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20dic13


El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva en 30 años al obligar a que sean dos médicos quienes decidan


El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma de la Ley del Aborto, la más restrictiva de toda la historia de la democracia. Por una vez, y para disgusto de gran parte de la oposición y de las asociaciones de mujeres, el Gobierno ha cumplido una de sus promesas de campaña contentando a la Iglesia católica y a los sectores más conservadores de su electorado. El aborto ya no será en España un derecho para las mujeres, sino que volverá a ser un delito regulado. Con la actual ley de plazos, una mujer podía decidir libremente interrumpir su embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Con la reforma de Gallardon, tendrá que volver a justificar el aborto y esperar el dictamen y autorización de varios médicos. El anteproyecto ha sufrido varios retrasos desde que el ministro de Justicia anunció la reforma. Y es que se trata de una norma muy polémica que suscita críticas incluso dentro del PP. Por eso, el PSOE ha apelado a la conciencia de las 76 diputadas del partido del Gobierno, además de solicitar al Grupo Popular libertad de voto o voto secreto, para intentar que la Ley no salga adelante en el Parlamento.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha detallado este viernes que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario" por existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.

Según ha avanzado en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la iniciativa, en ambos supuestos habrá determinadas condiciones: que el aborto sea "necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" y que no hacerlo vaya a suponer "un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero" para la salud "tanto física como psíquica" de la mujer.

Será condición "que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la salud o la vida de la mujer" y que deberán ser distintos de aquel que practique el aborto y no trabajar en el centro médico donde se vaya a producir. Ante peligro vital para la mujer en caso de urgencia, no será necesario este informe.

Superadas las 22 semanas de gestación "lo adecuado será la práctica de un parto inducido" salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles con la vida del feto que "no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero" o exista riesgo vital para la mujer "y no sea posible dentro de la clínicamente exigible la protección de la vida del concebido".

Aborto eugenésico, sólo si hay riesgo psíquico para la madre

En cuanto a la existencia de problemas fetales, Gallardón ha apuntado que en caso de que "exista riesgo psíquico para la mujer" por la existencia de anomalías fetales "incompatibles con la vida", se podrá practicar el aborto y para ello se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro sobre el estado del feto, en el que "quede probada" dicha incompatibilidad, conforme los cánones del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al respecto.

De este modo, "será el hecho de que esa anomalía cause un daño psíquico de la mujer lo que le lleve a la despenalización" y no la circunstancia de que el embrión tenga problemas. "Si esas anomalías causan daño psicológico a la mujer entramos en un supuesto de despenalización pero no consecuencia del embrión, sino de que sus circunstancias generan un daño a la mujer. Si tal daño no existiese, no entraríamos en ese supuesto", ha concretado.

Asimismo, ha apuntado que la ley "solamente regula un supuesto específico que son las anomalías incompatibles con la vida" pero no entra en los problemas fetales que puedan causar "efectos en la salud psíquica de la mujer", asunto que "tendrán que apreciar los especialistas". Se evita así establecer distinciones entre malformaciones, algo, conforme ha recordado, "expresamente vetado por Naciones Unidas".

"Lo que estamos haciendo es hacer bueno y efectivo el cumplimiento que marcó el constitucional pero cuando existe de verdad un daño físico, un daño psíquico, el hecho de que dos médicos tengan que certificarlo no es una limitación, sino una constatación, porque si no fuesen en la misma dirección, el problema no sería el informe, sino que no es el supuesto contemplado en la legislación", ha añadido. Para Gallardón, "lo que cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún interés constitucional digno de protección y esa es la razón por la que en la nueva legislación el sistema de plazos no se introduce".

En este sentido, ha puesto el acento en que la norma, como ya había anunciado, no establecerá "por primera vez" ningún reproche penal para la mujer que se practique un aborto, pues se trata de "una víctima" del mismo y no de la culpable.

7 días de plazo de reflexión

No son las únicas novedades del anteproyecto. Se elimina la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años se practiquen un aborto sin consentimiento de sus padres y se reforma el sistema de consentimiento informado, de modo que las mujeres tendrán que someterse tras recibirlo, a un periodo de siete días de reflexión (el actual es de tres). Según el ministro, se busca que la mujer reciba una información "asistencial, individualizada, verbal, no sólo por escrito", de manos de "médicos y profesionales sanitarios y de servicios sociales que tendrán que ser diferentes de aquellos que practiquen el aborto". Además, "un colaborador del sistema público" ofrecerá "asesoramiento social" sobre las alternativas a la interrupción del embarazo.

En cuanto a la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, ha avanzado que cualquier profesional que intervenga en el aborto podrá acogerse a la misma "hasta el último momento" para "abstenerse" de participar en la intervención. El ministro ha incidido en que la reforma "recupera el amplio espacio de consenso" existente con la legislación de 1985, que estuvo vigente hasta 2010 con sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, un acuerdo que los socialistas, a su juicio "rompieron unilateralmente" obviando además la doctrina del Tribunal Constitucional, "que se ha pronunciado hasta en tres ocasiones" para establecer que entre dos bienes jurídicos a proteger en conflicto, el legislador debe buscar el equilibrio.

Según los últimos datos disponibles, en 2011 se produjeron un total de 118.359 interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 4,7 por ciento más que en 2010. De ellos, el 65,56% se produjo antes de las ocho semanas, y un 89,58% se llevaron a cabo sin que la mujer alegara motivo alguno para abortar. En un 11,8% de los casos las gestantes tenían menos de 20 años de edad (14.586, casi la mitad que el grupo de edad más numeroso, de 20 a 24 años, que supone el 21,34%).

"Una agresión del Gobierno a las mujeres"

Tras mantener una reunión de urgencia con miembros de la dirección del PSOE, su 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su "radical" oposición a la reforma del aborto y ha apelado a la conciencia de las 76 diputadas del PP, además de solicitar al Grupo Popular libertad de voto o voto secreto, para que la Ley no salga adelante en el Parlamento. "Es una ley innecesaria, cínica e injusta porque golpea sobre la autonomía de las mujeres que van a tener que pedir permiso para ejercer su maternidad libremente", ha asegurado en la sede de Ferraz.

Valenciano ha asegurado que el PSOE va a buscar "una mayoría distinta" en el Congreso para que la ley no salga adelante y por ello ha pedido al PP que "deje libertad de voto" a sus diputadas e incluso el voto secreto, en urna, para que puedan votar con aquellas que defienden que las mujeres tienen que poder ser libres para decidir si son madres o no.

A su juicio, la reforma de la Ley del Aborto supone una "contrarreforma" que nadie conoce dado que el Gobierno ha trabajado en el "más absoluto oscurantismo". A pesar de ello, se ha mostrado "segura" de que esta reforma legislativa va a acabar con los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. "El Gobierno va a asestar un golpe muy duro a la ya difícil vida de las mujeres españolas que llevan tiempo decidiendo sobre sus vidas y por ello es evidente que será un retroceso que va a ser rechazado por la inmensa mayoría de los españoles", ha remarcado.

Por su parte, la exministra de Sanidad Trinidad Jiménez, responsable de la actual Ley de Plazos, ha recordado que en 2010 se reformó la ley después de 30 años porque era necesaria adaptarla a la normativa europea, a las recomendaciones de la OMS y de la ONU, y ha añadido que da mayores garantías a las mujeres y a los profesionales. "No queremos retroceder en otros campos como en la salud. ()Apelamos a la condición de mujer y a nuestra capacidad de decidir y que no coarten nuestra libertad", ha remarcado.

Mientras, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha denunciado que, según datos de la OMS, al año mueren 47.000 mujeres por abortos clandestinos e inseguros. "No queremos que las mujeres españolas aumenten estos datos y se vean abocadas a abortos clandestinos e inseguros con esta nueva ley que plantea el Gobierno del PP", ha recalcado.

Igualmente, ha criticado que el PP también impide ser madres a lesbianas o mujeres solteras, a las que dice que se les impide acceder a través de la Seguridad Social a los tratamientos de fertilidad. "El PP nunca ha creído en la igualdad de las mujeres", ha subrayado. A juicio de Causapié, el Gobierno utiliza a las mujeres como "moneda de cambio" para "congraciarse con su ala más extrema" porque la derecha "nunca ha creído en la libertad, en la igualdad y en los derechos de las mujeres".

También se opone a la reforma el PNV, que considera que responde a presiones de sectores "muy reaccionarios" y ha recordado que la actual normativa se aprobó con un "amplio consenso" en el Congreso de los Diputados y en la sociedad.

La presidenta del partido de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi, que su partido apoya la actual ley, que permite la interrupción del embarazo libremente hasta la semana 14. "Defendimos y defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, sin dejarlo en manos de terceros, así como su capacidad de separar ambos ámbitos", ha dicho, y ha puntualizado que se trata de un asunto de "salud pública y de derechos".

La tibieza de UPyD

Menos belicoso se muestra Unión Progreso y Democracia (UPyD). El diputado Toni Cantó ha reclamado un "debate serio y en profundidad" en el Congreso y ha criticado al Gobierno porque "se ha lanzado a tirar globos sonda para ver qué opina la sociedad, qué respuesta existe sin que sepamos lo que se va a presentar". En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Cantó ha acusado al Ejecutivo y al PSOE de usar el aborto y los temas educativos "para escenificar el cuadro de Goya de los garrotazos para darse unos a otros continuamente y no hablar de estos asuntos en profundidad". Cantó ha recordado, no obstante, que su partido está más "por una ley de plazos y no tanto por una ley de supuestos que parece que es un coladero", aunque ha recordado la posición de su formación contraria a "que las menores puedan abortar sin el consentimiento paterno".

Organizaciones de mujeres de todo el país están convocando movilizaciones en distintas ciudades para este mismo viernes. La protesta central está convocada a las 19.00 horas frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, aunque también hay prevista una concentración frente al Palacio de la Moncloa al mediodía. Las convocatorias, divulgadas por la Federación Estatal de Organizaciones Feministas y que se van ampliando a medida que pasan las horas, consisten fundamentalmente concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en las distintas ciudades, en las sedes del Partido Popular y en plazas significativas.

[Fuente: República de las Ideas, Agencias, Madrid, 20dic13]

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