Desplazamiento y Violencia
Un país que huye

Capítulo XVII

Primer Semestre 1998


Más violencia, más desplazados

Una población estimada en 148.240 personas, que componen 29.448 hogares, fue desplazada durante el primer semestre de 1998 por múltiples acciones de violencia, en un hecho grave que agudiza el problema del desplazamiento forzado y repercute en la crítica situación de derechos humanos en Colombia.

Entre los hechos violentos que generan desplazamiento individual, familiar y éxodos en masa, tiene relevancia la ocurrencia de alrededor de 17 masacres con un saldo de 276 víctimas (1), que en su gran mayoría son atribuidas a grupos paramilitares. Así mismo, inciden en las migraciones forzadas los enfrentamientos armados, las acciones de "presencia" de los protagonistas de la confrontación y los anuncios de masacres que terminan en hechos de terror.

Este proceso de degradación del conflicto se mide por su incidencia negativa en la población civil ajena a la confrontación y, particularmente, en los campesinos pobres sometidos a una dinámica perversa de despojo de tierras e intentos de homogeneización política que se sustenta en intereses diversos de quienes acuden a la violencia para lograr sus fines.

No han prosperado en la práctica las propuestas de acuerdos humanitarios o humanización de la guerra y, por el contrario, el país asiste con asombro al recrudecimiento de la violencia en medio
de la impunidad y la impotencia y precariedad del Estado para garantizar la vida de los colombianos.

En este semestre se observa un incremento de las acciones de guerra contra la población civil, en lo que parecería una de cisión preconcebida de desconocer las normas del derecho humanitario, desafiando a la sociedad y a la comunidad internacional.

La disputa por territorios de los grupos paramilitares o de autodefensas sigue su curso en medio de masacres, asesinatos y éxodos en casi todo el territorio nacional. Los movimientos guerrilleros son acusados de asesinatos, secuestros y amenazas contra la población civil en sus zonas de influencia. Las Fuerzas Militares mantienen, en algunos casos, actitudes hostiles contra los pobladores de las zonas de conflicto que califican de auxiliadores de la guerrilla o de no colaborar con la Fuerza Pública. Todas estas formas de presión de los actores armados generan desplazamiento y atentan contra los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los afecta dos (ver Codhes Informa No 16).

El desplazamiento es un problema estructural ligado al conflicto armado interno que debe ser considerado en los escenarios de diálogo y negociación que se inician con el nuevo gobierno.

La superación del conflicto armado es la principal forma de prevención del desplazamiento forzado que, sin embargo, debería ser evitado sí los actores armados deciden respetar a la población civil mientras logran consolidar lo que se advierte como un prolongado y complejo proceso de paz.

Entre tanto miles de hogares colombianos siguen huyendo de los horrores de la confrontación y se dispersan por el territorio nacional en medio de la desprotección, la marginalidad y la precaria atención de un gobierno que tiene en su balance social la existencia de 726.000 nuevos desplazados en Colombia entre agosto de 1994 y junio de 19982 (2).

Colombia: territorio de desplazados

Un seguimiento a los mapas de expulsión y llegada de población desplazada indica que en los últimos diez años este fenómeno migratorio cubre prácticamente todo el territorio nacional y representa una manifestación de la expansión y agudización del conflicto armado interno.

Nuevas zonas del país, como Nariño, Guajira, Quindío, Caldas, Risaralda Nariño y Tolima, en menor o mayor proporción, empiezan a presentar situaciones críticas por el alto número de población desplazada.

En el primer semestre de 1998 se confirma esta tendencia de expansión e incremento del desplazamiento y pone en entredicho la política de prevención, protección, atención y consolidación socioeconómica del gobierno saliente.

En este número de Codhes Informa se presenta el primer informe del Sistema de Monitores del Sisdes, con información georeferenciada y gráficos que dan cuenta de la tendencia y comportamiento del desplazamiento en los últimos seis meses, con algunas observaciones relevantes en diversas regiones del país.

Tabla 1. Comportamiento del desplazamiento forzado en Colombia 1994-1998 (junio 30)
1994 (*) 50.000
1995 89.000
1996 181.000
1997 257.000
1998 148.240
(*) datos correspondientes al segundo semestre de 1994. Fuente: Codhes-Sisdes

El departamento de Cundinamarca, y en especial Bogotá, sigue siendo el principal centro de llegada de desplazados de diversas regiones del país. A la capital de la República se estima que llegaron 29.500 personas en un proceso de desplazamiento individual y familiar que se asienta en zonas periféricas en condiciones de alto riesgo y en circunstancias de pobreza absoluta. Sólo el centro de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá atendió 1.100 desplazados en tanto que la Personería Distrital advierte sobre más de 7.000 personas (3) que llegaron a esa dependencia en busca de protección y las parroquias y comunidades religiosas de zonas subnormales de la ciudad reportan diariamente un promedio de 25 hogares que llegan en busca de refugio a la capital del país. Es evidente el incremento de la población desplazada, cuya situación de desespero se advierte en diversas acciones de presión ante oficinas públicas en busca de medidas urgentes y reales de atención y protección.

En Cundinamarca se registran casos atípicos de crecimientos demográficos vinculados. en algunos casos, al desplazamiento forzado. Alrededor de 15.750 personas se asentaron durante el primer semestre en municipios como Soacha, Girardot, Fusagasugá y, en menor proporción, en las cabeceras municipales de Viotá, Fosca, Beltrán, Fómeque, Jerusalem, Apulo y Usme (4). Se mantiene una situación de riesgo en municipios como Medina y Paratebueno (5).

A Medellín llegaron aproximadamente 1.700 familias que integran 8.500 personas, que además de la pobreza y el deterioro evidente de su calidad de vida, enfrentan problemas de seguridad por la decisión de algunos actores armados de prolongar la persecución de los desplazados hasta los sitios de asentamiento. (6) A ellos se suman alrededor de 20.500 personas que huyen de las acciones violentas de grupos paramilitares y de autodefensa, de frentes guerrilleros y de zonas de combate entre la insurgencia y la Fuerza Pública y se asientan en municipios y poblaciones del área metropolitana, el nordeste, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el sur oriente, el sur oeste y Urabá (7). Además de los éxodos en masa que caracterizan el desplazamiento en Antioquia, persiste la tendencia del desplazamiento anónimo, individual y familiar que se conoce a través de la Iglesia y de organizaciones comunitarias y no gubernamentales que adelantan su trabajo en las zonas más deprimidas de la capital de Antioquia.

Otra región con un incremento considerable del número de desplazados es la Costa Caribe de Colombia. En el primer semestre llegaron desplazadas a los siete departamentos que integran esta región, aproximadamente 30.000 personas provenientes de las zonas de conflicto armado de la Costa y de departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó y, en algunos casos, de departamentos del sur del país como Meta y Guaviare (8).

En el sur del país se presentan nuevos casos de desplazamiento forzado como consecuencia de las acciones de grupos paramilitares y de autodefensa que disputan con la guerrilla territorios de departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. La masacres de Puerto Alvira y los asesinatos selectivos en Putumayo generaron en los primeros seis meses del año éxodos hacia las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Puerto Asís y Pasto (9).

En el departamento del Chocó se presenta la doble condición de expulsión y recepción de desplazados. El éxodo de Riosucio que expulsó de sus tierras a 15.000 campesinos y se extiende hacia municipios como Carmen del Atrato, tiene dimensiones similares al desplazamiento masivo ocurrido en el Urabá antioqueño entre 1995 y 1997 y la capital del departamento, Quibdó, es epicentro de la concentración dramática de quienes buscan refugio (10).

Los últimos acontecimientos de guerra ocurridos en el departamento del Caquetá (11), y la presencia de grupos paramilitares en la zona (12), incidieron en el desplazamiento de miles de campesinos en una zona en donde se registra una alta intensidad en el conflicto armado con repercusiones sobre la población civil.

En la zona del eje cafetero integrada por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío se cumplen las advertencias formuladas en el estudio de la Conferencia Episcopal sobre flujos migratorios de las zonas de violencia, en especial del sur del país, hacia esa región afectada por la crisis socioeconómica de la industria cafetera (13).

La Defensoría del Pueblo del Quindío adelanta un seguimiento al problema y desarrolla acciones de protección a la población desplazada (Trabajo de campo de Codhes). También se destaca en este mapa del desplazamiento el departamento del Tolima, que ha sido escenario de diversas acciones de violencia atribuidas a los grupos guerrilleros y a la presencia reciente de grupos paramilitares, especialmente en la zona sur. (14)

Finalmente, en este apretado resumen, hay que destacar la situación de inseguridad, violencia y desplazamiento que se registra en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá y Ecuador como consecuencia de las acciones armadas en Urabá y Putumayo que, además de crear una situación de zozobra en las fronteras, generan desplazamiento de población civil hacía territorio de estos países vecinos, lo que ha motivado más un tratamiento de orden público y seguridad nacional que una respuesta humanitaria, como se establece en las normas internacionales para refugiados (15).

La tendencia del desplazamiento forzado es crítica y se requiere de un gran esfuerzo para prevenir sus causas, atender a los desplazados y planificar una estrategia seria de recuperación socio económica y psicosocial de los afectados. Una nueva política para desplazados que esté integrada a un plan de paz y que surja de la concertación y el esfuerzo común del Estado, la sociedad y la comunidad internacional.

Nota:
Los datos aquí consignados corresponden al Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes) de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. Se trata de información aproximada dada la dificultad para obtener datos precisos de esta población. La información se obtiene a partir del trabajo de campo de investigadores de Codhes, de la base de datos de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la
Arquidiócesis de Bogotá, de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali, de la Comisión de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Cartagena, de la Diócesis de Duítama y Sogamoso, de la Diócesis de Apartado, de la Arquidiócesis de Ibagué, de la Comunidad de Hermanas Scalabrinianas, de diversas oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo, de la Personería de Medellín, del programa de atención a niños y niñas desplazados de Unicef en Urabá, de organizaciones de desplazados y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajan con poblaciones desplazadas y del centro de documentación y prensa de Codhes. Agradecemos la colaboración de los bancos de datos del Cinep, de Justicia y Paz y del Comité Permanente para los Derechos Humanos.

Cuadro 2. Monitoreo primer semestre de 1998
Departamento Hogares Personas
Antioquia 4.100

20.500

Arauca 180 900
Atlántico 1.380 6.900
Bogotá 5.900 29.500
Bolívar 1.410 7.050
Boyacá 215 2.075
Caldas 214 1.070
Cauca 375 1.875
Caqueta 520 2.600
Casanare 150 750
Cesar 1.268 6.340
Córdoba 630 3.150
Cundinamarca 3.150 15.750
Chocó 960 4.800
Guajira 125 625
Guavaire 80 400
Hulla 94 470
Magdalena 893 4.465
Medellin 1.700 8.500
Meta 658 3.290
Nariño 187 935
N. de Santander 450 2.250
Putumayo 110 550
Quindio 98 490
Risaralda 61 305
Santander 1.680 8.400
Sucre 980 4.900
Tolima 580 2.900
Valle del Cauca 1.300 6.500
Total 29.448 148.240


Notas:

1. Sistema de información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos, Sisdhes- Codhes , 1998.

2. De acuerdo con la Conferencia Episcopal y con el Sistema de Información sobre desplazamiento y Derechos Humanos (Sisdes), entre agosto y diciembre de 1994 se registró el desplazamiento de aproximadamente 50.000 personas; en 1995, de 89.500; en 1996, de 181.000; en 1997, de 257.000 y, en el primer semestre de 1998, de 148.240.

3. El desplazamiento hacia la capital del país ha motivado la preocupación de la iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Concejo Distrital sin embargo, la alcaldía de la ciudad
mantiene una política de avestruz frente a un fenómeno cuyas incidencias sociodemograficas de derechos humanos es imposible desconocer. Inicia Labores Comité para Desplazados. El Tiempo, 12 de junio de 1998, pagina 2D.

4. Ver informe de ICBF Regional Girardot y Taller de vida sobre desplazados en las provincias de Sumapaz y Tequendama, en el departamento de Cundinamarca.

5. Estos dos municipios están Incluidos en el informe de Alerta Temprana presentado por Codhes en mayo de 1998.

6. Un hecho significativo lo constituye el secuestro y posterior asesinato de 7 personas desplazadas en el Barrio El Piñal, municipio de Bello, ocurrido a pesar de las peticiones de protección formuladas ante las autoridades por parte de la comunidad [Desplazados del Piñal piden protección, El Colombiano, 9 de mayo de 1998 Otro hecho preocupante ocurre con los desplazados del Magdalena Medio concentrados en Yondó, que han denunciado reiteradamente el peligro de una masacre por parte de grupos paramilitares (Yondó: El siguiente en la lista de los "Paras"? , El País, 9 de junio de 1998. En el caso de los desplazados en Turbo y de los retornados de Pavarandó a Villahermosa, municipio de Riosucio, Chocó, en enero de 1998 la comunidad y la iglesia denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de grupos paramilitares (Visita de Codhes y Unicef a la zona)

7. En el municipio de Liborina se concentraron 705 desplazados tras la masacre del 11 de mayo de 1998, que dejó como saldo 9 campesinos muertos y el éxodo de la población de las veredas Los Peñoles y los Sauces hacia el corregimiento de San Diego. Pocos días antes, el 23 de abril, un grupo paramilitar incursionó en el corregimiento de Encarnación, municipio de Urrao, y asesinó a 23 labriegos y provocó otro éxodo en masa. En los barrios La Divisa. Aures, Moravia, Bostón, Sucre, villatina, Alto de la Cruz. Calcedo, San Javier, Llanaditas y la Quebrada. se concentraron otros 3750 desplazados provenientes en su mayoría del municipio de Dabeiba, escenario de enfrentamientos entre la guerrilla v el Ejército y recientemente, de presencia paramilitar (El Colombiano. 15 de mayo de 1998.

8. A Barranquilla llegaron 6.800 personas desplazadas, según un precenso elaborado por la administración distrital con el apoyo de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales (La Libertad, 14 de mayo de 1997). En la Guajira se denuncia la presencia de grupos paramilitares y el crecimiento de desplazados en Riohacha y Maicao. En Magdalena crece el desplazamiento de campesinos de la zona bananera hacia Santa Marta, Ciénaga y Fundación; y se hace cada vez más evidente en poblaciones como El Banco y Ariguaní (Trabajo de campo de Codhes), Bolívar es uno de los departamentos con mayor crecimiento de población desplazada. Así se advierte en Cartagena, en donde la Sección de Movilidad Humana de la Arquidiócesis ha señalado un crecimiento atípico de zonas marginales urbanas como consecuencia de la presencia de desplazados del sur de Bolívar, la región de los Montes de María, Córdoba, Chocó y Sucre. También hay asentamiento de desplazados en Magangué, Carmen de Bolívar, San Jacinto, Simití, Tiquisio, Montecristo y San Pablo (Entrevistas de Codhes con Cira Velázquez de la Unidad de Seguridad Ciudadana, Prevención y Atención de Desastres del departamento de Bolívar y Mercedes Maturana de la Oficina de Atención a Desplazados en Cartagena, marzo de 1998). En Sincelejo, la Diócesis, la Comisión Inter congregacional de Justicia y Paz y la Cruz Roja informa ron sobre el desplazamiento de 907 familias asentadas en su mayoría en Sincelejo, Corozal, Ovejas, Chalán, Morroa, Los Palmitos y Colosó (El Heraldo, 25 de mayo de 1998). El alcalde de San Benito, Abad Manuel Cadrasco Salcedo, informó el 8 de junio sobre el éxodo de 102 familias como consecuencia de una incursión de la guerrilla que asesinó a dos personas y secuestro a otras cinco (El Tiempo, 13 de junio de 1998). La información en Sucre no es fácil por la solicitud permanente de datos sobre desplazados por parte de los organismos de inteligencia militar (Entrevista de Codhes con Defensoría del Pueblo y Alcaldía de Sincelejo, marzo de 1998). En Córdoba se producen nuevos éxodos de población proveniente del Nudo del Paramillo en la zona del Alto Sinú, limites con Antioquia y epicentro de enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. El éxodo se concentra en los municipios de Montelibano y Puerto Libertador y ha creado una nueva situación de emergencia en un departamento que ha sido tradicional escenario de desplazamiento y violencia (Trabajo de campo de Codhes).

9. En Puerto Alvira, corregimiento del municipio de Mapiripan, se registró el 4 de mayo una masacre atribuida a paramilitares que dejó como saldo 20 campesinos muertos y el éxodo de
la población. La masacre había sido advertida por diversos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo. Otras poblaciones como La Cooperativa, escenario de otra masacre realizada diez meses atrás, también fueron evacuados (Revista Semana, mayo 11 de 1998). El mismo mes de mayo se registró un éxodo de 500 campesinos al municipio de El Castillo, para exigir seguridad frente a amenazas de grupos paramilitares (El Tiempo, 21 de mayo de 1998). En Puerto asís y, en general en los municipios que integran el Bajo Putumayo, se registraron más de 200 muertes violentas en los primeros cuatro meses del año y luego de la denuncia sobre presencia de grupos paramilitares en la zona. Estos hechos motivaron el desplazamiento de población hacia el departamento de Marino y hacia la Provincia de Sucumbíos en el vecino pais del Ecuador (El Tiempo, 13 de febrero 1998; visita de Codhes, marzo y junio de 1998).

10. Al finalizar junio un grupo paramilitar obligó a 200 campesinos a desalojar la vereda Guaduas, en el municipio de Carmen del Atrato, y el 11 de junio el mismo grupo había presionado a 300 indígenas del Resguardo Sabaletas para que abandonaran sus casas y sus tierras (El Colombiano, 3 de julio de 1998, pág. 12).

11. El 3 de marzo de 1998 el Bloque Sur de las Farc atacó a la Brigada Móvil Numero 3 en el sitio conocido como El Billar, causando 70 bajas a los militares, reteniendo a otros 43 y provocando el éxodo de la población.

12. Al finalizar el mes de marzo de 1998 un grupo, al parecer paramilitar, asesinó a cinco personas en la vereda Alto Consavá del municipio de Solano v el Consejo Regional Indígena del Orteguaza denunció que 25 indígenas fueron asesinados y otros 60 de esa mismo región se encuentran amenazados de muerte (El Tiempo, 27 de marzo de 1998, pág. 10A), Los desplazamientos masivos que se han dado en los últimos meses se registraron en Remolinos del Caguán en donde, por la militarización del caserío luego de la liberación de los soldados retenidos en Las Delicias, un total de 471 personas se refugiaron en la zona urbana de Cartagena del Chaira. Posiblemente para controlar el ingreso de paramilitares en la región la guerrilla ha intensificado los retenes y sus acciones de "presencia" en las zonas rurales de San Vicente del Caguán. Sin embargo, se conoce la presencia de hombres armados en Troncales, Pescador y Honduras en jurisdicción del mismo municipio. (Informe de trabajo de campo de Codhes, junio de 1998).

13. Un seminario de personeros del suroccidente del pais, realizado en Manízales la primera semana de junio, alertó sobre el crecimiento de los desplazados. Según los personeros, al Quindío han llegado 500 familias y en Risaralda hay 5.000 desplazados, algunos de los cuales provienen de los municipios de Pueblo Rico, Quinchía y Guática (El País, 6 de junio de 1998).

14. En esta zona del país se encuentran asentados desplazados del sur del Cesar y de algunas regiones de Cundinamarca. Las autoridades locales han expresado su preocupación por la decisión del gobierno de asentar desplazados en este departamento sin una política de concertación. La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Ibagué adelanta una labor de atención a los desplazados cuyo número tiende a crecer, Según la Secretaría de Gobierno departamental, se calcula que hay 1.500 desplazados en los municipios de Roncesvalles, Rioblanco, Ataco, Icononzo, Planadas, Chaparral, Armero Guayabal y en el barrio Ambalá y la hacienda La Miel, en la ciudad de Ibagué.

Según el comandante de la Sexta Brigada, el frente XXI de las Farc mantiene una presión sobre las poblaciones de El Espejo y Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco, y ha conminado a la población a abandonar la zona (Tolima 7 días, 1 de julio de 1998). Sin embargo, un memorial de 7.000 firmas de 100 veredas de los municipios de Rioblanco y Planadas rechaza "la participación de civiles que actúan contra los demás civiles en los enfrentamientos armados dirigidos por la
Fuerza Pública, que han asesinado a un alto número de campesinos acusándolos de guerrilleros".

El mismo documento sostiene que las Convivir patrullan con el Ejército y "han cometido atracos donde han dejado a comerciantes, campesinos y transportadores en la ruina" (Nuevo Día, 8 de mayo de 1998). El pasado 7 de junio los desplazados de La Miel denunciaron actos hostiles de hombres armados que motivaron la intervención de la Defensoría del Pueblo (Tolima 7 días, 8 de
junio de 1998).

15. Recientemente se denunció en Panamá el desplazamiento de un número no precisado de familias campesinas pobres que huyen de los paramilitares en la zona de Urabá y se ubican en la zona selvática del Darién panameño (El Siglo, 16 de junio de 1998). Una situación similar se registró en 1997 y motivó una misión humanitaria al vecino país para exigir un tratamiento humanitario de ambos gobiernos que, sin embargo, procedieron a la repatriación involuntaria de varios colombianos hacia Bahía Cupica en el departamento del Chocó (Ver Catines infamia N 10, noviembre de 1997). En la zona limítrofe con Ecuador se han registrado casos de desplazamiento que motivaron una propuesta de acción humanitaria binacional liderada por Unicef y el Instituto Nacional del Niño y la Familia del Ecuador (INNFA).

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