han de estar sujetas, desconociendo el factor tiempo y los términos de la contratación administrativa. Agrega que en cuanto a la posibilidad de garantizar la operatividad y el mantenimiento de la PTAR, señala que si bien a la fecha se cuenta con un instrumento legal (Resolución de la CRA 287 de 2004), para incluir este pago con cargo a las tarifas de acueducto y alcantarillado, aún si se hiciera viable el subsidio, esta posibilidad queda sujeta a los estudios de estratificación con ajuste a las respectivas metodologías de planeación, así como la falta de disponibilidad de recursos asignados para la actual vigencia presupuestal, no da cabida a que el Municipio de entrada acarree transitoriamente con dicho gasto.

    Finalmente manifiesta su inconformidad en relación con el incentivo en cuanto se deja de señalar dicha retribución a costa de los demás entes del orden público así como de la empresa privada, convocadas al proceso y el estimativo no refleja el compromiso que le asiste al Distrito Capital, frente a las demás entidades comprometidas.

    VII.49. APELACIÓN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ

    Por medio de apoderado judicial, cuyo poder adjunta con el escrito radicado el 8 de septiembre de 2004 obrante a folio 6220, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2004, el cual no sustentó en la oportunidad procesal correspondiente.

    VII.50. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA

    En escrito radicado el 8 de septiembre de 2004, por medio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2004, pero fue sustentado por fuera de la oportunidad procesal establecida.

    VII.51. APELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

    A través de su representante legal interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en escrito radicado el 7 de septiembre de 2004 (folio 5916), el cual no fue sustentado en la oportunidad procesal correspondiente.

    VII.52. APELACIÓN DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A. -EMCOCABLES-

    En ejecución de arreglo de reestructuración, solicitó en memorial radicado el 8 de septiembre de 2004, aclaración del numeral sexto de la sentencia de 25 de agosto de 2004 en el sentido de que se precise que la empresa no es agente contaminador del río Bogotá, ni de sus quebradas o afluentes y subsidiariamente interpone recurso de apelación contra el primer aparte del numeral primero del "resuelve" de la sentencia, en consonancia con el numeral sexto, en cuanto a la omisión de determinar , como se hizo en la parte motiva, y como se deriva del pacto de cumplimiento aprobado, que el demandado no incurre en contaminación del río Bogotá ni de ningún otro cuerpo de agua.

    VII.53. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD UNICONIC S.A.

    Por medio de su representante legal interpuso recurso de apelación (fl. 6364) contra el fallo proferido por el Tribunal de Cundinamarca, por considerar que la sociedad puede eventualmente resultar afectada en sus derechos adquiridos y desconocer sus derechos constitucionales y legales, como consecuencia de la orden impartida en el numeral 3° y/o demás numerales del proveído que se impugna, por cual solicitó se revoque la sentencia en los aspectos que afecten a la sociedad y reconocer la indemnización a que haya lugar con ocasión de los perjuicios que se pudieren causar a título de restablecimiento del derecho. No concedido por falta de legitimación.

    VII.54. APELACIÓN DE LA SOCIEDAD CONIGRAVAS S.A.

    En escrito radicado el 8 de septiembre de 2004(fl. 6368), interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal de Cundinamarca por considerar que la sociedad puede eventualmente resultar afectada en sus derechos adquiridos y desconocer sus derechos constitucionales y legales, como consecuencia de la orden impartida en el numeral 3° y/o demás numerales del proveído que se impugna, por lo cual solicitó se revoque la sentencia en los aspectos que afecten a la sociedad y reconocer la indemnización a que haya lugar con ocasión de los perjuicios que se pudieren causar a título de restablecimiento del derecho (fl. 6368). No fue concedido por falta de legitimación.

    VIII.
    TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA

    Recibido el expediente en la segunda instancia fue repartido y correspondió al Despacho del Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sección Primera del Consejo de Estado, surtiéndose la actuación en los siguientes términos:

    VIII.1. AUTOS Y RECURSOS RESUELTOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

    • Fls. 6598 a 6602, auto admite recursos apelación y se adoptan otras decisiones de fecha 14 de febrero de 2005.
    • Fls. 6606 a 6610, memorial Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, recurso reposición contra auto admite recursos de apelación.
    • Fl. 6618 fija en lista, traslado art. 360 del C. de P.C.
    • Fls. 6623 y 6625, Industrias Spring S.A. solicita aclaración del auto de 14 de febrero 2005 admitió recursos de apelación.
    • Fls. 6643 a 6651, Secretario Sección Primera del Consejo de Estado, remite memorial radicado en esa dependencia presentado por la Defensoría del Pueblo, complementa recurso reposición.
    • Folio 7128, aviso 006, traslado del recurso de reposición, para los efectos del art. 180 del CCA 349 y 108 CPC, se fija en lista.
    • Fls. 7791 a 7793, el apoderado de la CAR se opone al recurso de reposición interpuesto por la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca. Contra auto concedió apelación fallo de primera instancia.
    • Folio 7794 a 7797, INFORME SECRETARIAL 2 de marzo de 2005.: "Con recurso de reposición contra el auto de 14 de febrero de 2005, folios 6598, 6606 y 7128". (del cuaderno 9.3), y otros requerimientos desde el folio 6598 hasta el folio 7791 (del cuaderno 10).
    • Fls. 7815 a 7836, memorial ciudadanos y habitantes Municipio de Sibaté, solicitan declarar nulidad a partir auto 31 de agosto de 2001, por falta de jurisdicción del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Fls. 7880 a 7881, auto da cumplimiento oficio Secretaría General y reconoce personería apoderados Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
    • Fl. 7903, informe Secretarial oficio 340 suscrito por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, anexa respuesta Tribunal Administrativo Sección Cuarta. (4 folios 7904 a 7907).
    • Fl. 7908, auto ordena atender requerimiento oficio 340 de 2006.
    • Fl. 8000 auto 22 de mayo de 2006, ordena: expedir certificación para la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y dar respuesta al oficio SJ 11389 de 30 de marzo de 2006.
    • Fl. 8002, auto de 22 de mayo de 2006 decide recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la Defensoría del Pueblo contra el proveído de 14 de febrero de 2005 que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2004 y su complementaria de 16 de septiembre de 2004 (fls. 6606 a 6610). Confirma el proveído impugnado.
    • Fl. 8006, auto de 22 de mayo de 2006, reconoce personería apoderados municipio Mosquera, CAR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del señor Alfonso Pérez Preciado, tercero coadyuvante, del Municipio de Zipaquirá, del Municipio de Cajicá, del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, acepta renuncia del poder al señor Pedro Pablo Suárez, apoderado Municipio de Sopó decisión que ordena poner en conocimiento del Municipio de Sopó y ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad Industrias Spring S.A. así como la apelación interpuesta en forma adhesiva por la Empresa de Energía de Bogotá; ordena no tener en cuenta el escrito obrante a folios 7211 a 7214 por cuanto no proviene de la parte ni de los terceros intervinientes en el proceso. No se tiene al Municipio de Nilo como tercero coadyuvante según solicitud obrante a folio 7050 por cuanto la oportunidad para ello ya precluyó. No se tiene como tercero a la sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S. EN C., por cuanto la oportunidad para ello ya precluyó.
    • Fls. 8010 a 8012, auto de 22 de mayo de 2006, nulidad planteada por la sociedad SOFASA debe rechazarse de plano ya que se encuentra saneada según lo dispone el art. 144 núm. 3 del CPC, esto es que aceptó voluntariamente su vinculación al proceso. Decide: RECHAZASE DE PLANO la solicitud de nulidad planteada.
    • Fls. 8013 a 8015, auto 22 de mayo de 2006, ordena rechazar de plano la solicitud de nulidad planteada por habitantes del Municipio de Sibaté, (fl. 7815 a 7827) por falta de interés jurídico para plantear la nulidad por cuanto la oportunidad para intervenir como coadyuvantes se encuentra vencida y, por lo tanto, no tienen la calidad de partes ni de intervinientes en el proceso.
    • Fl. 8026, memorial Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial promovió incidente de nulidad contra las actuaciones adelantadas por la magistrada conductora del proceso posteriores al auto de 21 de octubre de 2004. Con anexos folios 8028 a 8078.
    • Fl. 8080 auto de 21 de julio de 2006, acepta renuncia poder Dr. Mario Antonio Amado Dueñas apoderado del Municipio de Sopó y ordena poner en conocimiento al poderdante de la decisión.
    • Fl. 8086 auto 10 de agosto de 2006 ordena expedir la certificación solicitada por el apoderado de la CAR.
    • Fl. 8095 auto 28 agosto de 2006, reconoce personería apoderado Municipio de Sopó y ordena copias requeridas Sección Tercera Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Fls. 8162 a 8163 auto de 1 de marzo de 2007, reconoce apoderados: Fundación Amigos del Planeta, del Departamento de Cundinamarca, MATCO S.A., de la EAAB y en relación con la solicitud de MATCO advierte que será objeto de estudio en la sentencia.
    • Fl. 8196 auto 20 abril de 2007 reconoce personería apoderados CRA, Municipio de Cota, MATCO S.A., Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A., expedir las copias requeridas Sección Tercera del Tribunal y las solicitadas por el Municipio de Cota (fl. 8173)
    • Fl. 8210 informe secretarial recibe memorial Dr. Nestor Raúl Correa, tener en cuenta incidente nulidad posterior al fallo. (fl. 8211)
    • Fl. 8216 auto 28 de junio 2007, reconoce personería apoderados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ordena expedición copias solicitadas.
    • Fl. 8257 auto de 14 de diciembre de 2007, requiriendo al solicitante de copias debe sufragar previamente el costo, ordena expedir copias requeridas juzgados, acepta renuncia poder apoderado municipio Gachancipá y solicita poner en conocimiento del poderdante y reconoce personería apoderado municipio Girardot, a la apoderada de la Personería de Bogotá y a la apoderada de la Secretaría Distrital de Ambiente.
    • Fl. 8296 auto 1 de febrero de 2008, acepta renuncia poder apoderado municipio Chía y ordena poner en conocimiento poderdante, acepta renuncia poder municipio Madrid y Municipio de Girardot, reconoce personería apoderado municipio Funza y Cota, así como al apoderado de la CRA.
    • Fl. 8494 memorial Ministerio Público solicita llevar a cabo audiencia pública dentro del proceso, solicitud que coadyuvan los apoderados del Distrito Capital, de la CAR, de la EAAB y del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.
    • Fl. 8532 auto de 3 de febrero de 2009 señala fecha para llevar a cabo la audiencia solicitada por el Procurador Delegado para el 11 de marzo de 2009.
    • Fl. 8540, memorial Delegado del Ministerio Público solicita el aplazamiento de la audiencia en dos folios a continuación informe secretarial respectivo.
    • Fl. 8543, auto de 10 de marzo de 2009, considera procedente la solicitud de aplazamiento de la diligencia y ordena fijar como nueva fecha el miércoles 6 de mayo de 2009 a las nueve a.m.
    • Fl. 8558 memorial EMGESA solicita fijar nueva fecha de audiencia. Anexos hasta folio 8576.
    • Fl. 8702 el Procurador Delegado solicita aplazar la audiencia por cuanto se están adelantando mesas de trabajo para consolidar cierre financiero.
    • Fl. 8707 auto de 3 de junio de 2009, por ser procedente solicitud de aplazamiento audiencia solicitada. Se fija fecha para el 1 de julio de 2009 a las nueve a.m.
    • Fl. 8709 auto 3 de junio de 2009, reconoce personería apoderado municipio Chía, apoderada municipio Madrid y de la EAA del municipio, apoderada Municipio de Sopó, apoderada Alpina y otros, apoderado EAAB, apoderado municipio Mosquera, apoderada CRA, apoderada principal Materiales de Colombia S.A., acepta renuncia apoderada del Distrito Capital y ordena poner en conocimiento del poderdante. Y las copias requeridas folio 8330.
    • Fl.8717, memorial representante legal Girardotemos, solicita ser tenidos en cuenta sus argumentos y explique las razones por las cuales no fue admitida su participación en el proceso como coadyuvante. (fls. 8720 a 8758).
    • Fl. 8837 solicitud Ministerio Público aplazar fecha audiencia fijada 1 julio de 2009.
    • Fl. 8840, auto de 30 de junio de 2009, estima procedente solicitud y fija como nueva fecha el 12 de agosto de 2009 a las nueve a.m.
    • Fl. 8843, auto 30 de junio de 2009, tiene Dr. Aldo Agustín Guarín Durán como apoderado de la Secretaría Distrital de Ambiente.
    • Fls. 8871 a 8879 y dos casetes diligencia de audiencia pública verificada el 12 de agosto de 2009.
    • Fl. 8898 trascripción diligencia de audiencia pública (fls. 8898 a 8931).
    • Fl. 8932 memorial funcionarios asistirán continuación audiencia del MAVDT y del DNP.
    • Fl. 8935 reanudación audiencia pública 19 de agosto de 2009, se suspende hacia las doce y treinta para ser continuada el 26 de agosto de 2009.
    • Fls. 8973 a 8988, cd continuación diligencia de audiencia 26 de agosto de 2009.
    • Fl. 9024 auto de 15 de diciembre de 2009, reconoce personería a la apoderada de Materiales de Colombia S.A., al apoderado del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ordena atender requerimiento Juzgado 1 Administrativo, tener como apoderada a la doctora Lina Beatriz Torres Silva de la Sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A., acepta sustitución fl. 8881, copia del audio , al apoderado de EMCOCABLES, copias a la EAAB, y reconoce al apoderado del Departamento de Cundinamarca. Así como autoriza copias solicitadas por éste. Autoriza copias a costa del peticionario y ordena copias requeridas por el juzgado 21. Reconoce apoderado CRA.
    • Fl. 9157 memorial Ministerio Público Dr. Serrato solicita reanudar audiencia pública.
    • Fl. 9158 auto de 24 de enero de 2011, reconoce personerías y ordena certificar si la decisión respecto de la aseguradora fue o no apelada.
    • Fl. 9170 oficio respuesta Aseguradora en el sentido de que no se encontró que la EEB haya presentado escrito de apelación.
    • Fl. 9341 informe secretarial memorial Ministerio Público en 2 folios solicita reanudar audiencia.
    • Fl. 9367 auto de 6 de septiembre de 2011 en el cual se considera sobre las pruebas solicitadas en los recursos de apelación y ordena negarlas por no satisfacer los supuestos de hecho que las normas refieren para su decreto y práctica en la segunda instancia. Sin embargo con el objeto de aclarar algunos aspectos esbozados por las partes se dispone adoptar algunas medidas para mejor proveer: -informe a la CAR actuaciones desplegadas Plan de Adecuación Hidráulica río Bogotá; Plan de manejo y recuperación ambiental de embalses, lagunas y humedales a lo largo de la cuenca; actividades desarrolladas recuperación zonas de manejo, preservación ambiental y ronda del Río, así como su financiación; actuaciones adelantadas para el control de la calidad hídrica del agua, planes respecto de contaminación industrial en la fuente, producción más limpia y financiación. Procesos sancionatorios por infracción normas ambientales, copia de los convenios, presupuesto entidad componente financiero, evaluación de costos, adquisición predial y foto aérea. Requerimientos a la EAAB, a Catastro distrital, al DAMA, al Ministerio de Minas y Energía al Ministerio de Medio Ambiente al departamento de Cundinamarca, y a cada uno de los municipios.
    • Fl. 9377, auto de 24 de octubre de 2011 ordena expedir copias requeridas fl. 9345 y oficiar a la Contraloría remita Control de Advertencia.
    • Fls. 10735 a 10753, Auto a través del cual se adoptó medida cautelar en relación con las obras del Interceptor Tunjuelo Canoas.
    • Fls. 10774 a 10777, Recurso de reposición contra la medida cautelar presentado por el Distrito Capital.
    • Fls. 10790 a 10794, Recurso de reposición contra la medida cautelar presentado por la E.A.A.B.
    • Fls. 10795 a 10798, oposición frente al recurso de reposición presentado por el Distrito Capital por Emgesa.
    • Fls. 10901 a 10806, auto que decidió recurso de reposición interpuesto por el Distrito Capital.
    • Fls. 10818 a 10822, Oposición frente al recurso de reposición presentado por la E.A.A.B. por Emgesa
    • Fls. 10848 a 10855, auto a través del cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la E.A.A.B.
    • Fls. 10914, auto que decide peticiones varias de las partes en el proceso (copias, personerías, etc).
    • Fls. 10917 a 10920, auto de requerimiento sobre el informe del cumplimiento de la medida cautelar, destinación y seguridad de recursos del FNR y Ministerio de Vivienda
    • Fls. 10921 a 10922, auto que decreta inspección judicial
    • Fl. 10923, auto de traslado del incidente de nulidad
    • Fl. 10957, Emgesa interpone recurso de reposición auto 21-09-2012
    • Fl. 10978, EAAB descorre traslado incidente
    • Fl. 11062, Emgesa Recurso reposición auto 21-09-2012
    • Fls. 11087 a 11096, Dra. Nelly Yolanda Villamizar respuesta requerimiento, labores proceso de verificación.
    • Fl. 11097, D.C. descorre traslado recurso reposición EMGESA auto 21-09-2012
    • Fl. 11098, EMGESA descorre traslado recurso de reposición auto 21 - 09- 2012
    • Fl. 11149, auto despacho ordena inspección judicial 17 octubre 2012
    • Fls. 11255 a 11257, acta diligencia de inspección judicial
    • Fls. 11454 a 11512, auto de 7 de noviembre de 2012, ordena levantar medida cautelar.
    • Fls. 11522 a 11531, EMGESA solicita mantener medida cautelar.
    • Fls. 11548 a 11569, EAAB recurso reposición auto dispuso levantar medida cautelar de fecha 7 de noviembre de 2012.
    • Fls. 11662 a 11665, transcripción de la Audiencia Pública -Acta.
    • Fls. 11884 a 11899, auto de fecha 15 de noviembre de 2012 realiza otros requerimientos
    • Fls. 11900 a 11915, auto de 15 de noviembre de 2012 resuelve sobre incidente de nulidad planteado.
    • Fls. 11916 a 11917 autoresuelve solicitud de EMGESA. (15 noviembre de 2012)
    • Fl. 11918, Auto aclara que el término concedido en audiencia es para pronunciarse sobre los documentos allegados en la audiencia, (15 de noviembre de 2012).
    • Fl. 12156, Bogotá D.C. secretarías de ambiente y salud, Descorre traslado recurso de reposición y solicita tener como recurso de reposición la solicitud de EMGESA S.A. de mantener la medida cautelar.
    • Fl. 12159, EAAB Traslado escrito EMGESA, solicita se deniegue la solicitud de EMGESA de mantener la medida cautelar.
    • Fl. 12162, EEB solicitud resolver llamamiento en garantía.
    • Fl. 12166, EMGESA se pronuncia sobre recurso reposición levantamiento medida cautelar presentado por la EAAB.
    • Fl. 12205 Girardotemos, descorre traslado solicitud EAAB, solicita se reformen los numerales 3, 4, 5, 6, 8, y 9 del auto de 29 de octubre de 2012. Igualmente afirma el memorialista que la responsabilidad sobre el Embalse recae no solo sobre la EAAB sino también sobre EMGESA pues está en la obligación de tratar las aguas previamente con desconocimiento de las normas contenidas en el Decreto 2811/74, del art. 211 del Decreto 1541 de 1978 y 113 del Decreto 1594 de 1984 y del Decreto 948/95 (arts. 2, 20, 33, y 73) Objeta el recurso de EMGESA para que sea rechazado.
    • Fl. 12223, Emgesa da alcance a su solicitud radicada el 6 de noviembre de 2012 en cuanto no tiene por objeto atacar la providencia del 29 de octubre de 2012, por lo tanto solicita sea confirmada y no se de curso a la solicitud inicial.
    • Fl. 13170, auto corre traslado alegar de fecha 14 de febrero de 2013.
    • Fl. 13171, auto 14 de febrero de 2013 resuelve requerimientos pendientes.
    • Fl. 13353 obra fijación en lista No. 021, por medio de la cual se corre traslado a las partes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión.

    VIII.2. DOCUMENTOS ALLEGADOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

    • Fls. 6961 a 6972 anexa la CAR copia informal Tutela promovida por el MAVDT.
    • Fls. 6973 a 7027, anexos CAR contrato BID y Conpes 3320.
    • Fls. 7211 a 7214 ciudadanos Sibaté desconocimiento efectos cosa juzgada. Anexa decisiones judiciales fls. 7215 a 7275.
    • Fls. 7276 a 7385 Plan de Desarrollo del Municipio de Gachancipá 2004-2007.
    • Fl. 7911 Informe secretarial recibe oficio Tribunal Cundinamarca Sección Cuarta adjunta documentos en 69 folios.
    • Fls. 7913 a 7978 escrito apoderado EMGESA en el cual solicita tener por agregado al expediente las resoluciones 506 de 28 de marzo de 2005 y 1189 de 2005 emanadas de la CAR las cuales aporta en copia auténtica; se haga un pronunciamiento de cómo deben proceder las entidades demandadas respecto de las obligaciones impuestas por la CAR e impartir órdenes a la CAR se abstenga de ejecutar los actos administrativos expedidos por ella.
    • Fls. 8106 a 8112, memorial apoderado Departamento de Cundinamarca solicita reconocer personería y allegar comunicado prensa CAR sobre recursos recuperación Rio Bogotá.
    • Fl. 8358, informe secretarial recibe memorial Dr. Andrés Caldas Rico con 9 folios anexos, apoderado general de EMGESA, solicita dar continuidad al proceso e informa sobre las obras adelantadas en el Embalse, adjunta CD, requiere además que haya una labor conjunta y coordinada de todos los agentes contaminantes.
    • Fl. 8385 informe secretarial recibe memorial DIANA PATRICIA VARGAS URREGO ciudadana en 4 folios y un anexo sin foliar. Solicita requerir al Gobierno Nacional sobre los recursos destinados al proyecto "Ciudad ALO Segundo Centenario" y cuál es el estado del Megaproyecto de Saneamiento Ambiental del río Bogotá y el impacto de las obras de infraestructura. Anexa presentación "Proyecto Ciudad Alo Segundo Centenario" (fls. 8390 a 8483).
    • Fl. 8493 memorial suscrito Roberto Serrato Valdés Procurador con documentos anexos en 36 folios.
    • Fl. 8584 memorial suscrito Juan Antonio Arbeláez Buraglia, ingeniero químico con maestría en gestión y auditorías ambientales solicita se examinen los documentos que acompaña, memorial suscrito por el Contralor General y el Procurador General.
    • Fls. 8615 a 8701, memorial suscrito por el ingeniero químico Juan Antonio Arbeláez, allega documentos y pone de presente la inconveniencia de la propuesta adoptada en la sentencia de primera instancia. Se destaca el documento "Cuenca Alta del río Bogotá REGION PROGRAMA Plan de Ordenamiento Territorial", Sociedad Geográfica de Colombia Academia de Ciencias Geográficas y la Gobernación de Cundinamarca de diciembre de 2000. (fls. 8628 a 8701).
    • Fls. 8714 a 8716 memorial Juan Antonio Arbeláez Buraglia. Modelo de intervención presentado por la EAAB para el tratamiento de aguas residuales del río Bogotá, observaciones críticas.
    • Fl. 8759, memorial apoderado sociedad STANTON & CIA S.A., adjunta informe gestiones cumplimiento pacto suscrito Tribunal de instancia.
    • Fl. 8763, memorial Sociedad Papeles y Corrugados Andina S.A., adjunta informe cumplimiento del pacto suscrito Tribunal de instancia (fls. 8764 a 8794).
    • Fl. 8859 memorial comité de gestión y seguimiento de la Agenda ciudadana de Control fiscal participativo para la descontaminación del río Bogotá.
    • Fl. 8883 memorial Presidenta Empresa Energía de Bogotá S.A. E.S.P. adjunta documento "La empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) frente al Muña" presentado en la audiencia pública. Folios 8884 a 8897.
    • Fl. 8958 memorial comentarios audiencia pública Alcalde Municipio de Sibaté y las falencias del sistema maestro de acueducto y alcantarillado del municipio a pesar de las afirmaciones hechas por la CAR.
    • Fl. 8971, memorial Ministerio Minas y Energía sobre las labores desarrolladas por el Ministerio, fiscalización y seguimiento minero.
    • Fl. 9093 informe secretarial memorial en 8 folios Contralor de Bogotá
    • Fl. 9093c informe secretarial recibo memorial suscrito Javier Tamayo Jaramillo anexa documentos en 4 folios.
    • Fl. 9093j informe secretarial recibe memorial Dr. Jaime Castro en 2 folios, comentarios observaciones Contraloría Bogotá planta tratamiento en Canoas, predios, costos, cierre financiero.
    • Fl. 9032 informe secretarial memorial Dr. Ramiro Bejarano en 8 folios.
    • Fl. 9096 informe secretarial memorial presentado Olga Nadesda Cabrera y otros en 40 folios, en representación Agenda Ciudadana de Control Fiscal Participativo para la Descontaminación del río Bogotá.
    • Fl. 9137 informe secretarial recibe memorial Hernando Robles Villa en 14 folios, Corporación girardotemos.
    • Fl. 9197 Informe secretarial cumplido auto folio 9158. Oficios librados en respuesta a requerimientos, reconocimiento personería y documento del apoderado de la CAR en el cual se allega el ACUERDO DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDE CANOAS FASE I Y II de 21 de febrero de 2011 en los folios 9182 a 9196.
    • Fl. 9199 informe secretarial recibe memorial Dr. Jaime Castro advierte sobre la existencia del control de advertencia hecho por la Contraloría general de la República.
    • Fl. 9201 informe secretarial memorial suscrito Procurador Delegado Dr. Roberto Serrato adjunta 136 folios documento presentado al Procurador general de la Nación por la Red Nacional Regional y distrital de veedurías ciudadanas y control social. Refiere control de advertencia de la Contraloría general de la República.
    • Fl. 9350 informe secretarial recibe memorial Ministerio Público en 15 folios relacionados control de advertencia allegado en copia por la red nacional, regional y distrital de veedurías ciudadanas.
    • Fl. 9379 oficio Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B remite en quince folios acta de audiencia de verificación cumplimiento pactos aprobados en el proceso de la referencia.
    • Fls. 9423 a 9434 Control de Advertencia al Acuerdo 22 de febrero de 2011
    • Fls. 9436 a 9495 la CAR da cumplimiento al requerimiento ordenado por auto de 6 de septiembre de 2006 incluye CDs (5)
    • Fls. 9496 a 9514 Informe Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de Soacha. Incluye un CD.
    • Fls. 9516 a 9544 Municipio de Villapinzón: Plan Maestro obras realizadas y proyectadas incluye un CD.
    • Fls. 9546 a 9550 Ministerio de Minas y Energía Remite mapa impreso de la Cuenca alta media y baja del río Bogotá con las zonas excluibles de la minería.
    • Fls. 9553 a 9611 Municipio de Cajicá. Informe Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y Plano de Uso de suelo relacionado cauce del río Bogotá.
    • Fls. 9612 a 9615 Municipio de Sesquilé, Informe plan maestro de acueducto y alcantarillado y de saneamiento de aguas residuales, adjunta un CD.
    • Fls. 9616 a 9725 Municipio de Gachancipá, Planes maestros de Acueducto y alcantarillado Municipal, obras de redes de alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias, usos del suelo.
    • Fls. 9726 a 9763 EAAB, actuaciones desplegadas relativas planes y proyectos dirigidos al saneamiento del río Bogotá y sus afluentes así como sus repercusiones presupuestales. Redes de aguas lluvias, construcción de interceptores, diseño y construcción sistema tratamiento aguas residuales, estado actual obras y proyecciones, presupuesto, componente financiero y económico, costos plantas tratamiento aguas residuales, planes maestros de acueducto y alcantarillado incluye un CD.
    • Fls. 9764 a 9768 Municipio de Suesca, Informe infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico del municipio. Incluye un CD.
    • Fls. 9769 a 9845 Alcaldía municipal de Chía, Informe implementación plan maestro acueducto y alcantarillado y otras obras de mitigación y prevención. Incluye un CD.
    • Fls. 9846 a 9927 Municipio de Tocancipá, Informe implementación plan maestro acueducto y alcantarillado y otras obras de mitigación y prevención. Usos del suelo en relación cauce río Bogotá, presupuesto y porcentaje destinado al saneamiento. Incluye un CD.
    • Fls. 9928 a 9980, Municipio de Funza, Informe Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Obras proyectadas saneamiento aguas residuales, usos del suelo, recursos destinados al saneamiento ambiental.
    • Fls. 9981 a 10178 Municipio de Mosquera Informe compromisos aprobados Tribunal dentro de la acción popular, Implementación Plan maestro de Acueducto y Alcantarillado.
    • Fls. 10180 a 10191, Municipio de Cogua, Informe Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Obras proyectadas saneamiento aguas residuales, usos del suelo, recursos destinados al saneamiento ambiental. Incluye un CD.
    • Fls. 10200 a 10225 El Ministerio de Minas y Energía anexa copia concepto rendido al Ministerio de Ambiente.
    • Fls. 10232 a 10254 Apoderado de EMGESA remite copia Convenio Interinstitucional EAAB, y EMGESA.
    • Fls. 10263 a 10276 Secretaría Distrital de Ambiente Actividades de recuperación ambiental en el marco de la AP.
    • Fls. 10280 a 10460 Coadyuvante segunda instancia. Anexa un CD y un DVD.
    • Fl. 10468 El TAC Secretaría Sección Cuarta remite copia actas audiencias verificación
    • Fls. 10703 a 10705, Informe de proyectos ejecutados dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Soacha
    • Fls. 10706 a 10734, Respuesta requerimiento de información de la E.A.A.B.
    • Fls. 10823 a 10841, Análisis técnico de las posibles implicaciones que tendría la salida de generación eléctrica de Pagua
    • Fls. 10845 a 10847, Informe CAR sobre la actuación administrativa respecto del permiso de vertimiento y ocupación de cauce.
    • Fls. 10858 a 10859, Remisión por parte del Ministerio de Minas del análisis técnico de las posibles implicaciones que tendría la salida de generación eléctrica de Pagua
    • Fls. 10877 a 10889, Remisión por parte del Ministerio de Minas del análisis técnico de las posibles implicaciones que tendría la salida de generación eléctrica de Pagua
    • Fls. 10899 a 10908, Informe de la E.A.A.B. en el cual responde interrogantes sobre la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas
    • Fls. 10911 a 10913, Informe E.A.A.B. sobre el cumplimiento de la medida cautelar
    • Fl. 10924, Documento Megaproyecto río Bogotá (Alfonso Pérez Preciado)
    • Fls. 11087 a 11096, Dra. Nelly Yolanda Villamizar respuesta requerimiento, labores proceso de verificación.
    • Fl. 11102, Consorcio canoas respuesta auto 25-09-12 Informe Interventoría contrato 115-2009 Geología Predios Hacienda Canoas e INVIAS trazado interceptores y pozo ITC-12.
    • Fls. 11103 a 11148, Consorcio Canoas Respuesta interrogantes auto 25-09-12
    • Fls. 11187 a 11199, EMGESA allega Convenio Interinstitucional EAAB y EMGESA
    • Fls. 11200 a 11216, Informe Audiencias Especiales Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B.
    • Fls. 11219 a 11222, Diligencia de inspección Judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Fl. 11226, La Contraloría Delegada Sector infraestructura solicita autorización a la Corporación adelantar investigación establecer si hubo cambios en los estudios y diseños originales relacionados en el contrato.
    • Fls. 11227 a 11230, Fundación Granja Ecológica preocupaciones sobre el río Bogotá y su recuperación.
    • Fl. 11257, Consorcio Canoas allega documentos de interés
    • Fls. 11518 a 11520, CAR documento aclaratorio afirmaciones hechas en la diligencia de inspección judicial por la EAAB.
    • Fls. 11542 a 11547, Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio oficio refiere aspectos relacionados recursos y licencia ambiental
    • Fls. 11670 a 11760, Gobernación Cundinamarca Informe ejecución sentencia primera instancia y copia presentación alusiva.
    • Fls. 11869 a 11872, Compromiso recursos Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio, tema recursos y llama la atención sobre las razones por las cuales es necesario construir la Estación Elevadora y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canoas, por sus implicaciones en el sistema energético del país. Refiere igualmente el desarrollo de los Convenios y Acuerdos celebrados con posterioridad a la expedición de la sentencia de primera instancia, las obras ejecutadas y sus costos, las obras en ejecución y las ejecuciones pendientes de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 21 de febrero de 2011 entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, la Secretaría Distrital de Hacienda, la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el cual concretó los compromisos financieros y trámites presupuestales para asegurar la financiación de la PTAR en Canoas. La Planta se construirá en dos fases: Tratamiento Primario a Primario Químicamente asistido de hasta 14 m3/s y Tratamiento Secundario, con los respectivos costos estimados para la PTAR Canoas $1.7 billones Fase I $750.000 millones y Fase II $906.000 millones (fl. 11870 vto.). Mediante Convenio Interadministrativo de cooperación 03MVCT de 30 de diciembre de 2011 suscrito entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la EAAB y el Ministerio; en Comité Técnico No. 77 de 29 de noviembre de 2011 , el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del MVCT aprobó el proyecto "Construcción Estación Elevadora de aguas residuales Canoas para el D.C. de Bogotá" el cual se presentó para ser financiado con aportes de la Nación a través de ese Ministerio, del FNR y de la EAAB E.S.P. (ver cuadro Fl. 11871). El FNR protocolizó el 28 de diciembre de 2011 y el Ministerio el 18 de octubre de 2011 con cargo al Convenio 03/11 la suma de $21.378.504.676 a nombre de la fiduciaria CORFICOLOMBIANA y destaca que los recursos provenientes del Gobierno Nacional son de destinación específica por lo que, modificaciones en el proyecto como las planteadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no sólo desconocen su rigor técnico sino que significarían la pérdida de estos recursos.
    • Fl. 11951 a 11981, Informe EAAB estado actual obras saneamiento río Bogotá.
    • Fl. 12057 a 12058, El Ministerio de Minas y Energía aporta documentos de interés al proceso: Plan de Mejoramiento de 29-03-2012; concepto previo no vinculante análisis aspectos técnicos, económicos y sociales de la actividad minera en la Sabana de Bogotá resolución en reemplazo de la 1197/04; Sector Eléctrico y represa del Muña, Cadena Pagua-Paraíso y anexa documento relacionado con la viabilidad de la PTAR CANOAS en relación con el Sistema Energético (fls. 12066 a 12130).
    • Fl. 12131 el Consorcio Canoas manifiesta se encuentra a la espera de la entrega del predio "INVIAS", e informa que el contrato terminó el el 20 de noviembre de 2012.
    • Fls. 12139 a 12150 y un CD, Informe Municipio de Chía solicita se incluya en el POT la gestión de riesgo (fl. 12151-12152) y recuperación de las zonas de riesgo (fls. 12153 y 12154).
    • Fl. 12209, la EAAB allega documento ingeniero Hugo A. Garavito Director Red Troncal de Alcantarillado, presenta informe sobre el avance de las obras para el saneamiento del río Bogotá y sus afluentes y advierte que el Programa de tratamiento de aguas residuales hace parte del Programa de Saneamiento del río Bogotá y se limita a la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y del sistema de interceptores que conducen las aguas residuales desde la ciudad a la planta. Dentro de este contexto destaca las actividades a su cargo: i) Sistema de tratamiento de Aguas Residuales: -PTAR Salitre, Fase I TQA con caudal medio de 4m3/s (2004) operada por la EAAB; Convenio 171/07 CAR asume construcción ampliación PTAR Salitre con un caudal de 7.1m3/s a nivel de tratamiento secundario (FASE II), cuenta con un diseño referencial contratado por la CAR, se espera que la CAR licite el diseño y construcción en el primer semestre de 2013. Construida la ampliación la PTAR será operada por la EAAB. -La segunda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no está construida ni existen diseños detallados. La sentencia del Tribunal dispuso su construcción en Canoas (Municipio de Soacha) a nivel de tratamiento primario químicamente asistido. La EAAB en la actualidad tiene contratado el diseño detallado de la PTAR y se espera iniciar la ejecución del contrato una vez se contrate la interventoría, proceso que está en curso. ii) Interceptores: La empresa ha construido los siguientes interceptores: Engativá-Cortijo (ENCOR), conduce las aguas residuales de Engativá la PTAR Salitre; - Fucha-Tunjuelo (IFT) no se ha puesto en operación; Tunjuelo-Canoas-Túnel de Emergencia (ITC-TE), ya construido pero aún no se ha unido porque falta construir el ITC 12, obra suspendida pero luego levantada la medida cautelar, sin embargo no se ha logrado acuerdo con el contratista para la construcción del pozo y la conexión de los dos tramos del interceptor. Interceptor Soacha: construido y conectado con el ITC. Ver cuadro estado obras fl. 12211. Destaca que la Estación Elevadora, Canoas y la PTAR Canoas en evaluación se encuentran pendientes de aprobar en la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado. La EAAB ha propuesto alternativas más económicas. iii) 3.1. Saneamiento afluentes urbanos. Implementación PMA Cerros Orientales; recuperación rondas; recuperación humedales; estabilización riegos frente a los aguaceros torrenciales de algunas quebradas. rehabilitación, manejo y protección ambiental; construcción de los colectores de aguas lluvias; adecuación de las quebradas; construcción interceptores red secundaria para las aguas negras; construcción presa Cantarrana y adecuación del Embalse, dragado y realce jarillones ríos Tunjuelito y Bogotá; recuperación cauce río Tunjuelo y otras. En la Tabla 2 fls. 12211 vto., relaciona obras ejecutadas saneamiento afluentes urbanos folios 2004-2011. 3.2 Avance del Proyecto construcción Estación Elevadora aguas residuales Canoas por el D.C.: No está construida, fue objeto de diseño básico dentro del contrato No. 1-02-26100-711-2006 sin embargo, no cuenta con diseño detallado para construcción. RECURSOS: Aprobados en el año 2011 por un valor de $327.360.743.085 con aportes por el 58% de la Nación y 42% de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Para el desembolso de los recursos la Nación se encuentra por remitir al FNR, los términos de referencia para la contratación del mencionado proyecto. La razón, existe incertidumbre jurídica en relación con la construcción de la Estación Elevadora obra que beneficia únicamente al sector de generación eléctrica y no al saneamiento del río Bogotá. 3.3 Informe Planes Maestros de acueducto y alcantarillado en los 42 municipios de la cuenca y resultados de la priorización de las obras de saneamiento.; la EAAB cuenta con su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en ejecución; de los demás planes maestros no es responsable legalmente la EAAB aún cuando mediante convenios ha apoyado algunos proyectos en los municipios del Departamento. Tiene entendido que la Gobernación y la CAR han financiado parcialmente la estructuración de los PMAA de los municipios los cuales están en revisión y/o ejecución. 3.4 Avances programa rehabilitación Sistema de Alcantarillado: diagnóstico, diseño y rehabilitación redes, plan de corrección de conexiones erradas; aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, Resolución 3257/07, Secretaría Distrital de Ambiente incluye inspección a los colectores pluviales con circuito cerrado de televisión para determinar la procedencia de las conexiones erradas: Humedal Córdoba usuarios residenciales; zona Montevideo: usuarios industriales que permitió establecer el procedimiento para conexiones erradas previsto para incorporar en el contrato de condiciones uniformes de la Empresa actualmente en etapa de consulta ante la CRA. 3.5 Estado diseño PTAR Canoas El 7 de diciembre de 2011 se suscribió el contrato No. 1-02-25500-0690-2011 por valor de $25.720.406.841 en un plazo de 26 meses; contratista Consorcio CDM-INGESAM, integrado por las firmas INGESAM LTDA: y COMP. DRESSER & MCKEE INC., cuyo objeto es "realizar el diseño a nivel de ingeniería de detalle de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Canoas en los componentes asociados al Sistema de Tratamiento primario con asistencia química", Estado: revisión de requisitos previos firmar acta de inicio y se ha determinado la NO OBJECIÓN tanto al plan de calidad como a la planificación de recibo de producto. La suscripción del acta de inicio se encuentra pendiente y se realizará una vez se cuente con la interventoría especializada internacional. La cual está en proceso de contratación. 3.6 Avance términos de referencia contratar la construcción de la PTAR Canoas. Los pliegos para contratar la construcción de la PTAR Canoas es uno de los productos esperados del contrato 1-02-25500-0690-2011 consorcio CDM-INGESAM hasta dentro de 26 meses luego de iniciados los diseños. 3.7. Estudios alternativa seguir para el Programa de Saneamiento del río Bogotá. Anexa estudio económico financiero que lleva a recomendar el estudio de una alternativa diferente a Canoas (fl. 12222) anexo 5 medio magnético. 3.8. Informe en detalle asignación de competencias técnicas y jurídicas del Programa de Saneamiento del río Bogotá. Es un proyecto de orden nacional refiere sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de junio 5 de 2001 AP-0305-01). A nivel distrital está consagrado en el POT de 2000 que obligó a la EAAB a la construcción de un sistema integral de tratamiento de aguas residuales que por su complejidad podrá estar sujeto a cambios; en el proceso AP 9479 01 se estableció que el programa de saneamiento del río Bogotá requería de una concepción de tratamiento de cuenca que implica la participación de los municipios que lo integran, el departamento de Cundinamarca, la Nación, la CAR y las empresas privadas que se encuentran a lo largo del a cuenca; por ello, la Empresa presentó un proyecto de pacto que involucraba un plan de obras hasta el año 2015; en cuanto a las actividades relacionadas con captación tratamiento, transporte y distribución de agua potable, recolección de aguas residuales y sus tratamiento, mantenimiento de humedales tienen relación directa con el impacto ambiental de la Cuenca Media del río Bogotá. Tiene además un componente técnico y financiero, el primero fue adoptado por el Tribunal, el segundo carece de recursos que permita la contratación de las obras, construcción de interceptores (ya construidos), la Estación Elevadora y la PTAR Canoas, razón por la cual la EAAB decidió apelar con el objeto de que se definan las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el proceso. Refiere entonces el documento CONPES 3320; el Plan de Desarrollo 2010-2014 Ley 1450 de 2011, art. 131. Reitera que la empresa tiene jurisdicción en el territorio del D.C. sin perjuicio de celebrar convenios interadministrativos que puedan acometer proyectos con otras jurisdicciones. El Convenio 171 de 2007 y el Convenio de 2011. 3.9. Comparación de los costos de las soluciones de la construcción de la PTAR y de la Estación Elevadora en Tunjuelo-Canoas o Carboneras (ver tablas 3,4 y 5 fls. 12217 (vto.) y 12218. 3.10. Informe sobre inversiones y ejecuciones realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Convenio 171 de 2007 ver tabla folio 12219. 3.11 Informe planes anuales de inversión y rehabilitación de redes Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ver tabla 7 fl. 12.219 (vto.). 3.12. Informe del volumen, proyección de volumen, tratamiento, disposición y costos de disposición de biosólidos. PTAR Salitre: 4.300 toneladas mensuales proyectada para 2013, fluctúa acorde con las condiciones climáticas y dilución del agua. Manejo: Proceso de deshidratación, transporte y aprovechamiento predio El Corzo utilizada la mezcla para la cobertura vegetal y recuperación del suelo degradado 3.13 Manejo y rehabilitación de las conexiones erradas en Bogotá (respuesta 3.4). 3.14. Constitución, administración, manejo y ejecución del Fondo Cuenta Saneamiento río Bogotá constituido el 27 de diciembre de 2005 administrado por la Secretaría de Hacienda Distrital en el cual se depositan los recursos ordenados en la sentencia (ver cuadro fl. 12221.).
    • Fl. 12225, CRA informe atendiendo requerimiento sobre sistema de tarifas Resolución CRA 287/04 art. 16 parágrafos 1, 2, 3 y 4. Las modificaciones al procedimiento de fórmulas tarifarias Resolución CRA 151/01, modificada por la Resolución 271/03. Refiere en este sentido su competencia para fijar el procedimiento no así la tarifa.
    • Fls. 12303 a 12355, Secretaría Distrital de Ambiente, Informe subdirección recurso hídrico y del suelo, evidencia acciones adelantadas control de vertimientos río Tunjuelo y resumen ejecutivo de las acciones de control de San Benito y Gravilleras cuenca Tunjuelo, adjunta CD con los conceptos técnicos de curtiembres y gravilleros para cada uno de los predios. Dentro de las conclusiones que plantea el informe se tiene: "(...) en la actualidad la totalidad de los industriales pasen de no contar con unidades de gestión para sus vertimientos a contar con sistemas preliminares y primarios de tratamiento (Pocetas de sedimentación, tanques de sedimentación, rejillas, trapas de grasas, tanques de tratamiento y el sistema por flotación DAF). Los cuales por su tiempo de retención disminuyen la concentración de sólidos sedimentables, grasas y aceites, sólidos totales y materia orgánica, lo que indica la tendencia positiva hacia el cumplimiento normativo a través del tiempo para los siguientes parámetros, grasas y aceites y sólidos sedimentables. "(...) Se ha observado que el sistema de tratamiento preliminar (generalmente compuesto por pocetas sedimentadoras, rejillas, filtros multimedios, trampas de grasas y presedimentadores) logra remover la mayor cantidad de cargas contaminantes del agua con cerca de un 93% en las aguas residuales provenientes del proceso de pelambre y un 66.73% en las demás descargas (...)". En relación con las Gravilleras río Tunjuelo, la subdirección del recurso hídrico y del suelo, a través de las visitas de vigilancia y control ambiental a las empresas dedicadas a la trituración de material pétreo, ubicadas al margen del río Tunjuelo en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, específicamente en el tramo comprendido desde la descarga de la quebrada Yomasa hasta la entrada al relleno sanitario Doña Juana, tiene identificadas cuatro grandes zonas en las que se llevan a cabo este tipo de actividades. Concluye el informe: "6.1 Para el tramo comprendido desde la descarga de la Quebrada Yomasa al río Tunjuelo hasta el puente de la Avenida Boyacá entrando al relleno sanitario Doña Juana, se concentran aproximadamente once plantas de beneficio de material pétreo, las cuales se encuentran divididas así: Se encuentras dos (2) plantas de beneficio en el predio Cantarrana y seis (6) en el predio La Perdigona, para un total de ocho (8) plantas en la localidad de Usme. En el predio El Rubí, propiedad de la sociedad equipos Universal, se encuentran un total de tres (3) plantas de beneficio ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar. 6.2 La Subdirección del recurso hídrico y del suelo (antes Oficina de Control de Calidad y uso del agua) ha ejecutado las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental generando in total de 33 actuaciones técnicas comprendidas entre conceptos, e informes técnicos (...)" Dentro de las funciones de control y vigilancia señala que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, ha proferido los actos administrativos que en derecho corresponden y de acuerdo con los conceptos técnicos proferidos por la subdirección del recurso hídrico y del suelo, y en cumplimiento de las normas ambientales que regulan la materia de vertimientos y en pro de la protección del río Tunjuelo, señala que dentro de las gestiones adelantadas también ejerce actividades de evaluación y seguimiento sobre los establecimientos de comercio, con el fin de que se ajusten al cumplimiento de los lineamientos técnicos y jurídicos que rigen la materia.
    • Fl. 12356, EMGESA Informe anexo con 117 folios respuesta a requerimiento de 21 de noviembre de 2012.
    • Fls. 12359 a 12393, Departamento Nacional de Planeación y Dirección de Regalías del Departamento Nacional en Liquidación, da respuesta requerimiento judicial contenido oficio 9912 de 22 de noviembre de 2012. -Anexa copia del acuerdo 071 de 28 de diciembre de 2011, "Por el cual se aprueban proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y se asigna su ejecutor"-Informe sobre el esquema de financiación del Programa de Saneamiento del río Bogotá componente y monto de la proyección de inversiones "Descripción General del Modelo financiero (Modelo PTAR Canoas y modelo PTAR Salitre)- supuestos macroeconómicos. Inversión aproximada Programa de saneamiento río Bogotá, 5.92 billones de pesos para el año 2012. Ver CD incluye proyectos autorizados DNP incluida PTAR Canoas.
    • Fl. 12394, la CAR da respuesta al requerimiento incorporada al proceso como anexo 2 del cuaderno 19.
    • Fls. 12432 a 12443, Función de Advertencia de la Contraloría General de la República sobre el Acuerdo 22 de febrero de 2011 Programa Saneamiento río Bogotá. Considera la Contraloría que la contratación que realmente se va a efectuar, el sitio en donde se pretende ubicar la PTAR Canoas, la planta o estación de bombeo elevadora ya no sería una obra puntual y relativamente pequeña como se le hizo ver al Tribunal de Cundinamarca, por el contrario, de los planos anexos a la invitación pública ICSM-0731-2009 cursada por la Empresa, tal planta elevadora deberá tener la capacidad de vencer la gravedad de una masa de aguas residuales hasta de 37m3/s en 46 metros de bombeo vertical, además representa la mayor excavación y construcción de estructuras subterráneas para dos pozos circulares de 44m y 53m de diámetro separados por 70M e interconectados por un túnel adicional, con capacidad para la instalación de rejillas de cribado y el segundo para la instalación y funcionamiento de hasta seis bombas cada una con capacidad de hasta5.5M3/s. Razón por la cual advierte que de presentarse un fallo confirmatorio la empresa estaría llevando a una tergiversación del contenido de la sentencia en cuanto la modalidad de las obras a contratar, ya que de una estación elevadora de 5M de altura de bombeo, en la práctica, el cumplimiento de la sentencia judicial, se vería forzado a que fiscalmente se sufragaran los costos del túnel realmente ejecutado que implica el mayor valor resultante de la diferencia en la altura de bombeo y obras concomitantes anteriormente indicadas (fl. 12438). Agrega la Contraloría que el acometer de tal manera la obra propuesta conduce a la utilización del túnel de emergencia de forma permanente, por otra parte no garantiza ningún tratamiento sobre las aguas contaminadas que son aisladas durante un trayecto del río Bogotá, pero que aguas más abajo resultan vertidas de forma más gravosa para el medio ambiente, porque se ha cerrado un trayecto sobre superficie que puede incidir positivamente en las posibilidades de auto recuperación del río ; pues el ente fiscalizador no concuerda con la consideración de la EAAB de señalar que el río tiene "nula capacidad de autodepuración". Ello, señala la Contraloría puede implicar una afectación del patrimonio público y de los recursos naturales renovables porque: La invitación pública se efectuó antes de la sentencia definitiva y no se tuviera certeza sobre la existencia de la financiación de la PTAR Canoas, del interceptor Canoas-Alicahín ni de la estación elevadora de Canoas, el presupuesto podría resultar insuficiente para respaldar las cifras que allí se comprometieron. En estos términos llama la atención que la Empresa comprometió recursos que llegan de manera preliminar a los cuatrocientos mil millones de pesos para la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas, así como los recurso a invertir en la estación de bombeo de aguas residuales en Canoas que cuentan con un presupuesto oficial de US$81.164.268 dólares y ($32.799.973.422) pesos, sin que obre coordinación interinstitucional , así como una discusión técnica, académica, científica y pública sobre la pertenencia de obras que antes de tratar el recurso hídrico en torno a su descontaminación, lo que hacen es trasladar la problemática kilómetros más abajo. Esta segunda obra se encuentra suspendida y a juicio de la CGR debió ser estudiada a cabalidad antes de siquiera haberse iniciado. Ello conduce a que sin contar con la financiación de la Mega planta de Tratamiento Canoas, las aguas residuales conducidas por el sistema de interconectores terminen utilizando el desfogue de emergencia que por gravedad entrega las aguas residuales después de las compuertas de Alicachín, sin ningún tratamiento, en el Acuerdo firmado se condiciona una decisión futura de la Car sobre concesión de agua a EMGESA con el consecuente riesgo de elusión de la responsabilidad sobre la contaminación que en ese caso, no se alcanzaría a cubrir con la posible auto recuperación del Río hasta Girardot, generando una amenaza hasta para el río Grande de la Magdalena. En estos términos la Contraloría concluye que el Programa de Saneamiento del río Bogotá posee un alto grado de incertidumbre toda vez que las fuentes de financiación establecidas en el Acuerdo firmado el 22 de febrero de 2011 no cuentan con un soporte financiero, presupuestal, técnico y legal suficiente y siguen siendo las presentadas al ente de control hace más de dos años sin que se presenten fórmulas diferentes para garantizar su efectiva apropiación, ni conocer el proyecto definitivo ni las licencias respectivas. Finalmente advierte sobre el impacto a la tarifa de alcantarillado o a los excedentes financieros de la Empresa por la obra suspendida.
    • Fl. 12445, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible remite la solicitud a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Decreto 3573 de 2011.
    • Fls. 12448 a 12455, el Departamento de Cundinamarca adjunta informe de la Gerente de las Empresas Públicas del Departamento sobre acompañamiento recepción de las plantas de tratamiento de aguas residuales por los municipios, advierte que el Gobierno Nacional no ha hecho un pronunciamiento sobre el manejo presupuestal y financiero de los costos de operación de las mismas por los municipios, pues la CRA mantiene el mismo sistema tarifario.
    • Fl. 12457, el Departamento de Cundinamarca memorial anexa Plano de usos del suelo del río Bogotá con su estratificación. Ver DVD folio 12457A.
    • Fls. 12458 a 12459, el Municipio de Sibaté, allega documentación y certificaciones relacionadas con el requerimiento punto 8° del oficio de fecha 6 de septiembre de 2011, destaca PMAA que incluye colectores de aguas lluvias y del proyecto radicado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la financiación del mismo. Destaca que a través de mesas de trabajo se está concretando cronograma para que las empresas sancionadas por el bombeo de aguas contaminadas compensen con la construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales incluyendo obras de conducción, proyectado para su entrega en el año 2014. Llama la atención que del presupuesto de rentas y gastos de 2012 el municipio apropió el 3.84% con destino al sector denominado agua potable y saneamiento básico, que representa el 4.85% de los gastos de inversión.
    • Fl. 12496, el Ministerio de Minas y Energía en respuesta al oficio 9919 de 22 de noviembre de 2012, informa sobre los proyectos, recursos disponibles y vigencias asignadas a proyectos de saneamiento del río Bogotá, requisitos y cumplimiento de los mismos. Agrega que hecha la revisión de los proyectos hechos en el BPIN (Banco de Proyectos de Inversión), en los últimos años no se encontraron proyectos relacionados con el saneamiento del río Bogotá y sobre el proceso de liquidación del FNR, remitió el requerimiento a la Dirección de regalías del Departamento Nacional de Planeación, entidad competente.
    • Fl. 12499, la EAAB presenta informe requerido en auto de 15 de noviembre de 2012. Precisa que hay que diferenciar el proyecto de saneamiento del río Bogotá y el Programa de Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá, éste último es un programa interinstitucional en el cual intervienen entidades del orden nacional , departamental y municipal así como empresas privadas , cuyo objeto es la recuperación del río Bogotá y su cuenca hidrográfica desde el nacimiento en Villapinzón hasta su desembocadura en Girardot, incluye múltiples actores y diversidad de responsables; comprende restauración de páramos y cuencas altas, control de erosión, regulación de caudales, control de inundaciones, adecuación hidráulica, control de vertimientos, tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, control de la minería, control de insumos agropecuarios, etc. El tratamiento de aguas residuales forma parte del programa de saneamiento del río Bogotá y se limita a la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas PTARS y del sistema de interceptores que conducen las aguas residuales desde la ciudad o municipio hasta la PTARs. Dentro de este esquema la empresa se refiere al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
    • Fl. 12513, la EPM da respuesta requerimiento oficio 9920 de 30 nov. 2012, manejo biosólidos. Afirma que en la PTAR San Fernando se han generado entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2012, 25.277.31 Toneladas de biosólidos con un promedio de 2.527.7 TON/MES. Este volumen es directamente proporcional al agua tratada lo que permite afirmar que para el 2013 se generaran 31.242.76 Toneladas. Los biosólidos se obtienen a partir de digestión anaerobia utilizada para estabilizar los lodos producto del tratamiento de aguas residuales. El biogás obtenido se inyecta a los motogeneradores, generando en diez meses 4.565.059 KWH autoconsumidos. PTAR San Fernando $825.455.322. Gastos de Transporte: $511.548.556; espesamiento y deshidratación: $355.843.818 y consumo de energía $241.137.145.
    • Fl. 12514, el Municipio Chocontá, justifica inasistencia y responde requerimiento auto 15 nov. 2012: -Avances construcción redes acueducto y alcantarillado eje urbano; -Informe curtiembres municipio: listado Chocontá y Villapinzón entregado a la UMATA Chocontá.; -No cuenta con información sobre curtiembres en operación, cuáles cerradas, cuáles tienen plan de manejo y cuáles no.- Tampoco cuenta con censo de la población que se dedica a esta actividad ni de su caracterización económica.-Sobre las actuaciones desarrolladas para la determinación y ubicación del polígono industrial para la relocalización de curtiembres existe la Unidad de Planificación rural que además requiere aprobación de la CAR pero a la fecha no ha respondido.
    • Fl. 12516, el Municipio de Chocontá presenta informe requerimiento sobre las redes de Acueducto y Alcantarillado urbano: contrato construcción redes con recursos CAR; contrato obra 034/12 por $14.313.000 en reemplazo red de alcantarillado sanitario barrio Los Prados; redes de agua potables en CVC al 100% y pendiente la entrega de diseños PMAA que adelanta la Gobernación de Cundinamarca para luego ser aprobado por el Ministerio con el objeto de viabilizar los recursos de implementación y ejecución anexa cuadros a folios 12520 a 12529.
    • Fl. 12530, el Municipio de Sesquilé, informa sobre el contrato suscrito con el Departamento -PMA urbano, para lo cual requerirá a las EPC sobre el avance del contrato.; informa igualmente sobre el proceso de contratación del sistema eléctrico de la PTAR del municipio y el estado actual de la operación frente al hurto del transformador de la PTAR, ante la aseguradora y CODENSA para su consecución y ubicación.
    • Fls. 12531 a 12669, en atención al auto de 15 de noviembre de 2012, la Car complementa respuesta de 30 de noviembre de 2012: -Acta de liquidación contrato 735/09 COA 6579-BID "Diseños de detalle para la construcción de obras de saneamiento en los municipios Cuenca río Bogotá, paquete I" y acta de liquidación contrato 543 de 2010, COA 6925-BID "Diseños de detalle para la construcción de obras de saneamiento en los municipios de la cuenca del río Bogotá, paquete II" Ejecución: marco Convenio ATN/OC10208-CO BID (1); - Certificado del pago por el DC y los municipios de la tasa retributiva y permisos de vertimiento, anexa la correspondiente relación de pagos (2) (fl. 12543. -Plan mitigación inundaciones: Resumen Plan Acción Trienal 2007-2009; la relación de contratos suscritos Colombia Humanitaria mitigación inundaciones ola invernal (4); -Obras de dragado, adjudicación licitación pública LPN-BM-01 2011 (6); recuperación ronda del río, Acuerdos Nos. 17 y 30/09, determinan la ronda técnica del río Bogotá y las zonas de utilidad pública del proyecto (8) (ver folio 12567); -Metodología para calcular el caudal ecológico y el calculado para el Salto de Tequendama (19);- La Car no ha determinado el caudal ecológico para el sector Compuertas Alicachín-Salto de Tequendama ni adoptado metodología alguna. Viene adelantando algunos procesos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 865/04 relacionada con la metodología , índice de escasez y en el punto 3.4.2 reducción por caudal ecológico para ser tenidos en el Plan de Acción 2012-2015. -Indica que corresponde a la autoridad ambiental estudiar las condiciones particulares de sus cuencas y escoger una o varias metodologías que se ajusten a dichas condiciones y la información disponible.-La Car cuenta con una red hidrometeorológica con 150 estaciones distribuidas en toda la jurisdicción que monitorea el comportamiento de las condiciones climatológicas e hidrológicas de la cuenca. -Informe sobre los procesos sancionatorios ver cuadro fls. 12533 y 12534.
    • Fl. 12670, la Unidad Administrativa Catastro Distrital, remite copia plano catastral actualizado, loteo cauce río Bogotá, con una distancia de 300 mts a lado y lado, responde oficio 9934.
    • Fl. 12672 la EAAB da respuesta a las afirmaciones hechas por EMGESA.
    • Fl. 12678 el Municipio de Gachancipá da respuesta al oficio 9924 de noviembre 22 de 2012, allega informe estado actual PTAR municipio transferida Resolución CAR 2266 de 21 de septiembre de 2012, la cual se compone de una infraestructura física y el predio denominado Planta de Tratamiento bajo el mecanismo "APORTES BAJO CONDICION", informe sobre el contrato suscrito con el Departamento "Tratamiento aguas residuales". Vinculación al Plan Departamental de Aguas que comprometió el 60% de los recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico 2009-2034. El 15 de julio de 2009 suscribió con la EPC el Convenio de cooperación y apoyo financiero para la vinculación del Municipio de Gachancipá al Plan Departamental de Aguas. Formulación PMA: estudio, diseño y construcción red de alcantarillado San Martín, El Roble, Centro-Sector Betania y Roble Sur.
    • Fl. 12689, coadyuvante segunda instancia, María José Páez Díaz, cuestiona intervención entidades públicas audiencia y hace propuestas. Reitera argumentos memorial 5 de junio de 2012 en 183 folios y hace un cuestionamiento a la intervención de las autoridades públicas en la audiencia y a la posible solución técnica.
    • Fl. 12693, Municipio Villapinzón, i) Informe Plan Maestro: Convenio Asociación No. 236/06; contrato 039 de 22-nov-2006; Acuerdo 010/08 autorizó al alcalde a vincularse al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento -PDA-; EPC contrató la firma CONTELAC LTDA. actualización Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado; contrato CAR 745-09; mediante oficio DA-100-728 de 18-X-2012 el municipio radicó ante la CAR, estudios y diseños construcción PTAR con el fin de solicitar recursos; Acuerdo 029/09 el Concejo Municipal facultó al alcalde declarar de utilidad pública e interés social el predio o predios necesarios para la construcción de la PTAR y adelantar el proceso de adquisición de dichos inmuebles. ii) Situación de las curtiembres, corresponde a la CAR por lo cual remite el listado enviado por la CAR en lo relativo a Curtiembres de octubre de 2012; relaciona el censo de las personas que se dedican a esta actividad y las actividades que ha realizado el municipio respecto de esta misma actividad.; Presenta el trámite del Proyecto esquema OT. Aprobado por el Acuerdo 09 de 31 de agosto de 2011 adoptando polígonos de exclusión según el Acuerdo 017 CAR que regula la ronda hídrica del río Bogotá. Estudio y formulación UPR que permite el desarrollo como actividad industrial en los polígonos, distribución interna, espacios de la PTAR, relleno sanitario y demás actividades de saneamiento ambiental.; estudios futuro parque industrial dentro de la zona UPR; informe sobre la ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios (ver cuadros hasta fl. 12710 y demás anexos fl. 12745).
    • Fls. 12754 a 12798, el Municipio de Chocontá informa sobre las obras ejecutadas en saneamiento, certificación usos suelo, CD plano usos suelo y cauce del Río, copia presupuesto vigencia 2012.
    • Anexo 1. EMGESA, allega documentos requeridos, Informe fotográfico Embalse del Muña; reducción problemas sanitarios y de salubridad Municipio de Sibaté; relación empresas e industrias cercanas al embalse; alcance concesión otorgada por la CAR a Emgesa. (Resoluciones 603 /97 y 1014/98). Caudal río Bogotá bombeado embalse-Caudal Ecológico. Protocolo Compuertas Alicachín; Convenio EEB - EMGESA (ect. 97) caudales Chingaza-río Blanco; Convenio 171/07; Acuerdo de Cooperación 21-02-2011; Acuerdo 071/11 Departamento Nacional de Planeación.
    • Anexo 2, la CAR en respuesta a requerimiento auto 15-nov. 2012, marco legal: corresponde a la CAR diseñar un "Plan de Gestión Ambiental Regional" PGAR- dentro del marco de la Constitución Política, el Plan nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo Municipal, POT Departamental y POT municipal; así como de los Planes de Ordenamiento de Cuenca. Marco jurídico: CONPES 3320/04, Ley 99/93, Acuerdo CAR 043/06 y los Planes de Desarrollo 2006-2010 y 2011-2014, Acuerdo 071/07. Informe entrega PTAR municipios remitidos a la SISPD el 29 de octubre de 2010 anexo en 7 cd; Proyecto de Adecuación Hidráulica y recuperación ambiental río o componentes:-Ampliación PTAR Salitre, Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental, manejo integrado de la cuenca, administración y gerencia, recursos (ver págs. 42 y 43 de la respuesta); procesos adelantados por infracciones; actas entrega PTARS.
    • Fls. 12799 a 12986, Municipio Zipaquirá da cumplimiento de los autos de 6 de septiembre/11 y 15 de noviembre/12, ordenados en oficio 9993 de 22 de noviembre de 2012 (184 folios y un CD), CD información POMCA río Bogotá; Información manejo zonas verdes, parques, campañas de limpieza en fuentes hídricas, acciones PSMV, residuos, cumplimiento PGIRS e indicadores de calidad del agua vigencia 2012, marco POMCA río Bogotá.
    • Fl. 12987, EMCALI remite informe manejo biosólidos PTAR: manejo del producto y disposición del material. El tratamiento del biosólido se efectúa a través de: secado (solar) Sistema Green House: incremento de temperatura y aireación energía solar (efecto invernadero). Informa que actualmente se discute proyecto de norma entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente.
    • Fl. 13002, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, realiza precisiones respecto de cada uno de los requerimientos formulados: -modificación licencia ampliación y optimización PTAR Salitre , adelantar Proyecto PTAR CANOAS y EE a solicitud EAAB (Resolución 817 de 24 de julio de 1996) Fue modificada por resoluciones 577 de 12 de junio de 2000, 821 de 17 de agosto de 2000 y 362 de 8 de mayo de 2001, siempre circunscrita a la PTAR Salitre Sólo la Resolución 1929 de 1 de noviembre de 2007, a petición de la EAAB, el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Resolución 577/00 en el sentido de ajustar el Plan de Cumplimiento establecido en el artículo 2 para la ampliación a 8m3/s y la construcción de la segunda fase de la PTAR Salitre. En relación con la PTAR Canoas acorde con oficio remitido por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, No. 2420020121739 de agosto 2 de 2012, se están evaluando las diferentes alternativas para la ubicación por parte de esta empresa , pero aún no se tiene decisión definitiva sobre CANOAS, FUCHA y TUNJUELO, no se ha registrado solicitud alguna de modificación del proyecto o solicitud de licencia para la construcción de la PTAR Canoas porque la EAAB no ha adoptado la decisión técnica definitiva. Carece de competencia para el manejo de residuos sólidos -biosólidos.
    • Fl. 13004 el Departamento Nacional de Planeación, anexa respuesta requerimiento oficio 9912/12, refiere el Acuerdo 071: descripción modelo financiero PTAR Canoas, estimación fuentes identificadas: Nación -Gobernación, Fase I y Fase II.
    • Fls. 13025 a 13032, Jaime Castro, reflexiones sobre la naturaleza jurídica del pacto de cumplimiento; competencia del juez en acción popular: dar órdenes de dar o hacer, la solución técnica debe ser proferida por la autoridad administrativa competente mediante el acto administrativo correspondiente .
    • Fl. 13033, el alcalde del Municipio de Nilo, estima que el requerimiento efectuado por el Consejo de Estado es improcedente porque no es municipio ribereño del río Bogotá.
    • Fl. 13049, la empresa de servicios públicos de sopó - EMSERSOPO, refiere la implementación planes maestros de acueducto y alcantarillado; obras realizadas en el Municipio de Sopó, presupuesto destinado a saneamiento construcción y adecuación SAA.- Plano usos suelo.
    • Fl. 13062, el Ministerio de minas y Energía da alcance respuesta oficio 9919, estado liquidación FNR, adjunta oficio Directora Regalías.
    • Fl. 13070, el Ministerio de Ambiente, atiende requerimiento de acuerdo Memorando 8320-4-57783 y 8240-3-60214 Dirección Integral del Recurso Hídrico y Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio, para lo cual remite los citados memorandos.: reúso de agua Convenio 24/12 Univalle; metodología calcular caudal ecológico cuenca río Bogotá, cuenta con una versión preliminar sobre el Proyecto de Reglamentación del caudal ambiental el cual se estudiará una vez sea ajustada la metodología existente para calcular el caudal ambiental proyecto que adelanta la Universidad Nacional de Colombia; talleres socialización información sector hidroenergético; mapa zonas excluibles de la Minería Sabana de Bogotá y áreas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá. La Resolución que debe reemplazar la 1197 /04 (declarada nula por el Consejo de Estado) se encuentra en revisión jurídica por parte del Ministerio, una vez aprobado será sometida a los comentarios de la ciudadanía a través de la página WEB.
    • Fl. 13076, el Consorcio Canoas atiende requerimiento numeral 9 providencia octubre 29/12, informe actuaciones desplegadas: Pendiente de construir ITC 12 y extracción máquinas tuneladoras. Para su construcción se requiere: entrega predio INVIAS por la EAAB. Propone construcción pozo 65m de diámetro que recogería las funciones tanto de cribado como de succión en reemplazo del ITC12, pero se requiere actualizar el precio del costo directo de la época más ajuste por fórmula y el AIU del contrato, lo cual permite poner en funcionamiento el sistema mientras se construye la Estación Elevadora. A 24 de enero de 2013 no se ha tomado ninguna determinación al respecto, el acueducto no hizo entrega del predio, las máquinas están enterradas y el sistema sin posibilidad de ponerse en operación. Pendiente de liquidar el contrato. Agrega que las estructuras ITC 9 e ITC 11 No son indispensables ni necesarias para el correcto funcionamiento de la obra y para la puesta en funcionamiento del sistema en general. Adjunta acta reunión con la empresa y acta de terminación parcial contrato 1-01-25506-111-2009.
    • Fls. 13173 a 13352, el Municipio de Chía, por medio de apoderada presenta informe al requerimiento: -Cumplimiento convenio Interadministrativo 00335 29-06-2011 y contrato de interventoría obras- sobre adquisición predios; estado actual operación PTAR y plan para contratar una segunda planta para el municipio; recibo PTAR Chía 1 de la CAR el 1 de noviembre de 2012, adelanta el Plan Mejoramiento y optimización PTAR CHIA 1 incluye obras de protección contra ola invernal, realiza una caracterización técnica para conocer el estado real de la PTAR CHIA 1 pues se desconoce y no se recibió caracterización ni estado actual de la laguna; segunda PTAR informe rendido por la Secretaría de Planeación del Municipio de chía en el cual se solicita a la CAR los estudios de detalle, informe sobre los usos del suelo sector Universidad de la Sabana, zona suburbana especial y zona de ronda de ríos. Describe POT Acuerdo 17 /00; informa las actuaciones desarrolladas para la mitigación de los riesgos por inundación en el sector de la Universidad de la Sabana; las actividades mantenimiento y recuperación río Bogotá, limpieza y mantenimiento manual Convenio CAR, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía Nacional, DEVINORTE y Municipio de Chía, retiro árboles forman tambres y retiro de desechos.
    • Fls. 13354 a 13398, memorial apoderado de la EAAB, anexa documento remitido por la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB remitido a la interventoría de regalías indirectas del Departamento Nacional de Planeación, términos de referencia contratación Estación Elevadora de aguas residuales Canoas con el objeto de cumplir con el requisito exigido para el giro de los recursos FNR al Programa de Saneamiento del río Bogotá; pone a disposición las actas parciales contrato y posible acuerdo con el contratista para culminar las obras; informe técnico acciones ejecutada EAAB en cumplimiento orden impartida C. de E. levantamiento medida cautelar de fecha 4 de diciembre de 2012; respecto entrega predio INVIAS como éste cuenta con licencia de intervención del espacio público es viable continuar con la obra de saneamiento; no ha sido posible lograr acuerdo sobre la solución técnica de la propuesta del Consorcio Canoas del Pozo de 65 mts no es más económica. Sí se requiere la construcción de los ITC 9 y 11 para mayor ventilación y mantenimiento del túnel y además el ITC 9 se requiere como futura conexión para captar aguas residuales del sector, situación contemplada en los diseños presentados y no objetados por la interventoría; trámite ocupación cauce sector El Charquito se radicó ante la CAR permiso ocupación cauce permita finalizar la estructura de entrega del TE y el interceptor T-C, a la espera respuesta CAR. El 16 de enero de 2013 la EAAB solicitó el informe sobre la actualización del trámite sin respuesta todavía. Pone de presente que la empresa no ha realizado obras por fuera de lo permitido por la autoridad judicial que puedan impedir fallo de segunda instancia.
    • Fls. 13418 a 1424, la Gobernación de Cundinamarca, presenta informe epidemiología áreas que circundad la cuenca del río Bogotá y sus afluentes
    • Fl. 13663 a 13669 Acta de reunión de comité de Verificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Fl. 13671, la Contraloría General de la República, anexa resultados auditoría de gestión sobre el río Bogotá intersectorial y articulada.
    • Fls. 13672 a 13704, memorial Ministerio de Minas y Energía. Anexo 1 Auditoría Especial sobre la gestión río Bogotá, intersectorial y articulada. La Contraloría presenta la problemática general del río Bogotá, relaciona los documentos CONPES 3320 y la Política Nacional del Recurso Hídrico. Concluye: -Incumplimiento de las políticas es generalizado; -No se ha definido priorizaciones; no se cumple el PSMV (Resolución 1433/04 y 2145/05); falta armonización de los instrumentos regulatorios del recurso hídrico; falta coherencia en los planes de desarrollo municipales. Se hace necesario aplicar el instrumento denominado "caudal ecológico y ambiental" para garantizar la sostenibilidad de la cuenca pues en gran parte del país los derechos de agua se encuentran otorgados.
      Propuesta: 1.- Gobernanza del recurso hídrico en la cuenca, entendido como un proceso formal e informal de interacción entre actores para la conducción de una sociedad. Integrado por reglas y procedimientos que configuran un marco institucional en el cual los diversos actores tienen que operar. Permitiría suplir la inexistencia de un organismo de la cuenca con suficiente sustento legal para gerenciar la misma.
      En minería, advierte sobre los pasivos ambientales y el riesgo de incrementarlos por la minería que se desarrolla a lo largo de la cuenca, que además origina conflictos por contaminación por la explotación o usos del suelo lo cual se refleja en el POT de algunos municipios; falta coherencia entre la normatividad ambiental y la normatividad minera lo cual genera diferencia de criterios que a su vez da lugar a desconfianza entre los empresarios mineros y la población en general, así como en la necesidad de realizar acciones correctivas y preventivas; no existen estudios evalúen el impacto de la actividad minera y su incidencia en la calidad del agua (ejemplo la minería a cielo abierto impacta aire y agua); se trata de una minería de subsistencia que plantea de por sí una problemática social compleja.
    • Fls. 13717 a 13756, la señora María José Páez Díaz, coadyuvante, reitera argumentos coadyuvancia, incorpora acta visita técnica realizada por el comité de verificación creado en primera instancia, propone la alternativa de Carboneras como de menor impacto ambiental Municipio de Soacha.
    • Fls. 13769 a 13772, Acta Comité Verificación.
    • Fls. 13847 a 13871, Acta original visita 13 febrero de 2013
    • Fl. 13938, el Municipio de Chocontá presenta respuesta al requerimiento oficio 537.

    VIII.3. RECURSOS DE APELACIÓN

    • Fls. 6540 a 6578, memorial suscrito Procurador Tercero Judicial II Administrativo, sustenta recurso apelación.
    • Fls. 6587 a 6588, Sociedad Stanton & Cia. S.A., recurso apelación adhesivo.
    • Fls. 6611 a 6617, memorial Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, sustenta recurso apelación.
    • Fls. 6619 a 6622, memorial ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y otros, recurso de apelación sentencia.
    • Fls. 6626 a 6637, la sociedad Bogotana de Aguas sustenta el recurso de apelación.
    • Fls. 6638 a 6642 sustenta recurso apelación ACURTIR.
    • Fls. 6652 a 6657, memorial Jorge Enrique Cuervo Ramírez, sustenta recurso apelación.
    • Fls. 6658 a 6706, la CAR sustenta recurso de apelación. Adjunta documentos poder y Plan de Acción Trienal de la Car (fls.6707 a 6960).
    • Fls. 7028 a 7030, memorial Sociedad Stanton & Cía. S.A. sobre los recursos interpuestos contra la sentencia y su complementaria.
    • Fls. 7031 a 7033, memorial sustenta recurso Sociedad Stanton & CIA. S.A.
    • Fls. 7034 a 7035, memorial municipio Mosquera recurso de apelación.
    • Fls. 7036 a 7037, Papeles y Corrugados Andina S.A., respecto a los recursos interpuestos en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2004.
    • Fls. 7038 a 7042, memorial Municipio de Sopó sustenta recurso de apelación.
    • Fls. 7043 a 7049, memorial Municipio de Cota sustenta recurso apelación.
    • Fls. 7056 a 7071, memorial Sara Mariela Párraga, recurso apelación sentencia.
    • Fls. 7072 a 7085, memorial procurador judicial amplía razones memorial recurso apelación.
    • Fls. 7086 a 7124, memorial DNP-FNR, apelación sentencia.
    • Fls. 7129 a 7135 sustenta recurso apelación Municipio de Cajicá.
    • Fls. 7151 a 7161 sustenta recurso apelación Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
    • Fls. 7175 a 7184, apelación Municipio Gachancipá, anexos fls. 7185 a 7187.
    • Fls. 7188 a 7209, apelación Alfonso Pérez Preciado.
    • Fls. 7386 a 7417, Fundación Amigos del Planeta amplía recurso de apelación, adjunta en 59 folios el estudio denominado "Planteamiento de alternativas para el mejoramiento de la calidad ambiental del Embalse del Muña, Universidad de los Andes-EMGESA-EEB-EAAB, 2003" resumen ejecutivo; en 24 folios estudio "Evaluación de costos de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales del proyecto de saneamiento del río Bogotá, Carlos Alberto Giraldo, mayo de 2003"; en 27 folios Propuesta de estudio de la Universidad de los Andesa EMGESA, EAAB y EEB denominada "Definición y valoración técnica de alternativas de sectorización, operación y manejo y modelación hidrodinámica y de calidad del agua del Embalse del Muña, Propuesta técnica y económica, Universidad de los Andes, octubre de 2004"; estudio denominado monitoreo y diagnóstico de la calidad del río Bogotá analizando aspectos biológicos y de sus impactos sobre la salud" contratado por la EAAB a la Universidad Javeriana, no se anexa solicita requerirlo. Fotocopia en 10 folios de los derechos de petición elevados ante la CAR y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la Fundación Amigos del Planeta y dos respuestas recibidas. Fotocopia del Decreto No. 1449 expedido por el Presidente de la República en tres folios; 4 folios requiriendo a las autoridades ambientales y de control sobre si el decreto se encontraba vigente; 7 folios de respuesta a los referidos requerimientos que ponen de presente la vigencia del decreto 1449; respuesta del MAVT sobre el derecho de petición vigencia del decreto 1449: respuesta del DAMA en 1 folio mismo requerimiento; respuesta de la CAR en un folio; respuesta en 26 folios Acuerdo 16 de 1998 CAR. En 45 folios respuesta Resolución 583 de 1999 MA y en 42 folios Resolución 1869 de 1999 MMA; en 67 folios Política Nacional para humedales interiores de Colombia, MMA, julio 2002; en dos folios derecho petición y en 4 folios respuesta del Ministerio del Medio Ambiente Documento Técnico Interinstitucional sobre el manejo de los humedales del distrito Capital entregado a la Fundación en 12 folios, sin fecha. (fls. 7418 a 7707).
    • Fls. 7709 a 7745 memorial sustenta recurso de apelación la EAAB por medio de apoderado.
    • Fls. 7246 a 7773, recurso de apelación Ministerio de Minas y Energía.
    • Fls. 7774 a 7780, apelación, anexa documentos acreditación representación legal, fls. 7781 y 7782.
    • Fls. 7783 a 7790, solicitud de intervención de la sociedad Constructora Palo alto y Cía S. en C.
    • Folio 7801 a 7809, memorial en 9 folios alcalde Municipio de Zipaquirá, recurso de apelación.
    • Fls. 7866 a 7873, el apoderado de la EEB adhiere apelación interpuesta sentencia primera instancia.
    • Fl. 8869, memorial apoderado de Alpina, ETERNIT, PELDAR entre otras, solicita declarar la nulidad de la vinculación al proceso de la referencia de las industrias representadas, de no proceder se exonere a las sociedades Cristalería Peldar S.A. y Refisal S.A. pues no se resolvieron las excepciones propuestas y que se revoque la condena en costas.
    • Fl. 9094 informe secretarial memorial apoderada aseguradora Colseguros S.A. pone de presente que la sentencia en la parte considerativa de la sentencia pág. 442 acoge la excepción presentada y en la parte resolutiva numeral 7 pág. 493 niega el llamamiento en garantía razón por la cual la sociedad se encuentra desvinculada del proceso la sentencia no fue apelada por la entidad asegurada luego la decisión se encuentra en firme.

    VIII.4. AUDIENCIA PREVIA A FALLO

    Se verificó el 14 de noviembre de 2012, una vez fueron citadas las partes; se adjuntó al proceso la grabación de la diligencia en el CD. La diligencia se desarrolló con la intervención de los representantes de las entidades que en su orden se relaciona a continuación:

    La Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, la Corporación Autónoma Regional -CAR, la Empresa de Energía de Bogotá -EEB, EMGESA S.A., el Municipio de Soacha; la Corporación Girardotemos, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y el Municipio de Villapinzón.

    Instalada la audiencia por la Doctora Elizabeth García, Presidenta de la Sección Primera del Consejo de Estado concedió la palabra al Doctor Marco Antonio Velilla, Consejero Ponente, quien puso de presente que la diligencia de audiencia de la acción popular del río Bogotá tenía por objeto tratar de resolver un tema técnico y con el mismo propósito se constituyeron además del estudio del expediente, grupos de reflexión con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Así se han trabajado los temas técnico, financiero y jurídico-financiero, sin comprometer a las personas que en ellos intervinieron, las cuales permitieron hacer los requerimientos a las instituciones involucradas en el proceso, los mismos que, en su gran mayoría, han sido respondidos y que se espera complementar con la información presentada en la audiencia para definir el proceso. Solicitó igualmente el Consejero Ponente precisión y, reiteró la importancia de los aportes que se hicieran en la audiencia como fundamento de la decisión, una vez leídos los alegatos de conclusión.

    VIII.5. INTERVENCIONES

    VIII.5.1.- EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

    El Departamento de Cundinamarca puso de presente que ha venido cumpliendo con las obligaciones impuestas en la sentencia de primera instancia, de conformidad con sus competencias (adjunta igualmente documento soporte).

    Destacó las actividades desarrolladas así:

    • Por la Secretaría de Salud: el control de plagas, el levantamiento de información sobre morbilidad, y demás factores de riesgo para la salud.
    • Por Planeación Departamental: directrices impartidas por la Secretaría de Planeación para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, así como la gestión sobre los usos del suelo en 12 municipios.
    • Por la Secretaría de Agricultura: Se expidió el Decreto 064/10, relacionado con las Plantas de beneficio animal: así se cuenta con 16 plantas regionales en funcionamiento; Igualmente expidió la Circular 043 UMATAS, que establece la normativa y acciones a desarrollar.
    • Por las Empresas Públicas del Departamento:

      a) Saneamiento Básico. Ha sido la entidad gestora del Plan Departamental de Aguas; cofinancia proyectos inicialmente para Obras Públicas, alcantarillado y acueducto. Una vez se crean los PAP, se han hecho inversiones en los municipios de la Cuenca.

      - Se ha destinado la suma de $8.652 millones de pesos en pre-inversión para los municipios de Chocontá, Guasca, La Mesa, Sopó, Sesquilé, entre otros.

      - En acueducto y alcantarillado, ha invertido la suma de 119 mil millones, lo cual ha beneficiado a 16 municipios.

      b) Saneamiento básico rural: Ha invertido la suma de $1.376 millones de pesos en construcción de unidades sanitarias en los municipios de Anolaima, San Antonio de Tequendama y el 90% ya están ejecutadas. Manejo de Residuos Sólidos: Se han entregado $1.376 millones de pesos a cinco municipios.

    • Por la Beneficencia: se ha entregado la suma de $8.218 millones de pesos en cuanto al componente institucional del PDA de 2012, se apropió la suma de mil millones de pesos para el diagnóstico de los operadores de acueducto y aseo, así como para conocer situación actual y tomar las medidas correctivas del caso.

    Componente Ambiental: CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA realizan conversaciones con la CAR para que se vincule al PDFA con miras a aunar esfuerzos para elaborar el Plan Departamental de Aguas, en el cual se incluyan mayores inversiones para los municipios ubicados en jurisdicción de la CAR.

    Para el año 2012 aspiran contar con recursos para adelantar los proyectos, otros ya han sido viabilizados por ventanilla y otros autorizados para contratar en varios municipios de la Cuenca.

    El Departamento asumió por virtud del Acuerdo de 21 febrero de 2011, hacer un aporte de $3.180 millones de pesos para la PETAR Canoas, no incluyen los recursos del Sistema General de Participaciones de Soacha por la falta de inicio de obras, razón por la cual estos ingresos fueron destinados a otras inversiones. Sin embargo, a través del Fondo Nacional de Regalías se consiguieron recursos para la construcción de los colectores en Soacha, se gestionó el proyecto y el 8 de octubre de 2012 se adjudicó el contrato; en los próximos días se construirán los colectores para conducir las aguas a la PTAR al sitio correspondiente.

    VIII.5.2. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

    Manifestó que realizará una breve intervención con el objeto de hacer un resumen de las actividades adelantadas por el Gobierno Nacional y desarrolladas en el marco del proyecto:

    El CONPES 3177, priorizó la cuenca del río Bogotá; en el año 2004, en la sentencia de primera instancia se establecieron obligaciones para el saneamiento del río Bogotá, al Gobierno Nacional y a otras entidades públicas. El CONPES 3320 estableció la Estrategia para el río Bogotá. Igualmente, la Cuenca del río Bogotá ha sido priorizada en las leyes del Plan de Desarrollo: 2006-2010 y 2010 2014, comprende este proyecto al Distrito Capital y a los 41 municipios de la Cuenca. Pacto Cumplimiento incluyó la alternativa de construcción de la PTAR Canoas acorde con los estudios realizados desde el año 2000 y con soporte en el Acuerdo 171, suscrito por la EAAB y la CAR: Construcción PTAR Canoas y Estación Elevadora; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tramita Licencia: 15-X-2009 EAAB: solicita modificación licencia dos componentes ampliación PTAR Salitre y construcción PTAR CANOAS; posteriormente se produjo el cierre financiero: El Acuerdo aseguraba 1a fase y 2a fase. Acciones: Gobierno Nacional y el FNR harían un aporte de $120 mil millones para la primera Fase (Acuerdo 071 de 2011); Por el Convenio 907 de diciembre de 2011, se acordó financiar la Estación Elevadora en CANOAS y su operación a cargo de EMGESA. (Acuerdo 03 de 2011 Canoas).

    En diciembre de 2011 se comprometieron recursos y vigencias futuras. El DC tuvo que cumplir requisitos técnicos, se tramitó la adquisición del lote.

    Estos recursos son de destinación específica y para su desembolso se requiere presentar el proyecto técnico y si se modifica la destinación de los recursos ellos tendrían que volver al presupuesto nacional.

    Se requería para ello, constituir el encargo fiduciario. El Ministro Vargas se declaró impedido y se designó al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se hizo un desembolso por 21 mil millones de pesos y un saldo contra avance de obra quedando como reserva presupuestal y para el 2013 treinta mil millones para asegurar el cierre financiero. (Presentación del Ministerio de Vivienda), recursos sujetos a la forma como está planteada la solución técnica.

    VIII.5.3. LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

    A través de su apoderado, se refirió a tres temas puntuales en este estado del proceso, no sin antes recordar que los informes relacionados con las obras ejecutadas desde la judicialización y con las observaciones técnicas hechas por la actual administración de Bogotá, reposan en el expediente. Igualmente se harán observaciones en la oportunidad procesal de alegatos de conclusión.

    Esta acción popular es paradigma de las acciones populares en Colombia por los derechos colectivos invocados como vulnerados, los aspectos procesales sobre los cuales se han tomado decisiones que a su vez han sido objeto de debate y análisis por la Academia; los temas procesales y sustanciales tratados en estos términos van a marcar un hito de cómo se van a enmarcar estas acciones que hacen parte de un arsenal de herramientas constitucionales. Refiere una publicación de la Universidad del Rosario que hace relación a este proceso y que considera que más allá de una Política Pública, la sentencia de primera instancia modificó el concepto de los derechos colectivos, con efectos económicos relevantes.

    Destacó asimismo el concepto sobre la concurrencia en la producción del daño y la responsabilidad, atribuida a varias entidades públicas. Ello para destacar que finalmente quienes van a responder son los ciudadanos frente a los altos costos, razón por la cual debe hacerse una ponderación y proporcionar esas responsabilidades; la apelación que se dio en el año 2005 hacía referencia a los tiempos y a las cargas financieras sin dejar de comentar que ya hay hechos superados como el interceptor Tunjuelo-Canoas y del esquema técnico inicialmente pactado, de acuerdo con las observaciones técnicas de la actual administración. Son tantas las autoridades involucradas que el papel del juez será la de coordinar su ejecución.

    En este esfuerzo por definir el grado de corresponsabilidad de las entidades y que afecta el bolsillo de los ciudadanos, el Convenio 171 tiene importantes elementos: - Forma de distribuir las cargas, conducta de las partes involucradas y su responsabilidad, no hay duda de que se trata de un problema catastrófico.

    Cuando la sentencia dice que se vuelva al estado de cosas a su estado anterior, entiende que es descontaminar el río Bogotá para lo cual se requiere hacer una reflexión de carácter histórico. Bogotá se fundó entre dos quebradas. En la Legislación de Indias están las instrucciones de por qué allí debía fundarse la ciudad, el agua debía fluir hacia las dos quebradas y de ellas hacia el río Bogotá. La responsabilidad es de la CAR, la EAAB, del DC es de todos y deja constancia de que las entidades han hecho esfuerzos y que si no se han obtenido resultados no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos.

    VIII.5.4. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

    Señaló que desea realizar algunas reflexiones sobre el fallo de primera instancia y comentar ciertas de las acciones emprendidas por la CAR, puesto que para la actual administración la descontaminación ocupa un primer lugar. Encuentra necesario ir a las causas y entonces refiere: 1.- Aguas residuales domésticas urbanas, rurales, industriales, mineras y agropecuarias. Para ello la CAR ha querido fortalecerse en su accionar como vigilante del control y seguimiento de las actividades que adelantan los particulares que afectan los recursos naturales.

    Aguas residuales domésticas: Empresas prestadoras tienen la obligación legal de dar tratamiento a las aguas residuales de su respectiva jurisdicción, por lo tanto cada una deberá asumir la responsabilidad que les corresponde. Hoy 21 municipios operan las plantas y la CAR ejerce el control y vigilancia así como la labor de cofinanciar los proyectos en Villapinzón y Gachancipá que no cuentan con PTAR e inversiones por $41 mil millones de pesos para cofinanciar con recursos provenientes de las tasas retributivas y con recursos propios; pero la CAR sigue preocupada porque no hay una política nacional clara, sólo con señalar que vía tarifa están dadas las soluciones sin tener en cuenta que la mayoría de municipios tiene categoría sexta y nunca van a contar con los recursos necesarios. Tampoco hay claridad por parte de los Ministerios de Hacienda y Vivienda, por el contrario, hay leyes contradictorias. La Ley 99 de 1993, exige el control sobre los vertimientos pero a los municipios los autoriza a realizar planes de saneamiento y por lo tanto, a que sigan contaminando. En relación con los plazos, son los previstos en los procesos de Planificación y en el Convenio 171, empréstito Banco Mundial primer trimestre 2013, adjudicado con inversiones exclusivas de la CAR pero ello implica ser socio del municipio para el manejo de aguas residuales cuando es responsabilidad del municipio, contrariando la norma. Se habla del horizonte de la construcción de la PTAR Canoas para 10 años y la solución no se puede dilatar ya que si se le exige a los municipios, no se puede esperar menos del Distrito Capital que cuenta con recursos.

    Sobre el tema de mataderos a cargo de las entidades territoriales, tampoco se ve una política clara desde el Gobierno. También estima que vale la pena tener en cuenta el tema aguas residuales curtiembres, preocupa la obligación contenida en la sentencia y no podría financiar una actividad económica privada que se apoya a través del IDEA Producción más limpia, hacer productivos los residuos y disminuir los efectos ambientales pero exigir a la CAR una infraestructura para producción más limpia como autoridad ambiental es una orden que debe revisarse.

    En cuanto al plazo de cuatro meses para el control de la actividad minera, no es posible lograr la restauración, porque el término para ello lo dan las condiciones morfológicas del terreno.

    La sentencia ordena una sola red hidrometeorológica, la CAR tiene una a la cual se le han invertido altos recursos, ha sido importante para la toma de decisiones y seguimientos puntuales respecto de las empresas de la cuenca alta, entregar la red al IDEAM los pone en dos situaciones difíciles posible detrimento patrimonial y no contar con herramienta.

    No es función de la CAR reubicar familias en zonas de riesgo o de ronda porque ello es una función policiva; en el CONPES 3320 se reconoce esta función a los Ministerios.

    Reiteró la voluntad de la entidad en trabajar por el tema. A través de seguimiento a los POT, a los modelos de desarrollo y al crecimiento, pretende que ellos no se realicen con desconocimiento de los pasivos ambientales.

    La Ley del Plan de Desarrollo estableció con destinación específica el 7.5% sobre el recaudo del predial de Bogotá para la adecuación hidráulica del río. Si bien ya fue adjudicado el primer tramo, también hay que financiar las PTAR Salitre y Canoas, lo que implica amarrar a la Corporación.

    VIII.5.5. LA INTERVENCIÓN HECHA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ

    Se preguntó, en primer lugar, por qué fue vinculada a este proceso. Señaló, al respecto que, en primer lugar, la represa del Muña es un activo que fue construido por la empresa, pero luego fue enajenado a EMGESA. Tampoco contamina; por el contrario, en el proceso de turbinaje, lo que hace es descontaminar. Inicialmente, la empresa fue vinculada y condenada en proceso conocido por la justicia ordinaria, decisión que fue ratificada por el Tribunal en sentencia que fue honrada y cumplida a cabalidad en el Embalse del Muña y la población de Sibaté. Posteriormente, fue vinculada al proceso Moya Ángel, conscientes de que fueron propietarios del Embalse y por lo tanto cabría una responsabilidad por el uso del embalse. Para examinar la contaminación del Río contrataron un grupo de expertos y en el año 2003 dieron una fórmula acogida en su totalidad y en el 2005 se ajustó y hoy es un pacto de cumplimiento con EMGESA juicioso y con respaldo científico suficiente que hace que hoy el EMBALSE cuente con un espejo de agua recuperado en conjunto con EMGESA, la EAAB y la EEB y tuvo un logro positivo. Se continúa con la labor de mantenimiento, en eso se está y hay preocupación por los temas ambientales, siempre estarán dispuestos a honrar la sentencia por su importancia en el tema ambiental; en lo que concierne a la empresa continúan cumpliendo con el pacto y conscientes de la responsabilidad histórica que les corresponde. También como lo señaló el Dr. Medellín esta sentencia va a fijar un cierto norte en el tema jurisprudencial y será una orientación para todos los juzgadores de Colombia en este tema, a la espera por lo tanto de estas decisiones para hacer conciencia del tema ambiental que es trascendental y precisar que la empresa tiene que ser consciente de ello.

    Hoy la EEB no es dueña y por lo tanto deberá ser tenido en cuenta para efecto de la proporcionalidad en las decisiones. Agradece el espacio de audiencia y manifiesta que la EEB está presta a honrar la sentencia una vez sea expedida.

    VIII.5.6. EMGESA

    A través de su representante legal, expresó su agradecimiento por permitirle compartir reflexiones en el complejo proceso de descontaminación del río Bogotá. La mejor forma de encontrar la solución es conocer su origen y el problema mismo. El origen es el no tratamiento de aguas que se vierten a lo largo de toda su cuenca. Como EMGESA no vierte, no contamina. Opera desde 1997 todos los activos del río. En la gráfica quiere destacar su ubicación, y destaca que en su cuenca baja al final del tubo, recibe las aguas contaminadas. Insiste en que la contaminación es de aguas y EMGESA solo las utiliza en su cuenca baja. Hoy, al hacer un análisis de lo que sucede en el Río, el 85% de la contaminación proviene de la cuenca media con 185 mil toneladas de descarga. Está vinculado porque administra el Embalse pero mientras no haya solución tampoco el embalse la tendrá porque las aguas se utilizan después de que viene del cauce. El proceso de generación es un proceso limpio pero si se encuentran afectados sus empleados y las máquinas por localidad del agua. Han sido vinculados en la AP Moya Ángel por el embalse, nunca por el tema de contaminación del río Bogotá y hoy es esta la problemática. El fallo de primera instancia recoge el pacto de cumplimiento presentado por EMGESA. En cumplimiento del mismo han desecado el 15% del embalse, construido el dique para separar las colas del embalse, se retiraron toneladas de buchón, disminuido 99.96% la afectación por zancudos y se ha realizado el monitoreo de calidad del agua. El único punto con oxígeno disuelto es el Embalse del Muña. FOTO antes y hoy.

    1ª- Conclusión, EMGESA no ha estado vinculado por contaminación del río Bogotá sino por el Embalse y cumplió con lo acordado en Pacto de Cumplimiento.

    2ª- Se utiliza el agua del embalse y se devuelve el agua al río Bogotá a través del sistema Paraíso-Guaca que genera el 8% de la demanda nacional de energía; sí utiliza el agua para generar energía, pero ante la imposibilidad de controlar la calidad del agua son un doliente más, las soluciones que se apliquen tienen que ser compatibles con la generación de energía porque se podría generar un problema eléctrico, así lo recoge el Conpes 3320. Siempre han buscado hacer compatible la generación de energía con el tratamiento.

    3ª- Ha habido mucha información, hoy la solución que se ha planteado es la ampliación PTAR Salitre, la construcción de interceptores y de una planta de tratamiento con la necesidad de una Estación Elevadora porque los interceptores llegan a 40 mts sobre el nivel del suelo entonces si se instala sobre esa superficie se requiere de ella; no es cierto que sea únicamente para la energía sino que forma parte de la solución, así se hizo el acuerdo en 2011 y se recogió la suma de $332 mil millones de pesos y que no hacen parte de la tarifa. EMGESA va a hacer el mantenimiento de la Estación Elevadora y a contribuir con la suma de $84 mil millones de pesos con lo que se compatibiliza este propósito. Esta solución ya está avanzada, se han hecho los interceptores ya previstos y estas obras hay que hacerlas compatibles. De lo contrario es partir de cero con nuevos estudios para establecer la solución, por lo tanto ella es una solución óptima.

    Reflexiones finales: EMGESA, reitera, no aparece vinculada en la contaminación del río Bogotá, por ello no debería ser condenada. No existe nexo de causalidad entre el daño y la conducta de EMGESA quien ha cumplido el fallo y ahora no se le pueden imponer cargas con su aporte de los 84 mil millones de pesos y su operación, no puede condenársele ni ser declarada responsable. No son parte de las acciones iniciadas, por lo tanto, solicita se confirme la decisión de primera instancia.

    VIII.5.7. EL MUNICIPIO DE SOACHA

    A través de su representante judicial indicó que a raíz de la problemática del río Bogotá y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para este propósito a través de gestiones con el Dpto. en el año 2000 logró la elaboración Plan Maestro del municipio, cofinanciado por el Departamento el municipio y la EAAB; desde entonces se ha venido construyendo el sistema de alcantarillado teniendo como referencia este plan maestro. El Municipio se obligó a construir el sistema TIBANICA, red principal que hace parte de la cuenca sector oriental de bastante carga de aguas servidas que contribuyen con la contaminación. Cofinanciado con el Departamento y el Ministerio de Ambiente 2000-2001 y el Municipio. Entonces dio cumplimiento a este punto. Prestar colaboración con el apoyo de otras entidades involucradas para el desarrollo de proyectos con el fin de descontaminar el río Bogotá, entre ellas la de facilitar a través de la declaratoria de utilidad pública los corredores para el sistema Canoas y el predio para la construcción de la PTAR Canoas, esto se logró y el trámite fue realizado. De otra parte, acorde con estos compromisos, la administración de Soacha para resolver el problema ha venido desarrollando el sistema de redes de aguas lluvias y aguas hervidas paralelas al trazado Tunjuelo Canoas para ser conducidas a la planta de tratamiento. En el esquema se puede ver la infraestructura ya construida, redes principales y red final TIBANICA a entregar después de Tunjuelo-Canoas. Tibanica entregaba al Tunjuelo y éste al río Bogotá. También se han construido redes principales dirigidas al interceptor T-C que inicialmente caían al río Soacha y a su vez al río Bogotá. En lo que respecta a la cuenca occidental se han construido una serie de redes principales conducidas por el mismo trazado T-C inicialmente caían a un humedal y luego al río Bogotá. Con estos sistemas se pretende dirigirlas al sistema T-C. Destaca que se han hecho con escasos recursos pero ante todo con el interés de proteger el medio ambiente. Con recursos propios y con la cofinanciación del departamento. Hacia 2006 (proyectos del cuadro) y 2006-2010, los proyectos superan los once mil millones de pesos encaminados a entregar aguas servidas T-C y luego a la PTAR Canoas para ser descontaminadas.

    Es muy importante aclarar que el sistema T-C es un sistema que fuera de que conduce aguas hervidas del DC y las del Municipio de Soacha las conduce para ser entregadas a la PTAR Canoas. La PTR Canoas contempla los caudales del Municipio de Soacha. Por lo anterior y haciendo un resumen de los recursos con que cuenta el municipio se nota el inmenso esfuerzo de realizar obras para dar cumplimiento al fallo que obliga a las partes con este fin. Hace un resumen de un caso presupuestal de 2012, costos contra ingresos para señalar que tan solo le quedan $500 millones de pesos del presupuesto para reparaciones de alcantarillados y acueducto a cargo del municipio, cifra ínfima, que de ser excluidas las aguas del Municipio de Soacha sería imposible para el municipio cumplir con el objetivo de descontaminar el río Bogotá.

    VIII.5.8. EL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS DEL RÍO BOGOTÁ

    Con fundamento en el Decreto 2811 de 1974, reclamó para los usuarios y residentes del río sometidos a un riesgo aceptable a vivir y compartir los riesgos del río Bogotá. En su condición de miembro del Comité de vigilancia como se han llevado las cosas, no se resolverá el problema si no se toman las medidas. En 1992 se instauró la acción, 20 años después el Río sigue con las consecuencias desastrosas. No se están cumpliendo los propósitos de la Constitución Política y la ley. El señor Moya planteó una acción en la cual se pretendía se declare como consecuencia del vertimiento de aguas negras de la EEB, que se han producido daños a la comunidad de Sibaté, se hablaba del Muña entonces cuando habla del riesgo aceptable: probabilidad de sufrir un daño. En una muestra de los municipios de la cuenca del río Bogotá afectada por los compuestos volátiles, no por el contacto y la ingesta del agua. Los casos por afectación son 4784 casos por cada cien mil habitantes, le sigue el Municipio de Apulo con 3776 casos y en ese orden El Colegio municipio muy próximo, descarga en el Embalse del Muña Cadena Pagua propiedad de EMGESA, y otros, que sin tener conexidad con el Río por su ubicación y corrientes de aires se movilizan los compuestos volátiles los cuales producen cáncer por influencia grave sobre la salud de las personas. Se ha dicho que el CONPES 3320 se equivocó al decir que el alto impacto justifica la necesidad de contaminar con el bombeo de estas aguas del Río al Embalse del Muña. ¿Miente? ¿Tiene la razón EMGESA? El fallo califica como catástrofe ecológica y lo mucho que le duele el padecimiento de quienes viven allí, citado núm. 6.4.12 y declara: Aunque el Municipio de Sibaté está viéndose afectado por el represamiento también es responsable de su degradación, prometiendo siempre que se va a resolver y no lo han hecho. En el numeral 6.23.3 de la sentencia se afirma que EMGESA no es responsable, entonces la interpretación dada a la contaminación alegada no es la del rio sino la del embalse. Antiguamente la cadena iba por el cauce del rio y no se bombeaba. Es necesario que se tomen las medidas y soluciones que cuesten menos a la ciudadanía, y sean las más convenientes a los intereses de la comunidad; la población paga por la prestación del servicio. No quieren esperar otros veinte años para que se resuelva el problema del río Bogotá.

    VIII.5.9. MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

    A través del alcalde hizo un resumen de actividades que ha realizado en el municipio en compañía con el Departamento y la CAR pero, además, pretende hacer algunas precisiones.

    El Municipio de Villapinzón desde 1992, ha logrado con recursos de la CAR y del Departamento a través de proyectos y convenios, comprar terrenos de reserva ilegalmente ocupados. En el nacimiento del río se habría encontrado que a 300 mts de la laguna en medio de un valle que tiene un colchón de agua, sistema muy vulnerable, se habrían encontrado una serie de viviendas en las cuales se sembraba papa, entonces se adquirieron más de dos mil hectáreas. Además, con el objeto de recuperar la flora nativa, se han encerrado los predios y el camino de límite entre Cundinamarca y Boyacá para impedir el paso hacia estos terrenos para cortar leña. También para cuidar los predios se cuenta con guardabosques quienes han presentado denuncias y se han hecho requerimientos a quienes realizan actividades de pastoreo y cultivo de papa. Hacen parte del Plan Departamental de aguas, se inició el plan de alcantarillado de Villapinzón, a raíz de la ola invernal. A pesar de ser el primer Municipio de la cuenca, hasta ahora está direccionando la construcción de su PTAR y acudido al Ministerio de Ambiente para financiar el acueducto y con un presupuesto anual de $9.400 millones de pesos, para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al municipio que sólo para construir la PTAR se llevaría todo el presupuesto. En la tercera etapa la CAR va a financiar su construcción. Dentro de las actuaciones adelantadas por el municipio. Allega documento. Agrega que tiene las funciones delegadas por la CAR, ordenando cierres definitivos y temporales de las curtiembres a través de las autoridades de policía a 51 curtiembres. Hay una en la cual derivan su existencia más de cinco mil personas, razón por la cual acabarlas es muy difícil, entonces se les ha solicitado planes de manejo a través de mesas de trabajo se ha buscado solución a la problemática. Cierres definitivos: 12 a través de la autoridad de policía. Hay un aspecto que hace difícil esta situación, porque no es viable su aprobación según lo prevé la Resolución 76 Inderena, según la cual las zonas con una altura de 2650 mts constituyen zona de reserva forestal, luego 47 municipios los cobija esta medida y entonces el 90% es reserva forestal pero la resolución solo salió hace dos años y se han sacado esquemas de ordenamiento territorial definiendo de manera amplia las zonas de protección y ahora la resolución define la zona de reserva que significa que solo se contaría con el casco urbano y las escuelas porque con una población que vive de las curtiembres no serviría al medio ambiente porque hay empresas interesadas de emplear sistemas pero la alcaldía no las puede aprobar se ha solicitado excluir algunas zonas de reserva pero el procedimiento es muy demorado entonces los curtidores van a seguir contaminando cuando el municipio ya podría haber solucionado el problema. Villapinzón ha aprobado los permisos donde no es zona de reserva. Por último el Ministerio de Minas está aprobando concesiones para la explotación minera en zonas que superan los 2800 mts de altura y luego dejan la problemática a los alcaldes; luego antes de aprobar se debían tener en cuenta las zonas de especial protección.

    VIII.5.10. MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

    Por medio de apoderado judicial, Dr. Jorge Sarmiento quien en representación del alcalde, indicó que a través de las acciones tomadas, busca responder necesidades y problemas ambientales, concretamente, hace referencia a los resultados en términos de inversión a nivel de saneamiento básico, PTAR, pozos profundos e inversiones por valor de trece mil millones de pesos en nueve años. El problema está asociado a los vertimientos si se controlan y mitigan va a haber una respuesta correlativa. En zonas rurales, pueden determinarse en una magnitud y otra respecto de los urbanos con mayor índice de contaminación, como lo es el río Bogotá. Es importante verlo como una serie de elementos topográficos que benefician la calidad del rio. El municipio ha comprado en zonas de recarga acuífera en donde la agricultura ya no se está realizando. Igualmente, con la conservación de bosques nativos en términos de reforestación, vivero, siembra, sitios estratégicos, frente minero hoy con el apoyo de la Agencia Nacional de Minas y la Car se han suspendido temporalmente 13 frentes y de esta manera se están mitigando los daños. Muestra cuadro actividades. Otra cosa es el mantenimiento del rio en el Paso hidráulico, en el cual se han invertido más de tres mil millones. Se busca además de los 26 kms que se han dragado por la Car se están planteando diseños y nuevos jarillones. La limpieza es fundamental. Destaca que los peces están contaminados con mercurio aunque son pocos los que los utilizan, si se pueden ver afectados. En términos de resultados, se han invertido más de 20 mil millones en el Proyecto Parque ronda del rio con desarrollos de paisajismo, actividades lúdicas recreativas y desarrollo sostenible al recurso porque de otra manera, el tener el rio en manos de finqueros no va a ser de protección. El río requiere de una función dinámica y ecológica para recuperar los ecosistemas.

    La longitud del río parte del municipio y es un ecosistema muy importante, el proyecto se encuentra en fase de diseño y quieren que los otros municipios asuman ese compromiso. La Constitución Política es ecológica y todos los que tomamos agua tenemos una correlación directa.

    VIII.5.11. EL MINISTERIO PÚBLICO

    Representado por el doctor Roberto Augusto Serrato, señaló la posición institucional respecto de tan importante controversia.

    Consideró que se trata quizá del proceso judicial más importante por dos factores: la cuantía, cerca de seis billones de pesos y por la trascendencia social de este conflicto. Bogotá alberga la mayor población y sumado a ello, la Acción Popular tiene un componente adicional de un hecho notorio bajo el contexto de la tragedia ecológica, salubridad, ambiente sano y efectiva prestación de servicios públicos:

    Antecedentes de la demanda, condena subsección cuarta del Tribunal que tuvo la particularidad que fue parcial y consideró que no estaban dados los elementos de un pacto de cumplimiento, razón que fue objeto del recurso del Procurador Judicial. Sumado a lo anterior, en segunda instancia no se puede mantener porque como quiera que como lo ha resaltado la Corporación no caben pactos parciales de cumplimiento y el derecho colectivo no puede ser parcialmente protegido. Solicita en estos términos, confirmación parcial de la sentencia aquello se vio como tal se tenga para una sentencia.

    Aspectos fundamentales:

    1.- Contaminación del río Bogotá, es un hecho notorio la vulneración de los derechos colectivos,

    2.- Existe corresponsabilidad no solo predicable de una entidad sino del conjunto de las entidades involucradas así como de los particulares que tienen actividades en o con el rio.

    3.- Los particulares ejercen actividades también deben concurrir para la protección derechos colectivos porque deben aplicar desarrollo sostenible y producción más limpia.

    Elementos que comportaran solución: Jurídico, competencial, técnico, económico-financiero. La

    diapositiva ubica tres cuencas alta, media y baja. Cuenca alta problemas y soluciones: municipios que la integran Villapinzón y Chocontá, entre otros. Problemática: tema asociado a ladrilleras, floricultores, mataderos y curtiembres, destaca a Villapinzón y Chocontá por la industria del cuero que contamina con materiales como el cromo; igualmente PTARES no construidas o que no funcionan y otra transversal a las tres cuencas: canales de conducción que llevan agua a las PTAR que ha generado traumas. Resalta algunos problemas y responsables:

      1. Alteración sistemas de páramo y ecosistemas boscosos. Páramo hay que protegerlo, el esfuerzo debe ser mayúsculo sobre todo por el gremio de papicultores. Debe partirse de la reforestación y concientización de acciones trasversales, verificación de los deberes por parte de los órganos de control: Contraloría y Ministerio Público.

      2. Contaminación industrial curtidores cuero, surge inquietud asociada, no se vislumbra solución fácil a la problemática; este problema tiene génesis en 1962 por qué no pensar que todas las personas involucradas encuentren soluciones porque si hay que generar empleo también hay que proteger ya sea a través de la construcción de una PTAR o generar reubicación y empleo porque no se puede permitir su permanencia.

      3. El tema de presión de aguas subterráneas, los floricultores deben generar un sistema de implementación y tratamiento de producción limpia. Ladrilleras reforestación y en el sector minero se debe hablar de la implantación de tecnologías limpias; es necesario que el Estado reglamente las zonas de minería e igualmente deberá revocarse la licencia minera a quien no cumpla.

    La Cuenca Media aporta la carga contaminante cercana al 80% en ella está ubicada la ciudad de Bogotá, la contaminación industrial se concentra en San Benito y mataderos de la ciudad y otras industrias. Se pretende un conglomerado industrial consciente de la necesidad de tecnología más limpia, PTRES, tema de verificación de órganos control y seguimiento contaminación del río. Red unida hidrometeorológica de aguas, es necesario hacer ese monitoreo para saber en qué sitio se hace la contaminación porque algunas de las empresas muestran cumplimiento pero después termina la visita se encuentra que hay una contaminación posterior. Necesidad plan de choque respecto de los procesos sancionatorios. En la CAR están en 80, 18 están en la cuenca alta, es necesaria su rigurosidad en la cuenca media; pérdida de biodiversidad y el tema asociado construcción PTAR Canoas y otros elementos se traducen en la solución a la problemática del río Bogotá.

    Estimó el Ministerio Público deben trabajarse cuatro aspectos: 1.-Construcción PTAR Canoas 2. Ampliación PTAR Salitre y la construcción estación elevadora. Inicialmente se planteó un Pacto de Cumplimiento por la EAAB ratificada mediante el acuerdo 171 y los acuerdos de 2009 y 2011 con presencia del Presidente de la República se señaló la corresponsabilidad y la necesidad de concurrir financieramente. Dentro de este contexto solicita se respeten dichos acuerdos y no una línea diferente, las posiciones son institucionales y más si están contenidas en acuerdos.

    Cuenca baja no se ha hecho un trabajo dentro del expediente debe el fallo abarcar este aspecto. Si se pretende llevar agua limpia y descontaminada deberán construir Plantas de Tratamiento, de otra forma no podrá solucionarse la tragedia ecológica.

    En representación de la Procuraduría Delegada de Ambiente y en su calidad de ingeniero, el señor Felipe Aparicio propuso como solución técnica: la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canoas, la Estación Elevadora en Canoas y la ampliación de la PTAR Salitre.

    Aspectos técnicos: La Procuraduría quiere hacer unos llamados de atención, para lo cual considera importante tocar cinco aspectos: 1. PTAR Canoas, inversiones altas en estudios y diseños y por eso es bueno volverlos a recordar desde 1929, 1974, 1985, 1989-1993, 2000 UT Saneamiento río Bogotá PTAR Salitre y una Secundaria en Soacha; 2002 Procuraduría General acompaña mesas de trabajo conjuntas y en reunión con expertos se adoptó el tratamiento químicamente asistido y el saneamiento; 2009 Salitre-Canoas y los interceptores; 2003 Prediseño Canoas Carlos Giraldo López, 2008; MMV Ing. Ltda. 22 mayo 2007 Convenio 171, con cargo FIAB, solución está realizando la EAAB. Interceptores Tunjuelo- Canoas; la estación elevadora y la construcción de la PTAR Canoas. 21-feb-2011 Ministerio de Ambiente, Gobernación, CAR y DC acuerdo Planta Canoas Fases I y II TQA y fase dos tratamiento secundario. Posteriormente Cooperación Construcción Aguas residuales Canoas el 5 diciembre 2011 se celebra acuerdo Acueducto-Emgesa: construcción EE Canoas aporte económico EMGESA. La PGN estima es PTAR Canoas.

    No es solo CANOAS sino que hay que mirar solución integral del río. La Procuraduría General de la Nación reclama acciones en las cuencas alta media y baja. Adecuación Hidráulica río Bogotá ya iniciada por la CAR. Planes Maestros Acueducto y Alcantarillado cofinanciados por la Gobernación, todavía hay fallas en las plantas de tratamiento de agua potable.

    4.- Caudal Ecológico, sector Salto Tequendama y Cambio Climático, protección zonas amortiguación y rondas del río y sus afluentes.

    5.- Parques Industriales San Benito y Villapinzón.

    VIII.5.12. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

    A través de los Contralores Delegados manifestó que la posición institucional es afirmar que se requiere lograr el balance Hídrico del río, de las rondas y zonas de amortiguación, manejo de sedimentos y dragado y decir a la Sala en este proceso judicial dada la magnitud y protección del medio ambiente, que debe ser clara la competencia en términos de autoridad y ejecución para la articulación frente a la gestión integral de la cuenca. Ya existen experiencias en el mundo, se recuperó el Rhin y el Nilo, lo que hace necesario crear entidades que se encarguen de la gestión integral de la cuenca. Responsabilidad específica de los diferentes actores. La Contraloría estará atenta por los riesgos al patrimonio público por obras ordenadas en la sentencia y que se están ejecutando en relación con vertimientos al rio Bogotá, así como del manejo del Fondo Nacional de Regalías con destinación específica, competencias del Ministerio de Ambiente y de la Car, la sentencia debe comprender una gestión integral para la protección de la cuenca y garantizar la protección del derecho colectivo a un ambiente sano.

    Intervino el Doctor Velilla para señalar que las personas acreditadas en el proceso y que quieran presentar documentos lo pueden hacer con traslado de cinco días y la decisión se notifica en estrados. Para el efecto se suscribe el acta y levanta la sesión de audiencia.

    VIII.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

    VIII.6.1. EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

    En sus alegatos de conclusión solicitó revocar los literales f y q numeral 3 de la parte resolutiva, declarar próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y negar las súplicas de la demanda respecto de dicha entidad (fl. 8994).

    VIII.6.2. LA SOCIEDAD EMGESA S.A. E.S.P. (fls. 11767 A 11778)

    Presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:

    • En documento en diapositivas señaló que la Empresa no contamina el río Bogotá; indicó además que Bogotá genera el 85% de la contaminación de la cuenca, más de 185.930 toneladas por año y la empresa es un afectado de la contaminación.
    • En la propuesta hecha para el fallo de primera instancia denominada "pacto de cumplimiento", realizó acciones: 140 Hs. de terreno desecadas; aislamiento del embalse con respecto al municipio; 570.000 toneladas de recuperación del espejo de agua mejoramiento paisajístico; disminución de zancudos al 99.96%; seguimiento y monitoreo del agua, recuperación de oxígeno disuelto en el embalse.
    • Destacó que utiliza el agua concesionada para generar energía; genera con la calidad del agua recibida; es importante para la confiabilidad y seguridad energética de la región y del país. La solución al saneamiento del Río debe ser compatible con la generación de energía.
    • Presentó una alternativa para la solución técnica integral al saneamiento del río Bogotá, que incluye la construcción de la PTAR Canoas, el Túnel de Emergencia, los interceptores, y la Planta Elevadora.
    • Fue a partir de esta propuesta fue que se firmaron los convenios y se apropiaron los recursos. Emgesa se comprometió a aportar la suma de 84 mil millones.
    • Emgesa no aparece vinculada por la contaminación del río Bogotá y por tanto no debería ser condenada.
    • Emgesa no contamina el agua del río Bogotá, por lo tanto no existe nexo de causalidad entre el daño y la conducta de EMGESA.
    • Emgesa ha cumplido con las obligaciones impuestas en el fallo de primera instancia y no es viable que ahora se le impongan cargas por la contaminación del río. Su contribución no puede tomarse como aceptación de responsabilidad por la contaminación del río.
    • Concluyó que no es responsable de la contaminación del río Bogotá. Solicitó ratificar el fallo de primera instancia y adoptar una solución integral que le permita continuar con la prestación del servicio público de energía.

    IX.6.3. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA- ETERNIT COLOMBIANA S.A., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANO S.A., SOCIEDAD CRISTALERÍA PELDAR S.A., REFINADORA DE SAL S.A. -REFISAL-, CERVECERÍA LEONA S.A. Y GRUPO SIDERURGICO DIACO S.A. (FLS. 11859 A 11861)

    Por medio de apoderado presentaron alegatos de conclusión en los siguientes términos:

    • No existe prueba que demuestre responsabilidad de las industrias, por el contrario, se aportaron los permisos de vertimiento y se realizaron visitas e inspecciones a las respectivas instalaciones de las empresas para constatar el cumplimiento de las normas ambientales.
    • Se han desconocido a lo largo del proceso las garantías al debido proceso y al derecho de defensa, así como la presunción de inocencia y el principio de igualdad. Ello en razón a que no se notificó en debida forma el auto admisorio de la demanda, pues no se hizo entrega de copia de la demanda y de sus anexos. Si bien es cierto el incidente de nulidad prosperó según auto de 30 de agosto de 2002, al no estar vigente la Ley 794 de 2003, no cabe considerar la notificación por conducta concluyente. (refiere sentencia 2003030001 AG) en la que se dejó establecido que luego de decretada la nulidad, se debía de realizar nuevamente la diligencia de notificación personal.
    • Las empresas vinculadas lo fueron en virtud de un listado de empresas investigadas por la CAR, mediante proveído de 1° de abril de 2002 que dispuso revocar de oficio el auto de 20 de marzo que ordenaba su vinculación "en garantía", con franca vulneración de la presunción de inocencia, pues ninguna de ellas ha sido sancionada por la CAR y del principio de igualdad en relación con las demás industrias que realizan vertimientos al río Bogotá y sus afluentes.
    • No se resolvió la excepción de legitimidad por pasiva alegada por Cristalería Peldar S.A. contrariando los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y derecho de defensa.
    • No procede la condena en costas a las industrias referidas porque ninguna de ellas fue condenada, ni declarada responsable; tampoco obra en el expediente prueba que acredite infracción a disposiciones ambientales y siempre se alegó la inocencia de las industrias y su deseo de colaborar con el saneamiento del río Bogotá.
    • En caso de no prosperar la nulidad impetrada, solicita se exonere a Cristalería Peldar S.A. y Refisal S.A. y se revoque la condena en costas. Empero, de no ser revocados o anulados, los pactos propuestos se cumplirán en los términos establecidos.

    VIII.6.4. ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., HOY SEGUROS ALLIANZ S.A., (fls. 11863 a 11864)

    Por medio de apoderada puso de presente que en la sentencia de 25 de agosto de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta acogió la excepción por ella formulada sobre la inexistencia de riesgo asegurable, y negó el llamamiento en garantía, razón por la cual fue desvinculada del proceso.

    VIII.6.5. LA SOCIEDAD PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A. (fls.11866 a 11867)

    Por medio de apoderado, presentó sus alegatos de conclusión, destacando que participó de manera activa en las mesas de trabajo, además que el pacto de cumplimiento por ella presentado, y aprobado por la sentencia de primera instancia, no fue objeto de reparo por las partes ni por el Ministerio Público.

    Consideró que las apelaciones presentadas en contra de la aprobación de los pactos de cumplimiento, deben ser rechazadas, en tanto que con ellos se busca la eficacia, celeridad y economía del proceso, siendo entonces un mecanismo que concreta la protección de los derechos colectivos por iniciativa de los involucrados en el trámite procesal.

    VIII.6.6. LA SOCIEDAD STANTON & CÍA. S.A. (fls. 11873 a 11875)

    Frente a los recursos de apelación instaurados, manifestó que la presentación del pacto de cumplimiento, la observancia de sus deberes ambientales y el aporte voluntario a la solución del problema de contaminación del río Bogotá y del Embalse del Muña, dejan claro que no ha sido reconocida como un agente contaminador.

    Adujo que el pacto de cumplimiento no fue objeto de reparos, por el contrario, fue aprobado por la sentencia de 25 de agosto de 2004, después de superar el juicio de legalidad por la Magistrada sustanciadora.

    Sobre la condena en costas, presentó recurso de apelación adhesiva, señalando que no se probó que la sociedad Stanton & Cía S.A. fuese un agente contaminador del Embalse del Muña y del río Bogotá, al no haberse demostrado los elementos de la responsabilidad imputada a la demandada, no hay lugar a la condena en costas.

    En estos términos solicitó se revoque el numeral primero de la sentencia complementaria de 16 de septiembre de 2004, en lo que toca a Stanton & Cía S.A.

    VIII.6.7. LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES (fl. 11920)

    Solicitó se decida de fondo sobre los siguientes puntos:

    • Definir de manera clara y contundente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, a quiénes corresponde la descontaminación del río Bogotá.
    • Que los organismos de control asuman su rol de acuerdo con las competencias atribuidas, en aras de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
    • La procedencia de incidentes y otros trámites dirigidos a dilatar el cumplimiento de las obligaciones que competen a cada entidad.
    • El contenido y alcance de los derechos fundamentales de tercera generación, concretamente el derecho a gozar de un ambiente sano en conexidad con la vida.
    • La colaboración armónica, con el respeto y acatamiento de las competencias de cada entidad y la normatividad vigente, para evitar posibles detrimentos patrimoniales.
    • Calcular a largo plazo la totalidad de los recursos que se deben invertir en el Mega Proyecto Río Bogotá.

    VIII.6.8. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, REGIONAL CUNDINAMARCA (fl. 11938 a 11947)

    Por medio de apoderada, alegó de conclusión en los siguientes términos:

    La evidente contaminación del río Bogotá, permite afirmar que nos encontramos ante una vulneración de derechos fundamentales y colectivos, cuya protección, conservación, recuperación y/o restauración deben serprioritarios para la administración pública y los administrados.

    De no establecerse políticas concretas y claras en la recuperación del río Bogotá y sus afluentes, se estará permitiendo que un hecho de tal magnitud continué produciendo estragos sobre los seres humanos y las generaciones futuras no tendrán derecho a disfrutar y gozar del mismo.

    Manifestó que de no construirse la PTAR Canoas, el municipio se vería ampliamente perjudicado ante la incapacidad de dirigir sus aguas residuales a una Planta de Tratamiento y tendría que seguir depositando las aguas residuales al Río que, a su vez, implica que tanto la cuenca baja de la corriente fluvial, como el río Magdalena y los municipios aledaños, así como los cultivos, pastos, ganado y el ecosistema marino sigan contaminados.

    Adicionalmente, advirtió del posible detrimento patrimonial que se ocasionaría al no poder destinar los recursos a las obras en mención para el proyecto contratado.

    Previo análisis normativo y jurisprudencial, manifestó compartir y apoyar los criterios expuestos por la Procuraduría General de la Nación relativos a:

    La protección especial que debe darse al páramo de Guacheneque; la recuperación de la ronda urbana e industrial de Villapinzón y la construcción de la PTAR en dicho municipio; la construcción de las plantas de tratamiento en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Tocancipá, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Gachancipá, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo.; la adecuación hidráulica del río Bogotá en las cuencas alta, media y baja; el control de vertimientos en la cuenca media de las industrias y explotación de materiales de construcción, así como la adecuación de las Plantas de Tratamiento de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá y Soacha; adecuación y construcción PTARS de San Antonio del Tequendama, Tena, El Colegio, Anapoima, Viotá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, Apulo, La Mesa, Tocaima, Agua de Dios y Girardot; se delimite un parque industrial en el cual se efectúe el control al vertimiento de aguas, especialmente las curtiembres que se realizan en la ronda del Río. Igualmente llama la atención sobre el sector del Salto del Tequendama y las obras del proyecto del Río.

    Solicitó de manera especial respetar los acuerdos suscritos por los estamentos de la Administración, plasmados en Pactos de Cumplimiento contemplados en la sentencia de primera instancia; continuar con las obras desarrolladas en cumplimiento de los mismos, acatar y ejecutar los convenios administrativos celebrados entre órganos de la administración relacionados con la construcción de la PTAR Canoas, y la estación elevadora en los términos concertados.

    Igualmente respetar, la continuidad y mantenimiento de las obras adelantadas en el Municipio de Soacha relacionadas con los conectores que dirigirán sus aguas a la PTAR Canoas; ofrecer asesoría y asistencia por parte de las autoridades ambientales en la implementación de programas en curtiembres, ladrilleras e industrias para el manejo y tratamiento de aguas residuales. Expuso la necesidad de brindar una capacitación adecuada sobre la producción más limpia a las autoridades de los municipios de la cuenca del Río ; realizar campañas de reciclaje de residuos sólidos; construir, manejar y conserva la PTAR de su localidad; establecer la red hidrometereológica en la cuenca del Río y sus afluentes para definir el nivel de contaminación de dichas corrientes fluviales; reforzar el personal de policía encargado de las funciones de protección del medio ambiente; reubicar a las personas y familias que habitan la ronda del Río y sus afluentes y todas las demás que se requieran para ejercer el control y descontaminación del Río y sus afluentes especialmente frente a las curtiembres, ladrilleras, canteras, mataderos y demás actividades que puedan generar contaminación.

    VIII.6.9. EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (fl. 11982)

    Por medio de apoderado judicial, alegó de conclusión en escrito obrante a folios 11982 a 11999, en los siguientes términos:

    El departamento como organización territorial tiene funciones de coordinación, concurrencia e intermediación entre la Nación y los municipios, lo cual no varía en materia ambiental, así el artículo 64 de la Ley 99 de 1993, le asigna competencias especiales que difieren de las obligaciones impuestas en el fallo de primera instancia, no obstante ha realizado actividades que pasó a destacar, así:

    Control de vertimiento de aguas domésticas especialmente grasas, nitratos y fosfatos:

    Se trata de una atribución propia de las autoridades ambientales, sin embargo la Secretaría de Ambiente del Departamento reportó al Gestor del Plan Departamental de Aguas-PDA la información de la CAR y de Corpoguavio. La CAR reportó un inventario de 561 responsables de vertimientos de agentes contaminantes con su ubicación geográfica, municipio y cuenca, en los cuales se verifican parámetros de grasa y aceites, temperatura, acidez, alcalinidad, cloruros, coliformes totales, E-coli, conductividad, DBO, DQO, dureza cálcica, entre otros.

    De otra parte, la Secretaría de Salud de Cundinamarca realizó levantamiento de información sobre las poblaciones que consumen aguas del Río Bogotá a través de acueductos con o sin plantas de tratamiento y existencia de riesgo a la salud, derivado del uso de las aguas para riego de cultivos agrícolas y abrevadero de ganado, encontrando que de estos riesgos no se ha obtenido asociación con los perfiles epidemiológicos de los municipios de área de influencia.

    Realiza vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano de los acueductos que surten los municipios del área de influencia del río Bogotá, mediante la toma y análisis de muestras en las redes de distribución para la determinación de los índices de riesgo de calidad del agua -IRCA-, visitas de inspección sanitaria a los sistemas de abastecimiento con el fin de evaluar los índices de riesgo por abastecimiento -IRABA y las buenas prácticas sanitarias -BPSpp-.

    Así mismo, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha promovido los siguientes programas de producción más limpia -PML, cuya responsabilidad recae en los empresarios o productores.

    PROCAZ-CAR-GTZ, ha establecido una red de agricultura sostenible por medio de la UMATA, específicamente en agricultura de conservación de agua y suelo mediante la tecnología de siembra directa-labranza mínima, la cual incide de manera favorable en el manejo y mejoramiento de la cuenca del río Bogotá. El proyecto se basa en la innovación para el manejo de los recursos de suelo y agua, disminuyendo el aporte de sedimentos a la misma laguna, aumentando la infiltración y mayor retención del agua en el suelo tanto en zonas de ladera como planas, en estas últimas se ha trabajado directamente sobre el manejo de praderas, que permite tener mayor forraje y menor pérdida de suelo por tenerse cobertura permanente. Dicha tecnología permite el manejo de abonos verdes lo que ofrece mayor disponibilidad de materia orgánica y mayor cantidad de agua retenida, así como disminución del empleo de agroquímicos.

    El impacto en la implementación de sistemas alternativos de producción agropecuaria sostenible sobre la cuenca del río Bogotá, hace que se aporten menos sedimentos por erosión y menor contaminación por empleo de agroquímicos, mayor infiltración y retención de agua en zonas planas y de ladera circundantes a la laguna y se ofrece una alternativa al productor para que sus tierras sean más productivas y se disminuyan costos de producción. Igualmente se ha brindado capacitación tecnológica a las Unidades Municipales del Departamento.

    Inclusión de los PRAES -Proyectos ambientales escolares-en la educación primaria, media, tecnológica y superior:

    Señaló que si bien la Beneficencia de Cundinamarca no tiene dentro de sus fines misionales la educación en temas ambientales (obligación impuesta en la parte final del literal e) y literal k) del fallo), la Secretaría de Ambiente del Departamento ha desarrollado acciones de seguimiento, orientación y apoyo técnico a la formulación e implementación de Proyectos Ambientales escolares PRAES, significativos en su formulación y reformulación en las instituciones educativas; así como concursos, ferias, capacitaciones en materia de humedales, conservación de la cuenca, deforestación, manejo de residuos sólidos, reciclaje protección de la fauna silvestre, gestión ambiental municipal, cambio climático, manejo de residuos peligrosos y hospitalarios; en la ronda del río Bogotá se desarrollan programas de educación para la mitigación del riesgo, fortalecimiento en la implementación del PRAE y su inclusión al PEI, entre otros.

    Propiciar y controlar los procesos de producción más limpia de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá:

    Subsidiar vivienda para los habitantes de la zona de ronda del Río y desalojar a quienes cuenten con recursos.

    Al respecto indicó que no es competencia del Departamento el control de los procesos de producción más limpia de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá, no obstante la Secretaría de Ambiente del Departamento contrató en el año 2006 la consultoría para determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental, financiera y operativa de la construcción y operación de un sistema de disposición final de residuos sólidos generados por la industria de curtiembres y diseño detallado del relleno sanitario para la disposición final los residuos provenientes de los municipios de Villapinzón, Cogua y Chocontá; el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de Cundinamarca la conveniencia del proyecto "Plan estratégico en las curtiembres de Villapinzón: competitividad e innovación en la cadena productiva del cuero" presentado por IDEA, que dio lugar a su aprobación y firma del convenio entre COLCIENCIAS y ACURTIR, a través de procesos de producción más limpia, minimizar el consumo de agua, bajar cargas contaminantes en los vertimientos industriales y gestionar integralmente los residuos sólidos generados en el proceso productivo; definir y valorizar alternativas sostenibles para el manejo y aprovechamiento del unche o grasa, entre otros.

    Concluyó de este ejercicio que los temas ambientales deben ser considerados de una manera integral, relacionando aspectos naturales, sociales, económicos, técnicos y políticos, con una mirada interdisciplinaria y con la participación efectiva de todos los actores involucrados.

    Protección y recuperación de zonas de ronda, tanto del río Bogotá como de los afluentes:

    Tampoco esta función corresponde al departamento, sino de cada ente territorial mediante la acción policiva de recuperación del espacio público. A pesar de ello, aunó esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que mediante convenios interadministrativos se apoyara la revisión y ajuste de los POT en 16 municipios de los cuales Guatavita, Suesca, Tausa pertenecen a la Cuenca Alta del río Bogotá.

    Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá -POMCA:

    Como norma de superior jerarquía, determina los planes de ordenamiento territorial de cada municipio y no del departamento, deben ser revisados y ajustados por los 41 municipios según las directrices y parámetros del POMCA, aprobado por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 17 del Decreto 1729 de 2002. El departamento realiza el acompañamiento y asesoría de la revisión y ajuste de los POT municipales, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales aprobadas en el POMCA.

    Formulación de un modelo de ocupación territorial regional:

    En cumplimiento de las funciones de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad asignadas a los departamentos, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca a través de la Dirección de Desarrollo Regional identificó la necesidad de establecer lineamientos regionales en materia de ordenamiento territorial, para coordinar el desarrollo integrado y armónico de sus municipios y por ende del departamento. Para el efecto estableció un modelo de ocupación territorial MOT para 25 municipios de la Sabana de Occidente, para un óptimo aprovechamiento del suelo con carácter regional, con una visión de sostenibilidad, definición de los sistemas de infraestructura básica subregional: estructura socio económica. Se establecen unos principios ambientales y de ordenamiento como base para las decisiones del modelo de ocupación territorial que incluye la declaratoria de parques ambientales que rescaten los elementos que componen la estructura ecológica.

    El modelo está conformado por tres estructuras superpuestas: la estructura ecológica principal, la estructura socioeconómica y espacial y la estructura funcional y de servicios.

    La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) restablece las competencias del departamento en materia de ordenamiento del territorio lo cual permite que los lineamientos propuestos dentro del modelo de ocupación territorial regional tengan carácter vinculante en los POT de los municipios.

    Los municipios deberán dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal sobre la optimización de los mataderos y plantas de faenado:

    Reiteró que aun cuando no es competencia del departamento, la Secretaría de Agricultura, la CAR y FEDEGAN prestaron asesoría para la inscripción de proyectos de plantas que tengan cubrimiento regional. La misma secretaría ha realizado procesos de socialización zonal y la Secretaría de Salud realizó acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a las plantas de beneficio ubicadas en los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría del área de influencia del río Bogotá , hasta agosto de 2007 fecha a partir de la cual el INVIMA asumió las competencias en esta materia en cumplimiento de la Ley 1122 de 2006 y la Secretaría de Salud continuó con la responsabilidad del control sanitario en los expendios de carne y transporte asociado a esta actividad.

    Diseño, construcción y ejecución de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado en los municipios que corresponde al Departamento, promover, coordinar y cofinanciar:

    El departamento promovió, coordinó y cofinanció proyectos de acueducto y alcantarillado en todos los municipios de la cuenca del río Bogotá a través de la Secretaría de Obras Públicas entre 2004 y 2008 y a través del Plan Departamental de Aguas gestionó, promovió coordinó y cofinanció proyectos por la suma de $553.779.248.

    Manejo Embalse del Muña:

    No es competencia del Departamento su manejo, sin embargo la Secretaría de Salud de Cundinamarca ha realizado acciones directas sobre el río Bogotá y el Embalse del Muña: control de plagas en áreas públicas e institucionales, sobre el control de plagas realizado por EMGESA directamente sobre el Embalse (en cumplimiento de tutela 02 de 1993); vigilancia y control sobre plaguicidas aplicados; levantamiento de información sobre morbilidad sentida en la población; vigilancia sobre intoxicaciones.

    Como acciones indirectas sobre el río Bogotá y el Embalse del Muña ha realizado vigilancia y control de alimentos y bebidas alcohólicas en los municipios del área de influencia del río Bogotá; vacunación y control población canina, control presencia de enfermedades transmitidas por vectores, principalmente en las provincias del Tequendama, Alto Magdalena y Sumapaz; monitoreo de la calidad de agua potable (leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007), financiación a través del Sistema General de Participaciones antiguo Plan de Atención Básica PAB, actualmente Plan de Inversiones Colectivas.

    Adicionalmente, la Secretaría de Ambiente ha desarrollado las siguientes acciones: saneamiento básico en residuos sólidos: relleno sanitario Nuevo Mondoñedo (Inversión: $4.203.849.610) con aportes del Departamento, la CAR el FNR y el concesionario.

    El relleno sanitario recibe los residuos sólidos de 34 municipios de la Cuenca del río Bogotá que corresponde al 86.81% de los residuos dispuestos en el relleno en el mes de octubre de 2011. Para el tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario entraron en funcionamiento dos plantas de tratamiento de osmosis inversa y nanofiltración para tratar un caudal total de 480m3/día, el efluente se utiliza para riego en condiciones de uso agropecuario y su calidad cumple con las exigencias del MAVDT.

    Los municipios además cuentan con sus propios sitios de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios. También el departamento presta su apoyo a la elaboración de las PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos) en varios municipios de la cuenca: Guatavita, Apulo, Tena, Ricaurte, Sibaté, Zipacón, El Rosal, El Colegio, con aporte del Departamento, los municipios, y la CAR para un valor total de $156.704.255.

    En cuanto a la adquisición de predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, la Secretaría de Ambiente ha participado en la adquisición de 1.691,83 hs que surten acueductos veredales y/o municipales en toda la cuenca, que además cumplen con la función de reducir las emisiones de dióxido de carbono causada por el efecto de la deforestación y degradación de bosques y así se disminuye el impacto derivado del cambio climático. Además los predios conservan variedad de fauna y flora convirtiéndose en escenarios potenciales para la práctica del ecoturismo sin amenazar la sostenibilidad de los ecosistemas.

    Además el departamento ha realizado el mantenimiento de los predios adquiridos a través de la Secretaría de Ambiente tales como revegetalización, reforestación, fertilización, aislamiento, alinderación e instalación de cercados, protección de las áreas de reserva hídrica.

    El Gobernador de Cundinamarca como Presidente del Consejo Directivo de la CAR dio prelación a los proyectos de estudio de los planes maestro de acueducto y alcantarillado de los municipios de la cuenca del río Bogotá, adecuación hidráulica del río Bogotá en el tramo Puente La Virgen-Alicachín, construcción y ampliación de la planta de tratamiento de El Salitre para lo cual se tramitó el crédito con el Banco Mundial por US$250.000.000 el cual se consolidó en julio de 2012.

    Finalmente destacó la realización de inversiones para atender la emergencia producida por la ola invernal y para el dragado del río Bogotá.

    En cuanto al incentivo económico reconocido en la sentencia a favor de los actores, solicitó aplicar el criterio reiterado del Consejo de Estado, según el cual el incentivo ya no es procedente en las acciones populares, en tanto que desapareció del mundo jurídico con la expedición de la Ley 1425 de 2010.

    Con relación a la condena en costas y la orden de apropiaciones presupuestales señaladas en la sentencia complementaria, solicitó sea revocado el numeral primero, toda vez que dicha decisión fue adoptada por fuera del término de ejecutoria, desconociendo con ello el artículo 311 del C. de P.C. Desde un punto de vista sustancial adujo que de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, se condenará en costas, cuando se haya obrado con deslealtad o mala fe, lo que no ocurre en el presente caso respecto del Departamento de Cundinamarca.

    VIII.6.10 EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM (fls. 12031 a 12036)

    Por medio de apoderada judicial, afirmó no ser responsable de contaminar el río Bogotá, pues como Instituto de Investigaciones coordina la red hidrometereológica del Río, mas no es una autoridad ambiental que pueda imponer sanciones y evitar la contaminación del Río por la actividad que ejerce de forma exclusiva una empresa en el Embalse del Muña, de manera que no existe nexo causal del daño producido y las funciones que de acuerdo con los artículo 2 y 15 del Decreto 1277 de 1994, ejerce el IDEAM.

    Destacó la celebración de contratos y convenios para realizar labores de seguimiento a la red de estaciones automáticas, respecto de lo cual indicó que, aun cuando la CAR no ha hecho entrega de la red que posee -como quedó plasmado en el Pacto de Cumplimiento- el IDEAM ha brindado el apoyo científico requerido para ello.

    En estos términos solicitó se modifique la sentencia en el sentido de exonerar al IDEAM de cualquier responsabilidad, en cuanto no contamina el río Bogotá.

    VIII.6.11. EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (fls. 11927, 12037 a 12049)

    Hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, por medio de apoderado alegó de conclusión en los siguientes términos:

    1. Destacó en primer término que con fundamento en la Ley 1444 de 2011,artículo 18, ante la necesidad de contar con un organismo técnico con autonomía administrativa se dispuso la creación de un organismo encargado del estudio, expedición y aprobación de licencias, permisos y trámites ambientales, creado mediante Decreto 3573 de 2011, Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA, organismo que en los términos del Decreto asumirá la representación judicial de la Nación en los asuntos de su competencia, particularmente en lo relacionado con el trámite de licencias ambientales para la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y/o cualquier otro proyecto u obra sujeto de licenciamiento.

    2. El Ministerio de Medio Ambiente asumió en su momento, competencia del licenciamiento para la Planta de Tratamiento del Río, salitre-PTAR Salitre y mediante Resolución 817 de 24 de julio de 1996 otorgó licencia ordinaria al D.C. para el diseño, construcción, operación y demás actividades relacionadas con la PTAR Salitre.

    3.- Mediante Resolución 993 de 29 de mayo de 2009, se autorizó la cesión de la licencia a la EAAB ESP.

    4. Con respecto a la ubicación de la PTAR Canoas, tal y como lo manifestó el Gerente Corporativo de la EAAB, se están evaluando las alternativas para su ubicación, sin que hasta la fecha se haya tomado una decisión. Una vez definido corresponderá evaluar la viabilidad ambiental del mismo en los términos del Decreto 2820 de 2010, artículo 9 numeral 14 a la Corporación Autónoma Regional o a la Secretaría Distrital de ambiente, dependiendo de la jurisdicción en la cual se ubique la planta.

    5. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto 3930 de 2010, actualizó la información relacionada con el ordenamiento del recurso hídrico y expidió nuevas normas para el manejo de vertimientos a aguas superficiales, suelos asociados con acuíferos, aguas, marinas y alcantarillados del país. La norma contiene lo relacionado con el manejo del recurso hídrico como instrumento de planeación de los cuerpos de agua, presupuesto básico para su posterior administración, desarrolla aspectos fundamentales para el control de vertimientos; igualmente el Ministerio se encuentra elaborando el proyecto de resolución "Por la cual se definen los usos del recurso hídrico, se establecen los criterios de calidad del agua y se dictan otras disposiciones"; igualmente, durante el año 2012 el Ministerio en coordinación con la Universidad del Valle desarrollan un proyecto para la elaboración de una propuesta técnica para la reglamentación del reúso del agua en Colombia.

    6. Con respecto al marco normativo y conceptual de la determinación de zonas compatibles con la minería, la dirección de Asuntos Sectorial y Urbano señaló que de conformidad con el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 corresponde al Ministerio determinar las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras; con base en ello la CAR otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales.

    7. Entre 2009 y 2010 se realizó el estudio base contratado con el IDEAM con el objeto de proponer un ordenamiento ambiental regional del sector minero, a partir de la zonificación de la compatibilidad ambiental de la Sabana de Bogotá con la minería explotada en ella. La Resolución 1197 fue declarada parcialmente nula por sentencia 30987 de 2010.

    8. La nueva reglamentación del artículo 61 se orienta a la ejecución del estudio técnico base, contrato interadministrativo No. 172 de 2009 IDEAM- 895 de 2009 MAVDT, para redefinir las zonas ambientalmente compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá; formulación de la propuesta normativa: se formuló y ajustó entre diciembre de 2010 y abril de 2011, con el fin de reglamentar con arreglo a una zonificación de compatibilidad ambiental de la Sabana de Bogotá con la actividad minera.

    El 26 de julio de 2010, se remitió al Ministerio de Minas y Energía el estudio técnico para su concepto previo como lo dispuso la Ley 1382 de 2010. El Ministerio de Minas devolvió el concepto el 16 de diciembre de 2011, el cual es objeto de estudio en la actualidad para ser tenido en cuenta en la propuesta normativa.

    9. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal sobre el río Bogotá se han reportado a la Contraloría General de la República las acciones relativas a la reglamentación de la actividad minera en la Sabana de Bogotá.

    10. Medidas adoptadas problemática ambiental impactos no mitigados explotaciones mineras:

    Tabio-vereda Río Frío. Minería de gravas. El MADS consultó los expedientes mineros con títulos del área y requirió a la CAR sobre su estado de licenciamiento, medidas de mitigación llevadas a cabo por el concesionario y volumen anual extraído por cada título.

    Tocancipá, visita de camp municipio, se requirió a Municipio para realizar documental y verbal de las a las canteras de arena del la Secretaría Ambiental del acopio de la información quejas de la comunidad.

    Formulación del Proyecto para el análisis y recomendaciones sobre los instrumentos ambientales de control de la actividad minera con fundamento en las quejas de la comunidad, con recursos de la banca multilateral.

    11. Destacó que si bien es obligación del Estado preservar el medio ambiente, también corresponde a la comunidad cumplir con el deber de preservarlo para lograr una relación armónica con la naturaleza hasta hoy despreciada y crecientemente devastada. Propone una reforma tributaria para afectar a aquellos que consumen combustibles fósiles, generan polución y CO2, y destruyen el hábitat y los ecosistemas, lo cual generaría a su vez, investigación, inversión y producción, en vez de castigar a quienes trabajan y no eximir por contaminar y destruir.

    12. Concluyó que todas y cada una de las acciones adelantadas por las entidades públicas y privadas vinculadas a este proceso, perderán su razón de ser, si ellas son incapaces de lograr acuerdos racionales sobre el uso de recursos comunes o incapaces de reforzarlos.

    VIII.6.12. EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (fl. 13425)

    Presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:

    - Solicitó modificar la sentencia de primera instancia en lo que hace al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sentido que las conminaciones contenidas en el fallo sean revocadas, y en su lugar se reconozca que la Nación, a través del Ministerio ha atendido sus obligaciones y en caso de confirmarse la decisión sean consideradas dentro del marco de las funciones y deberes de la cartera para que las mismas no desborden las normas que orientan sus actividades.

    - El Ministerio no fue objeto de condena directa sino de conminaciones que pueden clasificarse así:

      A) Relacionadas con la transferencia de recursos por concepto de regalías y Ley 715.

      1) Numeral 6.16.3 del fallo. La observancia de sus obligaciones respecto de transferencias por concepto de regalías a los municipios vinculados y al D.C., representado en la EAAB, para lo cual "(...) deberán realizar las correspondientes reservas de los dineros por concepto de REGALÍAS, cancelando las que se causaron y que fueron objeto de reclamo por parte de los entes territoriales que hasta la presente se les adeudan, debiendo proceder a realizar las correspondientes apropiaciones en el presupuesto de gastos del FONDO NACIONAL DE REGALÍAS, para continuar cumpliendo de manera oportuna y sin dilaciones las transferencias por este concepto a los municipios como al Distrito Capital, por cuanto cualquier retardo incidirá en la ejecución de las obras que con tales recursos se proyecten(...)".

      2) Literal V punto 3 parte resolutiva. Transferencias por concepto de Ley 715 "Así también, dicho Ministerio deberá realizar las transferencias de Ley 715 correspondientes al 41% del Propósito General a los municipios de la Cuenca Alta, Media y Baja del rio Bogotá, como al Distrito Capital; (...)"

      3) En lo que hace referencia al Distrito Capital, representado para el efecto por la EAAB, señaló la sentencia que frente a las obligaciones de ejecutar la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas para lo cual la EAAB no lo tiene proyectado en sus tarifas, el D.C. deberá hacer una transferencia de recursos superior al 30% del 41% del Propósito General, de tal forma que alcance a cubrir su terminación. "Para tales efectos se conminará a la Nación-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para que cumpla en forma oportuna y sin dilaciones con la obligación de transferir al distrito los recursos de la Ley 715 del Propósito General"

      B) Relacionadas con la obtención de créditos por parte de la EAAB para atender la ejecución de obras

      1) Dispone la sentencia en el literal c del punto V de la parte resolutiva que "teniendo en cuenta la magnitud de las obras que la EAAB está emprendiendo y debe ejecutar en un lapso que no puede sobrepasar al año 2009, se requiere para la aprobación de los correspondientes créditos, que la NACIÓN preste su aval a la empresa en orden a obtenerlos, que como se previó para el Contrato 015 pueden acudir a la pignoración de tales rentas proyectadas en los años según el precio de las mismas, que permita la pronta consecución de los recursos con los que deben ejecutarse las obras".

      2) Con relación a los eventuales contratos de empréstito que celebre la EAAB con el aval de la Nación, dispuso que: "El pago de los réditos de la deuda se hará con cargo a los recursos de la Nación teniendo en cuenta que todos las entidades demandadas han cohonestado con su actuar omisivo a la agravación del daño ecológico como ampliamente ha quedado analizado en esta sentencia, por lo que todas deben contribuir con sus recursos a la restauración de las fuentes de agua afectadas tal y como lo prevé el articulo 34 de la Ley 472 de 1998 (...)"

      C) Posición del Ministerio y argumentos.

    Consideró pertinente hacer las siguientes precisiones:

    Conminación es una conjunción del verbo conminar, que significa requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción determinadas. Razón por la cual estimó que las conminaciones hechas en la sentencia deben entenderse como un requerimiento para el fiel cumplimiento de sus funciones frente a los recursos que maneja y recibe en nombre de la Nación y su transferencia a las entidades territoriales y descentralizadas beneficiarias de los mismos, en cuanto a las dos primeras atrás expuestas o a participar como garante de los contratos de empréstitos internacionales, siempre y cuando se enmarquen dentro de sus funciones y se llenen los requisitos exigidos en la ley para cada caso particular.

    Así en relación con la conminación relacionada con la transferencia de recursos por concepto de regalías y Ley 715, en momento alguno se demandó el incumplimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la transferencia de los recursos a favor de los municipios y del D.C. por concepto de regalías y de Ley 715, que hayan dado lugar al incumplimiento de las actividades de dichos entes territoriales y de la EAAB en las obras a su cargo, cuya omisión se tiene como causa determinante del detrimento y actual estado de contaminación del río Bogotá.

    Tal como se acreditó en el proceso, entre 1999 y 2003 se transfirieron $36.448.408.955 por concepto de regalías, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías para la conservación y descontaminación del río Bogotá.

    En el mismo sentido, dentro de los recursos que transfiere la Nación por concepto de Sistema General de Participaciones correspondientes a Propósito General, el Ministerio ha girado y continúa girando en forma oportuna al D.C. como a los restantes municipios, por lo que entiende que la conminación es una invitación a mantener la tónica de cumplimiento. Para acreditar que en el periodo 2004-2012, el Ministerio ha girado por concepto del Sistema General de Participaciones -Propósito General- al DC lo que por ley le corresponde, para lo cual adjunta reporte de los pagos realizados.

    En cuanto a la participación como garante en los contratos de empréstito que requiera la EAAB y el pago de los réditos de dicha deuda por parte de la Nación, observó:

      1) Todo aval está sujeto a las exigencias y requisitos técnico-legales necesarios para la suscripción de créditos con garantía de la Nación deberá sujetarse al lleno de los requisitos, en especial lo dispuesto en el Decreto 2681 de 1993, luego no es viable atender la conminación en su tenor literal contenido en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

      2) La Nación viene siendo garante en otros contratos de empréstito que algunas entidades condenadas en este proceso vienen proyectando para atender la ejecución de las obras a su cargo dentro del programa de descontaminación del río Bogotá, razón por la cual estima deberá en el fallo coordinar el uso de los dineros obtenidos por transferencias y por créditos en una forma integral, para que no continúe ocurriendo lo que hasta ahora: una gran cantidad de recursos destinados por todas las entidades territoriales y descentralizadas del orden departamental y distrital a programas de descontaminación del río Bogotá, en forma descoordinada sin resultados positivos y definitivos a pesar de llevar más de quince años de trabajo en este frente.

      3) Consideró que de usarse en forma eficiente estos recursos, estableciendo los costos reales para la culminación de las obras conocidas como Planta Elevadora de Canoas, Planta de Tratamiento de Canoas e interceptor Canoas-Alicachín para finalmente poder determinar la necesidad de los recursos a través de créditos e iniciar los estudios y trámites correspondientes a su obtención y a la participación de la Nación como garante de los contratos de empréstito respectivos.

      4) En cuanto al pago de los réditos de la deuda, que dispone la sentencia se hará con cargo a los recursos de la Nación, resalta:

    El Ministerio no fue condenado por omisión en relación con la transferencia de los recursos, es decir que la ausencia de ejecución y la falta de obras tendientes al manejo ambiental de la cuenca y a la descontaminación del río Bogotá, no tienen su origen en la falta de recursos del orden nacional ni en la oportuna y puntual puesta a disposición de los dineros por concepto de regalías y otras transferencias que por ley compete a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    Corresponde a la EAAB asumir los costos de la construcción y ejecución de las obras vinculadas a la PTAR Canoas, ya sea con recursos propios, recursos transferidos por el DC o de empréstitos y no con cargo a los recursos de la Nación.

    La manifestación contenida en el literal d) del punto quinto de la sentencia no tiene fundamento legal, puesto que los casos en que se permite a la Nación asumir deudas de empresas estatales, cualquiera que sea su orden territorial, es en los eventos de saneamiento financiero o producto de la liquidación administrativa de empresas estatales.

    Finalmente afirmó que la aplicación de los principios y fundamentos del Estado social de Derecho consagrados en la Constitución Política, no debe limitarse exclusivamente a la Nación sino que deben aplicarse y exigirse a las entidades territoriales y a las empresas públicas del orden distrital y municipal, más aún cuando los programas de descontaminación del Río Bogotá corresponden al D.C. y a su EAAB, entidades con la suficiente capacidad técnica y financiera para no solamente apropiar los recursos para la PTAR Canoas, sino para exigírseles un manejo eficiente de los mismos.

    VIII.6.13. LAS SOCIEDADES ALPINA, ETERNIT, LÍQUIDO CARBÓNICO, SOCIEDAD CRISTALERÍA PELDAR, REFISAL, CERVECERÍA LEONA Y DIACO (fls.13435 a 13437

    Reiteraron los argumentos ya reseñados.

    VIII.6.14. SARA MARIELA PÁRRAGA DE MOYA (fls. 13451 a 13465)

    En su calidad de sucesora procesal del demandante Gustavo Moya Ángel, solicitó se revoque el numeral décimo primero de la parte resolutiva de la sentencia, que fijó como incentivo 50 SMLMV y negó las demás indemnizaciones y en su lugar se ordenó dar aplicación al incentivo previsto en el inciso segundo del artículo 1005 del Código Civil, es decir una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño, en razón a que la acción fue promovida el 1° de octubre de 1992 y que el incentivo debe correr a cargo de la empresa de Energía de Bogotá, EMGESA S.A. y CODENSA quienes son solidariamente responsables con dicho pago y no a cargo de las entidades a que se refiere el numeral 6.23.1 de la parte motiva de la sentencia apelada.

    En segundo lugar solicitó reformar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia y en su lugar se disponga que se declare solidariamente responsable, por acción u omisión a la Empresa de Energía de Bogotá, a EMGESA S.A. y a CODENSA S.A. como consecuencia de los vertimientos y almacenamiento de las aguas negras sobre el Embalse del Muña.

    En tercer lugar se confirme la parte resolutiva de la sentencia en los restantes numerales.

    Llamó la atención en el sentido de tener en cuenta que el daño causado al medio ambiente por la Empresa de Energía de Bogotá, no se sustenta en la notoria y sabida contaminación que presentan las aguas del río Bogotá con que se nutre la represa, sino en el bombeo y almacenamiento de estas aguas sin el lógico y debido tratamiento previo.

    Adujo que no puede confundirse el objeto de la acción popular, en tanto que no busca la descontaminación del río Bogotá, sino la realización de las obras necesarias por parte de la EEB, para que previamente a verter y almacenar las aguas en el Embalse del Muña, las descontamine a través de una planta de tratamiento de agua y luego las vierta y almacene en el embalse, de tal manera que se evite la contaminación que ha venido aportando dicha fuente hídrica.

    Complementó su memorial en escrito obrante a folios 13845 a 13871, para reiterar que se declare la responsabilidad de EMGESA con el objeto de que realice las obras necesarias para el tratamiento de las aguas del Embalse del Muña, pues a su juicio, las obras realizadas son muy pocas y el Río continúa contaminado.

    Reiteró igualmente la solicitud de condenar en costas y a pagar los perjuicios a la parte demandada hoy EMGESA. Anexó el informe de visita realizada al río Bogotá el 18 de febrero de 2013.

    VIII.6.15. El IGAC (fls. 13466 a 13469)

    A través de apoderado judicial señaló que por tratarse de un organismo eminentemente técnico, cuyo objeto es cumplir con el mandato constitucional relativo a la elaboración y actualización del mapa oficial de la República, desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, no está llamado a ser demandado en el presente proceso ya que la contaminación del río Bogotá no es un asunto en el que la entidad haya tenido injerencia, ni por acción ni por omisión.

    Adujo que dentro de sus funciones está el realizar operaciones de deslinde y amojonamiento de entidades territoriales, por lo tanto no es de su competencia ejecutar acciones en relación con las rondas de los ríos. Si bien colabora con las autoridades ambientales en el suministro de información y experticias técnicos que le soliciten para la ejecución de planes y programas asignados a las entidades, no significa que el Instituto demandado tenga responsabilidad por las acciones u omisiones de las entidades que manejan el tema ambiental, como el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales.

    Tampoco la entidad efectúa procesos que originen vertimientos de residuos contaminantes al río Bogotá causantes del deterioro ambiental, tampoco realiza obras públicas que afecten o puedan afectar el ecosistema que lo circunda.

    En estos términos consideró están dados los presupuestos para declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del IGAC.

    VIII.6.16. LA CAR (fls. 13470 a 13504)

    Puso de presente la normativa expedida con posterioridad a la sentencia así como los desarrollos fácticos que ha tenido el proceso de descontaminación del río Bogotá para reiterar que lo que respecta a la CAR y sus competencias legales y constitucionales, continúan vigentes los reparos jurídicos expuestos al apelar la sentencia de primera instancia razón por la cual solicitó tenerlos como parte integral del alegato y para no repetir se limita a llamar la atención sobre la actividad desarrollada por la CAR en el interregno, así como tener en cuenta los oficios radicados por la entidad el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2012, en respuesta al requerimiento de información realizado por el Despacho del Consejero mediante proveído de 15 de noviembre de 2012.

    En consecuencia, precisó, quedará demostrado cómo la descontaminación del río Bogotá, ocupa sin duda la atención y acción de la CAR bajo una política pública delineada muy particularmente en el Documento Conpes 3320 de 6 de diciembre de 2004 y en la que se avanza a través del convenio 171 de 2007. Dicha Política Pública corresponde ser desarrollada armónica y coordinadamente por cada una de las diversas autoridades dentro del marco de sus competencias.

    En estos términos presentó como estructura temática de los alegatos:

    1.- Reiteración de las consideraciones legales expuestas como argumento de la apelación: ilegalidad por la aprobación de pactos de cumplimiento inexistentes, por delegación indebida del juez de conocimiento, por aprobación de pactos parciales, por indebida imposición de cargas a la CAR, relativas a la restauración morfológica del suelo y creación de una red hidrometereológica, así como las obligaciones impuestas derivadas de la "solución técnica integral": construcción de la PTAR Canoas y ampliación de la PTAR Salitre, dragado del Río; destinación de los recursos a que se refiere el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 a la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas; en cuanto a la aprobación de los pactos de cumplimiento obligaciones relacionadas con los proyectos de "Producción más limpia", a la "transferencia de recursos del sector eléctrico para la operación y mantenimiento del Embalse del Muña y a la reubicación de personas". En segundo término lo relacionado con los desarrollos fácticos y las conclusiones y solicitud.

    En tal contexto señaló que la decisión de primera instancia debe ser revocada en su integridad porque aprueba un pacto que no existió, y en caso de existir éste sería parcial y su aprobación por lo tanto ilegal, pues modificó los acuerdos originales sin el consentimiento de las partes y adoptó una decisión híbrida en tanto el proceso finalizó por un supuesto pacto de cumplimiento parcial y una decisión de fondo con la cual se desconoce el orden público, toda vez que todo proceso de acción popular debe culminar con aprobación de un pacto de cumplimiento o con una sentencia de fondo, no con la suma de ambas figuras.

    En cuanto a las obligaciones impuestas por incumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, contenida en el numeral 3 literal e) de la parte resolutiva, se ordena a la Car exigir a los entes públicos y privados que gozan de licencias o autorizaciones para la explotación minera, la restauración morfológica del suelo en un lapso de cuatro meses contados a partir del momento del requerimiento so pena de la revocatoria o suspensión de los permisos o licencias concedidos.

    Esta disposición en su criterio resulta contraria al ordenamiento jurídico por dos razones: -Desconoce el debido proceso y la carga impuesta tiene origen en un proceso del que no son parte y establece un plazo corto que no atiende a las complejidades de la actividad que se debe ejecutar, e impone una obligación no prevista para ser ejecutada en la etapa actual de su actividad minera. - La orden de restauración morfológica del suelo dirigida a los titulares de autorizaciones y licencias contraviene las disposiciones contenidas en los artículos 58 y 62 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1200 de 2004 y la Ley 1333 de 2009, normas que regulan el trámite para el otorgamiento, modificación y revocatoria de las licencias ambientales, así como el procedimiento sancionatorio. Ordenar a los titulares de licencias o autorizaciones la realización de actividades de restauración morfológica del suelo en un término de cuatro meses, implica una modificación en los términos de la licencia original cuando además se trata de una obligación que sólo debe ser cumplida al final de la misma, y por otra, un cambio de imposible cumplimiento que puede impedir el desarrollo de las actividades autorizadas, convirtiendo la licencia en inocua e inejecutable.

    Respecto de la creación de una red hidrometeorológica, orden contenida en el numeral tercero literal i) de la parte resolutiva, que implica la entrega del manejo y operación de la red hidrometeorológica de la CAR al IDEAM, así como el aporte recursos para la constitución de un fondo común destinado al mantenimiento de la misma, solicitó sea revocada.

    La orden implica, a su juicio, una especie de expropiación de unos bienes de propiedad de la entidad estatal a favor de otra, lo cual no tiene justificación ni sustento legal alguno; si bien es cierto en la actualidad la CAR cuenta con una red hidrometeorológica de su propiedad con más de cien estaciones de monitoreo a lo largo del río Bogotá, la cual según la orden debe poner a disposición del IDEAM de manera gratuita, no sólo se causaría un desmedro al patrimonio de la CAR, sino que haría que dicha entidad, cuyas funciones legales le obligan a concentrarse, entre otras, en la cuenca del río Bogotá, perdiera la posibilidad de manejar una red altamente especializada y concentrada en el control de aguas en su jurisdicción con desconocimiento de su experiencia.

    Las obligaciones impuestas a la CAR, derivadas de la solución "Técnica Integral", consistente en la ampliación de la PTAR Salitre y la construcción de la PTAR Canoas, la cual ni es realmente solución ni corresponde a la realidad de las cosas, pues no es el resultado de estudios serios y concretos sobre el tema, ni de consensos logrados en la mesa técnica ya que la CAR jamás manifestó su consentimiento ni aprobación de los denominados pactos de cumplimiento, ni tampoco con ninguna de las alternativas propuestas.

    Solicitó, por lo tanto, revocar el numeral quinto literal c) de la sentencia, en virtud del cual la CAR debe aportar para la construcción de la PTAR Canoas a ejecutarse en el Municipio de Soacha, parte de los recursos que recibe de las transferencias de la sobretasa del impuesto predial efectuada por el D.C., previa deducción de los recursos que se deben destinar par la ampliación de la PTAR Salitre. Ello en razón a que en su criterio el juez de la acción popular irrumpió en la órbita de competencia exclusiva de la administración, vulnerando no solo el principio de separación de poderes, pilar del estado social de derecho sino las disposiciones que establecen los parámetros que deben seguir las autoridades en materia de planificación ambiental. Ello unido a la conveniencia del proyecto y la disponibilidad presupuestal, debiendo estar previamente contempladas en las diferentes herramientas de planificación ambiental.

    En estos términos, el Decreto 1200 de 2004, vigente para la fecha de expedición de la sentencia, estableció como herramientas de la planificación regional de las Corporaciones autónomas: el Plan de Gestión Ambiental-PGAR, el Plan de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto de Rentas y Gastos. Con lo cual el Tribunal de instancia desconoce el ámbito de competencia de la administración para decidir los proyectos en los cuales debe intervenir.

    En cuanto al dragado del Río, orden contenida en el numeral cuarto literal h) de la parte resolutiva y el acápite 6.18 de la parte motiva del fallo, con cargo a los recursos, entre otros de la CAR, consideró que viola el artículo 113 de la Carta, en cuanto implica una injerencia indebida del juez en el ámbito discrecional técnico de la Administración, más aún cuando la CAR cuenta con un plan de dragado diseñado científicamente y sectorizado a lo largo de la cuenca del río Río y en ejecución. La sentencia modifica la forma de efectuar dicho dragado contrariando la competencia asignada a la CAR y en particular el principio de especialidad de la administración previsto en la Ley 489 de 1998, artículo 68 y de conformidad con el artículo 10 numeral 20 de los Estatutos de la Car.

    En relación con la destinación de recursos a que se refiere el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 a la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas, orden contenida en el numeral quinto literal d) en virtud de la cual la CAR debe aportar parte de los recursos que percibe por transferencias del sector eléctrico para la operación y mantenimiento de la PTAR, precisó que resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1933 de 1994 y el Decreto 1729 de 2002, según los cuales la principal destinación de las transferencias del sector eléctrico es la relativa a la protección de las cuencas hidrográficas, a través de la elaboración del Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica. Resaltó además que es de competencia exclusiva de la CAR establecer las directrices bajo las cuales se efectuará el manejo de las Cuencas Hidrográficas localizadas dentro del área de su jurisdicción según lo prevé el numeral 18 del artículo 10 de los Estatutos de la entidad.

    Agregó que la ley fue enfática al disponer que los recursos a que hace referencia la citada disposición, sólo podrán destinarse hasta el 10% a gastos de funcionamiento, norma cuyo alcance fue establecido por la Sala de Consulta y Servicio Civil en consulta de 31 de octubre de 2001, radicación 1457, MP César Hoyos Salazar.

    En cuanto a las obligaciones derivadas de la supuesta aprobación de los Pactos de Cumplimiento, en primer término señaló que nunca se configuró el citado pacto, pues no existió por parte de la CAR, entre otros demandados manifestación del consentimiento necesario para dicha aprobación, razón por la cual las órdenes impartidas con fundamento en ellos deben ser revocadas.

    En relación con los Proyectos de Producción más limpia, numeral tercero literal ll), precisó que corresponderá a la CAR coordinar y cofinanciar los proyectos de producción más limpia, incluyendo las obras de infraestructura que requieran dichos proyectos así como la obligación de subsidiar los planes de vivienda de aquellos habitantes que se ubican en la zona de ronda del río Bogotá con necesidades básicas insatisfechas, funciones que corresponden a las asignadas legalmente a la CAR, lo que implicaría una extralimitación en el ejercicio de competencias y el desconocimiento del artículo 6° superior.

    Expuso que la forma como deben ser implementados los programas de producción más limpia, implica una injerencia indebida en el ámbito de competencia de la administración y particularmente de la CAR, autoridad facultada para establecer la forma como se han de ejecutar los diferentes programas para la protección del medio ambiente. En este sentido resaltó que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), previó la ejecución de un Proyecto de Producción más Limpia, el cual se ha cumplido a cabalidad.

    Con relación a las obligaciones relativas a la transferencia de recursos del sector eléctrico para la operación y mantenimiento del Embalse del Muña, contenida en el numeral cuarto literal f) en virtud del cual se ordena a la Car destinar a partir de 2009 un porcentaje de los recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico para la operación y mantenimiento de las obras del Embalse del Muña, previo descuento del giro para la operación y mantenimiento de la PTAR Canoas, adujo que la misma resulta contraria al artículo 113 superior y atenta contra las normas de planificación en materia ambiental, por cuanto es competencia exclusiva de la CAR determinar las condiciones y proyectos en que deben invertirse los recursos y, por lo tanto, escapa a la competencia del juez popular.

    De otra parte, agregó que el juez desconoció la política de la CAR en lo referente al manejo del embalse y la relación con EMGESA, vulnerando con ello el principio de separación de poderes.

    Respecto de la reubicación de personas, orden contenida en el numeral tercero literal e) se impone a la CAR la obligación de reubicar en los demás complejos mineros a las personas con necesidades básicas insatisfechas que lavan arenas en el río Tunjuelo, precisó que no es función que corresponda a la CAR, en tanto que se trata de una atribución exclusiva del MAVDT, razón por la cual dicha orden resulta contraria a lo dispuesto en los artículos 6 y 113 de la Carta Política.

    Desarrollos fácticos:

    La CAR pretende demostrar que tiene estructuradas las gestiones que corresponden frente a la cuenca del río Bogotá, conforme a los diseños establecidos de manera técnica, efectiva y eficiente, en armonía con otras entidades que deben participar en esta gestión, con los recursos asignados para el efecto y con la debida financiación de acuerdo con las condiciones de la Corporación.

    1.- Suscribió el Convenio ATN/OC-10208-CO con el BID cuyo objeto fue obtener los recursos de cooperación técnica para la elaboración de los estudios de preinversión para la preparación del Programa de Manejo Ambiental de la Cuenca del río Bogotá en jurisdicción de la CAR, complementado con una contrapartida de la misma entidad.

    Con fundamento en los estudios elaborados se recomendó la ejecución de obras prioritarias, las cuales fueron concertadas para ser llevadas a nivel de diseño de detalle y ser desarrolladas en el componente denominado "Diseños Específicos de Ingeniería", con base en ellos se suscribieron los contratos 735 de 2009 que incluyó la ampliación y mejora de las plantas de Bojacá, Cogua, Guatavita, Nemocón, Sesquilé, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio y Zipaquirá y la construcción de nuevas plantas en Chía, Cota, El Colegio, Villapinzón y Zipacón, con un presupuesto de $132.813.000.000 y el contrato 543 de 2010, COA 6925-BID, que incluyó la ampliación y mejora de las Plantas de Anapoima, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Tena; la construcción de nuevas plantas en Agua de Dios, Anolaima, Apulo, Facatativá, Girardot, La Mesa, Mosquera, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Tocaima y Viotá con un presupuesto de $52.481.000.000 y en la actualidad los municipios se encuentran presentando proyectos a la Corporación para su cofinanciación con base en los diseños desarrollados y los entes municipales deberán gestionar recursos ante otras entidades competentes en la materia.

    Igualmente en el marco del Documento Conpes 3320 se suscribió el convenio 171 de 2007 para la recuperación del río Bogotá y la prevención de inundaciones del Distrito Capital entre la CAR la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

    Adicional al Documento Conpes 3320, en atención al Plan de Acción Trianual 2007-2009 y su actualización al año 2011, se tiene proyectado realizar obras de adecuación hidráulica sobre la Cuenca Media del río Bogotá, en un tramo de 68 km, comprendido entre las puertas de Alicachín en el Municipio de Soacha y Puente La Virgen en el Municipio de Cota, cuyo objetivo es transformar el río Bogotá, mediante la ampliación de su capacidad hidráulica para lograr la reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento de los drenajes de las zonas bajas de la ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo largo del Río, recuperando este recurso hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá.

    Puso de presente que a la fecha de presentación de los alegatos (15 de febrero de 2013), cuenta con los diseños de detalle de las obras a ejecutar y adjudicado los procesos licitatorios tanto de obras como de interventoría del Tramo 1, que corresponden a los primeros 40 kms entre Alicachín y el Km 40 antes del barrio Porvenir (mpio. de Mosquera).

    En desarrollo del Convenio se adelanta el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá que está integrado por cuatro componentes: i) Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR Salitre; ii) Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental; iii) Estudios para el manejo integrado de la cuenca y iv) Administración y gerencia, que incluye salvaguardas ambientales y sociales. Agrega que se incluyó en el Convenio, como parte integral de la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, la construcción de la PTAR Canoas, Convenio 171 de 2007, corresponde a la EAAB.

    El proyecto a la fecha se encuentra con cierre financiero y desde 2009 se adelantaron las gestiones ante el Banco Mundial para contar con una operación de crédito externo hasta por la suma de US$250 millones. La suscripción del contrato contó con el respaldo de la Nación a través del Documento Conpes 3631 de 2009.

    Las obras realizadas para la mitigación de las inundaciones a través del Fondo de Inversiones para la Adecuación del río Bogotá (FIAB), son las obras de dragado, refuerzo de jarillones y ampliación del cauce del río Bogotá, entre Alicachín y la desembocadura del río Tunjuelo, en un tramo de 21 Kms., se removieron más de 500.000 m3 de sedimentos del cauce del Río y la financiación de las obras cuyo valor supera los seis mil millones de pesos corrió por cuenta de la Dirección General del Riesgo, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

    La Car asumió la supervisión técnica del proyecto, asesoría técnica y el suministro de todo el soporte requerido. Los refuerzos de los jarillones se realizaron en los puntos de alto riesgo en el Municipio de Mosquera, vereda San Francisco, Soacha, Bosa y Kennedy.

    Mediante el contrato 311 de 2010 se realizó limpieza del cauce y refuerzo de jarillones entre el Río Balsillas y el Puente de San Francisco, contrato que se ejecutó con recursos propios de la CAR, por valor de $2.177.682.801.

    La CAR ha implementado bajo las normas del Banco Mundial, el proceso de consultoría y las obras de prevención en la Cuenca Media del Río Bogotá en el sector comprendido entre la calle 13(K41+500)-Puente El Común (K98+200) consistentes en dragado de cauce y disposición del material extraído para el reforzamiento y reconstrucción de jarillones, perfilado de taludes y remoción y disposición de maleza acuática, árboles, ramas y tambres que se encuentren dentro del cauce, por un valor de $9.000.000.000, obras cuya construcción concluirá en 2015 y su estabilización y entrenamiento en 2016 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 43 de 2006.

    La CAR mediante Convenios interadministrativos con varios municipios, ha adelantado procesos cuyo objetivo es contribuir con el saneamiento ambiental de fuentes hídricas. Dentro de estos procesos se encuentran obras como la construcción de unidades sanitarias con su respectivo pozo séptico y campo de infiltración; construido 1122 unidades en 27 municipios con una inversión de siete mil ciento cuarenta y un millones seiscientos catorce mil setecientos ochenta y nueve pesos ($7.141.614.789) con beneficio para aproximadamente 4.500 personas.

    Se gestionaron y aprobaron los Acuerdos 17 y 30 de 2009, mediante los cuales se determina la ronda técnica del Río y se decreta la zona de utilidad pública del proyecto, respectivamente. Ellos permiten adelantar el proceso de rehabilitación ecológica para la consolidación de un corredor de ronda que en un futuro favorezca la conectividad ecológica con otras áreas de vital importancia como los Cerros Orientales y los humedales de la Sabana.

    El Proyecto incluye integrar la biodiversidad biológica de la cuenca media del río Bogotá, utilizando más de 80 especies nativas en la reforestación de aproximadamente 597 hectáreas donde se espera plantar alrededor de 280.000 árboles nativos, imitando las condiciones naturales.

    La CAR finalizó la entrega de las plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR a los municipios de la Cuenca del río Bogotá, el 7 de octubre de 2012.

    Concluyó que es a la CAR como autoridad ambiental a quien corresponde planear su gestión en coordinación con otros entes estatales, dentro de un suficiente margen de discrecionalidad técnica y en atención a su presupuesto.

    No le corresponde al juez señalar las directrices de la gestión administrativa sin atender la técnica y especialidad de los organismos administrativos y a su presupuesto.

    Con fundamento en ello la CAR diseñó un Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), en atención a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de Desarrollo Municipal, el POT Departamental, el POT municipal y el Plan de ordenamiento de la cuenca.

    Para la adecuación hidráulica del río Bogotá la CAR ha atendido las políticas del Gobierno Nacional plasmadas en el Documento CONPES 3320 de 2004, la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CAR 43 de 2006 y los Planes Nacionales de Desarrollo 2006-2010 y 2011-2014.

    En estos términos solicitó se revoque la sentencia de 25 de agosto de 2004 y su complementaria de 16 de septiembre de 2004. De manera subsidiaria se revoquen el numeral tercero literales e), i) y ll); numeral cuarto literales c), h) y f) y del numeral quinto los literales d) y c).

    VIII.6.17. EL DNP Y EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN (FOLIOS 13516 A 13528)

    Por medio de apoderado judicial, reiteraron los argumentos planteados en el recurso de apelación y, adicionalmente, solicitaron tener en cuenta los siguientes argumentos:

    1. Sobre la titularidad de los recursos de regalías, de conformidad con los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Fondo hoy en liquidación se debe regir por la legislación anterior a la reforma introducida por el Acto Legislativo 05 de 2011, regulado para la época de la sentencia por la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, donde se estipula que sus fondos se conformarán con los ingresos provenientes de las regalías no asignadas a los departamentos y municipios productores y a los municipios portuarios de conformidad con la ley, como un sistema de manejo separado de cuentas con personería jurídica cuyos recursos serán destinados de conformidad con el artículo 361 Superior; se le otorga personería jurídica al FNR, se adscribe al Departamento Nacional de Planeación e igualmente se atribuye a la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el recaudo y administración de sus recursos.

    De otro lado la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la autonomía territorial en relación con los recursos de regalías, respecto de lo cual ha reiterado los componentes del núcleo esencial de este derecho, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 287 de la Carta Política y ha establecido que el límite impuesto al legislador en esta materia depende del tipo de recursos respecto de los cuales esté legislando, ya que las entidades territoriales cuentan con dos fuentes de financiación: las endógenas y las exógenas y la jurisprudencia ha reconocido que las regalías son recursos provenientes de fuentes exógenas de financiación sobre las cuales el legislador tiene amplias facultades de intervención.

    Colige la Corte que las regalías no son propiedad de las entidades territoriales sino del Estado y que dichos entes sólo tienen sobre aquellos recursos un derecho de participación en los términos que fije la ley.

    Las entidades territoriales que no participan de manera directa en las regalías la ley las hace beneficiarias de unas transferencias condicionadas a las cuales solo pueden acceder a través de la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Regalías, lo que significa que si un municipio no presenta proyectos, difícilmente podría ser acreedor de tales transferencias por este concepto.

    2.- Debido proceso y principio de legalidad.

    Al ser el debido proceso desarrollo del principio de legalidad, aquél representa un límite jurídico al ejercicio del poder político, en la medida en que las autoridades sólo podrán actuar dentro del ámbito de su competencia.

    3.- Competencias del DNP-Fondo Nacional de Regalías-Principio de legalidad.

    Acorde con los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y las competencias señaladas en los decretos 3517 de 2009 y 416 de 2007, el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Regalías, ejerce las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución de los recursos de las regalías directas a que tienen derecho las entidades territoriales beneficiarias y ejecutoras, por adelantarse en su territorio la explotación de recursos naturales no renovables, o ser puertos por donde se transportan dichos productos, a efectos de verificar que la destinación de los recursos se enmarquen dentro de los parámetros establecidos por las normas vigentes, para lo cual contrata o realiza directamente la interventoría administrativa y financiera de los recursos de regalías y compensaciones distinta a la interventoría técnica que debe ser designada o contratada por los entes territoriales beneficiarios según corresponda.

    De conformidad con el Decreto 3517 de 2009, modificado por el Decreto 1832 de 2012, se creó el Consejo Asesor de Regalías encargado de determinar las pautas y requisitos que deben cumplir las entidades territoriales beneficiarias y las entidades ejecutoras, para la adecuada utilización de los recursos del FNR y en depósito en el mismo, así como para señalar los criterios de elegibilidad de los proyectos que sean susceptibles de ser financiados o cofinanciados con tales recursos.

    Es la ley la única habilitada por el constituyente para realizar una asignación específica de los recursos del FNR. La Ley 141 de 1994, artículo 1° numeral 3° parágrafo quinto modificado por el artículo 7 núm. 3 de la Ley 756 de 2002, estableció una asignación con destinación específica dentro del presupuesto del FNR destinada a la financiación de programas y proyectos para la descontaminación del río Bogotá.

    Cuando la partida supere el monto disponible surge la necesidad de realizar un procedimiento previo a la remisión de los proyectos al Consejo Asesor de Regalías, al cual corresponde un ejercicio de priorización que se encuentra previsto en el artículo 5 de la Ley 141 de 1994, los que se reflejan en el Conpes 3523 de 2008 y en la Resolución 757 de 2008.

    Agregó que el artículo 119 de la Ley 1151 de 2007, establece que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 756 de 2002, el Gobierno Nacional efectuará las operaciones presupuestales a que haya lugar en el presupuesto del FNR con el fin de distribuir los saldos de apropiación presupuestal que no se encuentren comprometidos a treinta de septiembre, y respecto de los cuales no se hayan presentado los correspondientes proyectos por las entidades beneficiarias ante las instancias nacionales competentes.

    Para el acceso a los recursos del FNR, las entidades territoriales como beneficiarias deben presentar los proyectos ante los respectivos ministerios según el sector al que correspondan, en los términos y con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 416 de 2007 para obtener su viabilidad. Igualmente deben cumplir los requisitos establecidos en los Acuerdos Sectoriales donde se fijan los criterios de elegibilidad, viabilidad, y básicos para la presentación de los proyectos de inversión.

    Reiteró que para la ejecución de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones, incluidos los mecanismos de contratación, son responsabilidad exclusiva de la entidad territorial beneficiaria y ejecutora de tales recursos, debe cumplir con las disposiciones legales que regulan la materia, el DNP no es parte contractual ni autoridad en la ejecución de los proyectos financiados con las asignaciones del FNR toda vez que debe garantizar su independencia para ejercer la función de control y vigilancia a través de la interventoría administrativa y financiera.

    Sobre el trámite del Proyecto de Inversión BPIN 1150030340000 "Construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas para el Distrito Capital de Bogotá", hizo las siguientes precisiones:

    • Presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 29 de noviembre de 2011 al MAVDT, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y remitido como viable a la Dirección Nacional de Regalías con oficio anexo No. 20116630439932, radicado en el DNP el 2 de diciembre de 2011; la alcaldía propuso como entidad ejecutora a la EAAB ESP.
    • Cumplidos los requisitos señalados en el Decreto 416 de 2007 y el Acuerdo 026 de 2004, fue aprobado por el Consejo Asesor de Regalías por valor de $120.215.000.000 con Acuerdo 071 de 28 de diciembre de 2011.
    • El Proyecto consiste en la construcción de las obras de ingeniería y complementarias para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la estación elevadora de aguas residuales de Canoas, contempla las siguientes actividades:

    Estructura Central: un pozo circular de 65m de diámetro interno y 58 m de profundidad, se contemplan dos compartimientos independientes, el primero destinado a un sistema de cribado con tres sistemas de rejillas separados de 10, 7 y 2.5 mm en el cual se ha previsto la implementación de un sistema de bypass que permite derivar el caudal hacia el túnel de emergencia. El segundo, es la estación de bombeo propiamente dicha, en el cual se han dispuesto en la primera etapa 5 bombas no sumergibles de pozo seco y de eje horizontal con una capacidad de bombeo de 5.5 m3 /s cada una para un caudal bombeado de 22m3/s y con una bomba de suplencia. En una segunda y última etapa se tendrán en total 7 bombas de 5.5m3/s cada una para una capacidad máxima de bombeo de 38.5m3/s. La altura de bombeo es de 4 6m aproximadamente, con lo cual se entrega el caudal bombeado al nivel requerido por la futura PTAR Canoas para su funcionamiento.

    Indicó asimismo, que esta obra hace parte de un proyecto integral en el marco del programa de saneamiento del río Bogotá y el Acuerdo de Cooperación para la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR-Canoas (Fase I y II) y su estación elevadora.

    Adujo que El DNP ha realizado seguimiento al CONPES 3320 Estrategia Ambiental para el manejo del río Bogotá a través del SISCONPES |25|, razones éstas por las cuales siempre ha estado atenta a cumplir con las funciones previstas por la Constitución y la Ley. Tampoco ha amenazado los derechos colectivos que en la acción popular se reclaman como vulnerados y ha cumplido a cabalidad con las cargas impuestas en la sentencia de primera instancia que fue objeto de impugnación por la DNP y el FNR en liquidación.

    Finalmente anotó que el a-quo incurrió en nulidad insaneable al aprobar parcialmente el pacto de cumplimiento, desconocer el espíritu del legislador y los postulados y la esencia del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, conforme lo ha establecido el H. Consejo de Estado en su jurisprudencia como mecanismo para la solución de conflictos dentro de la acción popular, que permite acercar a las partes para que éstas puedan por sí mismas, aunque con la orientación imparcial del juez, llegar a un acuerdo que finalice el litigio, resuelva la controversia y haga tránsito a cosa juzgada; lo cual evita el desgaste del aparato judicial.

    En tal sentido destacó que cuando se celebra un pacto de cumplimiento, éste deberá suscribirse sobre la totalidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda, es decir que para que proceda su aprobación, tendrá que resolverse en él todos y cada uno de los extremos de la litis.

    VIII.6.18. EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM (FOLIOS 13533 A 13538)

    Por medio de apoderada judicial planteó como fundamento de los alegatos de conclusión que el IDEAM no es responsable de contaminar el río Bogotá, por su naturaleza es un instituto que realiza investigaciones y coordina la red hidrometeorológica del río Bogotá, no una autoridad ambiental que pueda imponer sanciones y evitar que se contamine el río Bogotá por la actividad que ejerce exclusivamente una empresa en el Embalse del Muña.

    Adujo que las funciones del IDEAM están previstas en los artículos 2 y 15 del Decreto 1277 de 1994.

    Asimismo, hizo referencia a las actividades adelantadas por la entidad:

    • Contrato No. 081-2008- Paola Andrea Bulla Portuguez para realizar las labores de especialización y georeferenciación de las estaciones hidrometeorológicas y ambientales con transmisión satelital del IDEAM.
    • Contrato No. 085-2008 Diana Marcela Gómez Bonilla, con el objeto de realizar el seguimiento a la red de estaciones automáticas comprendidas dentro del marco del Convenio 005/2008 IDEAM_CAR Valor: $6.000.000, plazo 4 meses.
    • Contrato N0. 087-2008 María Constanza Rosero Mesa, realizar actividades tendientes a optimizar la red de estaciones hidrológicas de propiedad del IDEAM y de la CAR que se encuentran en jurisdicción de la Corporación, en un plazo de cuatro meses por valor de $19.440.000.
    • Contrato No. 143-2008 Víctor Leonardo López Jiménez para optimizar la red de estaciones meteorológicas de propiedad del IDEAM y la CAR en jurisdicción de la Corporación.

    Se han igualmente suscrito los siguientes Convenios:

    • Convenio Específico número 117/2003 celebrado entre el IDEAM y la CAR cuyo objeto es la instalación, operación y mantenimiento de treinta estaciones hidrometeorológicas automáticas que generen información para la IDEAM y para la CAR, de las cuales 25 fueron adquiridas por el IDEAM a través del crédito Suizo y cinco (5) adquiridas por la CAR.
    • Convenio específico número 117/2003-002 celebrado por el IDEAM y la CAR, el cual tuvo por objeto aunar esfuerzos entre las dos entidades con el fin de realizar la revisión, reparación, calibración y certificación de la calibración del instrumental convencional de la red hidrometeorológica de la CAR.
    • Convenio 005/2010 celebrado con la CAR para la operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica conjunta del IDEAM y la CAR en jurisdicción de la CAR, generar, recolectar y procesar datos de 31 estaciones construidas e instaladas conjuntamente entre las dos entidades en jurisdicción de la CAR; poner en marcha los resultados de los estudios de reingeniería de la red hidrometeorológica en un proyecto piloto de red óptima conjunta IDEAM-CAR en la cuenca alta del río Ubaté; unificar procedimientos de operación y mantenimiento de estaciones, generación, captura y verificación de información hidrometeorológica, por valor de $215.000.000.
    • Convenio 012/2011 suscrito con la CAR para la operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica conjunta del IDEAM y de la Car en jurisdicción de la CAR por valor de $281.000.000 para ejecutarse entre el 5 de julio de 2011 y 4 de julio de 2012.

    En desarrollo de estos contratos y convenios se han realizado las siguientes actividades en la Cuenca del río Bogotá:

    • Especialización y georeferenciación de estaciones.
    • Revisión de la información de estaciones automáticas.
    • Propuesta de optimización de la red de estaciones hidrológicas.
    • Propuesta de optimización de la red de estaciones meteorológicas.
    • Instalación, operación y mantenimiento de siete estaciones climatológicas.
    • Instalación, operación, y mantenimiento de tres estaciones hidrológicas.
    • Captura y procesamiento de información hidrometeorológica.

    Finalmente, solicitó modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de exonerar al IDEAM de cualquier responsabilidad.

    VIII.6.19. EL MUNICIPIO DE CHÍA (fls. 13547 A 13550)

    Por medio de apoderada judicial alegó en los siguientes términos:

    El Municipio de Chía no hace parte de la jurisdicción del Distrito Capital y no ha adquirido compromiso alguno respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, sin embargo la administración municipal ha realizado adelantos para la descontaminación del río Bogotá por el compromiso adquirido en la acción popular, folio 309 de la sentencia de 25 de agosto de 2004. Igualmente en la audiencia del 14 de noviembre de 2012 el Alcalde municipal presentó los avances y compromisos asumidos por el municipio, anexada al acta y al expediente.

    El informe comprende:

    1.- Plan Maestro de Acueducto a corto plazo que con sus ajustes se presentó a la CAR para evaluación.

    2.- Planta de Tratamiento de agua potable a corto plazo, se solicitó la concesión de aguas superficiales a la CAR, en trámite; levantamiento topográfico desde el Embalse del Neusa hasta el Municipio de Chía, conjuntamente con la CAR. Se evaluó la posibilidad de tratamiento de las aguas sobrantes del Sistema de Tibitoc que dio como resultado la no viabilidad por los altos costos de operación.

    3.- Obra: Chilacos, redes de alcantarillado separadas (aguas negras y aguas lluvias) con el objeto de aliviar la carga de saturación del interceptor de aguas residuales entre la calle 19 y el sector de premezclados y en el sector del camino de la Conchucua vereda de Samaría, aliviando la carga de aguas lluvias de la PTAR Chía I., valor: $3.500.000.000.

    En el mismo sentido las obras de Bojacá, Fagua, complementaria de la red de aguas residuales; Construcción PTAR El Darién, Cataluña y El Cacique, recuperación de la PTAR de Chía I.

    Igualmente se creó el Banco de maquinaria para el municipio.

    Allegó asimismo el cuadro de la relación de los recursos asignados para agua potable, saneamiento básico, recursos naturales y protección de fuentes hídricas para el periodo 2008-2011, con gastos en fomento forestal, construcción planta de transferencia de residuos sólidos y programa de tratamiento; conservación, mantenimiento, protección, restauración y aprovechamiento de fuentes hídricas; subsidios a los usuarios de estratos I y II de Acueducto. Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado del sistema de potabilización del agua; mantenimiento, conservación y rehabilitación de los recursos naturales; infraestructura para la atención y prevención de desastres y mantenimiento del cuerpo de bomberos y programa de atención de emergencias. En maquinaria: retroexcavadora-draga, motobombas, tracto-bombas y lancha.

    Solicitó además tener en cuenta los informes allegados al Despacho que muestran los avances de obra respecto al cumplimiento del Convenio Interadministrativo 00335 de 2011 y la documentación que soporta la compra de predios por el ente territorial. Igualmente sobre la entrega al Municipio de la PTAR por la CAR y las actividades para mitigar el riesgo en la zona de la Universidad de la Sabana.

    De igual manera, destacó la información contenida en el informe técnico en el cual se lee:

      Se hacen las siguientes precisiones técnicas principalmente, los predios se encuentran en zona de alivio del río Bogotá en más de un 90%, además se ha causado un daño mayor con el relleno de los predios ubicados al Oriente del río Bogotá, otro factor es la construcción del muro de protección que elimina en estas áreas el alivio y amortiguamiento del Río. También estas obras ponen en riesgo al monumento Nacional como lo es el PUENTE EL COMUN.

      PUENTE EL COMUN: Las obras como se evidencia gráficamente, ponen en riesgo total la estructura de este monumento, es cierto que la Universidad está en la necesidad de protegerse, pero igualmente debe propender para lo que se encuentra a su alrededor no se vea afectado, la intervención del muro de contención que se levanta a borde del cauce del río Bogotá, formando un embudo y generando así un aumento considerable en la velocidad del caudal, así como el aumento en el nivel, poniendo en riesgo la estructura del Puente. Se levantó un jarillón en el sector ubicado entre los dos puentes el vehicular y el histórico, en este sector se encuentra diseñado desde su construcción un alivio a través de un canal, pasando a través de un box en la parte occidental del mismo Puente; la función principal de este box es aliviar el caudal del Río, formando un remanso en la zona Sur occidental de este. Este jarillón genera mayor presión a la estructura del puente, formando un embudo, además que incrementa el nivel del Río, poniendo en riesgo la estructura del puente.

      Los requerimientos que hace el Ministerio de Cultura, en su oficio 415-184501 de 2011, radicado de Alcaldía No 201100249999923780, manifiestan igualmente que las obras que adelanta la Universidad de La Sabana ponen en riesgo inminente la estabilidad del Monumento Nacional. Además indica la normatividad establecida en la Resolución 019 de 1992 emitida por el Consejo de Monumentos Nacionales, esta resolución delimita el área de influencia del puente El Común, en diferentes franjas de protección, también indica que en Centros Históricos, bienes de interés cultural del ámbito Nacional, en sus inmuebles colindantes o en sus áreas de influencia, deben contar con la autorización del Ministerio de Cultura, de conformidad con el numeral 2 del Artículo 11 de la ley 1185 de 2008, que modifica y adiciona la Ley General de Cultura 397 de 1997: "(...).La autorización de intervención que debe expedir la autoridad competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística. Quien pretenda realizar una obra, en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean colindantes con el bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria". Este oficio en su momento fue remitido con copia al Doctor OBDULIO VELASQUEZ POSADA, rector de la Universidad de La Sabana.

      De lo anterior se concluye que la Universidad debe tomar las medidas necesarias para restablecer las condiciones iniciales en el área de influencia del monumento Nacional PUENTE EL COMUN, esto quiere decir que debe retirar el jarillón ubicado entre los dos puentes y permitir el alivio a través del box del mismo Puente; retirar el muro de contención sobre el río Bogotá a la distancia que establece el Ministerio de Cultura, y permitir el alivio del Río para evitar los riesgos que se han generado con las obras recientemente ejecutadas.

      OBRAS SECTOR QUEBRABA HONDA: En este sector la Universidad de La Sabana está adelantando obras, las cuales generan un problema ambiental de grandes proporciones, teniendo en cuenta que la Universidad por protegerse no tiene en cuenta las mínimas condiciones ambientales y de riesgo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, es cierto que la construcción que hace parte del Instituto Inalde hay que protegerla, se debe hacer sin poner en riesgo el funcionamiento de la zona de amortiguación del Río y de la Quebrada Honda, además que gran parte de esta zona actúa como Humedal. En las crecientes tanto del Río Bogotá así como de la quebrada, es requerimiento que los valles aluviales y zonas de amortiguación sean respetadas, evitar sus rellenos ya que se estará provocando que los niveles del Río sean mayores, lo que pondría en riesgo las estructuras de puentes, pontones y vías que se encuentran construidas a lo largo del Río, también provocara que zonas que nunca se han inundado presenten estos eventos negativos.

      Por la parte media de estos predios, transcurre igualmente un brazo de la Quebrada Honda, la cual tiene su nacimiento en el Cerro Pan de Azúcar y que en épocas de invierno, recibe un gran caudal de escorrentía, esto igualmente genera y obliga la protección de este cuerpo de agua. Por tal razón en los rellenos realizados en los predios en mención han generado la reducción de su cauce, perjudicando su hidráulica, se recomienda el retiro del material depositado para recuperar su estado natural.

      El muro de contención que construye la Universidad, está interviniendo el área de influencia de la Quebrada Honda, se construye a borde de cauce, no se tiene en cuenta la zona de Humedal y de amortiguamiento que tiene la zona, la norma POT, establece que su ronda mínimo debe ser de treinta (30) metros, igualmente se establece que los valles aluviales y de amortiguamiento no se puede adelantar ninguna intervención que perjudique el sistema, también el POT en el Plano No 1 A, "MAPA DE AMENAZAS NATURALES", los predios antes referidos se encuentran en zona de amenaza nivel IEM, Inundación y encharcamiento Medio.

    Por lo anterior se recomienda:

    • Hacer demoler el muro de contención que adelanta la Universidad, sobre el área de influencia de la Quebrada Honda y del Humedal.
    • Proteger la construcción del Instituto Inalde de acuerdo a la recomendación que se hace en las imágenes de este documento, es decir por donde fueron instalados los sacos de arena en la pasada ola invernal.
    • Retirar todo el material que ha sido depositado para adelantar las obras por parte de la Universidad, restaurando totalmente la zona.
    • Retirar el material de relleno que en años anteriores la Universidad realizo, teniendo en cuenta las consideraciones plasmadas en este documento.
    • Presentar ante las entidades competentes, los estudios y diseños de los trabajos definitivos a aprobar.

    OBRAS RONDA RIO BOGOTA: De acuerdo a las definiciones dadas en este documento, se requiere (que) la Universidad de La Sabana, presente los estudios y diseños definitivos a aprobar por las entidades competentes, teniendo en cuenta que los trabajos que adelanta la Universidad son de carácter provisional.

    Igualmente se recomienda suspender los trabajos que adelanta la Universidad en la zona de influencia de la Quebrada Honda, y los que se adelanta en el área de influencia del Puente El Común. |26|

    VIII.6.20. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (fls. 13551 a 13562)

    En complemento del memorial ya radicado, la Defensora Pública Regional Bogotá, solicitó incluir la educación ambiental en los colegios como materia desde la primaria; que la EAAB realice programas dirigidos a la ciudadanía para capacitarlos en producción limpia y cultura ambiental; que las autoridades ambientales gestionen los procesos por afectación del ambiente, se generen los límites en las áreas protegidas y zonas de ronda y que la comunidad se integre a los procesos de recuperación de las áreas de protección, se restrinja la explotación de minas en zonas urbanas. La política además deberá integrar los principios ambientales de gradación normativa y precaución, integrar a todos los actores tanto públicos como privados y particulares; debe ser integral, que garantice su estabilidad y continuidad, no como producto de un esfuerzo aislado sino coherente con las demás políticas ambientales, con un enfoque integral de la actividad productiva del sector, bajo la perspectiva de análisis de ciclo de vida; concertada y gradual.

    De otra parte señaló la normativa que sirve de fundamento en materia de vertimientos, trámites de licencias y permisos, protección ambiental, planes de contingencia, normas urbanísticas y los ecosistemas de humedales y su impacto en las actividades humanas.

    VIII.6.21. SOFASA S.A. (fls. 13563 a 13566)

    A través de representante judicial, presentó alegato de conclusión haciendo la salvedad que la empresa no fue nunca vinculada formalmente al proceso, sino que como "invitada de buena voluntad" suscribió un pacto al que ha venido dando cumplimiento.

    Reiteró los argumentos de la apelación en el sentido de afirmar que la decisión a proferir debe consultar únicamente los aspectos no contemplados o solucionados en los pactos de cumplimiento, pues de lo contrario se estaría vulnerando la cosa juzgada configurada al suscribir y cumplir el pacto.

    VIII.6.22. EMCOCABLES S.A. (fls. 13576 a 13577)

    Solicitó confirmar la sentencia complementaria de 16 de septiembre de 2004, numerales 1° y 2°, éste último en tanto aclaró que EMCOCABLES no es solidariamente responsable, pues cuenta con planta propia de aguas residuales y piscina de oxidación aprobada por la CAR, para las aguas domésticas.

    VIII.6.23. GIRARDOTEMOS (fls. 13578 a 13594)

    Solicitó en sus alegatos se subsanen los yerros respecto de la responsabilidad de EMGESA.

    Estimó que hay un manejo equivocado del problema por parte de dicha empresa, pues existe un riesgo consciente del peligro al no tener en cuenta las dimensiones de las consecuencias sobre la salud de los habitantes del Municipio de Sibaté, por lo cual se hace necesario fijar la dimensión del "riesgo aceptable" que por ley tienen los "sibateños" y el resto de los habitantes de la rivera del Río Bogotá.

    Consideró importante destacar que los permisos de emisión están relacionados con actividades restringidas por razones de orden público, por lo tanto no crean derechos adquiridos en cabeza de los respectivos titulares, quienes en su criterio son los responsables del desastre.

    En estos términos, precisó que conspiran contra la descontaminación del río Bogotá y el uso genérico de sus aguas, las siguientes conductas: las dilaciones injustificadas; el desconocimiento de las leyes preexistentes sobre cuestiones ambientales; la inviolabilidad del derecho a la vida y el derecho que tienen las personas residentes en el Municipio de Sibaté de contar con un trabajo en condiciones dignas.

    Advirtó que resulta bastante paradójico que una de las tantas personas responsables del desastre ecológico de la Cuenca del río Bogotá y causante de las afectaciones a la salud de los residentes en Sibaté proceda de forma irreflexiva a obstaculizar la más concluyente de las alternativas de solución a favor de la descontaminación del río Bogotá y su uso genérico en la cuenca baja, que es la macroplanta de tratamiento de aguas residuales localizada al final de la Sabana de Bogotá Charquito-Carboneras y la irreflexión acogida por EMGESA defendiendo la generación de energía a través de la cadena Pagua.

    Posteriormente, en memorial obrante a folios 13780 a 13783, allegó prueba complementaria y sustento de la alegación, con el objeto de que sea tenida en cuenta con miras a demostrar gráficamente la contaminación ocasionada por EMGESA al Embalse del Muña y sus graves consecuencias por el vertimiento de las aguas contaminadas allí.

    VIII.6.24. EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (fls. 13595 a 13600)

    Solicitó en sus alegatos revocar la sentencia respecto de las órdenes impartidas a dicha entidad, toda vez que no suscribió Pacto de Cumplimiento alguno, ni participó en las mesas de trabajo.

    VIII.6.25. LA SOCIEDAD STANTON Y CÍA S.A. (fls. 13601 a 13603)

    Al presentar sus alegatos de conclusión, solicitó ratificar el Pacto de Cumplimiento presentado por la sociedad en la primera instancia y revocar el numeral 1° de la sentencia complementaria de 16 de septiembre de 2004, que dispuso la condena en costas.

    VIII.6.26. LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE, CRA (fls. 13604 a 13606)

    Solicitó mantener la decisión de absolver a la CRA y agregó que la recomendación hecha en el CONPES 3320 a la CAR, relacionada con evaluar la pertinencia de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos municipales ejecutados a través de empresas de servicios públicos como parte de los planes de gestión y resultados, en su criterio no es posible de ejecutar porque de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y los Decretos 2882, 2883 y 2884 de 2007, carece de competencia.

    VIII.6.27.- LA SOCIEDAD PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A., (fls. 13607 a 13608)

    Al presentar las alegaciones finales manifestó que las apelaciones planteadas, deben ser rechazadas puesto que los pactos de cumplimiento fueron presentados de manera voluntaria y aprobados en la etapa procesal correspondiente, con el lleno de los requisitos y trámites legales, razón por la cual debe ratificarse la existencia y valor jurídico del pacto de cumplimiento propuesto por dicha sociedad.

    VIII.6.28. LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. (fls. 13619 a 13628)

    Por medio de apoderado presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos:

    Observó con preocupación que los debates surtidos en las últimas audiencias públicas respecto de las soluciones debatidas y ordenadas en fallo de primera instancia para la limpieza y recuperación de las aguas y el cauce del río Bogotá y la recuperación de la laguna del Muña, han girado en torno a si la construcción de la segunda planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- se debe construir en Canoas o en el Charquito, situación realmente irrelevante frente a la magnitud de la problemática general por la contaminación del Río Bogotá, sus afluentes, las riberas y su impacto negativo en el agro dentro de la jurisdicción de los municipios de la cuenca media y baja del Río.

    De otra parte, destacó que según los documentos contentivos del estado de las aguas del Río, las visitas practicadas y los informes que ha publicado la prensa del distrito capital y la Nación, el estado de recuperación, eliminación de impurezas y grado de oxígeno disuelto continúa siendo precario, por no decir nulo, lo que coloca a las entidades encargadas y obligadas por el fallo de primera instancia en objeto de cuestionamiento frente a los entes de control como consecuencia de las inversiones efectuadas o dejadas de realizar dentro de las oportunidades y urgencia que la gravedad de la situación implica.

    Al ser definitiva la solución, solicitó se consideren en ella dos aspectos: - Que los compromisos establecidos a las entidades del orden distrital de Bogotá se concreten en obras específicas, considerando que los elementos aportados al proceso son amplios, suficientes y técnicamente acreditados para tal fin; -que los compromisos financieros para la realización de las mismas se determinen en el fallo así como la fuente de financiación, términos y fechas para su ejecutoria; igualmente ejercer los controles y exigir a las empresas privadas que contribuyen con los vertimientos a la contaminación del río Bogotá, sus afluentes, sus nacederos, y los interceptores existentes y que posteriormente se construyan. -que se disponga la conformación de un comité que se encargue de coordinar y verificar el desarrollo de las actividades tendientes a la recuperación definitiva del cauce y aguas del distrito capital y los municipios que la integran.-que la decisión que se adopte garantice la pronta protección a los derechos colectivos a la salud y al disfrute de un ambiente sano, los cuales siguen amenazados o vulnerados mientras no se ponga fin a este proceso.

    VIII.6.29. EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ (fls. 13629 a 13649)

    Afirmó no se encuentran probados los supuestos de la responsabilidad del municipio, puesto que no sólo no existe vulneración alguna a derechos colectivos, sino que además se han tomado en su totalidad las acciones requeridas para la conservación, manejo y recuperación del río Bogotá.

    Destacó la realización de las siguientes actividades:

    • Seguimiento, monitoreo y control de las aguas servidas producidas por las industrias del municipio.
    • Manejo de las aguas residuales de la vivienda y el comercio.
    • Mejoramiento de tanques de distribución del agua en sectores rurales y urbanos.
    • Construcción de alcantarillado de los sectores Buenos Aires, construcción de Alcantarillado Vereda Canavita, rectificación del sistema de Vallados aledaños al río Bogotá, canalización de vallados, construcción, terminación y puesta en marcha de plantas de tratamiento, construcción de alcantarillado sanitario.
    • Campañas de educación y sensibilización para los residentes, comerciales e industriales del sector, con miras a lograr el adecuado manejo de residuos y evitar la contaminación del Río, que les compete igualmente.

    Finalmente refirió que el municipio ha gestionado los siguientes programas: recuperación del agua, recuperación del aire, recuperación del suelo y Desarrollo y Protección Ambiental.

    IX.6.30. LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

    En adelante, EEB (folios 13647 a 13662), por medio de apoderado judicial alegó de conclusión en los siguientes términos:

    Reiteró que la sentencia debe ser revocada en lo que atañe a sus intereses, así como mantener en firme el pacto de cumplimiento presentado y aprobado por el Tribunal de instancia.

    Manifestó que la condena a la EEB es incompatible con la aprobación del pacto de cumplimiento por ella presentado, el cual fue modificado con posterioridad al fallo de primera instancia y aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo.

    Expuso que la EEB en la sentencia numerales 1 y 4 literal f y 7 de la parte resolutiva fue declarado solidariamente responsable por omisión de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de la contaminación de los ríos y quebradas afluentes del mismo y, por otro lado, le fue aprobado el pacto de cumplimiento, temas que consideró deben ser sustraídos de la decisión, en tanto es precisamente ese el objeto del pacto de cumplimiento.

    Adicionalmente sostuvo que en el presente caso, a pesar de haberse aprobado el pacto propuesto por la empresa, ésta fue condenada a cumplir otras prestaciones.

    En su criterio, el juez, al haber aprobado el pacto propuesto, carece de jurisdicción para proferir fallo en contra o a favor a ese mismo litisconsorte.

    Agregó que el pacto fue modificado por el Tribunal en los Comités de Verificación convocados para los días 20 de septiembre de 2005, 5 de diciembre del mismo año y 3 de febrero de 2006, por lo cual solicitó tener en cuenta dichas actuaciones al proferir la decisión de segunda instancia.

    Adujo que no puede agravarse la situación de la empresa en segunda instancia, puesto que ha cumplido a cabalidad con el pacto de cumplimiento.

    En dichos términos, solicitó revocar la sentencia apelada en el sentido de excluir la condena solidaria impuesta en el numeral primero de la parte resolutiva a la EEB y que la única declaración que quede vigente sea la del numeral 4 literal f) de la parte resolutiva en cuanto aprobó el Pacto de Cumplimiento y, en el evento de no se acceder a esta solicitud, que el Consejo de Estado se pronuncié sobre la petición de declarar improcedente el llamamiento en garantía de la Aseguradora Colseguros S.A. y la denuncia del pleito a la CAR.

    En relación con el incentivo, solicitó revocar su reconocimiento por cuanto la Ley 1425 de 2010 lo derogó, de manera que quien había impetrado una acción popular sin que se hubiere fallado, sólo contaba con una mera expectativa. En caso de no aceptarse esta petición solicitó exonerar de dicha obligación a la empresa, puesto que solucionó sus controversias con la suscripción del pacto de cumplimiento, que fue acogido y constituye cosa juzgada. No obstante adujo que, en todo caso el monto del incentivo en ningún caso podrá exceder de ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales, y así sean cuatro los actores populares deben ser considerados como una sola parte demandante.

    En tal sentido, solicitó individualizar el porcentaje o suma específica a cargo de cada demandado.

    VIII.6.31. EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (fls. 13672 a 13704)

    Por medio de apoderada judicial alegó de conclusión reiterando lo señalado en los escritos de sustentación de la apelación para destacar que el Ministerio de Minas no es autoridad ambiental sino ente rector de la política minero-energética.

    Destacó que para la expedición del actual código de minas, el legislador en aras de buscar el desarrollo sostenible de los recursos no renovables y renovables, estableció una perfecta interacción de los asuntos ambientales y mineros, reconociendo que la actividad minera cumple con un papel preponderante en la economía, tradición y subsistencia de buena parte de la población colombiana.

    Advirtió igualmente que no se encuentra probado en el proceso que el Ministerio de Minas y Energía haya violado alguno de los derechos colectivos invocados en la demanda, sin perjuicio de aceptar que frente a un mismo tema varias entidades puedan tener funciones y competencias, dentro de las cuales de ninguna manera se puede considerar que el Ministerio tenga la de "establecer planes y programas ambientales que propendan por la mitigación de posibles impactos ambientales en el desarrollo de una actividad productiva"(fl. 71 de la sentencia).

    En estos términos se apartó de lo expresado por el Tribunal, por considerar que el Ministerio ha cumplido con sus funciones de acuerdo con lo ordenado por la Constitución y la ley.

    En cuanto a los ordinales b y d del numeral 3° de la parte resolutiva de la sentencia, precisó que si bien dentro de las funciones establecidas en los artículos 5, 31 y 61 de la Ley 99 de 1993, corresponde al MAVDT "delimitar las zonas excluidas de la minería", erradamente consideró el Tribunal que dicha normatividad no ha sido expedida, cuando en relación con dicha medida han existido la Resoluciones 222 de 1994 derogada por la Resolución 813 de 2004 y hoy modificada por la Resolución 1197 de 2004, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en las cuales se "redefinen y establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y se definen y establecen las zonas con la minería de arcillas en la Sabana de Bogotá, se sustituyen las Resoluciones 0222 de 1994, 249 de 1994, 1277 de 1996 y 0803 de 1999 y se adoptan otras determinaciones", resolución esta última que fue objeto de nulidad parcial por el Consejo de Estado.

    En la actualidad y desde el mes de diciembre de 2011, mediante oficio radicado el 16 de diciembre en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el concepto previo no vinculante de que trata el artículo 3 de la Ley 1382 de 2010 y que en ningún momento pretende acabar y cerrar las explotaciones mineras concedidas mediante actos o contratos, sino que propende porque las actividades mineras se realicen cumpliendo los planes de manejo ambiental y un desarrollo sostenible adecuado.

    En lo relativo a la competencia del Ministerio de Minas y Energía, anotó que los títulos mineros señalados en la sentencia se otorgaron mediante el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época, y que la autoridad minera ha llevado a cabo la fiscalización y seguimiento de las actividades que han venido desarrollándose, razón por la cual no puede recaer responsabilidad alguna sobre la entidad.

    En estos términos, de conformidad con los certificados de registro minero expedidos por INGEOMINAS, hoy servicio geológico colombiano (delegataria de la función de autoridad minera, fiscalización y seguimiento), es claro que la autoridad no se ha limitado a expedir licencias o títulos mineros, sino también a exigir la constitución de garantías e imponer multas para hacer exigibles las obligaciones mineras.

    Agregó que en lo relativo a la parte ambiental, es la autoridad correspondiente (DAMA; CAR O MAVDT) la llamada a pronunciarse cuando las explotaciones causan impactos ambientales notorios al área afectada por las actividades que hayan introducido modificaciones considerables al paisaje y efectos graves sobre los recursos naturales, así como decidir si hay lugar a la suspensión o cancelación de las autorizaciones o licencias ambientales, evento en el cual ante el pronunciamiento de la autoridad ambiental, puede el Ministerio de Minas y Energía cancelar o declarar la caducidad de los títulos mineros. En todo caso, si se presentan causales de revocación previstas en el código minero ellas deberán producirse previo agotamiento del procedimiento establecido en la ley.

    De lo contrario, consideró que frente a un derecho adquirido, se desconocen la libre empresa e iniciativa privada que garantizan la Constitución Política, además de la autonomía empresarial, lo que llevaría el negocio minero a la quiebra, generaría desempleo y un alto riesgo de demandas contra el Estado, al afectar derechos legítimamente adquiridos por los particulares.

    En estos términos afirmó no compartir las consideraciones de la sentencia apelada, específicamente el contenido de los numerales 6.5.1.1 y 6.5.1.4, así como tampoco la parte condenatoria.

    Sobre lo expresado en la sentencia en los numerales 6,5,1,5 y 6,5,1,6, precisó que es necesario hacer claridad que para el momento en que la autoridad minera expidió los mencionados títulos en el Municipio de La Calera, dicha zona no estaba excluida para desarrollar ese tipo de actividad, sumado a ello que sus titulares han cumplido lo exigido por la CAR en cuanto hace a la recuperación y restauración, mientras que la explotación se encuentra suspendida hasta tanto se demuestre la restauración en las actividades autorizadas con anterioridad a la expedición de las Resoluciones No. 222 de 1994, 813 y 1197 de 2004 vigentes para la época.

    Agregó que ya el Consejo de Estado |27| se ha pronunciado en el sentido de afirmar que "la definición de las zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá, es una atribución legal propia y exclusiva del Ministerio del Medio Ambiente (art. 61 de la Ley 99 de 1993)".

    Adujo que la orden impartida por el Tribunal de instancia en el literal c) respecto de otorgar un término máximo de seis meses al MAVDT, para que con la intervención del Ministerio de Minas, proceda a revocar y suspender los títulos mineros, permisos, concesiones y licencias de exploración minera en las zonas de exclusión, no es competencia del Ministerio de Ambiente sino que recae de manera exclusiva en la autoridad minera (hoy Agencia Nacional de Minería ANM-), al igual que la cancelación o caducidad de los títulos mineros.

    Adicionalmente afirmó que tampoco puede el Ministerio puede revocar los títulos mineros sin que previamente se haya establecido y probado la causal aplicable para ello; no se puede declarar la caducidad de los títulos sin tener en cuenta las causales taxativamente establecidas en el Estatuto Minero pues muchos de esos títulos cuentan con planes de manejo ambiental y de recuperación morfológica.

    En cuanto a la parte final del ordinal e) del numeral 3 de la parte resolutiva, en la que se ordena al Ministerio de Minas y Energía en el ámbito de su competencia, hacer posible la reubicación de las familias que se encuentran lavando arenas en el río Tunjuelo con necesidades básicas insatisfechas, en los demás complejos mineros, estableció que dicha orden escapa de la órbita de competencia del Ministerio, agregando que del fallo puede concluirse que esas familias son explotadoras ilegales de arena, frente a las cuales la autoridad minera debe proceder al cierre inmediato (art. 306 del Código de Minas).

    En cuanto a la Resolución 76 de 1977, que declaró la reserva forestal Nacional Cuenca Alta del río Bogotá, afirmó que al encontrarse inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no produce efectos frente a terceros y en consecuencia los títulos mineros otorgados se encuentran vigentes.

    En relación con los literales ñ y q del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, manifestó que el Ministerio carece de competencia.

    VIII.6.32. MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCÍA (fl. 13705 a 13716)

    En calidad de actor, señaló que está claramente demostrado que por acción y/u omisión las entidades accionadas son responsables directa e indirectamente de la contaminación del río Bogotá, sus afluentes y la represa del Muña por el "trasbasamiento" de las aguas del Río al embalse.

    Agregó que el recurso del agua, debe ser protegido en esta sede judicial ante la negligente labor del Estado-departamento, ministerios, CAR, Distrito Capital y municipios, quienes a lo largo del tiempo no han tomado las acciones conjuntas y coherentes para evitar el deterioro paulatino de dicho recurso hídrico generando en consecuencia mayores inversiones para la descontaminación y recuperación de sus rondas que es el objeto de la acción popular.

    Así las cosas, precisó que el fallo debe propender por la protección de los derechos colectivos y consagrar las medidas correctivas a corto, mediano y largo plazo, por lo cual se requiere de la concurrencia de los accionados para asumir los costos que demanden las inversiones por los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales.

    Además, la decisión deberá crear una verdadera conciencia ambiental de protección del recurso hídrico principal corredor del Departamento de Cundinamarca.

    Finalmente, trajo a colación el estudio hecho por la Fundación Al Verde Vivo sobre los niveles permitidos y encontrados en el estudio de metales pesados en agua.

    VIII.6.33. EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN

    Para el seguimiento de las obligaciones contraídas por los demandados en los diferentes pactos de cumplimiento (fls. 13769 a 13772), allegó informe sobre la gestión de verificación.

    VIII.6.34. LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL PLANETA (fl. 13773 a 13779)

    Por medio de apoderada judicial alegó de conclusión con el objeto de que se modifiquen las dos sentencias recurridas, se concedan las pretensiones de los actores populares y se proceda a condenar a las entidades públicas y a las empresas privadas demandadas o vinculadas al proceso, por los daños ambientales causados al río Bogotá y a la laguna del Muña, así como a los ríos, humedales y quebradas contiguos a los dos ecosistemas en comento, para que mitiguen, corrijan y compensen los daños en los términos de las normas jurídicas de protección del medio ambiente que rigen en el país.

    Señaló que de conformidad con el caudal probatorio está demostrado que la conducta omisiva de entidades del Estado y la acción de las empresas privadas ha causado daños ambientales al río Bogota, sus cuencas aferentes y la laguna del Muña, por lo que deberá condenárseles a resarcir y compensar los daños.

    VIII.6.35. MARÍA JOSÉ PAÉZ DÍAZ

    A pesar de no ser admitida como coadyuvante en el proceso, presentó escrito de alegatos de conclusión (fls. 13717 a 13756) adjuntando la visita técnica al río Bogotá realizada el 15 de febrero de 2013 por un grupo interdisciplinario de profesionales con el objeto de constatar el estado actual de las aguas del Río, las acciones de saneamiento adelantadas por la CAR en la PTAR Salitre y la EAAB a partir del trabajo realizado por el Tribunal de instancia.

    VIII.6.36. EMGESA S.A. E.S.P. (fls. 13821 a 13843)

    Por medio de apoderado judicial allegó los alegatos de conclusión solicitando reiterar que la empresa no contamina las aguas del río Bogotá, sólo le incumbe la pretensión relativa a la contaminación del Embalse del Muña.

    Señaló que fue obligada a realizar obras tendientes a la descontaminación del Embalse del Muña, obras que realizó con generosidad hasta el punto que en la actualidad la contaminación por olores y deterioro del mismo ya han desaparecido y si los olores reaparecen es por la continua contaminación del río Bogotá.

    En estos términos indicó que no puede ser condenada en la segunda instancia ni imponérsele obligación alguna relativa a la participación en la construcción de la estación elevadora, pues la empresa nada tiene que ver con la contaminación del río Bogotá.

    Adujo que sus derechos adquiridos no pueden verse afectados por el cumplimiento de la condena a otros demandados, como la EAAB, entre ellas la hipotética construcción de la estación elevadora en sitio diferente al pactado por las partes; EMGESA sólo podrá asumir las obligaciones actuales, incluidos los costos de la conducción de las aguas al Embalse del Muña, de lo contrario se estaría causando un daño que la empresa no está obligada a soportar, porque ni es demandada por la contaminación del Río ni responsable de tales daños.

    Agregó que como se ha demostrado en el proceso, la contaminación del río Bogotá se ha generado no por conductas atribuibles a EMGESA, sino por la omisión en el tratamiento de las aguas vertidas al Río. En efecto, el Distrito aporta una carga orgánica de 185.930 toneladas/año, generando el 85% de la contaminación de la cuenca.

    Destacó la realización de numerosas acciones como la desecación de las colas del embalse, la construcción de diques, la remoción total del buchón del embalse, el control del nivel de zancudos y el seguimiento y monitoreo de la calidad del agua.

    En tal contexto, afirmó que EMGESA ha cumplido totalmente las obligaciones del pacto y no hay razón para que ahora se le impongan cargas por la contaminación del Río cuando ella no es agente contaminante.

    Refirió que la empresa ha defendido una solución integral que contempla una estación elevadora y una planta de tratamiento en el sector de Canoas, la cual permite armonizar el saneamiento del Río con la generación de energía y la prestación eficiente del servicio que no sólo resuelve de manera definitiva la problemática ambiental. EMGESA aceptó participar de manera voluntaria en esta solución integral, ofreciendo una suma importante de dinero para lograr el cierre financiero que permitiría adoptar dicha alternativa bajo dos condiciones: a) que se amplíe a EMGESA la concesión para el uso del agua hasta el año 2038 y b) que efectivamente se construya la estación elevadora.

    Reiteró que no está llamada a responder por la contaminación del río Bogotá, pues no existe nexo causal entre la contaminación y el daño imputable a la empresa. Si la Sala estima que aplica la causalidad concurrente, cada uno debe responder según su participación causal en el daño, en cuyo caso se deberá tener en cuenta ese factor para determinar con cuanto responde cada uno de los demandados. Pero aún en esta hipótesis EMGESA no estaría llamada a responder porque incluso en la causalidad concurrente el hecho tiene que ser imputable al demandado para que éste sea responsable. Además no puede confundirse la contaminación del Río con la contaminación del Embalse, y en el evento que EMGESA dejara de bombear agua al Embalse, quedaría vigente el núcleo esencial de la demanda cual es la contaminación del río Bogotá. Si por el contrario el Río se descontamina el embalse también, así que mientras no se descontamine el Río no podrá descontaminarse el Embalse.

    Consideró que lo justo, es que sea la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, la que asuma la actividad, pues según consta en el proceso, más del 80% de la contaminación del Río es imputable a las aguas negras vertidas por ella. Asimismo deben las demás empresas demandadas, ser condenadas a realizar el tratamiento de las aguas antes de ser vertidas al Río.

    Por lo demás, sostuvo que cualquier alternativa diferente a la propuesta técnica concertada en el sector de Canoas, resultaría mucho más gravosa para todos los habitantes y para los recursos naturales, dada la extensión en el tiempo de las otras soluciones que en la actualidad carecen de estudios técnicos, ambientales y económicos.

    Refirió además que dicha solución hace compatible el saneamiento del Río con la generación de energía, dando seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico; permite hacer uso de los recursos apropiados por la Nación y otras entidades, y brinda una solución definitiva a la problemática ambiental del río Bogotá y el Embalse del Muña.

    Por lo expuesto, solicitó se adopte una solución integral a la contaminación del río Bogotá que permita continuar con la prestación eficiente del servicio público de energía y, en el remoto evento que la sentencia sea revocada por el Consejo de Estado, se desatienda la oferta o propuesta que con ánimo conciliatorio haya hecho EMGESA, para en su lugar fallar de acuerdo con la responsabilidad y participación causal que les quepa a todos y cada uno de los demandados.

    Por último expuso que cuando el Estado es declarado responsable, la condena tiene que proferirse sin consideración a su presupuesto y planeación, en tanto que el monto de la condena y la responsabilidad no son negociables.

    VIII.6.37. HUMBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA

    En calidad de actor a folios 13872 a 13878, presenta memorial de alegatos con el objeto de ratificar los hechos y pretensiones de la demanda promovida con el fin de que las entidades accionadas cumplan con la protección constitucional del medio ambiente, mediante la promoción de programas, políticas públicas y ejecución de obras tendientes a la recuperación efectiva como lo son las fuentes hídricas, con fundamento en los fallos de la Corte Constitucional que en sentencia hito T-740 de 2011 ha conceptualizado la protección del agua, desde donde se evidencia que el Estado debe promover una protección integral de las fuentes hídricas y que constituye un derecho fundamental donde se alerta que el descuido administrativo puede llevar a la trasgresión de los derechos de la Nación, que puede generar graves problemas hacia el futuro ambientales y de orden público.

    VIII.6.38. JORGE ENRIQUE CUERVO RAMÍREZ

    En calidad de accionante descorrió el traslado en escrito radicado a folios 13904 a 13928 en los siguientes términos:

    • Se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto atañe a la declaratoria de responsabilidad solidaria por acción y omisión a las entidades públicas allí citadas; así como del amparo a los derechos colectivos, se restituyan las cosas a su estado anterior para lograr la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes, contenidos en los literales a,b,d,e,g,h,j,n,ñ,p,r,s,t,u y x; se revoque la sentencia por cuanto no existió un único pacto de cumplimiento, sino aprobaciones parciales y modificaciones a los mismos por parte del Tribunal de instancia.
    • Se modifique la sentencia rechazando todo lo relacionado con la construcción de interceptores a lo largo de los ríos interiores de Bogotá, la construcción de la PTAR Canoas y la estación elevadora de Canoas.

    VIII.6.39. LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM E.S.P. (fls. 13929 a 13931)

    Por medio de apoderada alegó de conclusión en memorial obrante a folios 13929 a 13931, señalando que el Municipio de Madrid no es ribereño del río Bogotá el río Subachoque representa un 21% del Municipio de Madrid y desemboca en el río Balsillas que a su vez desemboca en el río Bogotá.

    Agregó que el paso del río Subachoque Subachoque por el municipio ya presenta un alto grado de contaminación, razón por la que ha adoptado medidas para contrarrestarla, las cuales resultan infructuosas si no se aúnan esfuerzos por los municipios de dicho paso.

    Afirmó que el municipio ha realizado la construcción el sistema hídrico y sanitario Plazoleta Serrezuela, el alcantarillado de las asociaciones de viviendas de interés social San Carlos y la Libertad, y con aportes del Ministerio de Desarrollo Económico y la Gobernación de Cundinamarca, la construcción del colector de aguas negras y colector principal a la Planta de Tratamiento Madrid I, la construcción del colector de aguas lluvias de la carrera 2 Barrio San Francisco, así como la adquisición del inmueble para la reubicación de las familias que habitan en la ronda del Río, entre otras.

    VIII.6.40. LA SOCIEDAD MATCO, MATERIALES DE COLOMBIA S.A.

    Reiteró se tengan en cuenta las solicitudes radicadas por la sociedad en memoriales de 24 de octubre de 2006, 11 de mayo de 2007, 6 de mayo de 2009, 19 de agosto de 2009, y 14 de diciembre de 2013, con el objeto de que se declare que la sociedad no es parte en el proceso en cuanto su vinculación se debió a un error de transcripción, la sociedad llamada en garantía fue Malterías de Colombia S.A. MALCO S.A. además que la sociedad no efectúa vertimientos al río Bogotá.

    IX.
    CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

    El Ministerio Público en su alegato de conclusión, (fls. 13954 a 14075), previa consideración de los documentos a tener en cuenta para adoptar la decisión de fondo, relacionados con la descontaminación del río Bogotá, estimó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó pactos de cumplimiento parciales, situación proscrita por la jurisprudencia de esta Corporación.

    Agregó que, analizada la situación de hecho, en contraste con los requisitos que, conforme a la jurisprudencia, debe reunir el pacto de cumplimiento, se evidencia la inobservancia de ciertas exigencias relacionadas con: <<v) Las correcciones realizadas por el juez al pacto deberán contar con el consentimiento de las partes.» y <<vi) El acuerdo logrado debe ser aprobado por el juez a través de una sentencia, dado que es mediante una providencia de esta clase, que se imparte aprobación al pacto de cumplimiento. |28| [... ] En ese orden de ideas, la finalidad y aprobación del pacto de cumplimiento está condicionada a que en su contenido se establezca la protección de los derechos e intereses colectivos, que es el fin, móvil o motivo de la acción popular.»; porque evidentemente el Tribunal estableció adiciones a los pactos de cumplimiento en la sentencia que, por obvias razones, no tuvieron el consentimiento de las partes, e igualmente, porque, si los pactos de cumplimiento hubieran sido suficientes para la protección de los derechos e intereses colectivos, como se indicó en la decisión impugnada, no hubieran sido necesarias las complementaciones que realizó en la sentencia, constatándose que las posiciones de cada uno de los organismos, aisladamente formuladas, no otorgaban una adecuada protección a esos intereses difusos.

    En estos términos, adujo que el cargo planteado contra la aprobación de los pactos de cumplimiento ordenada en la sentencia debe prosperar y, en consecuencia, debe revocarse el aparte <<Por consiguiente, SALVAGUÁRDANSE LOS ALUDIDOS DERECHOS COLECTIVOS mediante la APROBACIÓN DE LOS PACTOS DE CUMPLIMIENTO presentados por los entes públicos mencionados en el literal anterior en la forma y términos discutidos y aprobados en las respectivas audiencias por las partes del proceso y con las observaciones y modificaciones de que da cuenta la parte motiva de este fallo y con las órdenes y condenas que se consignarán en ordinal posterior.», del numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de marzo de 2004 y emprenderse la revisión integral del fallo impugnado, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales:

      (i) las competencias y atribuciones legales de las entidades públicas vinculadas al proceso, y

      (ii) los problemas asociados a cada una de las cuencas que componen el Bogotá.

    Con relación a la primera, hizo alusión a la normativa que regula las competencias de las autoridades ambientales y de las autoridades departamentales y municipales previstas en la Constitución Política y la Ley.

    Respecto del segundo aspecto, consideró que tanto la sentencia de primera instancia como el Documento CONPES 3320 de 2004, plantean las distintas problemáticas asociadas al río Bogotá, señalando como soluciones, en términos generales y para la cuenca alta, el control y tratamiento de los efluentes industriales, la ampliación de coberturas de las redes de alcantarillado en los municipios, la optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la conexión de los sistemas de alcantarillado a las mencionadas plantas y el manejo de los vertimientos provenientes de los tratamientos.

    Para las cuencas media y baja, el dragado y rectificación del río Bogotá, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, la construcción del sistema para el tratamiento de las aguas residuales restantes de la cuenca media (Bogotá y Soacha), la construcción de las obras complementarias de alcantarillado de Bogotá, la recuperación ambiental del Muña, la ampliación de coberturas de alcantarillado de los municipios de la cuenca baja, el saneamiento de los vertimientos de los principales efluentes de la cuenca baja y el manejo de vertimientos especiales como los de los mataderos y rellenos sanitarios.

    En ese orden de ideas, planteó como medidas a implementar, las siguientes:

    De la Cuenca Alta:

    • Necesidad de protección del lugar de nacimiento del río, es decir del Páramo de Guacheneque, el cual debe ser catalogado como una zona de protección ambiental y debe ser objeto de control, debido a los cultivos de papa que se desarrollan en sus alrededores.
    • Control de vertimientos industriales, producto de las curtiembres ubicadas en el Municipio de Villapinzón y Choconta.
    • Recuperación de la ronda del Río Bogotá en el perímetro urbano e industrial del Municipio de Villapinzón, y control de las actividades agrícolas y pecuarias de las empresas localizadas en el mismo municipio.
    • Control de vertimientos industriales, agrícolas y pecuarios de las empresas localizadas en los demás municipios de la cuenca alta: Suesca, Sesquilé, Guatavita, Gachancipá, Tocancipá, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo.
    • Construcción y adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado en todos los municipios de esta cuenca.
    • Adecuación hidráulica (respeto de la zona de ronda hidráulica y adquisición de predios).

    De la Cuenca Media:

    • Control de vertimientos emanados de las industrias ubicadas en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, que contaminan el cauce delrío Bogotá.
    • Control de vertimientos industriales, agrícolas y pecuarios, de las empresas ubicadas en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá y Soacha, que arrojan vertimientos en el cauce del río Bogotá.
    • Construcción y adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá y Soacha.
    • Adecuación hidráulica (respeto de la zona de ronda hidráulica y adquisición de predios).

    De la Cuenca Baja:

    • Control de vertimientos industriales, agrícolas y pecuarios, de las empresas ubicadas en los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, El Colegio, Anapoima, Viotá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, Apulo, La Mesa, Tocaima, Agua de Dios y Girardot.
    • Construcción y adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado en todos los municipios de esta cuenca.
    • Adecuación hidráulica (respeto de la zona de ronda hidráulica y adquisición de predios).

    Expuso asimismo, que ante la problemática descrita resulta necesaria la adopción de: "(...) (i) medidas de carácter reactivo, y (ii) medidas de carácter preventivo. Las primeras están asociadas a la solución de la contaminación existente (construcción de PTARes en los municipios de la cuenca del Río, ampliación de la PTAR Salitre y construcción de la PTAR Canoas), mientras que las medidas de carácter preventivo están enfocadas a evitar que los fenómenos irregulares que dan lugar a la contaminación, continúen presentándose (control de vertimientos, adecuación de ronda hidráulica, actividades pedagógicas, etcétera).

    De otra parte, trajo a colación el documento suscrito por el Ingeniero Luis Felipe Aparicio Torres, Asesor Adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios:

      "(...)Aspecto 1: PTAR CANOAS.

      "(...) Para la concepción de la PTAR Canoas se realizaron dos estudios, uno en el 2003 y el otro en el 2008; el primero denominado "Prediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas", realizado por Carlos Alberto Giraldo López y el segundo "Pre-dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas", realizado por la firma HMV Ingenieros Ltda., con la asesoría internacional de ingenieros de la firma POYRY.

      Actualmente, se encuentra en desarrollo, el contrato de consultoría, por parte de la EAAB, para realizar el diseño a nivel de Ingeniería de Detalle de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas en los componentes asociados al Tratamiento Primario con Asistencia Química, con la firma CDM - INGESAM, contrato N° 1-02-25500-0690-2011, por un valor inicial de $ 25.720.406.841=, y un plazo de ejecución de 26 meses (...).

      (...)Adicionalmente, se deben mencionar, los siguientes Acuerdos y Convenios, que se han firmado y se han establecido para la Descontaminación del río Bogotá:

      -Mediante ACUERDO INTERINSTITUCIONAL, suscrito el 24 de noviembre de 2006, entre la CAR, el DAMA (hoy SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE) y la EAAB, con el acompañamiento del MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MAVDT, se acordó que con los recursos de la CAR provenientes del 50% del porcentaje ambiental del Distrito Capital, se ejecutarán hasta su terminación los siguientes proyectos:

    • Ampliación y Optimización de la PTAR, provenientes de la cuenca del río Salitre hasta obtener agua para uso agrícola y,
    • La Adecuación Hidráulica del río Bogotá, reconociéndole a la CAR, autonomía administrativa, técnica y financiera para definir el diseño y la tecnología apta para el efecto.
    • Adicionalmente, la EAAB con cargo a recursos del Distrito Capital y tarifas, se compromete a ejecutar, operar y mantener los siguientes proyectos:

    • Obras complementarias y obras para el manejo de caudales en la Cuenca del río Salitre
    • Interceptor ENGATIVÁ - CORTIJO
    • Interceptor FUCHA - TUNJUELO
    • Interceptor TUNJUELO - CANOAS
    • Estación Elevadora del TUNJUELO y
    • Estación Elevadora de CANOAS
    • Adicionalmente la Operación y Mantenimiento de las PTARs.
    • -Convenio Interadministrativo entre la CAR - Distrito Capital - Secretaría de Ambiente y EAAB, N° 171 de 2007; con cargo a la CAR - FIAB (Fondo para las inversiones Ambientales en la Cuenca del río Bogotá): Ampliación y Tratamiento Secundario en la PTAR Salitre, adecuación hidráulica del río Bogotá; con recursos del Distrito y/o EAAB, interceptores Engativá -Cortijo, Fucha - Tunjuelo y Tunjuelo - Canoas, Estaciones Elevadoras de Tunjuelo y Canoas y obras complementarias, construcción y operación de la PTAR CANOAS; de la SDA, adelantar el trámite ante el MAVDT todas las gestiones y actuaciones necesarias y relacionadas con la Licencia Ambiental del Proyecto para la Descontaminación del río Bogotá, en el propósito de ceder a favor de la EAAB la titularidad de la misma.

      -El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el Distrito Capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, suscribieron el día 21 de febrero de 2011, el Acuerdo de Cooperación para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas (Fase I y II) y su Estación Elevadora dentro del Programa de Saneamiento del río Bogotá, en el contexto de la Región Capital, Bogotá - Cundinamarca.

      -La EAAB, y el Distrito presentaron el pasado 29 de noviembre de 2011 al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CANOAS PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ", para su consideración y estudio.

      -De igual manera la EAAB y EMGESA, celebraron el día 5 de diciembre un Convenio Interinstitucional para aunar esfuerzos para garantizar la construcción y operación de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas, mediante aporte económico y de operación que ofrece EMGESA.

    • Otro aspecto a tener en cuenta es el de la generación de Energía, que desde la década de los 50, con el Embalse del Muña y con el propósito de abastecer de Energía a la Ciudad de Bogotá, se construyó dicho Embalse alimentado por las fuentes hídricas del río Muña y el río Aguas Claras y el río Bogotá que en ese momento se encontraba en buen estado de calidad.
    • Esta generación de energía se denomina Cadena Pagua, que alimenta las centrales denominadas PARAISO y GUACA, compuestas por dos centrales de generación que utilizan la caída del agua para impulsar los generadores, garantizando el suministro de Energía para 2,6 millones de usuarios ubicados en Bogotá y su zona de influencia.

      De igual manera blinda a Bogotá y a los municipios aledaños de posibles racionamientos de energía o pérdida total del servicio que puedan llegar a evolucionar hasta un apagón del área. Su no funcionamiento no garantizaría el suministro de energía con calidad y confiabilidad para los usuarios del sur de Bogotá, generando eventualmente racionamientos y cortes de servicio, perdiendo una generación de Energía de más de 4000 GWh año, es decir como el 7% de la demanda nacional.

      - La no construcción de la PTAR CANOAS, iría en contra del documento CONPES 3320 de 2004, que es el que define la estrategia y política para el saneamiento ambiental del río Bogotá y adopta la PTAR CANOAS presentada por la EAAB y compatibiliza el Saneamiento del río Bogotá con la generación de energía eléctrica.

      - La no construcción de la PTAR CANOAS, iría en contra de la Sentencia del 25 de agosto de 2004, dentro de la Acción Popular, en donde aprueba el Pacto de Cumplimiento propuesto por la EAAB, en donde ordena la ejecución de la alternativa 4, en donde se considera PTAR CANOAS Y Estación Elevadora de Canoas. De igual manera en dicha sentencia se aprobó el Pacto de Cumplimiento presentado por EMGESA y la EEB, para mitigar los impactos del Muña.

      - Al respecto de los Impactos y las obras que se han realizado en el Muña, cuyos costos han sido muy elevados, es importante anexar, el Concepto Técnico elaborado por la misma Delegada Ambiental y Agraria, sobre una diligencia de apoyo al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, de fecha del 11 de marzo del 2013, para precisamente verificar las obras adelantadas, en donde la Procuraduría exalta la albor y el manejo técnico ambiental que en el Muña se ha realizado".

    Consideró, entonces, la Procuraduría, en su parte técnica, que el sistema adoptado debe ser PTAR CANOAS con visión integral de cuenca, con un trabajo regional e interinstitucional en las Cuencas alta, media y baja, para lo cual reclama acciones en los siguientes aspectos:

    CUENCA ALTA: (Villapinzón - By Pass Juan Amarillo)

    • Protección especial del Páramo de Guacheneque, desde su nacimiento hasta el Municipio de Villapinzón, con el control de su ronda, zampa (Zona de protección ambiental) y el control de uso de agroquímicos de cultivos en especial de papa, que se desarrollan en sus alrededores.
    • Control de Vertimientos (cromo y tanino), provenientes de las Curtiembres del Municipio de Villapinzón.
    • Recuperación de la ronda del río Bogotá en el perímetro urbano e industrial del Municipio de Villapinzón.
    • Control de Vertimientos Industriales de las empresas ubicadas en esta Cuenca alta, teniendo en cuenta los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Gachancipá, Tocancipá, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo.
    • Construcción y Adecuación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado, de los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Gachancipá, Tocancipá, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo.
    • Adecuación Hidráulica del río Bogotá, desde Villapinzón hasta el By Pass de Juan Amarillo, en una longitud aproximada de 161,4 Kilómetros.

    CUENCA MEDIA: (By Pass Juan Amarillo - Alicachín)

    • Control de Vertimientos Industriales de las empresas ubicadas en esta Cuenca, teniendo en cuenta los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá y Soacha.
    • Construcción y Adecuación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado, de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá y Soacha.
    • Adecuación Hidráulica del río Bogotá, desde By Pass Juan Amarillo hasta Alicachín, en una longitud aproximada de 51,5 kms.

    CUENCA BAJA (Alicachín - Girardot):

    • Control de Vertimientos Industriales de las empresas ubicadas en esta Cuenca, teniendo en cuenta los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, El Colegio, Anapoima, Viotá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, Apulo, La Mesa, Tocaima, Agua de Dios y Girardot.
    • Construcción y Adecuación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la ejecución y desarrollo de los Planes de Acueducto y Alcantarillado, de los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, El Colegio, Anapoima, Viotá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, Apulo, La Mesa, Tocaima, Agua de Dios y Girardot.
    • Adecuación Hidráulica del río Bogotá, desde Alicachín hasta Girardot, en una longitud aproximada de 103,3 Kilómetros.

    Con relación a los PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, manifestó que constituyen un aspecto de especial importancia, ya que con su elaboración y ejecución, se proporcionará calidad de vida a todas las comunidades y municipios que hacen parte de la Cuenca del río Bogotá, logrando la potabilidad del agua que se consume y la disminución de parámetros contaminantes, lo que contribuiría a reducir los costos en la PTAR CANOAS.

    En tal sentido, resaltó que acorde con la sentencia de primera instancia, el Departamento de Cundinamarca debía promover, coordinar y cofinanciar con apoyo de la Nación y del Ministerio de Medio Ambiente, los diseños y ejecución de los respectivos Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado en un plazo que no excediera el año 2009.

    Por lo anterior, reclamó acciones inmediatas en todos los municipios que comprenden la Cuenca del río Bogotá, sobretodo en la construcción y eficiencia de las PTAPs, PTARs y la máxima cobertura de servicio en redes de acueducto y alcantarillado.

    En cuanto al CAUDAL ECOLÓGICO y el CAMBIO CLIMÁTICO, refirió que actualmente un sector importante del río Bogotá muere en épocas de estiaje, y es precisamente desde la captación que de él hace EMGESA, en la Estación de bombeo Muña, cerca de las Compuertas de Alicachín, hasta cuando el agua es vertida nuevamente al Río a la altura del Municipio de El Colegio, que queda completamente seco en verano el sitio conocido como el Salto del Tequendama.

    Al tratar dicho aspecto, puso de presente que próximamente culminará la concesión de aguas provenientes del río Bogotá, otorgada por la CAR mediante Resoluciones N° 603 de 1997 y 1014 de 1998, a EMGESA, razón por la cual exigió, la determinación de este importante caudal ecológico, si es que no debe ser de manera inmediata, con algún tipo de compensación ambiental para tan importante región que desde entonces quedó privada de tan importante caudal.

    Solicitó asimismo tener en cuenta, en cada uno de los proyectos a realizar, su adecuación a los efectos producidos y encadenados con el cambio climático, sobretodo en la protección de las zonas de amortiguación, rondas y zonas de protección ambiental en el río Bogotá, como en todos sus afluentes.

    De otro parte, en lo atinente al PARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO Y VILLAPINZÓN, manifestó no estar en contra del desarrollo de las industrias, como es el caso de las curtiembres que se desarrollan en la cuenca Río Bogotá, pero el daño de sus descargas o vertimientos a lo largo del río Bogotá es grande, y requiere de altos costos para su descontaminación, razón por la cual exigió una gran atención por parte de la CAR en Villapinzón, y de la Secretaría del Medio Ambiente en San Benito, para efectos de delimitar de su parque industrial y el respectivo tratamiento.

    Nótese que la posición institucional antes referida, coincide con la mayor parte de los planteamientos y con la visión integral de cuenca, contenida en el Documento CONPES 3320, el que no obstante haberse elaborado en el año 2004, mantiene vigencia y resulta siendo válido en cuanto al Plan Estratégico y a los Planes de Acción que deben adoptarse para la solución integral de la problemática del Río.

    Resaltó igualmente que el Documento CONPES 3320 recoge, casi integralmente, las decisiones que para efectos de la SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL RIO BOGOTÁ, se encuentran consignadas en la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que hoy es objeto de apelación.

    Así las cosas, precisó que a diferencia de lo planteado por el actor popular y algunos de los coadyuvantes, existen razones técnicas y económicas, referidas por el Ingeniero Aparicio Torres, que hacen evidente la conveniencia de adoptar la denominada alternativa 4 para la solución de la problemática del río Bogotá, cuya premisa fundamental radica en la construcción de la PTAR CANOAS en el Municipio de Soacha -con una estación elevadora-. Dicha alternativa, que fue propuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y acogida, en su oportunidad, por las demás entidades públicas vinculadas al proceso y concernidas en esta materia, fue también avalada por el tribunal de primera instancia; además, se encuentra articulada con otras dos medidas de carácter reactivo, consistentes en la ampliación de la PTAR Salitre y la construcción u optimización de las PTARes de los municipios ubicados en la cuenca del Río.

    Agregó que las entidades públicas del orden nacional, regional, departamental y distrital, esto es: la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Hacienda Distrital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional, la Gobernación de Cundinamarca, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de haber suscrito los múltiples acuerdos detallados en el numeral 3° del concepto, recientemente convergieron en participar en el Convenio de fecha 21 de febrero de 2011, por medio del cual acordaron adelantar ante las autoridades competentes, los trámites necesarios para la financiación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas y su Estación Elevadora, para los caudales de aguas residuales de las cuencas de los ríos Fucha, Tintal, Tunjuelo y Soacha, en dos fases así:

      [...] Fase I - Tratamiento primario o primario químicamente asistido de hasta 14 metros cúbicos por segundo y su estación elevadora: La Nación -Bogotá D.C., LA Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP - EAAB, y el Departamento de Cundinamarca, de conformidad con el anexo financiero indicativo y de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos respectivos.

      Fase II - Tratamiento secundario. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR participará en la financiación de la construcción de la segunda fase de la PTAR Canoas, una vez concluya o liberen los recursos comprometidos en el Convenio 171 de 2007 suscrito entre la CAR, Bogotá D.C. y la EAAB (utilizado como fuente de recursos el 7.5.% del porcentaje ambiental del total del recaudo por concepto del impuesto predial de Bogotá D.C. y los rendimientos financieros de esta fuente de conformidad con las normas que regulan la materia). Para este fin, el Gobierno Nacional se compromete a tramitar ante las instancias competentes la norma que garantice la permanencia del contenido del artículo 102 de la Ley 1151 de 2007. [...]

    Estableció a su vez, que las mismas partes, como se reseñó en otro acápite del concepto, mediante un acuerdo con fuerza vinculante para ellas -corrigiendo los yerros de la sentencia de primera instancia, puestos de relieve por el Procurador Tercero Judicial Administrativo-, distribuyeron sus compromisos financieros y técnicos en la siguiente forma:

      [...] PTAR CANOAS SU ESTACIÓN ELEVADORA

      Costos estimados de referencia (pesos de 2010) y TM $1.921 Fase I:

      - PTAR Canoas tratamiento primario o primario químicamente asistido de hasta 14 metros cúbicos por segundo: hasta $750 mil millones.

      Fase II:

      - PTAR Canoas Tratamiento secundario de hasta 14 metros cúbicos por segundo: hasta $906 mil millones.

    Adicionalmente, señaló que el 5 de diciembre de 2011, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y EMGESA S.A. E.S.P. celebraron un convenio interinstitucional cuyo objeto consistió en "aunar esfuerzos para garantizar la construcción de la Estación Elevadora Canoas, mediante aporte económico y de operación que ofrece EMGESA, en los términos y condiciones que se establecen en el presente convenio", en la suma de $84.048.000.000 de diciembre de 2010, cuyo desembolso se encuentra condicionado a que se otorgue la "(...) concesión en un plazo similar y en condiciones que resulten económicamente rentables y socialmente benéficas (...)".

    En ese orden de ideas, consideró la Procuraduría Delegada que tanto lo convenido en el acuerdo de voluntades multilateral de 21 de febrero de 2011, como lo pactado entre la EAAB y EMGESA S.A. el 5 de diciembre del mismo año, son un claro desarrollo de lo que las mismas partes se habían comprometido a ejecutar desde el mismo Convenio 171 de 2007.

    En consecuencia, en la medida en que las obligaciones que asumieron las distintas entidades públicas que suscribieron los referidos acuerdos, se enmarcan dentro de las competencias legales, a su juicio, lo allí pactado tiene fuerza vinculante para ellas, y su contenido, necesariamente debe ser cumplido, como bien lo dispone el artículo 1.602 del Código Civil al señalar: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

    De otro lado, refirió que en este proceso merece especial atención, lo concerniente al manejo de los vertimientos y del recurso hídrico.

    En tal sentido, adujo que el Decreto 3930 de 2010, Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de Vertimientos, busca el desarrollo integral de la figura del ordenamiento del recurso hídrico, privilegiando herramientas de planificación; ajustando el procedimiento para el otorgamiento de los permisos de vertimientos y generando planes de cumplimiento que permitan la reglamentación de los mismos.

    En virtud de ello, estableció que dicha norma es sin duda, de suma importancia en el presente tema, y ha sido desarrollada en el proceso de ordenación de la cuenca del Rio Bogotá; empero, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, ha inobservado lo consagrado en el artículo 28 del citado decreto, sobre la expedición de normas de vertimientos puntuales a las aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado, así como normas de vertimiento al suelo y a las aguas marinas, dentro de los veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de publicación de dicho decreto.

    A su juicio, la máxima autoridad ambiental del país ha sido omisiva en la reglamentación de las normas de vertimientos, situación que ha conducido a que no se tenga los lineamientos necesarios para el otorgamiento de los permisos de vertimiento, hecho que sin duda va en detrimento de la protección del recurso hídrico del país y, particularmente, del río Bogotá.

    Dicho en otros términos, la falta de reglamentación de la autoridad ambiental ha generado que las personas naturales y/o jurídicas que realizan vertimientos a las fuentes hídricas no hayan tenido elementos suficientes para estructurar los planes de reconversión a tecnologías limpias en la gestión de vertimientos, circunstancia que, a todas luces, ha retrasado el mejoramiento de la calidad de los vertimientos que se realizan al Rio Bogotá.

    Precisó entonces que para aminorar los impactos de esta situación, es imperativo que la Sala de Decisión, al momento de proferir el fallo de segunda instancia, requiera al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, para que emita la citada reglamentación y estructure un plan de seguimiento y control de implementación de la misma, de forma específica para el río Bogotá, de forma tal que los beneficios planteados en el Decreto 3930 de 2010, efectivamente se concreten.

    Adicionalmente, precisó el Ministerio Público que la autoridad ambiental competente, debe desarrollar mecanismos que le permitan materializar, para el Río Bogotá, un estricto plan de seguimiento y monitoreo de lo dispuesto en la Resolución 1514 de agosto 31 de 2012, por medio de la cual se adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, que desarrolla de forma específica el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, según la cual: "...toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos".

    Adujo que el objeto de la citada resolución es garantizar que el generador del vertimiento cuente con un plan que no solo analice el riesgo del vertimiento, sino que contenga las medidas de prevención y mitigación del impacto generado, protocolos de emergencia y contingencia, así como un programa de rehabilitación y recuperación.

    En ese orden de ideas, consideró necesario que en el fallo de segunda instancia, se imponga a las autoridades ambientales, bien sea a la CAR que tiene competencia jurisdiccional en el área y/o a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -en tanto a esta última compete la expedición de la Licencia Ambiental respecto de la PTAR Canoas, junto con su respectivo permiso de vertimientos, de conformidad con el Decreto 2820 de 2010-, el deber consistente en que en las licencias y/o permisos de vertimientos que hayan otorgado o que otorguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada Resolución 1514 de 31 de agosto de 2012 -respecto de vertimientos al Rio Bogotá-, procedan a exigir el Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos y realicen un seguimiento riguroso a su ejecución. Ahora bien, sobre las COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, resaltó la importancia de que las autoridades ambientales, bien sea la Autoridad Nacional de Licencias - ANLA o la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, tomen las medidas de compensación, mitigación y restauración necesarias en todas las licencias y/o permisos que concedan a obras, proyectos o actividades en las que se involucre, directa o indirectamente al rio Bogotá.

    En tal sentido, adujo que en el fallo de la presente acción popular, deben tomarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo expuesto en la Resolución No. 1517 de 31 de agosto de 2012, que establece para las personas naturales y/o jurídicas, la obligación de elaborar y presentar para el medio biótico, las medidas de compensación de sus obras, proyectos o actividades, dentro del marco del denominado Manual para la Asignación de Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

    Así entonces, estimó necesario que las autoridades ambientales, tanto la ANLA como la CAR, tengan un manejo conjunto sobre las diferentes compensaciones que realizan los titulares de licencias y/o permisos en la áreas de protección del río Bogotá, y puedan direccionar la ejecución de las medidas a fin de lograr efectivas acciones de recuperación de la fuente hídrica, así como direccionar las obligaciones de compensación y mitigación, impuestas en los diferentes actos administrativos por medio de los cuales conceden licencias y/o permisos en el área de la cuenca del Rio Bogotá, bien sea como Área de Influencia Directa o Indirecta.

    Con relación al EJERCICIO EFICIENTE DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL, estableció que los procesos sancionatorios ambientales a cargo de la CAR, no tienen la celeridad debida ni han dado los resultados esperados, como quiera que los vertimientos ilegales de carácter industrial, agrícola y pecuario, continúan presentándose, en forma tan evidente que constituyen un hecho notorio.

    Consideró igualmente, que la autoridad ambiental ha tenido, en el desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 1333 de 2009, una actuación importante por el número de procesos sancionatorios que reportan (ver anexo); sin embargo, ésta debe ser más eficiente y eficaz, pues de dicha vigilancia y seguimiento depende que las medidas que se están tomando perduren en el tiempo.

    Finalmente, con fundamento en los argumentos previamente expuestos, precisó el Ministerio Público que al efectuarse la revisión de la sentencia impugnada, proferida el 25 de marzo de 2004 por la Subsección "B" de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resulta procedente:

      "Confirmar: Los ordinales PRIMERO; TERCERO, literales a), b)r d)r e)r f)r g)r h), j)r k), l)r ll)r m)r ñ), o)r p)r q)r r)r s)r t)r u)r v) y x); CUARTO, literales a), b)f ch), d)f e) y h); OCHO; NUEVE; DIEZ; ONCE y DOCE.

      Modificar: El ordinal TERCERO, literal i), en tanto la obligación del manejo de la Red Hidrometeorológica y la Estación de Monitoreo de Aguas, es un asunto de competencia de la Corporación Autónoma Regional y no del IDEAM; el ordinal CUARTO, literal c) en tanto la obligación allí contenida corresponde a los respectivos municipios y no a la Corporación Autónoma Regional; el ordinal CUARTO, literales f) y g), dado que no pueden aprobarse pactos de cumplimiento parciales, por lo que los acuerdos celebrados deben entenderse como obligaciones a cargo de quienes los suscribieron; el ordinal QUINTO, teniendo en cuenta que debe imponerse la obligación del cumplimiento de los acuerdos celebrados el 21 de febrero y el 5 de diciembre de 2011, a los que se hizo referencia anteriormente, e implementarse las medidas relativas a la protección del caudal ecológico referidas por el Ingeniero Aparicio Torres; y el ordinal SEXTO, dado que no pueden aprobarse pactos de cumplimiento parciales, por lo que los acuerdos celebrados deben entenderse como obligaciones a cargo de quienes los suscribieron.

      Sin embargo, en lo concerniente a las obligaciones que se impondrán a la Corporación Autónoma Regional CAR y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, considera procedente que se modulen los alcances de las obligaciones a desarrollar, reconociendo los avances y ejecutorias respecto de las medidas de descontaminación del Rio y respecto de la adecuación hidráulica, según la información que aparece de folios 94 a 99 de este concepto. En el mismo sentido, y en cuanto respecta a la empresa EMGESA S.A. E.S.P. y sus actividades de descontaminación del Embalse del Muña, deberá modularse la decisión, teniendo en cuenta las gestiones realizadas y los resultados obtenidos en dicho sentido, según lo registra el documento anexo, también firmado por el Ingeniero Felipe Aparicio Torres, funcionario adscrito a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

      Revocar: Los ordinales SEGUNDO, y TERCERO, literal c) y SEPTIMO de la providencia, éste último en tanto ni el señor Presidente de la República ni el Congreso de la República, fueron vinculados al proceso.

      Adicionar: Lo relativo a la adopción del Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de Vertimientos, con su respectivo seguimiento; compensaciones por pérdida de biodiversidad, y ejercicio eficiente de la potestad sancionatoria en materia ambiental, en los términos señalados en el numeral 4° de este concepto".

    CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Procede la Sala a proferir decisión de segunda instancia en el proceso de la acción popular promovida con el objeto de que se amparen los derechos colectivos de los habitantes de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y sus afluentes, para lo cual se adoptará dentro de una metodología de marco lógico, la decisión correspondiente, previas las siguientes consideraciones:

    I.1. LAS ACCIONES POPULARES - FINALIDAD Y PROCEDENCIA -

    La acción popular fue elevada a rango constitucional a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, razón por la cual la Corte Constitucional en sentencia T-466/03, señaló que "no se trata de mecanismos desconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto ya se encontraban consagradas en varias disposiciones del Código Civil, tendientes a la protección de los derechos colectivos, asi como en la ley de reforma urbana (Ley 9 de 1989). Con todo, fue el constituyente de 1991 quien se encargó de elevarlas a rango constitucional".

    En estos términos, las acciones populares y de grupo quedaron contenidas en el artículo 88 de la Carta Política como un instrumento eficaz para amparar los derechos colectivos.

    Este instrumento consagrado en la Constitución, busca, como lo ha precisado la Corte Constitucional |29|, "proteger esa categoría de derechos e intereses en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador (...) y su ejercicio, dado su carácter público, "(...)supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio interés".

    También se caracteriza por su naturaleza eminentemente preventiva, lo que significa al decir de la Corte Constitucional que "no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran. Desde su remoto origen en el derecho romano, fueron concebidas para precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño (...) |30|.

    Acorde con el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible. Por su parte, el artículo 9° de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

    Dentro de este marco, vale la pena recordar que son dos los supuestos básicos para que proceda la acción en comento, tal como bien lo anotó la Corte Constitucional en la sentencia T-710/08

      "Supuestos básicos para que proceda la acción popular son: a) que se trate de situaciones actuales que impliquen un peligro contingente, una amenaza, vulneración o agravio de uno o varios derechos o intereses colectivos y b) que esas situaciones se deban a acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares. Ambos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo".

    Como supuesto adicional y de relevancia legal y jurisprudencial, esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses |31|.

    Ahora bien y en razón de su naturaleza, la acción popular carece de contenido subjetivo, y por su carácter público, procede "contra las autoridades públicas por sus acciones y omisiones y por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales |32|".

    Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario.

    Adicionalmente, ha dicho la Corte en la sentencia T-466/03 que "estas acciones tienen una estructura especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos preexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial".

    Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que "constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado" |33|.

    De otro lado, el artículo 88 de la Carta menciona con carácter enunciativo algunos derechos susceptibles de ser protegidos a través de las acciones populares, catálogo que fue ampliado en la Ley 472 de 1998, por expreso mandato del artículo superior mencionado.

    En estos términos, el artículo 4° de la referida ley, definió como derechos e intereses colectivos: a) el goce a un ambiente sano; b) la moralidad administrativa; c) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) la defensa del patrimonio público; f) la defensa del patrimonio nacional y cultural de la Nación; g) la seguridad y salubridad públicas; h) el acceso a un infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; i) la libre competencia económica; j) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; k) la prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y tóxicos; l) el Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; n) los derechos de los consumidores y usuarios.

    Asimismo, el precitado artículo dispone que además de los derechos e intereses colectivos enunciados en el artículo 88 de la Carta Política, lo sean también los definidos como tales en las leyes ordinarias y los Tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

    Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial. En efecto, esta Sección |34| ha indicado que "esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda".

    Siguiendo lo anterior, se encuentra el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el cual es claro en señalar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

    En tal sentido, ha afirmado el Consejo de Estado que las conductas violatorias de derechos colectivos, generadoras de la acción popular, están originadas por regla general, en el ejercicio de la función regulada en el artículo 209 de la Constitución Política, según el cual "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones"; principios que son objeto de control a través de la acción popular, con miras al estudio de los procedimientos donde presuntamente se involucran el abuso de la función administrativa en beneficio individual, y la recuperación de sumas de dinero que se desvian del patrimonio público a causa de la corrupción administrativa. Para el efecto el juez de instancia está investido de amplias facultades, derivadas de la autonomia procesal que ostenta la acción popular y de la finalidad que ésta busca, que no es otra que la protección de los derechos de la comunidad |35|.

    Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o juridica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es el actor quien en la demanda, fija el litigio |36|.

    Continuando con la descripción de este instrumento, la Sala encuentra el articulo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado.

    Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo.

    En lo atinente al contenido de la sentencia que resuelve la acción popular, la Corte Constitucional en sentencia C-377/02, consideró que la misma "podrá contener una orden de hacer o de no hacer, exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior o el pago de una suma de dinero. En el caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración del área afectada destinando para ello una parte de la indemnización. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general".

    Finalmente y en lo relativo a los actores difusos, se puede afirmar que los intereses o derechos difusos son una realidad nueva para el Derecho Procesal, tanto así que se ha señalado que para su debida protección habrá que hacerse una modificación de las instituciones tradicionales del Derecho en mención.

    La esencia del derecho subjetivo radica en el interés que se tenga, razón por la cual hasta hace poco se miraba al derecho subjetivo como la protección de intereses estrictamente individuales, pero sólo a partir del siglo veinte se consideró la defensa de los intereses públicos bajo la concepción de los derechos públicos subjetivos que vinculaban a toda la colectividad y al Estado mismo, se trata pues de unos intereses supra individuales; su reconocimiento se realizó a partir de la proclamación de la Declaración Americana y la Universal de mediados del siglo veinte, hoy conocidos como derechos de tercera generación, los cuales fueron destinados a tutelar una diversidad de conflictos del colectivo que no tenían un sujeto afectado de manera particular, sino a todo un grupo o categoría social, por eso son también llamados intereses difusos. Así cuando no es posible determinar o identificar plenamente a un grupo de personas procede hablar de interés difuso y esto por la indeterminación en cuanto a la identificación de las personas que lo compone.

    De esta manera, el derecho difuso busca la tutela de derechos de un conjunto de sujetos no identificados. Los intereses difusos se reitera, pertenecen a un grupo de personas absolutamente indeterminadas y respecto de las cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino que se encuentran unidas por circunstancias de hecho genéricas, accidentales, mutables y eventuales, luego lo que termina haciendo difuso el interés es la imposibilidad de definir individualmente a cada uno de los miembros del grupo afectado.

    En relación con este tipo de intereses o derechos debe destacarse que la titularidad es del colectivo y no de la suma de cada uno de los derechos individuales Además ha de tenerse en cuenta que como el interés le asiste a todo el grupo, cualquiera de ellos está legitimado para ejercer su derecho de acción representando a las otras personas igualmente afectadas.

    I.2. LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

    Como se anotó, las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos, por lo que, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, se concretan a través de su participación activa ante la administración de justicia.

    Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia AP- 527 del 22 de enero de 2003:

      "Los colectivos son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad.

      Por eso ha dicho la Corte Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad puede acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo cual logra simultáneamente proteger su propio interés.

      Por otra parte, si bien la Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales pueden calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo 88 de la Carta.

      Dicho planteamiento tiene por fundamento lo dispuesto en inciso final del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que prevé:

      Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia."

      Lo anterior supone, que si bien no se trata de una enumeración taxativa, sólo pueden considerarse como intereses o derechos colectivos aquellos reconocidos como tales por cualquiera de las normas aludidas y sólo a partir de su reconocimiento son susceptibles de protegerse por medio de la acción popular, de toda acción u omisión de las autoridades públicas y los particulares que, los amenace o vulnere. Es decir, que la calidad de derecho colectivo no la ostentan per se, no surge de su propia naturaleza, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico los reconozca como tales.

      De modo que, si bien la Sala ha reiterado ciertas características inherentes a los derechos e intereses colectivos, entre ellas, es menester mencionar el reconocimiento -como tales- hecho por la Constitución Política, la ley, o los tratados internacionales que hayan seguido los trámites de recepción por el ordenamiento interno colombiano.

      Lo anterior es evidente y, lo ha puesto de presente la Sala, al establecer que si bien un derecho colectivo compromete el interés general, no todo lo que suponga este último configura por esa sola característica, un derecho colectivo, así mismo, el sólo hecho de que una determinada situación, afecte a un número plural de personas, no supone, necesariamente la violación de derechos o intereses colectivos.

      Resulta así claro que mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés determinado, así tenga carácter general, revista la naturaleza de colectivo; por consiguiente, sólo será derecho colectivo susceptible de ser amenazado o vulnerado por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, aquél que, reuniendo las características propias del interés colectivo, esté reconocido como tal por la ley, la constitución o los tratados internacionales".

    I.2.1. DERECHO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO

    En materia ambiental en Colombia, con la expedición del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) se estableció |37| el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano.

    No obstante lo anterior, el paso trascendental se produjo con la Constitución Política de 1991, toda vez que, además de contemplar en su artículo 79, el goce del ambiente sano como derecho colectivo |38|, incluyó un compendio normativo para reglar el actuar del Estado y de los particulares respecto de la protección, explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

    Se ha podido establecer que existen al menos 34 disposiciones que regulan la relación de los habitantes del territorio con la naturaleza y su entorno, en procura de proteger el medio ambiente, lo que ha llevado a calificar a la Carta de 1991 como una Constitución Ecológica |39|.

    A partir de ahí, el desarrollo del concepto se ha dado con el avance de los criterios jurisprudenciales sobre el particular, otorgándole al derecho al ambiente sano su verdadera dimensión y estableciendo su núcleo esencial.

    Para ello, en primer lugar, resulta perentorio precisar qué debe entenderse por medio ambiente, toda vez que, el reconocimiento como derecho tiene por efecto definitorio en los componentes del bien jurídico a proteger y los procedimientos que garantizan la gestión colectiva del patrimonio medio ambiental.

    Como anota el autor Michel Prieur, el medio ambiente es una palabra que en principio puede causar sentimientos enfrentados. Señala el mencionado autor que "según el contexto en que sea utilizado, será calificado como una idea de moda, un lujo para países ricos, un mito, un tema controversial salido de las ideas hippies de los sesenta y ocho, un regreso a la edad media, el nuevo terror del siglo relacionado con las catástrofes ecológicas, las flores y los pequeños pájaros, un grito de alarma de los economistas y filósofos sobre el límite del crecimiento, el anuncio de la desaparición de los recursos naturales, un nuevo mercado antipolución, o una utopía contradictoria con el mito del crecimiento" |40|.

    No obstante, el medio ambiente ha conducido en la actualidad a una reflexión interdisciplinaria que lo concibe como el conjunto de factores naturales o artificiales que influyen sobre el contexto en el cual el hombre vive. Esta acepción que aparece en principio como muy general, merece ser precisada y complementada con otras que son vecinas, como ecología, naturaleza, calidad de vida, contexto de vida, y patrimonio.

    Es así como, los aportes de cada ciencia han sido valiosos para construir el concepto de medio ambiente, ese es el caso de la ecología, ciencia transdisciplinaria que, aunque se limita a estudiar únicamente las relaciones de los seres vivientes (los vegetales y los animales con exclusión del hombre) en su contexto, ha alimentado la noción de medio ambiente, que si considera al hombre en su contexto artificial y natural, con toda una serie de palabras y definiciones científicas que sirven para determinar el marco jurídico del derecho ambiental.

    Solo para hacer referencia a algunas, se han acogido términos como i) nicho ecológico o "hábitat" entendido como el medio donde vive una especie que es definida por su comportamiento alimentario, reproductor, y territorial; ii) biotopo, que es el soporte inorgánico de una especie, y comprenderá (el suelo, el agua, etc.); iii) biocenosis que es un conjunto de especies animales y vegetales que coexisten y que tienen entre ellas relaciones con un biotipo determinado; iv) ecosistema que es una unidad topográfica, cualquiera que sea la superficie, colonizada por un cierto número de seres vivientes, que tienen entre ellos y en su relación con el biotopo en el cual ellos viven, nexos generalmente bien definidos. No es otra la explicación de nociones jurídicas como "equilibrio biológico" o "equilibrio ecológico".

    Por su parte, del concepto de "naturaleza" entendida en su globalidad, es decir todo aquello que no ha sido objeto en forma directa de una intervención humana se determinan componentes jurídicos del derecho al medio ambiente, toda vez que, desde el punto de vista de las decisiones judiciales, a juicio de algunos autores, todo lo que es natural debería de ser respetado y preservado en su estado presente o en su estado anterior si una restauración se hace posible o es conveniente; principio que traería como efecto jurídico inmediato que la carga de la prueba en caso de atentado contra el medio ambiente (naturaleza) debería ser siempre soportada por aquel que ha producido el daño.

    De otro lado, también aporta a la noción de medio ambiente el principio de "calidad de vida", el cual refiere a una búsqueda de lo cualitativo, por oposición a la decepción que se ha tenido contra lo cuantitativo (nivel de vida) y, destacar así, que el medio ambiente concierne no solamente a la naturaleza sino también al hombre en sus relaciones sociales, de trabajo y recreativas. Como señala el profesor Prieur |41|, es la herencia de Marcase y de Ilich, la ventana sociológica del medio ambiente dirigida a una sociedad de convivencia (el manejo del tiempo, las relaciones colectivas en las ciudades, las diversiones, los deportes, el turismo han ido invadiendo lo que anteriormente solo era ecología).

    También ha hecho su aporte el criterio de "marco de vida", que no obstante encontrarse aún más alejado de la noción original de ecología, resulta siendo, en realidad, un sinónimo de medio ambiente en su especie arquitectónica y urbanística. El concepto es más familiar para los técnicos y urbanistas que para los geógrafos y biólogos, comprende el territorio del hombre-individuo tanto como contexto físico (donde podrían incluirse la naturaleza y los espacios verdes artificiales o parques construidos por el hombre) y el contexto social. En relación a este último aspecto, bien decía B. de Jouvenel "si pasamos de la protección de la naturaleza al marco de vida estamos pasando de lo macro del medio ambiente que es el de la especie humana, a lo micro del medio ambiente que es el de los grupos de familias" |42|.

    De la misma manera, la expresión "patrimonio" introduce un elemento moral y jurídicamente esencial en la concepción de lo que debe entenderse como medio ambiente. En su acepción restringida se podría temer que se asimile a la propiedad y a la rentabilidad. De hecho, se trata por el contrario de superar la propiedad, identificando los elementos del medio ambiente que deben observarse si se pretende su conservación y la gestión de un buen padre de familia. De esta manera la noción de patrimonio haría relación a la idea de herencia legado por las generaciones que nos antecedieron, y que nosotros debemos transmitir en forma intacta a las generaciones que nos sobrevivirán. Los bienes y los espacios que van a ser calificados de "patrimonio" por el derecho del medio ambiente van a ser objeto de una atención muy particular no solamente de parte de su propietario jurídico, si el existe, sino también y sobre todo de la colectividad en su plenitud; razón por la cual debe hacerse referencia al patrimonio natural, compuesto por el biológico, ecológico y cultural; y al construido, en sus componentes arquitectónico, urbano y rural.

    De lo expuesto, se acoge el concepto según el cual el medio ambiente, en su connotación como derecho se refiere a las interacciones y relaciones de los seres vivientes (incluido el hombre) entre ellos, y con su entorno.

    Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

    En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y, iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar).

    Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional determinó |43|:

      "El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental" (Negrilla y subrayado fuera del texto)

    Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado |44|:

      "Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (...)

      De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de éste".

    Respecto de la característica de objetivo social del derecho al ambiente sano, en sentencia C-671 de junio 21 de 2001 se precisó que:

      "La protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Artículo 366 CP. (...)

      La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 'Constitución ecológica', conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección".

    De otro lado, en lo relativo al derecho al ambiente sano como deber del Estado, la jurisprudencia constitucional |45| ha sostenido que:

      "Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le imponen al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." |46|

    En igual sentido, la Corte Constitucional ha expresado que:

      "(...) Igualmente, el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales por conductas lesivas del ambiente y exigir la reparación de los daños causados."

    Así las cosas, el derecho al ambiente sano, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial citado, es un derecho de rango constitucional, de carácter fundamental, del cual somos todos titulares y del que, además, tenemos la obligación de contribuir para su preservación, "mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros." |47|

    Del mismo modo, corresponde al Estado, "la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano", para lo cual deberá ejercer las funciones de control y vigilancia de las actividades económicas que puedan afectarlo pero permitiendo su desarrollo sostenible, y garantizando, además, el correcto manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

    I.2.2. EL AGUA COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN, BIEN DE USO PÚBLICO, DERECHO FUNDAMENTAL, HUMANO Y COLECTIVO

    Del latín aqua, el agua es la sustancia más importante de la naturaleza y uno de los principales componentes del medio en que vivimos y de la vida en general. Se trata de un compuesto de características únicas, determinante en los procesos físicos, biológicos y químicos del medio natural. De las anteriores, el químico es sobresaliente, dado que la mayoría de dichos procesos se realizan con sustancias disueltas en ella.

    La importancia del agua es notoria, interviene en la composición de los seres vivos, es indispensable para la vida humana, por lo que su protección y conservación resulta preponderante e imperiosa, es así como desde el punto de vista jurídico cuenta con una regulación excepcional y de trascendencia.

    La Constitución Política consagra como deber fundamental del Estado no solo el de velar por la existencia de todos los ciudadanos y su vida en condiciones de dignas, sino también por la obligación de asegurar la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos y asegurar su subsistencia futura.

    Es así como el constituyente protege el ambiente y, en especial, el agua como fuente de vida y como condicionante para el disfrute de otros derechos fundamentales, tales como los derechos a la salud y a la alimentación.

    El artículo 8° de la Constitución establece que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, entre las que se encuentra el agua.

    El artículo 79 dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. De igual manera, el artículo 80 prescribe el deber de planificación del Estado, al señalar que el manejo y aprovechamiento de los recursos se debe garantizar en pro de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y que se deben prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

    Asimismo, el artículo 334 obliga al Estado a intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

    El artículo 366 consagra como objetivos fundamentales de la actividad estatal, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, verbigracia el Acto Legislativo 4 de 2007, establece que los recursos del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y municipios deberán destinarse a la financiación de los servicios a su cargo, dando prioridad al servicio de salud y servicios domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, entre otros.

    En especial, la Carta Fundamental consagra la función social y ecológica de la propiedad, establece límites a la libertad económica, cuando así lo exija la protección del ambiente (Artículos 58 y 333).

    Por su parte, el Código Civil se refiere al agua como un bien de uso público |48| tal y como lo consagró la propia Constitución Política de 1991 en sus artículos 63 y 332 al disponer:

      Artículo 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables..."

      Artículo 332. "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes".

    Según el Decreto 2811 de 1974 |49| |50|, el ambiente es patrimonio común y los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación, las aguas - el álveo o cauce natural de las corrientes, el lecho de los depósitos naturales de agua, las playas marítimas, fluviales y lacustres, una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares, los estratos o depósitos de las aguas subterráneas - son de dominio público, inalienables e imprescriptibles.

    En los términos del Decreto 1541 de 1978 |51| son aguas de uso público los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales de modo permanente o no, las aguas que corren por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural, los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos, las aguas que están en la atmósfera, las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; las aguas lluvias; la preservación y manejo de las aguas es de utilidad pública e interés social.

    En el ámbito internacional, en 1968, el Consejo de Europa aprobó la "Carta del Agua", en donde se afirma que este es un elemento de primera necesidad, tanto para el hombre, como para los animales y las plantas: "sin agua no hay vida posible" |52|.

    La Declaración de Estocolmo de 1972, establece un vínculo entre derechos fundamentales y protección ambiental, al señalar que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar". La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirmó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y el cual constituye uno de los principales instrumentos ambientales del derecho internacional al reiterar la necesidad de tomar un papel activo en defensa del medio ambiente. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce |53| el derecho al agua como un derecho fundamental, que comprende el acceso al agua potable para los usos domésticos esenciales y el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas sin obstáculos físicos o económicos |54|.

    De otro lado, e igualmente a nivel supranacional, se encuentran los artículos 11 |55| y 12 |56| del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los cuales hacen alusión a título enunciativo, no taxativo, de los derechos que emanan del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y al disfrute del más alto nivel posible de salud física, respectivamente.

    El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas incluye el agua como condición fundamental para la supervivencia humana |57|.

    La Corte Constitucional, citando al referido Comité en sentencia T-270/07, señaló que en el año 2002, en el 29° período de sesiones en Ginebra, se presentó la observación número 15, en la cual se expresaron los fundamentos jurídicos sobre el derecho al agua, en los siguientes términos:

      "El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

      "................................................................................

      "El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica

      "................................................................................

      El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hidricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, asi como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto".

    Igualmente, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer |58| y la Convención sobre los derechos de los niños |59|, se refieren a dicho derecho.

    Siguiendo a la Corte Constitucional "como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una linea jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela |60|. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la Constitución que guia las decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador" |61|.

    Resulta importante recodar que la titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo se encuentra en cabeza no sólo de las personas individualmente consideradas, sino también de la comunidad. En otras palabras, dicho derecho cuenta con una doble naturaleza (individual y colectiva).

    En relación con su naturaleza colectiva, la Corte Constitucional anotó que "hay dimensiones del derecho que generan obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones de las fuentes hidricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de protección del derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual" |62|.

    Estas obligaciones serán entonces reclamables ya no a través de la acción de tutela, sino por medio de la acción popular.

    La Ley 9ª de 1989, artículo 8°, señala que "los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el articulo 1005 del Código Civil", ya en vigencia de la Ley 472 de 1998, artículo 4°, son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con el goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación.

    El agua como derecho humano

    Marie Cuq |63| destaca que en el interior de las Naciones Unidas se ha discutido la inclusión del derecho al agua como un derecho del hombre para darle la prioridad que normalmente se otorga a esos derechos.

    Según la autora, el derecho internacional de los derechos del hombre aspira a expresar una ideología común a toda la humanidad, donde el primer principio es el de la igualdad de todos los hombres. Esta rama del derecho internacional se funda sobre una concepción ideológica del hombre con miras a reconocer un conjunto de derechos que son inherentes al hombre en razón de su calidad de ser humano. Así, los derechos del hombre tienen su origen, no en la voluntad soberana de los Estados sino en la igual dignidad de cada persona, la concepción ideológica de los derechos humanos tiende a definir los derechos que son en si mismos universales, intemporales e inalienables. Su protección debe asegurarse independientemente de consideraciones de religión, sexo, opiniones políticas, países o cultura. Por ello se afirma una prioridad dada a la protección de los derechos humanos sobre cualquier otra consideración.

    La concretización de esta concepción, añade Marie Cuq, se ilustra por la emergencia misma del derecho internacional de los derechos del hombre cuyo objetivo fue a la vez reconocer la existencia universal de tales derechos y a la vez afirmar el carácter objetivo de su puesta en marcha. La Declaración Universal de los derechos del Hombre es el primer texto internacional en afirmar explícitamente que los derechos del hombre no son creados por la voluntad de los Estados sino que se desprenden de la calidad de ser humano, de manera que ella lo que hace es reconocer su existencia.

    Desprovista de un carácter obligatorio, esta declaración fue completada por la adopción de dos pactos internacionales, uno relativo a los derechos civiles y políticos y otro relacionado con los derechos económicos sociales y culturales. Al establecer los mecanismos jurídicos de protección de estos derechos, estos textos confirman su carácter declaratorio en cuanto a la existencia de los derechos humanos y la naturaleza objetiva de su protección. Los pactos internacionales no pueden ser concebidos como constituyentes, un conjunto de obligaciones interestatales.

    El respeto a los derechos del hombre es una obligación erga omnes, que protege un interés colectivo superior a los solos intereses individuales de los Estados.

    De esta manera, señala la autora, el derecho internacional de los derechos humanos ha hecho evolucionar el derecho internacional, de un derecho interestatal, elaborado en función de los intereses de los Estados, hacia un derecho supraestatal encargado de asegurar en nombre de valores comunes y superiores a los Estados, la protección de intereses infra estatales. El Estado se ve constreñido a constatar la existencia de los derechos en beneficio de los individuos y asegurar su protección como una prioridad. Al buscar el reconocimiento del derecho al agua como un derecho del hombre, el Comité de Derechos Políticos, Económicos y Sociales de naciones unidas busca beneficiar este derecho de la concepción ideológica sobre la cual se fundan los derechos del hombre, y aplicarle el régimen jurídico y prioritario correspondiente. El acceso al agua tiene vocación de ser reconocido como un derecho que debe ser objeto de una protección universal y superior.

    Añade que su desarrollo no puede darse en función de los intereses de los Estados. En materia de agua el interés de los Estados se traduce en el ejercicio de su soberanía territorial sobre el recurso acuático y el reconocimiento de un derecho al agua tendiente a establecer una prioridad a favor de la satisfacción de las necesidades humanas. El Estado tiene la obligación de asegurar a su población un acceso al agua antes de tomar en cuenta sus propios intereses en cuanto al uso del recurso. En esta perspectiva, Henry Smet, citado por la autora, estima que el agua es ante todo "un bien social", ella "amerita ser tratada de una manera diferente a los otros recursos naturales" y dejarla solamente en manos de las leyes del mercado traerá graves consecuencias sociales |64|. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisó al respecto, que "el agua deberá ser considerada como un bien social y cultural y no solamente como un bien económico". La búsqueda del reconocimiento de un derecho al agua pretende igualmente afirmar una prioridad de este derecho sobre la aplicación del derecho internacional económico, considerando que éste toma en cuenta lo relacionado con el agua de una manera insuficiente y la hace susceptible de sufrir atentados.

    Precisa la autora que a través de la búsqueda del reconocimiento de un derecho humano al agua, se afirma también la necesidad de establecer una jerarquía entre los usos del agua para beneficio de las necesidades humanas esenciales. No obstante, la búsqueda de esta alternativa no ha finalizado, principalmente por dos razones. De una parte, el acceso al agua no ha sido objeto de un reconocimiento jurídico universal y de otra parte, porque, incluso si esta hipótesis estuviera cubierta, la adopción e implementación de ese derecho estaría sometido a las incertidumbres persistentes sobre su contenido.

    Menciona igualmente Marie Cuq que pese a que no se ha reconocido como tal un derecho autónomo y universal al agua, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al interpretar la Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que el reconocimiento de un derecho al agua se deriva de su vinculación con otros derechos, explícitamente reconocidos, como el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, al tiempo que es componente fundamental del derecho a la vida, a la dignidad humana, del derecho a un ambiente sano y al acceso a los recursos naturales.

    Cabe destacar aquí las principales directrices de la Observación No. 15 (2002) |65| del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -CDESC- de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, las cuales constituyen importantes orientaciones sobre la forma como los Estados parte deben cumplir los deberes que les corresponden para garantizar ese derecho.

    Señala el CDESC que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

    Define el derecho humano al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

    Precisa el Comité, que el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general N° 6 (1995)) |66|. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12) |67| y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11) |68|. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.

    Menciona el CDESC que derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas |69|. Por ejemplo, en el párrafo 2 del articulo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 del articulo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre".

    El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse un medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos.

    También debería darse prioridad a los recursos hidricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, asi como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto |70|.

    El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hidricos con fines agricolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada (véase la Observación general N° 12 (1997)) |71|. Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación.

    Desde esta perspectiva, los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del articulo 11 y el articulo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologias. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. |72|

    En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia: a) La disponibilidad; b) La calidad; c) La accesibilidad; i) Accesibilidad física; ii) Accesibilidad económica; iii) No discriminación; iv) Acceso a la información.

    En cuanto a las obligaciones generales de los Estados Parte, la CDESC estableció que si bien el Pacto prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho al agua, como la garantia de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párr. 2, art. 2) y la obligación de adoptar medidas (párr. 1, art. 2) en aras de la plena realización del párrafo 1 del articulo 11 y del articulo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho al agua.

    Igualmente, los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnologia, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.

    Añade el Comité que existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está prohibida por el Pacto19. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte.

    En cuanto a las obligaciones legales especificas señala el CDESC que al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.

    En especial la obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, asi como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra indole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

    La obligación de cumplir exige a su vez que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento politico y juridico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hidricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

    Adicionalmente los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrian figurar: a) reducción de la disminución de recursos hidricos por extracción, desvio o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias quimicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad |73|; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas.

    Las violaciones del derecho al agua pueden producirse mediante actos de comisión, la acción directa de los Estados Partes o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados.

    Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una politica nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.

    La Comisión precisa que en el plano nacional deberán examinarse la legislación, las estrategias y las politicas existentes para determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obligaciones dimanantes del Pacto.

    El deber de adoptar medidas claramente impone a los Estados Partes la obligación de adoptar una estrategia o plan de acción nacional para asegurar el ejercicio del derecho al agua. La estrategia debe: a) basarse en la normativa y los principios de derechos humanos; b) abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones correspondientes de los Estados Partes; c) definir objetivos claros; d) fijar objetivos o metas y los plazos para su consecución; e) formular políticas adecuadas, con los niveles de referencia y los indicadores correspondientes. La estrategia también deberá responsabilizar del proceso a instituciones específicas; determinar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y las metas; asignar debidamente los recursos a las instituciones encargadas; y establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la aplicación de la estrategia.

    Al formular y ejecutar las estrategias y planes nacionales de acción con respecto al agua deberán respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de participación popular. El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Deberá proporcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información sobre el agua, los servicios de agua y medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas o de terceros.

    La estrategia y el plan de acción nacionales del agua también deberán basarse en los principios de la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del poder judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua. A fin de crear un clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados Partes deberán adoptar las medidas apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho al agua.

    Si los Estados Partes encuentren conveniente aprobar una legislación marco para llevar a la práctica sus estrategias relativas al derecho al agua. Esa legislación deberá incluir: a) los objetivos o metas que han de alcanzarse, y los plazos para su consecución; b) los medios que se utilizarán para alcanzar la finalidad perseguida; c) la colaboración prevista con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales; d) las instituciones encargadas del proceso; e) los mecanismos nacionales para la vigilancia del proceso; y f) los procedimientos de reparación y de recursos.

    Deberán adoptarse igualmente medidas para garantizar una coordinación suficiente entre los ministerios nacionales y las autoridades regionales y locales a fin de conciliar las políticas relacionadas con el agua. En los casos en que la responsabilidad de hacer efectivo el derecho al agua se haya delegado en las autoridades regionales obligaciones en virtud del Pacto, y por tanto deberá velar por que estas autoridades tengan a su disposición suficientes recursos para mantener y ampliar los servicios e instalaciones de agua necesarios. Además, los Estados Partes deberán velar por que dichas autoridades no nieguen el acceso a los servicios sobre una base discriminatoria.

    Adicionalmente, el CDESC manifiesta que los Estados Partes deben alentar a los jueces, árbitros y demás jurisconsultos a que, en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a las violaciones del derecho al agua.

    En consecuencia, el derecho al agua, cuando no está reconocido como un derecho fundamental como ocurre en las constituciones de algunos países, se protege de manera indirecta por su conexión con otros derechos expresamente reconocidos.

    Cabe anotar finalmente que mediante la Resolución 64/292 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 8 de junio de 2010 se hace por primera vez un reconocimiento expreso de la existencia de un Derecho Humano al agua, al precisar en dicho documento que la Asamblea "1. "Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos" |74|.

    I.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

    Entre los principios que guían el derecho ambiental se encuentran el de precaución y el de desarrollo sostenible, los cuales serán desarrollados conceptualmente a continuación:

    I.3.1. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

    Según Néstor Cafferatta |75|, el principio de precaución implica un cambio de la lógica jurídica clásica. El principio de precaución surge en el derecho de la búsqueda de respuestas a un problema nuevo, a nuevos derechos que tienen incidencia colectiva, y se refieren a intereses difusos o derechos de masa, derechos comunitarios, como son los derechos ambientales.

    El principio de precaución, dice el autor, opera sobre el riesgo del desarrollo, el riesgo de la demora, y produce una inversión de la carga de la prueba.

    Añade que el principio de precaución tiene una estructura tridimensional, porque es de derecho pero al mismo tiempo comparte su territorio con la moral y la política. En muchas leyes se menciona el principio de precaución como principio de política ambiental y no como un principio de derecho. La UNESCO, por ejemplo, define al principio de precaución en términos de proyectos, actividades u obras plausibles desde el punto de vista científico, pero moralmente inaceptables.

    En ese caso, continúa el autor, la duda opera en favor de la prevención o de la precaución, en el sentido de que hay que adoptar medidas tendientes a evitar o impedir la degradación del medio ambiente. El principio precautorio, o criterio de precaución, tiene hoy "carta de ciudadanía" en el Derecho ambiental latinoamericano y caribeño. Se sabe que el principio de precaución apareció por primera vez en Alemania en 1971, en la Ley del Medio Ambiente. Después, en el Derecho del Mar, en la Primera y la Tercera Conferencia Internacional del Mar del Norte, entre 1987 y 1990, y si bien tiene una larga trayectoria en distintos convenios internacionales --aparece por ejemplo en 1991 en el Convenio de Bamako, África, sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y en Convenios relativos a la protección del Mar Báltico--, definitivamente volvió al Derecho Ambiental en 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se lo consagró en la letra del Preámbulo de la Convención sobre Diversidad Biológica. Posteriormente, se lo instituyó como el artículo 3.3 de la Convención Marco del Cambio Climático, se incluyó como el Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro y, finalmente, fue utilizado para darle vida al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el cual fue aprobado en Montreal en 2000. Por último, constituye un principio fundamental de política ambiental de la Unión Europea, a través del artículo 130R del Tratado Maastricht y el 174 del modificatorio de Tratado de Ámsterdam.

    En la Declaración de Río dice que cuando exista "peligro o daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como argumento para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

    En el artículo 3.3 de la Convención Marco del Cambio Climático, se menciona que cuando haya "'amenaza' de daño grave irreversible, no deberá utilizarse la falta de total certidumbre científica", como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser eficaces en función de los costos, con el fin de asegurar beneficios globales al menor costo posible; en la Tercera Conferencia sobre Protección del Mar del Norte se le refiere a "cuando no exista certeza científica que permita probar una relación causal, entre la emisión de dichas sustancias y tales efectos"; en el Convenio de Diversidad Biológica se habla de "falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o a reducir esta amenaza |76|";en Cartagena y en Johannesburgo aparece nuevamente como criterio de precaución.

    La declaración de la UNESCO que se mencionó con anterioridad dice: "Cuando la actividad humana pueda conducir a un daño moralmente inaceptable que es científicamente plausible pero incierto, diversas medidas pueden ser tomadas para evitar o disminuir la posibilidad de este daño".

    En cuanto a su obligatoriedad, el principio precautorio, dice Lorenzetti citado por Cafferatta, "genera una obligación de previsión extendida y anticipatoria. Se trata de un principio proactivo en la adopción de decisiones, es un concepto jurídico indeterminado, es una norma jurídica, no una mera declaración y la incertidumbre debe existir al momento de adoptar las decisiones."

    En consecuencia, en la aplicación de principio precautorio él dice que deberá tenerse en cuenta que:

      1. Es casuístico. El principio precautorio se aplica con un criterio caso por caso, no se aplica de manera absoluta sino con un criterio relativo, dependiendo de las circunstancias del caso en particular.

      2. Deberán agotarse las posibilidades de reducir la incertidumbre, aunque uno de los presupuestos del principio precautorio es justamente la incertidumbre.

      3. La aplicación es dinámica y adaptativa.

      4. Es equitativa.

      5. Produce el traslado del riesgo, del riesgo de la duda, de la demora, probatorio -la inversión de la carga de la prueba- y del de desarrollo.

    Precisa el autor que, estas son las condiciones de aplicabilidad del principio precautorio según la doctrina mayoritaria. En una situación de incertidumbre, el principio precautorio se basa en un factor de atribución de responsabilidad de riesgo. Es decir, el factor de atribución de responsabilidad del principio de precaución, es el riesgo, es el peligro o es la amenaza. "Peligro de daño grave o irreversible" y "falta de certeza científica absoluta" es lo que menciona el Principio 15 de Naciones Unidas.

    La Unión Europea, preocupada por este efecto del traslado del riesgo probatorio, de inversión de la carga de la prueba, ha sostenido en una resolución --Anexo al Tratado Niza del año 2000 de la Comisión Europea-- que el principio de precaución no siempre produce la inversión de la carga de la prueba. Menciona que el criterio correcto en materia de inversión de la carga de la prueba, es uno casuístico. Habrá que analizar caso por caso para determinar si se produce o no la inversión de la carga de la prueba.

    De otra parte, no obstante el principio de precaución que se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la adopción de decisiones preventivas en caso de riesgo; en la práctica, su ámbito de aplicación es mucho más amplio y se extiende asimismo a la política de los consumidores, a la legislación europea relativa a los alimentos, a la salud humana, animal y vegetal.

    De este modo, la citada Comunicación establece líneas directrices comunes acerca de la aplicación del principio de precaución.

    Según la Comisión Europea, puede invocarse el principio de precaución cuando un fenómeno, un producto o un proceso pueden tener efectos potencialmente peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente certeza.

    El recurso al principio se inscribe, por tanto, en el marco general del análisis de riesgo (que incluye, al margen de la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo) y, más concretamente, en el marco de la gestión del riesgo que corresponde a la fase de toma de decisiones.

    La Comisión subraya que el principio de precaución solo se puede invocar en la hipótesis de un riesgo potencial, y que en ningún caso puede justificar la adopción de una decisión arbitraria.

    Por tanto, el recurso al principio de precaución solo está justificado si se cumplen las tres condiciones siguientes:

    • Identificación de los efectos potencialmente negativos;
    • Evaluación de los datos científicos disponibles;
    • Ampliación de la incertidumbre científica.

    Antes de adoptar una medida, debe intentarse completar, en la medida de lo posible, los siguientes cuatro elementos de la evaluación de riesgos:

    La identificación del peligro significa determinar los agentes biológicos, químicos o físicos que pueden tener efectos adversos. Una nueva sustancia o agente biológico puede revelarse a través de sus efectos sobre la población (enfermedad o muerte), o sobre el medio ambiente, y puede ser posible describir los efectos reales o potenciales sobre la población o el medio ambiente antes de que se identifique la causa de forma indudable.

    La caracterización del peligro consiste en determinar, en términos cuantitativos o cualitativos, la naturaleza y gravedad de los efectos adversos asociados con los agentes o la actividad que los causa. En esta fase debe establecerse la relación entre la cantidad de sustancia peligrosa y el efecto que produce. No obstante, a veces es difícil o imposible probar la relación, por ejemplo porque el vínculo causal no haya podido determinarse de manera indudable.

    La evaluación de la exposición consiste en evaluar cuantitativa o cualitativamente la probabilidad de exposición al agente estudiado. Aparte de la información sobre los propios agentes (fuente, distribución, concentraciones, características, etc.), se necesitan datos sobre la probabilidad de contaminación o exposición al peligro de la población o el medio ambiente.

    La caracterización del riesgo corresponde a la estimación cualitativa o cuantitativa, teniendo en cuenta las incertidumbres inherentes, la probabilidad, la frecuencia y la gravedad de los potenciales efectos adversos que pueden incidir sobre el medio ambiente o la salud. Esta caracterización se establece basándose en los tres elementos anteriores y depende en gran medida de las incertidumbres, variaciones, hipótesis de trabajo y conjeturas que se hayan formulado en cada fase del proceso. Cuando los datos disponibles son inadecuados o no concluyentes, un planteamiento prudente y cauteloso de la protección del medio ambiente, la salud o la seguridad podría consistir en optar por la «hipótesis más pesimista»; la acumulación de dichas hipótesis produce una exageración del riesgo real, pero a la vez infunde cierta seguridad de que no será infravalorado.

    A su vez, las autoridades encargadas de la gestión del riesgo pueden decidir actuar o de no actuar en función del nivel de riesgo. Si el riesgo es elevado, se pueden adoptar varias categorías de medidas. Se puede tratar de actos jurídicos proporcionados, de la financiación de programas de investigación, de medidas de información al público, etc.

    Como directrices comunes a la aplicación del principio de precaución la Comisión señala que ella debe guiarse por tres principios específicos:

    • Una evaluación científica lo más completa posible y la determinación, en la medida de lo posible, del grado de incertidumbre científica;
    • Una determinación del riesgo y de las consecuencias potenciales de la inacción;
    • La participación de todas las partes interesadas en el estudio de medidas de precaución, tan pronto como se disponga de los resultados de la evaluación científica o de la determinación del riesgo.

    Además, la Comisión define los principios generales de la gestión de los riesgos cuando se invoca el principio de precaución. Se trata de los cinco principios siguientes:

    • La proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el nivel de protección elegido;
    • La no discriminación en la aplicación de las medidas;
    • La coherencia de las medidas con las ya adoptadas en situaciones similares o utilizando planteamientos similares;
    • El análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la inacción;
    • La revisión de las medidas a la luz de la evolución científica.

    En relación con la carga de la prueba, en la mayoría de los casos, los consumidores europeos y las asociaciones que les representan deben demostrar el riesgo que entraña un procedimiento o un producto una vez comercializado, excepto en el caso de los medicamentos, los pesticidas o los aditivos alimentarios.

    Por tanto, en el caso de una acción adoptada en virtud del principio de precaución, se puede exigir que el productor, el fabricante o el importador demuestren la ausencia de peligro. Esta posibilidad debe examinarse en cada caso. No se puede ampliar de forma general a todos los productos y procesos de comercialización |77|.

    Respecto de la aplicación de las líneas directrices de la Comunicación de la Comisión Europea (COM(2000)1) señala Henry Belveze |78| que éstas resultan necesarias para fijar las condiciones generales de una visión basada sobre la utilización del principio de precaución. Estas líneas directrices, sin ser jurídicamente limitantes, deberían proveer recomendaciones generales a los tomadores de decisiones y a los juristas para basar esta visión sobre principios razonables, para evitar una utilización irracional de la precaución pudiendo servir en ciertos casos de justificación abusiva a un proteccionismo económico disfrazado. En ausencia de tales líneas directivas, la comprensión y las características de una visión cimentada sobre la precaución, serán definidas caso por caso por la jurisprudencia en el órgano de reglamento de los diferendos de la OMC.

    En cuanto a los fundamentos jurídicos del principio de precaución, Belveze, señala que el concepto de principio precaución ha sido considerablemente desarrollado y jurídicamente establecido en el ámbito de la protección del medio ambiente. Numerosas convenciones internacionales han instaurado este principio como base de las acciones de prevención.

    La Declaración de Río en 1992 adoptó en el principio 15: "para proteger el medio ambiente, medidas de precaución deben ser ampliamente aplicadas por los estados según sus capacidades. En caso de riesgo y daños graves o irreversibles, la ausencia de certeza científica absoluta, no debe servir como pretexto para postergar la adopción de medidas efectivas tendientes a prevenir la degradación del medio ambiente" y la convención sobre los cambios climáticos prevén su artículo 3 disposiciones análogas.

    En el mismo sentido, el tratado de Ámsterdam ha modificado el artículo 130 R (2) del tratado sobre la unión europea como sigue:

      "La política de la comunidad en el tema del medio ambiente apunta a un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones en las diferentes regiones de la comunidad. Ella está fundada sobre los principios de precaución y de acción preventiva, sobre el principio de la corrección, por prioridad a la fuente, de daños al medio ambiente y sobre el principio del contaminante-pagador".

    Así, Belveze ha definido el principio de precaución "como una visión de gestión de los riesgos que se ejerce en una situación de incertidumbre científica, expresando una exigencia de acción frente a un riesgo potencialmente grave sin esperar los resultados de la investigación científica."

    En ese contexto, afirma, la definición del principio de precaución es suficientemente amplia y general para permitir la realización de una evaluación de riesgo incluso cuando los datos científicos están incompletos, son imprecisos o no cuantificables. Desde esta perspectiva la realización de una evaluación de riesgo debería considerarse un prerrequisito indispensable a la utilización del principio precaución. En materia biológica y especialmente del tema de la microbiología se puede incluso considerar que los coeficientes de incertidumbre ligados a las evaluaciones cuantitativas de las relaciones dosis/efectos llevan la mayor parte del tiempo a fundar las medidas sanitarias o fitosanitarias en parte sobre una evaluación cualitativa y no cuantitativa del riesgo.

    Una visión de precaución, según el autor, debe tomar en cuenta, como lo hace ya la gestión normal de riesgos, los riesgos actuales pero también los riesgos por las generaciones futuras tales como los riesgos de mutaciones genéticas o de perturbaciones endocrinas ligadas a la bio-acumulación de sustancias tóxicas o radiactivas. El concepto de desarrollo sostenible introdujo el principio de igualdad entre las generaciones. Este principio debe ser parte integrante del de precaución, toda vez que, en general, es relativamente fácil convencer a las partes en cuestión sobre la necesidad de adoptar medidas frente a los riesgos inmediatos que tengan repercusiones visibles sobre la salud de las personas los animales o las plantas en un plazo suficientemente corto después de la exposición para que la relación de causa efecto sea considerada como muy probable. Al contrario, cuando los efectos son a mucho más largo plazo, por ejemplo 10 o 20 años después de la exposición, o incluso pudiendo afectar las generaciones futuras, se hace mucho más difícil convencer a los tomadores de decisión y a las partes implicadas de que adopten en la ausencia de certezas científicas, medidas de prevención que tendrán repercusiones importantes e inmediatas sobre la economía de un sector industrial o agrícola. La tentación en este caso es de remitirse a los desarrollos futuros de la ciencia para encontrar soluciones a los problemas que nuestra falta de previsión habrá dejado en herencia a las generaciones siguientes.

    En general, el principio de precaución se afirma progresivamente como una regla de aplicación directa y autónoma en lo referente a las decisiones que deban adoptar las autoridades públicas en un contexto de incertidumbre científica y las decisiones judiciales han contribuido a afirmar la eficacia de este principio |79|.

    En Colombia el principio está consagrado en el numeral 6 del artículo 1° de la ley 99 de 1993, según el cual:

      "Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente".

    En relación con este principio la Corte Constitucional en sentencia C-339 de 2002 |80|, se refirió en el siguiente sentido:

      "(...) cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho.

      Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos:

      1. Que exista peligro de daño;
      2. Que éste sea grave e irreversible;
      3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta;
      4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.
      5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.

      Es decir, el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución".

    En ese sentido, el principio de precaución ha de ser aplicado por el Estado en la toma de decisiones encaminadas a la protección del medio ambiente, y su decisión no será considerada arbitraria ni vulneradora de otros derechos fundamentales de aquellas personas que resulten afectadas con la medida, siempre que, observe las siguientes reglas: "(i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado".

    En la misma providencia, explicó que la aplicación del principio de precaución en materia ambiental, no corresponde únicamente al Estado, toda vez que los particulares también deberán acogerse a él y aplicarlo:

      "4.2 En cuanto hace a la aplicación del principio de precaución para la preservación del medio ambiente por los particulares, ha de entenderse que el deber de protección a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado, dado que lo que está en juego es la protección ambiental de las generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras. Por ello, el compromiso de proteger el medio ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra a los Estados, trasciende los intereses nacionales, y tiene importancia universal.

      En el ámbito nacional, se trata de una responsabilidad enmarcada expresamente por la Constitución como uno de los deberes de la persona y del ciudadano, al que se refiere el artículo 95, así:

      "Artículo 95.

      "(...)

      "Son deberes de la persona y del ciudadano:

      "8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; "

      Por ello, la mención que el artículo acusado hace de los particulares, debe considerarse como la obligación que ellos tienen de tomar las medidas de precaución, cuando exista peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente, aún en el caso de que el particular no tenga la certeza científica absoluta de que tal daño se produzca.

      En consecuencia, el principio de precaución como está consagrado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se declarará exequible, por los cargos expuestos."

    Por su parte, en la sentencia C-703 de 2010 |81|, precisó:

      "Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos" (Subraya y negrilla fuera de texto original).

    A más de lo anterior, en Sentencia T-154 de 2013 |82| estableció:

      "Sexta. A falta de certeza científica, debe ser aplicado el principio de precaución.

      6.1. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 incluyó 27 principios generales, advirtiendo que, con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades, "cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" (no está en negrilla en el original, como tampoco en la cita anterior ni en las subsiguientes).

      6.2. El numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, consagró dicho criterio de precaución como un principio general, indicando que la política ambiental se fundamenta en criterios y estudios científicos, mas "las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente".

      Esta corporación en fallo C-293 de abril 23 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, explicó que la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de precaución, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse "un peligro de daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente".

      Después, en sentencia T-299 de abril 3 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte realizó un resumen completo de la jurisprudencia constitucional existente hasta ese momento sobre la relevancia, el alcance y la aplicación en el ordenamiento jurídico interno del mencionado principio. Así se concluyó:

      "(i) El Estado Colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución al suscribir la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (ii) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la protección del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias químicas en los que se incluye el principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)... el principio de precaución se encuentra constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta."[107]

      6.3. Es además ilustrativo acudir, en ámbito trasnacional de otras latitudes, a lo estatuido en el numeral 2° del artículo 174 de la Constitución de la Comunidad Europea, en cuanto consagra: "... la política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo un nivel elevado de protección, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los daños al medio ambiente, preferentemente en el origen, y en el principio de que quien contamina paga."

      6.4. Así, el principio de precaución conlleva la adopción de medidas eficaces para precaver la degradación del ambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la inmadurez científica."

    También, en Sentencia T-282 de 2012, |83| insistió en la importancia de la aplicación el principio de precaución en las decisiones del Estado para materializar la protección efectiva del medio ambiente, asi:

      "De esto da buena cuenta la inclusión dentro de los principios del Derecho ambiental, el de precaución in dubio pro natura y el de prevención, con los cuales se desactivan razonamientos y conclusiones jurídicas tradicionales, para dar lugar a instituciones como la cosa juzgada ambiental, la tangibilidad de las licencias y autorizaciones ambientales. Con ellas ciertamente se imponen cargas de rigurosa vigilancia y control por parte del Estado y se disminuye la certeza con que actúa el particular en ejercicio de sus libertades y facultades reconocidas y en cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo son fórmulas básicas para proteger con eficacia el derecho al ambiente sano y dentro de él la salvaguarda de los recursos naturales".

    I.3.2. EL PRINIPCIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

    En razón al gran avance en el reconocimiento del derecho al goce de un ambiente sano, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, ha surgido la necesidad de conciliar la protección del derecho con el desarrollo de las actividades económicas que generan impacto en el ambiente.

    Es asi como, se ha procurado dar una definición apropiada y adecuada al principio de "Desarrollo Sostenible", contenido en el articulo 80 de la Constitución Politica, que impone al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

    Para ello, debe tenerse en especial consideración las diferentes dimensiones otorgadas al derecho al goce de un ambiente sano, especificamente en lo concerniente a su carácter de fundamental por la intima relación que tiene con los derechos a la vida y a la salud.

    Se ha podido establecer que, efectivamente, la mayoria de las actividades económicas llegan a degradar en tal magnitud el ambiente, entendido como entorno, paisaje, biodiversidad, recursos naturales, calidad de vida y/o patrimonio; que de continuarse con la explotación desmedida de los recursos se está poniendo en riesgo la subsistencia de la especie humana.

    Debido a ello, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la cuestión ambiental deberá abordarse desde varios puntos de vista, a saber: desde el ético, construyendo "un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor"; desde el económico, teniendo presente que "el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación," al bien común y a las normas ambientales; y, desde el jurídico, porque el Derecho y el Estado no "solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales." |84|

    Asi las cosas, no obstante el concepto de Desarrollo Sostenible ha sido el escudo para "blindar" la ejecución de proyectos o la explotación de recursos que generan gran impacto y reacción negativa en la comunidad que resulta directamente afectada por éstos, el propósito de la doctrina y la jurisprudencia ha sido determinar las caracteristicas y aspectos fundamentales de lo que ha de entenderse como Desarrollo Sostenible.

    Para ello, resulta necesario que se cree, como se expresó, una nueva ética de los valores colectivos que logre integrar la dimensión del derecho colectivo fundamental al goce del ambiente sano, los derechos fundamentales individualmente considerados y la producción de bienes y servicios de manera sostenible y lucrativa.

    Desde la ciencia económica se ha venido estudiando la forma de conciliar el desarrollo industrial con la sostenibilidad del medio ambiente, para evitar la degradación de la vida en el planeta.

    El término de "desarrollo sostenible" apareció definido por primera vez en el documento conocido como "Informe Brundtland" de 1987, producido en el marco de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1983. Luego, la definición se plasmó como uno de los Principios adoptados en la Declaración de Rio de 1992.

    Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible se empezó a gestar con anterioridad al documento referido, cuando el progreso económico y la explotación desmedida de los recursos naturales empezó a comprometer la biodiversidad, en tal medida y a una velocidad tan vertiginosa, que ya en los años 70 se podia predecir la potencialidad de degradar, hasta su extinción, al planeta y a la subsistencia de las especies.

    Por tal motivo, debia crearse una nueva forma de concebir el desarrollo económico, que tomara en consideración los aspectos medioambientales y sociales globales, para que en el largo plazo se pudiera garantizar la calidad de vida de la especie humana, conservando y respetando su entorno.

    Fue asi como, se determinó |85| que el desarrollo sostenible debia fundamentarse en 3 factores o pilares: sociedad, economia y medio ambiente, los cuales debian convivir en armonia cuando se fuera a definir un proyecto productivo.

    Para ello, se consideró que la sostenibilidad económica de una actividad se conseguia cuando, respetando los aspectos sociales y medioambientales, ésta fuera financieramente posible y rentable.

    Por su parte, se definió como sostenibilidad social de un proyecto o desarrollo económico, cuando éste permitia que se mantuviera la cohesión social y persiguiera la consecución de objetivos comunes a la comunidad del entorno en donde fuera a realizarse.

    En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se concibió como la concurrencia entre la actividad económica a realizar y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, buscando evitar su degradación.

    Asi las cosas, en el Informe de Brundtland, al Desarrollo Sostenible se lo definió como la opción productiva para lograr:

      "Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades" |86|

    A partir de ahí, ha ido evolucionado el término para permitir que, con la entrada de las nuevas tecnologias en la producción se siga consiguiendo la armonia entre los desarrollos económicos y la protección de la naturaleza.

    Por tal motivo, se han introducido, al concepto de desarrollo sostenible, criterios que posibiliten aquellas actividades productivas que conducen al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

    En tal virtud, en la Constitución Politica, en desarrollo de este principio, consagró en el articulo 80 que "el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas".

    La jurisprudencia constitucional ha dedicado varios pronunciamientos a determinar el alcance del principio del desarrollo sostenible, toda vez que constituye el elemento para desatar la tensión existente entre el progreso económico y la protección al ambiente que éste pueda impactar.

    Es asi como, respecto del Desarrollo Sostenible, la Corte Constitucional ha manifestado que:

      "Dentro de este contexto es necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades."

      El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa oportunidad destacó:

      "La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico." |87|

      Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14 de la Declaración de Estocolmo establecen la importancia de la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente" |88| (Negrilla y subraya fuera de texto original).

    También, con el propósito de establecer el alcance de dicho principio, se ha acuñado el término de la "ecologización de la propiedad", entendiendo ésta como la necesidad de limitar el derecho a la propiedad, no solo en función del respeto de los derechos de los otros sino también de aquellos que todavia no existen, como es el caso de las generaciones futuras.

    En ese sentido, la jurisprudencia constitucional |89| expresó:

      "Ahora bien, en la época actual, se ha producido una "ecologización" de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios.

      Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución Política giran, como lo reconoce el artículo 80 Superior, en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta Corporación, pretende, "superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente".

      Así las cosas, es evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema.

      Sobre este particular, la Corte ha señalado que:

      "El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica y la propiedad privada, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico -conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340)".

      En otro pronunciamiento este Tribunal dispuso:

      "Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (...)

      El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. (...)

      La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad."

    Por último, la Corte Constitucional en la sentencia T-154 de 2013 |90|, determinó:

      "4.3. Ahora bien, dentro del marco constitucional, el aprovechamiento de los recursos naturales, aunque es permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de salubridad individual o social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad e integridad del ambiente. En otras palabras, la Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible, en el que la actividad productiva debe guiarse por los principios de conservación, restauración y sustitución.

      Dicho modelo, si bien promueve y reconoce la importancia de la actividad económica privada y, además, admite la explotación mesurada de los recursos naturales, implica una limitación de la actividad privada y la imposición de varias responsabilidades en cabeza de los particulares.

      En resumen, la conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, "en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud."

      Al efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros"

    I.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

    Resulta de vital importancia, partir de señalar que la presente acción popular, será tratada en esta providencia desde una perspectiva sistémica e integral considerando que su propósito general es la mejora de la calidad de vida de quienes habitan a lo largo de la cuenca del rio Bogotá. Cabe recordar, entonces, que se trata de abogar por la defensa de los derechos e intereses colectivos, y por tanto, dadas las amplias facultades que le ha otorgado el legislador al juez popular, es menester proporcionar los instrumentos que permitan una acción coordinada, articulada, eficiente y eficaz para la gestión integral del sistema hidrológico del rio.

    En cuanto a los poderes del juez popular, resulta de gran importancia precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior si ello fuere posible- (ARTÍCULO 2 LEY 472 DE 1998 / ARTÍCULO 144 LEY 1437 DE 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sean violados o amenazados - (ARTÍCULO 9 LEY 472 DE 1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(ARTÍCULO 34 LEY 4 72 DE 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como lo exige el articulo 88 constitucional.

    Ciertamente, en la sentencia que ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la protección de dichos derechos.

    Lo anterior guarda coherencia con el articulo 2° de la Constitución Política al establecer que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

    En cuanto a los fines esenciales del Estado encontramos entre otros los de "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (ARTÍCULO 2 C.P.).

    Cabe mencionar que la supremacia de las normas constitucionales exige, antes que la evocación de un enunciado formal de prevalencia de los derechos colectivos, su plena eficacia material. Y a ese objetivo debe orientarse imperiosamente la actividad de las autoridades, incluyendo la tarea del juez de la acción popular, pues un entendimiento distinto conduciría al desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado social, para el efecto la participación en la protección de los derechos colectivos con la eficacia que su trascendencia exige. Desde antaño se conoce que un derecho se garantiza si está dotado de mecanismos de protección eficaces, de manera que no es dable sostener que la Carta Politica garantiza los derechos colectivos si las autoridades encargadas de su protección no cumplen los deberes que les son exigibles y si el juez no corrige eficazmente las irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de generar daños colectivos, con el fin de superarlos, restituyendo las cosas a su estado anterior, si ello resulta posible. Quiere decir, entonces que, en atención a la naturaleza de la acción, su origen constitucional, la clase de derechos e intereses que protege y los efectos de las medidas que puede adoptar, el juez de la acción popular no limita su decisión a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las partes, como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998, sino que su deber tiene que ver con la adopción de las medidas que sean necesarias para restablecer la cosas al estado precedente a la vulneración del derecho o del interés colectivo, de ser ello posible, como lo demandan los mandatos superiores bajo análisis.

    Aunado a lo anterior se encuentra el articulo 357 del C.P.C. aplicable por remisión del articulo 44 de la Ley 472 de 1998, el cual consagra lo relacionado con la competencia del superior, en particular prescribe que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso. Sin embargo, hace la salvedad que cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior podrá resolver sin limitaciones, tal y como se presente en el caso de autos.

    Ahora bien, es evidente que el carácter prevalente de estas acciones ha sido otorgado prima facie por el constituyente y el legislador. La acción goza de especial regulación y protección a la luz de los articulos 1, 88 y 94 de la Constitución, por lo que los poderes y facultades del juez constitucional se otorgan en razón a la naturaleza del instrumento y a la calidad de los derechos que se pretenden proteger.

    Tal facultad es especial únicamente por la protección a los derechos que están en juego en estas acciones. La Acción Popular tiene un carácter especial que la diferencia de todas las demás acciones, idea que se ha establecido por el legislador desde el momento de creación de la ley de acciones populares. Es por el carácter público de tal acción y por el derecho colectivo que busca su protección que se configura tal singularidad. La acción popular no configura una litis ordinaria sino que dado su carácter preponderante tiene un derecho colectivo que implica a toda la comunidad que busca su protección.

    De ahí que se analizarán no solo los puntos de discordancia de la decisión de instancia contenidos en los recursos de alzada, sino que además se formulará un plan dirigido a la efectiva realización del fin último antes mencionado.

    En este contexto, es indispensable considerar previamente que la gestión del agua es actualmente considerada, desde una perspectiva mundial, como un derecho humano y, por lo tanto, como un bien de uso común y no como un elemento aislado sujeto al manejo de determinadas autoridades sin relación alguna con todas las demás actividades tanto de los diferentes ecosistemas como de los antroposistemas.

    Es entonces alli donde surge la imperiosa necesidad de una actuación conjunta entre las autoridades que tienen competencia para el manejo, ordenación y gestión, además para la toma de decisiones y su financiamiento, y aquellas que tienen a su cargo la planeación de las diferentes actividades antrópicas, todo ello con miras a lograr la referida gestión integral que mediante este proveido se dispondrá.

    Resulta relevante mencionar que el tema debe tratarse desde la perspectiva de que el rio no sólo es un sistema hidrico integrado por subsistemas, sino que cada uno de los subsistemas tiene unos contextos diferentes, caracterizados por factores fisicos, bióticos y socio-económicos, por lo cual la articulación de las soluciones a esos problemas diferentes en cada contexto deben confluir en un manejo integral de la problemática del rio, con una visión macrosistémica: i) diagnóstico de cada una de las subcuencas; ii) Conceptos: Principios de precaución y sostenibilidad; ciclo hidrológico, sistema hidrico; ecosistema; calidad del agua; uso adecuado y racional del agua; manejo de residuos sólidos; producción más limpia; ordenación y uso de suelos; función social de la propiedad; caudal ambiental y ecológico; educación ambiental; entre otros.

    Una visión compleja debe conducir a la elaboración de una politica suprainstitucional y suprasectorial, lo que se tiene que ver reflejado en la estructura para la gestión del macrosistema, que dé cuenta de los principales actores de cada parte de la cuenca para con ellos conformar el comité de verificación y las acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo, posibles, medibles, valorables y auditables frente a cada subsistema y los mecanismos correspondientes, todo lo cual converge en la necesidad de una gerencia de cuenca que cuente con los instrumentos de gestión económicos y juridicos no solo para una medición constante del proceso de descontaminación con indicadores de verificación, sino para solucionar los principales problemas que se han detectado en la misma.

    Debe pensarse también en un mecanismo de participación ciudadana como un comité por subsistema de cuenca (alta, media y baja), que contribuya en la construcción de conocimiento para la gestión de los tres subsistemas, que verifique y revise periódicamente las actividades de acuerdo con las prioridades que se van estableciendo (en condiciones normales y anormales); asi como proponer planes para superar los problemas o llevarlos a su minima expresión.

    Según Aude Farinetti |91|, el funcionamiento solidario de los componentes de un hidrosistema fluvial ha conducido a los actores competentes en el dominio del agua a racionalizar sus intervenciones sentándolas sobre el territorio más apropiado. |92| El movimiento asi operado toca tanto a los propietarios ribereños como a los Estados, de manera que se amplia el territorio de intervención más allá del que dictaba el funcionamiento del curso del agua. De alli resulta la creación de instancias que adoptan como campo de competencia territorial entidades hidrográficas. Éstas se han creado con el fin de remediar la inadaptación de las estructuras administrativas generalistas o la intervención de los particulares en los asuntos ligados a la gestión de los cursos de agua y de actuar más eficazmente que estos últimos.

    Asimismo, se asiste a un doble movimiento, tanto descentralizador |93|, como recentralizador: de una parte los actores locales se reagrupan en instancias competentes a una escala que pueda ir de la sub-cuenca a la cuenca, y de otra parte, el Estado crea instancias infra o inter-estatales cuya competencia se ejerce a una escala que va desde la cuenca internacional, en caso dado, hasta el agrupamiento de cuencas.

    No se trata aqui de repetir los numerosos desarrollos que conciernen a la descripción de las instancias de la gestión del agua, sino de anotar que el derecho se ha adaptado a la complejidad del funcionamiento del hidrosistema fluvial por la conformación de autoridades de cuenca cuyo campo de aplicación territorial, pero también la naturaleza juridica, son extremadamente variados.

    Sobre los factores de éxito en la recuperación de los cursos de agua, vale la pena destacar el informe presentado por la UNESCO en el 2009 |94| . Este documento recopila una serie de casos en términos de conclusiones, preocupaciones y lecciones aprendidas, de estudios realizados en cerca de 60 cuencas, subcuencas y acuiferos. Dicho estudio arroja como conclusión que los puntos criticos mencionados en la mayoria de los casos revisados son:

      1. La posibilidad de tener acceso y compartir el conocimiento cientifico confiable.
      2. Apoyo y construcción de instituciones adecuadas en los niveles local, regional y nacional, entendiendo por instituciones el conjunto de reglas, procedimientos de toma de decisiones, y programas que definan los roles sociales de los participantes en dichas prácticas y guien las interacciones entre los actores.
      3. Compromiso de los afectados.
      4. Mecanismos de resolución de conflictos.
      5. Voluntad Politica.
      6. La necesidad de capacidad de desarrollo como complemento de la planeación y la acción.
      7. La importancia de comprender los aspectos económicos y financieros.
      8. La aplicación en el tiempo adecuado.
      9. El rol de las asociaciones y los grupos informales.

    Adicionalmente, los temas que aparecen en las conclusiones y recomendaciones de tres de los casos analizados en el documento citado son:

      1. Las organizaciones deben ser capaces de autofinanciarse.
      2. Deben evaluarse los usos actuales y la implementación de alternativas.
      3. Un problema local importante (crisis, conflicto, desastre natural) suele convertirse en el punto de partida.
      4. El uso de métodos existentes puede facilitar el proceso.
      5. La cooperación debe estar ligada a la economia.
      6. La conservación y las áreas protegidas son importantes para la biodiversidad.
      7. Los intermediarios pueden jugar un papel importante en el proceso.
      8. El compromiso de las comunidades locales es un aspecto critico.

    Tres conclusiones adicionales se derivan de los estudios mencionados:

      1. Las investigaciones y estudios ayudan a proporcionar legitimidad y acceso a los agentes involucrados.
      2. La protección es una aproximación más beneficiosa que la reparación
      3. La biodiversidad deberá tomarse en cuenta.

    En Colombia, en el informe de auditoria especial sobre el Rio Bogotá |95|, que en general es válido para la mayor parte del pais, se dice que "pese a la existencia de un documento de política económica y social para el rio Bogotá, Conpes 3320 de 2003, y de la formulación en el año 2010 de la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico (PNGRH) (el cual plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su gestión se deriva del ciclo hidrológico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicos en la que el manejo del agua debe ser abordado como una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral, contemplando la diversidad regional y las potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales), su implementación aún no se ha dado. Lo anterior se debe al incumplimiento por parte de los órganos rectores de políticas públicas, autoridades, entes encargados de planeación y vigilancia, y demás órganos responsables de generar directrices y lineamientos en aras de cumplir los objetivos trazados, (lo que debería generar información de la línea base, estrategias conjuntas, metodologías y protocolos de intervención, así como la definición y priorización precisa de los programas y proyectos, con el correspondiente monitoreo y seguimiento, liderando y apoyando técnicamente la implementación del accionar del Estado formulado).

    Desde la perspectiva ecológica |96|, es importante además distinguir, de una parte las nociones de procesos y funciones de los ecosistemas y de otra parte la de servicios o bienes y servicios que los sistemas naturales y culturales proporcionan a los humanos. Esta distinción entre funciones y servicios permite la articulación de las ciencias naturales, con las ciencias sociales y el derecho, que se relacionan con los ecosistemas y el ambiente.

    No obstante, si bien es importante en cada disciplina nombrar las cosas con las palabras apropiadas a su naturaleza, es aún más importante encontrar un lenguaje común que permita que las diferentes disciplinas y culturas trabajen en conjunto. Cada vez con mayor frecuencia los daños sufridos por el ambiente y más concretamente por los ecosistemas y causados por la acción humana, se abordan con un análisis multicriterios, esto es, con una mirada a la vez económica, social y ecológica. Sin embargo, son los aspectos ecológicos los que representan la base sine qua non de nuestras sociedades y de nuestra economia en el planeta tierra.

    Por lo anterior, se ha de buscar una manera de ilustrar la dinámica de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados, asi como la diferencia entre las funciones y servicios prestados a los humanos por los ecosistemas. Los servicios son, en efecto, las cosas útiles que los ecosistemas proporcionan a la humanidad directa o indirectamente. Por su parte las funciones de un ecosistema constituyen el entramado necesario, a nivel del ecosistema, para que opere la provisión de servicios. Las funciones pueden ser evaluadas, por ejemplo por los ecólogos, sin referencia alguna a los hombres. Ello no ocurre igual en el caso de los servicios, pues quien dice servicio evoca necesariamente los beneficiarios y los valores percibidos por los hombres, sin perjuicio de que los servicios proporcionados por los ecosistemas y las funciones se miren considerando que se encuentran íntimamente ligados.

    Para visualizar las relaciones en cascada entre estructura, procesos y funciones de los ecosistemas de un lado y los servicios que ellos proporcionan a la humanidad, de otro lado se presenta la siguiente figura:

    Tampoco debe olvidarse que numerosos sistemas ecológicos se integran en otros sistemas de nivel jerárquico más elevado que constituyen en sí mismos otros sistemas. La imagen de las muñecas rusas describe el fenómeno adecuadamente.

    Cabe anotar igualmente, que en general la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas son de hecho indisolubles, especialmente cuando se trata de lograr una verdadera restauración en lugar de una simple compensación por daños ocasionados al ambiente. El concepto de capital natural resulta entonces una mejor herramienta, que permite la comunicación y colaboración entre ecólogos, juristas, economistas, filósofos, periodistas e integrantes de otras disciplinas.

    Bajo el anterior contexto, la gestión sistémica de la cuenca hidrográfica constará de varios componentes que se desarrollarán en la presente decisión, así:

    I. El primer componente se refiere al mejoramiento ambiental de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, que parte de unas consideraciones preliminares, de la descripción hidrográfica de la cuenca del Río Bogotá, de su importancia y su problemática, y que consta a su turno de:

      1. Medidas de conservación y protección del ciclo hidrológico, los ecosistemas y la biodiversidad.
      2. Un plan para definir la gestión para el mejoramiento de la calidad del agua, así como para reducir las formas de contaminación del recurso hídrico.
      3. El saneamiento básico que consta de la definición del esquema de tratamiento acorde con los estudios realizados, la modelación dinámica de la calidad del agua del Río Bogotá para definir las alternativas de ubicación de la segunda planta de tratamiento, entre otros.
      4. La implementación y actualización de los instrumentos de planeación y reglamentación de los usos del suelo.
      5. El fortalecimiento de los instrumentos económicos y costos ambientales.
      6. La implementación de instrumentos de valoración del daño ambiental.
      7. La definición e implementación de instrumentos de auditoría ambiental.
      8. La generación de conocimiento científico-técnico a través de la investigación como fundamento de los procesos de planificación ambiental.
      9. La implementación de un observatorio ambiental.
      10. La implementación de un sistema de información ambiental para la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y el señalamiento de indicadores de gestión, evaluación y seguimiento, así como del monitoreo de los instrumentos y líneas de acción.

    II. Un segundo componente referente a la coordinación y articulación institucional e intersectorial, el cual consta de los siguientes elementos:

      1. La implementación de una gerencia de cuenca para la dirección y gestión con enfoque sistémico en la cuenca hidrográfica. Este elemento incluye la justificación de establecer una dirección unificada del manejo del hidrosistema del río, las ventajas de su constitución, el fundamento normativo, la necesidad de articular los instrumentos de planeación nacionales, regionales y locales, su naturaleza jurídica, los objetivos, sus funciones, principios orientadores, estructura operativa básica y manejo de recursos.
      2. El establecimiento de un fondo cuenta encargado de recaudar y administrar los recursos que allí se describirá, respetando la autonomía de los entes que integran la gerencia de cuenca.
      3. La referencia normativa y funcional que identifican la participación de los diferentes actores en la gestión integral.
      4. La definición de una estrategia financiera con el objeto de precisar el origen y fuente de los recursos, forma y periodicidad del recaudo, responsables, manejo, administración, ejecución y seguimiento.

    III. El tercer componente es el educativo y de participación ciudadana cuyo objeto es crear conciencia de la necesidad de proteger el recurso hídrico a través de la difusión del conocimiento con el apoyo de los establecimientos docentes y universitarios, así como de los centros de investigación científica, el reciclaje en la fuente y la producción más limpia.

    Una vez desarrollado lo anterior se designará el comité de verificación y los consejos de cuenca con la participación de los representantes de cada una de las subcuencas (alta, media y baja), los cuales se reunirán periódicamente para rendir los informes pertinentes al juez de instancia. Dicho Comité podrá presentar las acciones populares y de cumplimiento, necesarias para exigir a las autoridades elegidas popularmente responsabilidades concretas.

    Por su parte, la gerencia de cuenca consolidará el balance de la gestión de verificación de la descontaminación y el mantenimiento del hidrosistema, y revisará periódicamente los programas, planes y proyectos del río de acuerdo con las prioridades que se van estableciendo en el marco del Pomca.

    Asimismo, la gerencia de cuenca dinamizará y hará seguimiento a las inversiones que realicen y deberá ocuparse de la valoración previa a un inventario de los servicios ecológicos de cada subsistema, así como de los riesgos o amenazas para obtener una base de datos que permita no solo adoptar las decisiones que se requieran sino, cuando sea el caso, determinar la existencia de un daño y establecer el posible autor del mismo, así como priorizar las actividades.

    En suma, se abordará la problemática y se presentará un plan que deberá ser articulado con los demás instrumentos normativos y de planeación, para luego resolver todos y cada uno de los argumentos de alzada de las partes e impartir las órdenes respectivas. En este sentido el enfoque que se adoptada para el desarrollo de esta providencia corresponde a la de marco lógico.

    I.4.1 MARCO LÓGICO

    El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada para la planificación de la gestión de proyectos orientados a procesos. Dentro de este concepto se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, resultados, objetivos específicos y objetivos globales. Las incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz que describe los elementos básicos antes referidos, denominada Matriz del Proyecto o Matriz de Planificación.

    En estos términos, la matriz del proyecto de decisión se sintetiza en los siguientes elementos:

    • Finalidad.
    • Propósito.
    • Componentes específicos.
    • Actividades necesarias para alcanzar dichos resultados.
    • Indicadores medibles para evaluar el proyecto.
    • Fuentes y medios de verificación.
    • Supuestos.

    MATRIZ DE MARCO LÓGICO

    FINALIDAD

    Recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá para el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los habitantes.

    PROPÓSITO

    Gestionar en un marco sistémico la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá a través de la integración y combinación de elementos ambientales, sociales, económicos e institucionales.

    COMPONENTES

    I) Mejoramiento Ambiental y Social de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá
    II) Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica
    III) Profundización de los Procesos Educativos y de Participación Ciudadana

    COMPONENTE I: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
    Conservar y proteger los procesos hidrológicos ecosistemas y biodiversidad Conservación y protección de las áreas de manejo; de las zonas de especial importancia ; de ecosistemas ; de fauna y flora; de Humedales; de las fuentes abastecimiento garantizando la disponibilidad de agua potable Informes Consejos de Cuenca, comité de verificaci ón, autoridades e instituciones con competencia y jurisdicción
    Mejorar la calidad del agua, mitigar y reducir la contaminación del recurso hídrico Adopción, modificación y actualización de Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado - PMAA; de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV; de Planes de Gestión de Residuos Sólidos.
    Manejo y control de los residuos de la actividad industrial y Agropecuaria.
    Fomento de actividades de producción más limpia.
    Fortalecimiento de la red de monitoreo
    Informes Consejos de Cuenca, comité de verificación, autoridades e instituciones con competencia y jurisdicción
    Propender por la implementación y mejora de las condiciones de saneamiento básico Definición del esquema de tratamiento.
    Definición de la ubicación de la segunda planta de tratamiento
    Definición del nivel de tratamiento
    Construcción, optimización y estandarización de las Plantas Municipales
    Construcción de Colectores
    Construcción de Interceptores
    Conexiones Erradas
    Rehabilitación de redes
    Informes Consejos de Cuenca, comité de verificación, autoridades e instituciones con competencia y jurisdicción
    Implementar y actualizar los instrumentos de planeación y reglamentación de los usos del suelo Modificación y articulación de instrumentos normativos y de planificación.
    Ordenación territorial de la cuenca
    Informes Consejos de Cuenca, comité de verificación, autoridades e instituciones con competencia y jurisdicción
    Fortalecer los instrumentos económicos Modificación de los parámetros de las tasas de uso y retributivas
    Definir e implementar instrumentos de auditoría ambiental Implementación de procedimientos de auditoría ambiental Informe de la Gerencia Estrategia de la Cuenca Hidrográfica - GECH
    Definir e implementar instrumentos de valoración del daño ambiental Implementación de procedimientos de valoración del daño ambiental Informe de la Gerencia Estrategia de la Cuenca Hidrográfica - GECH
    Generar conocimiento científico - técnico a través de la investigación Informes Consejos de Cuenca, comité de verificación, autoridades e instituciones con competencia y jurisdicción
    Implementar un observatorio ambiental Implementación de un observatorio regional ambiental Informe de la Gerencia Estrategia de la Cuenca Hidrográfica - GECH
    Implementar un sistema de información ambiental Implementación de un sistema regional de información Informe de la Gerencia Estrategia de la Cuenca Hidrográfica - GECH

    COMPONENTE II: ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL Y ECONÓMICA

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
    Articular, coordinar y aunar esfuerzos instituciona les para la integración sistémica y construcción colectiva hacia una solución sostenible para la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Constituir la Gerencia Estratégica de Cuenca - GECH Índice de evaluación del desempeño El Comité de Verificación hace el seguimiento a la integración de la gerencia y a la expedición de su reglamento Referente normativo sirva de fundamento
    Comprometer a las entidades públicas y autoridades ambientales del orden nacional, departamental, regional, municipal y distrital para obtener los recursos necesarios para financiar la gestión integral de la cuenca. Identificar las fuentes de financiación y los responsables de su recaudo.
    Cumplir compromisos financieros asumidos.
    Priorizar la asignación de recursos.
    Definir inversions a corto, mediano y largo plazo.
    Recursos apropiados frente a recursos requeridos
    Recursos recaudados frente a recursos invertidos
    Identificación de riesgo
    Seguimiento de la ejecución y recaudo oportuno de los recursos Constitución de un Fondo Común de Cofinanciación.
    Optimización de las fuentes existentes y diligenciamiento para obtener otras fuentes de recursos.
    Supone articulación de recursos con el respeto de la autonomía financiera
    Manejar en conjunto y de manera coordinada el ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica con la intervención de todos sus actores a través de un Plan de Gestión Integral Referencias normativas y cuadro de responsabilidades Tareas asignadas frente a tareas ejecutadas Reportes periódicos a la autoridad e Cuenca y regisro en el Sistema de Gestión e Información Divulgación medios amplia circulación
    Evaluación, monitoreo y seguimiento definir prioridades de inversión
    Conocimiento de las competencias administrativas y de recaudo de recursos
    Lograr la integración y articulación de los instrumentos de Planeación con criterio Regional. Identificar los instrumentos de planeación del orden nacional, regional y municipal para realizar su integración y articulación. Jerarquizar los instrumentos de planeación e integrarlos con criterio de regionalizacióm Compromiso institucional

    COMPONENTE III: Profundización en Procesos de Educación y Participación Ciudadana

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
    Promover la concertación planeación, ejecución y evaluación conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos, y estrategias de educación ambiental a nivel de la Cuenca- Ordenar a las entidades competentes la inclusión de los programas educativos en sus programas educativos de manera articulada PROCEDAS formulados problemática cuenca frente a su puesta en marcha y efectividad Reporte del PROCEDA elaborado a la Gerencia Estratégica de Cuenca Acuerdos previos, coordinación y compromiso institucional
    Proporcionar un marco conceptual y metodológico que oriente las acciones que se requieren para producción más limpia y manejo de residuos sólidos a través de procesos participativos, instalación de capacidades técnicas y consolidación de la institucionalización para la construcción de una cultura ética y responsable del manejo sostenible de la cuenca Establecer programas de acuerdo con la actividad económica o industrial de Producción más limpia
    Incluir en los POT los Planes de Manejo de Residuos Sólidos
    El reciclaje en la fuente, capacitación a través de programas educativos de amplia difusión.
    Programas de Producción más limpia efectivamente implementados
    PMVRS incluidos efectivamente en los POT Programas educativos de reciclaje en la fuente en educación formal e informal, campañas educativas realizadas para educar en reciclaje
    Reportes a la autoridad de Cuenca por las autoridades de educación y ambientales, así como el departamento de Cundinamarca y la CAR Compromiso institucional y cumplimiento de las disposiciones consagradas en la Ley 1495
    Adoptar las estrategias que permitan incorporar la educación ambiental como eje transversal para el mejoramiento continuo de sus habitantes Revisar los PRAES y PRAUS por el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación correspondientes PRAES y PRAUS incluidos en la educación formal y no formal Reporte a la Gerencia de Cuenca a través de la autoridad competente para su desarrollo Compromiso institucional y de la comunidad educativa.
    Proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica Transferencia del conocimiento Adopción de estudios efectuados por la academia en la toma de decisiones Gestión del Observatorio ORARBO Aportes y análisis académicos allegados oportunamente a la Gerencia de Cuenca.
    Vincular a la Academia y los establecimientos o instituciones educativas así como a las Organizaciones no gubernamentales ambientales en los procesos educativos. Efectividad de los instrumentos para la EA y participación en la propuesta de soluciones Resultados de la educación frente al problema Gestión del Observatorio ORARBO Actividad proactiva por parte de la Academia
    Vincular a la población de la cuenca en general en los procesos de aprendizaje- Comités de Cuenca e integración a los diferentes sectores de la población Participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones Integración de los Comités de Cuenca para la participación de la comunidad Actitud proactiva de la comunidad en la problemática.

    I.4.2. ACERVO PROBATORIO

    Tanto para la adopción del plan de gestión de esta Corporación al cual se hizo referencia líneas atrás como para la resolución de los recursos de apelación, la Sala resalta que se ha tenido en cuenta el material probatorio obrante en el expediente y que se relaciona a continuación:

    PRIMERA INSTANCIA

    CUADERNOS DEL PROCESO RADICADO AP-479

    • Proyectos Pacto de cumplimiento EAAB- Plan de Inversiones- Escenario Resoluciones CRA.
    • CAR-Estudio de factibilidad para la construcción de la Planta de Tratamiento doméstica Municipio de Villapinzón en desarrollo del Programa CAR-BID.
    • Programa de mejoramiento del Río Bogotá. Municipio de Suesca.
    • Propuesta Pacto de Cumplimiento: Cajicá, STANTON y CIA S.A., SOFASA u otros.
    • Ministerio de Protección Social- Propuesta frente a la problemática de Saneamiento del río Bogotá.
    • Adición Pacto de Cumplimiento (Municipio de Facatativá).Ministerio del Medio Ambiente.
    • Adición Pacto de Cumplimiento (Municipio de Mosquera, Cota, EEB y EMGESA, Soacha, Tocancipá, Andina S.A., Departamento de Cundinamarca, Chía, Funza, Sopó, EMGESA, Ministerio Ambiente, EMCOCABLES,CAR).
    • "Proyecto Recuperación y Protección de Nacimientos Zonas de Ronda en Instalación de Cercas Vivas para el Municipio de Tenjo -del Rio Chicú".
    • Cuaderno principal -Planos, Cuadros, Tablas y Esquemas del Municipio de Soacha.
    • Gobernación de Cundinamarca- Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mayo 2003.

    CUADERNOS DEL PROCESO RADICADO AP-01-343

    • CAR- Informe Técnico de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. Julio 1998- Consorcio GelverEssere Ltda.
    • CAR- "Proyecto, diseño y construcción y puesta en marcha Planta de tratamiento de Sopó II y entrega PTAR SOPO I".
    • Acuerdo 009 del 2001: "Plan de desarrollo vigencia 2001-2003-Concejo Municipal Sopó".

    PROYECTO DE PACTOS:

    • Pacto Emcocables en reestructuración.
    • Pacto Stanton y CIA S.A.
    • Pacto Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural.
    • Pacto del Municipio de Funza.
    • Pacto del Municipio de Sopó, Villapinzón, Chocontá, Soacha, IDEAM, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alpina S.A. y Chany, Mosquera Asociados.
    • Mejoramiento Ambiental en el embalse de Muña.
    • CAR- Diagnóstico ambiental Legalización de las Industrias del Cuero Diciembre 1999.
    • Resumen ejecutivo- Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del curtido de Pieles fase II.
    • Descontaminación Rio Bogotá- Municipio de Soacha.
    • Sociedad geográfica de Colombia-Gobernación de Cundinamarca -Cuenca Alta del Rio Bogotá- Región Programa Plan de Ordenamiento Territorial.
    • Anexo de Miguel Ángel Chávez Chávez y otros: Estudios fisicoquimicos de la calidad del agua del Rio Bogotá del año 1958 a 1967-FUNDACION VERDE-VIVO.
    • Anexo de Miguel Ángel Chávez Chávez y otros-Segundo encuentro de Rios, Lagos y Lagunas de Colombia y del Mundo. -FUNDACION VERDE-VIVO.
    • CAR.- Diagnóstico ambiental Legalización de las Industrias del Cuero Diciembre 1999, Programa de Monitoreo de la Calidad del agua del Rio Bogotá desde el Municipio de Villapinzón hasta la planta de tratamiento de Tibitoc y Heliografia del Proyecto Diagnóstico Ambiental y Legalización de las Industrias de Curtido de Pieles en los Municipios de Villapinzón y Chocontá.
    • CAR- Puntos de muestreo de calidad del Rio Bogotá desde el Municipio de Villapinzón hasta la planta de de tratamiento de Tibitoc.
    • CAR- Gráficas de los comportamientos de los parámetros pH- Oxigeno disuelto- DBO5 - DQO-CROO-ACEITES Y GRASAS.
    • CAR- Registro Fotográfico.
    • CAR -Mapa-Localización de vertimientos Industriales.
    • CAR- Programa de monitoreo de la calidad del RB, desde Municipio de Villapinzón, hasta la Planta de Tratamiento de Tibitoc.
    • Copia de los actos administrativos expedidos por la CAR a través de la Dirección Regional de Sabana Norte y Almeydas, en relación con el otorgamiento de permisos de vertimiento o concesiones de agua en la cuenca alta del RB, durante los años 2000 y 2001.
    • CAR - Cuadros en los que se relacionan todas las concesiones de agua en la cuenca alta del rio Bogotá, indicando el nombre del peticionario, la información del predio, el uso, la fuente de abastecimiento, el tipo de concesión, el número de expediente, el número, y la fecha de la resolución y el término de vigencia de la concesión.
    • CAR- Cuadros en los que se relacionan todos los vertimientos detectados en la cuenca alta del rio RB y el número del expediente con el que se tramitan.
    • CAR- Cuadros de análisis bacteriológicos y fisicoquimico de aguas crudas y aguas tratadas, planta Tibitoc.
    • CAR-Actualización del análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca media y baja del RB (1999).
    • CAR-Informe final del programa de aforo y muestreo del RB y sus principales afluentes (1996).
    • CAR-Informe final de la actualización del análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca alta, media y baja del RB (2000).
    • CAR- Informe de monitoreo del programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB (1996).
    • CAR- Proyecto para el desarrollo de un programa integral de recuperación ambiental y desarrollo industrial de la zona de Villapinzón y Chocontá (resumen ejecutivo) Conclusiones y recomendaciones de la visita a las curtiembres de Villapinzón y Chocontá por el programa de Asesores Holandeses (1995).
    • CAR-Informe de monitoreo del programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB (1995).
    • CAR-Informe de monitoreo del programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB (1993).
    • CAR-Informe de monitoreo del programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB (1998).
    • CAR-Resultados del programa de aforo y muestreo del RB y sus principales afluentes. Octubre -1996;-Volumen II-.
    • CAR-Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del cuero (1999).
    • CAR- Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del curtido de pieles. Fase II. Febrero 2001.
    • CAR- Actualización del análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca alta, media y baja del RB. Informe Final-2000.
    • CAR Recopilación, actualización y análisis de la información de las plantas de tratamiento de Aguas Residuales-Evaluación técnica. Agosto 2000.
    • CAR Propuesta de pacto de cumplimiento para el Saneamiento del Rio Bogotá. Septiembre del 2003.
    • IDEAM Estudio de Diagnóstico ambiental realizado en los Municipios de Villapinzón y Chocontá. Junio 2001.
    • IDEAM Condiciones e indicadores ambientales en Colombia- Proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Octubre 2000.
    • IDEAM Condiciones e indicadores ambientales en Colombia- Proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Enero 2001.
    • IDEAM Diagnóstico ambiental y lineamiento para uso sostenible del área- Villapinzón-Chocontá. (Cundinamarca).
    • Informe compromisos ambientales por Ingenieria: MARIENE PINZON TORRES, (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera), en la mesa de trabajo para efectos del pacto de cumplimiento.
    • Proyecto COL/99/018- "Apoyo a la Gobernación de Cundinamarca en la Implementación del Plan de Desarrollo humano, Económico y Ambiental".
    • Propuesta de pacto -Empresa de Acueducto y Alcantarillado -Aseo Zipaquirá.
    • Pacto de cumplimiento: Municipio de Cajicá, Chia, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
    • Pacto de cumplimiento: Manejo de aguas residuales.
    • Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá-Distrito Sanitario Chocontá-Villapinzón.
    • Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá.
    • Proyecto de Adquisición de Predio, diseño, y Construcción de la Planta de Tratamiento, colectores y emisario final de aguas residuales para el Municipio de Villapinzón.
    • Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca).

    ANEXOS

    ANEXOS DE LA ACCION POPULAR-0479

    • GEO- "Grupo empresarial Carnes de Colombia S.A."-Problemática de Mataderos o Industrias de Curtición del cuero en la capital y Municipios de Aledaño y Briceño (Estudios IV- Diagnostico #1).
    • EAAB- Estudio de actualización del plan maestro de alcantarillado de la cuenca del Fucha- Diseños de obras de expansión. (Informe de alternativas #2).
    • Estudios ajustes de datos para informes de usos y estándares de calidad del Rio Bogotá. (Carlos Alberto Giraldo).
    • EAAB- Alternativas del interceptor TUNJUELO-CANOAS. (Consultor: Carlos Alberto Giraldo López. Mayo de 2003).
    • Estudio Diagnóstico documento sobre industrias de curtiembres de Villapinzón.
    • Decisión de remisión por competencia. No. 4883.
    • ACTA DE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL Despacho Comisorio No. 593 DEL JUZGADO 2 CIVIL DEL CTO DE BTÁ.- AP-01-479-CONTRA Empresa de Energia Eléctrica de Bogotá-.
    • ACTA DE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL a la Zona del Embalse del Muña realizada por PERITOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL.
    • Saneamiento ambiental del embalse de Muña, Universidad de los Andes, 1.998.
    • Informe final EMGESA, Programa de mosquitos y roedores en el embalse del Muña, y su área de influencia, marzo de 1998.
    • Universidad Nacional Priac fase uno. Programa de educación y sensibilización ambiental en el área de influencia del embalse del Muña, septiembre de 1996.
    • Informe de unidad de Medio Ambiente de la Empresa De Energia: Estudio y Plan de acción para la mitigación de la contaminación del embalse del Muña, Informe tutela 002 de abril de 1994.
    • Alternativas a la solución del problema de la contaminación del Embalse del Muña, Universidad de los Andes. Eugenio Giraldo.
    • Estudio presentado por la Universidad Nacional de Colombia a la EEB sobre la proliferación, control y disposición de buchón de agua en el embalse del Muña.
    • Estudio socio-económico del proyecto de recolección del embalse del Muña, presentado por la Universidad de los Andes.
    • Estudio hidráulico presentado por INGETEC a la EEB sobre el embalse del Muña.
    • INTERROGATORIO DE PARTE, al representante legal de la EEB.
    • INSPECCIÓN JUDICIAL CON INTERVENCIÓN DE PERITOS, al embalse del Muña, ubicado en la Jurisdicción del Municipio de Sibaté, Departamento de Cundinamarca, con el objeto de evaluar el estado del embalse y sus consecuencias en el entorno ecológico de la región. Por la especialidad del dictamen pericial se solicitó a la Universidad Nacional de Colombia, allegar al proceso una lista de ingenieros ambientales.
    • INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. A los documentos de la oficina de la EEB, entre otros se encuentra :
    • Estudio hidráulico presentado por INGETEC a la EEB sobre el embalse del Muña.
    • Estudio presentado por la Universidad Nacional de Colombia a la EEB sobre la proliferación, control y disposición del "buchón de agua", en el embalse del Muña.
    • Estudio socio-económico del proyecto de recolección del Embalse del Muña presentado por la Universidad de los Andes.

    TESTIMONIOS

    1. De los habitantes del Municipio de Sibaté, como consecuencia de la contaminación del Embalse de Muña, a raiz del vertimiento de las aguas negras del rio Bogotá.

    PRUEBA DOCUMENTAL

    1. Decreto 345 de Junio 2 de 1992 de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., mediante el cual se designó al doctor ALBERTO CALDERON ZULETA, como Gerente de la Energia Eléctrica de Bogotá.

    2. PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL REPRESA DEL MUÑA (Municipio de Sibaté (Cundinamarca) -Resultados del programa, Octubre de 1998-; incluye anexo fotográfico y mapa de la zona de estudio: cuenca alta.

    3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juez Promiscuo Municipal de Sibaté, Cundinamarca, por medio del Despacho Comisorio No. 545, para la RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

    • RAMIRO ORLANDO RAMIREZ P. - Diligencia el dia 29 de Octubre de 1999.
    • GREGORIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. - Diligencia el día 23 de Marzo de 2000.
    • RAYMOND SCHAMBACH. - Diligencia el dia 21 de Enero de 2000.
    • Fotografias INSPECCIÓN JUDICIAL practicada el Dia 11 de Octubre de 1999, al Embalse del Muña por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Soacha, dentro del Proceso Abreviado de Gustavo Moya Ángel, contra la empresa de Energia Eléctrica de Bogotá.
    • DICTAMEN PERICIAL. ordenado por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, este informe incluye el cuestionario objeto del dictamen, en el cual se plantea el problema existente del Embalse de Muña y su entorno, los estudios analizados, las consultas y asesorias solicitadas a entidades privadas y gubernamentales, para detallar las alternativas y costos solicitados por la parte actora. Además anexan, Planos de Localización; Modelo propuesto "Planta de Tratamiento de Aguas El Salitre"; Resolución CAR No. 1489 del 10 de Septiembre de 1999; Diseño de Diques y Bernas Estabilizadoras; Fotografias de adelanto de obras; Diseños de Estaciones de bombeo; Propuestas de Lodos activados y Barrera Direccional; Propuesta de Barrera Forestal; Planchas Cartográficas.
    • EEB-Proyecto. Diciembre 1996- Universidad Nacional de Colombia. Fase I del programa de educación y sensibilización ambiental en el área de influencia del Embalse de Muña, Municipio de Sibaté -1996.
    • EMGESA-Impacto ambiental de la Suspensión del Bombeo al Embalse de Muña.
    • EMGESA- Universidad de los Andes "Saneamiento ambiental del Embalse de Muña. Vol. I-Descripción del embalse, modelos y alternativas planteadas. Noviembre de 1998.
    • Programa de Saneamiento del Rio Bogotá, definición de la alternativa a seguir "Unión Temporal Saneamiento Rio Bogotá con caudales Bajos". (Carlos Alberto Giraldo López). #5. Versión 01.
    • Comportamiento de la cuenca media del Rio Bogotá con Caudales Bajos. (Carlos Alberto Giraldo López).
    • Diagnóstico de los establecimientos cuya actividad principal es el lavado de autos y tienen información de los archivos del DAMA-Contrato 131/02 (Gerardo Romero Tovar) Ingeniero de petróleos, Especialista en Manejo integrado del Medio Ambiente. Junio 2003.
    • EMGESA- Balance socio -Ambiental.
    • Proyecto Producción más limpia en las curtiembres de Cundinamarca (Preparado por: UNIVALLE, GRAMIL, CINDRA, UNESCO-IHE, apoyo de la CVC). Junio de 2004.
    • Plantas de tratamiento de cada Municipio, administrado por la CAR.
    • Informe de la CAR sobre visitas, cultivos de flores, realizadas con la Honorable Magistrada-incluye soportes técnicos.
    • Informe y Diagnósticos: habla del estudio ambiental.
    • CAR- Cuencas de los Rios Bogotá, Ubaté y Suárez.
    • Modelación preliminar de la calidad del agua en los interceptores Fucha-Tunjuelo; Tunjuelo-Canoas y de la calidad del agua del Rio Bogotá, para la condición con y sin interceptores. Versión 1.
    • Estudios Técnicos (Estudio de Saneamiento del Rio Bogotá)- Resumen. Noviembre del 2003.
    • EAAB -Modelación de la calidad del Rio Bogotá. Diciembre 2002-Estudio de la Universidad de los Andes.
    • Prediseño Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas- Versión 1. (Carlos Alberto Giraldo López). Junio de 2003
    • Población, Caudales y Cargas Contaminantes-Unión temporal Saneamiento de Bogotá. Agosto de 2002.
    • INSPECCION JUDICIAL A LA REPRESA DEL MUÑA. Nacimiento del Rio Bogotá-ACURTIR- Asociación de curtidores de Villapinzón y Chocontá.
    • FOTOS
    • 1 CD-Apelación ante Consejo de Estado de la Sentencia del Tribunal administrativo de Cundinamarca, sobre la AP-479 -Facultad de Ingenieria comercial y ambiental.
    • 1 VHS - Antecedentes

    VIDEO: Corporación ecológica.

    ANEXOS DE LA ACCION POPULAR -0122

    • EEEB- Vertimientos Embalse de Muña.
    • Anexos Contestación de la demanda E.A.A.B
    • Contrato 015- Contestación de la demanda.
    • EEEB- Vertimientos Embalse de Muña; 1 video- 1 Cassette.
    • CAR- ESTUDIOS. Resultados del análisis de Laboratorio, de la Universidad de los Andes, Facultad de Ingenieria.
    • CAR- Estudio sobre el saneamiento ambiental del Embalse de Muña, Universidad de los Andes.
    • CAR- Estudio de Morbimortalidad de la zona de influencia del Embalse de Muña.
    • CAR- OBRAS REALIZADAS POR EMGESA S.A.
    • PLAN DE VIDA MUÑA- Mesas de trabajo No. 1; Técnica 2; 3; 4; reuniones- Actas de conclusiones.
    • VIDEOS Y CASSETTES.

    ANEXOS DE LA ACCION POPULAR AP-428

    • EAAB-Definición de los lineamientos para continuar con el Saneamiento del rio Bogotá. Septiembre 2000.
    • Mejoramiento Ambiental en el Embalse de Muña.
    • EAAB-Estudio para la Estrategia de Saneamiento del río Bogotá "FONADE Y EAAB"-1993.
    • EAAB- Tratamiento de aguas Residuales en Bogotá -FOSTER INGENIERÍA LTDA.
    • Bogotana de aguas S.A. FOSTER INGENIERÍA LTDA.- IMPACTOS SOCIOECONOMICOS DE LA CONTAMINACION DEL RÍO BOGOTÁ. Julio 2001- ESCENARIOS DE FINANCIACION FUTURA Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CONTAMINACION DEL RÍO BOGOTÁ.
    • EAAB- Inversión recursos financieros- Diseños y obras de saneamiento ambiental y drenaje pluvial. Septiembre 2000.
    • Análisis y Evaluación de acciones y Residuales de la Capital por parte de la EAAB, a lo largo de 10 años asi como los planes ambientales actualmente en proceso. Consultor Enrique Giraldo Nieto. Enero 3/96.
    • EAAB-INFORME EJECUTIVO- Ajuste a la solicitud de Modificación de Fórmulas Tarifarias atendiendo a las observaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con el Oficio Auto 01 de 1999.- Marzo 1999.
    • EAAB- Solicitud de Modificación "Tarifaria" de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Agosto 1998.
    • EAAB- Definición de los lineamientos para continuar con el saneamiento del Rio Bogotá.
    • EAAB-Análisis y Evaluación de Acciones y Programas de manejo y disposición de aguas residuales de la ciudad capital por parte de la EAAB a lo largo de los últimos años, asi como los planes ambientales actualmente en proceso-Informe final. Consultor Enrique Giraldo Nieto. 3 de Enero de 1996.
    • EAAB-Estudios Hidráulicos, Geotécnicos y Topográficos para definir el nivel de los Jarillones y Obras Requeridas para mitigar el riesgo de inundaciones del Rio Bogotá. En el Tramo Alicachin-La Conejera-Informe Final -Marzo 2000.

    ANEXOS DE LA ACCIÓN POPULAR AP-01-343

    • CAR- Informe Técnico de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. Julio 1998- Consorcio GelverEssere Ltda.
    • Mejoramiento Ambiental en el Embalse del Muña.
    • CAR- Diagnóstico ambiental Legalización de las Industrias del Cuero Diciembre 1999.
    • Resumen ejecutivo- Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del curtido de Pieles fase II.
    • Anexo de Miguel Ángel Chávez Chávez y otros: Estudios fisicoquimicos de la calidad del agua del Rio Bogotá del año 1958 a 1967-FUNDACION VERDE-VIVO.
    • CAR- Programa de monitoreo de la calidad del RB, desde Municipio de Villapinzón, hasta la Planta de Tratamiento de Tibitoc.
    • CAR- Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del curtido de pieles. Fase II. Febrero 2001.
    • Actualización del análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca alta, media y baja del RB. Informe Final-2000.
    • Recopilación, actualización y análisis de la información de las plantas de tratamiento de Aguas Residuales-Evaluación técnica. Agosto 2000.
    • Propuesta de pacto de cumplimiento para el Saneamiento del Rio Bogotá. Septiembre de 2003.
    • IDEAM- Diagnóstico ambiental y lineamiento para uso sostenible del área- Villapinzón-Chocontá. (Cundinamarca)
    • Informe compromisos ambientales por Ingenieria: MARIENE PINZON TORRES, (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera), en la mesa de trabajo para efectos del pacto de cumplimiento.
    • Proyecto COL/99/018- "Apoyo a la Gobernación de Cundinamarca en la Implementación del Plan de Desarrollo humano, Económico y Ambiental".
    • CAR- Informe Técnico de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. Julio 1998- Consorcio GelverEssere Ltda.
    • CAR- "Proyecto, diseño y construcción y puesta en marcha Planta de tratamiento de Sopó II y entrega PTAR SOPO I.
    • Acuerdo 009 del 2001: "Plan de desarrollo vigencia 2001-2003-Concejo Municipal Sopó".
    • Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá-Distrito Sanitario Chocontá-Villapinzón.
    • CAR -Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá.
    • CAR- Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá. Julio de 1999.
    • CAR-Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá.
    • Programa de aforo y muestreo del rio Bogotá y sus principales afluentes validación de constantes para el modelo de simulación de la calidad del agua. Volumen II.
    • CAR- Resumen Ejecutivo- Proyecto para el desarrollo de un programa integral de recuperación ambiental y Desarrollo industrial de la zona de Villapinzón -Chocontá.
    • CAR-Programa de aforo y muestreo del RB y sus principales afluentes, validación de constantes para el modelo de simulación de la Calidad del Rio Bogotá. Volumen II. Octubre -1996.
    • CAR -Programa de aforo y Muestreo del Rio Bogotá y sus principales afluentes.
    • CAR -Programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB.
    • Recopilación, actualización y análisis de la información de las plantas de tratamiento de aguas residuales- Actualización del análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca alta, media y baja del rio Bogotá.
    • Programa de aforo y muestreo del rio Bogotá y sus principales afluentes, validación de constantes para el modelo de simulación de la calidad del agua. Volumen II.
    • Informe de monitoreo del programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del RB (1993).
    • Programa de saneamiento ambiental de la Cuenca Alta del rio Bogotá-Distrito Sanitario Chocontá-Villapinzón.
    • CAR- Diagnóstico ambiental y lineamiento para uso sostenible del área de Villapinzón-Chocontá (Cundinamarca).Junio 2001.
    • Recopilación de información de plantas de tratamiento de Aguas residuales de Funza, Facatativá, Mosquera, Madrid I y Madrid II- Análisis del comportamiento temporal y espacial de la cuenca Media y Baja del Rio Bogotá.
    • Concesión de aguas y vertimientos
    • Concesión de aguas.
    • Vertimientos.
    • Proyecto de adquisición de Predio, diseño, y Construcción de la Planta de Tratamiento, colectores y emisario Final de aguas residuales para el Municipio de Villapinzón.
    • Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca).
    • Licencia Ambiental de Plantas de Tratamiento Rio Bogotá.
    • Gobernación de Cundinamarca- Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mayo 2003.
    • CAR-Diagnóstico ambiental y legalización de las industrias del curtido de Pieles. Diciembre 1999.
    • EAAB-Condiciones e indicadores ambientales en Colombia.- Proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Octubre 2000.
    • EMGESA-Programa de control de Mosquitos y Roedores en el embalse del Muña y su área de influencia Municipio de Sibaté. Marzo 1998.
    • Licencia Ambiental Plantas de Tratamiento Rio Bogotá.
    • Sociedad geográfica de Colombia-Gobernación de Cundinamarca -Cuenca Alta del Rio Bogotá- Región Programa Plan de Ordenamiento Territorial.
    • Desinfección de afluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Versión 1. Mayo de 2003.
    • La EAAB anexa un documento: USOS Y ESTANDARES DE LA CALIDAD DEL RIO DE BOGOTA -Escenario más probable de la Cuenca del Rio Bogotá con Horizonte de Planificación al año 2012-UNION TEMPORAL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ- Agosto de 2002.

    VIDEOS AP-01-343

    • INSPECCION JUDICIAL a la Represa del Muña (video).Octubre 11 de 1991- Despacho Comisorio 1593.
    • ACURTIR: Nacimiento Rio Bogotá- Acurtir Asociación de curtiembres Villapinzón y Chocontá.

    CASSETE 1 - CD 14

    VIDEOS

    • Plan de vida Muña 2000-Etapa I-II-III
    • Plan de vida Muña 2000-Etapa I-II-III. Asociación de curtidores de Villapinzón y Chocontá (Nacimiento del Rio Bogotá).
    • Frigorifico San Martin de Porres.
    • Anexo Prueba

    SEGUNDA INSTANCIA
    • Fl. 6961 a 6972 anexa la CAR copia informal Tutela promovida por el MAVDT.
    • Fls. 6973 a 7027, anexos CAR contrato BID y Conpes 3320.
    • Fl. 7211 a 7214 ciudadanos Sibaté desconocimiento efectos cosa juzgada. Anexa decisiones judiciales fls. 7215 a 7275.
    • Fls. 7276 a 7385 Plan de Desarrollo del Municipio de Gachancipá 2004-2007.
    • Fl. 7911 Informe secretarial recibe oficio Tribunal Cundinamarca Sección Cuarta adjunta documentos en 69 folios.
    • Fls. 7913 a 7978 escrito apoderado EMGESA en el cual solicita tener por agregado al expediente las resoluciones 506 de 28 de marzo de 2005 y 1189 de 2005 emanadas de la CAR las cuales aporta en copia auténtica; se haga un pronunciamiento de cómo deben proceder las entidades demandadas respecto de las obligaciones impuestas por la CAR e impartir órdenes a la CAR se abstenga de ejecutar los actos administrativos expedidos por ella.
    • Fls. 8106 a 8112, memorial apoderado Departamento de Cundinamarca solicita reconocer personeria y allegar comunicado prensa CAR sobre recursos recuperación Rio Bogotá.
    • Fl. 8358 informe secretarial recibe memorial Dr. Andrés Caldas Rico con 9 folios anexos, apoderado general de EMGESA, solicita dar continuidad al proceso e informa sobre las obras adelantadas en el Embalse, adjunta CD, requiere además que haya una labor conjunta y coordinada de todos los agentes contaminantes.
    • Fl. 8385 informe secretarial recibe memorial DIANA PATRICIA VARGAS URREGO ciudadana en 4 folios y un anexo sin foliar. Solicita requerir al Gobierno Nacional sobre los recursos destinados al proyecto "Ciudad ALO Segundo Centenario" y cuál es el estado del Megaproyecto de Saneamiento Ambiental del rio Bogotá y el impacto de las obras de infraestructura. Anexa presentación "Proyecto Ciudad Alo Segundo Centenario" (fls. 8390 a 8483).
    • Fl. 8493 memorial suscrito Roberto Serrato Valdés Procurador con documentos anexos en 36 folios.
    • Fl. 8584 memorial suscrito Juan Antonio Arbeláez Buraglia, ingeniero quimico con maestria en gestión y auditorias ambientales solicita se examinen los documentos que acompaña, memorial suscrito por el Contralor General y el Procurador General.
    • Fls. 8615 a 8701, memorial suscrito por el ingeniero quimico Juan Antonio Arbeláez, allega documentos y pone de presente la inconveniencia de la propuesta adoptada en la sentencia de primera instancia. Se destaca el documento "Cuenca Alta del rio Bogotá REGIÓN PROGRAMA Plan de Ordenamiento Territorial", Sociedad Geográfica de Colombia Academia de Ciencias Geográficas y la Gobernación de Cundinamarca de diciembre de 2000. (fls. 8628 a 8701).
    • Fl. 8714 a 8716 memorial Juan Antonio Arbeláez Buraglia. Modelo de intervención presentado por la EAAB para el tratamiento de aguas residuales rio Bogotá, observaciones criticas.
    • Fl. 8759, memorial apoderado sociedad STANTON & CIA S.A., adjunta informe gestiones cumplimiento pacto suscrito Tribunal de instancia.
    • Fl. 8763, memorial Sociedad Papeles y Corrugados Andina S.A., adjunta informe cumplimiento del pacto suscrito Tribunal de instancia (fls. 8764 a 8794).
    • Fl. 8859 memorial comité de gestión y seguimiento de la Agenda ciudadana de Control fiscal participativo para la descontaminación del rio Bogotá.
    • Fl. 8883 memorial Presidenta Empresa Energia de Bogotá S.A. E.S.P. adjunta documento "La empresa de energia de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) frente al Muña" presentado en la audiencia pública. Folios 8884 a 8897.
    • Fl. 8958 memorial comentarios audiencia pública Alcalde Municipio de Sibaté y las falencias del sistema maestro de acueducto y alcantarillado del municipio a pesar de las afirmaciones hechas por la CAR.
    • Fl. 8971, memorial Ministerio Minas y Energia sobre las labores desarrolladas por el Ministerio, fiscalización y seguimiento minero.
    • Fl. 9093 informe secretarial memorial en 8 folios Contralor de Bogotá
    • Fl. 9093c informe secretarial recibo memorial suscrito Javier Tamayo Jaramillo anexa documentos en 4 folios.
    • Fl. 9093j informe secretarial recibe memorial Dr. Jaime Castro en 2 folios, comentarios observaciones Contraloria Bogotá planta tratamiento en Canoas, predios, costos, cierre financiero.
    • Fl. 9032 informe secretarial memorial Dr. Ramiro Bejarano en 8 folios.
    • Fl. 9096 informe secretarial memorial presentado Olga Nadesda Cabrera y otros en 40 folios, en representación Agenda Ciudadana de Control Fiscal Participativo para la Descontaminación del rio Bogotá.
    • Fl. 9137 informe secretarial recibe memorial Hernando Robles Villa en 14 folios, Corporación Girardotemos.
    • Fl. 9197 Informe secretarial cumplido auto folio 9158. Oficios librados en respuesta a requerimientos, reconocimiento personeria y documento del apoderado de la CAR en el cual se allega el ACUERDO DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDE CANOAS FASE I Y II de 21 de febrero de 2011 en los folios 9182 a 9196.
    • Fl. 9199 informe secretarial recibe memorial Dr. Jaime Castro advierte sobre la existencia del control de advertencia hecho por la Contraloria general de la República.
    • Fl. 9201 informe secretarial memorial suscrito Procurador Delegado Dr. Roberto Serrato adjunta 136 folios documento presentado al Procurador general de la Nación por la Red Nacional Regional y distrital de veedurias ciudadanas y control social. Refiere control de advertencia de la Contraloria general de la República.
    • Fl. 9350 informe secretarial recibe memorial Ministerio Público en 15 folios relacionados control de advertencia allegado en copia por la red nacional, regional y distrital de veedurias ciudadanas.
    • Fl. 9379 oficio Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B remite en quince folios acta de audiencia de verificación cumplimiento pactos aprobados en el proceso de la referencia.
    • Fl. 9423 a 9434 Control de Advertencia al Acuerdo 22 de febrero de 2011
    • Fl. 9436 a 9495 la CAR da cumplimiento al requerimiento ordenado por auto de 6 de septiembre de 2006 incluye CDs (5)
    • Fl. 9496 a 9514 Informe Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Soacha. Incluye un CD.
    • Fl. 9516 a 9544 Municipio de Villapinzón: Plan Maestro obras realizadas y proyectadas incluye un CD.
    • 9546 a 9550 Ministerio de Minas y Energia Remite mapa impreso de la Cuenca alta media y baja del Rio Bogotá con las zonas excluibles de la mineria.
    • 9553 a 9611 Municipio de Cajicá Informe Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y Plano de Uso de suelo relacionado cauce Rio Bogotá.
    • 9612 a 9615 Municipio de Sesquilé, Informe plan maestro de acueducto y alcantarillado y de saneamiento de aguas residuales, adjunta un CD.
    • 9616 a 9725 Municipio de Gachancipá, Planes maestros de Acueducto y alcantarillado Municipal, obras de redes de alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias, usos del suelo
    • 9726 a 9763 EAAB, Actuaciones desplegadas relativas planes y proyectos dirigidos al saneamiento del rio Bogotá y sus afluentes asi como sus repercusiones presupuestales. Redes de aguas lluvias, construcción de interceptores, diseño y construcción sistema tratamiento aguas residuales, estado actual obras y proyecciones, presupuesto, componente financiero y económico, costos plantas tratamiento aguas residuales, planes maestros de acueducto y alcantarillado incluye un CD.
    • 9764 a 9768 Municipio de Suesca, Informe infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico del municipio. Incluye un CD.
    • 9769 a 9845 Alcaldia municipal de Chia, Informe implementación plan maestro acueducto y alcantarillado y otras obras de mitigación y prevención. Incluye un CD.
    • 9846 a 9927 Municipio de Tocancipá, Informe implementación plan maestro acueducto y alcantarillado y otras obras de mitigación y prevención. Usos del suelo en relación cauce rio Bogotá, presupuesto y porcentaje destinado al saneamiento. Incluye un CD.
    • Fl. 9928 a 9980, municipio de Funza, Informe Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Obras proyectadas saneamiento aguas residuales, usos del suelo, recursos destinados al saneamiento ambiental.
    • Fl. 9981 a 10178 municipio de Mosquera Informe compromisos aprobados Tribunal dentro de la acción popular, Implementación Plan maestro de Acueducto y Alcantarillado.
    • Fl. 10180 a 10191, municipio de Cogua, Informe Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Obras proyectadas saneamiento aguas residuales, usos del suelo, recursos destinados al saneamiento ambiental. Incluye un CD.
    • Fls. 10200 a 10225 El Ministerio de Minas y Energia anexa copia concepto rendido al Ministerio de Ambiente.
    • Fl. 10232 a 10254 Apoderado de EMGESA remite copia Convenio Interinstitucional EAAB, y EMGESA.
    • Fl. 10263 a 10276 Secretaria Distrital de Ambiente Actividades de recuperación ambiental en el marco de la AP.
    • Fls. 10280 a 10460 Coadyuvante segunda instancia. Anexa un CD y un DVD.
    • Fl. 10468 El TAC Secretaria Sección Cuarta remite copia actas audiencias verificación
    • Fl. 10703 a 10705, Informe de proyectos ejecutados dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Soacha.
    • Fl. 10706 a 10734, Respuesta requerimiento de información de la E.A.A.B.
    • Fl. 10823 a 10841, Análisis técnico de las posibles implicaciones que tendria la salida de generación eléctrica de Pagua
    • Fl. 10845 a 10847, Informe CAR sobre la actuación administrativa respecto del permiso de vertimiento y ocupación de cauce.
    • Fl. 10858 a 10859, Remisión por parte del Ministerio de Minas del análisis técnico de las posibles implicaciones que tendria la salida de generación eléctrica de Pagua.
    • Fl. 10877 a 10889, Remisión por parte del Ministerio de Minas del análisis técnico de las posibles implicaciones que tendria la salida de generación eléctrica de Pagua.
    • Fl. 10899 a 10908, Informe de la E.A.A.B. en el cual responde interrogantes sobre la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas.
    • Fl. 10911 a 10913, Informe E.A.A.B. sobre el cumplimiento de la medida cautelar.
    • Fl. 10924, Documento Megaproyecto Rio Bogotá (Alfonso Pérez Preciado).
    • Fl. 11087 a 11096, Dra. Nelly Yolanda Villamizar respuesta requerimiento, labores proceso de verificación.
    • Fl. 11102, Consorcio canoas respuesta auto 25-09-12 Informe Interventoria contrato 115-2009 Geología Predios Hacienda Canoas e INVIAS trazado interceptores y pozo ITC-12.
    • Fl. 11103 a 11148, Consorcio Canoas Respuesta interrogantes auto 25-09-12
    • Fl. 11187 a 11199, EMGESA allega Convenio Interinstitucional EAAB y EMGESA
    • Fl. 11200 a 11216, Informe Audiencias Especiales Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B.
    • Fl. 11219 a 11222, Diligencia de inspección Judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    • Fl. 11226, La Contraloria Delegada Sector infraestructura solicita autorización a la Corporación adelantar investigación establecer si hubo cambios en los estudios y diseños originales relacionados en el contrato.
    • Fl. 11227 a 11230, Fundación Granja Ecológica preocupaciones sobre el rio Bogotá y su recuperación.
    • Fl. 11257, Consorcio Canoas allega documentos de interés
    • Fl. 11518 a 11520, CAR documento aclaratorio afirmaciones hechas en la diligencia de inspección judicial por la EAAB.
    • Fl. 11542 a 11547, Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio oficio refiere aspectos relacionados recursos y licencia ambiental
    • Fl. 11670 a 11760, Gobernación Cundinamarca Informe ejecución sentencia primera instancia y copia presentación alusiva.
    • Fl. 11869 a 11872, Compromiso recursos Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio, tema recursos y llama la atención sobre las razones por las cuales es necesario construir la Estación Elevadora y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canoas, por sus implicaciones en el sistema energético del pais. Refiere igualmente el desarrollo de los Convenios y Acuerdos celebrados con posterioridad a la expedición de la sentencia de primera instancia, las obras ejecutadas y sus costos, las obras en ejecución y las ejecuciones pendientes de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 21 de febrero de 2011 entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldia Mayor, la Secretaria Distrital de Hacienda, la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el cual concretó los compromisos financieros y trámites presupuestales para asegurar la financiación de la PTAR en Canoas. La Planta se construirá en dos fases: Tratamiento Primario a Primario Quimicamente asistido de hasta 14 m3/s y Tratamiento Secundario, con los respectivos costos estimados para la PTAR Canoas $1.7 billones Fase I $750.000 millones y Fase II $906.000 millones (fl. 11870 vto.). Mediante Convenio Interadministrativo de cooperación 03MVCT de 30 de diciembre de 2011 suscrito entre la Alcaldia Mayor de Bogotá, la EAAB y el Ministerio; en Comité Técnico No. 77 de 29 de noviembre de 2011, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del MVCT aprobó el proyecto "Construcción Estación Elevadora de aguas residuales Canoas para el D.C. de Bogotá" el cual se presentó para ser financiado con aportes de la Nación a través de ese Ministerio, del FNR y de la EAAB E.S.P. (ver cuadro Fl. 11871). El FNR protocolizó el 28 de diciembre de 2011 y el Ministerio el 18 de octubre de 2011 con cargo al Convenio 03/11 la suma de $21.378.504.676 a nombre de la fiduciaria CORFICOLOMBIANA y destaca que los recursos provenientes del Gobierno Nacional son de destinación especifica por lo que, modificaciones en el proyecto como las planteadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no sólo desconocen su rigor técnico sino que significarian la pérdida de estos recursos.
    • Fl. 11951 a 11981, Informe EAAB estado actual obras saneamiento rio Bogotá.
    • Fl. 12057 a 12058, El Ministerio de Minas y Energia aporta documentos de interés al proceso: Plan de Mejoramiento de 29-03-2012; concepto previo no vinculante análisis aspectos técnicos, económicos y sociales de la actividad minera en la Sabana de Bogotá resolución en reemplazo de la 1197/04; Sector Eléctrico y represa del Muña, Cadena Pagua-Paraiso y anexa documento relacionado con la viabilidad de la PTAR CANOAS en relación con el Sistema Energético (fls. 12066 a 12130).
    • Fl. 12131 el Consorcio Canoas manifiesta se encuentra a la espera de la entrega del predio "INVIAS", e informa que el contrato terminó el 20 de noviembre de 2012.
    • Fl. 12139 a 12150 y un CD, Informe municipio de Chia solicita se incluya en el POT la gestión de riesgo (fl. 12151-12152) y recuperación de las zonas de riesgo (fls. 12153 y 12154).
    • Fl. 12209, la EAAB allega documento ingeniero Hugo A. Garavito director red troncal de alcantarillado, presenta informe sobre el avance de las obras para el saneamiento del rio Bogotá y sus afluentes y advierte que el Programa de tratamiento de aguas residuales hace parte del Programa de Saneamiento del rio Bogotá y se limita a la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y del sistema de interceptores que conducen las aguas residuales desde la ciudad a la planta. Dentro de este contexto destaca las actividades a su cargo: i) Sistema de tratamiento de Aguas Residuales: -PTAR Salitre, Fase I TQA con caudal medio de 4m3/s (2004) operada por la EAAB; Convenio 171/07 CAR asume construcción ampliación PTAR Salitre con un caudal de 7.1m3/s a nivel de tratamiento secundario (FASE II), cuenta con un diseño referencial contratado por la CAR, se espera que la CAR licite el diseño y construcción en el primer semestre de 2013. Construida la ampliación la PTAR será operada por la EAAB. -La segunda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no está construida ni existen diseños detallados. La sentencia del Tribunal dispuso su construcción en Canoas (municipio de Soacha) a nivel de tratamiento primario quimicamente asistido. La EAAB en la actualidad tiene contratado el diseño detallado de la PTAR y se espera iniciar la ejecución del contrato una vez se contrate la interventoria, proceso que está en curso. ii) Interceptores: La empresa ha construido los siguientes interceptores: Engativá - Cortijo (ENCOR), conduce las aguas residuales de Engativá la PTAR Salitre; - Fucha-Tunjuelo (IFT) no se ha puesto en operación; Tunjuelo-Canoas-Túnel de Emergencia (ITC-TE), ya construido pero aún no se ha unido porque falta construir el ITC 12, obra suspendida pero luego levantada la medida cautelar, sin embargo no se ha logrado acuerdo con el contratista para la construcción del pozo y la conexión de los dos tramos del interceptor. Interceptor Soacha: construido y conectado con el ITC. Ver cuadro estado obras fl. 12211. Destaca que la Estación Elevadora, Canoas y la PTAR Canoas en evaluación se encuentran pendientes de aprobar en la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado. La EAAB ha propuesto alternativas más económicas. iii) 3.1. Saneamiento afluentes urbanos. Implementación PMA Cerros Orientales; recuperación rondas; recuperación humedales; estabilización riegos frente a los aguaceros torrenciales de algunas quebradas. rehabilitación, manejo y protección ambiental; construcción de los colectores de aguas lluvias; adecuación de las quebradas; construcción interceptores red secundaria para las aguas negras; construcción presa Cantarrana y adecuación del Embalse, dragado y realce jarillones rios Tunjuelito y Bogotá; recuperación cauce rio Tunjuelo y otras. En la Tabla 2 fls. 12211 vto., relaciona obras ejecutadas saneamiento afluentes urbanos folios 2004-2011. 3.2 Avance del Proyecto construcción Estación Elevadora aguas residuales Canoas por el D.C.: No está construida, fue objeto de diseño básico dentro del contrato No. 1-02-26100-711-2006 sin embargo, no cuenta con diseño detallado para construcción. RECURSOS: Aprobados en el año 2011 por un valor de $327.360.743.085 con aportes por el 58% de la Nación y 42% de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Para el desembolso de los recursos la Nación se encuentra por remitir al FNR, los términos de referencia para la contratación del mencionado proyecto. La razón, existe incertidumbre juridica en relación con la construcción de la Estación Elevadora obra que beneficia únicamente al sector de generación eléctrica y no al saneamiento del rio Bogotá. 3.3 Informe Planes Maestros de acueducto y alcantarillado en los 42 municipios de la cuenca y resultados de la priorización de las obras de saneamiento.; la EAAB cuenta con su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en ejecución; de los demás planes maestros no es responsable legalmente la EAAB aun cuando mediante convenios ha apoyado algunos proyectos en los municipios del Departamento. Tiene entendido que la Gobernación y la CAR han financiado parcialmente la estructuración de los PMAA de los municipios los cuales están en revisión y/o ejecución. 3.4 Avances programa rehabilitación Sistema de Alcantarillado: diagnóstico, diseño y rehabilitación redes, plan de corrección de conexiones erradas; aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, Resolución 3257/07, Secretaria Distrital de Ambiente incluye inspección a los colectores pluviales con circuito cerrado de televisión para determinar la procedencia de las conexiones erradas: Humedal Córdoba usuarios residenciales; zona Montevideo: usuarios industriales que permitió establecer el procedimiento para conexiones erradas previsto para incorporar en el contrato de condiciones uniformes de la Empresa actualmente en etapa de consulta ante la CRA. 3.5 Estado diseño PTAR Canoas El 7 de diciembre de 2011 se suscribió el contrato No. 1-02-25500-0690-2011 por valor de $25.720.406.841 en un plazo de 26 meses; contratista Consorcio CDM-INGESAM, integrado por las firmas INGESAM LTDA: y COMP. DRESSER & MCKEE INC, cuyo objeto es "realizar el diseño a nivel de ingenieria de detalle de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Canoas en los componentes asociados al Sistema de Tratamiento primario con asistencia quimica", Estado: revisión de requisitos previos firmar acta de inicio y se ha determinado la NO OBJECION tanto al plan de calidad como a la planificación de recibo de producto. La suscripción del acta de inicio se encuentra pendiente y se realizará una vez se cuente con la interventoria especializada internacional. La cual está en proceso de contratación. 3.6 Avance términos de referencia contratar la construcción de la PTAR Canoas. Los pliegos para contratar la construcción de la PTAR Canoas son uno de los productos esperados del contrato 1-02-25500-0690-2011 consorcio CDM-INGESAM hasta dentro de 26 meses luego de iniciados los diseños. 3.7. Estudios alternativa seguir para el Programa de Saneamiento del río Bogotá. Anexa estudio económico financiero que lleva a recomendar el estudio de una alternativa diferente a Canoas (fl. 12222) anexo 5 medio magnético. 3.8. Informe en detalle asignación de competencias técnicas y jurídicas del Programa de Saneamiento del río Bogotá. Es un proyecto de orden nacional refiere sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de junio 5 de 2001 AP-0305-01). A nivel distrital está consagrado en el POT de 2000 que obligó a la EAAB a la construcción de un sistema integral de tratamiento de aguas residuales que por su complejidad podrá estar sujeto a cambios; en el proceso AP 9479 01 se estableció que el programa de saneamiento del rio Bogotá requeria de una concepción de tratamiento de cuenca que implica la participación de los municipios que lo integran, el departamento de Cundinamarca, la Nación, la CAR y las empresas privadas que se encuentran a lo largo de la cuenca; por ello, la Empresa presentó un proyecto de pacto que involucraba un plan de obras hasta el año 2015; en cuanto a las actividades relacionadas con captación, tratamiento, transporte y distribución de agua potable, recolección de aguas residuales y sus tratamiento, mantenimiento de humedales tienen relación directa con el impacto ambiental de la Cuenca Media del rio Bogotá. Tiene además un componente técnico y financiero, el primero fue adoptado por el Tribunal, el segundo carece de recursos que permitan la contratación de las obras, construcción de interceptores (ya construidos), la Estación Elevadora y la PTAR Canoas, razón por la cual la EAAB decidió apelar con el objeto de que se definan las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el proceso. Refiere entonces el documento CONPES 3320; el Plan de Desarrollo 2010-2014 Ley 1450 de 2011, art. 131. Reitera que la empresa tiene jurisdicción en el territorio del D.C. sin perjuicio de celebrar convenios interadministrativos que puedan acometer proyectos con otras jurisdicciones. El Convenio 171 de 2007 y el Convenio de 2011. 3.9. Comparación de los costos de las soluciones de la construcción de la PTAR y de la Estación Elevadora en Tunjuelo-Canoas o Carboneras (ver tablas 3,4 y 5 fls. 12217 (vto.) y 12218. 3.10. Informe sobre inversiones y ejecuciones realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Convenio 171 de 2007 ver tabla folio 12219. 3.11 Informe planes anuales de inversión y rehabilitación de redes Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ver tabla 7 fl. 12.219 (vto.). 3.12. Informe del volumen, proyección de volumen, tratamiento, disposición y costos de disposición de biosólidos. PTAR Salitre: 4.300 toneladas mensuales proyectada para 2013, fluctúa acorde con las condiciones climáticas y dilución del agua. Manejo: Proceso de deshidratación, transporte y aprovechamiento predio El Corzo utilizada la mezcla para la cobertura vegetal y recuperación del suelo degradado 3.13 Manejo y rehabilitación de las conexiones erradas en Bogotá (respuesta 3.4). 3.14. Constitución, administración, manejo y ejecución del Fondo Cuenta Saneamiento río Bogotá constituido el 27 de diciembre de 2005 administrado por la Secretaria de Hacienda Distrital en el cual se depositan los recursos ordenados en la sentencia (ver cuadro fl. 12221.).
    • Fl. 12225, CRA informe atendiendo requerimiento sobre sistema de tarifas Resolución CRA 287/04 art. 16 parágrafos 1, 2, 3 y 4. Las modificaciones al procedimiento de fórmulas tarifarias Resolución CRA 151/01, modificada por la Resolución 271/03. Refiere en este sentido su competencia para fijar el procedimiento no asi la tarifa.
    • Fl. 12303 a 12355, Secretaria Distrital de Ambiente, Informe subdirección recurso hidrico y del suelo, evidencia acciones adelantadas control de vertimientos rio Tunjuelo y resumen ejecutivo de las acciones de control de San Benito y Gravilleras cuenca Tunjuelo, adjunta CD con los conceptos técnicos de curtiembres y gravilleros para cada uno de los predios. Dentro de las conclusiones que plantea el informe se tiene: "(...) en la actualidad la totalidad de los industriales pasan de no contar con unidades de gestión para sus vertimientos a contar con sistemas preliminares y primarios de tratamiento (Pocetas de sedimentación, tanques de sedimentación, rejillas, trapas de grasas, tanques de tratamiento y el sistema por flotación DAF). Los cuales por su tiempo de retención disminuyen la concentración de sólidos sedimentables, grasas y aceites, sólidos totales y materia orgánica, lo que indica la tendencia positiva hacia el cumplimiento normativo a través del tiempo para los siguientes parámetros, grasas y aceites y sólidos sedimentables. "(.) Se ha observado que el sistema de tratamiento preliminar (generalmente compuesto por pozetas sedimentadoras, rejillas, filtros multimedios, trampas de grasas y presedimentadores) logra remover la mayor cantidad de cargas contaminantes del agua con cerca de un 93% en las aguas residuales provenientes del proceso de pelambre y un 66.73% en las demás descargas (...)". En relación con las Gravilleras rio Tunjuelo, la subdirección del recurso hidrico y del suelo, a través de las visitas de vigilancia y control ambiental a las empresas dedicadas a la trituración de material pétreo, ubicadas al margen del rio Tunjuelo en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar, especificamente en el tramo comprendido desde la descarga de la quebrada Yomasa hasta la entrada al relleno sanitario Doña Juana, tiene identificadas cuatro grandes zonas en las que se llevan a cabo este tipo de actividades. Concluye el informe: "6.1 Para el tramo comprendido desde la descarga de la Quebrada Yomasa al rio Tunjuelo hasta el puente de la Avenida Boyacá entrando al relleno sanitario Doña Juana, se concentran aproximadamente once plantas de beneficio de material pétreo, las cuales se encuentran divididas asi: Se encuentras dos (2) plantas de beneficio en el predio Cantarrana y seis (6) en el predio La Perdigona, para un total de ocho (8) plantas en la localidad de Usme. En el predio El Rubi, propiedad de la sociedad equipos Universal, se encuentran un total de tres (3) plantas de beneficio ubicadas en la localidad de Ciudad Bolivar. 6.2 La Subdirección del recurso hidrico y del suelo (antes Oficina de Control de Calidad y uso del agua) ha ejecutado las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental generando un total de 33 actuaciones técnicas comprendidas entre conceptos, e informes técnicos (...)" Dentro de las funciones de control y vigilancia señala que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente, ha proferido los actos administrativos que en derecho corresponden y de acuerdo con los conceptos técnicos proferidos por la subdirección del recurso hidrico y del suelo, y en cumplimiento de las normas ambientales que regulan la materia de vertimientos y en pro de la protección del rio Tunjuelo, señala que dentro de las gestiones adelantadas también ejerce actividades de evaluación y seguimiento sobre los establecimientos de comercio, con el fin de que se ajusten al cumplimiento de los lineamientos técnicos y juridicos que rigen la materia.
    • Fl. 12356, EMGESA Informe anexo con 117 folios respuesta a requerimiento de 21 de noviembre de 2012.
    • Fls.12359 a 12393, Departamento Nacional de Planeación y Dirección de Regalias del Departamento Nacional en Liquidación, da respuesta requerimiento judicial contenido oficio 9912 de 22 de noviembre de 2012. -Anexa copia del acuerdo 071 de 28 de diciembre de 2011, "Por el cual se aprueban proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalias y se asigna su ejecutor"-Informe sobre el esquema de financiación del Programa de Saneamiento del Rio Bogotá componente y monto de la proyección de inversiones "Descripción General del Modelo Financiero (Modelo PTAR Canoas y modelo PTAR Salitre)- supuestos macroeconómicos. Inversión aproximada Programa de saneamiento Rio Bogotá, 5.92 billones de pesos para el año 2012. Ver CD incluye proyectos autorizados DNP incluida PTAR Canoas.
    • Fl. 12394, la CAR da respuesta al requerimiento incorporada al proceso como anexo 2 del cuaderno 19.
    • Fl. 12432 a 12443, Función de Advertencia de la Contraloria General de la República sobre el Acuerdo 22 de febrero de 2011 Programa Saneamiento Rio Bogotá. Considera la Contraloria que la contratación que realmente se va a efectuar, el sitio en donde se pretende ubicar la PTAR Canoas, la planta o estación de bombeo elevadora ya no seria una obra puntual y relativamente pequeña como se le hizo ver al Tribunal de Cundinamarca, por el contrario, de los planos anexos a la invitación pública ICSM-0731-2009 cursada por la Empresa, tal planta elevadora deberá tener la capacidad de vencer la gravedad de una masa de aguas residuales hasta de 37m3/s en 46 metros de bombeo vertical, además representa la mayor excavación y construcción de estructuras subterráneas para dos pozos circulares de 44m y 53m de diámetro separados por 70M e interconectados por un túnel adicional, con capacidad para la instalación de rejillas de cribado y el segundo para la instalación y funcionamiento de hasta seis bombas cada una con capacidad de hasta 5.5M3/s. Razón por la cual advierte que de presentarse un fallo confirmatorio la empresa estaria llevando a una tergiversación del contenido de la sentencia en cuanto la modalidad de las obras a contratar, ya que de una estación elevadora de 5M de altura de bombeo, en la práctica, el cumplimiento de la sentencia judicial, se veria forzado a que fiscalmente se sufragaran los costos del túnel realmente ejecutado que implica el mayor valor resultante de la diferencia en la altura de bombeo y obras concomitantes anteriormente indicadas (fl. 12438). Agrega la Contraloria que el acometer de tal manera la obra propuesta conduce a la utilización del túnel de emergencia de forma permanente, por otra parte no garantiza ningún tratamiento sobre las aguas contaminadas que son aisladas durante un trayecto del rio Bogotá, pero que aguas más abajo resultan vertidas de forma más gravosa para el medio ambiente, porque se ha cerrado un trayecto sobre superficie que puede incidir positivamente en las posibilidades de auto recuperación del rio; pues el ente fiscalizador no concuerda con la consideración de la EAAB de señalar que el rio tiene "nula capacidad de autodepuración". Ello, señala la Contraloria puede implicar una afectación del patrimonio público y de los recursos naturales renovables porque: La invitación pública se efectuó antes de la sentencia definitiva y sin tener certeza sobre la existencia de la financiación de la PTAR Canoas, del interceptor Canoas-Alicahin ni de la estación elevadora de Canoas, el presupuesto podria resultar insuficiente para respaldar las cifras que alli se comprometieron. En estos términos llama la atención que la Empresa comprometió recursos que llegan de manera preliminar a los cuatrocientos mil millones de pesos para la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas, asi como los recursos a invertir en la estación de bombeo de aguas residuales en Canoas que cuentan con un presupuesto oficial de US$81.164.268 dólares y ($32.799.973.422 pesos), sin que obre coordinación interinstitucional , así como una discusión técnica, académica, cientifica y pública sobre la pertinencia de obras que antes de tratar el recurso hidrico en torno a su descontaminación, lo que hacen es trasladar la problemática kilómetros más abajo. Esta segunda obra se encuentra suspendida y a juicio de la CGR debió ser estudiada a cabalidad antes de siquiera haberse iniciado. Ello conduce a que sin contar con la financiación de la Mega planta de Tratamiento Canoas, las aguas residuales conducidas por el sistema de