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La década del Genocidio
Capítulo III 1985 -1996
Las expectativas por la apertura de una vía política y democrática para impulsar reformas sociales que desde tiempo atrás se veían urgentes, alimentaron muchos sueños durante los primeros años del gobierno de Betancur (1982-86) y se manifestaron en una cierta efervescencia de movimientos, propuestas, plataformas, grupos y partidos que empezaron a diseñar un futuro menos discriminatorio y con mayores posibilidades de justicia social. Una de esas propuestas nació en el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Betancur, a través de la Comisión de Paz, y era la de crear un nuevo partido político que ensayara la vía de la participación electoral democrática, en lugar de la vía armada, para promocionar las reformas que habían encarnado los sueños más fundamentales de los comunistas, de las mismas FARC y de otras fuerzas históricas de la izquierda política. La apuesta o reto central que tuvo ese primer proceso de negociación con las FARC fue poner a prueba a la clase política y dirigente del país, a los poderes reales del Establecimiento, para ver si eran capaces de tolerar un partido político legal con una plataforma "de izquierda", sin ilegalizarlo, sin estigmatizarlo, sin considerar a sus militantes como "delincuentes" para hacerles soportar la cárcel, la tortura, la desaparición y la muerte violenta.
Estas expectativas, sin embargo, duraron muy poco. Ya en el capítulo introductorio se recordó cómo las fuerzas armadas, a través de dos cartas circulares internas que posteriormente se conocieron, manifestaron muy claramente su decisión de no tolerar esas propuestas. Pero también las fuerzas decisorias del Establecimiento: gremios económicos, partidos políticos tradicionales, Parlamento, Iglesia y medios masivos de comunicación, fueron manifestando progresivamente su decisión de no apoyar la apuesta y su oposición cada vez más afirmativa frente a la misma.
El "Diálogo Nacional", o proceso democrático para discutir las reformas fundamentales que propuso otro grupo guerrillero (el M-19) en proceso de negociación en el mismo período, también fracasó por la falta de apoyo y participación de los diversos estamentos. Los continuos asesinatos o desapariciones de los guerrilleros que se iban acogiendo a la Ley de Amnistía (Ley 35 del 20 de noviembre de 1982); el incremento permanente de hostilidades por parte de las fuerzas armadas a las zonas escogidas para las negociaciones; las campañas de estigmatización a las propuestas políticas que inundaban los mass media; todo fue dando al traste con la apuesta, llevando al desenlace del Holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En medio de todas estas frustraciones y condiciones adversas, la apuesta política que habían hecho las FARC y que tuvo acogida en pequeños sectores liberales o de otras fuerzas políticas minoritarias, no fue retirada, y por encima de todo, LA UNIÓN PATRIÓTICA vio la luz, como partido político legal, en 1985.
Ya antes de que se realizara la ceremonia de su lanzamiento oficial, en noviembre de 1985, la U.P. contaba 70 víctimas fatales de entre su incipiente militancia. Se inicia así el proceso de un GENOCIDIO que no ha terminado, pero que tiene su desarrollo más intensivo en la década 1985-1996.
Para noviembre de 1985 la víctima y el victimario tienen ya sus perfiles completamente definidos. Es válido presentarlos antes de entrar en el recuento escalofriante de los episodios de ese Genocidio que tuvieron lugar en la Zona 7, una de las que lo sufrieron con mayor intensidad.
1. La Víctima
Ciertamente la UNIÓN PATRIÓTICA surge por iniciativa de las FARC dentro de su proceso de negociaciones de paz de 1984. Algunos podrían mirarla simplemente como una "máscara legal de la guerrilla", y así la miraron los militares y muchos otros sectores partidarios exclusivamente de una solución militar al conflicto social. Sin embargo, quienes reconocían en el trasfondo del conflicto armado un conflicto social profundo, encontraban justamente en ese origen su valor. No podía leerse sino como una apuesta por una paz real y no ficticia.
Nicolás Buenaventura y un grupo de investigadores del CEIS la definieron así: "La UP es una confluencia de fuerzas, es un proceso que tiene su raíz profunda no solo en el campo, en la lucha armada, sino también en la ciudad, en la lucha cívica, obrera y popular. He allí en qué consiste la amplia convocatoria de este movimiento" (1)
Estos mismos investigadores militantes hacían allí mismo estas reflexiones estratégico-tácticas con miras a las primeras elecciones en que participaría la UP, en 1986: "Necesitamos mucha amplitud y flexibilidad en la política de alianzas de la Unión Patriótica. Sin barreras, sin limitaciones, dentro y fuera del ámbito del bipartidismo. Tenemos un programa único: asegurar en las manos del pueblo, del movimiento popular, la bandera de la paz. Esto es claramente posible por el desarrollo de los acontecimientos ocurridos desde 1982 hasta hoy. Tenemos la iniciativa y la posición más clara frente a la paz. Asegurar la paz contra el militarismo, contra el terrorismo, sea militar o paramilitar, es la condición suprema de las alianzas. Y en esto no puede haber equivocaciones. En las elecciones presidenciales de 1982 ya la bandera de la paz dominaba la contienda electoral. Pero entonces eran los candidatos del bipartidismo, sobre todo los señores López y Betancur, quienes se la disputaban, quienes decidían sobre ella. La diferencia esencial en el 86 es que esta bandera está pasando a manos del pueblo. Sin embargo, claro está, las condiciones objetivas no crean por si mismas los hechos políticos. Es necesario tomar conciencia de ellas. Hay que crear no centenas sino miles de juntas patrióticas en barrios y sindicatos, en escuelas y cooperativas, en veredas, en muchas veredas campesinas, en campos y ciudades.." (2)
Para las organizaciones autoras del libro "Ceder es más terrible que la muerte", en el contexto nacional, el surgimiento de la Unión Patriótica "implicó una oxigenación de las fuerzas de izquierda a nivel regional y nacional: el nuevo proyecto político parecía ser más organizado, consistente y coherente que antiguos proyectos. Además aglutinaba a diversos sectores defensores de la paz, con deslindes claros frente a la insurgencia armada, hasta el punto que muchas figuras de la izquierda se fusionaron en una fuerza partidista con algunos sectores liberales" (3).
En el caso concreto del Meta, departamento de tradicional mayoría liberal, basada en el clientelismo y la corrupción, bien pronto se hizo evidente que en las zonas de tradición organizativa de influencia comunista, el naciente movimiento tendía a aglutinar el respaldo del conjunto poblacional. Así, en el proceso electoral de 1986 logró las mayorías en los concejos municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo y Puerto Rico, lo que de acuerdo con las costumbres políticas de la época, se tradujo en el nombramiento de alcaldes de la Unión Patriótica. Incluso, para la primera elección popular de alcaldes, en 1988, a pesar de las sistemáticas agresiones de que ya eran víctimas, los candidatos de la U.P. lograron abrumadoras mayorías en El Castillo (84%), Mesetas (72%) y Vista Hermosa (66%); también lograron la alcaldía de Lejanías (58%).
En el Guaviare, donde el poder político era compartido por los dos partidos tradicionales, en 1986 se dio una doble situación, que evidenciaron el que podría ser a largo plazo, el potencial de la U.P. en la vida política del país: en primer término, el número de votantes, respecto de la elección anterior, se triplicó, pues pasó de 2.633 en el año 1.984, a 8.285 en 1.986; en segundo término, la votación a favor de sectores políticos de izquierda, se incrementó del 23% (por el Frente Democrático), al 76% (por la Unión Patriótica), en tanto que la votación de liberales y conservadores disminuyó al 8% y 11%, respectivamente.
Pero este proceso tiene antecedentes desde el comienzo de la década, por lo menos en la zona de influencia de la Reserva de La Macarena, que cubre cinco municipios: "Desde 1980 en que es posible desglosar los datos electorales, se observa un crecimiento sostenido en cuanto a electorado para el Partido Comunista y las coaliciones que promueve. A nuestro modo de ver como claro índice de que interpretó las necesidades regionales, y que sus consignas redistributivas en materia agraria y reformistas en los que hace al status de la Reserva se tradujeron en apoyo electoral. En particular es clara la relación que existe entre el planteamiento del realinderamiento de la Reserva como una reivindicación regional y una creciente movilización del electorado". (4)
Sin embargo, como se anotó, incluso antes del primer acto público ya se había iniciado el proceso de exterminio físico de la Unión Patriótica. Los análisis disponibles permiten establecer por lo menos tres razones que derivaron en "un profundo malestar al interior de los sectores tradicionales, privados e institucionales, de nivel nacional y regional, y en diversos terrenos" (5)
1. La incidencia en las relaciones de clientela, características de la distribución del poder entre liberales y conservadores, las cuales, de consolidarse una opción alternativa, se verían seriamente afectadas.
2. La posibilidad de que el nuevo movimiento de izquierda canalizara e impulsara reivindicaciones de los sectores históricamente excluidos, la reforma agraria, por ejemplo, como se expresó para el caso de la Reserva de La Macarena.
3. En el evento de una real apertura democrática, que constituya una de las principales exigencias de las FARC para su posible desmovilización, el tratamiento del conflicto armado sería necesariamente político más no militar: por esto, el papel de las Fuerzas Armadas se vería relegado a un segundo plano. Adicionalmente, sectores económicos y políticos influyentes eran definitivamente partidarios de la solución militar del conflicto.
La UP era, pues, algo que comenzaba a caminar a contracorriente de la política tradicional corrupta y gestora de la injusticia. Por eso no fue tolerada. Como lo afirmó la Defensoría del Pueblo en su Informe de octubre de 1992, al analizar 717 casos de homicidios de dirigentes y militantes de la UP: "Existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos" (6) No hay duda de que la Zona Séptima era una de esas reglones.
2. El Victimario
Como se dijo antes, la reacción del Establecimiento ante el crecimiento la Unión Patriótica, no se hizo esperar. A partir de 1985 incluso, se dio inicio a una escalada de crímenes contra quienes hacían parte de la Unión Patriótica, que si bien es cierto tuvo como escenario los departamentos de Guaviare y del Meta, se concentró principalmente en los centros urbanos donde la población apoyó mayoritariamente al nuevo movimiento, por su tradición política de izquierda (Vista Hermosa y El Castillo). La primera oleada del exterminio también tuvo como escenarios aquellos municipios que eran los centros de operaciones de las estructuras criminales, Puerto López y San Martín. Granada, sede del Batallón Aerotransportado 21 Vargas y finalmente las capitales, tanto del Meta como del Guaviare, donde las votaciones expresaban, entre otras cosas, un evidente cuestionamiento a la corrupción característica del cotidiano accionar de liberales y conservadores.
Todavía en este período actúan el Ejército y la Policía en mayor medida, sin recato alguno. Las diversas unidades adscritas a la Brigada VII, así como las Brigadas Móviles I y II, aparecen por toda esta región en actividad frenética ejecutando el Genocidio, sin temor alguno a explicarle a los pobladores aterrorizados el porqué de las agresiones: la población debe asimilar sin ambigüedades el mensaje de que pertenecer a la UP o a grupos similares de izquierda tendrá como desenlace la cárcel, la tortura y la muerte, y las comunidades o municipios que elijan a candidatos de esos movimientos tendrán que sufrir la política de "tierra arrasada". Por tanto, nadie debe en adelante pensar en adherir a ese tipo de propuestas ni asimilar ese tipo de ideologías. Los más identificados con ellas deben ser eliminados. Los que solo son adherentes pero con posibilidad de recapacitar, tendrán una oportunidad para desertar e integrarse al sistema político tradicional. Si no lo hacen, deben esperar la misma suerte de los convencidos.
Pero Ejército y Policía ya no actuaban "solos". Como se vio en la introducción y en los capítulos previos, en esta época la estrategia paramilitar del Estado, adoptada desde los años sesentas por presión del gobierno estadounidense e Implementada a través de instrumentos legales (Ley 48/68) y de los manuales operativos de contrainsurgencia del Ejército, pasó a una nueva fase: la intervención progresiva de la comunidad internacional hizo que el paramilitarismo fuera pasando de una estructura abierta y de una práctica confesa, a una estructura encubierta y a una práctica inconfesa. Al aparecer las primeras siglas que encubrían este tipo de accionar del Estado integrado con capas civiles criminales (la "Triple A" y el "MAS"), la estrategia se aplicó inmediatamente en el territorio de la Brigada VII, bajo la comandancia del General Fernando Gómez Barros (1982-83), actuando el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega como comandante del Batallón "Guías del Casanare" y el Mayor Carlos Meléndez Boada como comandante de la Base de Arauca (ver capítulo introductorio). Pero, avanzando los ochentas, el paramilitarismo de la región tuvo su más acabada expresión en la alianza entre el Ejército, la Policía, muchas otras autoridades administrativas y judiciales, y los narcotraficantes de la región, encabezados por Gonzalo Rodríguez Gacha y luego por Víctor Carranza Niño.
Para esta década del genocidio el VICTIMARIO tiene ya un perfil muy bien definido. Ya se ha producido la ruptura entre Rodríguez Gacha y el Secretariado de las FARC, al no permitirle la guerrilla al narcotraficante construir un aeropuerto en La Uribe, y por lo tanto ya se ha consolidado la alianza de este último y su estructura con la fuerza pública en una misma CAUSA CONTRAINSURGENTE. Pero también se había producido ya la llegada de Carranza desde Boyacá y la constitución de su imperio terrateniente/paramilitar que se expandía en Meta, Guaviare, Casanare y Vichada.
Una de las víctimas fatales de esta estrategia, el Abogado Josué Giraldo, militante de la UP y fundador del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, pocos meses antes de ser asesinado relató en su último testimonio que:
"En San Martín, en la hacienda Matupa, de más de 50 mil hectáreas, de propiedad de Hernando Duran Dusán, dirigente nacional del Partido Liberal. Jorge Ariel Infante Leal, dirigente departamental liberal, Leovigildo Gutiérrez, dirigente departamental del Partido Conservador y otros dirigentes de ambos partidos del Meta. se reunieron, a finales de 1986, con los comandantes de la IV División y de la VII Brigada del Ejército para decidir el exterminio físico y político de la Unión Patriótica". (7)
Y más adelante afirmaba: que el paramilitarismo de Meta correspondía a "un modelo de cooptación entre élites políticas regionales, sectores estatales y ejércitos financiados y armados por actores privados (mafias coqueras y esmeralderas), compuestos por sicarios profesionales, miembros y exmiembros de organismos de seguridad del Estado" (8)
Por ello, aunque desde mediados de la década, Víctor Carranza Niño se fue erigiendo como el terrateniente más poderoso e influyente del departamento, y desde Puerto López construyó su imperio; es en esta época en que se va evidenciando el tránsito de sus ejércitos privados, de la función de custodia de sus enormes propiedades a la función paramilitar, la cual es referida incluso desde 1986, en la región de la inspección departamental El Dorado. (9) La consolidación del modelo paramilitar como tal, su gran capacidad de acción y sobre todo, la decisión de eliminar todo lo que fuera considerado obstáculo para el Establecimiento, sólo era posible con la activa participación de los demás sectores interesados, y en particular de los organismos de seguridad del Estado, depositarios mediante la labor cotidiana de Ğinteligenciağ, de la información necesaria sobre los sectores a eliminar.
De acuerdo con la declaración de uno de los miembros de la estructura paramilitar, Camilo Zamora Guzmán. de la misma hacían parte, o tenían estrechas relaciones con ella. varios miembros del Ejército, entre quienes figuran: un coronel de apellido Rodríguez, de la VII Brigada de Villavicencio, un sargento de apellido Martínez' (10), del B-2, un mayor de apellido Aldana, de Melgar (X Brigada) "que saca armas", un capitán Castillo, de Bogotá, a quien "le dieron diecisiete millones de pesos de manos de don VÍCTOR CARRANZA para sacar cuarenta salvoconductos de treinta y seis pistolas nueve milímetros y cuatro ametrallados UZI, de las cuales han cogido ya varías y no han salido en pantalla", y "un sargento del Ejército que manda en Puerto Gaitán".
También relaciona a varios miembros de la Policía, algunos de ellos, de alto rango." "el mayor Forero que era el que daba los permisos para toda clase de asesinatos en el Meta cuando estaba de Comandante del F-2 y prestaba la policía1'; un mayor de Puerto López, quien "era el que recogía la policía en Puerto López cuando se iba a hacer algún trabajo y tomaba mucho en la finca con nosotros", los cabos del F-2 de la Policía Grajales y Mosquera, este último conocido como "El Mosco", quien ha participado "en la mayoría de todos los casos que han pasado en Villavo y Puerto López', y finalmente, un agente del F-2, apodado "El Boyaco", "uno de los de más confianza de don VÍCTOR". A los anteriores se suman varios de los jefes de policía municipales.
Adicionalmente, el confeso paramilitar confirmó la vinculación con esta estructura criminal, de "la Secretaria privada del Gobernador del Departamento del Meta. de nombre MARÍA", y del entonces alcalde de Puerto López, RICARDO BRAVO, de quien afirmó que "él es consciente de todo lo que se hace allí, es más, la campaña de él le fue pagada toda por el patrón de nosotros VÍCTOR CARRANZA, y él está enterado de todo lo que se hace'.
Ya como autores materiales de los crímenes, sobresalen personajes como Arnulfo Castillo alias "Rasguño". Antonio Guzmán alias "Comandante Corlico". Ángel María Roa alias "Cagarruta", José Ezequiel Liberato alias "El Gobernador", Alberto Lozano, o individuos conocidos únicamente como alias "El Costeño", alias " Saraviado", alias "Tomachipán" ó alias "El Grillo, y serán éstos los más mencionados en las denuncias, pero su criminal actuar no será posible sin la participación activa, de los miembros del Ejército y la Policía referidos antes, así como de los demás altos funcionarios departamentales.
Hoy es posible comprender lo que en principio tenía la apariencia de ser "hechos aislados" o "fruto de la intolerancia de algunos sectores", pero que en realidad hacía parte de una estrategia encaminada a recuperar, al costo que fuera necesario, el espacio ganado por la Unión Patriótica. Entre 1985 y 1990, aunque por razones diferentes, fueron cometidos la mayoría de los crímenes de toda la década, en los municipios de Vista Hermosa , Granada y Puerto López.
De otra parte, tos hechos criminales se incrementaron sobre todo en los años de elecciones. No fue gratuito que la referida reunión en la que se definió el genocidio de la Unión Patriótica haya sido después de varios procesos electorales, en efecto, "en las elecciones de ese año los liberales habían perdido un senador y los conservadores un representante a la Cámara; también tuvieron tres diputados menos; habían perdido el control sobre diez alcaldías y más de cien concejales. Era el capital democrático recogido por el nuevo partido político. De la participación política departamental, la Unión Patriótica alcanzó el 40% del respaldo popular en las urnas, con posibilidades ciertas de seguir creciendo" (11). Esta característica se ratificó dos años después, aunque duplicándose la cantidad de crímenes cometidos, sobre todo mediante la modalidad de masacres, y se reiteraría en la década siguiente, después de un evidente "receso" en 1.990, en los primeros años de la década de los noventa, como se aprecia en la gráfica correspondiente.
3. Desarrollo del Genocidio
A continuación se presentan los casos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona, en la década 1985 1996. Han sido organizados por municipios o subregiones con elementos característicos; aunque el eje central es el exterminio de la Unión Patriótica, se incluyen los hechos en contra de las diferentes organizaciones sociales y contra las comunidades, porque la represión contra éstas se dio en el contexto del crecimiento del movimiento político.
1. Granada
Para esta década. Granada, conocida anteriormente como Boca de Monte, se ha consolidado como la segunda ciudad del departamento del Meta, en términos poblacionales, aunque es de los municipios que menos área geográfica ocupan. Su población se concentra en el casco urbano.
Económicamente también es la segunda ciudad en importancia, principalmente por su carácter de centro de acopio de la región del Ariari, tanto de productos agrícolas como de la ganadería. Es el centro comercial de la región, por su ubicación privilegiada entre el alto Ariari y las zonas medias y bajas del río, además de ser paso obligado para quienes se desplazan desde y hacia la serranía de La Macarena y hacia San José del Guaviare.
Otra de las razones del poderío económico de esta ciudad tiene que ver con el auge del tráfico de narcóticos en el departamento de! Meta, en particular la zona del bajo Ariari y de la Serranía de la Macarena. Como epicentro de la subregión, en Granada eran legalizados muchos de los dineros provenientes del narcotráfico, razón por la cual se ha convertido en uno de los bastiones del paramilitarismo en la zona.
Por las periódicas dinámicas de violencia en la región del Ariari, numerosas familias se han desplazado hacia esta población, originando procesos de urbanización desordenados, pero también se eleva notablemente el nivel del consumo con todos los efectos inflacionarios secundarios, en cuanto a precios, atracción de gentes de otras zonas del país en busca de fortuna, etc.. de forma tal que el decaimiento del precio de los alucinógenos redundó en procesos de descomposición social, como organización de bandas delincuenciales. Incremento del sicariato y surgimiento e implementación de procesos de "limpieza social".
Adicionalmente, desde comienzos de la década de los sesenta, esta localidad es la sede del Batallón Aerotransportado Nro. 21 Vargas, de cuya existencia se tiene referencia desde los años cincuenta, y que a lo largo de los últimos treinta años se ha constituido en uno de los bastiones en los que se sustenta el desarrollo de las estrategias de represión en contra de los sectores poblacionales y políticos organizados en el departamento del Meta. Para esta época es frecuente también el accionar de estructuras paramilitares, las cuates se consolidarán en la década de los noventa.
Otra característica de Granada es el fuerte control de las expresiones sociales organizadas. Un ejemplo lo constituye el proceso de debilitamiento a que ha sido sometido el Sindicato de Trabajadores de la Administración Municipal, al punto de impedirse la afiliación de los trabajadores que van siendo incorporados. Aunque políticamente es una población de mayoría liberal, como en el resto del departamento, fue muy rápido el crecimiento electoral de la Unión Patriótica, lo que se expresó en participación en cargos de la administración, poniendo en peligro la tradicional estructura de clientela. En este sentido, una situación muy clara la experimentó José Vicente Delgado, militante de la Unión Patriótica, quien fue nombrado Tesorero municipal. El 24 de septiembre de 1987 recibió una llamada proveniente del Batallón 21 Vargas, mediante la cual le solicitaron algunos datos personales, como número de cédula, pues le iban a hacer una "invitación". En efecto, cuatro días después a su vivienda le fue enviada una amenaza en la que le "invitaban" a desaparecer de la población, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla. La amenaza estaba firmada por un supuesto grupo llamado "MALAVI".
El registro de crímenes en la población durante la segunda mitad de los años ochenta, se remonta al 6 de julio de 1985, fecha en la que el campesino Fidelino Cantor fue asesinado por un agente de la policía de apellido Valderrama y a quien se le conoce por el alias de "El Costeñoğ, quien le disparó en tres ocasiones.
Dos semanas después fue cometido el primer crimen contra los militantes de la Unión Patriótica, en lo que al Meta y Guaviare se refiere. En efecto, el 19 de julio de 1985, Joaquín Ernesto Toro Posada, de 28 años, quien se desempeñaba como conductor, fue asesinado por militares del Batallón Aerotransportado No. 21 Vargas, al mando del Teniente Coronel Ariel Guillermo Valdez Gil. El militante de la organización política se encontraba en su residencia durmiendo en compañía de su esposa, hijos y un sobrino, cuando llegaron cuatro policías con sus respectivos uniformes. pero sin identificarse, penetrando violentamente a la residencia para allanarla; luego de requisar la casa y no encontrar nada procedieron a llevarse detenido sin orden judicial a Joaquín y a su sobrino, para interrogarlos en las Instalaciones del Batallón.
Según testimonio del sobrino, "a eso de las 3:00 p.m. llegaron a la celda unos señores que preguntaron por Joaquín Ernesto Toro, lo sacaron y a partir de ese momento no se volvió a sabe nada más de él. (...) A eso de las 6:00 p.m. se hizo presente en la casa de la esposa de Joaquín, un señor que se identifico como agente del F-2, le preguntó que si su esposo sufría del corazón, a lo que respondió que no; dicho agente le manifestó que su esposo había fallecido mientras era sometido a interrogatorio. Doña Reinalda se dirigió inmediatamente al hospital de la localidad donde el portero le informó que a su esposo lo habían llevado hacia unos pocos minutos pero que ya se encontraba muerto. Al tratar de reclamar el cadáver le informaron que este ya se encontraba en el anfiteatro ubicado en el cementerio que quedaba a 15 minutos de Granada, y tan solo se lo entregaron al día siguiente." A los familiares no se les permitió comunicación alguna con Joaquín durante el tiempo que duró retenido.
El Teniente Coronel Valdez Gil fue acusado por varias personas ante autoridades judiciales de ayudar y proteger a los integrantes del grupo paramilitar conocido como "El Grupo del Gobernador", el cual operó en los municipio de Lejanías, El Castillo, Mesetas y El Dorado (jurisdicción del Batallón 21 Vargas) y dirigido por el inspector de policía de El Dorado. Dicho grupo fue el autor del asesinato y desaparición de varios militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (12).
A finales del año, fue asesinado el primer dirigente departamental del recientemente creado movimiento político Unión Patriótica. El 28 de noviembre de 1985, en horas de la noche, cuatro hombres dispararon contra Hernando Yate Bonilla, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, presidente del Concejo de San Juan de Arama, concejal de Granada y dirigente comunista. Hacía parte de la dirección regional de la Unión Patriótica en el Meta.
Seis meses después, el 23 de junio de 1986, en la inspección departamental de policía Canaguaro, el agente de policía Javier Ramírez asesinó al campesino José Gil e hirió gravemente al activista de la Unión Patriótica, Hermes Velasco Torres, quien, de acuerdo con el diagnóstico de la época, podría quedar inválido de por vida
Al mes, el 29 de julio, Eliecer Sánchez Agosta, dirigente de la Unión Patriótica, fue víctima de un atentado, cometido en horas de la mañana.
Un día después fue asesinado el diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, José Rafael Reyes Malagón, de 60 años de edad, por dos paramilitares que se movilizaban en motocicleta. El crimen fue cometido hacia las 10 a.m, en la Clínica Nueva, a donde había ido con la finalidad de requerir atención médicaLa noche anterior había llegado a Granada, sin previo aviso, por lo que se cree que nadie estaba enterado de sus planes de ir a esa ciudad. Se presume entonces que desde la clínica fueron avisados los victimarios, José Rafael Reyes quienes fueron vistos entrar, después de cometer el crimen, a la sede del Batallón 21 Vargas. (13)
Reyes Malagón fue fundador -junto con Luis Morantes del Sindicato Agrario del Alto Ariari, a comienzos de la década de los años 60s. en la inspección departamental Medellín del Ariari, del municipio de El Castillo, población de la cual se trasladó a Granada, con el fin de ampliar su actividad política. A la fecha de su asesinato, era también concejal de Granada y miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista, regional Meta. En los últimos años había recibido reiteradas amenazas de los paramilitares, razón por la cual sus compañeros de dirección regional lo habían trasladado de Granada hacia Bogotá, hacía dos semanas aproximadamente.
Un hermano, Pedro Malagón, también diputado a la Asamblea Departamental, sería asesinado el 20 de junio de 1996. en Villavicencio, junto con una hija de 17 años.
A los dos meses, el 9 de octubre 1986, en la inspección departamental Puerto Caldas, fueron asesinados por paramilitares, José Roselino Rosero Morales, dirigente local de la Unión Patriótica y Gregorio Rivadaneira Rosero, cabo de la Policía, comandante de la subestación local, cuando dialogaban en un establecimiento de billares, propiedad de Rosero.
Posteriormente, el 7 de diciembre, Esteban Portela, campesino simpatizante de la Unión Patriótica fue asesinado por paramilitares en la inspección departamental La Playa. La zona estaba militarizada.
El 16 de febrero de 1988, fue asesinado Leónidas Cuenca Parra, de 54 años, militante de la Unión Patriótica y candidato al Concejo municipal.
Cinco meses después, el 3 de Julio, en el sitio conocido como Caño Sibao, ubicado entre El Castillo y esta población, a 10 minutos de la Base Militar de Granada, seria cometida la primera de una serie de masacres contra indefensos pobladores o contra los dirigentes de la Unión Patriótica, radicados en El Castillo.
Salvador Mazo Correa, quien había sido elegido el 13 de marzo anterior y se había posesionado el primero de junio, y a los principales miembros de la administración municipal, quienes tenían que dirigirse a Villavicencio, y habían convenido con el conductor de un campero de servicio público que hacia esa ruta, para que les reservara cupos, pero finalmente no viajaron en el vehículo, el cual de todas formas completó el cupo de pasajeros, en su mayoría campesinos.
"Los sicarios se informaron de que él [el alcalde] salía en ese carro y llamaron a Granada para describirle al grupo paramilitar el carro en el que viajaba el alcalde. Por razones de su trabajo éste no pudo tomar el campero que había anunciado, sino que se fue en el siguiente. Cuando el prime! carro llegó a Caño Sibao lo bombardearon, le lanzaron granadas y fusilaron a sus ocupantes. (...) La masacre era un operativo coordinado con el ejército y se evidenció cuando a los cinco minutos de los hechos, el comandante de la VII Brigada, Harold Bedoya Pizarro, produjo un comunicado atribuyéndole la matanza al XXVI frente de las Farc, con el objetivo de encubrir a los verdaderos autores y desprestigiar a la guerrilla'' (14).
En total, de las dieciocho personas que salieron hacia Villavicencio. sólo una niña de ocho años sobrevivió. Los demás ocupantes del campero murieron salvajemente asesinados; las víctimas de esta masacre fueron:
José Arcesio Rodríguez Hurtado, Ana Belén de Rodríguez, Luz Darv Rodríguez, de 10 años, Leonor Ortiz Cervera, Hernando de Jesús Gómez Restrepo, Gladys Niño de Gómez, Gilmer de Jesús Patino Arias, Adán Afanador Nieto, Luis Alberto Duran Martínez, De 16 Años, Hijo de un Concejal de El Castillo, Lili Valencia Gómez, Adriana Avila Alfaro, Sandra Avila Alfaro, Neftalí Quimbaya Malagon, Soledad del Carmen Cardenas, esposa de Neftalí, Wilson Elexis Quimbaya Solorzano. De 5 años, Nieto de Neftalí y de Soledad, Yorley Rodríguez Rodríguez y Jairo Duran Barreto.
Uno de los miembros de la estructura criminal que ejecutó el hecho, fue reconocido por los pobladores como Wilson Quimbaya, y contribuyó, sin saberlo, en la muerte de sus padres, Neftalí Quimbaya y Soledad del Carmen Cárdenas, y su hijo de 5 años. Wilson Elexis.
La indagación preliminar por la masacre fue iniciada el15 de julio de 1988, por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Granada, pero a finales de septiembre, la investigación pasó al Juzgado Cuarto de Orden Público, con el radicado No. 019; su curso varió completamente a partir del momento en que William Góngora Sierra se entregó al DAS, el 3 de abril de 1989, confesando inicialmente ser integrante de la estructura criminal que cometió la masacre, además de numerosos crímenes y desapariciones. Con base en los datos aportados por Góngora, al día siguiente (abril 4), este organismo realizó varios allanamientos, uno de ellos en el barrio Marsella, al sur occidente de Bogotá, en el cual detuvieron a nueve paramilitares, muriendo otros dos. Entre los detenidos estaba Camilo Zamora Guzmán, alias "Travolta", quien al igual que Góngora, reconoció ser miembro del grupo paramilitar y decidió confesar.
En sus confesiones, los dos paramilitares, describieron numerosos crímenes hasta entonces sin nexo aparente, que estaban siendo investigados por diferentes despachos judiciales, evidenciando la directa relación entre esos hechos, por la caracterización de los victimarios y de las víctimas: Los victimarios hacían parte de una estructura paramilitar financiada y dirigida por Víctor Carranza, que operaba no solo en el departamento de) Meta, en tanto que las víctimas casi siempre eran simpatizantes, militantes o dirigentes de la Unión Patriótica, o quienes ellos consideraban como tales.
Esas revelaciones permitieron visualizar con claridad la manera como el proceso de exterminio contra la Unión Patriótica estaba siendo realizado, en el departamento del Meta y otras regiones del país. los profundos niveles de participación de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, en lo local, en lo departamental e incluso en Ħo nacional, y sobre todo, posibilitaron acceder a pruebas indiscutibles de la veracidad de las propias confesiones: seis cuerpos fueron encontrados en propiedades de Carranza (cuatro de ellos lograron ser identificados), también fueron encontradas armas, caletas para esconderlas, cuadernos en que se relacionaba a quienes estaban asignadas esas armas, y sitios usados para entrenamiento de los paramilitares.
Los dos paramilitares aportaron importantes elementos que permitieron el avance de las demás investigaciones, que seguían en los despachos que originalmente las habían iniciado, a pesar de lo cual, el 15 de agosto de 1989 el Juzgado Cuarto de Orden Público solicitó al Juzgado Primero, el envío del proceso que allí se adelantaba por la desaparición de Ramiro García Briñez, solicitud negada en principio por este despacho, proponiendo colisión positiva de competencias, la cual fue decidida por el Tribunal Superior de Orden Público, favorablemente a la acumulación, el 18 de diciembre de 1989. Con base en este fallo, la defensa de Víctor Carranza solicitó la acumulación de los otros 17 procesos, petición que le fue aceptada a pesar de la renuencia de algunos jueces, teniendo como factor de conexidad la responsabilidad de la estructura paramilitar de Víctor Carranza. La acumulación se realizó entre enero y lebrero de 1990, excepto el proceso por el atentado contra Humberto Orjuela, que fue acumulado el 5 de abril del mismo año, fecha para la cual ya estaba en fase de fallo, pues había finalizado incluso el plazo de presentación de alegatos de conclusión.
A pesar de la evidencia probatoria lograda, tres meses después de la acumulación, el 18 de mayo de 1990, la Juez Cuarta de Orden Público, Marcela Fernández Carvajal, falló absolviendo a la totalidad de los implicados, tanto a quienes estaban detenidos como a quienes habían sido declarados reos ausentes. En su argumentación, la juez se contradice expresamente en relación con pronunciamientos suyos hechos en fases anteriores de la investigación, principalmente en lo referente a la credibilidad que le merecen los relatos de los dos paramilitares, pues inicialmente sería tanta, que en reconocimiento a la colaboración eficaz con la justicia, para el esclarecimiento de los hechos y para la determinación de responsabilidades, les decretó libertad provisional, a pesar de la gravedad de los hechos en que los confesantes reconocían haber participado. Sin embargo, ya en la sentencia, descalifica totalmente a los dos testigos claves, y con base en la descalificación, fundamenta la absolución.
En efecto, de William Góngora afirma que su "personalidad psicópata y mitómana (...), la registra su propia mamá, cuando en declaración juramentada, nos cuenta los innumerables problemas que ha tenido desde su niñez y que ameritó un extenso tratamiento psicológico y que no le permitió superar el primer año de estudio primario que repitió consecutivamente." (15), concepto totalmente arbitrario, dado que en ningún momento se le practicó a Góngora examen psiquiátrico o psicológico alguno; luego, de Camilo Zamora hace una recopilación de su historial delictivo, enfatiza la relación de su hermano Humberto Zamora con la Unión Patriótica, por la cual lo considera parle de ella, agregando que "se dice y no se desconoce, es el brazo político de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC" (16), y concluye afirmando: todo lo anterior implica una primera conclusión: no surge elemento valedero alguno que haga creerá la administración de justicia sobre la sinceridad de CAMILO ZAMORA GUZMAN y cuanto tenga de cierto sobre su ingreso al grupo civil armado y su militancia allí". (17)
Según la juez, por todo lo anterior, "ningún otro camino le queda a esta oficina judicial, que declarar la imposibilidad de la administración de justicia de encontrar a los responsables de todos y cada uno de tos hechos que acumulados se investigaron en estos procesos, pues pese al agotador recaudo probatorio, no se pudo aportar la prueba necesaria que demuestre. con certeza plena, la autoría o participación criminal de ninguno cualquiera de los procesados vinculados, ni siquiera del señor CAMILO ZAMORA GUZMAN, quien confesó su participación en alguno de estos hechos, porque habrá de decirse que si su versión no se puede tener como testimonio de cargo en contra de los demás imputados o señalados, tampoco lo será en contra suya: así que nos hallamos al frente de esa indestructible duda que consagra el principio universal del in dubio pro reo y ante el cúmulo de dudas que surgen sobre la responsabilidad de los acusados, se habrá de resolver a su favor, produciéndose entonces sentencia absolutoria en su favor" (18).
La decisión absolutoria fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia, a donde llegó por consulta, validando el argumento presentado por la defensa de Víctor Carranza Niño. según el cual, se ajustaba a derecho porque en la primera instancia no fue apelada por la parte civil, desconociendo las múltiples situaciones extra procesales, que tenían por finalidad garantizar el reinado de la impunidad. Algunas de esas situaciones dan cuenta que de los procesos acumulados, en sólo dos se había constituido representación formal de los familiares de las víctimas (por los asesinatos de Luis Eduardo Yaya y de Carlos Kovacs), y adicional mente, que los apoderados fueron sometidos a todo tipo de presiones y agresiones, con el evidente fin de impedirles actuar dentro del proceso. Uno de ellos, Ricardo Rodríguez Henao, fue víctima de un atentado dinamitero del que sobrevivió, pero tuvo que abandonar el país en cuestión de días. Quien le sucedió. Franklyn Pérez también tuvo que salir de la ciudad como consecuencia de las amenazas y los hostigamientos". (19)
El 1 de agosto de 1988 fue asesinado por el Ejército, Alberto González, militante de la Unión Patriótica, El 31 de agosto de 1985, cuando realizaba tareas electorales de la Unión Patriótica, fue detenido, también por miembros del ejército.
El 1 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Alfonso Meneses, de 45 años, director del Noticiero La Voz del Ariari, militante de la Unión Patriótica y recientemente posesionado como presidente del concejo de este municipio.
Pocos días después, el 11 de noviembre, el dirigente sindical de esta zona del departamento, Bernardo Cardona Salazar, fue desaparecido por varios desconocidos.
El 21 de noviembre fueron cometidos varios crímenes: Jesús Bocanegra, de 30 años, fue asesinado por desconocidos que llegaron hasta el establecimiento público donde se encontraba. Una persona que le acompañaba fue herida; en la vereda Guayabal, sobre la antigua carretera al municipio de San Martín, fueron asesinados los campesinos Oliverio Ruiz García y otro No Identificado; los victimarios usaron pistolas calibre 7.65 mm. Por último, desconocidos irrumpieron en la vereda Los Mangos, en la vía que conduce al municipio Fuente de Oro, y dieron muerte a los campesinos Hernando Muñoz, de 28 años, Jorge Aroca y otro No Identificado; los cuerpos se encontraron totalmente desnudos y con varios impactos de arma 7.65 mm.
El 1 de enero de 1989, Nhora López de Sánchez, militante de la Unión Patriótica y de la Juventud Comunista, y esposa de un destacado dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinada en la puerta de la residencia de unos familiares, por paramilitares de los grupos que operan en la región del Ariari.
El 11 de enero, Vladimir Cañon Trujillo y Jimmer Arley Leiva, ambos militantes de la Unión Patriótica, viajaban desde Vista Hermosa hacia Villavicencio; en jurisdicción de Granada, un grupo de paramilitares tenía montado un retén y se los llevaron a la fuerza con rumbo desconocido, estando desde entonces desaparecidos. En una de sus denuncias, la coordinadora departamental del movimiento político expresa que los dos jóvenes salieron a las 11 de la noche de Vista Hermosa, y que "fueron bajados del bus y retenidos en el CAI de San Martín" (20)
Vladimir era hijo de Julio Cañón, alcalde de Vista Hermosa, quien fue asesinado por paramilitares el 8 de septiembre de 1988. Desde 1986. la familia Cañón ha sido víctima de numerosos asesinatos y/o desapariciones, por parte de las organizaciones paramilitares que actúan en el departamento del Meta, ante la total pasividad de los organismos estatales de investigación. De otra parte, Jimmer Arley era hijo de la concejal de Vista Hermosa por la Unión Patriótica, Erisinda Leiva, quien en diciembre de 1991 tuvo que abandonar esa población, por las reiteradas amenazas de muerte y además porque el Ejército le quemó su vivienda.
El 25 de julio fue asesinado por sicarios en la inspección departamental Puerto Caldas. Reynaldo A. González Ruiz, militante de la Unión Patriótica.
Dos días después, el 27 de julio, Manuel Serrano Meneses, empleado de la firma Empresas Metálicas Modernas y concejal de este municipio por la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares, dentro del casco urbano. El día 23. uno de sus hermano fue detenido por agentes de la Policía quienes luego lo dejaron libre, aunque amenazándolo de muerte.
El 30 de agosto, fue asesinado de 11 balazos Federico Taborda Mejia, conocido como "El Poeta de la Paz", integrante del conjunto musical "Génesis", quien se desempeñaba como jefe de disciplina del centro agropecuario del Sena. Había recibido amenazas de muerte.
Un año después, el 25 de agosto de 1990, Federico García Parra, José Alberto Castaño Quintero, Luis Antonio Navarro Y Luis Alberto Cubides Ruiz, fueron asesinados en la inspección departamental Aguas Claras, por sujetos encapuchados y armados con fusiles Galil. quienes se movilizaban en dos camperos. El cuádruple crimen fue cometido hacia las 4 p.m.
En los dos años siguientes se terminaría de consumar el genocidio contra la Unión Patriótica, pues después de la muerte de 25 militantes de esta organización, entre los años 91 y 92, ya nadie mas cometería se presentaría como miembro de este movimiento político en público.
El 4 de febrero de 1991, Miguel Bocanegra. militante de la Unión Patriótica, fue sacado de su residencia por seis paramilitares fuertemente armados y luego asesinado; el hecho fue cometido en la inspección departamental Canaguaro aproximadamente a las 8:30 de la mañana.
El 2 de Julio, Leonardo Lozano Franco, tesorero municipal de Mesetas y miembro de la Unión Patriótica, fue asesinado por dos hombres cuando esperaba un bus en el terminal de la flota La Macarena.
El 29 de octubre Rafael Moya Hernández, Luis Eduardo Martínez, y Jorge Elias Sosa Ramos, empleados de Obras Públicas del municipio de Mesetas, y militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección de policía departamental Puerto Caldas, por un grupo de seis paramilitares, entre ellos el soldado adscrito a la Brigada Móvil Nş 1, Fernando Sánchez, alias "Parafina" y José de Jesús Acevedo, alias "Toriado" por orden de Luis Eduardo Romero Cárdenas alias "Quitapenas", en complicidad con la Policía de Granada. Los paramilitares portaban armas automáticas y se movilizaban en un campero negro, el hecho ocurrió cerca de una base militar del batallón 21 Vargas.
Las victimas se movilizaban en una volqueta oficial que sufrió una avería al chocar con un lote de ganado, situación propiciada al parecer por los victimarios, a la altura del kilómetro 4 de la vía a Mesetas, cerca a la escuela La Holanda, lugar en donde fueron atacados. Los victimarios los obligaron a internarse en el monte, a orillas de la carretera, donde los asesinaron e hirieron a otro obrero. Otra persona se encuentra desaparecida. (21)
Ese mismo día. el 29 de octubre Gregorio Moya y Rosendo Jeremías Plaza Matoma, militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados por paramilitares.
Este año terminaría con el asesinato el 11 de diciembre, de Pedro Méndez Barrios, Inspector de la inspección departamental de policía La Playa, asesinado por dos desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon en momentos en que recibía una demanda en su oficina. El crimen fue cometido hacia las 10:30 de la mañana.
Ya en el año 1992, el 3 de junio, fue cometida una nueva masacre en el sitio Caño Sibao, contra los principales funcionarios de la administración municipal de El Castillo, todos militantes de la Unión Patriótica: William Ocampo Castaño, alcalde entrante. María Mercedes Méndez De García, alcaldesa saliente, quienes iban en compañía de Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal, ERNESTO ZARALDE, zootecnista coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA-, y Armando Sandoval, conductor al servicio de la Alcaldía. Esta masacre fue cometida por un grupo combinado de militares y paramilitares" (22), al mando del Teniente Rojas, comandante de la base militar de El Castillo, según denunciaron en esa época, voceros de la Unión Patriótica, en carta al Ministro de Gobierno.
Un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, los atacaron, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando se movilizaban en un vehículo por el sitio Caño Sibao, ubicado a 10 minutos de la Base Militar de Granada. Dos horas antes de la masacre, los funcionarios municipales habían salido de Villavicencio, después de cumplir labores propias de la Administración pública de El Castillo. También estuvieron en las instalaciones de la VII brigada, reclamando condiciones de seguridad; para ingresar debieron mostrar sus documentos de identidad.
El área donde ocurrió el múltiple asesinato tiene una fuerte presencia militar con el acantonamiento de la base militar de El Castillo y del Batallón 21 Vargas en Granada, a pesar de lo cual, numerosas masacres fueron cometidas allí. Incluso, al enterarse el gobernador. Armando Baquero Soler, solicitó tanto a la Policía como al Ejército que se dirigieran al sitio, para atender a quienes hubieran quedado heridos y se pudieran salvar. Sin embargo, dos horas después, "Ni la Policía, ni el Ejército se habían hecho presentes pese a los llamados del Gobernador, lo que indicaba su responsabilidad en la matanza. Cuando se les reclamó por qué no habían ido, dijeron que posiblemente era una celada de la guerrilla. (23)
A pesar de estas afirmaciones para desviar la atención, se ha establecido "que en esta masacre participaron entre otros 'Rasguño', 'Puntillón', los hermanos Silva, paramilitares de El Dorado.
Luego de la matanza se refugiaron en el Batallón 21 Vargas, en Granada". De otra parte, una informante del Ejército, Isabel Martínez, quien se desempeñaba como secretaria de los diputados de la U.P. en la Asamblea del Meta, fue quien comunicó a la VII Brigada sobre el viaje de la comisión de El Castillo y solicitó que su esposo -integrante también de la misma-, no fuera asesinado. De hecho, él fue el único sobreviviente. Tiempo después, un miembro activo de la VII Brigada, dio a conocer a algunos miembros de la Unión Patriótica, la participación de la secretaria, no solo en esta masacre, sino también en el crimen de José Rodrigo García -esposo de María Mercedes-, en la desaparición de Delio Vargas y Adolfo Silva, defensores de derechos humanos, y en la desaparición de Julio Serrano Patino, personero de Mesetas, entre otros Hasta donde se conoce, el esposo de Isabel Martínez, estaba totalmente ajeno a la actividad paralela de la funcionaría.
Después de las elecciones para Concejo y alcaldía, a "El Castillo llegaron miembros de la Policía y del Ejército a indagar por los datos familiares del nuevo mandatario y de las personas que lo acompañarían en ia dirección de su gestión gubernamental. Sin reparos le solicitaron la información a la propia María Mercedes. Ella por supuesto que los rechazó con base en los antecedentes de las masacres anteriores, preguntándoles si era que también los querían matar; les recordó que en esas muertes había sido evidente la participación de la Fuerza Pública". (24)
El día de la posesión de alcaldes (dos días antes de la masacre) fue visto en el casco urbano de El Castillo un reconocido jefe paramilitar conocido como "Lechona", acompañado por ocho hombres, también reconocidos paramilitares de la región. Seis meses después, fue asesinado en Villavicencio José Rodrigo García, vicepresidente de la Asamblea Departamental y esposo de Mercedes Méndez quien se había propuesto que Ğel múltiple crimen no quedara impuneğ.
En el mes de julio se recrudeció el accionar para estatal contra los militantes de la Unión Patriótica:
El 7 de julio Héctor Sánchez, militante de la Unión Patriótica e hijo de una ex-concejal por el mismo movimiento político, y su esposa, Graciela Rodríguez, fueron desaparecidos por miembros de un grupo paramilitar; sus cadáveres fueron encontrados en el sitio conocido como ĞLos Mangos", en la vía al municipio de El Castillo, el día 14 del mismo mes. HÉCTOR era distribuidor del semanario Voz. Las dos victimas antes habían recibido amenazas de muerte.
El 12 de julio, el obrero Walter Norman Stoher Quintero, miembro de la Unión Patriótica, fue desaparecido luego de que fuera llevado por varios paramilitares, que lo sacaron del taller donde trabajaba, Al mes siguiente se presentó denuncia ante la Policía Judicial por su desaparición.
El 26 de julio William Villalba, joven militante de la Unión Patriótica. fue desaparecido por varios hombres armados, miembros de un grupo paramilitar que lo sacaron de la Taberna Alemana, ubicada en el centro de la localidad y lo obligaron a abordar un campero Toyota blanco, desde entonces se desconoce su paradero. Su padre, Félix Villalba, quien era concejal de El Castillo, fue asesinado junto a la base militar de Puerto Esperanza, en 1988.
El 12 de septiembre, Jorge Isaac Naranjo, profesor de ta Escuela San Juan Bosco, ubicada en la Inspección Departamental de Medellín del Ariari del municipio de El Castillo, miembro de la Coordinación Educativa del Ariari, militante de la Unión Patriótica y destacado colaborador de la alcaldía, fue asesinado por paramilitares en el parque principal de la localidad, a pesar de estar totalmente militarizado el casco urbano.
La serie de crímenes contra miembros de la Unión Patriótica se incrementaría en los dos meses siguientes de 1992, pues el 2 de octubre fue asesinado Enrique Narvaez; al día siguiente, Ovidio Hernández, quien había estado encarcelado por cuatro años; el primero de noviembre fue asesinado por paramilitares Bernardo Velasquez, y luego, a mediados del mes, caerían asesinados por paramilitares Jorge Armando Sánchez, de 37 años, el día 17; Luis Noe González García, de 41 años, el día 18, y Gabriel Pérez Torres, de 31 años, el día 19.
El 14 de julio de 1993, Ignacio Zorrilla, de 45 años, Pablo Antonio Gutiérrez Muñoz, de 22 años y José Reinaldo Gutiérrez Muñoz, quienes trabajaban como "paleros en una volqueta", fueron desaparecidos por seis soldados, quienes allanaron la vivienda donde estaban, ubicada en el barrio Amparo, procediendo a alarlos y a golpearlos . Después se los llevaron en un vehículo de color rojo con rayas blancas. Los soldados, que vestían de civil y cubrían sus rostros con ponchos preguntaban permanentemente por una supuestas armas que tendrían escondidas en la vivienda. En desarrollo de la acción, los seis hombres dejaron abandonado un proveedor que fue encontrado por un niño, quien lo tiró al pasto. Posteriormente, dos soldados profesionales llegaron a la vivienda buscando "algo que se les había perdido"; después llamaron a la Policía Judicial, la cual revisó cuidadosamente el lugar, encontrando el proveedor.
El 6 de noviembre de 1995, fue asesinado Exenover Quintero Celis, militante de la Unión Patriótica y ex personero de El Castillo, quien después del éxodo se vio obligado a renunciar debido a las amenazas: fue asesinado a las 9:30 de la mañana, en zona urbana de este municipio, por dos paramilitares que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron 15 disparos en diferentes partes del cuerpo, cuando caminaba junto con su madre y su esposa hacia la plaza de mercado, a pocas cuadras del Batallón 21 Vargas, Voceros de la organización política manifestaron que: "en repetidas ocasiones... había acudido al Ministerio de Gobierno, a la Procuraduría General de la Nación y a otras dependencias oficiales de derechos humanos para pedir protección para los campesinos del Ariari. Fue promotor de los éxodos en El Castillo precisamente para proteger a los ciudadanos del vandalismo paramilitar". Ante la Personería municipal de Vista Hermosa formuló denuncia contra los militares de la base de dicho municipio: "desde el mismo momento en que se me nombró como alcalde del municipio, postulado por el movimiento Político Unión Patriótica, se originó una invasión militar de la zona realizando toda clase de operativos, retenes, requisas, guerra sicológica, propaganda anticomunista, a través de unos altoparlantes que funcionaron en la escuela Vencedores del Vargas y posteriormente en la casa cural, denominado Voz Vencedores del Vargas y Voz de los Héroes, donde se difundía afirmaciones calumniosas, tendenciosas y temerarias contra los movimientos de izquierda, incluso llegando al extremo de distorsionar aires autóctonos colombianos, incitando a la población para que colabora con el Ejército, señalando y entregando a los subversivos de la Unión Patriótica." (25)".Había hecho parte del listado presentado por al Unión Patriótica a la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA, en el parte de amenazados.
2. EL CASTILLO, CUBARRAL Y EL DORADO
De arraigada tradición comunista es el municipio de El Castillo, "porque allí nació un poder social con los sindicatos agrarios; porque desde allí se abrió el proceso colonizador de todos los Llanos: por tener una base social tan sólida, la más organizada del movimiento popular del Meta, donde hay un proceso de asentamiento familiar de dos o tres generaciones" (26). Por el contrario, Cubarral es de marcada influencia conservadora, y es considerado como la frontera de los movimientos de colonización, y una de las primeras sedes del paramilitarismo en el departamento del Meta.
Sin embargo, están muy relacionados estos municipios en cuanto a la comisión de crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los crímenes cometidos en Cubarral y en el recientemente creado El Dorado (antes inspección departamental de Cubarral), fueron contra habitantes de El Castillo, o contra quienes eran considerados enemigos u obstáculos para el proyecto paramilitar.
Partido Comunista. El crimen fue cometido en un camino por "desconocidos" que le propinaron disparos de escopeta.
Incluso, según denuncia de concejales del municipio, el día 8 de agosto, un grupo de 19 personas vestidas con prendas militares, la mayoría miembros del Batallón 21 Vargas, incursionaron en el sitio la Bodega, ubicado en la vereda La Unión, maltrataron física y verbalmente a quienes allí se encontraban y hurtaron algunos enseres. La denuncia hace énfasis en que haciendo parte del grupo, estaban 3 civiles, quienes también vestían uniformes y portaban armas de uso exclusivo de los militares; eran Ezequiel Liberato, inspector de policía de El Dorado, conocido como "El Gobernador", Joaquín Silva, "jefe de la denominada autodefensa campesina de El Dorado y Cubarral y José Sierra, "esposo de una concejal de Cubarral". Era esta la primera aparición de la que se configuraría como una de las estructuras criminales, responsables del genocidio contra la Unión Patriótica y el campesinado proclive a las organizaciones de izquierda, o considerado así por los paramilitares o militaras.
Para esta época ya se rumoraba con insistencia la reciente formación del grupo paramilitar, lo cual era negado por el entonces alcalde de Cubarral, Bernardo Aristizábal. Sin embargo, en los primeros días de abril de 1987, en declaraciones a un reportero de un noticiero de televisión, invitado por ellos mismos. Aristizábal, "ya ex alcalde, confesaba la existencia del grupo de autodefensa en número de ochenta 80 hombres bien armados y entrenados conformando ocho (8) grupos, dizque para evitar el avance de la Unión Patriótica en el Alto Ariari" (27)
Durante los últimos meses de 1986 fueron cometidos varios crímenes en la zona. El 29 de octubre, en la inspección departamental El Dorado, (Cubarral) fue asesinado por dos paramilitares, el dirigente conservador Elías Cabezas. En esta misma población en el mes de noviembre, fue asesinado por miembros del grupo paramilitar de la inspección departamental El Dorado, Alfonso Garzón, militante de la Unión Patriótica.
Menos de un mes después, el 22 de noviembre, paramilitares asesinaron al campesino Gilberto Ramírez, militante de la Unión Patriótica. El crimen fue cometido en la inspección San Isidro (El Castillo).
El mismo día fue cometida la primera masacre de que se tenga conocimiento en El Castillo. Hacia las 3 de la madrugada, un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas armadas comandados por el paramilitar Marcos Silva, incursionaron en la vivienda del campesino José Antonio Guerra, quien vivía con su familia y unos amigos que habían llegado procedentes del municipio de Viola (Cundinamarca) en busca de trabajo en las actividades agrícolas.
Luego de golpear a los hombres y de inmovilizar a las mujeres y a los niños, asesinaron en presencia de todos, a Vidal Ramírez y a Ángel María Rodríguez. Posteriormente, amarraron a Mario Huertas. Manuel Galindo, Miguel Montoya y a José Antonio Guerra y los arrastraron en dirección desconocida, llevándose con ellos los cadáveres de las dos personas que momentos antes habían asesinado en el interior de la vivienda. Antes de salir, el grupo inscribió en las paredes con dentífrico las siglas del E.P.L.
Dos de las personas que dejaron en la casa. lograron zafarse de las ataduras que les fueron colocadas en la vivienda y liberar de estas a los otros habitantes de la finca, y emprendieron el viaje hasta la inspección de Medellín de Ariari en busca de las personas retenidas por el grupo de victimarios.
Muy cerca, en un potrero de una finca vecina, encontraron un campamento del Ejército y más adelante encontraron otro campamento del ejército, donde los militares trataron de detener la marcha de los campesinos.
Sólo hasta el día siguiente (23 de noviembre} lograron llegar a Medellín de Ariari, donde el inspector de policía se comprometió en la búsqueda de las personas retenidas. Al regresar al lugar de los hechos constataron que en cercanías al sitio donde se encontraba el campamento militar, estaban los seis cuerpos, con visibles señales de tortura causadas con armas corto punzantes, rociados con ácido y degollados. Los cadáveres fueron abandonados en una hondonada a doscientos metros de la casa, no sin antes robar la suma de $55.000 que Ángel María llevaba consigo guardados en una chuspa. Los victimarios olvidaron en el sitio dos toallas verdes marcadas con la leyenda "Ejercito Nacional" y una gorra camuflada de las fuerzas militares.
Este hecho provocó inmediatamente el éxodo masivo de más de dos mil campesinos hacia la cabecera municipal de El Castillo. Posteriormente, un grupo de 200 de ellos se tomó las instalaciones de la Asamblea Departamental del Meta buscando salida a su pliego de peticiones consistente en la desmilitarización de la región y la investigación penal y disciplinaria de los autores de la masacre. El día 3 de diciembre de 1986 se firmó un acuerdo con los labriegos, luego de la intermediación de los dirigentes de la Unión Patriótica que presionaron a la Cámara de Representantes para la conformación de una comisión de verificación y al. Gobierno Nacional y departamental.
El Comandante del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional los días 16 y 18 de noviembre expidió las ordenes de operaciones Nros-, 064/86 y 065/ 86 para la zona de Medellín de Ariari, El Teniente John Jairo Uribe Cárdenas y los Subtenientes Luis Enrique Andrade Ortiz y Delmo Williams Alba Rincón comandaron las patrullas militares que el día 22 de noviembre se encontraban en la zona donde fue cometida la masacre.
Marcos Silva Beltrán perteneció en 1982 al cuarto contingente de soldados del Batallón de Infantería No. 21 Vargas y era reconocido como guía de las patrullas de esa Unidad Militar. Al parecer, las FARC días antes habían asesinado a un hermano suyo por tener vínculos con los grupos paramilitares.
Esta masacre fue investigada en tas jurisdicciones penal ordinaria, penal militar y disciplinaria, pero al final el caso fue archivado, argumentando que no había mérito para investigar a ningún uniformado, aunque se hizo evidente la falta de actividad investigativa tendiente al esclarecimiento de los hechos, y por ende, al juzgamiento de los responsables. (28)
El mismo día de la masacre de los campesinos, fue asesinado, también por paramilitares, el militante de la Unión Patriótica, Francisco Granda.
A finales de 1986, el 20 de diciembre, fueron desaparecidos John Jairo Forero y Cundisalvo Forero Páez, según denuncias ante la Procuraduría General de la Nación Ya en 1987, el 7 de marzo. José Nelson Jaramillo, campesino, líder agrario del departamento del Meta y militante de la Unión Patriótica, fue detenido en la inspección departamental Medellín del Ariari, donde fue asesinado por miembros de la Policía, al mando de un cabo de apellido Flórez.
Al día siguiente, el 8 de marzo, fue asesinado un activista de la Unión Patriótica, de apellido Osorio.
Un mes después, el 4 de abril, en la vereda Campo Alegre de la inspección departamental Medellín del Ariari, fueron asesinados Belisario Hernández y Eustaquio Barriga, ambos de aproximadamente 23 años, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, cuando se encontraban en la finca de propiedad del ganadero Francisco Silva, recogiendo un lote de becerros para llevarlos al corral, cuando incursionó una patrulla del Batallón 21 Vargas, comandada por el Teniente Carlos Rubiano Fonseca; luego de penetrar hasta el lugar donde se encontraban los labriegos, los asesinó sin que mediara ninguna orden. Eustaquio también hacía parte de la Juventud Comunista.
En el informe oficial, la patrulla justificó el doble asesinato, afirmando que los campesinos habían sido dados de baja en un enfrentamiento entre la guerrilla y las tropas regulares.
Luego, el 10 de mayo fueron desaparecidos en Cubarral, Antonio Apache Avala, militante de la Unión Patriótica, y Un Hijo, por tropas del Ejército y civiles que patrullaban conjuntamente. Después se supo que habían sido asesinados.
Por estos hechos, el Juzgado 25 de instrucción criminal radicado en el municipio de Cubarral, adelantó investigación que vinculó en los hechos a Roque Torres y Fulgencio Albino, quienes fueron favorecidos con cesación de procedimiento el 25 de septiembre de 1989.
Miguel Rojas, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado en jurisdicción de El Castillo, por tropas del Ejército Nacional, el 19 de julio.
El último crimen durante 1987, fue el día 2 de noviembre, contra el dirigente Arnulfo Vargas Cuellar. vicepresidente del Concejo de la población. militante de la Unión Patriótica y líder agrario. El hecho fue cometido en la Inspección departamental Medellín del Ariari, hacia las 6 a.m., a dos cuadras del puesto policial, por un grupo de aproximadamente diez paramilitares, quienes se movilizaban en dos camperos y dispararon ráfagas de subametralladora, contra una comitiva de la Unión patriótica que salía hacia el casco urbano de Vista Hermosa, al funeral de Alfonso Perdomo, concejal por la Unión Patriótica, asesinado el día anterior.
El atentado fue preparado por Pedro Barrete, comandante del puesto policial de Medellín del Ariari, junto con paramilitares de la estructura de Víctor Carranza que actúa desde la inspección departamental El Dorado (Cubarral), y estaba dirigido contra el presidente del Concejo de El Castillo, Pedro Malagón (29) , quien resultó herido de dos disparos, lo mismo que los otros tres acompañantes, entre ellas, una hija de Malagón, de 15 años. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que Barrete estaba buscando a Pedro Malagón en el barrio Las Cruces, de Bogotá.
Después del crimen, un grupo de extrema derecha, autodenominado Frente Revolucionario Campesino, se adjudicó la autoría de los asesinatos de Alfonso Perdomo, Arnulfo Vargas Cuellar, y otros seis militantes de la Unión Patriótica, cuyos cadáveres corresponden, al parecer, a los encontrados en un paraje cercano a la vía que de Cubarral conduce a El Castillo.
Arnulfo era hermano del parlamentario Octavio Vargas, quien fuera asesinado el año anterior en San José del Guaviare.
En el año 1988, el primer caso registrado corresponde a la masacre de 6 Campesinos No Identificados, cometida el 13 de febrero, en zona rural.
El 29 de febrero fueron encontrados los cadáveres de Regli García Leal, de 16 años, William Falla García, de 22 años y Ramiro Hernández, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, quienes ocho días antes habían sido sacados de sus casas, en la inspección departamental Medellín del Ariari. El triple crimen fue cometido por paramilitares.
En el mes de marzo fue asesinado el campesino, Gratiniano Moreno habitante de la vereda La isla, ubicada en la inspección departamental San Isidro, y amenazada su Esposa. En el mismo mes, fue desaparecido el labriego Yesid Mora, habitante de la misma vereda. Gratiniano había denunciado, junto con otros campesinos, amenazas por hacer parte de la Unión Patriótica.
El 13 de abril, Baldomero Useche y Silvano Morales, militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección departamental Medellín del Ariari, por paramilitares. Mientras se desarrollaba su velación, militares adscritos a la base militar de Brisas, agredieron a los pobladores y realizaron varios allanamientos ilegales.
Dos semanas después (abril 27), en la inspección departamental Medellín del Ariari. fue asesinado el campesino Vicente Culma, y al día siguiente. fueron sacados de una finca de su propiedad -ubicada en ia misma inspección y asesinados, los campesinos Luis Eduardo Ramírez Devia y Mario Tapia López.
En el mes siguiente, el 3 de mayo, fue asesinado en la vereda Meseta, el labriego Olivo Agudelo y quemada una vivienda.
Luego, el 14 de mayo fue desaparecido José Ángel Cante, de la tinea del paramilitar Nepomuceno Rojas, donde laboraba.
Posteriormente, el 31 de mayo fue desaparecido el campesino y militante de la Unión Patriótica, Gilberto Vargas Pinto -sobrino del asesinado representante a la Cámara, Octavio Vargas-, quien residía en la inspección departamental Medellín del Ariari, Al labriego lo detuvieron en la base militar de la inspección departamental Pueblo Sánchez (El Castillo), cuyo comandante era el teniente Torres Chitiva, aunque el responsable del retén fue el teniente Niño Gilberto "alcanzó a enviar un papel a sus laminares en un bus que pasaba", informando que lo habían detenido. Se afirma "que fue entregado a los paramilitares y que antes te hicieron firmal una constancia de que había sido dejado en libertad'. Desde entonces no se volvió a tener noticia de Gilberto, a pesar de las gestiones que desde el día siguiente realizó su esposa, inicialmente en el sitio donde fue detenido y después en las bases militares de Cubarral y en la sede del Batallón 21 Vargas, pero siempre los militares negaron tenerlo en su poder. En vista de que no lograba resultado alguno, la esposa presentó la denuncia ante las instancias de control a nivel nacional, además en los medios de comunicación, lo que le generó una inmediata persecución por parte de los victimarios así que tuvo que salir de ta región, junto con sus dos pequeñas hijas, para salvar su vida.
Mediante comentarios no oficiales, a la esposa le hicieron saber que probablemente Gilberto fue asesinado la misma noche en que fue retenido, luego de crueles torturas, en la finca del jefe de los sicarios del Alto Ariari, de nombre Benjamín Hernández, quien habría participado, junto con Nepomuceno Rojas, en el crimen. Sin embargo, a la fecha no se tiene certeza sobre su paradero y estado, ni su familia ha recuperado el cadáver. Una denuncia de la Coordinadora Departamental de la Unión Patriótica, expresa que "campesinos de la región nos informan que su cadáver fue encontrado con señales terribles de torturas y numerosos impactos de bala"
Cuatro días después (septiembre 4) fueron asesinados los jóvenes Wilson Rodríguez Arenas y Wilmer Hernández Merchán, de 21 años aproximadamente. Ambos eran integrantes de la Juventud Comunista (JUCO) y de la Unión Patriótica y también líderes estudiantiles y juveniles. El doble crimen fue cometido por sujetos que se transportaban en un auto blanco, cuando se movilizaban en un bus intermunicipal, a la altura de la inspección departamental El Dorado (Cubarral); por las placas del vehículo se logró establecer que su propietario era Nepomuceno Rojas, "reconocido dirigente de grupos paramilitares en el Meta".
Los dos jóvenes cursaban el grado once de educación básica en Villavicencio, y se dirigían a la inspección departamental Medellín del Ariari, donde residían sus familias, a pasar vacaciones.
El día 3 de octubre, Ernesto Campos Campos, de 54 años, odontólogo y ex candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Liberal, fue asesinado por dos sujetos que llegaron hasta su consultorio y le dispararon con arma calibre 9 mm. El crimen fue cometido a una cuadra de la Base Militar.
El 18 del mismo mes fueron encontrados en la vereda Tururuy, jurisdicción de Cubarral, los cuerpos de Carlos Gómez Díaz, 30 años, ganadero propietario de la hacienda La Esmeralda, ubicada en la vereda Santa Lucia, y de los campesinos Medardo Herrera Sánchez, Humberto Aguilar Torres y 2 Hombres No Identificados. Las cinco personas habían sido secuestrados una semana antes, en el predio de Gómez Díaz. Los cuatro campesinos eran trabajadores de la hacienda La Esmeralda
Casi una semana después, el día 23, fue asesinada Alba Eniz Ariza, de 22 años, por paramilitares comandados por Nepomuceno Rojas, quienes interceptaron el bus en que se movilizaba, entre la inspección departamental El Dorado y el casco urbano de Cubarral, y la balearon delante de los demás pasajeros. La joven cursaba el grado once en el Colegio Agropecuario Concentración de Desarrollo Rural, con sede en la inspección departamental Pueblo Sánchez (El Castillo). Era una de las estudiantes más sobresalientes y hacia parte del comité estudiantil del colegio; también era integrante de la Juventud Comunista (JUCO) y de la Unión Patriótica en Mesetas, donde residía.
En su declaración, Camilo Zamora Guzmán relató que en el crimen de Alba participaron dos paramilitares, conocidos con los alias de "El Costeño" y "La Muerte", además de un agente del DAS, de nombre Héctor Gutiérrez, "quien saca información del DAS para sustraer digamos direcciones. nombres o cómo se integra la Unión Patriótica en el Meta" (30).
El día 26 de octubre a las 9 p.m., una patrulla militar incursionó en la vereda San Pedro; los militares sacaron de su vivienda a la señora Ofelia Cárdenas De Galindo. golpearon a sus hijos Carmen Galindo, de 15 años. y Hensir Galindo, de 7 años, en tanto que su esposo, Armando Galindo, fue amenazado de muerte. Aunque los agresores dijeron a los familiares de Carmen que podían ir al día siguiente a recogerla, en la Base Militar de El Dorado, la señora fue desaparecida.
En los primeros días del mes de noviembre fueron cometidos varios crímenes en El Castillo: El día 5, Parmenides Cuenca, esposo de una concejal de la población por la Unión Patriótica y militante de la misma organización, fue asesinado en su residencia, en atentado dirigido contra la dirigente política, quien resultó herida.
El día 6, fue cometida una masacre contra cinco campesinos, militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, en un paraje de la vía que conduce al municipio de Granada. Las víctimas fueron Pedro Ortegon Pinilla. Rafael García Ricardi, de 22 años e hijo de un concejal y militante de la Unión Patriótica, José Delio Orjuela, de 50 años, Erminson Céspedes Pérez, de 23 años y Ramón Nonato Pineda. Recientemente, Ortegón Pinina había testimoniado ante una Delegación de Pax Christi Internacional y del Parlamento Europeo, sobre crímenes cometidos por la VII Brigada del Ejército en la región.
Un día después, el 7, Jesús María Salcedo Fontalvo, inspector de policía de la inspección departamental Medellín del Ariari y miembro del Partido Liberal, fue asesinado por paramilitares de la inspección departamental El Dorado, cuando se encontraba dentro de un establecimiento publico, junto con el concejal por la Unión Patriótica, Félix Antonio Villalba, contra quien estaba dirigido el atentado, del cual salió ileso.
Sin embargo, Félix Antonio Villalba, de 54 años. fue asesinado una semana después (el 16) en la inspección de policía Puerto Esperanza, hacia las 5:30 p.m,, cuando se encontraba sentado en el andén, frente a su vivienda. La zona estaba completamente militarizada por una patrulla acantonada en el Puerto desde hacía varios días.
Un poblador se enteró de que los militares acantonados en el sitio estaban preparando el crimen, y le comunicó que miembros de la tropa, vestidos de civil, atentarían contra él y le instó para que se resguardara, pero Villalba hizo caso omiso de estos ruegos. Había sido victima de constantes amenazas de muerte y el día 7 de noviembre había salido ileso de un atentado en el que murió el Inspector de Medellín del Ariari, Jesús María Salcedo Fontalvo.
Félix Antonio Villalba era un pequeño comerciante; tenía un negocio en la inspección departamental Medellín del Ariari y otro en Puerto Esperanza. a donde se trasladaba los fines de semana. En el momento del crimen, era el líder más sobresaliente de la Unión Patriótica en la región; se caracterizó además por ser líder cívico: presidió la asociación de padres de la escuela Jorge Eliecer Gaitán (en Medellín del Ariari), integró la Asociación de Padres del Colegio Agropecuario y era miembro de la Junta de Acción Comunal.
Dos semanas después, el 29 de noviembre fueron asesinados los campesinos María Elvira Galindo, de 30 años, Aristides Castañeda Samudio, de 32 años, Gilberto Alvarado Torres, de 28 años y Ángel Tobías Beltrán. de 53 años, en la inspección departamental Medellín del Ariari. Los tres primeros en la tinca La Perfidia, en tanto que Ángel Tobías fue acribillado en la finca El Reposo.
El 3 de enero de 1989, hacia las 11 a.m., se desplazaban los campesinos y militantes de la Unión Patriótica, Henario Chavez González y Hernán Jiménez Gantiva, por la vereda San Pedro, hacia la vivienda de un vecino, cuando fueron retenidos por una patrulla militar, desconociéndose su paradero hasta el día 6, a pesar de haber averiguado en el Batallón 21 Vargas y en la VII Brigada. Un coronel de apellido Rodríguez comentó a sus familiares que estaban bien, pero por la intervención de un funcionario de un organismo de control, se enteraron que Henario estaba recluido en un hospital de Villavicencio. herido de 4 disparos, en tanto que de Hernán les dijeron que se encontraba en una base militar, pero les negaron cualquier comunicación con él, así que se mantiene en condición de desaparecido. Cuando Henario estuvo en condiciones de hablar, expresó que quien le hirió fue un paramilitar de la inspección departamental El Dorado.
A pesar de lo anterior, tos militares acusaron a Henario de ser guerrillero y el Juzgado Segundo de Orden Público de Villavicencio le inició proceso penal. Mientras permaneció hospitalizado fue victima de reiteradas amenazas que le eran proferidas por individuos que en horas de la noche entraban al centro hospitalario. Además, aunque estaba herido, en diversas ocasiones fue esposado en las piernas. El día 24 de enero, cuatro amigos que le fueron a visitar, fueron detenidos, y al día siguiente, después de trasladarlo a una estación policial, la mamá, María Lucila González, junto con otro hijo de 9 años, fueron conducidos por varios policías, quienes los llevaron a las afueras de la ciudad de Villavicencio, y cuando intentó pedir auxilio a una persona que transitaba por allí, la golpearon en la cara y la boca. La llevaron a un lugar en el que había más policías y le dijeron que la dejarían allí e intentaron separarla del niño, para obligarla a subir nuevamente al vehículo, a lo que ella se negó. Finalmente, la obligaron a subir, golpeándola con brutalidad por la espalda y la llevaron a la sede del F-2, donde le recriminaron el que se la pasaba en la Unión Patriótica, le lomaron algunos dalos y la dejaron ir. La tuvieron retenida entre las 11 a.m. y las 4 p.m.
El día 9 de enero, Virginia Apera, simpatizante de la Unión Patriótica fue detenida y torturada por una patrulla del Ejército Nacional.
En la segunda quincena de enero, la Coordinadora departamental de la Unión Patriótica denunció que el Batallón 21 Vargas estaba implementando un proceso de carnetización de la población: "Este Batallón a través de un seguimiento y ubicación de veredas, viviendas y sitios de trabajo de los habitantes del municipio, trata de ejercer una presión sicológica que conlleva a la ubicación de personalidades y dirigentes demócratas para de esta manera presionar el exilio." (31)
El día 5 de febrero, cuando los hermanos José Alexi y José Merchan Cárdenas se movilizaban en un transporte intermunicipal, entre Villavicencio y El Castillo, fueron obligados a descender del vehículo, a la altura de la base militar de la inspección departamental Pueblo Sánchez. Desde entonces desaparecieron; sus familiares indagaron a los coman-dantes de las bases de Medellín del Ariari y El Castillo, sin obtener respuesta positiva.
El 24 de febrero de 1990 fue cometida otra masacre en la vereda Bajo Cumaral, inspección departamental Medellín del Ariari, contra campesinos y militantes de la Unión Patriótica: Jacinto Zea, de 60 años, aserrador y dirigente comunal, Bernardino Prieto, de 55 años, cultivador de cacao y dirigente comunal, y los jóvenes Horacio Prieto, Eugenio Prieto, hijos de Bernardino; Umerly Montoya, trabajador agrario, y José Antonio Zea, hijo de Jacinto.
Hacia las 6 a,m., un grupo de unos 15 paramilitares incursionaron en dos fincas, rodearon las viviendas de los dos dirigentes comunales, a quienes sacaron a la fuerza y se los llevaron, después de ordenar a las mujeres permanecer encerradas. Se dirigieron luego hacia el río, donde se divertían los 4 hijos de los dirigentes comunales, Jóvenes entre 15 y 17 años, los obligaron a juntarse en un lugar vecino a las dos fincas y los acribillaron con disparos de fusil. Fuentes oficiales presentaron a las victimas como integrantes de "un grupo de autodefensa".
Finalmente, el 22 de julio, el campesino Felipe Castañeda Bravo fue asesinado por soldados del Batallón de Infantería Nro. 20 General Serviez, al mando de un teniente de apellido Cogollo, quienes irrumpieron en la vivienda y además golpearon a sus moradores, acusándoles de ser guerrilleros; a la víctima le colocaron una escopeta para presentarlo como guerrillero. Al día siguiente un grupo de encapuchados abordaron a dos hermanos de la víctima interrogándolos en forma amenazadora por sus padres.
En los primeros días del mes de noviembre de 1991, cuatro militantes de la Unión Patriótica, serían victimizados:
El día 2, Vidal Molano, dirigente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica fue asesinado por un grupo de paramilitares, en las afueras de la inspección departamental Medellín del Ariari.
Al día siguiente, el 3 de noviembre, Yenny Paola Caro, Eugenio Quevedo, Blanca Romelia Beltran y Melida Ramírez fueron desaparecidos en la vía al municipio de Cubarral, a la altura de la Inspección Departamental de Medellin del Arari, cuando los miembros de la familia se transportaban en un camión Dodge de placas 5058, cargado con 10 toneladas de café. Los tres adultos eran militantes de la Unión Patriótica. Para la época, en la zona se habían presentado varias desapariciones y asesinatos como consecuencia de operativos realizados por la Brigada Móvil.
Mélida era esposa de Jairo Caro Cundí, mediano comerciante asesinado años antes, por la policía de la inspección departamental Medellin del Ariari, junto con su guardaespaldas.
Como consecuencia del proceso de exterminio, para el proceso electoral de 1992, El Castillo, fue el único municipio, junto con La Uribe, en el cual la Unión Patriótica mantuvo el poder en las alcaldías, a pesar del asesinato en el mes de junió, de Mercedes Méndez y Willian Ocampo, alcalde entrante y saliente respectivamente, en el vecino municipio de Granada
El 7 de enero de 1992, Dubadier Rodríguez, campesino, fue detenido, torturado y mantenido en calidad de desaparecido durante casi mes y medio, por tropas del Batallón 21 Vargas,. Él y cuatro campesinos más fueron detenidos por una patrulla del mencionado Batallón luego de allanar dos fincas de la región. Los tuvieron atados a un palo durante 32 horas y posteriormente liberaron a uno de ellos, a otros tres los pusieron a órdenes de la Policía local y a Dubadier lo hicieron subir a un automóvil y se lo llevaron. Los militares dijeron que se lo llevaban al Batallón 21 Vargas, las autoridades militares negaron tenerlo bajo su custodia. Posteriormente, la última semana de febrero, apareció vivo.
El 29 de abril fue asesinado el campesino Héctor Obando Díaz, por paramilitares. El crimen fue cometido en la inspección departamental Pueblo Sánchez.
El 3 de Junio, Pedro Agudelo, dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares.
El 20 de junio, los agricultores Juan Duarte Zarate, de 22 años, Ángel Alberto Bocanegra, de 30 años y Edilberto Bernal Barrera, de 34 años, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 30 paramilitares, en la inspección departamental San Isidro. Los campesinos se encontraban en un bazar para recoger fondos para la construcción de la escuela en la vereda La Isla de la inspección departamental de San Isidro, cuando llegaron 30 hombres fuertemente armados disparando contra las personas que participaban del evento. Seis personas más resultaron heridas. La zona se encontraba altamente militarizada y los habitantes habían denunciado constantes atropellos por parte de la Brigada Móvil Nş 1, al igual que la presencia de grupos paramililares que actúan con total impunidad.
El 13 de septiembre, Luis Felipe Beltran Ariza. de 40 años, simpatizante, fue encontrado asesinado en el sitio conocido como Caño Sibao; presentaba un impacto de arma de fuego. Residía en Granada.
El 17 de septiembre, un conductor conocido como José, fue desaparecido de la vereda Puerto Esperanza por paramilitares
El 15 de noviembre de 1992, Javier Jiménez, campesino, fue asesinado de varios impactos de bala disparados por efectivos de una patrulla militara la altura de la vereda Puerto Unión, cuando se dirigía a la zona urbana con una carga de café. El campesino encontró con la patrulla de militares, con quienes estaban algunos encapuchados, los cuales tenían a varios campesinos boca abajo. Al ver esto el labriego se asustó y trató de regresar, pero le dispararon varias veces hiriéndolo. Varios campesinos lo recogieron y lo trasladaron a la inspección departamental Medellín del Ariari, donde falleció por ios impactos de fusil que recibió.
El 15 de noviembre, Herson Javier Caro, campesino conocido como "Javier Apache", fue asesinado de varios impactos de bala por efectivos de una patrulla del Batallón 21 Vargas, cuando se dirigía a la zona urbana con una carga de café.
A la altura de la vereda Puerto Unión se encontró con la patrulla militar y varios encapuchados, los cuales tenían boca abajo a varios campesinos. Al ver esto el labriego se asustó y corrió, pero le dispararon causándole la muerte. Los uniformados tenían detenido al profesor José Gabriel Ocampo Gallego al cual lo maltrataron propinándole golpes con la culata del fusil y lo interrogaban por el paradero del también profesor Eveiro Umaña Ortiz. (32)
El 19 de noviembre, José Del Carmen Guerrero, de aproximadamente 50 años, labriego, fue asesinado por dos paramilitares cuando se dirigía en un campero de servicio público hacia Granada, en compañía de un hijo de 9 años; al llegar al río Ariari, los victimarios, que se movilizaban en una molo, le dispararon varias veces, luego de preguntar por él.
La comunidad ha denunciado la activación en la zona, de una banda compuesta por reconocidos paramilitares de la región de El Dorado y Cubarral, algunos de los cuales realizan patrullajes conjuntos con el Ejército.
El 20 de diciembre de 1992, Gustavo Jaramillo, Leovigildo Castellanos. Dumar Castellanos y José Ignacio Gutiérrez, campesinos, integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Embarrado, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 20 paramilitares conocidos como Los Carranceros, quienes hacia las 10 de la mañana irrumpieron en el sitio conocido como Caño Embarrado en el corregimiento de Puerto Unión, en dos camperos de línea gritando e insultando a quienes allí estaban presentes en el lugar estaban unas 40 personas que se disponían a viajar a ta inspección departamental Medellín del Ariari. Los victimarios, que estaban encapuchados, algunos vestidos con prendas militares, oíros con uniformes policiales y otros de civil, seleccionaron -lista en mano- a los labriegos, los llevaron hacia la parle posterior de la casa. los obligaron a tenderse en el suelo y los acribillaron. (33)
El 24 de marzo de 1993, el conductor Arquimedes Palacios, de 30 años, fue asesinado en la inspección Medellín del Ariari, por presuntos paramilitares de la inspección departamental El Dorado. El campero en que se movilizaba la víctima, junto con otros dos conductores, por la vía
que de Medellín del Ariari conduce a Puerto Esperanza, fue ametrallado con fusiles. En el hecho resultaron heridos los otros dos conductores. El 15 de abril de 1993, Jorge Eliecer Martínez, campesino y padre de siete hijos, (ue asesinado por tropas de la Brigada Móvil Nş.1 que realizaban ametrallamientos en las veredas La Cumbre, Los Alpes, Alto Brisas del Jordán, Alto Cumaral y Caño Embarrado.
El hecho sucedió en una finca de la vereda Los Alpes. Una fuente indica que mientras realizaba labores agrícolas, estalló junto a él una granada que le destrozó el cuerpo, "... del cual sólo se encontró la parte inferior"; otra fuente sostiene que "... el ejército ametralló y bombardeó un lugar por donde querían pasar, apuntándole con una bomba al mencionado agricultor, destrozando su cabeza y sólo se encontró de la cintura para abajo".
La muerte del labriego ocurrió en la vereda La Cumbre. El 25 de abril Héctor Díaz, campesino de 20 años de edad, fue desaparecido por tropas militares, quienes se lo llevaron junto con su hija de 9 meses, a quien devolvieron a su familia, seis días después. De Héctor no se supo más.
El 23 de octubre de 1993, Albeiro Ruiz Molina, Wilmer Ramírez Rodríguez y Héctor Ruiz, campesinos, fueron torturados, luego de ser detenidos en la vereda La Cima por tropas de la Brigada Móvil Nş 1, fueron sometidos a tratos inhumanos, así como obligados a patrullar por espacio de 8 días con los militares, vistiendo uniformes camuflados. A pesar de haber sido torturados, los obligaron a firmar un acta donde manifestaban haber recibido buen trato. Ese mismo día Ramiro Guzman, campesino, fue sacado violentamente de la vivienda de sus abuelos, ubicada en la misma vereda por las tropas de la Brigada Móvil Nş 1. y luego asesinado. El cadáver fue trasladado al municipio de Granada y sepultado en una fosa común como NN. Los militares saquearon varias viviendas y se comieron algunos semovientes.
El 14 de mayo de 1994, el campesino Erasmo de Jesús García, fue torturado por el Subteniente Leonardo Adolfo Vargas Villegas, y los soldados Didimo Campo Yandi y Ramón Pérez Gallardo pertenecientes a la contraguerrilla Sucre adscrita a la Brigada Móvil Nş 1, en hechos ocurridos en la vereda La Cumbre.
La víctima se encontraba en el interior de la vivienda de Jorge Huertas, cuando luego de escucharse la explosión de unas bombas y las ráfagas de una ametralladora, llegó la tropa e hicieron una requisa de la casa, aprehendieron a la víctima y procedieron a colocarle una toalla mojada en la cara y a echarle agua para asfixiarlo, mientras le preguntaban por la procedencia de unas armas halladas en su poder y la presencia de grupos guerrilleros en el sector. Después apareció un helicóptero que trasladó a la víctima a las instalaciones del Batallón 21 Vargas, donde solo 4 días después fue puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales de la localidad, durante estos cuatro días permaneció desaparecido ya que las autoridades militares negaron su paradero.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, solicitó la destitución del Subteniente. Sin embargo en la apelación, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, la revocó, no solo dejando en la impunidad el crimen, sino que abrió las puertas a los militares para que sean cautos en los procedimientos de torturas, admitiendo la posibilidad de practicar "pequeñas torturas" que no dejan huella y que por lo tanto no se convierten en falta disciplinaria. (34)
Para finales de 1994 se presenta en este municipio una arremetida conjunta del Batallón de Infantería Aerotransportado 21 Vargas, la Brigada Móvil Nş 1 y los paramilitares de Víctor Carranza, que utilizaron durante esta ofensiva el nombre de Serpiente Negra. En desarrollo de esta acometida fueron asesinados varios militantes de la Unión Patriótica y campesinos de la región.
Los hechos comenzaron el 13 de noviembre en las horas de la noche cuando los paramilitares. según testimonios compuestos por unos 100 hombres y liderado por un terrateniente de la zona de apellido Ramírez, quien al parecer había tenido que abandonarla por amenazas de las FARC, incursionaron en la Inspección de Medellín del Ariari donde amenazaron a los habitantes del caserío, instalaron un retén en la vía que conduce a la cabecera municipal de El Castillo y otro en la Inspección de Pueblo Sánchez, donde existe un puesto del Ejército y difundieron una lista con los nombres de las personas amenazadas.
"Este hecho motivó a la comunidad a realizar un cabildo abierto al que asistieron la Secretaria de Gobierno del Meta, y miembros de la Procuraduría Provincial y de la Defensoría Regional. Vicente Prieto, un dirigente campesino miembro de la Unión Patriótica, denunció ante los asistentes la presencia paramilitar en la zona". (35)
A inicios de diciembre, el municipio sería completamente militarizado por las tropas del 21 Vargas, para asegurar la movilización de los paramilitares sin restricción alguna.
El 17 de diciembre, Ever Lara sería desaparecido a manos de Miguel Serrano y los hermanos Alape, reconocidos paramilitares de El Dorado. quienes instalaron un retén en la vereda Caño Embarrado ubicado entre la inspección departamental Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, el retén se realizó desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En los mismos hechos fue retenido otra persona a quien dejaron posteriormente en libertad, también se iban a llevar con ellos al concejal por la Unión Patriótica Lucio González, a quien sólo por las súplicas de su esposa no se lo llevaron, pero le advirtieron que "en el próximo encuentro acabarían con su vida".
El 24 de diciembre José Vicente Prieto Peñuela, fue asesinado en su vivienda, por Ernesto Céspedes, paramilitar que ingresó a su vivienda y lo acribilló de 4 disparos, dos de ellos en la cabeza. El hecho fue cometido hacia las 8:30 de la noche, en momentos en que cerca de allí, se celebraba un baile de Navidad, organizado por la Junta de Acción Comunal. La fuente indica que el victimario se movilizaba en un campero, junto con otros tres paramilitares, y que huyeron tranquilamente, después de cometer el asesinato. Pobladores aseguran que con este asesinato, Ernesto Céspedes fue aceptado en el grupo paramilitar mencionado.
A finales del año de 1994 y comienzos de 1995, el Ejercito y los paramilitares lanzaron una ofensiva contra labriegos y militantes de la Unión Patriótica del municipio, la cual generó un desplazamiento masivo de los habitantes de la zona rural, a la cabecera municipal, luego de los acuerdos con el gobierno, algunos de los participantes y promotores del éxodo, fueron asesinados.
De otra parte, aunque a comienzos de 1995 se realizó un consejo de seguridad en la zona con el fin de tomar medidas para la prolección de civiles y para los miembros de la Unión Patriótica, las acciones violentas continuaron. El 14 de enero, Ricaurte Pulido Merchan, fue asesinado en el sitio El Planchón, de la inspección de policía departamental Medellín del Ariari, por los paramilitares. Cuatro hombres fuertemente armados detuvieron el Jeep donde se movilizaba Ricaurte y pidieron a los ocupantes que se identificaran y preguntaron quienes vivían en Medellín del Ariari; luego lo bajaron del automóvil y le dispararon. Otro pasajero también fue obligado a descender pero un amigo que viajaba con él afirmó a los agresores que era habitante de El Castillo y por esta razón lo dejaron continuar.
Dos días después, el 16 de enero, José Belisario Penagos Chiquen, de 20 años, y Alfonso Bohorquez, de 49 años, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección departamental Medellín del Arlan, por un reconocido paramilitar conocido como "sicario Ramírez" con la complacencia del Batallón 21 Vargas. Un grupo fuertemente armado, compuesto aproximadamente por 12 hombres, se presentó a eso de las 9:00 p.m., a bordo de dos vehículos Toyota de color Rojo y Blanco, provenientes de los municipios de El Dorado y Cubarral, vestían prendas civiles y después de penetrar a algunos establecimientos públicos dieron muerte a los dos militantes. Según la fuente, Penagos, minutos antes de ser asesinado por la espalda, fue visto conversando con el reconocido paramilitar de la región. Testigos del doble homicidio identificaron a dos de los asesinos, que son oriundos de la inspección y viven en el municipio de El Dorado.
El18 de enero Hugo Triviño, de 45 años, y su hijo, Andre Triviño Vargas, de 15 años, serian víctimas de los militares pertenecientes a la Brigada móvil Nş 1 y el batallón 21 Vargas, capitán Carlos Alberto Parra Trujillo; cabo segundo Juan Carlos Guzmán Jiménez y los soldados Richard Walter Velásquez Rojas, Henry Gómez Gómez y Raúl Cruz Pascual. El Coronel Jairo Enrique Pineros Segura era el comandante del batallón 21 Vargas y como comandante de la VII brigada se desempeñaba el brigadier general Carlos León Gómez Mateus.
Los hechos ocurrieron en la vereda El Retiro de la inspección de policía de Puerto Esperanza. El Ejército llegó en un helicóptero a la finca donde se encontraba la familia y procedió a detener al menor, luego lo asesinaron y to vistieron con prendas militares por los uniformados y lo presentaron como guerrillero muerto en combate. Los militares trasladaron el cuerpo a la base militar de Granada. La fuente precisa que a la madre de la víctima no se le permitió buscar el cadáver de su hijo, ni poner la denuncia. El mismo día su padre fue desaparecido también por los militares.
La justicia penal militar asumió la investigación del hecho, absteniéndose de capturar a los implicados (36). Se sabe también que la Procuraduría Provincial del Meta, adelantó investigación disciplinaria por estos hechos pero no conocemos los resultados de dicha investigación.
El 22 de enero, cerca de 2.500 personas de distintas veredas de la región se desplazaron hasta la plaza central de El Castillo con el fin de exigir la desmilitarización de la zona y de denunciar la situación de violencia. Por esos días, durante la realización de la cumbre de comandantes militares, el comandante de las fuerzas militares, general Camilo Zúñiga, había dicho en su discurso que una de las principales amenazas para la situación de orden público interno, era el auge de las protestas campesinas manipuladas por grupos narcoguerrilleros. "por eso, dijo, es que en estas zonas los campesinos piden la desmilitarización" (37)
El 23 de enero, José Hermes Díaz. de 35 años, y Ángel María Galindo Hernández, de 45 años, fueron asesinados en la inspección Puerto Esperanza, por dos hombres vestidos de civil pertenecientes al Ejército, quienes usaban cachuchas y tenían los rostros cubiertos. El hecho fue cometido en un billar, donde se encontraban las victimas; hasta allí llegaron los agresores y dispararon contra Ángel María, quien quedó herido en el piso. José Kermes trató de atacar con piedras a los dos hombres. cuando éstos salieron del lugar, razón por la cual regresaron y lo mataron. Según habitantes de la región, las dos víctimas eran informantes del Ejército.
El alcalde Jorge Tenorio acusó a las Fuerzas militares de "que reconocidos integrantes de las autodefensas van junto con las patrullas militares y les colaboran en la retención de la personasğ (El Tiempo 24 de enero de 1995). El comandante del Batallón 21 Vargas, coronel Jorge Enrique Pineros, se defendió de tal acusación argumentando que el conflicto obedecía a una rivalidad entre las poblaciones de El Castillo y El Dorado: "es una rivalidad por las asignaciones de unas veredas de El Castillo a jurisdicción del municipio vecino, lo cual ha ocasionado que se presente desviación de recursos que iban hacia El Castillo. Esto ha traído rencillas ya que en El Dorado se mueve la parte liberal y democrática, y en El Castillo se mueven las ideas de la Unión Patriótica"
Transcurridos nueve días de protesta, cuando el hambre y las enfermedades comenzaban a causar estragos en los manifestantes, el Gobierno en una reunión sostenida con representantes de la comunidad, con autoridades civiles y militares de orden local y nacional, y con algunos dirigentes políticos, acordó nombrar una unidad especial de la fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, así como conformar una comisión inlerinslitucional que atendería las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la cual presentaría un informe posterior a la Fiscalía se comprometió además, a estudiar ia solicitud de obras sociales y de infraestructura presentadas por la comunidad y a incluirla dentro del ptan de desarrollo de la región. Dispuso igualmente, realizar otro consejo de seguridad para evaluar las medidas de orden público.
En esa reunión. Aída Abella (38), para entonces presidenta nacional de la Unión Patriótica, denunció la realización, a principios de enero, de una cumbre de paramilitares en el municipio de Granada, en la que uno de los temas tratados fue cómo fomentar la creación de las cooperativas rurales de seguridad. El comandante del Ejército, general Harold Bedoya, también presente, refutó la información de la líder de oposición.
Después de los acuerdos los campesinos volvieron a sus parcelas. Sin embargo, entre el 8 y el 13 de mayo el Ejército había estado bombardeando la zona, e instalaron una base en el sitio Lejanías, donde citaban y detenían a los campesinos para interrogarlos acerca de los líderes del éxodo campesino de enero y sobre el paradero de la guerrilla. El 8 de mayo Carlos Rodríguez, Israel Mora Ramírez, Valentina Aley y dos campesinos conocidos como Alfonso y Carmelo respectivamente, fueron torturados por tropas de la Brigada Móvil Nş 1 y efectivos del Batallón 21 Vargas, que llegaron a la zona en un extenso operativo militar, bombardeando, y ametrallando las veredas la Esmeralda, Malavar, Playa Rica y Caño Lindo. Con las culatas de fusil, y puntapiés los maltrataban, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla y que tenían que informar dónde se encontraban. La tropa instaló una base militar en el municipio de Lejanías a donde citaban a los campesinos y los sometían a intensos interrogatorios sobre los líderes y organizadores del éxodo campesino de enero de 1995 y la localización de la guerrilla. Los censaban y les impedían el paso de alimentos. Según los campesinos el Ejército llevaba una lista con los líderes de éste movimiento.
El 10 de marzo, Jesús Antonio Urrea de 52 años y vendedor de chance, fue asesinado cuando se dirigía a caballo a la casa de una hija, entre los sitios La Ye y La Bodega. Varios desconocidos, quienes al parecer lo esperaban desde varias horas antes, le propinaron un disparo de rifle.
El 15 de marzo de 1995, Luis Fernando, de 23 años, y Edgar Rincón Serna, de 27 años, campesinos y hermanos, fueron asesinados por militares que llegaron hasta la casa de las víctimas ubicada en la vereda Alta Cristalina, ubicada en jurisdicción de El Dorado, recientemente elevado a la categoría de municipio, y "ordenaron a una muchacha hacer almuerzo para 10 personas y mientras ella lo preparaba, procedieron a requisar toda la casa y se marcharon. Pasadas dos horas se oyeron lejos unos disparos, fue entonces cuando los familiares notaron que de un cafetal cercano se habían llevado a los dos hermanos, a quienes efectivamente hallaron muertos". Comentarios de los pobladores dan a conocer, que al parecer los asesinaron por "una posible sospecha de ser auxiliadores e informantes de la guerrilla". El padre de las víctimas había sido asesinado, ocho años antes en similares circunstancias, también por tropas militares (39).
El 16 de julio del mismo año, Rosalba Muñoz Roa, de 30 años, una de las dirigentes que había hecho parte de la delegación de campesinos que viajó a Santafé de Bogotá en enero de 1995 para negociar con el Gobierno Nacional, Ministro del Interior, el retorno de los miles de campesinos, fue asesinada con arma de fuego en su propia residencia, ubicada en la vereda Lusitanja, inspección departamental Miravalle. El crimen fue cometido delante de su hijo menor de edad y de su hermana. Un mes antes de su asesinato, había sido detenida por el Ejército sindicada de ser guerrillera, y pocas horas antes del hecho, un hombre vestido de civil, había estado preguntando a varios pobladores sobre la ubicación de la casa donde residía (40).
El mismo día fue desaparecido Miguel Rubiano, campesino, miembro activo de la Junta de Acción Comunal y simpatizante de la Unión Patriótica, en momentos en que se encontraba cargando leña en el puente sobre el río Cal, ubicado en la vereda Puerto Esperaza.; allí fue visto por última vez, desconociéndose su paradero y estado, a pesar de la búsqueda de vecinos y del Comité local de Derechos Humanos.
Tres meses después, el 28 de octubre, el campesino Orlando Gutiérrez fue desaparecido por un grupo de hombres que lo interceptó mientras departía en una fiesta que se realizaba en la Escuela Malavar, en la inspección de policía departamental de Medellín del Ariari, aproximadamente a las 11:30 p.m.
Iniciando 1996, el día 2 de enero, fue asesinado el campesino Luis Enrique León Martínez, "cuando transitaba en una motocicleta en cercanías a Caño Sibao, donde antes ocurrieron dos masacres de la Unión Patriótica." La fuente agrega que "el crimen ocurrió en la más completa impunidad y en una región densamente militarizada."
Posteriormente, el 17 de mayo de mayo de 1996, Rosa Elena Fajardo, campesina, fue sometida a tratos crueles y degradantes por varios hombres armados que incursionaron en su vivienda, ubicada en la vereda Malavar, la tomaron por el cabello y le echaron un líquido en los ojos dejándola sin visión-. Acto seguido saquearon la casa, sacaron los enseres así como la remesa, e incineraron todo, para luego irse del sitio. Según denuncias de pobladores de la región, en la zona permanecía una patrulla de la Brigada Móvil Nş 1.
El 17 de agosto de 1996, Nelson Moreno y otras dos personas militantes de este movimiento político, no identificados (NNs). fueron asesinados por paramililares que incursionaron en la inspección departamental Medellín del Ariari, quienes además amenazaron de muerte a un educador y a su esposa, obligándolos a desplazarse de la región.
El 26 de noviembre de 1996, los campesinos Reinel Valencia, Gelmer Porras, y un NN, serían torturados y asesinados por militares y paramilitares encapuchados, quienes hacia las 5 de la mañana incursionaron en la vereda La Cumbre, en la inspección departamental Medellín del Ariari, y se dirigieron a la finca de la familia Valencia. Luego de sacar por la fuerza a Reinel y dos jóvenes que pasaron la noche allí, y de someterlos a intensas torturas, los asesinaron en presencia de la esposa de Reinel y sus pequeños hijos, advirtiendo a gritos que vendrían por cuatro personas más. Unas cuatro horas después, hacia las 9 a.m., llegó hasta el lugar un helicóptero del Ejército y recogió los cadáveres de las víctimas y el personal militar. Según la versión oficial del Ejército, las víctimas eran "guerrilleros muertos en combate". Reinel -quien tenía la cara desfigurada, un brazo partido y otras señales de tortura en su cuerpo además de 14 impactos de bala-, fue presentado como jefe del estado mayor del bloque oriental de las FARC. Gelmer era el mayor de 11 hermanos, trabajaba con Reinel y vivía en la vereda Los Alpes, colindante de la vereda La Cumbre. La lamilla de Reinel se desplazó forzadamente de la región.
El 17 de diciembre, Jaime Linares Vega, de 40 años, vicepresidente del concejo municipal de El Castillo, de filiación liberal, fue asesinado en la via que conduce a Granada, por paramilitares. La víctima salió en su jeep de servicio público hacia las 8 de la mañana, y una media hora después, al llegar al planchón por el que se cruza el río Ariari, fue interceptado por unos tres hombres disfrazados, quienes obligaron a los ocupantes del vehículo a descender y tenderse en el suelo, buscaron dinero entre los equipajes, preguntaron por Linares a quien le buscaron dinero, le propinaron un disparo y luego lo remataron. En los primeros días del mes de diciembre, el alcalde de la población. Jorge Tenorio, militante de la U.P-, fue amenazado de muerte. Unas fuentes indican que en la localidad fue detectada la presencia de desconocidos preguntando por Tenorio y otras que, circuló el rumor de que paramiiltares de San Martín querían bombardear El Castillo, "para por fin acabar con él." Por lo anterior. Tenorio se vio precisado a abandonar la región.
Vista Hermosa
Como se dijo anteriormente, esta población fue escenario de la bonanza de la coca que desde comienzos de la década estaba siendo implementada por los narcotraficantes que buscaban zonas del país para reemplazar la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Con una superficie de 4.084 km2 y una población aproximada a los 25.000 habitantes, en un 92% rural, la historia de Vista Hermosa se remonta a 1964, año en que fue creado el caserío, originalmente con el nombre de Puerto Dulce. Sus primeros pobladores provenían de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima; fue elevado a la categoría de municipio en el año 1969. Económicamente, en términos formales la principal actividad es la agricultura (con cultivos de maíz, arroz, sorgo y plátano, y en menor medida, yuca y café. También hay economía ganadera y pesquera, esta última en el rio Quejar y con carácter único de subsistencia.
En el contexto de la bonanza coquera, la población asentada en el área de la Serranía de la Macarena se incrementó notablemente; se calcula que en ocasiones, cuando el precio de la coca era alto, incluso alcanzó a triplicarse. "Esta enorme masa de fuerza de trabajo se concentró principalmenle en Vista hermosa. Puerto Rico y a lo largo del Guayabero, fundando poblaciones que hasta entonces eran discretos y solitarios atracaderos. Nacieron asi el Raudal, La Carpa, Nueva Colombia. Cachicamo, Puerto Nuevo" (41)
El acelerado proceso de surgimiento de centros poblados generó a su vez un proceso de urbanización desconocido en la zona, introduciendo una variante en los procesos de colonización, hasta ahora de carácter rural, es decir que el colonizador se establecía en fundo que lograba, por lo menos hasta que las condiciones le obligaban a continuar selva adentro. Ahora "no eran ya campesinos aislados y solitar