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15may06


En el tercer día de violencia, San Pablo está paralizada y ya hay más de 80 muertos.


Ya son 81 los muertos por la violencia desatada en San Pablo, que hoy alcanzó su tercera jornada, según informó la secretaría de Seguridad de ese Estado brasileño. Asimismo, en los ataques atribuidos al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), esta madrugada 68 autobuses y unos 13 bancos fueron incendiados. Los motines seguían en 46 cárceles donde los presos retienen al menos 237 rehenes, y unos 3 millones de paulistas amanecieron afectados con la paralización casi total del transporte que hundió a la ciudad en un caos.

Los registros policiales dan cuenta de la magnitud de la "guerra" que el narcotráfico declaró el sábado. Un medio brasileño aseguró que ya son 94 los muertos en San Pablo y 90 los autobuses incendiados, pero esto no fue confirmado oficialmente. Los bomberos identificaron unos 61 colectivos quemados en el Gran San Pablo: 42 en la capital, 14 en el ABC -la mayoría en Diadema-, tres en Guarulhos y dos en Osasco. En Campinas -95 kilómetros al noroeste de la capital- y Hortolandia -105 kilómetros-, quemaron unos cinco colectivos.

El gobierno nacional reafirmó hoy la oferta de enviar fuerzas federales, incluyendo tropas, para restablecer el orden en San Pablo, según informó el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, quien indicó que el presidente Lula da Silva le pidió que viajara hacía allí para reiterar la oferta de ayuda al gobernador Claudio Lemos, quien durante el fin de semana ya lo había rechazado.

El ministro informó que están preparados para desplegarse en el principal estado de Brasil unos 4.000 efectivos de la Fuerza Nacional de Elite, así como de la Policía Federal, de los cuerpos de inteligencia, "y hasta cierto límite, de las Fuerzas Armadas. El ejército no es una policía, pero tiene un efecto disuasorio y tranquilizador", detalló Bastos en rueda de prensa.

El gobierno paulista reconoció hasta ahora 61 muertos, la mayoría policías pero también varios presos, en las tres noches de violencia que comenzó el sábado. Los medios brasileños indican que el recuento no incluye a más de 10 presos que murieron asfixiados en uno de los penales. La ola de violencia se reanudó anoche con la quema de autobuses y bancos, y nuevos enfrentamientos entre las bandas y la policía.

El jueves, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de Venceslao, 620 kilómetros al oeste de San Pablo. El viernes ocho líderes fueron llevados al Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, al norte de esa ciudad. Entre ellos estaba el líder del PCC, Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola, que el sábado fue trasladado a la cárcel de Bernardes, a 600 kilómetros al oeste de la capital paulista, una de las de máxima seguridad del país.

El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, y consiguió superar a los principales carteles de Río. Surgió en la cárcel Casa de Custodia de Taubate, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de "combatir la opresión dentro del sistema presidiario". Había entonces un hecho que justificaba la declaración: la muerte de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú.

La capital paulista, con sus más de 11 millones de habitantes, es el principal mercado de drogas brasileño. Este conflicto es el más grave de la historia del narcotráfico en ese país. Todo se habría desatado por un "desacuerdo" entre la facción y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales cabecillas a una prisión de máxima seguridad del interior.

Marcos Camacho -o Marcola- tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Es el líder del PCC desde 2002 y uno de los delincuentes con mayor poder de todo San Pablo. En Brasil muchos conocen su nombre, pero casi nadie su rostro. Marcola no sólo evitó mostrar su cara, sino que también ocultó su voz. Los Policías y fiscales paulistas no pudieron oírlo jamás en más de 1.500 horas de escuchas telefónicas.

Su última condena a 44 años de prisión lo alejó de las calles, pero no del poder. Según las autoridades brasileñas, Marcola sigue al frente del PCC desde prisión. Siempre trabajó en silencio para atraer menos la atención, pero la escalada de violencia y su poder crecieron tanto que su silencio se vio superado. Dicen que tiene el cuerpo marcado de tantas peleas callejeras y de abusos sufridos en los Institutos de Menores donde estuvo alojado.

[Fuente: Clarin, Bs As, ARg, 15may06]

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