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19nov03
Unidades del Ejército son culpables de actos de exterminio.
El campesino que se salvó de ser asesinado por los militares contó como los llevaron hasta la parte alta de la vereda y allí luego de torturarlos los asesinaron y los enterraron en una fosa común que fue encontrada por habitantes de la zona y los cadáveres exhumados por parte de la fiscalía.
Se sindica al ejército y a diversas autoridades, unos por permitir y otros por participar directamente en la masacre que hasta hoy cobra la vida de cinco humildes campesinos y hay cinco más que aún permanecen desaparecidos.
El Gobernador del Tolima y el Defensor del Pueblo afirman que el testigo de los hechos denunció la participación de personal del Ejército y otras autoridades en la masacre de la vereda Potosí, corregimiento de Anaime, jurisdicción de Cajamarca.
Los hechos
El domingo dos de noviembre, hombres armados, vistiendo prendas e insignias del ejercito, secuestraron a Jhon Jairo Iglesias, José Céspedes y a Wilson Quintero. El jueves seis de noviembre, siendo las dos de la tarde el mismo grupo llego hasta la vereda Potosí del corregimiento de Anaime (Tolima)y secuestró a Marco Antonio Rodríguez Moreno y a Ricardo Espejo, este último Fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima SINTRAGRITOL seccional Cajamarca.
El día martes 11 de Noviembre se conoció la existencia de varias fosas comunes en la finca La Florida, parte alta de la vereda Potosí y allí fueron hallados los cadáveres descuartizados de: Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55 años, Ricardo Espejo de 30 años y José Céspedes de 30 años, todos agricultores y habitantes de la región. Además, testigos hablan de 18 personas desaparecidas y el abandono de las fincas locales.
Antecedentes
En marzo del 2003, los campesinos y jornaleros sin tierra afiliados a la organización agraria SINTRAGRITOL, realizaron la toma de la finca La Manigua, de propiedad del embajador en Australia, Armando Hecheverry Jiménez, durante este proceso se realizo comunicación con el propietario del predio y con funcionarios del INCORA, para proceder a hacer una oferta por la finca y comprarla para parcelarla y así solucionar el problema que tiene los campesinos de esa zona. Posteriormente el gobierno respondió con represión, militarizo la zona, cercaron y censaron a los campesinos, ejerciendo control sobre el ingreso de personas y víveres a la finca para así desalojar a los campesinos de las tierras, propósito que logró el ejército en pocos días.
El Ejército y la policía continuaron con el control total sobre la región y unos días después lanzaron la «operación Pijao» en la que detuvieron a más de medio centenar de campesinos, entre los que se encontraban mujeres con niños de hasta un mes de nacidos y hombres de avanzada edad, de esto ya hace tres meses. La mayor parte de los detenidos salieron en libertad casi todos ello habían participado en la toma de tierras en
la Finca La Manigua. Los secuestrados, torturados y asesinados el pasado seis de noviembre son familiares de las personas que fueron detenidas y como coincidencia también participaron en la toma de tierras en la Finca citada, propiedad de Armando Hecheverry Jiménez, embajador de Colombia en el Líbano.
Rechazo general
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, La Central Unitaria de trabajadores CUT, establecieron la denuncia pública y ante los organismos Internacionales. Autoridades departamentales, denunciaron ante la Fiscalía y la Procuraduría. El testigo está bajo la protección de organismos internacionales que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos.
El Secuestro, tortura y asesinato de los campesinos en Potosí, ha generado el desplazamiento de por lo menos 12 familias que llegaron a Cajamarca para protegerse de los asesinos. La población ha desarrollado acciones de protesta contra los graves hechos. Organizaciones sociales, populares y el gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo se sumaron a la ola de rechazo a estos nuevos crímenes de la guerra sucia.
[Fuente: Agencia Prensa Rural, Redacción Voz, 19nov03]
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