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31ene04
La campaña '¡Stop Uribe!'
Ya se sabe: el viaje del presidente Álvaro Uribe la próxima semana a Europa estará acompañado de una agresiva campaña de un sector de organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas en enturbiar la visita. Ya están moviendo gente y recursos para adelantar un programa de agitación en distintos foros y escenarios para mostrar al Mandatario colombiano como un enemigo de los derechos humanos, que no merece el respaldo de la comunidad europea. Se está gestando un ambiente hostil y por algo el vicepresidente Santos pidió en España "una mirada justa sobre Colombia". El mismo comisario de la Unión Europea, Chris Patten, le ha solicitado al Parlamento Europeo un espacio para que el Presidente colombiano pueda explicar sus propuestas. Síntomas, todos estos, de las sensibilidades que suscita Uribe y de la dificultad de explicar la complejidad del conflicto colombiano y políticas como el estatuto antiterrorista y la ley de alternatividad penal.
En semejante río revuelto, un grupo de ONG adelanta un activo plan para mostrar al Mandatario colombiano como promotor de un "régimen de terror", según se desprende de las deliberaciones del Comité Belga por Colombia, en una reunión extraordinaria (el primer país a donde arribará Uribe es Bélgica). Diversos grupos (AI-Vlanderen, Amnistía Internacional, Comité Daniel Guillard, Serpaj de España, Servicio de Paz y Justicia, Broederlijk Denle, Centro Nacional de Cooperación y Desarrollo, la Federación Sindical de Bélgica, entre otras) están promoviendo consignas y actos para señalar a Uribe como un Presidente "narco-fascista", cuestionar el Plan Colombia y acusar al Gobierno de exterminar el movimiento social. Y resulta significativo que el lema de la campaña -"Europa 2004: ¡Stop Uribe!"- sea reproducido de manera tan entusiasta por la "Red Resistencia", la página oficial de las Farc en Internet.
No deja de ser paradójico que cuando un Presidente ha logrado niveles sin precedentes de respaldo popular por sus logros en materia de seguridad ciudadana, se pretenda desacreditarlo de esta manera ante el mundo. Como si no contaran para nada los derechos humanos de esa vasta mayoría de colombianos que apoya su gestión. Como si la notable reducción del último año en atentados terroristas (49 por ciento), secuestros (32 por ciento), extorsión (19 por ciento), homicidios (20 por ciento) y voladuras de torres de energía (32 por ciento) no significaran un enorme avance en garantías ciudadanas en un país que venía sometido al terror e intimidación de unos grupos armados que no tienen el menor respeto por la libertad, la vida o los bienes de la población.
La situación de violencia y crisis humanitaria que vive el país sigue siendo crítica, es cierto. La guerrilla no ha cejado en su propósito de secuestrar personas de todas las condiciones, dinamitar puentes y torres y asesinar funcionarios y miembros de la Fuerza Pública. Los grupos paramilitares, que dicen estar en cese de hostilidades, no han suspendido sus asesinatos selectivos en las regiones donde pretenden consolidar un control político. Las masivas redadas contra militantes y colaboradores de la guerrilla (más que contra los 'paras') se han prestado para excesos y abusos de autoridad. Y hay vastos territorios -en la Costa Atlántica, por ejemplo- donde los paramilitares ejercen una especie de silenciosa dictadura del miedo.
Son problemas que no se pueden negar y que se han acumulado a lo largo de muchos años de ineficiencia del Estado. Tampoco se puede estigmatizar a tantas ONG interesadas en construir un cuadro más equilibrado de la realidad colombiana. Pero desconocer que en los 17 meses que lleva este Gobierno se ha avanzado como nunca antes en el empeño de garantizar la seguridad ciudadana y de mejorar el accionar de las Fuerzas Armadas, es tan inadmisible como injusto. Por eso, dejan tan mal sabor campañas parcializadas y manipuladas como las que se proponen desde el seno de ciertas ONG radicales cuyo discurso cae en lugares comunes y ofensivas arengas contra la dignidad de un país, que, pese a serios problemas, tiene una larga tradición democrática y unas instituciones que no están pintadas en la pared.
El viaje de Uribe a Europa el 8 de febrero tiene, en fin, una importancia que va mucho más allá de lo simbólico o protocolario.
Requerirá por eso de una preparación adecuada que transmita un mensaje claro y transparente. Lo cual, en temas tan espinosos como la legalización de los 'paras' y el estatuto antiterrorista, obliga a tener no solo mucha habilidad política, sino argumentos convincentes. Porque un discurso ambiguo o flojo sería alimento para los hambrientos críticos de Uribe.
[Fuente: Editorial de El Tiempo, Bogotá, Col, 31ene04]
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