Un País que Huye

Capítulo XXII
Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)

El éxodo forzado de población del campo a la ciudad es hoy una realidad que trasciende los flujos migratorios tradicionales económicos y se convierte en un problema estrechamente ligado al conflicto armado interno. En este sentido es una consecuencia de la vulneración de los derechos humanos y del derecho humanitario que afecta principalmente a los asalariados agrícolas y a los pequeños y medianos propietarios, quienes son obligados a abandonar las zonas rurales del conflicto (creando ya un problema parala economía nacional), para trasladarse a centros urbanos e incidir demográficamente en escenarios desconocidos en donde se hace evidente su desarraigo y se multiplican los problemas sociales.
En consecuencia, el seguimiento de los Hogares con Vínculos Rurales (HVR) sometidos al desplazamiento en el marco de la guerra irregular que vive el país y de otras manifestaciones de violencia, especialmente la que nace del conflicto social por la tenencia y explotación de tierra, se convirtió en un componente específico de la investigación estadística y social que adelantan Codhes desde 1995.
Este trabajo de investigación, realizado por Flor Edilma Osorio y Fabio Lozano, es la continuación de esta observación sistemática del problema de los campesinos desplazados por violencia en Colombia y aporta un análisis comparativo de las tendencias y comportamientos del fenómeno en los últimos tres años.
Al publicar el informe final de este estudio, Codhes agradece a la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos la contribución que hizo posible su realización y reafirma el propósito de que este análisis y sus recomendaciones contribuyan a generar políticas efectivas que frenen el desplazamiento forzado y, en todo caso, garanticen la restitución de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de quienes perdieron parte de su esperanza.
Contenido
Introducción
Las condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia

El modelo capitalista y su ajuste estructural de la economía
La contrarreforma Agraria
Las inversiones infraestructurales para una modernización de la economía
La supervivencia del campesinado y la destrucción de la organización campesina
El avance de una cultura de administración moderna (Desarrollo Institucional)
Los actores del conflicto
6.1. Los Paramilitares
6.2. Las guerrillas
6.3. Las fuerzas del Estado
6.4. El narcotráfico

Tendencias que caracterizan los hogares rurales desplazados en Colombia: una aproximación a partir de las estadísticas

Advertencia metodológica
Características de los hogares desplazados con vínculo rural, HVR
2.1. La población rural, la más afectada
2.2. Características de los hogares con vínculo rural desplazados: composición, distribución etárea y jefatura.
2.3. Los paramilitares principales causantes de desplazamiento de población rural
2.4. El miedo y las amenazas
2.5. La destrucción de los procesos socio económicos
2.6. Cambios en los procesos de desarrollo local

La atención de la población desplazada en zonas rurales

Contexto de la atención institucional para la población desplazada
La reubicación de población desplazada en zonas rurales. Algunos elementos de análisis
2.1. Características el desplazamiento
2.2. Características de la organización
2.3. Relación con la comunidad de llegada
2.4. Condiciones de explotación de los nuevos asentamientos
2.5. Acompañamiento institucional del proceso

Reflexiones sobre alternativas para la acción

Diez estrategias de acción frente al desplazamiento de población rural
1.1. Comunidades y espacios territoriales de paz
1.2. Reforma de las Fuerzas Armadas
1.3. De frente a los paramilitares
1.4. De frente a la guerrilla
1.5. Unidades especiales de investigación, juicio y condena de los responsables del desplazamiento
1.6. Control de los procesos económicos alrededor de tierras y ganados
1.7. Apoyo a planes de desarrollo rural y urbano
1.8. Exigencia de inversión social de los proyectos infraestructurales
1.9. Red de colaboración para el apoyo a los desplazados y equipos interdisciplinarios e interisntitucionales de acompañamiento
1.10. Programa de investigación y estudios
Notas sobre aspectos concretos de la acción frente al desplazamiento
2.1. Con respecto a criterios generales
2.2. Con respecto a la emergencia
2.3. Sobre la satisfacción de necesidades básicas
2.3.1. En salud
2.3.2. En educación
2.3.3. En vivienda
2.3.4. En trabajo

2.4. Sobre la investigación
2.5. Sobre la capacitación de agentes de acompañamiento y apoyo a los desplazados

Bibliografía
Introducción

El desplazamiento forzado en Colombia, y muy especialmente el de los pobladores rurales, se define en los últimos años por un doloroso contraste entre la palabra y la realidad, entre los discursos y las acciones, entre las intenciones y los hechos.
Se percibe, por una parte, una corriente dinámica de reconocimiento y asunción del problema, que se expresa en los discursos de los políticos frente al desplazamiento y a la situación del campesinado en el país; en las múltiples denuncias de los medios de comunicación y de las organizaciones no gubernamentales sobre los hechos de violencia y desplazamiento; en la elaboración de leyes y documentos orientadores de políticas frente al desplazamiento; en la fuerte intervención de agencias internacionales para presionar el cumplimiento de los Derechos Humanos; en la promesa de recursos para el auxilio a los migrantes forzados; en la multiplicación de instituciones gubernamentales para la atención a desplazados; en las jornadas cívico militares de supuesta recuperación de terreno y protección a los desplazados; en el discurso de los actores armados que pretenden defender los intereses de los campesinos; en la realización de diferentes eventos de carácter académico sobre el tema; en el esfuerzo terco de mujeres y hombres de todas las edades que, como forma básica de resistencia, intentan la reconstrucción de sus vidas o por lo menos la sobrevivencia en las solidaridades y celebraciones cotidianas.
Pero, al mismo tiempo, se han multiplicado las familias que han tenido que huir de sus ranchos y sus sembradíos por la persecución de los actores armados; se repite impunemente el hecho de que muchas viudas se vean forzadas a entregar las tierras que sus asesinados maridos les dejaron en teoría, con base en un papel o una tradición; se establece el miedo y el sometimiento de muchos campesinos que se callan y tratan de sobrevivir bajo el poder de los nuevos dominadores; han sido asesinados o se encuentran amenazados los líderes de pobladores que han buscado la paz y reclaman su derecho a no apoyar a los actores armados; se continúan haciendo enormes inversiones en armas y en la logística de la guerra; miles de desplazados continúan sin atención y a sus angustias han debido sumar el drama de las exigencias burocráticas, de las discriminaciones y desconfianzas, de las represiones ante sus reclamos.
¿Por qué este contraste?. Nos permitimos pensar que el problema del desplazamiento no ha sido comprendido y enfocado adecuadamente, que es necesario redoblar nuestros esfuerzos en una investigación activa que lleve a mejores alternativas. En este esfuerzo, que sabemos compartido por varias personas e instituciones, se ubica este trabajo que busca analizar la situación del desplazamiento en Colombia, durante tres años consecutivos, de 1995 a 1997, teniendo una mirada privilegiada sobre los Hogares con Vínculos Rurales (HVR).
Agradecemos a la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos por su apoyo económico y a Codhes por haber nos confiado la tarea. Pero, muy especialmente, queremos agradecer a las personas desplazadas que se arriesgaron a confiar en nosotros y nos permitieron conocer sus experiencias y acompañarlas en sus inciertas búsquedas.
Pese a que el estudio centra su atención en un grupo poblacional, no desconoce a las otras poblaciones que se encuentran en la misma situación, sino más bien busca los elementos que confieren cierta diferenciación de los grupos, diferencias que exigen así mismo estrategias y procesos de intervención distintos.
El estudio no pretende una reflexión completa sobre la dinámica de violencia y la participación de los actores armados. Es un trabajo que responde a otros objetivos. Dicha violencia se asume aquí como escenario fundamental que, junto con el modelo de desarrollo económico y con otros factores, posibilita una dinámica retroalimentadora del conflicto. Igualmente, y en términos de la intervención del desplazamiento, no se refiere de manera particular a la prevención de éste, sino a las etapas posteriores de emergencia y de consolidación.
El texto se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace una rápida aproximación a las condiciones en las que se desarrolla el desplazamiento de la población rural. Se pretende plantear allí que el juego de esas condiciones genera y caracteriza el desplazamiento, y que sólo mediante una intervención en ellas es posible ofrecer una respuesta adecuada tanto en el orden preventivo, como en la atención de emergencia y en la reconstrucción socioeconómica.
En el capítulo segundo se hace una caracterización del desplazamiento de los hogares con vínculo rural, a partir de fuentes estadísticas del Sistema de Informa ción sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes), de Codhes, en los últimos tres años. Las tendencias están referidas a flujos de población, características de las y los desplazados, en términos de las dinámicas anuales, y de la comparación de los Hogares con Vínculos Rurales (HVR) con aquellos que no tienen dicho vínculo. Este aparte finaliza con algunas reflexiones en torno a los cambios que se producen con el desplazamiento tanto en las sociedades locales de salida como en las de llegada.
El capítulo tercero se ocupa de la intervención institucional frente al desplazamiento. Luego de una rápida mención a los cambios normativos e institucionales que se han producido en el nivel gubernamental, se pasa a mirar los recientes procesos de reubicación de grupos de familias desplazadas,. Para ello se hace un análisis comparativo de tres casos de procesos de organización y reubicación de población desplazada en zonas rurales en diferentes regiones del país, en la época pertinente. Los estudios de caso se ubican en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba y Tolima. Finalmente, en el capítulo cuarto se plantean algunas reflexiones sobre pistas y criterios de acción ante la problemática.
Intentamos acercarnos al problema del desplazamiento desde la convicción de que dicho fenómeno, así como el de la violencia que lo genera, requiere ser estudiado en el marco de la interacción de grupos sociales en espacios y territorios de terminados y desde una perspectiva histórica que permita comprender un poco mejor los complejos entramados. Nos permitimos adjuntar en esta introducción una pequeña síntesis de la evolución del problema en los años más recientes.
Dentro del creciente y permanente desplazamiento que se venía constatando desde mediados de los años 80, cuyo mayor volumen corresponde a los desplazamientos individuales y familiares, en los últimos tres años se ha incrementado y adquirido relevancia política y social el desplazamiento masivo⁽¹⁾. En ocasiones este desplazamiento masivo es organizado, lo cual implica una capacidad de negociación frente al Estado y las ONGs, pero en muchos casos la movilización no tiene ninguna organización y sucede simplemente como desbandada ante una amenaza inminente.
Las instituciones tanto del Estado como de los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, han prestado por razones de facilidad mayor atención a estos desplazamientos masivos. Pero el grueso de la población desplazada está quedando sin protección y socorro debido a su dispersión. Ligada a ese incremento del desplazamiento masivo, se ha dado una mayor atención social frente al problema. Mientras muy aisladas voces se referían hace apenas una década al desplazamiento y trataban de llamar la atención de la sociedad, hoy el problema se volvió una moda. Ello ha tenido varios efectos y diversas implicaciones, la mayoría de las cuales son positivas.
Por una parte, la insistencia de las ONGs y la característica masiva del fenómeno se han retroalimentado, logrando captar mayor atención de los medios de comunicación y de las autoridades en los distintos niveles, así como de la opinión pública nacional e internacional. Todo esto ha favorecido una mayor expresión de la situación de desplazado, generando en algunos casos cierta nueva identidad que, sin embargo, no siempre escapa a la estigmatización y no garantiza la atención.
El desplazamiento se ha ido convirtiendo en un espacio de participación política, bien sea porque organizaciones de desplazados y ONGs asumen diversas formas de presión ante el Estado, entre las que se cuenta la presión internacional; bien sea porque los gobiernos, a su tumo, han buscado legitimarse nacional e internacionalmente mostrando acciones ante el desplazamiento o tratando de negar la magnitud del problema. Al desplazamiento selectivo de los miembros de organizaciones y partidos políticos se añadió un desplazamiento colectivo e indiscriminado de poblaciones enteras de un territorio determinado. El carácter masivo del desplazamiento ha sido fruto de la estrategia de control territorial que están empleando los grupos armados.
Dentro de estos desplazamientos colectivos se han visto afectados diversos grupos étnicos tanto de indígenas como de comunidades negras, con lo cual el problema, además de tener implicaciones económicas y políticas, hace relación a la identidad cultural y al tipo de organización propio de estos grupos. Las estrategias de atención de estos grupos adquieren características particulares que es necesario tener en cuenta.
Otro hecho destacable fue el paso de la frontera de algunos desplazados, con lo cual el problema adquirió connotaciones internacionales y debió haberse solucionado, dentro del derecho internacional, como un caso de refugiados. Sin embargo, en la práctica esto no se ha dado, como se ve en el caso de Panamá⁽²⁾. El desplazamiento en las fronteras con Venezuela y Ecuador, pese a mantener su vigencia, no ha tenido la suficiente atención.
Dentro de las iniciativas de los desplazados, existe una enorme variedad de formas de manejo de su solución, según las circunstancias de cada lugar. Se ha destacado en algunos medios de comunicación la gestión de las denominadas comunidades de paz. Vale la pena destacar este mecanismo de reconstrucción social, que propone una alternativa en la que se asume conscientemente una posición de independencia y autonomía frente a los actores armados. Su viabilidad y sus posibilidades de reproducción constituyen un serio interrogante. Igualmente, existen otras formas de organización y de expresión de los desplazados a favor de la paz y como reclamo a sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad, cuyas características requieren suficiente análisis.
Dentro de estas últimas es necesario estudiar, por ejemplo, los retornos, las reubicaciones individuales o grupales en terrenos rurales y en terrenos urbanos, así como las formas de presión ante los organismos del Estado.

Las condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia

Es bastante común señalar el origen del desplazamiento forzado por violencia en la lucha fratricida de unos grupos armados que intentan ejercer el control militar de diversas zonas del país. Esta comprensión, inicialmente cierta, es insuficiente. Si se pretende influir en la definición de políticas y criterios de acción realistas frente al problema, es necesario considerar más amplia y profundamente el contexto económico, social y político del creciente fenómeno de desplazamiento. Es decir, se requiere dejar de considerar que la expulsión de miles de familias de sus tierras y sus viviendas en todo el territorio nacional se deben, únicamente, a actos aislados de grupos al margen de la ley y al margen de los procesos de construcción de la sociedad.
La violencia y el desplazamiento sólo se explican dentro de las complejas relaciones en un sistema en el que varios elementos de naturaleza económica, cultural, social, política y militar crean una serie de condiciones propicias y caracterizadoras de dichos fenómenos. A esas condiciones, se añaden decisiones personales y colectivas con intereses igualmente complejos. No se puede entonces señalar una sola causa. Es necesario tratar de entender el problema en el conjunto de condiciones explicatorias dentro de un sistema y a ello agregar el juego de las libertades humanas⁽³⁾. En otros términos, no vamos a tratar de precisar las causas del desplazamiento forzado por violencia sino de entender las condiciones en las que ésta se produce, se mantiene y adquiere características particulares.
A nuestro modo de ver, el desplazamiento forzado de campesinos está, por una parte, en estrecha relación con la aplicación de un modelo económico que premia la acumulación de capitales, privilegia la industria, el comercio y la organización empresarial, y que requiere determinadas obras de infraestructura en el campo de vías, transportes y generación de energía. Dichas obras no sólo demandan mano de obra barata, espacios y recursos geográficos y formas de dominio territorial o por lo menos de garantías de seguridad, sino que producen una valoración diferente de los territorios y de los recursos naturales. En ese ambiente, algunos sectores impulsan acciones armadas con el fin de apropiarse de terrenos y ganados y ubicarse en las zonas en las que las obras de infraestructura se están construyendo o van a iniciarse. Así, el modelo económico capitalista no explica en sí mismo las expresiones de violencia y conflicto armado en particular, pero la inserción de dicho modelo es conflictiva, crea condiciones y exigencias que propician la violencia, se nutre de ese conflicto y lo caracteriza.
Pero, por otra parte, el desplazamiento y su hechos generadores, sólo se entienden en el contexto de una mentalidad de negación del "otro" desde una visión dualista del mundo y una moralidad maniquea. Dicho fenómeno, presente tanto en los dogmatismos de derecha como de izquierda que han marcado el juego político colombiano, se revela igualmente en los criterios de acción de diversos organismos de seguridad del Estado, en las prácticas de las mafias del narcotráfico, en los actos justificatorios de los diversos grupos de insurgencia y contrainsurgencia y en muy variadas prácticas de la vida cotidiana⁽⁴⁾.
Igualmente el desplazamiento sólo se entiende en el marco de un sistema político que se ha estructurado durante siglos sobre la represión y la marginación de las mayorías pobres y la negación de su participación real en los beneficios y decisiones sociales. Este sistema político, sin embargo, se caracteriza también por conservar una formalidad democrática y por un permanente avance en la instauración de un Estado de Derecho basado en constituciones y leyes cada vez más abiertas al reconocimiento de los derechos fundamentales de cada persona y de cada grupo. De la misma manera, se establece un Estado que pretende cada vez ser más acorde con la modernidad y se multiplican las instancias para la búsqueda de garantías constitucionales. Todo lo cual lleva a una multiplicación de normas e instituciones y cargos que, sin embargo, no logran influir en los principales fenómenos de injusticia, empobrecimiento, violencia, corrupción y marginación.
Dentro de este marco pretendemos desarrollar a continuación una visión sobre algunas condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia. La lectura nos exige centrarnos en los problemas.
De manera consciente estamos, entonces, excluyendo las expresiones de la realidad que podrían valorarse como más constructivas.
1. El modelo capitalista y su ajuste estructural de la economía
Desde la décadas del 30 y 40 se inició en Colombia un proceso llamado de modernización económica del país, en el que se impulsa un modelo de desarrollo que privilegia la industria y el comercio, frente al sector primario de la economía.
Durante varios años este modelo estuvo orientado hacia la protección de la empresa nacional mediante aranceles, subsidios, etc., que le permitieran fortalecerse y ser capaz de suministrar bienes y servicios para el desarrollo, sin tener que acudir al exterior. A finales de los años 80, el modelo capitalista internacional exige que estas medidas proteccionistas se desmonten de manera que el juego de mercado opere libremente y permita, de acuerdo con la teoría económica dominante, un mayor equilibrio y prosperidad.
Se comienza así un proceso conocido como apertura económica y ajuste estructural cuyo más claro impulso se toma en el gobierno de Gaviria⁽⁵⁾. Dicho ajuste se ha justificado con el argumento de favorecer a los consumidores, que estaban pagando precios más altos de los que se conseguían en el mercado internacional, y estimular la mayor eficiencia y competitividad, puesto que las medidas proteccionistas estarían conduciendo a un estancamiento tecnológico y a la dedicación de esfuerzos en ciertos productos que podían conseguirse a menores precios en el mercado internacional. Con esta apertura, en cambio, se llegaría a la especialización en productos para los cuales estaría el país en mejores condiciones de competir.
En el caso del sector agropecuario, la aplicación de dichas medidas trajo efectos variados según productos y sectores, que no podemos detallar en este estudio. Sin embargo, resaltamos que:
• Se aumentaron significativamente las importaciones de productos agropecuarios, de manera que se pasó de 378.6 millones de dólares en 1991 a 1852.9 millones en 1996, y de 1035.4 mil toneladas netas de importaciones de productos agropecuarios en 1991 a 3767.9 mil toneladas en 1996.⁽⁶⁾
• Se redujo en 450.000 hectáreas el área de superficie cultivada.⁽⁷⁾
• Se produjo una disminución importan te en el empleo rural, al pasar de 3,31 millones de personas ocupadas en actividades agropecuarias en 1991 a 3,05 millones en 1996, y se pasó de una tasa de desempleo rural de 4.2% en noviembre de 1991 a 6.4% en septiembre de 1996.⁽⁸⁾
• Se redujeron los precios al productor de algunos productos agropecuarios, especialmente algunos importables como cereales y oleaginosas⁽⁹⁾, y, según algunos estudiosos del tema, se está produciendo una "adaptación de la estructura productiva, mediante la cual van perdiendo peso actividades productivas y cultivos" que encuentran condiciones más propicias en zonas templadas que en el trópico. Sin embargo, es necesario precisar que la mejora en productos como las frutas y las hortalizas no puede adjudicársele a la apertura económica, dado que es el resultado de procesos muy largos de experimentación y asunción de tecnología por parte de sectores campesinos y de instituciones a ellos vinculadas.
Estos indicadores nos muestran que el sector agropecuario estuvo en situación bastante crítica durante la última década y que se vio afectado de diversas maneras por las medidas de ajuste macroeconómico, según las dependencias existentes con respecto a la protección del Estado. Es decir, los que no estaban gozando de protección siguieron atenidos a su suerte. Los que estaban protegidos, se vieron perjudicados. Sin embargo, la estructura productiva del país no se modernizó y el sector alimentario pasó a depender más de las importaciones.
Actividades no agropecuarias parecen haber compensado la disminución del desempleo producido en el sector rural, lo cual muestra la prioridad que el modelo de desarrollo da a otros sectores sobre el agropecuario. Ello en términos generales trae dos consecuencias: mayor dependencia alimenticia con respecto a otros países, lo cual en términos de seguridad nacional no es conveniente; movilización de trabajadores hacia actividades no agropecuarias, especialmente en servicios sociales, construcción, hoteles, transporte y comunicaciones.⁽¹⁰⁾
Mucha de la población desempleada, rural y urbana, ha encontrado en los cultivos ilícitos posibilidades de generar ingresos; es decir, el modelo mismo está propiciando la retroalimentación de lo que por otra parte está combatiendo, en una enorme contradicción (Ferro, Osorio,Castillo y Uribe, 1997).
En síntesis, el análisis nos permite afirmar que la coyuntura llamada de ajuste estructural no tiene una incidencia inmediata en la generación de la migración de campesinos, dado que no afecta directamente la economía campesina. Pero el conjunto de medidas liberales y neoliberales que se han estado adelantando en forma intermitente y ambigua, crearon un sistema de discriminación y marginalidad del campesinado y de la economía rural, sembrando así condiciones de violencia y de iniquidad. Esto se nota más claramente al analizar la problemática de la tierra y la ganadería.
2. La contrarreforma agraria
La historia de la reforma agraria en el país, al contrario de lo sucedido en la mayoría de las otras naciones latinoamericanas, ha sido un prolongado conflicto sin solución definitiva, cuya tendencia predominante se ha inclinado en favor de los grandes terratenientes, la industria y el comercio mercantil. El índice de concentración de la propiedad de la tierra, en vez de disminuir, ha venido aumentando progresivamente. La propiedad de la tierra, en cambio de democratizarse, se ha concentrado, y ello se ha realizado mediante diversos mecanismos entre los que se destaca la acción armada.
Desde el punto de vista legal, el conflicto por la tierra se ha movido en una franja de pequeñas concesiones a las presiones campesinas sin alterar la estructura concentradora de la propiedad y, en el mejor de los casos, más con el deseo de abrir paso al desarrollo capitalista en el campo, que con base en el reconocimiento de los derechos de los campesinos y su importancia en la economía nacional⁽¹¹⁾. Y junto con la propiedad de la tierra, las relaciones de producción, la comercialización, el crédito, etc., se han colocado al servicio de unos cuantos.
La acción estatal sobre la llamada reforma agraria, en el período al cual se refiere este estudio, va ha estar orientada por dos leyes: la 30 de 1988 y la 160 de 1994 que buscan eliminar dicha intervención y estimular el mercado de tierras. Para ello se crea un subsidio del estado a los campesinos. En la práctica, esto se convierte en un subsidio a los propietarios que pueden mover sus capitales a actividades que pueden parecerles más rentables y que, en otras condiciones, no lograrían vender sus tierras a buenos precios.
Mientras los diversos gobiernos mantuvieron su juego ambiguo frente a la reforma agraria, los usos y valores de la tierra van cambiando significativamente:
• En muchos lugares, la explotación agropecuaria va a reemplazarse totalmente en beneficio de la explotación turística, con lo cual los precios de la tierra se modifican sustancialmente, haciendo que muchos campesinos vendan sus pequeñas propiedades e intenten nuevos estilos de vida en las ciudades. Allí, algunos van a lograr la sobrevivencia de sus familias, mientras la mayoría quedan en la miseria.
• Grandes extensiones de terreno que habían sido colonizadas por los campesinos que huían de la violencia y que no tenían gran valor para la explotación rentable, dada la inexistencia de carreteras e infraestructura comercial e industrial, van a ser apetecidas por la implantación de represas hidroeléctricas, empresas extractoras de petróleo o proyectos viales.
La extracción minera de otros productos como el carbón y las esmeraldas, van también a generar un valor diferente de las tierras.
La implantación de proyectos agroindustriales como el banano, el arroz, la caña de azúcar, en diferentes momentos y con variaciones según las regiones, han significado también la concentración de la propiedad y la explotación de las tierras, bien en manos de empresas multinacionales o de empresarios nacionales generalmente miembros de familias aristocráticas.
La siembra y el procesamiento de coca y amapola ha generado igualmente una variación bien importante en el valor de la tierra en dos aspectos:
Por una parte, mediante la implantación del monocultivo en tierras anteriormente inexplotadas y ecosistemas de gran importancia para la conservación del agua y la reproducción de especies naturales (por ejemplo, selvas amazónicas y el nudo del Paramillo). Igualmente, en el caso de la amapola, en tierras antes explotadas por indígenas o campesinos que utilizaban prácticas agropecuarias menos perjudiciales desde el punto de vista ecológico, pero menos rentables desde el de la economía monetaria.
Los rendimientos del negocio del narcotráfico se destinaron en muchos casos a la compra de tierras. Esto llevo a una anormal valorización de las tierras, a la destinación de estas tierras al recreo y a la explotación ganadera intensiva, y a una nueva concentración de la propiedad.⁽¹²⁾
En este contexto, los campesinos van a tener que pagar tierras a precios elevados mientras tienen que abandonar los terrenos que habían colonizado durante largos años y que ahora resultan rentables para los ganaderos, los mineros, los industriales y los comerciantes. Y esas tierras les van a ser arrebatadas no mediante el pago en un mercado supuestamente abierto, sino por medio de la amenaza, la muerte, la violencia. Así, por ejemplo, en Córdoba, mientras los dirigentes de grupos paramilitares (muchos de los cuales aparecen incluso legalmente constituidos como Convivir), ofrecen pagar a los campesinos expulsados por ellos de sus tierras, precios entre 40.000 y 200.000 pesos por hectárea, el Incora pagó a los terratenientes tierras para los mismos campesinos desplazados a 2.300.000 pesos por hectárea.
La ganadería merece, a nuestro modo de ver, una atención directa para la comprensión de la violencia y el desplazamiento en Colombia. Las relaciones económicas, sociales y políticas que se han dado alrededor de la explotación ganadera permiten entender mucho de lo sucedido.
La más generalizada de las formas de explotación ganadera en las regiones de conflicto es la que se ha llamado ganadería extensiva, que consiste en poner a pastar y a reproducirse un número elevado de reses y, después de varios meses casi sin ningún cuidado especial, seleccionar para ir vendiendo. En algunos casos, esta explotación se combina con la producción lechera. Esta forma de producción requiere poca mano de obra, poca tecnología y permite una acumulación de capital relativamente ágil. En la práctica, requiere potreros, reses y unos cuantos cuidanderos.
Los potreros se han ido creando de distintas maneras según regiones. Pero una forma bastante común en la historia del último siglo ha sido la de la colonización.
En síntesis, ese proceso se puede resumir en: campesinos expulsados socioeconómicamente y/o por la violencia política, han incursionado en terrenos selváticos⁽¹³⁾; mediante la explotación de la madera, la siembra de maíz, la cría de algunos animales domésticos y de el cultivo de otros alimentos de pancoger han abierto potreros; dichos potreros mediante mecanismos comerciales y otras formas de presión (entre los que no faltan las armas) se concentran después en manos de personas que los destinan a la ganadería extensiva mientras los colonos siguen adentrándose en la selva^⁽¹⁴⁾. Así, la apropiación de la tierra por parte de los ganaderos, ha estado ligada a diversas formas de violencia.
También la economía guerrillera ha dependido en gran medida de la ganadería. En primer lugar, porque a uno de los grupos a los que mayores exigencias les ha hecho para su financiación es a los ganaderos. Para ello, la amenaza y el secuestro han sido los medios predilectos. Incluso en algunas regiones y durante varios años, la labor de la guerrilla prácticamente se limitó a este tipo de actividad, sin adelantar ninguna acción en el campo de organización popular o de transformación de estructuras económicas, o de reivindicaciones ante el Estado. Pero, además, también la guerrilla ha tenido ocasionalmente su propia ganadería disponible como recurso alimenticio y financiero.
A su vez, entre los ganaderos se encuentran las personas que más intensamente han contribuido para la financiación, la organización y el desarrollo del paramilitarismo. Incluso el acto mismo del desplazamiento se ha realizado, en muchos lugares, acompañado de una apropiación del ganado por parte de los paramilitares, nuevos dominadores del territorio.
En un sólo municipio de Córdoba, se puede calcular que en menos de un año el paramilitarismo se apropió de por lo menos 3.000 reses, que en el mercado pueden costar en promedio 500.000 pesos cada una. Es decir, mil quinientos millones de pesos, en un sólo municipio, en menos de un año. Las dimensiones resultan enormes cuando pensamos en los diversos municipios de Córdoba, Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre en los que el paramilitarismo está ejerciendo su acciones más intensamente. La importancia de este hecho en términos de alimentación y financiación de un ejército es incuestionable. La ganadería ha sido entonces uno de los factores más importantes en la financiación de la guerra, tanto para la guerrilla, como para los paramilitares, como para el ejército.
En conclusión, el desplazamiento forzado en Colombia es una de las expresiones, tal vez la más dolorosa, de la aplicación agresiva de un modelo de desarrollo que favorece cierto tipo de producción, de tecnología, de relaciones humanas. Los diferentes factores de producción se han colocado, mediante distintos mecanismos políticos, legales y militares, al servicio de dicho modelo, sin importar la violación de los derechos fundamentales de las mayorías campesinas y de los trabajadores. La propiedad y el uso agropecuario de la tierra, como lo hemos visto, son un ejemplo claro de ello. Pero también la implementación de la tecnología y la infraestructura exigidas por el modelo generan condiciones propicias para la violencia y el desplazamiento. A continuación lo analizamos.
3. Las inversiones en infraestructura para una modernización de la economía
Otro hecho característico de la realidad rural, y de gran importancia en la comprensión del fenómeno del desplazamiento, es el de la inmersión permanente del país, en condiciones de dependencia, en el estilo y el sistema económico, político y cultural propio de las naciones industrializadas del planeta.
Ese sistema se caracteriza por una tecnología altamente dependiente de la energía eléctrica y del petróleo y requiere de construcción de represas, carreteras, oleoductos, refinerías.... Para el efecto, no sólo se producen cambios en las necesidades de mano de obra y en las formas de contratación, sino que los bienes van a tener una transformación radical en su valor económico y político.
Si observamos el mapa del desplazamiento y de la violencia en el país, podemos notar que los lugares de mayor intensidad expulsora son precisamente zonas en las que diversas obras de infraestructura económica se están implementando o se van a efectuar en plazos breves. Así por ejemplo, alrededor de la construcción de la represa de Urrá en Tierralta, Córdoba, han sido desplazadas por violencia aproximadamente 1.200 familias durante los últimos 4 años⁽¹⁵⁾.
La violencia y el desplazamiento responden así a la variación de los valores de los recursos naturales, especialmente de la tierra, por la perspectiva real o virtual de proyectos de producción económica propios del esquema capitalista en donde triunfan no los mejores, como dirían los teóricos del mercado, sino las más violentos y los que tienen menos escrúpulos morales.
Pero visto más a fondo, este desarrollo tiene enormes costos para el país que se manifiestan en la creciente deuda externa, y que tienen una alta significación en términos de la capacidad de autodeterminación y de atención a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera tienen mucho más peso las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que las expresiones de los gremios económicos, los campesinos, los trabajadores y, en fin, de los electores. Eso afecta profundamente el manejo de los conflictos sociales y las posibilidades de negociación frente a los actores armados.
4. La supervivencia del campesinado y la destrucción de la organización campesina y en general, de la organización social
En todo el complejo panorama social y económico en el que se desarrolla el sector rural se destaca la supervivencia del campesinado. Se calculan cerca de dos millones trescientos mil minifundios, que comprenden 82.4 % de los predios del país con el 15.6% del área ocupada. El total de amas de casa del sector rural se calcula en 2.030.287.⁽¹⁶⁾
Esta supervivencia se ha dado fundamentalmente como un esfuerzo terco y aislado de cada familia para mantener a sus hijos. En algunas ocasiones, durante este siglo, el campesinado logró cierta organización para la presión ante el Estado y ante otros sectores sociales. Dicha organización ha evolucionado de diversas maneras que no podemos resumir aquí y, en los últimos años, ha mostrado una significativa expresión como presión ante el Estado para lograr ciertos servicios, para impedir acciones perjudiciales a sus vidas (como las fumigaciones masivas de sembrados, en zonas de cultivos de coca y amapola) y para reclamar la paz.⁽¹⁷⁾
Nos importa resaltar que la organización campesina ha sido objeto de un violento ataque por parte de los sectores armados, especialmente por parte del ejército y los paramilitares, y que el desplazamiento se realiza en gran medida mediante la amenaza y el asesinato de los líderes veredales. De esta manera el desplazamiento no significa sólo una destrucción y apropiación de los bienes materiales, sino una destrucción de los tejidos sociales. Sin embargo, en los últimos años, como se verá mas adelante, algunas de las expresiones del desplazamiento van a realizarse por parte de grupos bastante organizados que asumen entonces un papel protagonice frente al Estado y a los actores armados.
5. El avance de una cultura de administración moderna (Desarrollo institucional)
Paralela a estos procesos, se ha venido imponiendo desde sectores tecnocráticos del Estado una administración marcada por criterios de planeación alrededor de proyectos, planes y programas, que se expresan en formularios prediseñados y se gestionan con procesos clara y previamente determinados. La administración moderna, el desarrollo institucional, la gestión eficiente y clara, el desarrollo de la cultura de proyectos, la definición de criterios técnicos, la descentralización
administrativa, hacen parte de un discurso y de un esfuerzo enorme de este sector del Estado, convencido de la necesidad de superar los límites que la tradición coloca a la modernización del Estado.
Esta orientación se ha introducido a los sectores rurales mediante los diversos mecanismos de la descentralización y ha exigido a cada municipio la presentación de planes y proyectos de desarrollo alrededor de los cuales se mueven en gran medida los dineros que la nación gira a cada entidad territorial. Esta tendencia debería afectar por supuesto a las sociedades rurales y condicionar los fenómenos que en ella acontecen. Entre ellos la violencia y el desplazamiento. En cierta medida así sucede; pero solo en forma muy indirecta. En realidad, este esfuerzo racionalizador marcha por vías distintas de los escenarios y los actores sociales concretos. Olvida que se trata de una nación multiétnica y pluricultural, diversa y mestiza y, en su intento de uniformarla, fracasa.
Comités, consejos y otras diversas formas de organización son decretadas desde los entes centrales para ser implementadas en cada municipio y ante cada problema, desconociendo las organizaciones y procesos existentes. Ello parece estar conduciendo a la aparición de asesores y asistentes como nuevos actores en la vida los municipios.
La incidencia de todo este artificio en la violencia y el desplazamiento se va a ver especialmente en la intervención del Estado y se va a expresar en el divorcio existente entre el discurso y la práctica, entre la institucionalidad estatal y los fenómenos sociales reales.
La atención a los desplazados por parte del Estado, especialmente aquella que tendría que ver con la llamada etapa de reconstrucción y consolidación económica, se rige por estos criterios y procedimientos. Ello lleva, por una parte, a serias demoras en la atención a los desplazados y, por otra, a la manipulación y la influencia de poderes locales muy frecuentemente manejados por los mismos actores armados y objeto del clientelismo y la corrupción de las instituciones estatales. La ayuda de las ONGs resulta así un poco más rápida y eficiente.
6. Los actores del conflicto
Al lado de la disputa por la posesión de la tierra y de los otros recursos naturales, se desarrolla la disputa por el dominio territorial desde el punto de vista político y militar. En el sector rural los actores que podemos llamar protagonices son: el paramilitarismo, la guerrilla, las fuerzas del estado y el narcotráfico, como actores reconocidamente armados; pero también los partidos políticos, los sindicatos, los gremios económicos y algunas empresas multinacionales participan de este conflicto. Entre estos actores se dan diferentes y variantes formas de relación: alianza y colaboración, pero también guerra, traición. Es frecuente que quienes en algún momento conviven y se colaboran, posteriormente se encuentren guerreando entre sí y estableciendo alianzas con anteriores enemigos.
En medio de ese conflicto otros actores no protagonices, es decir, quienes no tienen el manejo de la situación, van a recibir las consecuencias de las decisiones de los anteriores y participan más o menos indirectamente, y muchas veces en contra de su voluntad, de los hechos. Entre estos se encuentran, por supuesto, los campesinos, pero también los pobladores de barrios marginados de los cascos urbanos de los municipios, los miembros de iglesias y de ONGs.
Sin pretender hacer un historia o una caracterización de dichos actores, nos referimos a continuación a algunos de ellos, cuyas relaciones van a incidir más fuerte mente en la generación del desplazamiento en el país.
6.1. Los Paramilitares
La conformación de los grupos paramilitares que, como se verá más adelante, son los más altos generadores de desplazamiento, es bastante heterogénea y tiene ya una larga historia en el país⁽¹⁸⁾. Pero su conformación actual está relacionada más directamente con la alianza establecida entre sectores importantes del ejército nacional, grupos de ganaderos, narcotraficantes y otros sectores de la mafia, especialmente algunos dedicados a la explotación de minas de esmeralda. Alimentados por la tristemente recordada Doctrina de la Seguridad Nacional, estos grupos comenzaron a reclutar gente especialmente entre quienes de alguna manera fueron perjudicados por la guerrilla, establecieron complejos campos de entrenamiento e iniciaron una labor de masacre de todo lo que les pareciera vinculado a la izquierda o de quienes simplemente se les interpusieran o cuestionaran su actuar.
Los miembros de los partidos políticos de izquierda, los líderes de sindicatos, pero igualmente los miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sacerdotes, religiosos, líderes campesinos, jueces, abogados, estudiantes y profesores, han sido amenazados y asesinados.
Mucha gente ha tenido entonces que migrar, los más pudientes salen del país, pero muchas familias comienzan a circular de la vereda al casco urbano del municipio, a la capital del departamento, a la capital del país o a cualquier rincón donde puedan permanecer ocultos. Muchos no lo lograron⁽¹⁹⁾.
Miembros del DAS, del ejército y de la policía, participaron durante muchos años en estas acciones. Impunes, pero de todas maneras molestas por la presión internacional ante la violación de los derechos humanos, las instituciones armadas realizaron algunos cambios. Durante los últimos años, a los que se refiere nuestro estudio, como se puede ver en las estadísticas, la labor sucia va quedando en manos de los paramilitares.
Surgido especialmente en el Magdalena Medio, el paramilitarismo se extiende luego hacia los Llanos Orientales y tuvo diversas expresiones en el Valle del Cauca y en otros departamentos. En algunos lugares estos grupos tienen nombre propio y, generalmente, están bastante relacionados con el desarrollo de los carteles de la droga.
Pero varios eventos⁽²⁰⁾ van produciendo cambios que llevan a la consolidación de un grupo que se vino a denominar "Autodefensas de Córdoba y Urabá", dirigido por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Este grupo, en un momento determinado, hace alianza con el cartel de Cali y se enfrenta al cartel de Medellín, participando en lo que llamaron los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Posteriormente se ha declarado totalmente ajeno al narcotráfico. Dicho grupo ha ejercido, además, una cierta coordinación de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, en la que participan otros grupos paramilitares de diversas regiones del país. Sin embargo, algunos hechos⁽²¹⁾ parecieran mostrar que éstos no guardan unidad de autoridad, ni de criterios.
En este momento, el paramilitarismo tiene control territorial en muchos municipios del Magdalena Medio, en la zona del Urabá, especialmente en el sur de Córdoba, y está avanzando hacia el Chocó y hacia otros departamentos de la Costa Atlántica. Su estrategia es atacar a la población civil, con el argumento de quitarle el agua al pez; asesinar lo líderes veredales, amenazar a las familias y producir generalmente desplazamientos masivos. Una vez despoblada la región, "repueblan" permitiendo el regreso de algunos campesinos, estableciendo sus propias fincas y determinando unas formas de control y vigilancia social acordes con sus intereses. Para el efecto, cuentan con la inteligencia del ejército y con la presencia oficial en las zonas en las que los paramilitares establecen su dominio.
Se financian con el aporte de ganaderos, empresarios agrícolas y comerciantes, el ganado arrebatado a los campesinos por donde van pasando, el narcotráfico, el cobro a los pobladores en las regiones que ellos dominan. Algunos anuncios se han hecho sobre al colaboración de multinacionales a estos grupos.⁽²²⁾
En síntesis, de acuerdo con Alejo Vargas⁽²³⁾, la acción del paramilitarismo, en los últimos años, se caracteriza por: la búsqueda de mayor legitimidad mediante la asunción de reivindicaciones sociales y la crítica al Estado y a las Fuerzas Armadas, el esfuerzo por convertirse en un proyecto nacional que supere su fragmentación y la ocupación de algunos territorios.
6.2. Las guerrillas
Las guerrillas colombianas, que se ubican en segundo lugar como responsables de desplazamiento, como se sabe, son las organizaciones subversivas armadas más antiguas de América Latina. Tienen sus orígenes al final de la década del cincuenta y los dos grupos más importantes de la actualidad (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y Ejército de Liberación Nacional, ELN) se fundan en la primera mitad de la década de los 60. Para la comprensión de lo sucedido en los últimos años, es necesario referirse además al Ejército Popular de Liberación, EPL.
Si bien el accionar de la guerrilla se realiza en un número bastante elevado de municipios, y algunos estudiosos señalan una presencia de la guerrilla en la mayoría del territorio⁽²⁴⁾, es necesario resaltar que sus acciones se presentan como ataques aislados y que no se puede entonces concluir que hay un dominio de dichos territorios. Pero sí hay que reconocer que las Farc y el ELN han venido creciendo significativamente en número de personas vinculadas, en frentes, en áreas de acción, en capacidad logística (armamento, comunicación). Estos ejércitos se han construido con base en las llamadas "vacunas", es decir, cobros a los pobladores más pudientes y a las empresas existentes en las zonas donde van realizando sus acciones.
Para el efecto, además realizan lo que ellos llaman "retenciones", más conocidas como secuestros, las cuales han sido seriamente cuestionadas desde las instituciones de Derechos Humanos.
Dentro de su política de cobrar a todas las actividades económicas desarrolladas en sus zonas de presencia, las Farc han realizado cobros a los traficantes de coca y, como en el caso de los ganaderos o de los comerciantes, han prestado lo que llaman el servicio de vigilancia y seguridad locales, convirtiéndose así en una especie de Estado. No se puede por tanto hablar propiamente, a nuestro modo de ver, de que las Farc son cultivadores o tienen laboratorios procesadores de coca, o son narcotraficantes; pero es verdad que se han nutrido económicamente del narcotráfico. Por otra parte, guardan relación con los campesinos cultivadores de la planta. En algunas zonas les obligan a cultivar también productos de pancoger y han intervenido fuertemente en las protestas contra las fumigaciones masivas.
El accionar de las Farc es más fuerte en el sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Recientemente, han utilizado como estrategia de guerra, el ataque a bases del ejército y de la policía y la retención de militares. Estos ataques han causado numerosos muertos entre militares y población civil y han significado una victoria política y militar bien importante. Actualmente y después de una sonada entrega de un grupo de soldados, se encuentran retenidos más de 300 uniformados. Con ello las Farc parecen estar consolidando una fuerte capacidad negociadora.
De hecho, y dado que los diálogos de paz se constituyeron en un importante elemento electoral, en este momento el presente Pastrana ordenó el despeje de cinco municipios para adelantar conversaciones. Uno de estos municipios había sido despejado para la entrega de soldados anteriormente. Las Farc están ahora presionando para que así como ellos entregan militares, sean liberados guerrilleros que se encuentran prisioneros⁽²⁵⁾.
El ELN se ha financiado más directamente de las empresas extractoras de petróleo. Además de los secuestros y los asaltos a municipios en los que se ataca a la Caja Agraria, se realizan cobros a estas empresas, presionándolas para el efecto mediante la voladura de oleoductos. La presencia más fuerte del ELN está en los departamentos del Magdalena Medio y de la zona limítrofe con Venezuela.
Las conversaciones con el ELN en torno a la búsqueda de la paz se han realizado últimamente mediante representantes de la llamada sociedad civil y por mediación de la iglesia católica. En dichas conversaciones no ha participado el Gobierno, aun cuando ha dado su visto bueno a estos acercamientos. Sin embargo, el incendio de un poblado debido a la voladura de un oleoducto, ha presentado serios cuestionamientos al ELN⁽²⁶⁾.
En Urabá y el sur de Córdoba han operado tanto el EPL como las Farc. En algunos momentos, incluso se presentaron combates entre estos dos grupos. Un sector importante del Ejército Popular de Liberación se desmovilizó y entregó sus armas, dentro de un pacto en el que Fidel Castaño, jefe paramilitar de la zona, entregó tierras a los campesinos. Ello va a conducir a un complicado conflicto con las Farc, cuyas interpretaciones y justificaciones desde cada lado son diversas.
El hecho es que otros sectores del EPL que no se habían rendido, se entregaron directamente a las Autodefensas y muchos entraron a colaborar con ellas. Ya antes, otros ex combatientes del EPL habían sido reclutados por el DAS⁽²⁷⁾. Esto ha resultado mortal para los campesinos, que ahora ven a antiguos guerrilleros acusarlos de haber colaborado con la guerrilla. Muchos han sido desplazados y asesinados en este absurdo juego de intereses.
En síntesis, la guerrilla ha tenido un crecimiento sistemático y continuado y ha desarrollado un proceso de expansión en el territorio nacional, asumiendo un esfuerzo por controlar o influir en el manejo de los poderes locales. Ha logrado éxitos militares y ha extendido su acción en zonas estratégicas, aunque no se puede hablar de dominios territoriales.
Dentro del conflicto territorial, la guerrilla ha generado desplazamiento de tres maneras: dando a los pobladores la orden de salir, con el argumento de que se va a producir un fuerte enfrentamiento con el ejército o los paramilitares, o amenazando, persiguiendo y asesinando a quienes consideran colaboradores del ejército y de los paramilitares, y organizando y obligando al desplazamiento como forma de presión ante el Estado y los paramilitares.
6.3. Las fuerzas del Estado
El Ejército Nacional y, en general la fuerza pública, como se puede registrar en las estadísticas, ha venido disminuyendo su figuración como violador de los Derechos Humanos y como generador de desplazamiento. La presión internacional por parte de los gobiernos y de los organismos de derechos humanos, así como los esfuerzos de sectores democráticos dentro de las Fuerzas Armadas, han sido sin duda influyentes en este aspecto.
La estrategia de la Fuerza Pública oficial ha sido más bien defensiva. Su trabajo ha consistido más en cuidar instalaciones fijas incluyendo las propias, pero también las de los diferentes centros de explotación petrolera o generación de energía, que en atacar las fuerzas irregulares⁽²⁸⁾.
Pero es necesario destacar que no existe una clara acción del Ejército contra el paramilitarismo y que, en cambio, en muchas zonas se dan diversas formas de convivencia y colaboración. De esta manera, en realidad se está dejando el trabajo sucio a éste mientras se le elabora soterradamente en labores de inteligencia. En algunos lugares, una vez el paramilitarismo realiza el desplazamiento y la toma de una zona, el ejército establece bases argumentando su intención de proteger a la población y garantizarle la posibilidad de retornar. Campañas cívico militares acompañan estas acciones, mientras los paramilitares continúan moviéndose y ejerciendo el control, sin ningún impedimento. Incluso algunos campesinos que han acudido al Ejército para reclamar por el, robo de ganado realizado por los paramilitares, han sido posterior mente asesinados. De esta manera, la aparente solución al desplazamiento se convierte simplemente en una consolidación del dominio paramilitar⁽²⁹⁾.
El conflicto entre los actores armados mencionados (paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado), en la práctica, se realiza contra la población civil. Los enfrentamientos directos entre ellos son escasos^⁽³⁰⁾. En cambio, el ejército ha bombardeado zonas habitadas; la guerrilla ha quemado vehículos, asesinado personas desarmadas y difundido la orden de evacuación de las zonas; los paramilitares llegan a las distintas veredas y con lista en mano van asesinando a los líderes campesinos y a quien cuestione de alguna manera su actuar y dan igualmente la orden de desalojo argumentando que todo el que vive en la zona ha sido colaborador o miembro directo de la guerrilla. En repetidas ocasiones, cuando en los pocos enfrentamientos se producen bajas o derrotas frente al enemigo armado, se le cobra a la población civil por no haber informado de una posible celada. Ese cobro implica el asesinato de los hombres de la familia, el incendio de los ranchos de la vereda y la obligación de salir de la zona a todos lo habitantes.
6.4. El narcotráfico
Hemos mostrado ya el tipo de relación del narcotráfico con la guerrilla en ciertas zonas. con los grupos paramilitares en otras y, en alguna medida, nos hemos referido a sus relaciones con el ejército. Es necesario, sin embargo, insistir en la constante variación de estas relaciones según las conveniencias e intereses de cada grupo en diversos momentos y lugares. Igualmente, es necesario insistir que el narcotráfico se efectúa por grupos bastante disímiles que entran en conflicto entre sí y que con frecuencia abordan dichos conflictos por las armas.
Al igual que los otros actores armados, en varios municipios, mafias de narcotraficantes han intervenido seriamente en las acciones y decisiones de la vida de la población, por ejemplo, en decisiones sobre quiénes serán los candidatos para la alcaldía y para el concejo municipal. También por su fuerte incidencia en la economía local, tanto por las inversiones y construcciones que realizan como por la posible desautorización a quien quiera colocar determinado tipo de negocio.
También deciden sobre la vinculación de personas a cargos públicos y, generalmente, establecen algunas fundaciones que suministran créditos y subsidios a la gente para sus actividades económicas. En ocasiones, han logrado bastante incidencia en la acción de la Policía y los organismos de seguridad residentes allí. Las denuncias que realicen algunas personas, las acciones de los cuerpos judiciales, el posible llamado de sacerdotes o religiosos, se paga con la muerte. Varios municipios del norte del Valle del Cauca, viven dicha situación. Sin embargo, la acción de la Policía en la lucha contra el narcotráfico ha sido bastante exitosa en los últimos años, por lo menos en cuanto a la detención de los principales cabecillas y la confiscación de sus propiedades.
La relación entre narcotráfico y política ha variado bastante durante los últimos años en Colombia, moviéndose entre abiertas oposiciones, disimuladas tolerancias e incluso declaradas guerras, según grupos y gobiernos. Diversos hechos, que obedecen a circunstancias precisas, han caracterizado esa relación: la existencia, en un momento determinado, de un partido político conformado por narcotraficantes y su presencia directa en el Congreso, el asesinato de políticos que se les opusieron, la realización de asesinatos de líderes de partidos de izquierda en alianza con grupos de derecha, la financiación de campañas y la influencia en los procesos electorales regionales y nacionales. Durante el gobierno Gaviria (19901994) se produce una decidida persecución y eliminación del cartel de Medellín, después de negociaciones para su entrega y de su posterior escapatoria de la cárcel. Durante el gobierno de Samper (19941998), bajo el peso del escándalo por la financiación de la campaña, autoridades judiciales adelantaron investigaciones y detenciones de políticos de los más altos niveles, especialmente en el Congreso y en el gobierno, y la policía capturó a los principales miembros del cartel de Cali.
Estas variaciones han influido seriamente en la vida rural, tanto por su repercusión en los precios de la droga, que afectan la economía de varias regiones, como por su incidencia en la organización y la cultura, y tienen, por supuesto, diversas expresiones en la violencia y en el desplazamiento forzado.
En relación con la acciones de los grupos armados a los que nos hemos referido hasta ahora, se han dado variadas formas de intervención y reacción de los otros sectores sociales (gremios económicos, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos y organizaciones campesinas, Iglesia, ONGs, intelectuales y universitarios, etc.), que han incidido significativamente en la evolución de la vida rural y en la caracterización del desplazamiento. Infortunadamente, en este estudio no podemos referirnos a estos sectores. Advertimos solamente sobre la necesidad de tenerlos presentes en la comprensión del complejo horizonte de explicación del desplazamiento. Por ahora, preferimos pasar a la caracterización del desplazamiento rural.

Tendencias que caracterizan los hogares rurales desplazados en Colombia: una aproximación a partir de las estadísticas

1. Advertencia metodológica
La caracterización de los hogares rurales desplazados que haremos en este capítulo se basa, en su mayor parte, en los datos proporcionados por el Sistema de Información de Hogares Desplazados (Sisdes), de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Durante los años respectivos, el cuestionario empleado es el mismo, en lo fundamental, aunque se han ido incorporando algunas preguntas y precisiones necesarias. Para ofrecer claridad sobre las posibilidades y limitaciones de la base de datos del Sisdes, vale la pena hacer algunas aclaraciones:
• Sobre la construcción del universo muestral y de la muestra misma: el Sisdes ha estado construyendo el universo poblacional a partir de un estimativo, que se calcula con base en distintas fuentes de información. Tales fuentes son instituciones regionales y locales que tienen información sobre el problema, tales como algunas Oficinas de Pastoral Social, personerías, alcaldías, ONGs de derechos humanos, así como la consulta de medios escritos de prensa. En este proceso el Sisdes ha ido avanzando con el fin de ampliar la red de instituciones, hacer más oportuna la consulta y de esta manera darle más consistencia a sus datos. Este procedimiento, al partir de las
regiones y localidades, garantiza mayor veracidad y realismo en la información. Al mismo tiempo, es necesario reconocer ciertas limitaciones que tienen que ver con la capacidad de respuesta de estas instancias, las cuales no siempre tienen suficiente personal y recursos, así como tampoco una información sistematizada, puesto que su preocupación responde más a la urgencia de atención a la población que a la realización de estudios, aún cuando reconozcan la importancia de éstos. Esta limitación se supera en buena medida mediante el cruce de información de distintas fuentes.
Recolección de la información: esta labor es realizada, en gran medida, con las mismas instancias de consulta ya mencionadas en el paso anterior. En los momentos iniciales del Sistema, hacia 1995,
Codhes realizó jomadas de capacitación con los equipos responsables de esta actividad y buscó establecer unas responsabilidades por región para monitoreo y asesoría a dichos equipos. En la práctica, esto ha permitido el acceso mucho más fácil a la población desplazada, puesto que ya hay establecidas relaciones de confianza y, dado que en su mayoría son instancias reconocidas por su trabajo en derechos humanos, las reticencias son menores que, por ejemplo, cuando son instituciones gubernamentales las que asumen tal labor. Así mismo se tiene la posibilidad real de llegar a los lugares más aislados, así como lograr efectivamente hacer las encuestas respectivas en diferentes municipios de los cuales, en muchos casos, los funcionarios estatales no tienen mayor referencia de existencia de población desplazada. Sin embargo, factores como la escasez de personal frente a las diversas demandas de trabajo y los problemas de orden público de las regiones, han afectado en unas regiones más que en otras la recolección oportuna y completa de la información.⁽³¹⁾
Por otra parte, en la práctica, el muestreo para las encuestas se hace por la vía del muestreo intencionado razonado, en donde intervienen factores subjetivos que incluyen desde las posibilidades reales de hacer las encuestas, la disponibilidad de las familias en el momento dado, las zonas de atención que en cada momento tienen los encuestadores, etc.
El sistema toma el sitio de llegada como punto de acceso para recoger la información. Es por esto que pese a que los estimativos se hacen a partir de las consultas institucionales, en algunos casos puede darse subrepresentación, sobrerepresentación e, incluso, no incluir a departamentos con evidente desplazamiento⁽³²⁾. Es decir, que estas cifras son significativamente afectadas por los condicionamientos de orden logístico y la capacidad de cobertura en todos los lugares⁽³³⁾
A nuestro juicio constituyen un referente de las variaciones de intensidad del desplazamiento, pero no pueden ser tomados como una medición exacta de las familias en tal situación. Esto no sucede con la procedencia de los hogares⁽³⁴⁾ , pues en dicha selección no interviene el encuestador.
Pese a estas limitaciones, el Sisdes de Codhes constituye el referente cuantitativo de orden nacional frente al desplazamiento en Colombia más serio y completo, único que se ha hecho durante los tres últimos años de manera sistemática, y que tiene el mérito de asumirse como una construcción permanente y autocrítica, dentro de una problemática que por sus mismas características plantea muchas restricciones para su investigación. Que remos insistir en que la investigación sobre el desplazamiento forzado exige una metodología de investigación que es necesario construir y perfeccionar día a día.
Sin embargo, dados los escasos recursos con que cuenta Codhes, es bastante difícil tener y mantener un sistema de información de tal alcance.
Con respecto a la selección que se hizo dentro del Sisdes de los Hogares con Vínculo Rurales (HVR), se mantienen los mismos criterios utilizados en el estudio realizado en 1995, que se refieren a los hogares que poseían antes del desplazamiento por lo menos una de las tres características siguientes (Lozano y Osorio, 1996):

residencia en una vereda,

acceso a la tierra,

ocupación de por lo menos uno de los miembros del hogar en actividad agropecuaria como productor o asalariado

2. Características de los Hogares desplazados con Vínculo Rural (HVR)
El análisis de los datos correspondientes a los HVR durante tres años permite plantear algunas tendencias, que mencionamos y justificamos a continuación:
2.1. La población rural, la más afectada
Al mirar la proporción de HVR en el total nacional, encontramos la permanencia del sesgo rural del desplazamiento. Es decir, la mayoría de los desplazados tienen vínculo rural. Esta proporción es más significativa si se tiene en cuenta que únicamente el 25% de la población del país es rural.

Tabla 1. Número de hogares encuestados por el Sisdes entre 1995-1997

Años 1995 1997 1998

Número de HVR 540 564 439

Porcentaje de HVR sobre total hogares encuestados 67.8% 60.3% 69%

La proporción de personas con vínculo rural desplazadas puede estar por encima del 70% del total nacional, si se tiene en cuenta que los hogares rurales tienen en promedio más personas que los urbanos, como lo veremos a continuación.
2.2. Características de los hogares con vínculo rural desplazados: composición, distribución etárea y jefatura
• Son hogares numerosos:
El cuadro comparativo entre los HVR y aquellos que no lo son, muestra en los primeros una mayor cantidad de miembros, en correspondencia con índices mayores de fecundidad y natalidad en la población rural que en la urbana⁽³⁵⁾. Así, al mirar de manera comparativa los datos de 1997, encontramos una diferencia importante entre el número de personas por hogar en los HVR y el de aquellos que no se pueden considerar como tales. Por ejemplo, en el Chocó, mientras un hogar rural tiene en promedio 6 personas, el hogar sin vínculo rural es de 4.4 personas. Para Antioquia, el HVR tiene en promedio 5.4 personas, en tanto que el hogar sin vínculo rural tiene 4.2.
• Son grupos familiares con alta dependencia económica por la edad de sus miembros:
En 1996 y 1997, siete de cada 10 hijos que formaban parte en los HVR eran menores de 15 años, y entre cuatro y cinco de cada 10 personas en calidad de otros miembros⁽³⁶⁾, también eran menores de 15 años. Esta característica de alta dependencia económica es similar a la de los hogares sin vínculo rural. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las explotaciones campesinas manejan de manera diferente la participación de los miembros de la familia en las múltiples actividades;
con lo cual, por una parte, no existe la categoría de desempleado y, por otra, se da una mínima garantía de satisfacción de las necesidades de comida y vivienda para todos los miembros del grupo⁽³⁷⁾.

Tabla 2. Composición de los hogares desplazados con y sin vínculo rural en 1996 y 1997

1996 1997

Número de personas Hogares con vínculo Rural Hogares sin vínculo rural Hogar con vínculo rural Hogares sin vínculo rural

# % # % # % # %

de 1 a 3 162 28.72 155 41.78 99 23.97 37 37.37

de 4 a 6 283 50.18 178 47.98 205 49.64 49 49.49

de 7 a 10 104 18.44 38 10.24 93 22.52 12 12.12

más de 10 15 2.66 0 0.0 16 3.87 1 1.01

Total 564 100.00 371 100.00 413 100.00 99 100.00

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

• Jefatura de los HVR
La jefatura del hogar es uno de los roles que se modifica significativamente en el proceso de desplazamiento y, usualmente está acompañada de fuertes cambios en la vida familiar. El cambio de jefatura se sucede por distintos factores:
En varios casos, la jefatura de la mujer ha sido resultado del asesinato o desaparición de su marido o compañero, antes del desplazamiento o durante el mismo.
El proceso de desplazamiento ha llevado a la dispersión de parejas de manera temporal, aunque en muchos casos indefinida, como estrategia para la protección física, usualmente de el o los hombres de la familia que corren algún peligro.
La dispersión de las familias también se ha constituido en una estrategia para la consecución de ingresos, la ubicación en viviendas con familia res y amigos y el proceso de ensayo de otros lugares donde establecerse con mayores seguridades. En la mayor parte de estos casos, los hombres salen en primera instancia en la búsqueda inicial de otros espacios económicos, en tanto que las mujeres se quedan con los menores, asumiendo la totalidad de responsabilidades del hogar.
Por otra parte, es posible decir que en muchos hogares se da un cambio en la jefatura por efecto de la modificación del papel de proveedor del hombre respecto a la mujer. Así, la mayor rapidez con que las mujeres pueden generar algunos ingresos a partir de actividades domésticas que se realizan a terceros, es una constante registrada en diversos estudios y en nuestra propia práctica. Esta generación de ingresos, usualmente es muy mal remunerada y el jornal es mucho menor que el que se paga a los hombres⁽³⁸⁾. Dado que la función de proveer de recursos la familia constituye un indicador frente al ejercicio de la jefatura, podría decirse que se produce de facto este cambio, el cual no aparece necesariamente registrado en las encuestas.
Se producen también frecuentes disoluciones de las parejas y de las familias por problemas de relaciones interpersonales, comunicación, etc.; problemas que se intensifican con las tensiones e incertidumbres que trae el desplazamiento, así como con las nuevas relaciones y cambios de roles.

Tabla 3. Jefatura del hogar según género en los HVR desplazados

1985/94(*) 1995 1996 1997

Jefatura de hombres 83.7 73.4 67.2 66.7

Jefatura de mujeres 16.3 26.6 32.8 33.2

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997.(*)Informe Conferencia Episcopal

El cuadro anterior muestra un incremento en los hogares con jefatura femenina, que parece estabilizarse en cerca de una tercera parte de los HVR. Vale la pena resaltar que estas proporciones, de acuerdo con la información del Sisdes, son ligeramente superiores para los hogares sin vínculo rural. Para 1996 la proporción es del 38.5% y para 1997 del 36.3% de hogares con jefatura femenina.⁽³⁹⁾
El análisis de otros aspectos de la jefatura del hogar de los HVR, ejercida por hombres y por mujeres, tiene que ver con las actividades económico-laborales centradas en lo agropecuario. Ello constituye uno de los cambios más importantes que desestabilizan tanto la dinámica económica de la familia como la autoestima y capacidad de las y los jefes del hogar, que ven con impotencia que su experiencia laboral no les permite ejercer un trabajo en la ciudad.
La dificultad para una inserción laboral urbana está relacionada con el acceso previo de las y los jefes a la educación. En este aspecto destacamos una diferenciación entre los jefes de los HVR y los hogares sin vínculo rural, en tanto que los primeros tienen mayor índice de analfabetismo y en general un menor acceso a la educación.
Por otra parte y frente a las demandas en educación, mientras en 1996 los HVR solicitaban como prioridad la alfabetización en un 28,2% y, en 1997, en un 36,9%; los hogares no rurales desplazados indicaban esta necesidad como prioritaria en un 18,2 y en un 21% respectivamente. Estas proporciones pueden ser mayores si se miran las necesidades por edad, pues muy seguramente la prioridad de los adultos es brindar educación a sus hijos.

Tabla 4. Educación formal de los jefes de hogares con y sin vínculo rural

1996⁽⁴⁰⁾ 1997⁽⁴¹⁾

HVR HSVR HVR HNVR

Ningún nivel educativo 21.0 2.0 6.8 0.0

Primaria incompleta ⁽⁴²⁾ 43.0 23.0 43.7 36.2

Primaria completa 16.0 17.0 22.2 23.2

Secundaria incompleta 14.0 14.0 17.6 24.6

Secundaria completa 3.0 40.0 5.5 13.0

Educación superior 3.0 5.0 4.2 3.0

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

2.3 Los paramilitares, principales causantes de desplazamiento de población rural
Sin lugar a dudas, las fuerzas paramilitares se han posicionado y consolidado como las que producen mayor desplazamiento en todo el territorio nacional. Asi lo demuestran las respuestas de los hogares con vínculo rural encuestados. Mientras en 1995 la frecuencia era del 26.3%, en 1996 es del 44.9% y en 1997 llega al 53.1%. La tendencia es similar para los hogares que no tienen vínculo rural. Sin embargo, estos hogares no rurales muestran significativamente, en 1997, mayor presión de las fuerzas militares (10.4%) y de las milicias (3.2%) que los HVR. Se puede decir entonces que la presión de los paramilitares tiene mayor incidencia en el sector rural que en la ciudad, en cuanto al efecto de desplazamiento que provocan.
2.4. El miedo y las amenazas
El miedo y las amenazas se consolidan como una estrategia frecuente para el control de los territorios, lo cual genera, además del desplazamiento, una desarticulación, en ciertos casos irreversible, del tejido social entre los pobladores. Son armas de guerra empleadas por los actores armados, merced a las cuales logran de manera rápida y eficiente el éxodo de los habitantes de una región determinada.

Tabla 5. Responsables del desplazamiento de HVR en Colombia en 1996 y 1997

Responsables 1996 1997

# % # %

Guerrilla 206 36.52 114 25.97

Paramilitares y Autodefensas 303 53.72 291 66.29

Fuerzas Armadas del Estado ⁽⁴³⁾ 72 12.77 27 6.15

Milicias 39 6.91 5 1.14

Narcotráfico 9 1.60 4 0.91

Otros 46 8.16 56 12.76

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997. Codhes

Entonces es posible controlar el territorio e imponer, en un proceso de selección, nuevas reglas de juego a quienes quieran regresar o a los nuevos pobladores de tales zonas. Ello significa un reordenamiento poblacional según alianzas o alineamientos de orden aparentemente político ideológico (guerrilleros, antiguerrilleros) que, sin embargo, tienen fuertes condicionamientos socioeconómicos y que están mediados, para la población que los sufre, por la imposición de órdenes por vía de la fuerza, en un contexto de empobrecimiento y falta de capacidad real de enfrentar el accionar de los actores armados⁽⁴⁴⁾. Así, se imponen por la fuerza "nuevos señores" a la población que debe obedecer, dar tributos en especie y en dinero, prestar vigilancia (en ocasiones portando armas) y/o denunciar a otros, para salvaguardar la tranquilidad y el desarrollo de una región.
Las amenazas, los asesinatos y las desapariciones a líderes naturales y formales, o los rumores al respecto, constituyen eficientes mecanismos para sembrar el pánico en una región. La elaboración de listas de posibles víctimas y su divulgación supuestamente secreta entre personas y espacios estratégicos, es una manera de generar desconfianza entre la población que empieza a sospechar de los vecinos y familiares y a tejer toda clase de conjeturas, dentro de un cuadro terrorífico de tensión e incertidumbre, en donde la única alternativa posible es salir despavorido. Un efecto no registrado en las encuestas, es precisamente la desarticulación del tejido social, en algunos casos de manera definitiva e irreversible, por efecto de la desconfianza generada entre los pobladores.
Las cifras anteriores nos muestran que:
• Las persecución a grupos de presión social, política y económica, como los sindicatos y partidos políticos, ha ido disminuyendo en la medida en que físicamente estas organizaciones han sido exterminadas o se ha restringido su accionar a partir de los múltiples asesinatos y desapariciones.
• Una vez cumplido el objetivo de aniquilar nuevas fuerzas sociales, consideradas como peligrosas, se ha incluido la persecución a cualquier forma organizativa, aunque no tenga mayores pretensiones de cambio social y de accionar microlocal. De esta manera se destruye el tejido social que pueda tener algún vestigio o herencia de una posible alianza con el "enemigo".

Tabla 6. Pertenencia a organizaciones de los jefes de HVR en 1995, 19960 y 1997⁽⁴⁵⁾

1995 1996 1997

% % %

Sindical 6.2 5.0 2.8

Política 19.7 4.0 8.8

Cooperativa 6.0 7.0 2.8

Religiosa 5.7 8.0 12.6

Comunitaria 27.9 67.0 67.4

Indígena 5.0 0.0 0.0

Otra 29.5 9.0 5.6

Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

2.5. La destrucción de los procesos socioeconómicos
El desplazamiento destruye los procesos socioeconómicos de las familias rurales, las cuales pasan de una situación de autoabastecimiento relativo, a una situación de dependencia total y obligada, en
un proceso de empobrecimiento inmediato, de lenta y difícil recuperación. Ello se traduce, entre otras cosas, en la pérdida del espacio socioproductivo, que es también su espacio psicosocial e identitario.
Es importante constatar que la mayor parte de HVR encuestados son unidades productivas que tenían antes del desplazamiento un acceso precario al recurso tierra. Por lo menos la mitad de estos hogares, hoy desplazados, tenían menos de 20 hectáreas.
Ahora bien, insistimos en que la categoría de hectárea no es suficiente para explicar las posibilidades productivas de una familia rural, dada la diversidad de condiciones agroecológicas y estratégicas de cada parcela, que tienen una alta variabilidad entre municipios y aún dentro de un mismo municipio. Así, por ejemplo, entre los departamentos con mayor éxodo, Antioquia registra en el Censo del Minifundio un promedio de 4 ha.; Chocó, 6 ha., Santander, 4.6 ha.; Cesar, 11.6 ha. y Cauca, 2.5 ha. En este sentido los hogares desplazados pueden ubicarse como campesinos minifundistas en la mayor parte de los casos.

Tabla 7. Área de terreno a la que tenían acceso los HVR antes del desplazamiento

1995 1996 1997

% % %

Menos de 1 ha. 22.3 0.0 0.0

de 1 a 10 ha. 36.3 31 29.1

de 11 a 20 ha. 13.3 23 19.4

de 21 a 50 ha. 15.8 31 32.7

de 51 a 100 ha. 8.3 16 18.9

más de 100 ha 4 0.0 0.0

Total 100.00 100.00 100.00

A partir de 1996, los datos muestran también un incremento de HVR que eran colonos. Los casos de Chocó y de algunas regiones en Córdoba muestran tal situación. Los colonos se pueden caracterizar en términos generales como productores en zona de frontera agrícola, que no tienen título de propiedad, dado que su avance sobre la tierra ha sido por tradición, y que se mantiene en condiciones de marginalidad, sin mayor acceso a servicios institucionales. Los datos del Censo del
Minifundio frente al colonato, muestran para Chocó parcelas promedio del orden de 23 ha. y para Cauca de 9.7 ha., cantidad de terreno que triplica a los minifundistas y que "compensa" sus condiciones de marginalidad frente a la red de transporte y comercio (Machado et al, 1995). El efecto del desplazamiento en zonas de colonización tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que son regiones que por la falta de presencia estatal han sido o son propicias para el paso o
establecimiento de las guerrillas. Pero además, quienes desalojan los habitantes para ejercer su dominio de manera rápida se ven favorecidos pues no tienen mayores dificultades de orden jurídico, puesto que son posesiones de hecho de difícil reclamo.⁽⁴⁶⁾
Igualmente, y para el caso del Chocó, es un territorio de gran riqueza estratégica por el paso futuro de grandes troncales, la posible construcción del canal interoceánico, la creación del puerto de Turbo y sus innumerables riquezas mineras.
Finalmente, el destino de esa tierra es el abandono, de manera que se logra el objetivo de quienes desplazan a sus pobladores para acceder a la tierra y al territorio sin mayores impedimentos. La proporción del abandono ha aumentado con los años. en la medida en que quienes tenían
acceso a la tierra lo hacían en calidad de colonos. Por lo menos 7 de 10 familias pierden la tierra a la que tenían acceso y usualmente se quedan sin posibilidad de reclamar sus derechos de posesión.

Tabla 8. Tipo de tenencia de la tierra antes del desplazamiento por los HVR en los tres años de estudio. Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

1995 1996 1997

% % %

Propiedad 64.6 48.0 40.9

Arrendamiento 6.9 6.0 5.8

Aparcería 7.6 6.0 6.6

Colonato 6.3 37.0 45.5

Otro 8.7 3.0 1.2

dos o más 2.7 0.0 0.0

NS/NR 3.2 0.0 0.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La pérdida de la tierra, en sus distintas formas de acceso y tenencia, significa para una buena parte de los HVR mucho más que la pérdida del acceso a un factor productivo, que a la vez ofrece la posibilidad de abrigo, representado en el rancho o la casa campesina, por humilde que ésta sea. La vida en el campo y el trabajo a partir de la tierra generan una forma de identidad⁽⁴⁷⁾, como campesinos o colonos, a veces implícita, a veces manifiesta; una condición que se ve profunda e involuntariamente modificada por el desplazamiento. Por supuesto, esta identidad va a tener diferentes significaciones, particularmente a partir de las diferencias generacionales, que implican distintos grados de articulación e identidad con la vida campesina entre los viejos, los adultos y los jóvenes.

Tabla 9.Situación de las parcelas luego del desplazamiento de los HVR

1995 1996 1997

% % %

Vendió 12.8 4.0 1.6

Arrendó 2.0 2.0 2.0

Abandonó 76.6 88.0 94.4

Otro 13.6 5.0 2.0

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

• La pérdida del espacio físico y vital de la vivienda.
El desplazamiento implica una salida abrupta de la vivienda, de ese espacio físico y vital de encuentro, abrigo y reproducción sociocultural de la vida familiar. El abandono de la vivienda constituye una pérdida de múltiples significaciones en diferentes ámbitos de la vida del hogar rural.
En primer lugar, la familia rural modifica sustancialmente el tipo de vivienda, reduciendo los espacios de juegos, la independencia y la intimidad. La vivienda habitual en los campos es la casa que, aunque humilde, con una construcción muy distinta a la urbana, usualmente con piso de tierra, tiene suficiente espacio y permite libertad de movimiento a sus miembros, especialmente a los niños.
Además constituye el espacio privilegiado de las mujeres, quienes tienen a su cargo las obligaciones domésticas, pasan mayor tiempo en ella y usualmente toman las decisiones cotidianas allí. Una vez desplazada, la familia debe buscar una ubicación que se da en sus primeros momentos con familiares y/o amigos, en caso de que los tengan en el sitio de llegada, o en sitios de alojamiento provisional comunitario como escuelas, parques, iglesias, etc. Es un primer trauma que se siente de manera atrepellante, pero que en los momentos iniciales se vive con menos fuerza, dado que se supone que es una situación temporal y porque se está aún bajo el síndrome de haber salido ilesos de una situación de gran peligro. Sin embargo, con el paso los días, la situación se va tornando insostenible en la vida cotidiana, pues tanto los refugios y campamentos colectivos, como la condición de "arrimados" en donde algún familiar, no son propicios para la reanudación de las actividades regulares de la familia dada la limitación de servicios, de espacio físico, la pérdida de intimidad, etc..
De 10 HVR que salen desplazados, entre 7 y 8 hogares disponían antes del éxodo de una casa como vivienda habitual. Después del desplazamiento, sólo la mitad de ellos pueden habitar una casa y la otra mitad se reduce a vivir en un cuarto. De ahí que uno de los tipos de vivienda luego de la salida sea el cuarto alquilado. En los casos de desplazamientos colectivos y organizados, son los
cambuches y las viviendas temporales en campamentos, como en Pavarandó, en Turbo, en Barrancabermeja, etc.
Pero la pérdida de la vivienda implica también la pérdida económica de un patrimonio, que en muchos casos es el único de que dispone la familia rural. Las tendencias para los tres años de los cuales nos ocupamos muestran que:
• De 10 familias con vínculo rural desplazadas, entre 6 o 7 tenían vivienda propia antes del desplazamiento. Después del desplazamiento, sólo una logra adquirir casa propia. Un cálculo sencillo permite entonces pensar que sólo el 10% de las familias desplazadas logra recuperar su patrimonio en el término de un año luego del desplazamiento, sin ayuda externa y sólo a partir de sus propios recursos o sus nexos familiares. La vivienda es un bien irrecuperable para el 90% de las familias, aún en el mediano plazo, dado que los costos de construcción y las exigencias que ésta tiene en las ciudades exige una suma importante de dinero que las familias no tienen.
Por otra parte, la finca raíz es más costosa en los centros urbanos.
El arrendamiento de la vivienda se duplica y triplica con el desplazamiento, lo cual implica la destinación de recursos del exiguo presupuesto familiar para cubrir este rubro. Así, por ejemplo en Tierralta, mientras en el campo no se pagaba ningún tipo de arrendamiento, luego del desplazamiento las familias pagan en promedio $45.000 por vivienda, de un ingreso familiar que
no supera los $60.000 mensuales en promedio; es decir, el pago del alojamiento exige las tres cuartas partes del ingreso familiar.
• Alternativas como las invasiones de terrenos o, en algunos casos, el estar "arrimados" con algún familiar o amigo constituyen opciones, que no es posible sostener en el largo plazo, sin que se susciten graves conflictos interpersonales.
En algunos casos, cuando las familias logran conseguir un lote en las zonas marginales⁽⁴⁸⁾, hacen ranchos con materiales desechables y sin el acceso a los mínimos servicios, en condiciones de alto riesgo y desprotección para estos nuevos habitantes. Así la pobreza se extiende en las ciudades, contribuyendo a su desordenado crecimiento.

Tabla 10. Tipo de vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento

1995 1996 1997

Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %

Casa 82.6 42.4 71.3 32.3 82.9 35.4

Cuartos 11.5 50.6 16.6 46.7 10.3 33.3

Otro 2.6 3.3 12.0 20.9 6.8 31.3

NS/NC 3.3 3.7 - - - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 11. Tenencia de la vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. ⁽⁴⁹⁾

1995 1996 1997

Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %

Propia 67.6 14.3 63.8 9.6 67.6 11.2

Arrendada 13.9 43.5 30.8 64.2 23.5 50.2

Otra 14.8 38.5 5.4 26.3 8.9 38.7

No responde 3.7 3.7 0 0 0 0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 12. Conexión de la vivienda de los HVR con servicios públicos antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. ⁽⁵⁰⁾

1995 1996 1997

Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %

Electricidad 56.1 85.2 43.6 77.1 41.2 65.6

Acueducto 40.7 69.3 35.6 69.7 28.9 51.7

Alcantarillado 17.4 51.1 23.6 54.3 12.5 41.7

Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

• Como se puede apreciar, las encuestas muestran un mayor acceso a los servicios públicos de las viviendas habitadas por los HVR después del desplazamiento, especialmente a la electricidad, que a su vez favorece la adquisición de electrodomésticos de gran atracción como el televisor. Sin embargo, esto no significa mucho dentro del conjunto de condiciones críticas que tienen las viviendas que habitan los hogares desplazados y de los recursos que deben dedicar para pagar este servicio en detrimento de la comida, principalmente.
• Al evaluar las condiciones del cambio de vivienda de las familias con vínculo rural, es posible afirmar que, desde cual quier punto de vista, hay un gran deterioro, con un efecto negativo grave y permanente de riesgo para la salud integral de todos y cada uno de los miembros del hogar y para este en su conjunto. Es importante recordar que la vivienda es un elemento esencial en los procesos de inserción de los migrantes (Dureau, 1992) y que de su estabilidad, calidad y comodidad van a depender en gran medida los procesos de recuperación emocional de las familias y su articulación con el nuevo entorno.
En algunos casos, cuando la migración es a la cabecera municipal^⁽⁵¹⁾, es frecuente encontrar soluciones temporales a partir de la modificación del sistema de residencia, pues los hombres suben a sembrar en el campo, o "en el monte" como ellos lo llaman, en la temporada propicia y luego regresan al casco urbano en donde se ha quedado el resto de la familia. Se generan así formas bi y tri residenciales, que antes no existían, en lo que en algún momento denominamos retomo laboral. En algunos casos esta misma actividad la hacen mujeres solas y usualmente se realiza en asociaciones que se hacen entre parientes y amigos, con miras a compartir los riesgos que tiene el retornar, los gastos económicos, la disponibilidad de mano de obra familiar, el cuidado del cultivo en sus distintas fases y la incertidumbre de los resultados.
• El deterioro en sus condiciones de salud
Aunque esta pregunta no ha sido suficientemente examinada en la encuesta del Sisdes, consideramos importante llamar la atención sobre el deterioro en las condiciones de salud integral de la familia, que en situación de desplazamiento se ve sometida a enormes riesgos, dado que:
• La nutrición se reduce pues la familia ha perdido su seguridad alimentaria doméstica que, aunque no fuese suficientemente equilibrada, se mantenía a partir del cultivo de la tierra.
• La asignación de recursos económicos para vivienda tiene mayor prioridad que la compra de alimentos.
• Las familias, usualmente, habitan en ¡as condiciones ambientales precarias de los barrios marginales y en las deficientes condiciones higiénicas de la vivienda, fruto del alto grado de hacinamiento y de la baja cobertura del servicio de alcantarillado.
• La salud mental de la familia agobiada por el estrés de su situación presente y la incertidumbre sobre el futuro, se traduce en multiplicidad de conflictos interpersonales e intergeneracionales
para los cuales no está preparada.
• Las familias registran una alta vulnerabilidad que se manifiesta en un aumento de la morbilidad, lo cual supone una demanda frecuente de atención médica ⁽⁵²⁾ a nivel curativo.
2.6. Cambios en los procesos de desarrollo local ⁽⁵³⁾
Sin duda alguna, los cambios que se producen en la condición y situación de las familias desplazadas de origen rural, implican modificaciones más o menos importantes en los procesos de desarrollo local de salida v de llegada de la población, según características de intensidad y frecuencia de los flujos de salida y llegada, de dinámicas de organización en estos procesos y también de respuestas institucionales en soluciones permanentes, entre otras.
Dichos cambios están muy articulados a las modificaciones sustanciales que se dan en torno a nociones de identidad ⁽⁵⁴⁾, en tanto que criterio de unidad y de diferenciación con respecto a las y los otros, el cual se construye en permanente interacción entre los individuos y la colectividad, en un proceso de construcción/ modificación permanente. Algunos de los criterios más usuales están referidos a la familia, la actividad laboral, la edad, el género, la región, la nacionalidad, etc., de manera única o entrecruzada. Para la cuestión que nos ocupa, estamos refiriéndonos a la modificación repentina que tiene la identidad en los pobladores rurales por efecto del desplazamiento, quienes pasan de ser campesinos, productores rurales, colonos, habitantes de X vereda, a ser nombrados como "desplazados".
Ese cambio está fuertemente articulado a la pérdida de un espacio vital, físico y social; esto es, de un territorio de referencia para vivir y trabajar, puesto que no pueden disponer del que debieron abandonar por razones de inseguridad, pese a continuar teniendo en algunos casos la propiedad legal del mismo. Pero, además, el sitio de llegada no puede considerarse aún como el nuevo espacio para "volver a empezar", por cuanto no hay ninguna seguridad económica, o posibilidad real de adquisición de tierra o casa, que les permita recomponer nuevamente su articulación a un territorio. Para los desplazados, la ausencia de un territorio real en donde reconstruir sus proyectos de vida durante un periodo de tiempo significativamente extenso, sumado al duelo por la pérdida de aquello que ya había sido asumido como propio, disminuye las dinámicas de integración social⁽⁵⁵⁾, tan necesarias en los procesos de desarrollo y de creación de territorio.
Mencionaremos a continuación algunos de los cambios más evidentes e importantes a nuestro juicio:
• Reordenamiento sociodemográfico
Uno de los principales cambios tiene que ver con un reordenamiento sociodemográfico, que direcciona flujos de población en la vía rural urbana. Sin duda alguna, el desplazamiento está teniendo una gran responsabilidad en la concentración de población en zonas urbanas, no solamente en las grandes ciudades, sino también en los cascos urbanos de sus municipios de origen y de otros municipios pequeños circunvecinos, dinámica que va aparejada con un despoblamiento de los campos colombianos.
Tal reordenamiento sociodemográfico, mirado desde sociedades locales pequeñas, alcanza dimensiones determinantes hacia la configuración de una nueva ruralidad, con nuevos actores que desocupan, controlan y repueblan territorios por la vía armada, en un proceso que intensifica la concentración de la tierra. La historia de miles de pobladores rurales va quedando así marcada por el dolor de la expulsión, el desarraigo y la injusticia, en nuevos ciclos que se repiten y replican en
cada vez más lugares del país. La salida de cientos de familias que dejan veredas y corregimientos deshabitados completamente, constituye una ruptura de procesos económicos, socioculturales y políticos, de los cuales nos ocuparemos más adelante.
Simultáneamente con el despoblamiento de zonas rurales, se redefínen núcleos urbanos, en donde se tejen relaciones con pobladores que han arribado antes a ese lugar, algunos viviendo en condiciones tan marginales como los mismos desplazados, relaciones que fluctúan entre la solidaridad y la competencia por recursos y servicios usualmente escasos, la ocupación de espacios, etc. Además, la intolerancia y el egoísmo hacen surgir, especialmente entre los menos pobres, expresiones de rechazo para los intrusos, que podrían contaminar con la violencia y la pobreza los sitios de llegada, pues argumentan que si son perseguidos es porque "algo habrán hecho". A estos complejos procesos de interacción social, es necesario añadir la ampliación de la cobertura de la violencia sociopolítica, que disminuye las posibilidades de espacios físicos y sociales de acogida para procesos de reubicación de las familias desplazadas.
• Modificaciones en la dinámica económica productiva local
El reordenamiento sociodemográfico antes enunciado, produce de manera intempestiva grandes modificaciones en los procesos económicos de producción y consumo. Los flujos de demanda y oferta de alimentos, servicios y el mercado laboral, van a verse afectados de manera diversa y según la dimensión misma del fenómeno del desplazamiento.
El desplazamiento, articulado con una fuerte crisis económica del sector agropecuario, está debilitando la capacidad de autoabastecimiento alimentario en el país. Esto, sin embargo, es más evidente en la instancia doméstica. Allí se genera de manera inmediata y abrupta una gran dependencia alimentaria y económica por parte de los desplazados, quienes pierden la posibilidad que tenían en su finca de proveerse por sí mismos de algunos alimentos básicos, así fuera de manera precaria. Ahora son demandantes totales y permanentes de los alimentos básicos. "Aquí pasando hambre, se acuerda de que en su finquita, pobre y todo, uno tenía su yuca, la lechecita, el maíz, el arroz, y de hambre no se moría.
En cambio en el pueblo todo debe comprarlo muy caro y nosotros sin ganar un peso!..." Expresiones como esta, repetida por hombres y mujeres con nostalgia, permiten mostrar esta difícil realidad.
Pero, además, la mayor parte de pobladores rurales, que aportaban de manera constante como oferentes al mercado local y regional de alimentos, al salir de sus parcelas pierden la capacidad y el papel que tienen como proveedores de cerca del 50% del mercado interno de alimentos.
Ello repercute en la dinámica de estos mercados y en el aumento de los precios. El desplazamiento afecta también el papel productivo que desempeñan los pobladores rurales como asalariados agrícolas, en fincas de grandes y medianos productores y en empresas agropecuarias. Todo ello tiene grandes implicaciones para la vida económica de los municipios y regiones, tanto por la pérdida de autosuficiencia de muchos de sus pobladores desplazados, como por la disminución de los aportes que ellos hacían al mercado local y regional de productos y de trabajo⁽⁵⁶⁾.
El impacto del desplazamiento en la dinámica laboral y productiva agropecuaria incluye el papel de hombres y de mujeres, niños, jóvenes y viejos, quienes de diferente forma aportan al sistema doméstico y social, aún cuando usualmente sólo sea reconocida y cuantíficada la contribución de los hombres adultos⁽⁵⁷⁾.
En las zonas de llegada, los pobladores rurales desplazados deben modificar se veramente sus actividades laborales y su dinámica económica, incorporándose al sector de la economía informal y engrosando los barrios marginales, siendo señalados con frecuencia como una carga social que los gobiernos municipales y muchos de sus habitantes consideran que no tienen por qué asumir.
• Ruptura y renovación en los proyectos colectivos
Los desplazamientos pueden provocar verdaderas rupturas en los proyectos sociales locales y microlocales. En el sitio de salida, el peso del impacto no sólo va a depender de la cantidad proporcional de personas que hayan tenido que desplazarse, sino del liderazgo y el papel social y económico que aquellos desempeñaban en estas redes de vecindario y en los posibles proyectos de vida social que estuvieran en construcción. Cuando hablamos de proyectos de vida colectivos,
no nos referimos a las decisiones planificadas escritas y gestionadas con instituciones, sino fundamentalmente a los procesos vitales que se van gestando día a día y a ciertos sueños de futuro, muchas veces tácitos, que van dando identidad, cohesión y pertenencia a los miembros de una vereda o un municipio.
En el sitio de llegada, el efecto del desplazamiento en los proyectos sociales, tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de personas y con el tiempo de su permanencia en ese lugar. Las posibilidades de generar solidaridades y espacios para volver a empezar están mediadas, entre otras cosas, por los vínculos existentes entre los que están y los que llegan, muchas veces caracterizados por el parentesco; por la capacidad de acogida del sistema económico de la localidad a las nuevas demandas de empleo y de servicios; por la dinámica de asimilación de los desplazados a los otros pobres, también migrantes por diversas causas; por la capacidad, voluntad y sensibilidad institucional local frente al problema del desplazamiento, muchas veces inexistente o muy precaria. La articulación entre los que llegan y los que estaban, va a ser un proceso lento, que va a estar mediado por los recursos institucionales y los beneficios no excluyentes que se puedan gestar, y que podrían jalonar procesos importantes de desarrollo local.
• Modificación de contextos socioculturales
Los contextos socioculturales están fuertemente relacionados con la identidad regional, que en Colombia tiene una gama inmensa de expresiones. En la medida en que el éxodo los lleva a espacios socioculturales muy distintos a los que están acostumbrados⁽⁵⁸⁾, se llega a extrañar con más fuerza cada suceso cotidiano: el clima, los alimentos típicos, el vecindario, el mercado, los amigos, la música, en fin, todo aquello que significa "su tierra", en tanto "costeños", "llaneros", "paisas", con expresiones culturales propias. Esta nostalgia, es reconocida por algunos autores como una sublimación de una territorialización de la identidad (CHEVEL, 1986).
La asimilación de las nuevas condiciones predominantes, de las reglas del juego existentes en el nuevo lugar, exigen acomodaciones que no son simples y que incluyen las adaptaciones a las distancias, a los nuevos empleos, a la nueva geografía, etc.
En contraste, y mientras los que llegan intentan comprender las lógicas y realidades un tanto diferentes, los pobladores residentes con frecuencia tienden a considerar que los "extraños"⁽⁵⁹⁾ rompen con cierta uniformidad existente y usualmente tal ruptura es vista de manera negativa. El proceso de articulación entre "propios" y "extraños" conlleva una diferenciación que en ciudades como Bogotá, en donde convergen personas de todo el país, y en muchas otras de carácter intermedio, se torna arbitraria y casi que se fundamenta en el tiempo de llegada, pero, sobretodo, en las condiciones de llegada.
• Redefinición de relaciones de poder según género y edad
La violencia y el desplazamiento están modificando de manera diferenciada, según género y edad, las historias personales, familiares y sociales. Las propias vivencias, las capacidades pa

Tabla 1. Número de hogares encuestados por el Sisdes entre 1995-1997
Años	1995	1997	1998
Número de HVR	540	564	439
Porcentaje de HVR sobre total hogares encuestados	67.8%	60.3%	69%

Tabla 2. Composición de los hogares desplazados con y sin vínculo rural en 1996 y 1997
	1996				1997
Número de personas	Hogares con vínculo Rural		Hogares sin vínculo rural		Hogar con vínculo rural		Hogares sin vínculo rural
	#	%	#	%	#	%	#	%
de 1 a 3	162	28.72	155	41.78	99	23.97	37	37.37
de 4 a 6	283	50.18	178	47.98	205	49.64	49	49.49
de 7 a 10	104	18.44	38	10.24	93	22.52	12	12.12
más de 10	15	2.66	0	0.0	16	3.87	1	1.01
Total	564	100.00	371	100.00	413	100.00	99	100.00
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

Tabla 3. Jefatura del hogar según género en los HVR desplazados
	*1985/94()**	1995	1996	1997
Jefatura de hombres	83.7	73.4	67.2	66.7
Jefatura de mujeres	16.3	26.6	32.8	33.2
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997.(*)Informe Conferencia Episcopal

Tabla 4. Educación formal de los jefes de hogares con y sin vínculo rural
	1996⁽⁴⁰⁾		1997⁽⁴¹⁾
	HVR	HSVR	HVR	HNVR
Ningún nivel educativo	21.0	2.0	6.8	0.0
Primaria incompleta ⁽⁴²⁾	43.0	23.0	43.7	36.2
Primaria completa	16.0	17.0	22.2	23.2
Secundaria incompleta	14.0	14.0	17.6	24.6
Secundaria completa	3.0	40.0	5.5	13.0
Educación superior	3.0	5.0	4.2	3.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

Tabla 5. Responsables del desplazamiento de HVR en Colombia en 1996 y 1997
Responsables	1996		1997
	#	%	#	%
Guerrilla	206	36.52	114	25.97
Paramilitares y Autodefensas	303	53.72	291	66.29
Fuerzas Armadas del Estado ⁽⁴³⁾	72	12.77	27	6.15
Milicias	39	6.91	5	1.14
Narcotráfico	9	1.60	4	0.91
Otros	46	8.16	56	12.76
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997. Codhes

Tabla 6. Pertenencia a organizaciones de los jefes de HVR en 1995, 19960 y 1997⁽⁴⁵⁾
	1995	1996	1997
	%	%	%
Sindical	6.2	5.0	2.8
Política	19.7	4.0	8.8
Cooperativa	6.0	7.0	2.8
Religiosa	5.7	8.0	12.6
Comunitaria	27.9	67.0	67.4
Indígena	5.0	0.0	0.0
Otra	29.5	9.0	5.6
Total	100.00	100.00	100.00
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 7. Área de terreno a la que tenían acceso los HVR antes del desplazamiento
	1995	1996	1997
	%	%	%
Menos de 1 ha.	22.3	0.0	0.0
de 1 a 10 ha.	36.3	31	29.1
de 11 a 20 ha.	13.3	23	19.4
de 21 a 50 ha.	15.8	31	32.7
de 51 a 100 ha.	8.3	16	18.9
más de 100 ha	4	0.0	0.0
Total	100.00	100.00	100.00

Tabla 8. Tipo de tenencia de la tierra antes del desplazamiento por los HVR en los tres años de estudio. Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.
	1995	1996	1997
	%	%	%
Propiedad	64.6	48.0	40.9
Arrendamiento	6.9	6.0	5.8
Aparcería	7.6	6.0	6.6
Colonato	6.3	37.0	45.5
Otro	8.7	3.0	1.2
dos o más	2.7	0.0	0.0
NS/NR	3.2	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0

Tabla 9.Situación de las parcelas luego del desplazamiento de los HVR
	1995	1996	1997
	%	%	%
Vendió	12.8	4.0	1.6
Arrendó	2.0	2.0	2.0
Abandonó	76.6	88.0	94.4
Otro	13.6	5.0	2.0
Total	100.0	100.0	100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 10. Tipo de vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento
	1995		1996		1997
	Antes %	Después %	Antes %	Después %	Antes %	Después %
Casa	82.6	42.4	71.3	32.3	82.9	35.4
Cuartos	11.5	50.6	16.6	46.7	10.3	33.3
Otro	2.6	3.3	12.0	20.9	6.8	31.3
NS/NC	3.3	3.7	-	-	-	-
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 11. Tenencia de la vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. ⁽⁴⁹⁾
	1995		1996		1997
	Antes %	Después %	Antes %	Después %	Antes %	Después %
Propia	67.6	14.3	63.8	9.6	67.6	11.2
Arrendada	13.9	43.5	30.8	64.2	23.5	50.2
Otra	14.8	38.5	5.4	26.3	8.9	38.7
No responde	3.7	3.7	0	0	0	0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 12. Conexión de la vivienda de los HVR con servicios públicos antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. ⁽⁵⁰⁾
	1995		1996		1997
	Antes %	Después %	Antes %	Después %	Antes %	Después %
Electricidad	56.1	85.2	43.6	77.1	41.2	65.6
Acueducto	40.7	69.3	35.6	69.7	28.9	51.7
Alcantarillado	17.4	51.1	23.6	54.3	12.5	41.7
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.