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07oct05
El cuento de Pinocho.
A principios de la semana, cuando el ministro de fuero Sergio Muñoz realizó un careo entre la secretaria privada de Pinochet, Mónica Ananías, y el hijo del ex dictador Marco Antonio, las luces se encendieron en la oficina del abogado Pablo Rodríguez. Intuían que Muñoz dictaría un procesamiento y de seguro elevaría los antecedentes de la causa al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para iniciar el juicio de desafuero contra su cliente. Hasta ahí, todo era esperable. Incluso que encausara al abogado y albacea Oscar Aitken y a Mónica Ananías, como finalmente sucedió el jueves a última hora de la tarde, en calidad de cómplices de delito tributario.
Sin embargo, el mismo jueves, cuando aún la confirmación del procesamiento de los dos más cercanos colaboradores del militar (R) era una nebulosa, comenzó a correr un rumor, tanto entre fuentes judiciales como militares: el magistrado había encausado a Marco Antonio Pinochet y su hermana Lucía, así como a la madre de ambos, Lucía Hiriart.
El hecho, si bien no pasó de ser una información errada, evidencia claramente cuáles serán los próximos pasos de Muñoz en el caso Riggs. Y es que el magistrado tendría establecido -en la cuerda separada del sumario relacionada con los delitos tributarios- que Marco Antonio fue un articulador en las operaciones para blanquear los fondos de su padre y no un mero receptor de los beneficios que de ellos provenían.
Parte de estos secretos vínculos comerciales de Marco Antonio con su progenitor aparecen en la letra I del considerando segundo de la resolución que da lugar a la petición de desafuero. En este acápite, el magistrado establece los traspasos de dinero entre las cuentas que el ex dictador tenía en el Banco de Chile de Nueva York a nombre de la Sociedad de Inversiones Belview, como otras de los bancos Santiago y Boston. Muñoz establece que en esas cuentas se registraron ingresos por más de mil millones de pesos, correspondientes a sueldos, pensiones, ventas de propiedades, pero también de dinero en efectivo, “de actos no identificados e ingresos provenientes del extranjero”.
El magistrado, en esta línea final, devela una de las últimas pistas que sigue no sólo él, sino también el Consejo de Defensa del Estado (CDE): los negocios que habría hecho Marco Antonio con los dineros de su padre.
Hasta ahora, si bien es una línea de investigación que está en pleno desarrollo, existen algunas pistas relacionadas con las cuentas del Banco Atlántico y las de Citibank, donde Marco Antonio tenía sus dineros durante las décadas de los ochenta y los noventa.
La tesis investigativa es que los dineros de la Casa Militar, institución administrativa que funcionaba en La Moneda y de la cual dependían los gastos reservados, podrían haber ido a parar a las cuentas de Marco Antonio, sumas con las que éste habría hecho una serie de negocios. Los dineros eran, a su vez, devueltos a su padre. De allí que sea de vital importancia que los once exhortos enviados por Muñoz sean respondidos con la celeridad necesaria y la información solicitada. Estas cartas rogatorias fueron remitidas a Nueva York, Oklahoma, Washington y Miami. También a Luxemburgo, Zúrich, Londres, Bahamas, Ciudad de Panamá, Gibraltar y España. Se trata de los bancos Riggs Londres, Riggs Washington, Riggs Miami, Espirto Santo Miami, Banco de Chile Nueva York, Banco de Chile Miami y Coutts Bank Miami, a lo que se suman transferencias de fondos desde los bancos Atlántico Nueva York, Atlántico Gibraltar, Atlántico Zurcí, Citibank USA; Bank of Bahamas, Sun Bank USA, Swiss Corp, Bank of America, American Express USA, Lehman Brothers USA y Barcklays Bank USA.
El Banco Atlántico fue comprado por Sabadell, el cuarto grupo más importante de España, según reza la información empresarial de su website. Hoy se llama Sabadell-Atlántico. Esta última institución contrató a un estudio de abogados en Chile para coordinar las respuestas con el ministro Muñoz. De hecho, llamó la atención ver a una joven procuradora de ese estudio, hace algunas semanas, mientras se desarrollaban los alegatos en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que mantuvieron al ministro Sergio Muñoz a la cabeza de la investigación, como también el millonario embargo de bienes contra Pinochet.
La profesional, incluso, cruzó algunas palabras con la procuradora general de Santiago del CDE, María Teresa Muñoz, a quien le alabó su alegato en el estrado. Pero no sólo la labor de ‘agente secreto’ le ha correspondido a esta abogada, también concurre en varias ocasiones a la oficina del magistrado a cargo del caso, para conocer novedades sobre la institución que representa.
Tanto la identidad de esta abogada como la del estudio se mantienen, por ahora, en reserva, a petición de la fuente que entregó la información.
Si a los hechos anteriores relacionados con Marco Antonio le agregamos que no ha podido justificar el origen de sus bienes ni cómo aparecen depósitos suyos en la cuenta de su padre, el cuadro está casi completo para la convicción jurídica del ministro Muñoz de que, al menos, le cabe responsabilidad penal en los hechos.
Pero incluso escarbando más allá, en la investigación del Senado norteamericano apareció un documento que daba cuenta de un depósito de Marco Antonio a su padre.
Cuando fue consultado sobre el particular, Marco Antonio respondió que se trataba de un préstamo que su progenitor le hizo en la década de los ochenta y no había tenido efectivo para devolvérselo. Pero el tiempo comprobó lo contrario.
La señora Lucía.
Pero el ministro Sergio Muñoz tiene además antecedentes de sobra para someter a proceso a Lucía Hiriart de Pinochet. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de varios meses de ‘reflexión’ tributaria, accedió a incluirla en la querella presentada ante el magistrado.
Respecto a ella, está claro que tampoco declaró los dineros que mantenía en el extranjero, así como los intereses que devinieron en distintas inversiones. Luego el juez tiene presunciones fundadas de que le cabría, al menos, responsabilidad en calidad de autora del delito de fraude tributario.
En la resolución que solicita el desafuero de Pinochet, el magistrado no sólo hizo la historia económica del ex dictador -que ya había adelantado el pasado 10 de diciembre cuando lo embargó-, sino además entrega las pruebas contra Lucía Hiriart, donde revela su comportamiento tributario, una vez que disolvieron la sociedad conyugal.
Ahora bien, el magistrado también tiene en la mira a otros familiares que aparecen como beneficiarios de los ‘trust’ que Pinochet creó con los buenos oficios de su abogado Oscar Aitken en paraísos fiscales.
¿De dónde viene el dinero?
Una de las cosas que hasta ahora no están completamente esclarecidas es de dónde provino el dinero que ayudó a Pinochet a generar una riqueza de más de 17 millones de dólares, según la última cifra consignada en el expediente del juez Muñoz.
Al respecto, el magistrado entrega algunas pistas en su resolución sobre cómo se iniciaron los movimientos de dinero de Pinochet (ver recuadro). Por ejemplo, desde 1974 hasta 1980 aparecen en sus haberes poco más de 22 mil dólares. Luego, en 1990, ya tiene más de un millón de dólares. Y en este último año, bajo los gobiernos de la Concertación, es que se inician amplios movimientos de dinero.
La tesis más usada por los querellantes en el caso para explicar de dónde provino la fortuna es que se trata de los gastos reservados de la Casa Militar. Sin embargo, y aunque esta versión es la que la propia defensa ha corroborado, el magistrado aún mantiene dudas.
Un hecho que está probado en el expediente es el robo desde el Registro Civil de los pasaportes que le sirvieron a Pinochet para abrir sus cuentas en el exterior bajo identidades diversas a la legal, usando variantes de su nombre: Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A. P. Ugarte, José P. Ugarte, José Ugarte, José Ramón Ugarte, José R. Ugarte, J. Ugarte, J. P. Ugarte, G. Ugarte, A. J. P. Ugarte y el célebre Daniel López.
En la investigación realizada por el mismo Muñoz sobre el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, aparecen, por ejemplo, los funcionarios del Registro Civil que trabajaban para la Central Nacional de Informaciones (CNI) hasta antes del 90, quienes se encargaban de proveer identidades falsas, así como también antecedentes de personas que eran requeridas por los servicios de seguridad de la época.
Uno de ellos fue Aníbal Rodríguez Díaz (fallecido), quien a su vez laboraba con José Cornejo Mella en la misma oficina. De hecho, en el caso Tucapel, como también en la investigación por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, se menciona un episodio ocurrido el 7 de marzo de 1990, cuando se produjo un duro enfrentamiento verbal entre la directora entrante, Berta Belmar, y el saliente, porque la División Jurídica de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) quería retirar cientos de cajas con documentación y cardex. El encargado de este retiro fue René Duilio Alegría Rojas.
Es altamente probable que la misteriosa pérdida de esos pasaportes que terminaron en manos de Pinochet haya sido directamente solicitada a esa oficina.
Próxima parada.
La resolución del juez Muñoz que pide el desafuero de Pinochet aún no tiene fecha exacta para ser vista por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Pero en el dictamen el magistrado entregó a sus pares la posibilidad de revisar el estado de salud de Pinochet, previo a resolver el desafuero.
Sin embargo, los querellantes en el caso creen que esto se trata sólo de una estrategia judicial de Muñoz, ya que en el expediente aparecen, por ejemplo, actividades que a diario realiza el ex dictador, como leer cuatro diarios, darles órdenes a sus subordinados para el manejo de sus bienes, comprar y leer libros.
Además, prueba que fue el mismo Pinochet el que concurrió a cobrar un vale vista al Bank Boston el año pasado, en plena tramitación del caso Riggs.
De allí que resulte altamente probable que la primera solicitud de desafuero que enfrenta Pinochet por un caso no relacionado con violaciones de los derechos humanos, sea aprobada por amplia mayoría por el tribunal de alzada capitalino. Y que luego la Suprema, siguiendo el criterio de fallo que ha tenido hasta ahora, haga lo mismo. El paso siguiente sería un Pinochet procesado por haberse enriquecido ilícitamente.
[Fuente: Por Jorge Molina Sanhueza, La Nación, Santiago de Chile, Octubre de 2005]
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