Desplazamiento y Violencia
Un país que huye

Capítulo XXII

Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)


El éxodo forzado de población del campo a la ciudad es hoy una realidad que trasciende los flujos migratorios tradicionales económicos y se convierte en un problema estrechamente ligado al conflicto armado interno. En este sentido es una consecuencia de la vulneración de los derechos humanos y del derecho humanitario que afecta principalmente a los asalariados agrícolas y a los pequeños y medianos propietarios, quienes son obligados a abandonar las zonas rurales del conflicto (creando ya un problema parala economía nacional), para trasladarse a centros urbanos e incidir demográficamente en escenarios desconocidos en donde se hace evidente su desarraigo y se multiplican los problemas sociales.

En consecuencia, el seguimiento de los Hogares con Vínculos Rurales (HVR) sometidos al desplazamiento en el marco de la guerra irregular que vive el país y de otras manifestaciones de violencia, especialmente la que nace del conflicto social por la tenencia y explotación de tierra, se convirtió en un componente específico de la investigación estadística y social que adelantan Codhes desde 1995.

Este trabajo de investigación, realizado por Flor Edilma Osorio y Fabio Lozano, es la continuación de esta observación sistemática del problema de los campesinos desplazados por violencia en Colombia y aporta un análisis comparativo de las tendencias y comportamientos del fenómeno en los últimos tres años.

Al publicar el informe final de este estudio, Codhes agradece a la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos la contribución que hizo posible su realización y reafirma el propósito de que este análisis y sus recomendaciones contribuyan a generar políticas efectivas que frenen el desplazamiento forzado y, en todo caso, garanticen la restitución de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de quienes perdieron parte de su esperanza.


Contenido

Introducción

Las condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia

  1. El modelo capitalista y su ajuste estructural de la economía
  2. La contrarreforma Agraria
  3. Las inversiones infraestructurales para una modernización de la economía
  4. La supervivencia del campesinado y la destrucción de la organización campesina
  5. El avance de una cultura de administración moderna (Desarrollo Institucional)
  6. Los actores del conflicto
    6.1. Los Paramilitares
    6.2. Las guerrillas
    6.3. Las fuerzas del Estado
    6.4. El narcotráfico

Tendencias que caracterizan los hogares rurales desplazados en Colombia: una aproximación a partir de las estadísticas

  1. Advertencia metodológica
  2. Características de los hogares desplazados con vínculo rural, HVR
    2.1. La población rural, la más afectada
    2.2. Características de los hogares con vínculo rural desplazados: composición, distribución etárea y jefatura.
    2.3. Los paramilitares principales causantes de desplazamiento de población rural
    2.4. El miedo y las amenazas
    2.5. La destrucción de los procesos socio económicos
    2.6. Cambios en los procesos de desarrollo local

La atención de la población desplazada en zonas rurales

  1. Contexto de la atención institucional para la población desplazada
  2. La reubicación de población desplazada en zonas rurales. Algunos elementos de análisis
    2.1. Características el desplazamiento
    2.2. Características de la organización
    2.3. Relación con la comunidad de llegada
    2.4. Condiciones de explotación de los nuevos asentamientos
    2.5. Acompañamiento institucional del proceso

Reflexiones sobre alternativas para la acción

  1. Diez estrategias de acción frente al desplazamiento de población rural
    1.1. Comunidades y espacios territoriales de paz
    1.2. Reforma de las Fuerzas Armadas
    1.3. De frente a los paramilitares
    1.4. De frente a la guerrilla
    1.5. Unidades especiales de investigación, juicio y condena de los responsables del desplazamiento
    1.6. Control de los procesos económicos alrededor de tierras y ganados
    1.7. Apoyo a planes de desarrollo rural y urbano
    1.8. Exigencia de inversión social de los proyectos infraestructurales
    1.9. Red de colaboración para el apoyo a los desplazados y equipos interdisciplinarios e interisntitucionales de acompañamiento
    1.10. Programa de investigación y estudios
  2. Notas sobre aspectos concretos de la acción frente al desplazamiento
    2.1. Con respecto a criterios generales
    2.2. Con respecto a la emergencia
    2.3. Sobre la satisfacción de necesidades básicas
    2.3.1. En salud
    2.3.2. En educación
    2.3.3. En vivienda
    2.3.4. En trabajo
    2.4. Sobre la investigación
    2.5. Sobre la capacitación de agentes de acompañamiento y apoyo a los desplazados

Bibliografía


Introducción

El desplazamiento forzado en Colombia, y muy especialmente el de los pobladores rurales, se define en los últimos años por un doloroso contraste entre la palabra y la realidad, entre los discursos y las acciones, entre las intenciones y los hechos.

Se percibe, por una parte, una corriente dinámica de reconocimiento y asunción del problema, que se expresa en los discursos de los políticos frente al desplazamiento y a la situación del campesinado en el país; en las múltiples denuncias de los medios de comunicación y de las organizaciones no gubernamentales sobre los hechos de violencia y desplazamiento; en la elaboración de leyes y documentos orientadores de políticas frente al desplazamiento; en la fuerte intervención de agencias internacionales para presionar el cumplimiento de los Derechos Humanos; en la promesa de recursos para el auxilio a los migrantes forzados; en la multiplicación de instituciones gubernamentales para la atención a desplazados; en las jornadas cívico militares de supuesta recuperación de terreno y protección a los desplazados; en el discurso de los actores armados que pretenden defender los intereses de los campesinos; en la realización de diferentes eventos de carácter académico sobre el tema; en el esfuerzo terco de mujeres y hombres de todas las edades que, como forma básica de resistencia, intentan la reconstrucción de sus vidas o por lo menos la sobrevivencia en las solidaridades y celebraciones cotidianas.

Pero, al mismo tiempo, se han multiplicado las familias que han tenido que huir de sus ranchos y sus sembradíos por la persecución de los actores armados; se repite impunemente el hecho de que muchas viudas se vean forzadas a entregar las tierras que sus asesinados maridos les dejaron en teoría, con base en un papel o una tradición; se establece el miedo y el sometimiento de muchos campesinos que se callan y tratan de sobrevivir bajo el poder de los nuevos dominadores; han sido asesinados o se encuentran amenazados los líderes de pobladores que han buscado la paz y reclaman su derecho a no apoyar a los actores armados; se continúan haciendo enormes inversiones en armas y en la logística de la guerra; miles de desplazados continúan sin atención y a sus angustias han debido sumar el drama de las exigencias burocráticas, de las discriminaciones y desconfianzas, de las represiones ante sus reclamos.

ΏPor qué este contraste?. Nos permitimos pensar que el problema del desplazamiento no ha sido comprendido y enfocado adecuadamente, que es necesario redoblar nuestros esfuerzos en una investigación activa que lleve a mejores alternativas. En este esfuerzo, que sabemos compartido por varias personas e instituciones, se ubica este trabajo que busca analizar la situación del desplazamiento en Colombia, durante tres años consecutivos, de 1995 a 1997, teniendo una mirada privilegiada sobre los Hogares con Vínculos Rurales (HVR).

Agradecemos a la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos por su apoyo económico y a Codhes por haber nos confiado la tarea. Pero, muy especialmente, queremos agradecer a las personas desplazadas que se arriesgaron a confiar en nosotros y nos permitieron conocer sus experiencias y acompañarlas en sus inciertas búsquedas.

Pese a que el estudio centra su atención en un grupo poblacional, no desconoce a las otras poblaciones que se encuentran en la misma situación, sino más bien busca los elementos que confieren cierta diferenciación de los grupos, diferencias que exigen así mismo estrategias y procesos de intervención distintos.

El estudio no pretende una reflexión completa sobre la dinámica de violencia y la participación de los actores armados. Es un trabajo que responde a otros objetivos. Dicha violencia se asume aquí como escenario fundamental que, junto con el modelo de desarrollo económico y con otros factores, posibilita una dinámica retroalimentadora del conflicto. Igualmente, y en términos de la intervención del desplazamiento, no se refiere de manera particular a la prevención de éste, sino a las etapas posteriores de emergencia y de consolidación.

El texto se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace una rápida aproximación a las condiciones en las que se desarrolla el desplazamiento de la población rural. Se pretende plantear allí que el juego de esas condiciones genera y caracteriza el desplazamiento, y que sólo mediante una intervención en ellas es posible ofrecer una respuesta adecuada tanto en el orden preventivo, como en la atención de emergencia y en la reconstrucción socioeconómica.

En el capítulo segundo se hace una caracterización del desplazamiento de los hogares con vínculo rural, a partir de fuentes estadísticas del Sistema de Informa ción sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes), de Codhes, en los últimos tres años. Las tendencias están referidas a flujos de población, características de las y los desplazados, en términos de las dinámicas anuales, y de la comparación de los Hogares con Vínculos Rurales (HVR) con aquellos que no tienen dicho vínculo. Este aparte finaliza con algunas reflexiones en torno a los cambios que se producen con el desplazamiento tanto en las sociedades locales de salida como en las de llegada.

El capítulo tercero se ocupa de la intervención institucional frente al desplazamiento. Luego de una rápida mención a los cambios normativos e institucionales que se han producido en el nivel gubernamental, se pasa a mirar los recientes procesos de reubicación de grupos de familias desplazadas,. Para ello se hace un análisis comparativo de tres casos de procesos de organización y reubicación de población desplazada en zonas rurales en diferentes regiones del país, en la época pertinente. Los estudios de caso se ubican en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba y Tolima. Finalmente, en el capítulo cuarto se plantean algunas reflexiones sobre pistas y criterios de acción ante la problemática.

Intentamos acercarnos al problema del desplazamiento desde la convicción de que dicho fenómeno, así como el de la violencia que lo genera, requiere ser estudiado en el marco de la interacción de grupos sociales en espacios y territorios de terminados y desde una perspectiva histórica que permita comprender un poco mejor los complejos entramados. Nos permitimos adjuntar en esta introducción una pequeña síntesis de la evolución del problema en los años más recientes.

Dentro del creciente y permanente desplazamiento que se venía constatando desde mediados de los años 80, cuyo mayor volumen corresponde a los desplazamientos individuales y familiares, en los últimos tres años se ha incrementado y adquirido relevancia política y social el desplazamiento masivo (1). En ocasiones este desplazamiento masivo es organizado, lo cual implica una capacidad de negociación frente al Estado y las ONGs, pero en muchos casos la movilización no tiene ninguna organización y sucede simplemente como desbandada ante una amenaza inminente.

Las instituciones tanto del Estado como de los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, han prestado por razones de facilidad mayor atención a estos desplazamientos masivos. Pero el grueso de la población desplazada está quedando sin protección y socorro debido a su dispersión. Ligada a ese incremento del desplazamiento masivo, se ha dado una mayor atención social frente al problema. Mientras muy aisladas voces se referían hace apenas una década al desplazamiento y trataban de llamar la atención de la sociedad, hoy el problema se volvió una moda. Ello ha tenido varios efectos y diversas implicaciones, la mayoría de las cuales son positivas.

Por una parte, la insistencia de las ONGs y la característica masiva del fenómeno se han retroalimentado, logrando captar mayor atención de los medios de comunicación y de las autoridades en los distintos niveles, así como de la opinión pública nacional e internacional. Todo esto ha favorecido una mayor expresión de la situación de desplazado, generando en algunos casos cierta nueva identidad que, sin embargo, no siempre escapa a la estigmatización y no garantiza la atención.

El desplazamiento se ha ido convirtiendo en un espacio de participación política, bien sea porque organizaciones de desplazados y ONGs asumen diversas formas de presión ante el Estado, entre las que se cuenta la presión internacional; bien sea porque los gobiernos, a su tumo, han buscado legitimarse nacional e internacionalmente mostrando acciones ante el desplazamiento o tratando de negar la magnitud del problema. Al desplazamiento selectivo de los miembros de organizaciones y partidos políticos se añadió un desplazamiento colectivo e indiscriminado de poblaciones enteras de un territorio determinado. El carácter masivo del desplazamiento ha sido fruto de la estrategia de control territorial que están empleando los grupos armados.

Dentro de estos desplazamientos colectivos se han visto afectados diversos grupos étnicos tanto de indígenas como de comunidades negras, con lo cual el problema, además de tener implicaciones económicas y políticas, hace relación a la identidad cultural y al tipo de organización propio de estos grupos. Las estrategias de atención de estos grupos adquieren características particulares que es necesario tener en cuenta.

Otro hecho destacable fue el paso de la frontera de algunos desplazados, con lo cual el problema adquirió connotaciones internacionales y debió haberse solucionado, dentro del derecho internacional, como un caso de refugiados. Sin embargo, en la práctica esto no se ha dado, como se ve en el caso de Panamá (2). El desplazamiento en las fronteras con Venezuela y Ecuador, pese a mantener su vigencia, no ha tenido la suficiente atención.

Dentro de las iniciativas de los desplazados, existe una enorme variedad de formas de manejo de su solución, según las circunstancias de cada lugar. Se ha destacado en algunos medios de comunicación la gestión de las denominadas comunidades de paz. Vale la pena destacar este mecanismo de reconstrucción social, que propone una alternativa en la que se asume conscientemente una posición de independencia y autonomía frente a los actores armados. Su viabilidad y sus posibilidades de reproducción constituyen un serio interrogante. Igualmente, existen otras formas de organización y de expresión de los desplazados a favor de la paz y como reclamo a sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad, cuyas características requieren suficiente análisis.

Dentro de estas últimas es necesario estudiar, por ejemplo, los retornos, las reubicaciones individuales o grupales en terrenos rurales y en terrenos urbanos, así como las formas de presión ante los organismos del Estado.


Las condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia

Es bastante común señalar el origen del desplazamiento forzado por violencia en la lucha fratricida de unos grupos armados que intentan ejercer el control militar de diversas zonas del país. Esta comprensión, inicialmente cierta, es insuficiente. Si se pretende influir en la definición de políticas y criterios de acción realistas frente al problema, es necesario considerar más amplia y profundamente el contexto económico, social y político del creciente fenómeno de desplazamiento. Es decir, se requiere dejar de considerar que la expulsión de miles de familias de sus tierras y sus viviendas en todo el territorio nacional se deben, únicamente, a actos aislados de grupos al margen de la ley y al margen de los procesos de construcción de la sociedad.

La violencia y el desplazamiento sólo se explican dentro de las complejas relaciones en un sistema en el que varios elementos de naturaleza económica, cultural, social, política y militar crean una serie de condiciones propicias y caracterizadoras de dichos fenómenos. A esas condiciones, se añaden decisiones personales y colectivas con intereses igualmente complejos. No se puede entonces señalar una sola causa. Es necesario tratar de entender el problema en el conjunto de condiciones explicatorias dentro de un sistema y a ello agregar el juego de las libertades humanas (3). En otros términos, no vamos a tratar de precisar las causas del desplazamiento forzado por violencia sino de entender las condiciones en las que ésta se produce, se mantiene y adquiere características particulares.

A nuestro modo de ver, el desplazamiento forzado de campesinos está, por una parte, en estrecha relación con la aplicación de un modelo económico que premia la acumulación de capitales, privilegia la industria, el comercio y la organización empresarial, y que requiere determinadas obras de infraestructura en el campo de vías, transportes y generación de energía. Dichas obras no sólo demandan mano de obra barata, espacios y recursos geográficos y formas de dominio territorial o por lo menos de garantías de seguridad, sino que producen una valoración diferente de los territorios y de los recursos naturales. En ese ambiente, algunos sectores impulsan acciones armadas con el fin de apropiarse de terrenos y ganados y ubicarse en las zonas en las que las obras de infraestructura se están construyendo o van a iniciarse. Así, el modelo económico capitalista no explica en sí mismo las expresiones de violencia y conflicto armado en particular, pero la inserción de dicho modelo es conflictiva, crea condiciones y exigencias que propician la violencia, se nutre de ese conflicto y lo caracteriza.

Pero, por otra parte, el desplazamiento y su hechos generadores, sólo se entienden en el contexto de una mentalidad de negación del "otro" desde una visión dualista del mundo y una moralidad maniquea. Dicho fenómeno, presente tanto en los dogmatismos de derecha como de izquierda que han marcado el juego político colombiano, se revela igualmente en los criterios de acción de diversos organismos de seguridad del Estado, en las prácticas de las mafias del narcotráfico, en los actos justificatorios de los diversos grupos de insurgencia y contrainsurgencia y en muy variadas prácticas de la vida cotidiana (4).

Igualmente el desplazamiento sólo se entiende en el marco de un sistema político que se ha estructurado durante siglos sobre la represión y la marginación de las mayorías pobres y la negación de su participación real en los beneficios y decisiones sociales. Este sistema político, sin embargo, se caracteriza también por conservar una formalidad democrática y por un permanente avance en la instauración de un Estado de Derecho basado en constituciones y leyes cada vez más abiertas al reconocimiento de los derechos fundamentales de cada persona y de cada grupo. De la misma manera, se establece un Estado que pretende cada vez ser más acorde con la modernidad y se multiplican las instancias para la búsqueda de garantías constitucionales. Todo lo cual lleva a una multiplicación de normas e instituciones y cargos que, sin embargo, no logran influir en los principales fenómenos de injusticia, empobrecimiento, violencia, corrupción y marginación.

Dentro de este marco pretendemos desarrollar a continuación una visión sobre algunas condiciones explicatorias del desplazamiento rural en Colombia. La lectura nos exige centrarnos en los problemas.

De manera consciente estamos, entonces, excluyendo las expresiones de la realidad que podrían valorarse como más constructivas.

1. El modelo capitalista y su ajuste estructural de la economía

Desde la décadas del 30 y 40 se inició en Colombia un proceso llamado de modernización económica del país, en el que se impulsa un modelo de desarrollo que privilegia la industria y el comercio, frente al sector primario de la economía.

Durante varios años este modelo estuvo orientado hacia la protección de la empresa nacional mediante aranceles, subsidios, etc., que le permitieran fortalecerse y ser capaz de suministrar bienes y servicios para el desarrollo, sin tener que acudir al exterior. A finales de los años 80, el modelo capitalista internacional exige que estas medidas proteccionistas se desmonten de manera que el juego de mercado opere libremente y permita, de acuerdo con la teoría económica dominante, un mayor equilibrio y prosperidad.

Se comienza así un proceso conocido como apertura económica y ajuste estructural cuyo más claro impulso se toma en el gobierno de Gaviria (5). Dicho ajuste se ha justificado con el argumento de favorecer a los consumidores, que estaban pagando precios más altos de los que se conseguían en el mercado internacional, y estimular la mayor eficiencia y competitividad, puesto que las medidas proteccionistas estarían conduciendo a un estancamiento tecnológico y a la dedicación de esfuerzos en ciertos productos que podían conseguirse a menores precios en el mercado internacional. Con esta apertura, en cambio, se llegaría a la especialización en productos para los cuales estaría el país en mejores condiciones de competir.

En el caso del sector agropecuario, la aplicación de dichas medidas trajo efectos variados según productos y sectores, que no podemos detallar en este estudio. Sin embargo, resaltamos que:

• Se aumentaron significativamente las importaciones de productos agropecuarios, de manera que se pasó de 378.6 millones de dólares en 1991 a 1852.9 millones en 1996, y de 1035.4 mil toneladas netas de importaciones de productos agropecuarios en 1991 a 3767.9 mil toneladas en 1996. (6)

• Se redujo en 450.000 hectáreas el área de superficie cultivada. (7)

• Se produjo una disminución importan te en el empleo rural, al pasar de 3,31 millones de personas ocupadas en actividades agropecuarias en 1991 a 3,05 millones en 1996, y se pasó de una tasa de desempleo rural de 4.2% en noviembre de 1991 a 6.4% en septiembre de 1996. (8)

• Se redujeron los precios al productor de algunos productos agropecuarios, especialmente algunos importables como cereales y oleaginosas (9), y, según algunos estudiosos del tema, se está produciendo una "adaptación de la estructura productiva, mediante la cual van perdiendo peso actividades productivas y cultivos" que encuentran condiciones más propicias en zonas templadas que en el trópico. Sin embargo, es necesario precisar que la mejora en productos como las frutas y las hortalizas no puede adjudicársele a la apertura económica, dado que es el resultado de procesos muy largos de experimentación y asunción de tecnología por parte de sectores campesinos y de instituciones a ellos vinculadas.

Estos indicadores nos muestran que el sector agropecuario estuvo en situación bastante crítica durante la última década y que se vio afectado de diversas maneras por las medidas de ajuste macroeconómico, según las dependencias existentes con respecto a la protección del Estado. Es decir, los que no estaban gozando de protección siguieron atenidos a su suerte. Los que estaban protegidos, se vieron perjudicados. Sin embargo, la estructura productiva del país no se modernizó y el sector alimentario pasó a depender más de las importaciones.

Actividades no agropecuarias parecen haber compensado la disminución del desempleo producido en el sector rural, lo cual muestra la prioridad que el modelo de desarrollo da a otros sectores sobre el agropecuario. Ello en términos generales trae dos consecuencias: mayor dependencia alimenticia con respecto a otros países, lo cual en términos de seguridad nacional no es conveniente; movilización de trabajadores hacia actividades no agropecuarias, especialmente en servicios sociales, construcción, hoteles, transporte y comunicaciones. (10)

Mucha de la población desempleada, rural y urbana, ha encontrado en los cultivos ilícitos posibilidades de generar ingresos; es decir, el modelo mismo está propiciando la retroalimentación de lo que por otra parte está combatiendo, en una enorme contradicción (Ferro, Osorio,Castillo y Uribe, 1997).

En síntesis, el análisis nos permite afirmar que la coyuntura llamada de ajuste estructural no tiene una incidencia inmediata en la generación de la migración de campesinos, dado que no afecta directamente la economía campesina. Pero el conjunto de medidas liberales y neoliberales que se han estado adelantando en forma intermitente y ambigua, crearon un sistema de discriminación y marginalidad del campesinado y de la economía rural, sembrando así condiciones de violencia y de iniquidad. Esto se nota más claramente al analizar la problemática de la tierra y la ganadería.

2. La contrarreforma agraria

La historia de la reforma agraria en el país, al contrario de lo sucedido en la mayoría de las otras naciones latinoamericanas, ha sido un prolongado conflicto sin solución definitiva, cuya tendencia predominante se ha inclinado en favor de los grandes terratenientes, la industria y el comercio mercantil. El índice de concentración de la propiedad de la tierra, en vez de disminuir, ha venido aumentando progresivamente. La propiedad de la tierra, en cambio de democratizarse, se ha concentrado, y ello se ha realizado mediante diversos mecanismos entre los que se destaca la acción armada.

Desde el punto de vista legal, el conflicto por la tierra se ha movido en una franja de pequeñas concesiones a las presiones campesinas sin alterar la estructura concentradora de la propiedad y, en el mejor de los casos, más con el deseo de abrir paso al desarrollo capitalista en el campo, que con base en el reconocimiento de los derechos de los campesinos y su importancia en la economía nacional (11). Y junto con la propiedad de la tierra, las relaciones de producción, la comercialización, el crédito, etc., se han colocado al servicio de unos cuantos.

La acción estatal sobre la llamada reforma agraria, en el período al cual se refiere este estudio, va ha estar orientada por dos leyes: la 30 de 1988 y la 160 de 1994 que buscan eliminar dicha intervención y estimular el mercado de tierras. Para ello se crea un subsidio del estado a los campesinos. En la práctica, esto se convierte en un subsidio a los propietarios que pueden mover sus capitales a actividades que pueden parecerles más rentables y que, en otras condiciones, no lograrían vender sus tierras a buenos precios.

Mientras los diversos gobiernos mantuvieron su juego ambiguo frente a la reforma agraria, los usos y valores de la tierra van cambiando significativamente:

• En muchos lugares, la explotación agropecuaria va a reemplazarse totalmente en beneficio de la explotación turística, con lo cual los precios de la tierra se modifican sustancialmente, haciendo que muchos campesinos vendan sus pequeñas propiedades e intenten nuevos estilos de vida en las ciudades. Allí, algunos van a lograr la sobrevivencia de sus familias, mientras la mayoría quedan en la miseria.

• Grandes extensiones de terreno que habían sido colonizadas por los campesinos que huían de la violencia y que no tenían gran valor para la explotación rentable, dada la inexistencia de carreteras e infraestructura comercial e industrial, van a ser apetecidas por la implantación de represas hidroeléctricas, empresas extractoras de petróleo o proyectos viales.

La extracción minera de otros productos como el carbón y las esmeraldas, van también a generar un valor diferente de las tierras.

La implantación de proyectos agroindustriales como el banano, el arroz, la caña de azúcar, en diferentes momentos y con variaciones según las regiones, han significado también la concentración de la propiedad y la explotación de las tierras, bien en manos de empresas multinacionales o de empresarios nacionales generalmente miembros de familias aristocráticas.

La siembra y el procesamiento de coca y amapola ha generado igualmente una variación bien importante en el valor de la tierra en dos aspectos:

Por una parte, mediante la implantación del monocultivo en tierras anteriormente inexplotadas y ecosistemas de gran importancia para la conservación del agua y la reproducción de especies naturales (por ejemplo, selvas amazónicas y el nudo del Paramillo). Igualmente, en el caso de la amapola, en tierras antes explotadas por indígenas o campesinos que utilizaban prácticas agropecuarias menos perjudiciales desde el punto de vista ecológico, pero menos rentables desde el de la economía monetaria.

Los rendimientos del negocio del narcotráfico se destinaron en muchos casos a la compra de tierras. Esto llevo a una anormal valorización de las tierras, a la destinación de estas tierras al recreo y a la explotación ganadera intensiva, y a una nueva concentración de la propiedad. (12)

En este contexto, los campesinos van a tener que pagar tierras a precios elevados mientras tienen que abandonar los terrenos que habían colonizado durante largos años y que ahora resultan rentables para los ganaderos, los mineros, los industriales y los comerciantes. Y esas tierras les van a ser arrebatadas no mediante el pago en un mercado supuestamente abierto, sino por medio de la amenaza, la muerte, la violencia. Así, por ejemplo, en Córdoba, mientras los dirigentes de grupos paramilitares (muchos de los cuales aparecen incluso legalmente constituidos como Convivir), ofrecen pagar a los campesinos expulsados por ellos de sus tierras, precios entre 40.000 y 200.000 pesos por hectárea, el Incora pagó a los terratenientes tierras para los mismos campesinos desplazados a 2.300.000 pesos por hectárea.

La ganadería merece, a nuestro modo de ver, una atención directa para la comprensión de la violencia y el desplazamiento en Colombia. Las relaciones económicas, sociales y políticas que se han dado alrededor de la explotación ganadera permiten entender mucho de lo sucedido.

La más generalizada de las formas de explotación ganadera en las regiones de conflicto es la que se ha llamado ganadería extensiva, que consiste en poner a pastar y a reproducirse un número elevado de reses y, después de varios meses casi sin ningún cuidado especial, seleccionar para ir vendiendo. En algunos casos, esta explotación se combina con la producción lechera. Esta forma de producción requiere poca mano de obra, poca tecnología y permite una acumulación de capital relativamente ágil. En la práctica, requiere potreros, reses y unos cuantos cuidanderos.

Los potreros se han ido creando de distintas maneras según regiones. Pero una forma bastante común en la historia del último siglo ha sido la de la colonización.

En síntesis, ese proceso se puede resumir en: campesinos expulsados socioeconómicamente y/o por la violencia política, han incursionado en terrenos selváticos (13); mediante la explotación de la madera, la siembra de maíz, la cría de algunos animales domésticos y de el cultivo de otros alimentos de pancoger han abierto potreros; dichos potreros mediante mecanismos comerciales y otras formas de presión (entre los que no faltan las armas) se concentran después en manos de personas que los destinan a la ganadería extensiva mientras los colonos siguen adentrándose en la selva (14). Así, la apropiación de la tierra por parte de los ganaderos, ha estado ligada a diversas formas de violencia.

También la economía guerrillera ha dependido en gran medida de la ganadería. En primer lugar, porque a uno de los grupos a los que mayores exigencias les ha hecho para su financiación es a los ganaderos. Para ello, la amenaza y el secuestro han sido los medios predilectos. Incluso en algunas regiones y durante varios años, la labor de la guerrilla prácticamente se limitó a este tipo de actividad, sin adelantar ninguna acción en el campo de organización popular o de transformación de estructuras económicas, o de reivindicaciones ante el Estado. Pero, además, también la guerrilla ha tenido ocasionalmente su propia ganadería disponible como recurso alimenticio y financiero.

A su vez, entre los ganaderos se encuentran las personas que más intensamente han contribuido para la financiación, la organización y el desarrollo del paramilitarismo. Incluso el acto mismo del desplazamiento se ha realizado, en muchos lugares, acompañado de una apropiación del ganado por parte de los paramilitares, nuevos dominadores del territorio.

En un sólo municipio de Córdoba, se puede calcular que en menos de un año el paramilitarismo se apropió de por lo menos 3.000 reses, que en el mercado pueden costar en promedio 500.000 pesos cada una. Es decir, mil quinientos millones de pesos, en un sólo municipio, en menos de un año. Las dimensiones resultan enormes cuando pensamos en los diversos municipios de Córdoba, Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre en los que el paramilitarismo está ejerciendo su acciones más intensamente. La importancia de este hecho en términos de alimentación y financiación de un ejército es incuestionable. La ganadería ha sido entonces uno de los factores más importantes en la financiación de la guerra, tanto para la guerrilla, como para los paramilitares, como para el ejército.

En conclusión, el desplazamiento forzado en Colombia es una de las expresiones, tal vez la más dolorosa, de la aplicación agresiva de un modelo de desarrollo que favorece cierto tipo de producción, de tecnología, de relaciones humanas. Los diferentes factores de producción se han colocado, mediante distintos mecanismos políticos, legales y militares, al servicio de dicho modelo, sin importar la violación de los derechos fundamentales de las mayorías campesinas y de los trabajadores. La propiedad y el uso agropecuario de la tierra, como lo hemos visto, son un ejemplo claro de ello. Pero también la implementación de la tecnología y la infraestructura exigidas por el modelo generan condiciones propicias para la violencia y el desplazamiento. A continuación lo analizamos.

3. Las inversiones en infraestructura para una modernización de la economía

Otro hecho característico de la realidad rural, y de gran importancia en la comprensión del fenómeno del desplazamiento, es el de la inmersión permanente del país, en condiciones de dependencia, en el estilo y el sistema económico, político y cultural propio de las naciones industrializadas del planeta.

Ese sistema se caracteriza por una tecnología altamente dependiente de la energía eléctrica y del petróleo y requiere de construcción de represas, carreteras, oleoductos, refinerías.... Para el efecto, no sólo se producen cambios en las necesidades de mano de obra y en las formas de contratación, sino que los bienes van a tener una transformación radical en su valor económico y político.

Si observamos el mapa del desplazamiento y de la violencia en el país, podemos notar que los lugares de mayor intensidad expulsora son precisamente zonas en las que diversas obras de infraestructura económica se están implementando o se van a efectuar en plazos breves. Así por ejemplo, alrededor de la construcción de la represa de Urrá en Tierralta, Córdoba, han sido desplazadas por violencia aproximadamente 1.200 familias durante los últimos 4 años (15).

La violencia y el desplazamiento responden así a la variación de los valores de los recursos naturales, especialmente de la tierra, por la perspectiva real o virtual de proyectos de producción económica propios del esquema capitalista en donde triunfan no los mejores, como dirían los teóricos del mercado, sino las más violentos y los que tienen menos escrúpulos morales.

Pero visto más a fondo, este desarrollo tiene enormes costos para el país que se manifiestan en la creciente deuda externa, y que tienen una alta significación en términos de la capacidad de autodeterminación y de atención a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera tienen mucho más peso las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que las expresiones de los gremios económicos, los campesinos, los trabajadores y, en fin, de los electores. Eso afecta profundamente el manejo de los conflictos sociales y las posibilidades de negociación frente a los actores armados.

4. La supervivencia del campesinado y la destrucción de la organización campesina y en general, de la organización social

En todo el complejo panorama social y económico en el que se desarrolla el sector rural se destaca la supervivencia del campesinado. Se calculan cerca de dos millones trescientos mil minifundios, que comprenden 82.4 % de los predios del país con el 15.6% del área ocupada. El total de amas de casa del sector rural se calcula en 2.030.287. (16)

Esta supervivencia se ha dado fundamentalmente como un esfuerzo terco y aislado de cada familia para mantener a sus hijos. En algunas ocasiones, durante este siglo, el campesinado logró cierta organización para la presión ante el Estado y ante otros sectores sociales. Dicha organización ha evolucionado de diversas maneras que no podemos resumir aquí y, en los últimos años, ha mostrado una significativa expresión como presión ante el Estado para lograr ciertos servicios, para impedir acciones perjudiciales a sus vidas (como las fumigaciones masivas de sembrados, en zonas de cultivos de coca y amapola) y para reclamar la paz. (17)

Nos importa resaltar que la organización campesina ha sido objeto de un violento ataque por parte de los sectores armados, especialmente por parte del ejército y los paramilitares, y que el desplazamiento se realiza en gran medida mediante la amenaza y el asesinato de los líderes veredales. De esta manera el desplazamiento no significa sólo una destrucción y apropiación de los bienes materiales, sino una destrucción de los tejidos sociales. Sin embargo, en los últimos años, como se verá mas adelante, algunas de las expresiones del desplazamiento van a realizarse por parte de grupos bastante organizados que asumen entonces un papel protagonice frente al Estado y a los actores armados.

5. El avance de una cultura de administración moderna (Desarrollo institucional)

Paralela a estos procesos, se ha venido imponiendo desde sectores tecnocráticos del Estado una administración marcada por criterios de planeación alrededor de proyectos, planes y programas, que se expresan en formularios prediseñados y se gestionan con procesos clara y previamente determinados. La administración moderna, el desarrollo institucional, la gestión eficiente y clara, el desarrollo de la cultura de proyectos, la definición de criterios técnicos, la descentralización

administrativa, hacen parte de un discurso y de un esfuerzo enorme de este sector del Estado, convencido de la necesidad de superar los límites que la tradición coloca a la modernización del Estado.

Esta orientación se ha introducido a los sectores rurales mediante los diversos mecanismos de la descentralización y ha exigido a cada municipio la presentación de planes y proyectos de desarrollo alrededor de los cuales se mueven en gran medida los dineros que la nación gira a cada entidad territorial. Esta tendencia debería afectar por supuesto a las sociedades rurales y condicionar los fenómenos que en ella acontecen. Entre ellos la violencia y el desplazamiento. En cierta medida así sucede; pero solo en forma muy indirecta. En realidad, este esfuerzo racionalizador marcha por vías distintas de los escenarios y los actores sociales concretos. Olvida que se trata de una nación multiétnica y pluricultural, diversa y mestiza y, en su intento de uniformarla, fracasa.

Comités, consejos y otras diversas formas de organización son decretadas desde los entes centrales para ser implementadas en cada municipio y ante cada problema, desconociendo las organizaciones y procesos existentes. Ello parece estar conduciendo a la aparición de asesores y asistentes como nuevos actores en la vida los municipios.

La incidencia de todo este artificio en la violencia y el desplazamiento se va a ver especialmente en la intervención del Estado y se va a expresar en el divorcio existente entre el discurso y la práctica, entre la institucionalidad estatal y los fenómenos sociales reales.

La atención a los desplazados por parte del Estado, especialmente aquella que tendría que ver con la llamada etapa de reconstrucción y consolidación económica, se rige por estos criterios y procedimientos. Ello lleva, por una parte, a serias demoras en la atención a los desplazados y, por otra, a la manipulación y la influencia de poderes locales muy frecuentemente manejados por los mismos actores armados y objeto del clientelismo y la corrupción de las instituciones estatales. La ayuda de las ONGs resulta así un poco más rápida y eficiente.

6. Los actores del conflicto

Al lado de la disputa por la posesión de la tierra y de los otros recursos naturales, se desarrolla la disputa por el dominio territorial desde el punto de vista político y militar. En el sector rural los actores que podemos llamar protagonices son: el paramilitarismo, la guerrilla, las fuerzas del estado y el narcotráfico, como actores reconocidamente armados; pero también los partidos políticos, los sindicatos, los gremios económicos y algunas empresas multinacionales participan de este conflicto. Entre estos actores se dan diferentes y variantes formas de relación: alianza y colaboración, pero también guerra, traición. Es frecuente que quienes en algún momento conviven y se colaboran, posteriormente se encuentren guerreando entre sí y estableciendo alianzas con anteriores enemigos.

En medio de ese conflicto otros actores no protagonices, es decir, quienes no tienen el manejo de la situación, van a recibir las consecuencias de las decisiones de los anteriores y participan más o menos indirectamente, y muchas veces en contra de su voluntad, de los hechos. Entre estos se encuentran, por supuesto, los campesinos, pero también los pobladores de barrios marginados de los cascos urbanos de los municipios, los miembros de iglesias y de ONGs.

Sin pretender hacer un historia o una caracterización de dichos actores, nos referimos a continuación a algunos de ellos, cuyas relaciones van a incidir más fuerte mente en la generación del desplazamiento en el país.

6.1. Los Paramilitares

La conformación de los grupos paramilitares que, como se verá más adelante, son los más altos generadores de desplazamiento, es bastante heterogénea y tiene ya una larga historia en el país (18). Pero su conformación actual está relacionada más directamente con la alianza establecida entre sectores importantes del ejército nacional, grupos de ganaderos, narcotraficantes y otros sectores de la mafia, especialmente algunos dedicados a la explotación de minas de esmeralda. Alimentados por la tristemente recordada Doctrina de la Seguridad Nacional, estos grupos comenzaron a reclutar gente especialmente entre quienes de alguna manera fueron perjudicados por la guerrilla, establecieron complejos campos de entrenamiento e iniciaron una labor de masacre de todo lo que les pareciera vinculado a la izquierda o de quienes simplemente se les interpusieran o cuestionaran su actuar.

Los miembros de los partidos políticos de izquierda, los líderes de sindicatos, pero igualmente los miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sacerdotes, religiosos, líderes campesinos, jueces, abogados, estudiantes y profesores, han sido amenazados y asesinados.

Mucha gente ha tenido entonces que migrar, los más pudientes salen del país, pero muchas familias comienzan a circular de la vereda al casco urbano del municipio, a la capital del departamento, a la capital del país o a cualquier rincón donde puedan permanecer ocultos. Muchos no lo lograron (19).

Miembros del DAS, del ejército y de la policía, participaron durante muchos años en estas acciones. Impunes, pero de todas maneras molestas por la presión internacional ante la violación de los derechos humanos, las instituciones armadas realizaron algunos cambios. Durante los últimos años, a los que se refiere nuestro estudio, como se puede ver en las estadísticas, la labor sucia va quedando en manos de los paramilitares.

Surgido especialmente en el Magdalena Medio, el paramilitarismo se extiende luego hacia los Llanos Orientales y tuvo diversas expresiones en el Valle del Cauca y en otros departamentos. En algunos lugares estos grupos tienen nombre propio y, generalmente, están bastante relacionados con el desarrollo de los carteles de la droga.

Pero varios eventos (20) van produciendo cambios que llevan a la consolidación de un grupo que se vino a denominar "Autodefensas de Córdoba y Urabá", dirigido por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Este grupo, en un momento determinado, hace alianza con el cartel de Cali y se enfrenta al cartel de Medellín, participando en lo que llamaron los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Posteriormente se ha declarado totalmente ajeno al narcotráfico. Dicho grupo ha ejercido, además, una cierta coordinación de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, en la que participan otros grupos paramilitares de diversas regiones del país. Sin embargo, algunos hechos (21) parecieran mostrar que éstos no guardan unidad de autoridad, ni de criterios.

En este momento, el paramilitarismo tiene control territorial en muchos municipios del Magdalena Medio, en la zona del Urabá, especialmente en el sur de Córdoba, y está avanzando hacia el Chocó y hacia otros departamentos de la Costa Atlántica. Su estrategia es atacar a la población civil, con el argumento de quitarle el agua al pez; asesinar lo líderes veredales, amenazar a las familias y producir generalmente desplazamientos masivos. Una vez despoblada la región, "repueblan" permitiendo el regreso de algunos campesinos, estableciendo sus propias fincas y determinando unas formas de control y vigilancia social acordes con sus intereses. Para el efecto, cuentan con la inteligencia del ejército y con la presencia oficial en las zonas en las que los paramilitares establecen su dominio.

Se financian con el aporte de ganaderos, empresarios agrícolas y comerciantes, el ganado arrebatado a los campesinos por donde van pasando, el narcotráfico, el cobro a los pobladores en las regiones que ellos dominan. Algunos anuncios se han hecho sobre al colaboración de multinacionales a estos grupos. (22)

En síntesis, de acuerdo con Alejo Vargas (23), la acción del paramilitarismo, en los últimos años, se caracteriza por: la búsqueda de mayor legitimidad mediante la asunción de reivindicaciones sociales y la crítica al Estado y a las Fuerzas Armadas, el esfuerzo por convertirse en un proyecto nacional que supere su fragmentación y la ocupación de algunos territorios.

6.2. Las guerrillas

Las guerrillas colombianas, que se ubican en segundo lugar como responsables de desplazamiento, como se sabe, son las organizaciones subversivas armadas más antiguas de América Latina. Tienen sus orígenes al final de la década del cincuenta y los dos grupos más importantes de la actualidad (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y Ejército de Liberación Nacional, ELN) se fundan en la primera mitad de la década de los 60. Para la comprensión de lo sucedido en los últimos años, es necesario referirse además al Ejército Popular de Liberación, EPL.

Si bien el accionar de la guerrilla se realiza en un número bastante elevado de municipios, y algunos estudiosos señalan una presencia de la guerrilla en la mayoría del territorio (24), es necesario resaltar que sus acciones se presentan como ataques aislados y que no se puede entonces concluir que hay un dominio de dichos territorios. Pero sí hay que reconocer que las Farc y el ELN han venido creciendo significativamente en número de personas vinculadas, en frentes, en áreas de acción, en capacidad logística (armamento, comunicación). Estos ejércitos se han construido con base en las llamadas "vacunas", es decir, cobros a los pobladores más pudientes y a las empresas existentes en las zonas donde van realizando sus acciones.

Para el efecto, además realizan lo que ellos llaman "retenciones", más conocidas como secuestros, las cuales han sido seriamente cuestionadas desde las instituciones de Derechos Humanos.

Dentro de su política de cobrar a todas las actividades económicas desarrolladas en sus zonas de presencia, las Farc han realizado cobros a los traficantes de coca y, como en el caso de los ganaderos o de los comerciantes, han prestado lo que llaman el servicio de vigilancia y seguridad locales, convirtiéndose así en una especie de Estado. No se puede por tanto hablar propiamente, a nuestro modo de ver, de que las Farc son cultivadores o tienen laboratorios procesadores de coca, o son narcotraficantes; pero es verdad que se han nutrido económicamente del narcotráfico. Por otra parte, guardan relación con los campesinos cultivadores de la planta. En algunas zonas les obligan a cultivar también productos de pancoger y han intervenido fuertemente en las protestas contra las fumigaciones masivas.

El accionar de las Farc es más fuerte en el sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Recientemente, han utilizado como estrategia de guerra, el ataque a bases del ejército y de la policía y la retención de militares. Estos ataques han causado numerosos muertos entre militares y población civil y han significado una victoria política y militar bien importante. Actualmente y después de una sonada entrega de un grupo de soldados, se encuentran retenidos más de 300 uniformados. Con ello las Farc parecen estar consolidando una fuerte capacidad negociadora.

De hecho, y dado que los diálogos de paz se constituyeron en un importante elemento electoral, en este momento el presente Pastrana ordenó el despeje de cinco municipios para adelantar conversaciones. Uno de estos municipios había sido despejado para la entrega de soldados anteriormente. Las Farc están ahora presionando para que así como ellos entregan militares, sean liberados guerrilleros que se encuentran prisioneros (25).

El ELN se ha financiado más directamente de las empresas extractoras de petróleo. Además de los secuestros y los asaltos a municipios en los que se ataca a la Caja Agraria, se realizan cobros a estas empresas, presionándolas para el efecto mediante la voladura de oleoductos. La presencia más fuerte del ELN está en los departamentos del Magdalena Medio y de la zona limítrofe con Venezuela.

Las conversaciones con el ELN en torno a la búsqueda de la paz se han realizado últimamente mediante representantes de la llamada sociedad civil y por mediación de la iglesia católica. En dichas conversaciones no ha participado el Gobierno, aun cuando ha dado su visto bueno a estos acercamientos. Sin embargo, el incendio de un poblado debido a la voladura de un oleoducto, ha presentado serios cuestionamientos al ELN (26).

En Urabá y el sur de Córdoba han operado tanto el EPL como las Farc. En algunos momentos, incluso se presentaron combates entre estos dos grupos. Un sector importante del Ejército Popular de Liberación se desmovilizó y entregó sus armas, dentro de un pacto en el que Fidel Castaño, jefe paramilitar de la zona, entregó tierras a los campesinos. Ello va a conducir a un complicado conflicto con las Farc, cuyas interpretaciones y justificaciones desde cada lado son diversas.

El hecho es que otros sectores del EPL que no se habían rendido, se entregaron directamente a las Autodefensas y muchos entraron a colaborar con ellas. Ya antes, otros ex combatientes del EPL habían sido reclutados por el DAS (27). Esto ha resultado mortal para los campesinos, que ahora ven a antiguos guerrilleros acusarlos de haber colaborado con la guerrilla. Muchos han sido desplazados y asesinados en este absurdo juego de intereses.

En síntesis, la guerrilla ha tenido un crecimiento sistemático y continuado y ha desarrollado un proceso de expansión en el territorio nacional, asumiendo un esfuerzo por controlar o influir en el manejo de los poderes locales. Ha logrado éxitos militares y ha extendido su acción en zonas estratégicas, aunque no se puede hablar de dominios territoriales.

Dentro del conflicto territorial, la guerrilla ha generado desplazamiento de tres maneras: dando a los pobladores la orden de salir, con el argumento de que se va a producir un fuerte enfrentamiento con el ejército o los paramilitares, o amenazando, persiguiendo y asesinando a quienes consideran colaboradores del ejército y de los paramilitares, y organizando y obligando al desplazamiento como forma de presión ante el Estado y los paramilitares.

6.3. Las fuerzas del Estado

El Ejército Nacional y, en general la fuerza pública, como se puede registrar en las estadísticas, ha venido disminuyendo su figuración como violador de los Derechos Humanos y como generador de desplazamiento. La presión internacional por parte de los gobiernos y de los organismos de derechos humanos, así como los esfuerzos de sectores democráticos dentro de las Fuerzas Armadas, han sido sin duda influyentes en este aspecto.

La estrategia de la Fuerza Pública oficial ha sido más bien defensiva. Su trabajo ha consistido más en cuidar instalaciones fijas incluyendo las propias, pero también las de los diferentes centros de explotación petrolera o generación de energía, que en atacar las fuerzas irregulares (28).

Pero es necesario destacar que no existe una clara acción del Ejército contra el paramilitarismo y que, en cambio, en muchas zonas se dan diversas formas de convivencia y colaboración. De esta manera, en realidad se está dejando el trabajo sucio a éste mientras se le elabora soterradamente en labores de inteligencia. En algunos lugares, una vez el paramilitarismo realiza el desplazamiento y la toma de una zona, el ejército establece bases argumentando su intención de proteger a la población y garantizarle la posibilidad de retornar. Campañas cívico militares acompañan estas acciones, mientras los paramilitares continúan moviéndose y ejerciendo el control, sin ningún impedimento. Incluso algunos campesinos que han acudido al Ejército para reclamar por el, robo de ganado realizado por los paramilitares, han sido posterior mente asesinados. De esta manera, la aparente solución al desplazamiento se convierte simplemente en una consolidación del dominio paramilitar (29).

El conflicto entre los actores armados mencionados (paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado), en la práctica, se realiza contra la población civil. Los enfrentamientos directos entre ellos son escasos (30). En cambio, el ejército ha bombardeado zonas habitadas; la guerrilla ha quemado vehículos, asesinado personas desarmadas y difundido la orden de evacuación de las zonas; los paramilitares llegan a las distintas veredas y con lista en mano van asesinando a los líderes campesinos y a quien cuestione de alguna manera su actuar y dan igualmente la orden de desalojo argumentando que todo el que vive en la zona ha sido colaborador o miembro directo de la guerrilla. En repetidas ocasiones, cuando en los pocos enfrentamientos se producen bajas o derrotas frente al enemigo armado, se le cobra a la población civil por no haber informado de una posible celada. Ese cobro implica el asesinato de los hombres de la familia, el incendio de los ranchos de la vereda y la obligación de salir de la zona a todos lo habitantes.

6.4. El narcotráfico

Hemos mostrado ya el tipo de relación del narcotráfico con la guerrilla en ciertas zonas. con los grupos paramilitares en otras y, en alguna medida, nos hemos referido a sus relaciones con el ejército. Es necesario, sin embargo, insistir en la constante variación de estas relaciones según las conveniencias e intereses de cada grupo en diversos momentos y lugares. Igualmente, es necesario insistir que el narcotráfico se efectúa por grupos bastante disímiles que entran en conflicto entre sí y que con frecuencia abordan dichos conflictos por las armas.

Al igual que los otros actores armados, en varios municipios, mafias de narcotraficantes han intervenido seriamente en las acciones y decisiones de la vida de la población, por ejemplo, en decisiones sobre quiénes serán los candidatos para la alcaldía y para el concejo municipal. También por su fuerte incidencia en la economía local, tanto por las inversiones y construcciones que realizan como por la posible desautorización a quien quiera colocar determinado tipo de negocio.

También deciden sobre la vinculación de personas a cargos públicos y, generalmente, establecen algunas fundaciones que suministran créditos y subsidios a la gente para sus actividades económicas. En ocasiones, han logrado bastante incidencia en la acción de la Policía y los organismos de seguridad residentes allí. Las denuncias que realicen algunas personas, las acciones de los cuerpos judiciales, el posible llamado de sacerdotes o religiosos, se paga con la muerte. Varios municipios del norte del Valle del Cauca, viven dicha situación. Sin embargo, la acción de la Policía en la lucha contra el narcotráfico ha sido bastante exitosa en los últimos años, por lo menos en cuanto a la detención de los principales cabecillas y la confiscación de sus propiedades.

La relación entre narcotráfico y política ha variado bastante durante los últimos años en Colombia, moviéndose entre abiertas oposiciones, disimuladas tolerancias e incluso declaradas guerras, según grupos y gobiernos. Diversos hechos, que obedecen a circunstancias precisas, han caracterizado esa relación: la existencia, en un momento determinado, de un partido político conformado por narcotraficantes y su presencia directa en el Congreso, el asesinato de políticos que se les opusieron, la realización de asesinatos de líderes de partidos de izquierda en alianza con grupos de derecha, la financiación de campañas y la influencia en los procesos electorales regionales y nacionales. Durante el gobierno Gaviria (19901994) se produce una decidida persecución y eliminación del cartel de Medellín, después de negociaciones para su entrega y de su posterior escapatoria de la cárcel. Durante el gobierno de Samper (19941998), bajo el peso del escándalo por la financiación de la campaña, autoridades judiciales adelantaron investigaciones y detenciones de políticos de los más altos niveles, especialmente en el Congreso y en el gobierno, y la policía capturó a los principales miembros del cartel de Cali.

Estas variaciones han influido seriamente en la vida rural, tanto por su repercusión en los precios de la droga, que afectan la economía de varias regiones, como por su incidencia en la organización y la cultura, y tienen, por supuesto, diversas expresiones en la violencia y en el desplazamiento forzado.

En relación con la acciones de los grupos armados a los que nos hemos referido hasta ahora, se han dado variadas formas de intervención y reacción de los otros sectores sociales (gremios económicos, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos y organizaciones campesinas, Iglesia, ONGs, intelectuales y universitarios, etc.), que han incidido significativamente en la evolución de la vida rural y en la caracterización del desplazamiento. Infortunadamente, en este estudio no podemos referirnos a estos sectores. Advertimos solamente sobre la necesidad de tenerlos presentes en la comprensión del complejo horizonte de explicación del desplazamiento. Por ahora, preferimos pasar a la caracterización del desplazamiento rural.


Tendencias que caracterizan los hogares rurales desplazados en Colombia: una aproximación a partir de las estadísticas

1. Advertencia metodológica

La caracterización de los hogares rurales desplazados que haremos en este capítulo se basa, en su mayor parte, en los datos proporcionados por el Sistema de Información de Hogares Desplazados (Sisdes), de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Durante los años respectivos, el cuestionario empleado es el mismo, en lo fundamental, aunque se han ido incorporando algunas preguntas y precisiones necesarias. Para ofrecer claridad sobre las posibilidades y limitaciones de la base de datos del Sisdes, vale la pena hacer algunas aclaraciones:

• Sobre la construcción del universo muestral y de la muestra misma: el Sisdes ha estado construyendo el universo poblacional a partir de un estimativo, que se calcula con base en distintas fuentes de información. Tales fuentes son instituciones regionales y locales que tienen información sobre el problema, tales como algunas Oficinas de Pastoral Social, personerías, alcaldías, ONGs de derechos humanos, así como la consulta de medios escritos de prensa. En este proceso el Sisdes ha ido avanzando con el fin de ampliar la red de instituciones, hacer más oportuna la consulta y de esta manera darle más consistencia a sus datos. Este procedimiento, al partir de las

regiones y localidades, garantiza mayor veracidad y realismo en la información. Al mismo tiempo, es necesario reconocer ciertas limitaciones que tienen que ver con la capacidad de respuesta de estas instancias, las cuales no siempre tienen suficiente personal y recursos, así como tampoco una información sistematizada, puesto que su preocupación responde más a la urgencia de atención a la población que a la realización de estudios, aún cuando reconozcan la importancia de éstos. Esta limitación se supera en buena medida mediante el cruce de información de distintas fuentes.

Recolección de la información: esta labor es realizada, en gran medida, con las mismas instancias de consulta ya mencionadas en el paso anterior. En los momentos iniciales del Sistema, hacia 1995,

Codhes realizó jomadas de capacitación con los equipos responsables de esta actividad y buscó establecer unas responsabilidades por región para monitoreo y asesoría a dichos equipos. En la práctica, esto ha permitido el acceso mucho más fácil a la población desplazada, puesto que ya hay establecidas relaciones de confianza y, dado que en su mayoría son instancias reconocidas por su trabajo en derechos humanos, las reticencias son menores que, por ejemplo, cuando son instituciones gubernamentales las que asumen tal labor. Así mismo se tiene la posibilidad real de llegar a los lugares más aislados, así como lograr efectivamente hacer las encuestas respectivas en diferentes municipios de los cuales, en muchos casos, los funcionarios estatales no tienen mayor referencia de existencia de población desplazada. Sin embargo, factores como la escasez de personal frente a las diversas demandas de trabajo y los problemas de orden público de las regiones, han afectado en unas regiones más que en otras la recolección oportuna y completa de la información. (31)

Por otra parte, en la práctica, el muestreo para las encuestas se hace por la vía del muestreo intencionado razonado, en donde intervienen factores subjetivos que incluyen desde las posibilidades reales de hacer las encuestas, la disponibilidad de las familias en el momento dado, las zonas de atención que en cada momento tienen los encuestadores, etc.

El sistema toma el sitio de llegada como punto de acceso para recoger la información. Es por esto que pese a que los estimativos se hacen a partir de las consultas institucionales, en algunos casos puede darse subrepresentación, sobrerepresentación e, incluso, no incluir a departamentos con evidente desplazamiento (32). Es decir, que estas cifras son significativamente afectadas por los condicionamientos de orden logístico y la capacidad de cobertura en todos los lugares (33)

A nuestro juicio constituyen un referente de las variaciones de intensidad del desplazamiento, pero no pueden ser tomados como una medición exacta de las familias en tal situación. Esto no sucede con la procedencia de los hogares (34) , pues en dicha selección no interviene el encuestador.

Pese a estas limitaciones, el Sisdes de Codhes constituye el referente cuantitativo de orden nacional frente al desplazamiento en Colombia más serio y completo, único que se ha hecho durante los tres últimos años de manera sistemática, y que tiene el mérito de asumirse como una construcción permanente y autocrítica, dentro de una problemática que por sus mismas características plantea muchas restricciones para su investigación. Que remos insistir en que la investigación sobre el desplazamiento forzado exige una metodología de investigación que es necesario construir y perfeccionar día a día.

Sin embargo, dados los escasos recursos con que cuenta Codhes, es bastante difícil tener y mantener un sistema de información de tal alcance.

Con respecto a la selección que se hizo dentro del Sisdes de los Hogares con Vínculo Rurales (HVR), se mantienen los mismos criterios utilizados en el estudio realizado en 1995, que se refieren a los hogares que poseían antes del desplazamiento por lo menos una de las tres características siguientes (Lozano y Osorio, 1996):

  • residencia en una vereda,
  • acceso a la tierra,
  • ocupación de por lo menos uno de los miembros del hogar en actividad agropecuaria como productor o asalariado

2. Características de los Hogares desplazados con Vínculo Rural (HVR)

El análisis de los datos correspondientes a los HVR durante tres años permite plantear algunas tendencias, que mencionamos y justificamos a continuación:

2.1. La población rural, la más afectada

Al mirar la proporción de HVR en el total nacional, encontramos la permanencia del sesgo rural del desplazamiento. Es decir, la mayoría de los desplazados tienen vínculo rural. Esta proporción es más significativa si se tiene en cuenta que únicamente el 25% de la población del país es rural.

Tabla 1. Número de hogares encuestados por el Sisdes entre 1995-1997

Años 1995 1997 1998
Número de HVR 540 564 439
Porcentaje de HVR sobre total hogares encuestados 67.8% 60.3% 69%

La proporción de personas con vínculo rural desplazadas puede estar por encima del 70% del total nacional, si se tiene en cuenta que los hogares rurales tienen en promedio más personas que los urbanos, como lo veremos a continuación.

2.2. Características de los hogares con vínculo rural desplazados: composición, distribución etárea y jefatura

• Son hogares numerosos:

El cuadro comparativo entre los HVR y aquellos que no lo son, muestra en los primeros una mayor cantidad de miembros, en correspondencia con índices mayores de fecundidad y natalidad en la población rural que en la urbana (35). Así, al mirar de manera comparativa los datos de 1997, encontramos una diferencia importante entre el número de personas por hogar en los HVR y el de aquellos que no se pueden considerar como tales. Por ejemplo, en el Chocó, mientras un hogar rural tiene en promedio 6 personas, el hogar sin vínculo rural es de 4.4 personas. Para Antioquia, el HVR tiene en promedio 5.4 personas, en tanto que el hogar sin vínculo rural tiene 4.2.

• Son grupos familiares con alta dependencia económica por la edad de sus miembros:

En 1996 y 1997, siete de cada 10 hijos que formaban parte en los HVR eran menores de 15 años, y entre cuatro y cinco de cada 10 personas en calidad de otros miembros (36), también eran menores de 15 años. Esta característica de alta dependencia económica es similar a la de los hogares sin vínculo rural. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las explotaciones campesinas manejan de manera diferente la participación de los miembros de la familia en las múltiples actividades;

con lo cual, por una parte, no existe la categoría de desempleado y, por otra, se da una mínima garantía de satisfacción de las necesidades de comida y vivienda para todos los miembros del grupo (37).

Tabla 2. Composición de los hogares desplazados con y sin vínculo rural en 1996 y 1997
1996 1997
Número de personas Hogares con vínculo Rural Hogares sin vínculo rural Hogar con vínculo rural Hogares sin vínculo rural
# % # % # % # %
de 1 a 3 162 28.72 155 41.78 99 23.97 37 37.37
de 4 a 6 283 50.18 178 47.98 205 49.64 49 49.49
de 7 a 10 104 18.44 38 10.24 93 22.52 12 12.12
más de 10 15 2.66 0 0.0 16 3.87 1 1.01
Total 564 100.00 371 100.00 413 100.00 99 100.00
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

• Jefatura de los HVR

La jefatura del hogar es uno de los roles que se modifica significativamente en el proceso de desplazamiento y, usualmente está acompañada de fuertes cambios en la vida familiar. El cambio de jefatura se sucede por distintos factores:

En varios casos, la jefatura de la mujer ha sido resultado del asesinato o desaparición de su marido o compañero, antes del desplazamiento o durante el mismo.

El proceso de desplazamiento ha llevado a la dispersión de parejas de manera temporal, aunque en muchos casos indefinida, como estrategia para la protección física, usualmente de el o los hombres de la familia que corren algún peligro.

La dispersión de las familias también se ha constituido en una estrategia para la consecución de ingresos, la ubicación en viviendas con familia res y amigos y el proceso de ensayo de otros lugares donde establecerse con mayores seguridades. En la mayor parte de estos casos, los hombres salen en primera instancia en la búsqueda inicial de otros espacios económicos, en tanto que las mujeres se quedan con los menores, asumiendo la totalidad de responsabilidades del hogar.

Por otra parte, es posible decir que en muchos hogares se da un cambio en la jefatura por efecto de la modificación del papel de proveedor del hombre respecto a la mujer. Así, la mayor rapidez con que las mujeres pueden generar algunos ingresos a partir de actividades domésticas que se realizan a terceros, es una constante registrada en diversos estudios y en nuestra propia práctica. Esta generación de ingresos, usualmente es muy mal remunerada y el jornal es mucho menor que el que se paga a los hombres (38). Dado que la función de proveer de recursos la familia constituye un indicador frente al ejercicio de la jefatura, podría decirse que se produce de facto este cambio, el cual no aparece necesariamente registrado en las encuestas.

Se producen también frecuentes disoluciones de las parejas y de las familias por problemas de relaciones interpersonales, comunicación, etc.; problemas que se intensifican con las tensiones e incertidumbres que trae el desplazamiento, así como con las nuevas relaciones y cambios de roles.

Tabla 3. Jefatura del hogar según género en los HVR desplazados
1985/94(*) 1995 1996 1997
Jefatura de hombres 83.7 73.4 67.2 66.7
Jefatura de mujeres 16.3 26.6 32.8 33.2
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997.(*)Informe Conferencia Episcopal

El cuadro anterior muestra un incremento en los hogares con jefatura femenina, que parece estabilizarse en cerca de una tercera parte de los HVR. Vale la pena resaltar que estas proporciones, de acuerdo con la información del Sisdes, son ligeramente superiores para los hogares sin vínculo rural. Para 1996 la proporción es del 38.5% y para 1997 del 36.3% de hogares con jefatura femenina. (39)

El análisis de otros aspectos de la jefatura del hogar de los HVR, ejercida por hombres y por mujeres, tiene que ver con las actividades económico-laborales centradas en lo agropecuario. Ello constituye uno de los cambios más importantes que desestabilizan tanto la dinámica económica de la familia como la autoestima y capacidad de las y los jefes del hogar, que ven con impotencia que su experiencia laboral no les permite ejercer un trabajo en la ciudad.

La dificultad para una inserción laboral urbana está relacionada con el acceso previo de las y los jefes a la educación. En este aspecto destacamos una diferenciación entre los jefes de los HVR y los hogares sin vínculo rural, en tanto que los primeros tienen mayor índice de analfabetismo y en general un menor acceso a la educación.

Por otra parte y frente a las demandas en educación, mientras en 1996 los HVR solicitaban como prioridad la alfabetización en un 28,2% y, en 1997, en un 36,9%; los hogares no rurales desplazados indicaban esta necesidad como prioritaria en un 18,2 y en un 21% respectivamente. Estas proporciones pueden ser mayores si se miran las necesidades por edad, pues muy seguramente la prioridad de los adultos es brindar educación a sus hijos.

Tabla 4. Educación formal de los jefes de hogares con y sin vínculo rural
1996 (40) 1997 (41)
HVR HSVR HVR HNVR
Ningún nivel educativo 21.0 2.0 6.8 0.0
Primaria incompleta (42) 43.0 23.0 43.7 36.2
Primaria completa 16.0 17.0 22.2 23.2
Secundaria incompleta 14.0 14.0 17.6 24.6
Secundaria completa 3.0 40.0 5.5 13.0
Educación superior 3.0 5.0 4.2 3.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997

2.3 Los paramilitares, principales causantes de desplazamiento de población rural

Sin lugar a dudas, las fuerzas paramilitares se han posicionado y consolidado como las que producen mayor desplazamiento en todo el territorio nacional. Asi lo demuestran las respuestas de los hogares con vínculo rural encuestados. Mientras en 1995 la frecuencia era del 26.3%, en 1996 es del 44.9% y en 1997 llega al 53.1%. La tendencia es similar para los hogares que no tienen vínculo rural. Sin embargo, estos hogares no rurales muestran significativamente, en 1997, mayor presión de las fuerzas militares (10.4%) y de las milicias (3.2%) que los HVR. Se puede decir entonces que la presión de los paramilitares tiene mayor incidencia en el sector rural que en la ciudad, en cuanto al efecto de desplazamiento que provocan.

2.4. El miedo y las amenazas

El miedo y las amenazas se consolidan como una estrategia frecuente para el control de los territorios, lo cual genera, además del desplazamiento, una desarticulación, en ciertos casos irreversible, del tejido social entre los pobladores. Son armas de guerra empleadas por los actores armados, merced a las cuales logran de manera rápida y eficiente el éxodo de los habitantes de una región determinada.

Tabla 5. Responsables del desplazamiento de HVR en Colombia en 1996 y 1997
Responsables 1996 1997
# % # %
Guerrilla 206 36.52 114 25.97
Paramilitares y Autodefensas 303 53.72 291 66.29
Fuerzas Armadas del Estado (43) 72 12.77 27 6.15
Milicias 39 6.91 5 1.14
Narcotráfico 9 1.60 4 0.91
Otros 46 8.16 56 12.76
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1996 y 1997. Codhes

Entonces es posible controlar el territorio e imponer, en un proceso de selección, nuevas reglas de juego a quienes quieran regresar o a los nuevos pobladores de tales zonas. Ello significa un reordenamiento poblacional según alianzas o alineamientos de orden aparentemente político ideológico (guerrilleros, antiguerrilleros) que, sin embargo, tienen fuertes condicionamientos socioeconómicos y que están mediados, para la población que los sufre, por la imposición de órdenes por vía de la fuerza, en un contexto de empobrecimiento y falta de capacidad real de enfrentar el accionar de los actores armados (44). Así, se imponen por la fuerza "nuevos señores" a la población que debe obedecer, dar tributos en especie y en dinero, prestar vigilancia (en ocasiones portando armas) y/o denunciar a otros, para salvaguardar la tranquilidad y el desarrollo de una región.

Las amenazas, los asesinatos y las desapariciones a líderes naturales y formales, o los rumores al respecto, constituyen eficientes mecanismos para sembrar el pánico en una región. La elaboración de listas de posibles víctimas y su divulgación supuestamente secreta entre personas y espacios estratégicos, es una manera de generar desconfianza entre la población que empieza a sospechar de los vecinos y familiares y a tejer toda clase de conjeturas, dentro de un cuadro terrorífico de tensión e incertidumbre, en donde la única alternativa posible es salir despavorido. Un efecto no registrado en las encuestas, es precisamente la desarticulación del tejido social, en algunos casos de manera definitiva e irreversible, por efecto de la desconfianza generada entre los pobladores.

Las cifras anteriores nos muestran que:

• Las persecución a grupos de presión social, política y económica, como los sindicatos y partidos políticos, ha ido disminuyendo en la medida en que físicamente estas organizaciones han sido exterminadas o se ha restringido su accionar a partir de los múltiples asesinatos y desapariciones.

• Una vez cumplido el objetivo de aniquilar nuevas fuerzas sociales, consideradas como peligrosas, se ha incluido la persecución a cualquier forma organizativa, aunque no tenga mayores pretensiones de cambio social y de accionar microlocal. De esta manera se destruye el tejido social que pueda tener algún vestigio o herencia de una posible alianza con el "enemigo".

Tabla 6. Pertenencia a organizaciones de los jefes de HVR en 1995, 19960 y 1997 (45)
1995 1996 1997
% % %
Sindical 6.2 5.0 2.8
Política 19.7 4.0 8.8
Cooperativa 6.0 7.0 2.8
Religiosa 5.7 8.0 12.6
Comunitaria 27.9 67.0 67.4
Indígena 5.0 0.0 0.0
Otra 29.5 9.0 5.6
Total 100.00 100.00 100.00
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

2.5. La destrucción de los procesos socioeconómicos

El desplazamiento destruye los procesos socioeconómicos de las familias rurales, las cuales pasan de una situación de autoabastecimiento relativo, a una situación de dependencia total y obligada, en

un proceso de empobrecimiento inmediato, de lenta y difícil recuperación. Ello se traduce, entre otras cosas, en la pérdida del espacio socioproductivo, que es también su espacio psicosocial e identitario.

Es importante constatar que la mayor parte de HVR encuestados son unidades productivas que tenían antes del desplazamiento un acceso precario al recurso tierra. Por lo menos la mitad de estos hogares, hoy desplazados, tenían menos de 20 hectáreas.

Ahora bien, insistimos en que la categoría de hectárea no es suficiente para explicar las posibilidades productivas de una familia rural, dada la diversidad de condiciones agroecológicas y estratégicas de cada parcela, que tienen una alta variabilidad entre municipios y aún dentro de un mismo municipio. Así, por ejemplo, entre los departamentos con mayor éxodo, Antioquia registra en el Censo del Minifundio un promedio de 4 ha.; Chocó, 6 ha., Santander, 4.6 ha.; Cesar, 11.6 ha. y Cauca, 2.5 ha. En este sentido los hogares desplazados pueden ubicarse como campesinos minifundistas en la mayor parte de los casos.

Tabla 7. Área de terreno a la que tenían acceso los HVR antes del desplazamiento
1995 1996 1997
% % %
Menos de 1 ha. 22.3 0.0 0.0
de 1 a 10 ha. 36.3 31 29.1
de 11 a 20 ha. 13.3 23 19.4
de 21 a 50 ha. 15.8 31 32.7
de 51 a 100 ha. 8.3 16 18.9
más de 100 ha 4 0.0 0.0
Total 100.00 100.00 100.00

A partir de 1996, los datos muestran también un incremento de HVR que eran colonos. Los casos de Chocó y de algunas regiones en Córdoba muestran tal situación. Los colonos se pueden caracterizar en términos generales como productores en zona de frontera agrícola, que no tienen título de propiedad, dado que su avance sobre la tierra ha sido por tradición, y que se mantiene en condiciones de marginalidad, sin mayor acceso a servicios institucionales. Los datos del Censo del

Minifundio frente al colonato, muestran para Chocó parcelas promedio del orden de 23 ha. y para Cauca de 9.7 ha., cantidad de terreno que triplica a los minifundistas y que "compensa" sus condiciones de marginalidad frente a la red de transporte y comercio (Machado et al, 1995). El efecto del desplazamiento en zonas de colonización tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que son regiones que por la falta de presencia estatal han sido o son propicias para el paso o

establecimiento de las guerrillas. Pero además, quienes desalojan los habitantes para ejercer su dominio de manera rápida se ven favorecidos pues no tienen mayores dificultades de orden jurídico, puesto que son posesiones de hecho de difícil reclamo. (46)

Igualmente, y para el caso del Chocó, es un territorio de gran riqueza estratégica por el paso futuro de grandes troncales, la posible construcción del canal interoceánico, la creación del puerto de Turbo y sus innumerables riquezas mineras.

Finalmente, el destino de esa tierra es el abandono, de manera que se logra el objetivo de quienes desplazan a sus pobladores para acceder a la tierra y al territorio sin mayores impedimentos. La proporción del abandono ha aumentado con los años. en la medida en que quienes tenían

acceso a la tierra lo hacían en calidad de colonos. Por lo menos 7 de 10 familias pierden la tierra a la que tenían acceso y usualmente se quedan sin posibilidad de reclamar sus derechos de posesión.

Tabla 8. Tipo de tenencia de la tierra antes del desplazamiento por los HVR en los tres años de estudio. Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.
1995 1996 1997
% % %
Propiedad 64.6 48.0 40.9
Arrendamiento 6.9 6.0 5.8
Aparcería 7.6 6.0 6.6
Colonato 6.3 37.0 45.5
Otro 8.7 3.0 1.2
dos o más 2.7 0.0 0.0
NS/NR 3.2 0.0 0.0
TOTAL 100.0 100.0 100.0

La pérdida de la tierra, en sus distintas formas de acceso y tenencia, significa para una buena parte de los HVR mucho más que la pérdida del acceso a un factor productivo, que a la vez ofrece la posibilidad de abrigo, representado en el rancho o la casa campesina, por humilde que ésta sea. La vida en el campo y el trabajo a partir de la tierra generan una forma de identidad (47), como campesinos o colonos, a veces implícita, a veces manifiesta; una condición que se ve profunda e involuntariamente modificada por el desplazamiento. Por supuesto, esta identidad va a tener diferentes significaciones, particularmente a partir de las diferencias generacionales, que implican distintos grados de articulación e identidad con la vida campesina entre los viejos, los adultos y los jóvenes.

Tabla 9.Situación de las parcelas luego del desplazamiento de los HVR
1995 1996 1997
% % %
Vendió 12.8 4.0 1.6
Arrendó 2.0 2.0 2.0
Abandonó 76.6 88.0 94.4
Otro 13.6 5.0 2.0
Total 100.0 100.0 100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

• La pérdida del espacio físico y vital de la vivienda.

El desplazamiento implica una salida abrupta de la vivienda, de ese espacio físico y vital de encuentro, abrigo y reproducción sociocultural de la vida familiar. El abandono de la vivienda constituye una pérdida de múltiples significaciones en diferentes ámbitos de la vida del hogar rural.

En primer lugar, la familia rural modifica sustancialmente el tipo de vivienda, reduciendo los espacios de juegos, la independencia y la intimidad. La vivienda habitual en los campos es la casa que, aunque humilde, con una construcción muy distinta a la urbana, usualmente con piso de tierra, tiene suficiente espacio y permite libertad de movimiento a sus miembros, especialmente a los niños.

Además constituye el espacio privilegiado de las mujeres, quienes tienen a su cargo las obligaciones domésticas, pasan mayor tiempo en ella y usualmente toman las decisiones cotidianas allí. Una vez desplazada, la familia debe buscar una ubicación que se da en sus primeros momentos con familiares y/o amigos, en caso de que los tengan en el sitio de llegada, o en sitios de alojamiento provisional comunitario como escuelas, parques, iglesias, etc. Es un primer trauma que se siente de manera atrepellante, pero que en los momentos iniciales se vive con menos fuerza, dado que se supone que es una situación temporal y porque se está aún bajo el síndrome de haber salido ilesos de una situación de gran peligro. Sin embargo, con el paso los días, la situación se va tornando insostenible en la vida cotidiana, pues tanto los refugios y campamentos colectivos, como la condición de "arrimados" en donde algún familiar, no son propicios para la reanudación de las actividades regulares de la familia dada la limitación de servicios, de espacio físico, la pérdida de intimidad, etc..

De 10 HVR que salen desplazados, entre 7 y 8 hogares disponían antes del éxodo de una casa como vivienda habitual. Después del desplazamiento, sólo la mitad de ellos pueden habitar una casa y la otra mitad se reduce a vivir en un cuarto. De ahí que uno de los tipos de vivienda luego de la salida sea el cuarto alquilado. En los casos de desplazamientos colectivos y organizados, son los

cambuches y las viviendas temporales en campamentos, como en Pavarandó, en Turbo, en Barrancabermeja, etc.

Pero la pérdida de la vivienda implica también la pérdida económica de un patrimonio, que en muchos casos es el único de que dispone la familia rural. Las tendencias para los tres años de los cuales nos ocupamos muestran que:

• De 10 familias con vínculo rural desplazadas, entre 6 o 7 tenían vivienda propia antes del desplazamiento. Después del desplazamiento, sólo una logra adquirir casa propia. Un cálculo sencillo permite entonces pensar que sólo el 10% de las familias desplazadas logra recuperar su patrimonio en el término de un año luego del desplazamiento, sin ayuda externa y sólo a partir de sus propios recursos o sus nexos familiares. La vivienda es un bien irrecuperable para el 90% de las familias, aún en el mediano plazo, dado que los costos de construcción y las exigencias que ésta tiene en las ciudades exige una suma importante de dinero que las familias no tienen.

Por otra parte, la finca raíz es más costosa en los centros urbanos.

El arrendamiento de la vivienda se duplica y triplica con el desplazamiento, lo cual implica la destinación de recursos del exiguo presupuesto familiar para cubrir este rubro. Así, por ejemplo en Tierralta, mientras en el campo no se pagaba ningún tipo de arrendamiento, luego del desplazamiento las familias pagan en promedio $45.000 por vivienda, de un ingreso familiar que

no supera los $60.000 mensuales en promedio; es decir, el pago del alojamiento exige las tres cuartas partes del ingreso familiar.

• Alternativas como las invasiones de terrenos o, en algunos casos, el estar "arrimados" con algún familiar o amigo constituyen opciones, que no es posible sostener en el largo plazo, sin que se susciten graves conflictos interpersonales.

En algunos casos, cuando las familias logran conseguir un lote en las zonas marginales (48), hacen ranchos con materiales desechables y sin el acceso a los mínimos servicios, en condiciones de alto riesgo y desprotección para estos nuevos habitantes. Así la pobreza se extiende en las ciudades, contribuyendo a su desordenado crecimiento.

Tabla 10. Tipo de vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento
1995 1996 1997
Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %
Casa 82.6 42.4 71.3 32.3 82.9 35.4
Cuartos 11.5 50.6 16.6 46.7 10.3 33.3
Otro 2.6 3.3 12.0 20.9 6.8 31.3
NS/NC 3.3 3.7 - - - -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 11. Tenencia de la vivienda de los HVR antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. (49)
1995 1996 1997
Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %
Propia 67.6 14.3 63.8 9.6 67.6 11.2
Arrendada 13.9 43.5 30.8 64.2 23.5 50.2
Otra 14.8 38.5 5.4 26.3 8.9 38.7
No responde 3.7 3.7 0 0 0 0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

Tabla 12. Conexión de la vivienda de los HVR con servicios públicos antes y después del desplazamiento en los tres años estudiados. (50)
1995 1996 1997
Antes % Después % Antes % Después % Antes % Después %
Electricidad 56.1 85.2 43.6 77.1 41.2 65.6
Acueducto 40.7 69.3 35.6 69.7 28.9 51.7
Alcantarillado 17.4 51.1 23.6 54.3 12.5 41.7
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y 1997. Codhes.

• Como se puede apreciar, las encuestas muestran un mayor acceso a los servicios públicos de las viviendas habitadas por los HVR después del desplazamiento, especialmente a la electricidad, que a su vez favorece la adquisición de electrodomésticos de gran atracción como el televisor. Sin embargo, esto no significa mucho dentro del conjunto de condiciones críticas que tienen las viviendas que habitan los hogares desplazados y de los recursos que deben dedicar para pagar este servicio en detrimento de la comida, principalmente.

• Al evaluar las condiciones del cambio de vivienda de las familias con vínculo rural, es posible afirmar que, desde cual quier punto de vista, hay un gran deterioro, con un efecto negativo grave y permanente de riesgo para la salud integral de todos y cada uno de los miembros del hogar y para este en su conjunto. Es importante recordar que la vivienda es un elemento esencial en los procesos de inserción de los migrantes (Dureau, 1992) y que de su estabilidad, calidad y comodidad van a depender en gran medida los procesos de recuperación emocional de las familias y su articulación con el nuevo entorno.

En algunos casos, cuando la migración es a la cabecera municipal (51), es frecuente encontrar soluciones temporales a partir de la modificación del sistema de residencia, pues los hombres suben a sembrar en el campo, o "en el monte" como ellos lo llaman, en la temporada propicia y luego regresan al casco urbano en donde se ha quedado el resto de la familia. Se generan así formas bi y tri residenciales, que antes no existían, en lo que en algún momento denominamos retomo laboral. En algunos casos esta misma actividad la hacen mujeres solas y usualmente se realiza en asociaciones que se hacen entre parientes y amigos, con miras a compartir los riesgos que tiene el retornar, los gastos económicos, la disponibilidad de mano de obra familiar, el cuidado del cultivo en sus distintas fases y la incertidumbre de los resultados.

• El deterioro en sus condiciones de salud

Aunque esta pregunta no ha sido suficientemente examinada en la encuesta del Sisdes, consideramos importante llamar la atención sobre el deterioro en las condiciones de salud integral de la familia, que en situación de desplazamiento se ve sometida a enormes riesgos, dado que:

• La nutrición se reduce pues la familia ha perdido su seguridad alimentaria doméstica que, aunque no fuese suficientemente equilibrada, se mantenía a partir del cultivo de la tierra.

• La asignación de recursos económicos para vivienda tiene mayor prioridad que la compra de alimentos.

• Las familias, usualmente, habitan en ‘as condiciones ambientales precarias de los barrios marginales y en las deficientes condiciones higiénicas de la vivienda, fruto del alto grado de hacinamiento y de la baja cobertura del servicio de alcantarillado.

• La salud mental de la familia agobiada por el estrés de su situación presente y la incertidumbre sobre el futuro, se traduce en multiplicidad de conflictos interpersonales e intergeneracionales

para los cuales no está preparada.

• Las familias registran una alta vulnerabilidad que se manifiesta en un aumento de la morbilidad, lo cual supone una demanda frecuente de atención médica (52) a nivel curativo.

2.6. Cambios en los procesos de desarrollo local (53)

Sin duda alguna, los cambios que se producen en la condición y situación de las familias desplazadas de origen rural, implican modificaciones más o menos importantes en los procesos de desarrollo local de salida v de llegada de la población, según características de intensidad y frecuencia de los flujos de salida y llegada, de dinámicas de organización en estos procesos y también de respuestas institucionales en soluciones permanentes, entre otras.

Dichos cambios están muy articulados a las modificaciones sustanciales que se dan en torno a nociones de identidad (54), en tanto que criterio de unidad y de diferenciación con respecto a las y los otros, el cual se construye en permanente interacción entre los individuos y la colectividad, en un proceso de construcción/ modificación permanente. Algunos de los criterios más usuales están referidos a la familia, la actividad laboral, la edad, el género, la región, la nacionalidad, etc., de manera única o entrecruzada. Para la cuestión que nos ocupa, estamos refiriéndonos a la modificación repentina que tiene la identidad en los pobladores rurales por efecto del desplazamiento, quienes pasan de ser campesinos, productores rurales, colonos, habitantes de X vereda, a ser nombrados como "desplazados".

Ese cambio está fuertemente articulado a la pérdida de un espacio vital, físico y social; esto es, de un territorio de referencia para vivir y trabajar, puesto que no pueden disponer del que debieron abandonar por razones de inseguridad, pese a continuar teniendo en algunos casos la propiedad legal del mismo. Pero, además, el sitio de llegada no puede considerarse aún como el nuevo espacio para "volver a empezar", por cuanto no hay ninguna seguridad económica, o posibilidad real de adquisición de tierra o casa, que les permita recomponer nuevamente su articulación a un territorio. Para los desplazados, la ausencia de un territorio real en donde reconstruir sus proyectos de vida durante un periodo de tiempo significativamente extenso, sumado al duelo por la pérdida de aquello que ya había sido asumido como propio, disminuye las dinámicas de integración social (55), tan necesarias en los procesos de desarrollo y de creación de territorio.

Mencionaremos a continuación algunos de los cambios más evidentes e importantes a nuestro juicio:

• Reordenamiento sociodemográfico

Uno de los principales cambios tiene que ver con un reordenamiento sociodemográfico, que direcciona flujos de población en la vía rural urbana. Sin duda alguna, el desplazamiento está teniendo una gran responsabilidad en la concentración de población en zonas urbanas, no solamente en las grandes ciudades, sino también en los cascos urbanos de sus municipios de origen y de otros municipios pequeños circunvecinos, dinámica que va aparejada con un despoblamiento de los campos colombianos.

Tal reordenamiento sociodemográfico, mirado desde sociedades locales pequeñas, alcanza dimensiones determinantes hacia la configuración de una nueva ruralidad, con nuevos actores que desocupan, controlan y repueblan territorios por la vía armada, en un proceso que intensifica la concentración de la tierra. La historia de miles de pobladores rurales va quedando así marcada por el dolor de la expulsión, el desarraigo y la injusticia, en nuevos ciclos que se repiten y replican en

cada vez más lugares del país. La salida de cientos de familias que dejan veredas y corregimientos deshabitados completamente, constituye una ruptura de procesos económicos, socioculturales y políticos, de los cuales nos ocuparemos más adelante.

Simultáneamente con el despoblamiento de zonas rurales, se redefínen núcleos urbanos, en donde se tejen relaciones con pobladores que han arribado antes a ese lugar, algunos viviendo en condiciones tan marginales como los mismos desplazados, relaciones que fluctúan entre la solidaridad y la competencia por recursos y servicios usualmente escasos, la ocupación de espacios, etc. Además, la intolerancia y el egoísmo hacen surgir, especialmente entre los menos pobres, expresiones de rechazo para los intrusos, que podrían contaminar con la violencia y la pobreza los sitios de llegada, pues argumentan que si son perseguidos es porque "algo habrán hecho". A estos complejos procesos de interacción social, es necesario añadir la ampliación de la cobertura de la violencia sociopolítica, que disminuye las posibilidades de espacios físicos y sociales de acogida para procesos de reubicación de las familias desplazadas.

• Modificaciones en la dinámica económica productiva local

El reordenamiento sociodemográfico antes enunciado, produce de manera intempestiva grandes modificaciones en los procesos económicos de producción y consumo. Los flujos de demanda y oferta de alimentos, servicios y el mercado laboral, van a verse afectados de manera diversa y según la dimensión misma del fenómeno del desplazamiento.

El desplazamiento, articulado con una fuerte crisis económica del sector agropecuario, está debilitando la capacidad de autoabastecimiento alimentario en el país. Esto, sin embargo, es más evidente en la instancia doméstica. Allí se genera de manera inmediata y abrupta una gran dependencia alimentaria y económica por parte de los desplazados, quienes pierden la posibilidad que tenían en su finca de proveerse por sí mismos de algunos alimentos básicos, así fuera de manera precaria. Ahora son demandantes totales y permanentes de los alimentos básicos. "Aquí pasando hambre, se acuerda de que en su finquita, pobre y todo, uno tenía su yuca, la lechecita, el maíz, el arroz, y de hambre no se moría.

En cambio en el pueblo todo debe comprarlo muy caro y nosotros sin ganar un peso!..." Expresiones como esta, repetida por hombres y mujeres con nostalgia, permiten mostrar esta difícil realidad.

Pero, además, la mayor parte de pobladores rurales, que aportaban de manera constante como oferentes al mercado local y regional de alimentos, al salir de sus parcelas pierden la capacidad y el papel que tienen como proveedores de cerca del 50% del mercado interno de alimentos.

Ello repercute en la dinámica de estos mercados y en el aumento de los precios. El desplazamiento afecta también el papel productivo que desempeñan los pobladores rurales como asalariados agrícolas, en fincas de grandes y medianos productores y en empresas agropecuarias. Todo ello tiene grandes implicaciones para la vida económica de los municipios y regiones, tanto por la pérdida de autosuficiencia de muchos de sus pobladores desplazados, como por la disminución de los aportes que ellos hacían al mercado local y regional de productos y de trabajo (56).

El impacto del desplazamiento en la dinámica laboral y productiva agropecuaria incluye el papel de hombres y de mujeres, niños, jóvenes y viejos, quienes de diferente forma aportan al sistema doméstico y social, aún cuando usualmente sólo sea reconocida y cuantíficada la contribución de los hombres adultos (57).

En las zonas de llegada, los pobladores rurales desplazados deben modificar se veramente sus actividades laborales y su dinámica económica, incorporándose al sector de la economía informal y engrosando los barrios marginales, siendo señalados con frecuencia como una carga social que los gobiernos municipales y muchos de sus habitantes consideran que no tienen por qué asumir.

• Ruptura y renovación en los proyectos colectivos

Los desplazamientos pueden provocar verdaderas rupturas en los proyectos sociales locales y microlocales. En el sitio de salida, el peso del impacto no sólo va a depender de la cantidad proporcional de personas que hayan tenido que desplazarse, sino del liderazgo y el papel social y económico que aquellos desempeñaban en estas redes de vecindario y en los posibles proyectos de vida social que estuvieran en construcción. Cuando hablamos de proyectos de vida colectivos,

no nos referimos a las decisiones planificadas escritas y gestionadas con instituciones, sino fundamentalmente a los procesos vitales que se van gestando día a día y a ciertos sueños de futuro, muchas veces tácitos, que van dando identidad, cohesión y pertenencia a los miembros de una vereda o un municipio.

En el sitio de llegada, el efecto del desplazamiento en los proyectos sociales, tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de personas y con el tiempo de su permanencia en ese lugar. Las posibilidades de generar solidaridades y espacios para volver a empezar están mediadas, entre otras cosas, por los vínculos existentes entre los que están y los que llegan, muchas veces caracterizados por el parentesco; por la capacidad de acogida del sistema económico de la localidad a las nuevas demandas de empleo y de servicios; por la dinámica de asimilación de los desplazados a los otros pobres, también migrantes por diversas causas; por la capacidad, voluntad y sensibilidad institucional local frente al problema del desplazamiento, muchas veces inexistente o muy precaria. La articulación entre los que llegan y los que estaban, va a ser un proceso lento, que va a estar mediado por los recursos institucionales y los beneficios no excluyentes que se puedan gestar, y que podrían jalonar procesos importantes de desarrollo local.

• Modificación de contextos socioculturales

Los contextos socioculturales están fuertemente relacionados con la identidad regional, que en Colombia tiene una gama inmensa de expresiones. En la medida en que el éxodo los lleva a espacios socioculturales muy distintos a los que están acostumbrados (58), se llega a extrañar con más fuerza cada suceso cotidiano: el clima, los alimentos típicos, el vecindario, el mercado, los amigos, la música, en fin, todo aquello que significa "su tierra", en tanto "costeños", "llaneros", "paisas", con expresiones culturales propias. Esta nostalgia, es reconocida por algunos autores como una sublimación de una territorialización de la identidad (CHEVEL, 1986).

La asimilación de las nuevas condiciones predominantes, de las reglas del juego existentes en el nuevo lugar, exigen acomodaciones que no son simples y que incluyen las adaptaciones a las distancias, a los nuevos empleos, a la nueva geografía, etc.

En contraste, y mientras los que llegan intentan comprender las lógicas y realidades un tanto diferentes, los pobladores residentes con frecuencia tienden a considerar que los "extraños" (59) rompen con cierta uniformidad existente y usualmente tal ruptura es vista de manera negativa. El proceso de articulación entre "propios" y "extraños" conlleva una diferenciación que en ciudades como Bogotá, en donde convergen personas de todo el país, y en muchas otras de carácter intermedio, se torna arbitraria y casi que se fundamenta en el tiempo de llegada, pero, sobretodo, en las condiciones de llegada.

• Redefinición de relaciones de poder según género y edad

La violencia y el desplazamiento están modificando de manera diferenciada, según género y edad, las historias personales, familiares y sociales. Las propias vivencias, las capacidades para el manejo

del dolor, el acceso a información, recursos, apoyo, y demás, van conformando rutas personales y familiares particulares, las cuales van redefiniendo la vida de las localidades, regiones y, en suma, de la sociedad colombiana. (60)

La significación diferenciada de las pérdidas que ocasiona el desplazamiento, y el manejo distinto que esa nueva situación tiene según el género y la edad, constituye un factor de redefinición de las relaciones y espacios de poder entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, en una dinámica muy rápida y sin mayor disponibilidad para reflexionar sobre tales cambios. Ante las presiones para solucionar las necesidades materiales más evidentes y prioritarias, y ante la dificultad y el temor que implica abordarlos, los conflictos en la vida familiar quedan relegados en cuanto a su discusión, pero siguen presentes como elemento de preocupación e insatisfacción en la vida cotidiana.

Por otra parte, la relación de autoridad con los hijos e hijas se afecta en los nuevos contextos a donde llegan las familias desplazadas. El cambio de espacio vital, las dificultades económicas de esta nueva situación y el desbarajuste general en la cotidianidad, las seguridades y las rutinas de cada uno de los miembros de la familia, generan situaciones difíciles de controlar para padres y madres. El alto grado de desesperación de las madres para enfrentar nuevas realidades y peligros en condiciones de gran pobreza, en donde la exigencia de conseguir la comida diaria se constituye en la tarea prioritaria, lleva en muchos casos a utilizar formas rudas de castigo con sus hijos.

Con los y las adolescentes, la situación adquiere un cariz mucho más conflictivo, pues el cambio de un ambiente rural a uno urbano, así sea una cabecera municipal pequeña, ofrece nuevas relaciones y espacios de amistad que pueden ser vividos con mucha alegría por las y los jóvenes, en tanto que para sus progenitores constituyen nuevas fuentes de peligro y preocupación. Nuevamente, las vías de manejo de tales diferencias tiende a resolverse por la vía de la imposición de los adultos, aumentando el carácter conflictivo de la situación y de la relación intergeneracional.

• Rupturas y nuevas alianzas en las redes sociales.

Uno de los impactos en el tejido social de estas sociedades locales es la disolución de las organizaciones sociales existentes, tales como organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, organizaciones políticas y sindicales, las cuales se constituyen en un blanco de presión y persecución por parte de los distintos grupos armados. Es a partir de la persecución de los líderes como se intimida al resto de la población y se puede entrar a establecer un control más rápido de la tierra y del territorio. El desplazamiento se constituye en la única posibilidad de sobrevivencia física de muchos líderes locales, quienes en ocasiones cortan de manera definitiva su papel y su experiencia en actividades organizativas por temor, lo cual acarrea una pérdida de autoestima, que es mayor en la medida en que fue más relevante la experiencia de liderazgo.

Por otra parte, los grupos armados, desde sus distintos intereses, van imponiendo a los pobladores rurales la obligación de adherirse a uno u otro bando. Bajo el argumento que en la guerra no se pueden tomar posiciones neutrales, y que "el amigo de mí enemigo es mi enemigo", se va disolviendo, en medio del terror psicológico, la confianza entre vecinos, parientes y amigos. "Ya uno no sabe con quién tratar", comenta un campesino, pues "los armados sólo buscan ajustar cuentas sin compadecerse de que uno está en medio y que lo que casi siempre ocurre es que a uno le piden los favores bajo la presión y la amenaza de sus armas. ΏQuién se va a atrever a desobedecerles?". Con la paranoia de querer "limpiar de enemigos" un territorio, los actores armados van arrasando con las relaciones cotidianas que, con tiempo y esfuerzo, han ido tejiendo personas y familias y que usualmente han constituido la estrategia para sobrevivir en medios naturales difíciles, sin servicios básicos y en medio del abandono estatal.

El efecto de señalar buenos y malos, limpios y sucios, por alianzas aparentes con actores armados, resulta demoledor para los procesos sociales. El rumor adquiere proporciones inimaginadas con efectos literalmente mortales, puesto que cualquier asociación con vínculos o simpatías presentes o pasados, aún remotos (61), se vuelve razón suficiente para ser la próxima víctima.

En medio de un proceso de descentralización en ajuste, con serias ambigüedades y tendencias hacia un neocentralismo, y dentro de un ambiente de guerra y justicia privada, queda sin piso la retórica de la participación ciudadana, pues "para sobrevivir hay que callar". Los grupos armados y el poder local, a nivel de las administraciones municipales, las instancias militares, los hacendados y las empresas, llegan a establecer nexos muy directos que son conocidos por las poblaciones, pero que no se pueden denunciar. "Todos sabemos quién manda aquí, pero no podemos decir nada si queremos seguir vivos".

Dicha situación, frecuente en muchos de los municipios afectados por la violencia y el desplazamiento, está ocasionando unos costos sociopolíticos aún no dimensionados, con altas implicaciones en la construcción de los procesos de desarrollo local, especialmente en las zonas de expulsión.

Paradójicamente, su actual condición les está exigiendo construir nuevos procesos organizativos, con la identidad de desplazados, para poder gestionar servicios y apoyos del Estado y las ONGs. La lucha de estas organizaciones, unas conformadas por personas y familias que no se conocían, otras a partir de vínculos geográficos, sociales o políticos preexistentes, se ubica usualmente en la satisfacción de necesidades básicas, desde la posición desventajosa de quienes han quedado en gran desprotección y dependencia. En muchos casos, estas luchas ya se habían dado en sus procesos sociales anteriores y avanzaban hacia otros niveles de cuestionamiento con las entidades del Estado.

Pero, al constituirse, estas nuevas organizaciones formales e informales de desplazados corren el riesgo de hacerse blanco fácil del estigma y en algunos casos de la persecución, pues se tornan en actores visibles en los contextos locales. Junto con la posibilidad de ser mirados con recelo por ser foráneos que compiten por recursos escasos, en lugares en donde los pobladores residentes no han logrado satisfacer sus necesidades básicas, se da también la vía de la oportunidad de establecer y recrear la dinámica social de estas poblaciones, mal llamadas de recepción, y de concertar esfuerzos para buscar beneficios no excluyentes.


La atención de la población desplazada en zonas rurales

1. Contexto de la atención institucional para la población desplazada

Un factor que se modifica sustancialmente en lo que va corrido de esta década frente al desplazamiento en el país, es el reconocimiento estatal de su existencia. Pese a que el problema ha estado presente incluso desde finales de los años 80 y mantiene desde entonces un proceso de incremento vertiginoso, apenas en 1993, durante el gobierno de Gaviria, se mencionaba marginalmente que se daría atención humanitaria a las personas "que se desplazan voluntariamente y en forma temporal" (Osorio, 1993). Sólo durante el gobierno de Samper se genera un reconocimiento formal del desplazamiento, que no es gratuito y que surge como una respuesta a múltiples presiones, en la medida en que:

• Por una parte, la evidencia del problema era tal, que ya no se podía ignorar su existencia.

• Organismos no gubernamentales nacionales informaron y denunciaron esta problemática a nivel nacional e internacional y empezaron a generar algunos mecanismos de atención.

• Algunas organizaciones de desplazados se movilizaron para demandar atención y denunciar su situación;

• Denuncias y presiones de orden internacional, con consecuencias de orden político y económico, evidenciaban el desplazamiento como una de las formas más frecuentes de violación de derechos humanos.

Las principales manifestaciones del reconocimiento gubernamental y estatal se hacen evidentes, entre otras expresiones, a través de:

• La definición de lineamientos de intervención en los documentos Conpes 2804 de 1995 y 2924 de 1997. Aunque el primero de estos se quedó inicialmente en un texto de buenas intenciones, se constituyó en parte de un proceso inicial gubernamental que va a alimentar los otros momentos de reconocimiento institucional.

• La creación de la Consejería Presidencial para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia, en abril de 1997. Esta instancia permitió una intervención directa en las situaciones de desplazamiento, que exigen efectivamente una toma de decisiones oportuna. Sin embargo, en la práctica, entró en competencia con la labor que de manera marginal venía desarrollando la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

• La promulgación de la ley 387 de 1997, "por la cual se adoptan medidas para la protección del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia".

Esta ley permitió dar el salto de una acción gubernamental a una acción estatal, con lo cual es posible pensar en una continuidad de la atención por parte del Estado al problema del desplazamiento. Sin embargo, por sí misma, no es garantía de intervención al respecto.

Con respecto al ámbito estatal es necesario tener en cuenta la diversidad de instancias que lo componen. Así, instituciones como el Congreso de la República, el gobierno nacional, las instituciones de gobierno territorial, los organismos de control y promoción de los derechos humanos y la policía judicial, tienen un papel diferenciado que cumplir dentro de la formulación y ejecución de políticas públicas frente al desplazamiento. Ello exige un análisis particular, que está fuera de los objetivos de este estudio (62).

El estudio de la Cruz Roja Internacional señala que la oferta estatal es normativa, por cuanto ha avanzado en estructurar y concretar la atención a la población desplazada, desde el ámbito de la normatividad y la institucionalidad. Sin embargo, tal proceso es aún incipiente en su desarrollo y en sus logros y es coyuntural, dado que su mayor énfasis se ubica en la atención inmediata (63) (Salazar, Hernádez y Montoya, 1998).

En el mismo sentido, otro estudio sobre el tema señala los enormes vacíos que tiene la intervención del Estado frente a las etapas de prevención y de consolidación socioeconómica (Codhes, 1998). Estas etapas de atención del desplazamiento tienen que ver, respectivamente, con la política de paz y las políticas sociales, pero en la realidad se encuentran muy distanciadas, con lo cual se pone en evidencia una de las mayores debilidades de esta normatividad.

En términos generales, podemos señalar algunos de los principales problemas en la intervención institucional estatal frente al desplazamiento (64):

• La falta de articulación y coordinación real entre los niveles nacional, regional y local, marcada por un neocentralismo institucional y burocrático que desconfía, en muchas ocasiones con razón, de la eficiencia y capacidad local, pero que no genera espacios posibles para el aprendizaje que necesitan las instancias municipales en su conjunto, luego de una larga historia centralizadora. Recientes casos de corrupción y mala inversión de los recursos para desplazados asignados a los municipios, cuando se hacen las transferencias de fondos de las entidades centrales a los niveles regionales y locales, dan cuenta de un nudo gordiano sobre los conflictos en las competencias entre niveles (65).

• Así mismo, existen desencuentros entre las decisiones que se dan en la capital del país y en las cabeceras regionales y lo que pasa en los municipios en donde están las familias. Son evidentes los ritmos, intereses y comprensiones diversas que se tienen en estas instancias frente a qué, cuándo y cómo hacer para dar respuesta a las demandas de atención de los desplazados.

• La falta de oportunidad para la gestión de los servicios requeridos, especial mente para facilitar procesos de retorno o reubicación, los cuales se rigen bajo tramitologías que podrían darse en tiempos de no violencia, pero que no se corresponden con las exigencias de los tiempos de guerra.

• La poca o ninguna información y capacitación de funcionarios locales y regionales sobre el desplazamiento y los derechos humanos, así como sobre las implicaciones multidimensionales para los afectados en su vida económica, psicológica, sociocultural, política, etc.

La ausencia de capacidad operativa y presupuestal para que los municipios puedan intervenir dentro de procesos que incluyan capacitación, asesoría y seguimiento por parte de los niveles regional y local, pero dentro de un marco flexible que permita respuestas apropiadas a las circunstancias. Cabe aquí señalar la posibilidad de estimular a los "municipios solidarios" que asuman de manera positiva y creativa el involucrarse en la búsqueda de soluciones para el problema del desplazamiento dentro de su propio territorio (66).

• La concentración de las acciones en la etapa de emergencia, hacia la cual se han orientado la mayor parte de recursos en 1996 y 1997, descuidando la prevención y la consolidación socioeconómica.

• Los mecanismos legales que se han definido para descentralizar el proceso de atención a la población desplazada, son los Comités Territoriales para la Atención Integral a la Población

Desplazada por la Violencia, a nivel departamental y municipal. Ello, sin embargo, en la práctica tiene una serie de dificultades que van desde el desinterés de las autoridades municipales por hacer algo al respecto, ante el temor de "atraer a otros desplazados", hasta el compromiso que pueden tener autoridades civiles y militares con los grupos armados ilegales. Inclusive, la presencia de las autoridades militares y de policía, ante la evidencia de alianzas y complicidades con grupos paramilitares, genera temor en los desplazados para presionar por la conformación de estos Comités. Además su representatividad es reducida: son apenas uno de los diez miembros.

• La precaria y a veces inexistente atención que tienen las familias que se desplazan de manera individual, inclusive en la etapa de emergencia.

Para completar el esbozo de este escenario institucional, quisiéramos dar cuenta de una consolidación e incremento de las respuestas que la sociedad civil está ofreciendo para atender a quienes sobreviven al conflicto como desplazados. De acuerdo con el estudio de la Cruz Roja Internacional, "durante 1997 y en años anteriores, el sector no gubernamental fue el principal oferente de respuestas a la problemática de la población desplazada por la violencia, en términos de las soluciones directas" y comparativamente, parece ser "el más eficiente canalizador de recursos en atención directa". En su mayoría, "las ONGs del ámbito nacional están bastante o muy consolidadas, tienen amplia trayectoria y reconocimiento en su respectivo campo de acción e inciden directa e indirectamente en el ámbito nacional e internacional" (Salazar, Hernández y Montoya,1998, pp 87 y 88).

Vale la pena mencionar que buena parte de la labor de las entidades gubernamentales y las ONGs nacionales, ha contado con el apoyo de la cooperación internacional, particularmente durante 1996 y 1997, ya sea a nivel de financiación de proyectos o de intervención directa en algunas regiones. La presencia de estos organismos ha sido muy importante para resaltar el problema y sensibilizar a la opinión nacional e internacional. Por su puesto, su intervención ha tenido algunas limitaciones como la concentración de la oferta, debilidades en la coordinación institucional, incipiente comprensión del problema, apoyo a proyectos de muy corto plazo que no permiten continuidad de procesos. (Salazar, Hernández y Montoya, 1998).

Dentro de este contexto institucional se ha movido la atención a los desplazados que todavía no ha sido suficientemente evaluada. A continuación nos concentramos en una de estas formas de atención: aquella que se refiere a la llamada etapa de consolidación y estabilización socioeconómica y dentro de ésta específicamente a la reubicación. Para el efecto nos basaremos en tres casos.

2. La reubicación de población desplazada en zonas rurales.

Algunos elementos de análisis

Dentro de las acciones previstas en la ley para tender a la población desplazada, figuran dos mecanismos: uno, buscar el retomo de la población a su lugar de procedencia y otro, la reubicación, particularmente en zonas rurales, a través de la compra de tierras por parte del Incora.

Estos dos mecanismos constituyen estrategias que buscan recomponer o amortiguar el efecto del desplazamiento sobre la población rural.

Hasta ahora no se registra ninguna experiencia exitosa de retorno, pese a los acuerdos y documentos que se han firmado. El fracaso se debe fundamentalmente a que no hay las condiciones de seguridad para ello, dada la vigencia del conflicto. Por otra parte, la presencia de las fuerzas militares no constituye necesariamente una garantía de protección, ya sea porque ellos son actores armados y parte del conflicto y por lo tanto objetivo militar, o por las complicidades con grupos paramilitares. Asi mismo, la garantía de apoyo institucional para el retorno no se cumple a cabalidad, dadas precisamente las circunstancias de falta de coordinación entre instancias y de más factores mencionados en la primera parte de este capítulo.

El otro mecanismo, el de la reubicación rural, ha empezado a implementarse de manera reciente (67). En marzo de 1998, la Oficina Nacional del Incora indicaba que había adquirido 9 predios, un total de 5565.9 ha., con el fin de albergar a 435 familias, lo cual en promedio simple significa 12.8 ha. por familia. Estos predios se adquirieron en los departamentos del Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Meta y Córdoba (Codhes, 1998).

La reubicación es un proceso que implica una larga serie de gestiones y decisiones institucionales, previas a la compra de la tierra, pero que además no finalizan cuando por fin ésta se adquiere. Diríamos más bien que es en ese momento cuando se concretan nuevos retos para las familias que, reubicadas en un nuevo territorio, tienen como mínimo que:

• Resolver el problema de la vivienda familiar, que no viene con la tierra y para la cual no disponen de recursos. Las ayudas estatales demoran bastante en llegar efectivamente y son muy precarias. Esto dificulta la instalación real de las familias y la disponiblidad para la explotación de la finca. El acceso al agua potable y la eliminación de excretas constituye un problema importante para el cual no hay previsión ni temporal ni definitiva.

• Organizarse socialmente para poner a producir la finca, lo cual exige un proceso de planeación, la articulación con el mercado local y regional, y, usualmente, una severa modificación en las labores culturales y, en general, en las costumbres y conocimientos que tenían en sus experiencias anteriores. Lo que ha estado ocurriendo bajo la orientación de las instituciones encargadas, es la conformación de una empresa de producción "moderna" que garantice suficientemente, por lo menos en el papel, una explotación competitiva de la tierra.

• Asumir la responsabilidad de retornar un 30% del valor de la tierra, con intereses.

• Responder con los créditos productivos que hace la Caja Agraria y que son requisito fundamental para que el Incora pueda comprar las fincas.

• Resolver el acceso a servicios de educación y salud en el entorno local y regional donde se han reubicado.

La reubicación rural es, de todas maneras, la propuesta que mayores posibilidades ofrece en cuanto a integralidad, dado que posibilita resolver allí tanto la necesidad de vivienda, como de trabajo, ingresos, reconstrucción social y cultural. Pero, por supuesto, implica complejos procesos y múltiples recursos.

Sobre estos procesos queremos reflexionar en este aparte. Para tal fin, retomamos tres casos de reubicación de desplazados en los departamentos de Cundinamarca (68), Córdoba (69) y Tolima (70). Constituyen experiencias que se iniciaron durante 1997 y que, por lo tanto, están en proceso de construcción. Para facilitar la información comparativa, algunos elementos se presentan en cuadros descriptivos, sobre los cuales hacemos luego algunas comentarios. No pretendemos en ningún momento calificar los procesos o establecer modelos a seguir. El objetivo es presentar la diversidad de circunstancias en que se mueven las experiencias de desplazamiento y reubicación, así como los diversos factores y fuerzas que intervienen en esos procesos y que confrontan formas y mecanismos de intervención estandarizados.

2.1. Características del desplazamiento

La forma en que se da el desplazamiento, los itinerarios y puntos de convergencia, constituyen un antecedente importante del proceso de reubicación:

• Las diferencias frente a la forma de salida, individual, colectiva, organizada o no, ofrece de entrada unas posibilidades y/o limitaciones con respecto a las demandas institucionales que pueden realizar los desplazados, desde los momentos iniciales del éxodo.

• Los tres casos muestran el dominio paramilitar de las regiones, señalado ya en las encuestas del Sisdes, como el principal actor armado promotor del desplazamiento.

• Los itinerarios entre la salida y el sitio de convergencia provisional van a influir en las experiencias, relaciones y procesos, vividos de manera conjunta (caso de Tolima) o de manera individual (Cundinamarca).

Cundinamarca Córdoba Tolima
Desplazamiento Individual y familiar Desplazamiento mayoritariamente masivo pero no organizado. Desplazamiento mayoritariamente colectivo y organizado
Motivo: Amenazas directas y asesinato de familiares por parte de paramilitares. Motivo: Orden de desalojo por parte de la guerrilla y ocupación de la zona por parte de paramilitares Motivo: conflicto por la tierra con familia de hacendados, uno de los cuales era embajador en Europa. Ocupación del territorio por parte de paramilitares
El Itinerario del desplazamiento es diverso y usualmente va de la zona rural a la cabecera del propio municipio u otro vecino, y luego a Bogotá, pasando en algunos casos por capitales departamentales. El desplazamiento es Intramunicipal, de las veredas al casco urbano Desplazamiento que va de las veredas al casco urbano, luego a la capital nacional y finalmente a su sitio de Reubicación en una región diferente a la de salida.
El punto de presión y gestión institucional para búsqueda de soluciones es Bogotá. El punto de presión gestión Institucional es Montería como capital departamental El punto de presión es inicialmente la capital departamental y ante su falta de respuesta, se hace en Bogotá.

El punto de convergencia y la ubicación del punto de presión para la búsqueda de soluciones, constituyen un factor estratégico. El hecho de que sea Bogotá el lugar predominante en la presión muestra claramente la centralización en la toma de decisiones.

Un factor que marca distintas oportunidades para que se establezcan relaciones directas entre instituciones y desplazados, es la información y la posibilidad de establecer comunicaciones directas con Bogotá, espacio que centraliza las decisiones presupuéstales y las sedes de instituciones públicas y privadas. Así, quienes han pasado por la capital o están localizados en sitios cercanos han obtenido con su experiencia un suficiente conocimiento de la burocracia existente, sus posibilidades y deficiencias. A su vez, quienes están más distantes, difícilmente comprenden el entramado institucional y sólo un acercamiento directo, difícil y costoso ha ido abriéndoles espacio y visibilidad en sus gestiones y la posibilidad de tener mayores elementos información para presionar a nivel regional y local.

2.2. Características de la organización

Sin lugar a dudas, la organización se constituye en la estrategia que va a permitir la búsqueda de soluciones a través de la interlocución y presión con las instituciones:

Cundinamarca Córdoba Tolima
Se conforma en Bogotá como estrategia de búsqueda de soluciones comunes. Se conforma en el municipio de llegada como estrategia de búsqueda de soluciones comunes. La organización viene de expe riencias anteriores de lucha por la tierra.
No hay conocimiento previo entre los asociados. Existe diferente grado de conocimiento entre los asociados, según experiencias previas de vecinaje Existe un proceso previo de conocimiento entre los asociados.
La experiencia organizativa se construye en el proceso mismo, a partir de liderazgos personales y evidentes. La experiencia organizativa se inicia a partir del liderazgo veredal previo. Aunque este precedente tiende a diluirse, la referencia veredal ya conocida pesa en el surgimiento de los liderazgos ampliados a la organización. El desplazamiento produce un reordenamiento en la organización existente, pero se constituye en un factor de continuidad en sus procesos colectivos
No tiene mayor articulación con organizaciones regionales ni nacionales, pero ha tenido algunos contactos informales con otras organizaciones de desplazados No tiene ningún tipo de articulación con organizaciones regionales ni nacionales Está articulada a organizaciones nacionales, que les apoyan de manera Inmediata en su desplazamiento. Asi mismo lograron respaldo internacional, dado que a su historia de desalojo estaba vinculado un alto funcionario activo en el gobierno.
Tiene líderes con cierta experiencia y carisma. Sus líderes son poco experimentados. Tienen líderes con amplia experiencia.
Su capacidad de presión es mediana Su capacidad de presión es débil Tiene una alta capacidad de presión

• Las características en la génesis de la acción colectiva son diversas. Podría pensarse que la organización con más tradición y experiencia de trabajo en común tiene mayores posibilidades de éxito, dado que ya hay un camino recorrido en conocimiento de los miembros, debilidades y fortalezas. Si bien eso es cierto, también se producen acumulados de cansancios y conflictos, que pueden provocar rupturas.

• Para las nuevas organizaciones son muchos los retos que se deben enfrentar. Desde las cuestiones formales de legalización, hasta el conocimiento de sus miembros y la conformación de equipos de trabajo, que permitan llevar a buen término las tareas.

• En las organizaciones nuevas, la conformación de liderazgos se da lentamente, en un proceso de ensayo y error, dado que no hay suficiente conocimiento mutuo. Pero además existe la dificultad de asumir responsabilidades que demandan tiempo, a la vez que se requiere generar ingresos para sostener las familias.

• La participación real de los asociados en las actividades y en la toma de decisiones está también mediada por la posibilidad de encuentro físico permanente, que en las ciudades se vuelve más difícil; además limitado por la búsqueda de ingresos que todos tienen que asumir.

• La comprensión crítica que tienen los desplazados sobre su situación, las causas de la misma y sus derechos, va a definir los distintos niveles de acción y de presión que como organización deciden asumir. En esto influyen aspectos socioculturales como la mentalidad religiosa (71), la formación política, la experiencia, etc.

• La organización tiene connotaciones contradictorias. Por una parte, es un requisito para lograr atención institucional para la consolidación socioeconómica; es la forma de hacerse visibles y canalizar recursos de manera más eficiente. Pero, por otra parte, la identificación como desplazados, puede llegar a constituirse en un motivo de rechazo para la población residente, tanto por imaginarios del tipo "están contagiados por la violencia" (72), como por temor a la competencia por los recursos escasos de los municipios.

Cundinamarca Córdoba Tolima
Para algunas familias la región forma parte del departamento de donde salieron, pero para otras es completamente distinta Está cerca de su lugar de salida, en una región que no era conocida por las familias reubicadas pero que es muy próxima culturalmente. Se han reubicado en una región muy distinta de la de salida.
La comunidad local, apoyada por algunas autoridades civiles y eclesiásticas, se toma la finca que sería destinada a los desplazados, como una forma de protesta frente al abandono estatal y en contra de que personas que no son del municipio reciban alli beneficios. Grupos de paramilltares los visitan para informarles que no quieren problemas y que los recién llegados se deben portar bien. El dueño de la tierra se muestra un poco desconfiado en principio frente a problemas que se puedan presentar y solicita que algunas familias de trabajadores figuren entre los reubicados, como forma de control. Durante su permanencia en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo y del Incora, son rechazados por autoridades y por la población para ubicación temporal. La ubicación definitiva en la finca aparentemente no produjo expresiones de rechazo por parte de la población allí residente.

2.3. Relación con la comunidad de llegada

La relación entre la comunidad de "acogida" y el grupo de familias que se reubican, es una parte importante del proceso, que puede tener distintas manifestaciones y momentos.

• Dada la diversidad cultural en Colombia, la reubicación bien puede significar algo equivalente al cambio de país, por el cambio en el clima, las costumbres, la comida, etc. Así, por ejemplo,

quienes salieron del Cesar para el Tolima han sentido con fuerza la diferencia con su lugar de origen.

• Por otra parte, es frecuente que los residentes en la comunidad de acogida, en los casos señalados, muestran diferentes manifestaciones de rechazo ante los recién llegados. Para comunidades rurales pequeñas y marginadas, la presencia de un grupo de familias con alguna organización, que proviene de zonas de violencia, constituye, desde distintos imaginarios, una especie de amenaza.

• Vale la pena señalar el precedente que se creó con le sentencia de la Corte Constitucional, ante la tutela puesta por la comunidad desplazada de la Hacienda de Bellacruz contra la gobernadora de Cundinamarca, por obstaculizar una solución provisional para este grupo.

• La reubicación en zonas próximas a las de salida, como en el caso de Córdoba, plantea dificultades en términos de la vigencia del conflicto, pues la región en términos generales sigue estando en disputa. Sin embargo, se presentan en estos casos apoyos y acogidas muy significativos ya que las familias desplazada llegan donde familiares, amigos o conocidos. Pese a la solidaridad, con el paso del tiempo, se genera un especie de cansancio de la población de acogida, que no percibe ninguna respuesta institucional definitiva para resolver la situación de las familias desplazadas.

Los procesos de reubicación a los que nos referimos han carecido de un diálogo previo entre distintas instancias locales, regionales y nacionales, que favorezca un clima de mayor acogida

a la comunidad que llega. No se trata de solicitar un permiso, puesto que todas las personas tienen derecho a"circular libremente y a escoger libremente su residencia" (Corte Constitucional, 1997), sino de propiciar acercamientos institucionales y sociales que faciliten el procesos de reubicación.

2.4. Condiciones de explotación de los nuevos asentamientos

Cundinamarca Córdoba Tolima
La solución llega un año después de haberse desplazado la solución llega dos anos después de sucedido el desplazamiento La solución se da dos anos después del desplazamiento del Cesar.
La negociación del predio se da en la última semana de diciembre, al término de la vigencia presupuestal institucional La negociación del predio se da en la última semana de diciembre, al término de la vigencia presupuestal institucional La negociación del predio se da en la última semana de diciembre, al término de la vigencia presupuestal institucional
La solución se da para 32 familias pertenecientes a una organización más grande, de cerca de 100 familias La solución se da para 62 familias, todas provenientes de Tierralta, salvo una excepción. La organización en su conjunto tiene cerca de 200 familias La solución se da para 80 familias en la finca La Miel. La organización tiene en su conjunto cerca de 280 familias (170 desplazadas en Bogotá y 110 en la región)
reubicación gradual, con presencia prioritaria de hombres en un primer momento Reubicación gradual con llegada progresiva de familias. Esto define diferentes liderazgos y procesos de apropiación de espacios. Llegan en su mayoría en grupo.
La solución definitiva de vivienda no se ha resuelto completamente Solamente la mitad de las familias tienen una vivienda provisional. instalación en viviendas temporales, carpas. La solución de la vivienda está en el nivel de unidades básicas, con ayuda de la cooperación Internacional
Explotación en común, a través de la conformación de una empresa productiva Explotación en común, a través de la conformación de una empresa productiva Explotación en común, a través de la conformación de una empresa productiva

• Es importante tener en cuenta el proceso institucional que se está dando con la compra de la tierra para reubicación de familias desplazados, pues de manera repetida se ha señalado la corrupción en estos procesos en los que se mueve una gran cantidad de dinero. Al mismo tiempo, vale la pena reflexionar sobre quiénes salen favorecidos en mayor medida con estas soluciones. Nuestra reflexión tiene que ver entonces con el juego institucional que se está haciendo para que los grandes hacendados puedan vender sus tierras a muy buen precio, con todos los avales necesarios, precio que paga en un 70% el gobierno de su presupuesto (es decir todos los contribuyentes) y los campesinos pagan el 30% restante durante 15 años.

• El afán de lo urgente y la imposición de criterios institucionales que no consultan la realidad sociocultural, provocan la repetición de errores históricos con respecto a la concepción de los procesos de desarrollo rural, imponiendo formas de explotación colectiva empresarial. No se trata de negar que algunos campesinos quieran y puedan asumir este tipo de producción empresarial en un corto tiempo. Pero, en términos generales, este cambio sociocultural lleva tiempos más largos y además tiene que ver con dinámicas económicas regionales y con políticas nacionales, que posibiliten efectivamente estos procesos. Sin duda, tal orientación debería ser revisada o por lo menos relativizada, teniendo en cuenta la crisis generalizada de la actividad agropecuaria en el país.

La puesta en marcha de la explotación de los predios exige una serie de pre requisitos, particularmente de parte de las instituciones del sector agropecuario (de crédito, asistencia técnica y comercialización). Sin embargo, tales instancias aparecen de manera tardía, muy temporal y con muy poca o ninguna coordinación entre sí.

Así mismo, y dado que la solución va más allá de la mera dotación de tierras, las respuestas frente a las viviendas y al saneamiento básico de éstas se da de manera tardía e incompleta. En consecuencia, la totalidad de las familias llegan a habitar el predio luego de un año de haberse adquirido y de estar pagando la tierra.

• La reubicación no es concebida como un proceso complejo de mediano plazo, que exige una coordinación institucional entre sectores y entre niveles y un presupuesto suficiente, sino como una respuesta rápida que debe darse frente a la presión de las familias y que de alguna manera se resuelve con la adquisición de la tierra.

2.5. Acompañamiento institucional del proceso

• La labor de las ONGs en el proceso de organización y capacitación, estuvo desfasada con respecto a la adquisición de la tierra y la reubicación en la misma. De esta manera, aunque el trabajo realizado en tal momento no haya sido perdido, sí se desaprovechó la oportunidad de un acompañamiento suficiente frente a los retos de la reubicación, en un espacio concreto.

Cundinamarca Córdoba Tolima
Estuvo a cargo de Consuregión en convenio con el Incora. Estuvo a cargo de la Universidad Javeriana y Acpo, en convenio con el Incora Tuvieron asesoría y apoyo de ONGs, pero el proceso estuvo en manos de la organización.
La asesoría y capacitación para la organización fue actividad importante de la ONG La asesoría y capacitación para la organización fue actividad importante de la Universidad -
La tierra se entregó en el momento en que finalizaba el contrato de acompañamiento. La tierra se entregó en el momento en que finalizaba el contrato de acompañamiento. Cuando se entregó la tierra, algunas instituciones oficiales delegaron a algunos funcionarlos: ICBF, Incora.

• Una de las dificultades más evidentes en el acompañamiento es la coordinación entre instituciones, ya sea dentro de un mismo nivel (por ejemplo las instituciones de orden nacional, departamental y local) o entre estos distintos niveles. Existen diferentes ritmos, comprensiones, procedimientos e intereses, que hacen lenta la convergencia de esfuerzos para atender ya sea un problema o el conjunto de demandas de la población desplazada.

• El diálogo entre ONGs e instituciones del Estado es otro escollo importante, en donde con frecuencia la imposición de las normas y criterios institucionales de orden generalizante, priman sobre la comprensión de las realidades particulares y la búsqueda diferenciada de soluciones.

• El acompañamiento institucional en estos procesos exige tiempos diversos, que podrían plantearse en términos de fases, con diferente intensidad y evitando la creación de dependencias, pero guardando una suficiente proyección en el tiempo, de manera que se sopese la complejidad de los procesos de reubicación de la población desplazada y su articulación con el nuevo entorno.


Reflexiones sobre alternativas para la acción

A partir de los análisis anteriormente realizados, nos permitimos proponer a continuación algunas reflexiones y propuestas sobre criterios y líneas de acción frente al problema del desplazamiento de poblaciones rurales. Estas reflexiones se basan en supuestos básicos que a nuestro parecer han quedado suficientemente comprobados: el desplazamiento es una realidad compleja que no puede ser bien abordada mediante compresiones y acciones simples; la solución al desplazamiento, dada su naturaleza, debe relacionarse con la construcción de la paz; es necesario superar múltiples problemas de orden logístico frente a las acciones institucionales ante el desplazamiento.

El desplazamiento no es un evento aislado sino una manifestación compleja de las relaciones de múltiples actores y escenarios en un sistema económico, político y cultural conflictivo. Como tal, requiere soluciones complejas, es decir, integrales, que se pueden ejecutar mediante acciones estratégicas de incidencia, tanto en las condiciones que posibilitan el desplazamiento, como en los hechos mismos del desplazamiento y sus consecuencias.

Es claro que la situación de los desplazados implica unas medidas de emergencia, pero no puede ser leída y tratada únicamente como tal. El surgimiento y la solución del desplazamiento son, fundamentalmente, un problema de injusticia y violencia, luego las iniciativas deben apuntar a la conquista de espacios para la justicia y la paz.

El reconocimiento del problema del desplazamiento y la generación de iniciativas para su solución constituyen un trascendental avance de la sociedad, del Estado y del gobierno. Pero la operación misma de las soluciones tiene múltiples limitaciones, en cuanto a las orientaciones y la logística, que es necesario superar, dado que los mejores programas y proyectos pueden terminar abortados en las manos de mandos medios o debido a formalidades y usos burocráticos o, simplemente, porque no se tienen en cuenta aspectos elementales.

Con esta lógica de fondo, planteamos a continuación 10 estrategias que, a nuestro modo de ver, pueden incidir en el conjunto de condiciones explicatorias del desplazamiento; luego enunciaremos algunas propuestas precisas sobre aspectos concretos. Como se podrá ver, no pretendemos ofrecer una fórmula mágica de soluciones sino precisar y reflexionar sobre alternativas que sería necesario emprender.

1. Diez estrategias de acción frente al desplazamiento de población rural

1.1. Comunidades y espacios territoriales de paz

Se requiere que el Estado, los gobiernos nacional y locales, la sociedad civil y las ONGs nacionales e internacionales respeten, promuevan y apoyen las iniciativas de desplazados que buscan crear espacios libres del dominio de los actores armados, en los que la convivencia y la colaboración sean posibles mediante relaciones sociales, económicas, políticas y culturales equitativas.

Las comunidades de paz, como espacios alternativos, se están iniciando en el país. Se constituyen como grupos que de manera explícita y pública definen criterios de neutralidad frente a los actores armados. Así mismo, determinan unos acuerdos de convivencia y de desarrollo socioeconómico solidario y autónomo.

Este tipo de comunidades deben ser diversas. No se puede pretender un uniforme que todos los grupos de desplazados deban adoptar. Su unidad e importancia deben estar en los criterios que comparten, en su no colaboración con los actores armados y en los posibles lazos que puedan establecer entre ellas mismas. De ninguna manera sería conveniente una coordinación estatal o de ONGs sobre ellas.

Uno de los problemas más importantes de estas comunidades está relacionado con su seguridad. De hecho, las iniciativas que se han emprendido ya han sido atacadas y algunos de los líderes han sido asesinados. Para el efecto creemos que se hacen necesarias unas fuerzas de protección a familias en zonas de riesgo (73). En cualquier caso, la decisión sobre el tipo de mecanismos para garantizar la seguridad de estas comunidades debe establecerse tomando en cuenta la opinión de ellas mismas.

Por otra parte, el trabajo de protección a los desplazados debe incluir la intervención para que, en los diálogos de paz, uno de los puntos de entrada sea el respeto a dichas comunidades como elemento fundamental del respeto al DIH.

Pero además del problema de seguridad frente a la violencia, las diversas comunidades de desplazados requieren el apoyo claro, eficiente, responsable y decidido del Estado, de la sociedad y de la comunidad internacional para la reconstrucción de sus espacios de vida. Y ello debe entenderse no como la acción de socorro ante una catástrofe, sino como la construcción de espacios de vida lo cual implica trabajo, educación, salud, vivienda, lazos sociales, participación política, vivencia religiosa, desarrollo de los sentimientos, recreación... en suma, la construcción de espacios en los que el conjunto de derechos humanos sea viable. Se requiere la construcción de espacios de crecimiento de generaciones de hombres y mujeres que respetarán los derechos de los demás porque los demás respetaron los suyos. Esta iniciativa pretende que se reconozca que el desplazamiento, una vez sucedido, se convierte en la vía para la construcción de una sociedad violenta, como la que hemos construido durante las últimas décadas, o en la oportunidad de quebrar la dinámica de la violencia mediante la siembra de espacios de justicia y paz.

1.2. Reforma de las Fuerzas Armadas

El ejército, para ser garante de la paz, la seguridad y la democracia, debe recuperar la credibilidad de la ciudadanía y ello sólo lo logrará en la medida en que, por una parte, garantice que sus miembros son los más estrictos cumplidores de las leyes y respetuosos de la vida y los derechos de los ciudadanos y, por otra, obtenga triunfos militares frente a todos los actores armados ilegítimos. Los logros que se han obtenido en la democratización del ejército y en su asunción de responsabilidades frente al respeto de los derechos humanos deben incrementarse. Para el efecto debe diseñarse y ejecutarse un plan de investigación interna y castigo a todos aquellos miembros de las fuerzas regulares que por acción u omisión posibiliten un desplazamiento o colaboren con alguno de los actores armados ilegales o participen en acciones de inteligencia o de operación contra cualquiera de los derechos básicos de algún ciudadano.

1.3. Frente a los paramilitares

El Estado y el gobierno colombianos deben cortar urgentemente el crecimiento de un ejército de terratenientes y ganaderos. El mensaje "quien quiera hacer valer sus intereses tiene que armarse y salir a matar a quien se le atraviese" implícito en la conformación de dichos ejércitos, debe quedar claramente derrotado.

Una clara acción de persecución jurídica, militar, política y económica frente los grupos paramilitares es fundamental, no sólo para la protección a la sociedad civil dentro de la que están en primera instancia los desplazados rurales, sino para ofrecer alguna posibilidad a la consolidación de una sociedad que no esté regida por el imperio de la violencia y de las armas.

De la misma manera, el Estado debe tener éxitos en su lucha contra el secuestro y la extorsión, de manera que pierda peso la justificación de los grupos de autodefensa. Parte de esos logros debe hacerlos en los diálogos de paz con la guerrilla. Pero es necesario que refuerce sus medidas para que todos los delincuentes (políticos o no) que apoyen el secuestro sean aprehendidos, juzgados y condenados.

En posibles diálogos con los grupos llamados de autodefensa y con los grupos que los financian, el gobierno debe lograr rápidos acuerdos que permitan una reforma agraria eficiente, ofreciendo mayores y mejores mecanismos de protección contra el secuestro. Sin embargo, esos acuerdos no pueden implicar el dominio político y militar de dichos grupos en las zonas. Es decir, dichos acuerdos deben llevar a una consolidación de la democracia en cada territorio y a la completa anulación de los ejércitos irregulares.

1.4. Frente a la guerrilla

Los diálogos de paz que comienzan a adelantarse deben insistir de manera prioritaria en el respeto a la población civil, y dentro de ella, se deben mencionar con toda claridad los grupos de comunidades de paz, de no violentos activos y semejantes.

La comunidad internacional debe ejercer mecanismos de presión frente a la guerrilla, de manera que se evite toda acción que conduzca al desplazamiento o al asesinato de personas desarmadas y se establezcan mecanismos concretos de verificación del cumplimiento del DIH.

Las estrategias del ejército de frente a la guerrilla deben tener radicales cambios, de manera que obtenga triunfos no solo militares sino políticos, en la medida en que no siga asumiendo a la población civil como su enemigo y como el "agua en la que se mueve el pez" sino como los ciudadanos a los que tiene la obligación de proteger, respetando sus opciones políticas.

1.5. Unidades especiales de investigación, juicio y condena de los responsables del desplazamiento

De la misma manera en que se montaron unidades de persecución a los carteles del narcotráfico, se requiere que unidades especializadas se dediquen a la búsqueda y arresto de las personas causantes de desplazamientos, de modo que sean condenados tanto por los asesinatos y masacres, como por los actos de amenaza y terror colectivo.

Los delitos vinculados al desplazamiento no pueden permanecer en la impunidad so pena de que la violencia se siga imponiendo como el único medio posible para la sobrevivencia y para el logro de los derechos o de los intereses particulares.

En cada región en la que se producen desplazamientos, se deben realizar las respectivas investigaciones y arrestos. Muchos de los culpables incluso han sido expulsados o desvinculados de los grupos paramilitares y guerrilleros, pero no reciben ninguna sanción por parte del Estado y continúan en sus labores de atropello a los ciudadanos.

1.6. Control de los procesos económicos alrededor de tierras y ganados

Dado que, como está visto, gran parte de la motivación y la financiación de los grupos que producen el desplazamiento está alrededor de la tierra y de la economía ganadera, el Estado debe realizar una intervención directa en dichas actividades, controlando por medios legales y mediante mecanismos eficientes los cambios de propiedad que se realicen en dichas zonas.

Para el efecto, el Estado debe consolidar órganos de investigación que vayan más allá de la verificación de formalidades. Para el efecto, son de suma importancia programas eficientes de protección de testigos.

1.7. Apoyo a planes de desarrollo rural y urbano

El Estado debe establecer mecanismos de favorabilidad a planes de desarrollo de municipios que acojan solidariamente a población desplazada. Estos mecanismos pueden referirse a mayores índices en las transferencias de la nación, a la prioridad en inversiones públicas, a la agilidad en la gestión de proyectos de inversión que los municipios presentan en las diferentes instancias.

El Estado debe favorecer la inversión de empresas individuales y solidarias en dichos municipios, reduciendo impuestos, favoreciendo relaciones de comercio nacional e internacional, brindando créditos y asesorías técnicas. En esta labor pueden contribuir ONGs nacionales e internacionales.

Pero, igualmente, se deben propiciar planes de desarrollo y reconstrucción de las vidas de las familias desplazadas que se reubican o que retornan a sus tierras. Dichos planes deben hacerse en forma participativa y tener un carácter de desarrollo integral, de manera que se eviten las dependencias o las atenciones monolineales que no llevan a soluciones verdaderas.

1.8. Exigencia de inversión social de los proyectos infraestructurales

Las grandes obras de infraestructura de ben asumir los costos sociales y políticos que causan en la población de la zona. Dichos costos no tienen que ver únicamente con el pago de los terrenos ocupados o con la reubicación de las personas movilizadas por sus obras y con inversiones que favorezcan a los municipios, sino que deben referirse igualmente a la financiación de la protección de las familias que habitan la zona y que se van a ver amenazadas por la ambición de grupos delincuencíales. Parte de esos costos deben concretarse en empresas y fuentes de trabajo estables.

1.9. Red de colaboración para el apoyo a los desplazados y equipos ínterdisciplinarios e interinstitucionales de acompañamiento

Es necesaria la coordinación de esfuerzos, el encuentro institucional, las alianzas, la distribución de espacios y las demás estrategias que puedan considerarse útiles para el manejo del problema, en su fase de emergencia e intervención. Para el efecto, el gobierno debe nombrar en los cargos pertinentes a personas que merezcan la confianza de las instituciones del Estado, de las ONGs y de las organizaciones de desplazados. Las ayudas internacionales que se mueven por medio del gobierno deben exigir esto como un requisito.

Es importante avanzar hacia la búsqueda de articulaciones entre los procesos de atención inmediata y los procesos de búsqueda de soluciones más estables. Esta diferenciación no se da estrictamente en el tiempo, por fases separadas, sino que se superponen de manera permanente y de acuerdo con los recursos y las dinámicas sociales.

1.10. Programa de investigación y estudios

La Red Nacional de Información sobre Población Desplazada por Violencia y el Observatorio del Desplazamiento Interno por Violencia, estípulados en la ley 387 de 1997, no han podido lograr buenos efectos, dado que se han montado sobre intereses politiqueros y más con el afán de intentar contradecir los datos de los estudios de la Iglesia y de las ONGs, pretendiendo disminuir la importancia y la magnitud del problema del desplazamiento.

Es prioritario un programa serio de investigación y estudio de la problemática del desplazamiento, que incluya la atenta observación de las acciones de respuesta tanto por parte del Estado como por parte de otro tipo de entidades. Los estudios del caso deben gozar de absoluta autonomía. Para el efecto, el Estado y la comunidad internacional deben ofrecer respaldo a ONGs, universidades y entes internacionales que ofrezcan garantía y credibilidad sobre la calidad de los estudios.


2. Notas sobre aspectos concretos de la acción frente al desplazamiento

La ejecución de estas diez estrategias o las iniciativas con respecto a la atención a la población desplazada, se estrellan en la práctica con múltiples limitaciones que en muchos casos se podrían evitar. A continuación mencionamos algunas reflexiones sobre aspectos específicos de dichas acciones. Dichas reflexiones se basan en las constataciones de los autores frente a varias experiencias durante los últimos años.

2.1. Con respecto a criterios generales:

• Es necesario, por parte de las instituciones y de sus funcionarios, abandonar la perspectiva del desplazamiento como un accidente masivo o un desastre, para ubicarla suficientemente como una realidad producida en medio del conflicto, como un hecho de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y como una falta de responsabilidad y de eficiencia del Estado en el deber de cumplir con su obligación de protección de los ciudadanos.

El desplazamiento no es una situación ideal ni deseable. Pero ya dado, se debe aprovechar la crisis como una ocasión estructurante a nivel personal, familiar y colectivo, en la cual los desplazados

desarrollan respuestas creativas en cuanto a liderazgos, organizaciones, gestiones, relaciones con instituciones, relaciones interpersonales, conciencia crítica, formas de producción, etc.
Igualmente, se debe tener en cuenta que la violencia y el desplazamiento no son solamente destructoras, sino que mediante ellas se da una nueva estructuración social, que puede ser reorientada hacía formas de convivencia más justas y pacíficas.

Los procesos de desplazamiento de la población presentan una gran diferenciación, desde la cual se tejen distintos cuadros de recursos, posibilidades y limitantes que tienen las y los desplazados, de cara tanto a los momentos iniciales, como a las dinámicas de reconstrucción vital en tiempos más largos. Asumir esta diferenciación implicaría para las instituciones de apoyo, estatales y ONGs, canales de información y de acción sumamente ágiles y flexibles de manera que se pueda intervenir de manera oportuna, obviando tramitologías y canales interminables en la toma de decisiones. Por otra parte, es necesario construir alternativas de acción diferenciadas según las características de ubicación de los hogares desplazados. Es decir, se hace necesario un diseño tanto de planes para la atención en campamentos o albergues, como de planes para la atención a familias ubicadas en sectores urbanos dispersas, como de planes para familias que retornan o se reubican en zonas rurales, etc.

Es importante avanzar en la búsqueda de articulaciones entre los procesos de atención inmediata y los de soluciones más estables. Estas etapas no deben considerarse separadas sino entrecruzadas permanentemente de acuerdo con los recursos y las dinámicas sociales.

Se hace necesario acumular experiencia e infraestructura organizativa, especial mente en lo logístico y en las concepciones orientadoras de la intervención del Estado y de las ONGs. Esto no se puede lograr si cada institución va por su lado y si se conservan las relaciones de menosprecio y desconfianza entre las instituciones del Estado y las ONGs.

2.2. Con respecto a la emergencia:

Los tiempos diferenciados entre la emergencia y la consolidación, que el Estado ha definido como parámetros generales en la atención a los desplazados, constituyen categorías que no se corresponden con las dinámicas reales de la población. Es más, esta separación ha llevado a que se manejen como momentos no articulados, desaprovechándose así algunas posibilidades que pueden ofrecer la prestación de servicios de alimentos, salud, menaje, etc., para generar espacios de encuentro, de organización mínima. Pero, sobretodo, para establecer unas relaciones por parte de las instituciones hacia las familias desplazadas, basadas en el respeto a las diversas opciones que surgen de las distintas situaciones, riesgos y posibilidades, en donde sean reconocidos como actores creativos, dejando de lado el tratamiento tradicional de ser una carga social. que se asimila a mendicantes e incapaces.

• Es necesario buscar mecanismos para la entrega de las ayudas de emergencia, que eviten la pérdida de autoestima ya bastante desgastada. En los procesos de desplazamiento colectivos, la atención de emergencia puede constituirse en una oportunidad para recrear procesos de organización que permitan continuar y reforzar lo ya existente, pese a los conflictos que se ocasionen y que son ineludibles. La mayor dificultad está en la atención a familias y personas aisladas, especialmente en las grandes ciudades. Allí la desconfianza de los funcionarios frente a los que llegan, la queja sobre los "desplazados profesionales" que piden en todo lado, sin ser desplazados, llama de manera urgente a la coordinación de esfuerzos, al encuentro institucional, a las alianzas y distribuciones de espacios y de más estrategias que puedan considerarse útiles para el manejo del problema, en su fase de emergencia. Pero, además, se requiere repensar cómo buscar que a partir de estas ayudas iniciales sea posible avanzar hacia dinámicas que coadyuden a la autoestima y al reconocimiento de sus propias capacidades.

• Es necesario un mayor control sobre las provisiones para las ayudas de emergencia, con una suficiente organización, atendiendo a las diferencias de clima, género y distinta composición familiar, entre otras. Una labor que tiene que ver con lo preventivo, es precisamente tener un stock de recursos suficientemente identificado, y en lugares estratégicos, que permitan su pronta y adecuada utilización.

• La Iglesia Católica continúa posicionada como la instancia que de manera inmediata acude a facilitar recursos de atención inmediata, dada su amplia cobertura a nivel rural y la credibilidad que mantiene como lugar de acogida. Sin embargo, no hay suficiente claridad sobre la participación de iglesias de otras denominaciones. Pero, dado que éstas también hacen presencia de manera amplia en zonas rurales y urbanas, es necesario tener en cuenta a todas las iglesias como espacios de acogida inicial de las familias desplazadas, para efectos de actividades de coordinación, de capacitación, etc. En todo caso, parece importante que frente a la vulnerabilidad de las personas desplazadas, se tenga especial cuidado en respetar las diferentes confesionalidades, evitando discriminaciones y manipulaciones, en una labor verdaderamente ecuménica y humanitaria.

2.3. Sobre la satisfacción de necesidades básicas (74):

2.3.1. En salud: (75)

• Dada la alta morbilidad de los hogares es necesario disponer de suficientes recursos para la medicina curativa que, más allá de la mera consulta médica, debe incluir la adquisición de medicamentos, que tienen un alto costo. Sin embargo, es necesario no dejar de lado el aspecto preventivo de la salud. Esto significa no sólo capacitar a la población sobre el mejor manejo de los recursos disponibles, sino también la dotación de recursos físicos necesarios para tal fin, lo cual nuevamente plantea diferencias entre los desplazados que se encuentran agrupados y los dispersos, a quienes es necesario atender desde una estrategia de tipo barrial en las zonas donde se localizan, cuando esta localización tiene un referente barrial aproximado, y en donde se incluya población desplazada y no desplazada.

• El aspecto psicológico, subrayado por lo menos desde hace cinco años, sigue siendo marginal en la intervención misma y requiere de aproximaciones a todo nivel: individual, familiar y comunitario. Enfoques de tipo sistémico pueden ser de gran utilidad, pero igualmente vale la pena abrir espacios de discusión y de intercambio de información entre instituciones y personas sobre el tema, dentro de una visión no exclusiva a los especialistas.

• Así mismo, es necesario insistir en la capacitación de personal local y regional para atender la salud mental, asunto que tiene que ver con los primeros auxilios emocionales y con una intervención psicológica "primaria"; capacitación que ofrezca herramientas básicas a quienes están en relación permanente con las familias desplazadas, para hacerlo de manera proactíva.

• Con respecto a la cuestión alimentaria, que en gran medida se maneja a través de entrega de mercados a las familias, vale la pena mirar la posibilidad de dinamizar los mercados locales adquiriendo productos en la región y no comprando de manera indiscriminada las provisiones en las grandes ciudades. Posibles intentos para favorecer el cultivo de productos semestrales, pueden ayudar a generar actividades productivas cuyos resultados constituyan la fuente de alimentación de las mismas familias.

• En cuanto a la rehabilitación física, si bien su proporción no es nada significativa, es importante tenerla en cuenta pues ya sea porque algún miembro de la familia tiene limitaciones físicas o porque tales condiciones se dieron en la fase posterior a la salida, tal situación, en las condiciones de empobrecimiento, se convierten en una enorme dificultad para toda la familia.

• Las demandas en materia de salud, preventiva y curativa, constituyen un vector de atención que es necesario mantener con proyecciones de largo plazo, ya sea articulando las nuevas familias en las redes locales del Sisben o en convenios nuevos con claras delimitaciones del uso de los recursos.

• En todos los casos, es muy importante establecer claros controles frente a los entes que hacen la administración de los recursos, en donde participe la población desplazada como usuaria y veedora de los mismos, para evitar los malos manejos y la corrupción.

2.3.2. En educación: (76)

• Un primer aspecto sobre el cual queremos llamar la atención, se refiere a la necesidad de priorizar en servicios de educación básica integral que incluyan: el desarrollo de capacidades de lecto-escritura y otros instrumentos de comunicación apropiados a las nuevas circunstancias; la suficiente capacidad crítica de lectura de sus realidades y de asunción de posiciones frente a las circunstancias y actores que generan el desplazamiento; el desarrollo de las habilidades técnicas y relaciónales que permitan su participación constructiva en el desarrollo económico y social de los lugares en los que residen y van a reconstruir sus vidas.

• Pese a que muchos estudios señalan que se ha aumentado la valoración del estudio por parte de los adultos con respecto a sus hijos e hijas, en algunas zonas rurales, conocidas por los autores, es posible encontrar que tanto adultos como jóvenes no valoran el estudio como forma de movilidad social, pues la dura realidad del desempleo de bachilleres y de profesionales así lo señala. En este campo, instituciones de educación no formal en áreas diversas tienen un enorme reto no sólo para ofrecer capacitación, sino para que tal capacitación corresponda a un verdadero diagnóstico de potencialidades y necesidades de la zona y a una dinámica de inversión que permita captar la fuerza de trabajo, orientándola hacia actividades con ciertas certezas de empleo. Es necesario revertir el tradicional divorcio entre capacitación y generación de empleo, para buscar alianzas con la empresa privada que permitan un dinamización de las economías regionales, con canales de comercialización más o menos asegurados y evitando caer en la monoactividad, para lograr entonces una capacitación laboral que se corresponda con estos proceso.

• La insistencia en las microempresas como alternativa no es suficiente a título de salida eficiente, en tanto no haya suficiente seguimiento, asesoría y crédito que permitan el surgimiento y consolidación de actividades económicas eficientes. Diversas experiencias han mostrado que la improvisación de microempresarios sin mayor apoyo institucional y en un contexto en donde la familia carece de la experiencia y donde las necesidades mínimas no están cubiertas, conlleva el riesgo de que los créditos se destinen a la cobertura de tales necesidades y al fracaso de los proyectos.

Se hace necesario flexibilizar las normas y promover un sensibilización a nivel de los maestros de escuelas primarias sobre el problema del desplazamiento, en las zonas de llegada de familias desplazadas. De manera general, los menores "pierden" el año académico correspondiente al desplazamiento y se calcula que sólo la mitad de ellos puede continuar disfrutando de derecho fundamental. Eso se debe en la mayor parte de los casos, a la falta de recursos económicos de las familias para uniformes y útiles escolares, requisito obligatorio en muchas escuelas, a la falta de capacidad escolar del sitio de llegada, a la escasa voluntad de directores de escuelas y maestros para buscar respuestas a estas necesidades y también a que muchos menores deben conseguir algún tipo de ingreso para colaborar en el hogar.

2.3.3. En vivienda

La vivienda, como espacio fundamental en la vida de las familias, es una necesidad que se resuelve de manera muy precaria por parte de las familias desplazadas. La pauperización de sus condiciones de vida, reflejada en el hacinamiento, tiene implicaciones de todo orden para el desarrollo de sus miembros, particularmente de las y los niños. Es así, como la demandas de los desplazados (77), en un 70%, tienen que ver con adquisición de la misma.

Las pésimas condiciones de orden sanitario de la vivienda y de su entorno son una constante no sólo para las familias que se desplazan individualmente, sino también para aquellas que se ubican en campamentos provisionales, en donde llegan a pasar largos lapsos de tiempo.

Ante las condiciones de inseguridad para un retorno, es necesario considerar con realismo el derecho que tienen las familias desplazadas para proponer y gestar proyectos de vivienda urbanos, en condiciones dignas, en las zonas de llegada.

Soluciones de tipo organizativo e integrales, constituyen allí una vía de oportunidad para recomponer redes sociales, articulando población pobre residente y población desplazada. Por su puesto, esto no debe ser una camisa de fuerza.

2.3.4. En trabajo

De las tres alternativas (78) expuestas para la generación de ingresos, los hogares rurales consultados se dividen de manera proporcional, con algunas variaciones que no son significativas si se miran los tres años de estudio. Lo importante aquí es anotar que el desplazamiento produce una modificación sustancial en la actividad laboral de tipo rural, que se hace extensiva a las expectativas de trabajo futuro, como posible solución.

Es necesario buscar formas de dinamizar las economías regionales donde se reubican los grupos de desplazados, pues el éxito de su actividad económica tiene que ver no sólo con su desempeño al interior de la finca sino con todo el circuito económico con el cual se articulan.

• El problema de la identidad regional de los pobladores constituye para gran parte de la población desplazada un factor que atraviesa sus vivencias. Los múltiples desarraigos que muchas de las familias han tenido, constituye un elemento de orden sociocultural que es necesario tener en cuenta en los procesos de reubicación. La constitución de nuevas comunidades territoriales, es decir con vinculación a una base territorial, implica tener en cuenta las relaciones sociedad-naturaleza, y la organización socioespacial. Es por eso que es necesario plantear de cara a las reubicaciones procesos en donde, además de lo económico, se plantee de manera explícita la construcción del sentido de nuevas pertenencias, es decir, la constitución de nuevos territorios con actores diversos que van a redefinir la vida de estas regiones y localidades.

2.4. Sobre la investigación:

La investigación sobre el desplazamiento requiere de suficientes recursos continuados que permitan constituir equipos en el mediano plazo, con un buen anclaje en las entidades regionales y locales, que genere aprendizaje mutuo entre las instancias participantes, que posibilite un seguimiento regional continuado al problema y que esté suficientemente articulado con las instancias de toma de decisiones y de atención a la población, de manera que no se perpetué el desencuentro entre el conocimiento y la acción. Tales procesos de investigación no estarían circunscritos a "contar desplazados", sino también a buscar nuevas aproximaciones de orden cualitativo sobre las dinámicas y procesos de desarraigo y de reconstrucción vital, que aporten al campo propositivo de intervención.

2.5. Sobre la capacitación de agentes de acompañamiento y apoyo a los desplazados:

La investigación sobre el desplazamiento en sus distintas dimensiones está teniendo una importante dinámica que puede ser bien aprovechada, si se socializan sus resultados a través de actividades de información y de capacitación a nivel regional y nacional, con participación de diferentes instituciones interesadas en el problema.

Asi mismo, es importante realizar un programa continuado e integral para los diferentes agentes institucionales que participan en los distintos momentos de la atención de las familias desplazadas. Consideramos importante incluir, entre otros, a sacerdotes, pastores, religiosas catequistas y miembros de las iglesias, a maestros, a promotoras de salud, médicos y enfermeras, a jóvenes bachilleres de últimos grados, a funcionarios de las alcaldías municipales, etc.

Los autores

Flor Edilma Osorio Pérez. Trabajadora Social de la universidad de la Salle, Magistra en Desarrollo Rural. Desde hace 6 años esta vinculada como investigadora del instituto de Estudios Rurales y profesora de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana.

Fabio Alberto Lozano Velázquez: Teólogo. Magister en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana.

Los autores han trabajado durante los últimos años tanto en la investigación sobre la problemática del desplazamiento como en el acompañamiento y asesoría a comunidades desplazadas. Desde hace seis años hacen parte del equipo de Codhes.


Bibliografía
  • BALCAZAR, Alvaro y Martha Lucia OROZCO. 1998. Agenda de Dinamización Productiva. En: Misión Rural, Transición, Conviviencia y Sostenibilidad. Versión Preliminar. Santafé de Bogotá
  • BONILLA, Elsy y Penélope RODRÍGUEZ, 1992. Fuera del Cerco. Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional ACDI, Bogotá
  • BOURDIEU, Pierre. 1979. La Distinction. Paris. Editions de Minuit. 1993. Effets de Lieu. En: La Misere du monde. Editions de Seuil. Paris.
  • CHEVEL, Maleck. 1986. La formation de la identité politique, Presses Universitaires de France. Paris.
  • CODHES INFORMA, 1998. Desplazamiento forzado y políticas públicas. Entre la precariead del estado y el asistencialismo. Boletín No. 18,,julio. Santafé de Bogotá
  • COCHES INFORMA. 1997. Colombianos en busca de refugio en Panamá. Boletín N° 10, noviembre.Santafé de Bogotá
  • CODHES. Sistema de Información de Hogares Desplazados en Colombia, 1995, 1996 y 1997.
  • COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAVIOLENCIA.1989. Colombia: Violencia y Democracia. Universidad Nacional de Colombia. Col ciencias. Bogotá
  • CONFERENCIA EPISCOPAL. 1994. Desplazados por violencia en Colombia. Editorial Conferencia Episcopal.Santafé de Bogotá
  • CORTE CONSTITUCIONAL, 1997. Sentencia sobre negativa a recibir desplazados. En CODHES INFORMA, Boletín No. 12, diciembre.
  • DUREAU, FranÁoise. 1992. La Observación De Las Diferentes Formas De Movilidad: Propuestas Metodológicas Experimentadas En La Encuesta De Movilidad Espacial En El Área Metropolitana De Bogotá. En: Migración e Integración, nuevas formas de movilidad de la población. Ediciones Trilce. Montevideo.
  • ESTRADALeonardo y CRUZ Marcelo. 1992. Perspectivas en transición del desarrollo regional en América Latina. En: PANADERO MOYA et al. América Latina: La Cuestión Regional. Colección Estudios. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla La Mancha. España.
  • FERRO, Juan, OSORIO Flor Edilma, CASTILLO Olga y URIBE Graciela, 1997. Dinámicas de transformación cultural en zonas de cultivos de coca y amapola, con énfasis en la población juvenil. Un estudio comparativo de colonos, indígenas y campesinos. Informe Final. Santafé de Bogotá
  • FRANCO, Andrés. 1998. Los desplazamientos internos en Colombia: una conceptualización política para el logro de soluciones de largo plazo. En: Colombia Internacional No 42, abril junio. Centro de Estudios Internacionales. Universidad de los Andes.
  • GIMÉNEZ, Gilberto. 1996. Cultura Política e Identidades en México. IISUNAM.México.
  • GUTIÉRREZ Y ZAPP, 1995. Mujer, Semilla, Alimento.UNIFEM. Santafé de Bogotá
  • LOZANO, Fabio y OSORIO, Flor Edilma. 1996. Población rural desplazada por violencia en Colombia. En Revista Cuadernos de Desarrollo Rural No. 36, primer semestre. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Instituto de Estudios Rurales, Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá
  • LOZANO, Fabio. 1998. La Relación entre la Mentalidad Religiosa y los Procesos de Violencia Paz. Investigación a partir del caso de los desplazados en Tierralta, Córdoba. Trabajo de Grado para acceder al título de Magister en Desarrollo Rural. Universidad Javeriana.
  • MACHADO, Absalón. et al. 1995. Censo de Minifundio en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, IICA.
  • MEDINA, Helda. 1998. Proceso de desplazamiento reubicación de los campesinos de la hacienda Bellacruz, Cesar. Trabajo de grado. Maestría en Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá
  • MOLANO, Alfredo. 1987. Selva adentro: Un Historia Oral de la colonización del Guaviare. Bogotá, El Ancora Editores.
  • OSORIO, Flor Edilma. 199 7.Mujer desplazada: violencia y discriminación. En Codhes Informa. No. 7, febrero. Santafé de Bogotá.
  • OSORIO, Flor Edilma y LOZANO Fabio. 1998. Procesos de reconstrucción vital de población desplazada por violencia en Colombia. Algunas reflexiones. Revista Humanitas, Universidad Javeriana. en prensa.
  • OSORIO, Flor Edilma. 1997. Conflicts for Land and Territory: An Analysis of Internal Migration in the Rural Áreas of Colombia. En Canada's Periodical on Refugees, REFUGE. Conflict, Population
  • Displacement, and Conflict Resoluction. Vol.16, No.6. Centre for Refugee Studies, York University.Canadá. December.
  • OSORIO, Flor Edilma. 1998. El desplazamiento forzado por violencia. Reflexiones desde la perspectiva del desarrollo local de municipios rurales en Colombia. Cuadernos de Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. En prensa.
  • PÉREZ, Diego. 1997. Informe Sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia. Enero 1 Octubre 31 de 1997. Documento Fotocopiado.
  • PRADA, Esmerida. Movimientos Sociales. En Cien Días vistos por CINEP, vol. 9, No 39, octubre-diciembre de 1997.
  • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1997. Los Desplazados, esa Colombia que no podemos ignorar. Imprenta Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá
  • REYES, Alejandro. 1994. Territorios de la violencia en Colombia. En: Territorios, regiones y sociedades. Ren Silva, ed. Santafé de Bogotá
  • RODRÍGUEZ, Luz Eugenia. 1998. Proceso colectivos y familiares de acomodamiento y generación de estrategias de vida de la población desplazada. Dos estudios de caso. Trabajo de grado. Maestría en Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá
  • SALAZAR, M., HERNÁNDEZ, E., MONTOYA, A. 1998. Identificación de la Oferta para la Atención a la Población Desplazada por Violencia Política en Colombia. Comité Internacional de la Cruz Roja. Santafé de Bogotá
  • VALDERRAMA, Mario. Agenda de Economía Campesina y Desarrollo. En: Misión Rural, Transición, conviviencia y sostenibilidad. Versión Preliminar. Santafé de Bogotá
  • VARGAS VELASQUEZ, Alejo. 1998. Laberinto de la Guerra En Cien Días vistos por Cinep No 41, Bogotá, abril - junio.
  • Vargas, Alejo. 1997. Conflicto Armado Interno en Colombia y Desplazamiento Forzado. Ponencia presentada en el Seminario Desplazamiento Forzado y Conflicto Social en Colombia.Universidad Nacional de Colombia. Fotocopia.


Notas:

1. Es decir, todo un grupo poblacional de familias completas cuya composición puede variar entre 40 y 1500 familias se desplaza masivamente por la presión de uno o varios de los grupos armados

2. Codhes informa No 10, noviembre de 1997.

3. No pretendemos asumir aquí la conocida tesis de una multiplicidad de causas de la violencia y de la retroalimentación de varias violencias (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1989), apuntamos más bien a una interpretación comprensiva del fenómeno del desplazamiento forzado.

4. Sobre este tema, en el que no podemos profundizar por ahora, véase la Relación entre la Mentalidad Religiosa y los Procesos de Violencia Paz, investigación de Fabio Lozano a partir del caso de los desplazados en Tierralta, Córdoba. Trabajo de grado para acceder al título de Magister en Desarrollo Rural. Universidad Javeriana. 1998.

5. César Gaviria gobernó entre 1990 y 1994.

6. Datos cuyas fuentes son la DNP, UDA y SITOD, citados por Álvaro Balcazar y Marina Lucia Orozco en Agenda de Dinamización Productiva, en Misión Rural, 1998. Versión Preliminar.

7. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cálculos del CECA en Álvaro Balcazar, Op.Cit.

8. Encuesta Nacional de Hogares Rurales del DAÑE, citada por Balcazar y Orozco

9. El bajo precio de cereales y oleaginosas favorece especialmente a la industria. Es decir, el caso de un menor precio en la cebada a quien más favorece es a las productoras de cervezas. Lo cual no significa que los consumidores de cerveza hayan salido ganando y, sobre todo, la canasta familiar de los empleados, los obreros y los más pobres no se vio necesaria mente favorecida.

10. Minas y canteras no produjo más empleos en los últimos años.

11. Una rápida visión de la historia de las leyes agrarias nos permite verificar lo afirmado. La ley 200 de 1936, reconocida como el primer intento serio de reforma agraria, se centró en la figura de la extinción de dominio, es decir, la pérdida de la propiedad cuando se deja sin explotación económica la tierra durante un periodo determinado. Igualmente se intentaba poner límites a la aparcería. A pesar de sus estrechos alcances esta ley no tuvo suficiente aplicación porque los poderes de dominio en el campo se mantenían intactos. En 1944 se anulan legalmente algunos de los posibles efectos de la anterior ley mediante la expedición de la ley 100 en la que se declara la conveniencia de los contratos de aparcería.

En 1961 se expide la ley 135 por medio de la cual se crea el Incora. Aparentemente se intentaba presionar una más moderna, intensa y equitativa explotación de la tierra mediante la aplicación de la figura de extinción de dominio y la compra de tierras por parte del Estado para distribuirlas a campesinos. En realidad la complejidad de los procesos de extinción de dominio hada que éstos fueran nulos en la práctica. Además la participación de los campesinos en la dirección del Incoa era ínfima (2 de los 18 miembros) y sus posibilidades de participación en los niveles regionales no sólo es menor, sino que se ha tenido que enfrentar tanto a la corrupción de muchos funcionarios como al hecho de que los empleos del Incoa son una de las cuotas de participación del clientelismo local. De esta manera no es extraño encontrar que los hijos de los grandes terratenientes son a su vez gerentes del Incora Regional.

En 1967, a través del Decreto 755, se impulsa una organización de campesinos alrededor de la esperanza de prestación de servicos por parte del Estado. Se crea asi la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). La ley 1° 1968 se expide como complemento del decreto del 68 facilitando algunos trámites frente a los predios inadecuadamente explotados y frente a la aparcería.

Se pretendió con estos recursos institucionales abrir paso al desarrollo capitalista en el campo presionando a los gamonales latifundistas.

Nuevamente los intentos liberales y modernizadores se hechan a pique mediante el pacto de Chicoral (acuerdo entre los gremios de propietarios y los partidos tradicionales). Estos acuerdos se van a ver reflejados en la ley cuarta de 1973, que vuelve impracticable la expropiación, y la sexta de 1975, que legaliza la aparcería asimilándola a las sociedades de hecho. En cambio se van a impulsar unos programas de carácter asitencial y de transferencia tecnológica, a través del PAN y el DRI, al mismo tiempo que se disuelve la organización campesina.

La ley 35 de 1982 vuelve a impulsar la actividad del Incora, que se habla prácticamente extinguido. Pero esta actividad se va a concentrar en la compra venta de tierras, las expropiaciones van a reducirse paulatinamente hasta ser eliminadas desde 1986. La ley 30 de 1988 va a normar esta práctica, cambiando el concepto de Reforma Agraria como distribución de tierra inapropiadamente explotada por el de comercialización de las tierras.

12. De acuerdo con Alejandro Reyes, los narcotraficantes han comprado entre 3 y 5 millones de hectáreas de los mejores suelos, especialmente en zonas de ganadería extensiva.

13. No se debe olvidar que muchos de estos terrenos son de habitación y supervivencia de grupos indígenas y que muchas de estas incursiones significan un serio deterioro de las condiciones ambientales

14. Ver, por ejemplo, Selva adentro: un Historia oral de la colonización del Guaviare. Alfredo Molano, El Ancora Editores, 1987.

15. Aquí, por supuesto, no se están incluyendo quienes han debido migrar por la construcción misma de la represa.

16. Datos del Censo de Minifundio URPA e IICA, 1994, y Dañe, 1993, citados por Valderrama y otros Op. Cit.

17. Para citar un ejemplo, entre marzo y junio de 1997, el Cinep registró 27 éxodos y protestas campesinas.

18. Desde la época de la llamada violencia partidista, años 40 y 50, grupos armados que recibieron nombres como chulavitas y pájaros, realizaron múltiples homicidios individuales y masacres colectivas

19. El paramilitarismo se reproduce también en las ciudades donde comienzan a ser asesinados gamines, prostitutas, homosexuales v todos los que puedan parecer criminales. Esta labor horriblemente llamada de "limpieza social" fue impulsada desde organismos de la Policía Nacional.

20. Entre estos eventos hay que mencionar la guerra contra el narcotráfico y, dentro de ella, la guerra entre los carteles mismos, la muerte de Rodríguez Gacha, las disputas entre el cartel de Cali y el de Medellín, la muerte de Pablo Escobar, el cambio en los escenarios geográficos.

21. Asi, la masacre realizada en la población de Mapiripán en 1997 recibió el reproche de Carlos Castaño.

22. Confróntese las denuncias sobre la British Petroleum Company en The Guardián, 17 de octubre de1998.

23. Conflicto Armado interno en Colombia y Desplazamiento Forzado, ponencia presentada por Alejo Vargas en el seminario "Desplazamiento Forzado y Conflicto Social en Colombia", Universidad Nacional de Colombia, mimeo, 1997.

24. Echandía, Camilo

25. Esta era una de las solicitudes en diciembre de 1998, fecha en que se terminó este informe.

26. Ver En el Laberinto de la Guerra, Alejo Vargas Velásquez, en Cien Días Vistos por Cinep # 41, Bogotá, abril junio de 1998.

27. El argumento de los miembros del EPL es que su participación en el DAS era únicamente como guardaespaldas de los ex guerilleros para garantizar su seguridad. Además, acusan a las Farc de haber asesinado a muchos de sus miembros y colaboradores y de haber secuestrado a sus familiares.

28. Vargas. Alejo.1997.0p.Cit.

29. La Consejería Presidencial para Desplazados actuó en repetidas ocasiones en el mismo sentido, presionando a los campesinos para retornar en dichas condiciones a pesar del aviso de organismos de Derechos Humanos. Con el argumento de que la mejor solución es el retorno, el Consejero Presidencial presionó para que los campesinos volvieran a sus tierras, argumentando la presencia permanente del ejército para garantizar sus vidas. Efectivamente en algunas zonas el ejército colocó bases, pero como está dicho, permitiendo y colaborando con los paramilitares que imponían sus condiciones a los retornados.

30. A finales de 1998 se han aumentado los combates entre guerrilla y paramilitares en un aparente cambio de táctica de los bandos.

31. Número de encuestas realizadas y periodos de desplazamiento que cubren:

Años 1995 1996 1997
Número de hogares encuestados 796 935 636
Período de desplazamiento de los hogares Junio 1994 a Octubre 1995 Noviembre 1995 a diciembre 1996 Enero 1997 a diciembre 1997

32. Para 1997, por ejemplo, y pese a haber evidencias de desplazamiento en el departamento del Caquetá, fue imposible hacer las encuestas en esa región, por razones de orden público y dificultades de las ONGs para realizarlas

33. Así, vemos en el siguiente cuadro cómo los tres departamentos con mayor cantidad de llegada de desplazados, alcanzan cerca del 50% sobre el total de encuestas realizadas a nivel nacional

1995 1996 1997
Departamento % Departamento % Departamento %
Cundinamarca 25.0 Antioquia 30.0 Antioquia 22.7
Antioquia 18.9 Cundinamarca 27.6 Cundinamarca 21.3
Santander 11.6 Córdoba 11.5 Santander 9.6

34. Departamento de procedencia con mayor frecuencia de los hogares desplazados encuestados, con respecto al total de encuestas realizadas al nivel nacional:
1995 1996 1997
Departamento % Departamento % Departamento %
Antioquia 31.3 Antioquia 32.2 Chocó 26.4
Santander 15.1 Chocó 17.2 Antioquia 11.7
Cesar- Cauca 7.2 Cesar 6.3 Cesar 8.8

35. Ver, entre otros, Bonilla y Rodríguez, 1992.

36. Usualmente son sobrinos, primos, nietos e inclusive hijos de vecinos y amigos que las familias tienen consigo

37. Esta es una observación hecha tanto por familias desplazadas como por estudios sobre las sociedades campesinas

38. En Tierralta, Córdoba, los jornales son más bajos que en otras partes del país. Mientras en Boyacá, por ejemplo, en 1997 se pagaba por un día de trabajo entre $6000 y $7000, en Tierralta

se pagaba entre $ 3.000 y $4,000 a los hombres, en tanto que a las mujeres se les pagaba entre $2.000 y $3.000.

39. La proporción se tomó a partir de un total de 345 hogares sin vinculo rural para 1996, y de 88 para 1997

40. Las proporciones se sacaron sobre datos de 469 HVR y 400 hogares sin vinculo rural

41. Las proporciones se sacaron sobre datos de 307 HVR y 376 hogares sin vinculo rural

42. Esta última, frecuentemente se convierte en analfabetismo funcional.

43. En esta categoría se incluyen las fuerzas militares, la policía nacional y el DAS. Para 1996, fueron señaladas las fuerzas militares con mayor frecuencia ( 67 veces), en tanto que las otras dos instancias tienen 3 y 2 casos respectivamente. Para 1997 las fuerzas militares tienen una frecuencia de 27 casos y las otras dos instancias ningún caso.

44. Pocas han sido las comunidades que han hecho una manifestación concreta, por vías alternativas a la violencia, para ejercer sus derecho a vivir en paz, Señalamos la comunidad de La India, en Cimitarra, Norte de Santander, y más reciente mente la comunidad de San José de Apartado. Ambas experiencias han dejado no pocas victimas, principalmente en persona de sus líderes, pese a lo cual sus procesos de exigencia de respeto a la decisión de no involucarse en el conflicto, han continuado.

45. Los porcentajes son construidos con base en el total de respuestas afirmativas de los HVR a la pertenencia a organizaciones, para cada año. Ese total para 1995 fue de 304, para 1996 de 274 y para 1997 de 206.

46. Es cierto, sin embargo, que la cuestión jurídica es un factor que no constituye mayor inconveniente en cuestiones de apropiación de las tierras. La estructura de los grupos que están en estas "conquistas territoriales" tiene suficiente articulación con las instancias notariales para legalizar ventas ficticias, también el suficiente poder para obligar a las familias a firmar documentos que sirvan para regular sus "adquisiciones".

47. Nuestro trabajo con comunidades desplazadas de origen rural nos aporta suficientes elementos empíricos para esta reflexión que supera los alcances de este informe, pero consideramos importante consignarlo pues los cambios abruptos de identidad van a estar atravesando los procesos de "volver a empezar" en otras regiones y en otras actividades.

48. La oferta de lotes fue uno de los intercambios que hicieron muchos politiqueros locales y regionales en los municipios en las múltiples elecciones que se sucedieron en 1997 y 1998.

El desplazamiento llega asi a engrosar la pobreza con la cual se nutre el ciclo de la compra de votos y de la negociación de las curules.

49. Las proporciones se fijaron sobre el total de HVR encuestados para cada año

50. Las proporciones se fijaron sobre el total de HVR encuestados para cada año

51. Esta situación la apreciamos claramente en Tierralta y al parecer es una estrategia que es posible realzar en casos de desplazamiento intramunicipal.

52. La evidencia empírica la tenemos de nuestra experiencia en Tierralta, Córdoba.

53. Retomamos aquí parcialmente ideas expuestas en el articulo "El desplazamiento forzado por violencia". Reflexiones desde la perspectiva del desarrollo local de municipios rurales en Colombia, de próxima publicación en Cuadernos de Desarrollo Rural

54. Ver. entre otros Bordieu, Giménez.

55. Los principios de Integración social se fundamentan en dos pilares, en relación dialéctica lo funcional y lo territorial. El primer ámbito se refiere a los enlaces entre entidades organizadas, que se relacionan y se utilizan para lograr sus proposito de satisfacer sus necesidades El segundo ámbito, se construye a través de lazos de historia y sentimiento Que unen a los miembros de una comunidad localizada geográficamente (Estrada y Cruz, 1992)

56. Particularmente, los desplazamientos colectivos, como los del Chocó, el de Tierralta, los del sur de Bolívar, generan una parálisis en la actividad local productiva. Para el caso de Tierralta, por ejemplo, las veredas quedaron desocupadas entre un 70% y un 100%, en por lo menos seis meses, de acuerdo con los cálculos v mapas realizados por los mismos desplazados.

57. Es indudable el papel más visible que están teniendo las mujeres en el conjunto de la producción agropecuaria y su clara tendencia al crecimiento debido, entre otras cosas, a los efectos selectivos de la violencia sobre el género masculino. La contribución de la mujer en actividades productivas, de transformación, de comercialización v de labores domésticas relacionadas con el ciclo alimentario, que claramente contribuyen a la generación de riqueza y consumo, se ha determinado en cerca del el 17% del PIB, (GUTIÉRREZ Y ZAPP, 1995)

58. Por ejemplo, salida del campo a ciudades grandes o cambios de una región a otra

59. Por ejemplo, en una ocasión una profesional preocupada por el medio ambiente urbano de Bogotá, señalaba que los desplazados utilizaban de manera inadecuada los espacios, produciendo suciedad y desmejorando la belleza de la ciudad, todo esto entendido como una problema de falta de adaptación y de educación.

60. Algunos estudios fundamentados en historias de vida, muestran la constante de la violencia en la vida de muchos de los protagonista actuales de diversos grupos armados, lo cual contribuye a mostrar los círculos recurrentes de la violencia.

61. En un municipio de Córdoba, los paramilitares exigían que los campesinos que llevaran más de 20 años en la región debían abandonarla, pues eran simpatizantes de la guerrilla.

62. Un análisis especifico de las políticas publicas sobre el desplazamiento puede consultarse en Cocines Informa ?18, de julio de 1998. Para una referencia sobre la oferta institucional frente al desplazamiento ver el estudio realiza do por Salazar, Hernández y Montova para el Comité Internacional de la Cruz Roja titulado "Identificación de la Oferta para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia Política en Colombia", Bogotá, julio de 1998.

63. La presencia institucional gubernamental y no gubernamental para la atención de emergencia de los HVR, de acuerdo con el Sisdes, muestra un aumento en su cobertura:

1995 1996 1997
HVR que recibieron ayuda % % %
57.5 56.9 75.8
Fuente: Cálculos con base en el Sistema de Información de Hogares desplazados en Colombia, 1995,1996 y1997, Codhes

Es notorio el aumento de la cobertura de ayuda a las familias desplazadas a partir de 1997, año en el cual se crearon instancias operativas específicas y se movilizó cierta coordinación de entidades oficiales ya existentes para la atención del desplazamiento. Así la participación del apoyo gubernamental y no gubernamental en las ayudas de emergencia a la población desplazada se ha incrementado. Mientras en 1995 y aún en 1996 la participación de estas instancias era mínima,

para 1997 ocupan casi el 50% de la ayuda proporcionada a los HVR, según los datos de las encuestas.

64. Los análisis hechos a continuación se basan en un artículo de Flor Edilma Osorio que se encuentra en prensa para la Revista Cuadernos de Desarrollo Rural.

65. En Tierralta, el hospital administró 30 millones (primer envió de un total de 60 millones), en donde los servicios prestados se cobran con tarifas del 100%, costos que no corresponden con el estrato social de los desplazados, factor determinante en el establecimiento para el precio de los servidos. De la misma manera, en el Chocó se denunciaron manejos irregulares en un fondo de salud, en donde quines salen perdiendo son los desplazados a quienes no llega ningún servicio. En ambos casos, se identifica una ausencia de seguimiento de los entes nacionales y regionales frente al manejo local de los pocos recursos que se asignan.

66. Esta propuesta se planteó en el artículo "Mujer desplazada: violencia y discriminación", entinas informa N° 7, febrero de 1997. Al parecer, algún tipo de negociación en este sentido ya se ha hecho en municipios como Ibagué y Lérida-Guayabal con la reubicación de los desplazados de la hacienda Bellacruz, del Cesar.

67. Por supuesto, la mayor parte del desplazamiento se está afrontando como una reubicación urbana o rural no acompañada. Aquí no nos vamos a referir a dichos procesos que merecerían un estudio bien detallado tanto por las consecuencias, como por la creatividad y diversidad que pueden ofrecer.

68. Estudio de caso retomado de un trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, dirigido por la autora. Ver Rodríguez, 1998.

69. Trabajo de acompañamiento y asesoría realizado por los autores entre enero de 1997 y junio de 1998.

70. Estudio de caso retomado de un trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, dirigido por la autora. Ver, Medina,1998.

71. En uno de los casos fue muy claro que por factores de orden religioso, los líderes no consideraban la posibilidad de una toma pacifica de una institución gubernamental, pues en su opinión eso significaba algo violento en contra de la autoridad. Una reflexión más completa puede consultarse en Lozano, 1998.

72. Como sucedió en el caso de los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz, rechazados públicamente por la Gobernadora de Cundinamarca y gran parte de sus alcaldes, rechazo que de forma más velada hicieron al mismo grupo autoridades políticas y religiosas en Duitama (MEDINA, 1988).En otros casos, los desplazados han decidido conformarse como organización campesina, sin identificarse como desplazados, para evitar persecuciones (RODRÍGUEZ, 1988)

73. Estas unidades pueden ser de diversos tipos, que es necesario analizar: Unidades especialmente conformadas al interior de las fuerzas del Estado y que ofrezcan la garantía de que sus miembros no tienen compromisos con ninguno de los actores armados al margen de la ley y que respetan radicalmente la independencia de estos grupos civiles. Esta iniciativa tiene por lo menos dos dificultades. Por una parte, la falta de credibilidad de las fuerzas del Estado dado que han sido directos causantes del desplazamiento y colaborado con los paramilitares en el desplazamiento o en el repoblamiento; por otra parte, cualquier organismo de seguridad del Estado se convierte en objetivo militar de la guerrilla, con lo cual en cambio de ofrecer protección atrae un riesgo. Sin embargo, esta iniciativa, si se basara en la conformación de unidades realmente democráticas, podrían significar una forma de transformación de las fuerzas armadas del Estado.

-Grupos de las fuerzas de la ONU que entrarían a vigilar ciertas zonas con el fin de proteger a la población civil, pero sin entrar a una persecución de los actores armados de manera que no se conviertan en un elemento más dentro del complejo juego que hemos ya analizado. Esta iniciativa podría ser significativa como una forma de garantizar la neutralidad de quienes están en dichas zonas. Tendría más probabilidades de ser aceptada por los grupos en conflicto, aún cuando algunos sectores puedan verlo como una pérdida de soberanía nacional.

-Grupos armados conformados por los mismos campesinos para defender sus comunidades de las incursiones de los invasores. Esta iniciativa llevaría por una parte al incremento de la militarización de la sociedad y, por otra, estos grupos fácilmente terminarían al servicio de los paramilitares o la guerrilla.

- Unidades no armadas de delegados internacionales que sean un garante ético de la neutralidad activa de comunidades civiles que optan por la no colaboración con actores armados.

Esta perspectiva, que implica la no intervención armada, conlleva el riesgo de que puede ser aparentemente débil ante el grado de inhumanismo con que han realizado su acciones los causantes del desplazamiento. Sin embargo, es la que puede tener más viabilidad en acuerdos con los distintos grupos armados. El irrespeto a estos grupos tendría de todas maneras graves costos políticos para los infractores.

74. Dadas las condiciones de desprotección absoluta y pérdida de la capacidad de autoabastecimiento, las familias desplazadas tienen múltiples necesidades, con diferente grado de

prioridad pero con un alto grado de articulación. Planteamos aquí algunas reflexiones siguiendo los cuatro aspectos del Sisdes (salud, educación, vivienda y trabajo), cada uno de los cuales se subdivide a su vez en tres aspectos. Ello facilita por una parte la diferenciación, pero a la vez puede encasillar las respuestas o en su defecto plantear aspectos muy globales. Por otra parte, la respuesta es la opinión de la persona encuestada sobre las necesidades del conjunto familiar, que dadas las diferencias de edad, género y demás, requieren diferentes soluciones.

75. Las categorías usadas en la encuesta para este aspecto son: atención psicológica, rehabilitación física y servidos médicos.

76. Las categorías usadas en la encuesta para este aspecto son: alfabetización, capacitación técnica y capacitación formal.

77. Las categorías usadas son: adquisición, mejoramiento y titulación

78. Las categorías usadas son: tierra para trabajar, trabajo asalariado y microempresa

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