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02sep04
Corte Constitucional declaró inexequible proyecto de Estatuto Antiterrorista.
El proyecto había recibido el aval en la plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de junio pasado y fue precisamente por vicios de procedimiento en ese debate que la Corte se lo devolvió al Congreso.
De acuerdo con la Corte Constitucional, el proyecto obtuvo 83 de los 84 votos para su aprobación, motivo por el cual no debió ser avalado.
El Estatuto Antiterrorista, pilar fundamental de la política de seguridad democrática del presidente álvaro Uribe, el cual les otorga funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares y permite allanamientos, capturas e interceptaciones de llamadas sin previa orden de un juez, únicamente dependía de la Corte para pasar a sanción presidencial.
Respecto a su aprobación, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por los abusos que se podían cometer amparados en la ley. Casos como el de Guaitarilla (Nariño), que llevaron a la Procuraduría a formular pliego de cargos contra diez miembros de la Policía Nacional, siguen siendo ejemplos para quienes están en contra de la iniciativa gubernamental.
“Vamos camino a la tiranía, que se define como el gobierno para sí mismo. Combine esto con la reelección presidencial y estamos muy lejos de lo que se considera una democracia”, aseguró el 10 de junio pasado el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático.
Por su parte, la representante uribista Gina Parody explicó que “el punto que ha sido más controvertido, pero sin duda el más importante, tiene que ver con el otorgamiento de funciones de policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares. Estas unidades operarán únicamente en aquellos sitios en donde no haya policía judicial ordinaria o donde no pueda entrar por circunstancias excepcionales de orden público. Sin estas facultades, la impunidad seguirá reinando”.
Entre las voces en contra que se han escuchado en el país está la del representante para Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Frühling, quien ha sostenido que el estatuto se prestará para abusos y ha denunciado que viola tratados internacionales que el país firmó.
Otras normas aprobadas incluyen la realización de empadronamientos en zonas especiales de orden público y se mantiene el respeto por la reserva de las fuentes para los periodistas en casos de terrorismo.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 02Sep04]
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