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23jun06


La industria editorial da una voz de alerta.


El debate está al rojo vivo. El alerta de la industria editorial se funda en el tratamiento en la Comisión de Cultura de Diputados, presidida por el diputado oficialista Jorge Coscia (Frente para la Victoria), del proyecto que crea el Instituto Nacional del Libro Argentino, cuya finalidad es desarrollar una política de fomento del libro y de promoción de los escritores locales en el mercado exterior.

La propuesta de Coscia prevé que el Instituto del Libro será presidido por un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo, y tendrá también un Consejo Asesor y una Asamblea Federal, con participación mayoritaria de funcionarios políticos, para la fijación de las políticas. La integración del sector del libro se reduce a tres editores, dos libreros y dos autores en el Consejo Asesor.

Un aspecto saliente y controvertido de la norma es la integración del Fondo de Fomento del Libro, que se prevé constituir con el 1% de las ventas de libros realizadas por las editoriales, el 0,5% de la comercialización de las distribuidoras y el 0,5% de las ventas de comercios al por menor. Su destino es el otorgamiento de créditos y subsidios para el fomento de la actividad, con prioridad para los sellos pyme. A cambio, el oficialismo se compromete a impulsar una desgravación del IVA del 5% en el proceso de producción del libro argentino.

Editoriales de capitales extranjeros, como Grupo Santillana, Planeta y Sudamericana, con el respaldo de sellos medianos y pequeños, como Tusquets, Katz Editores, Vergara & Riba Editoras -agrupados en la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP)-, entre otros, rechazan de plano el proyecto de ley suscripto por Coscia, al que acusan de propiciar la regulación del sector, que no hará crecer la industria editorial, entre otras críticas.

Por otro lado, sellos tradicionales -Ediciones de la Flor, Losada y otros- agrupados en la Cámara Argentina del Libro (CAL) respaldan la creación del Instituto del Libro, aunque -según el presidente de la CAL, Hugo Levin- consideran que la iniciativa es perfectible.

Los unos y los otros

Reunidos por LA NACION, los editores Javier López Llovet (Sudamericana), Roberto Lightowler (Planeta), Fernando Esteves (Alfaguara), Mariano Roca (Tusquets), Trini Vergara (Vergara & Riba Editoras) y Miguel Balaguer (Bajo la Luna) dicen que lo que falta en el país "son políticas públicas para el sector. Estamos de acuerdo con la desgravación del IVA, pero no creemos que el Instituto sea el mecanismo adecuado para una política de fomento del libro y autores argentinos en el exterior. Crear un impuesto al libro va a contramano del mundo. Y afecta a distribuidores y libreros".

Dicen los editores que la norma es "estalinista, regulatoria y anacrónica", y que "crea un organismo burocrático. No está claro qué es el libro argentino: si es el que se produce en el país, entonces ¿una edición española de Borges no tendrá promoción?" Agregan que la única manera de fomentar el crecimiento del sector es fijar políticas de Estado "para que la gente lea y eliminar las retenciones a las exportaciones, porque el país está en un momento óptimo para exportar libros". Además, niegan que la existencia del Instituto pueda favorecer la traducción de autores argentinos al exterior y la compra de derechos de autores extranjeros.

Para Levin, el proyecto es oportuno porque promueve una discusión sobre la necesidad de políticas de promoción del libro argentino, políticas que el gobierno español, por ejemplo, entendió hace tiempo. "En España, cuya industria siempre miramos, existió un Instituto del Libro, que luego se sustituyó por otros organismos, y existen políticas de promoción. Hace dos semanas se presentó un nuevo proyecto de ley del libro para discutir desde el precio de venta hasta créditos y nuevas desgravaciones. Nosotros acá las vemos pasar. Las editoriales grandes no necesitan ayuda para estar en el mercado internacional, pero hay sellos chiquitos que sí la precisan. Es injusto rechazar un proyecto sin sentarse a discutirlo."

Dice Levin que los críticos "no se han sentado a hacer sus números, porque entenderían que con la ley tendrían un 4% más de beneficio". Advierte sobre el peligro de rechazar la propuesta en un país donde las iniciativas de leyes culturales no abundan. "Es falso que un aporte del 1% encarecerá el precio de tapa. Esta ley busca beneficiar a la industria, no perjudicarla". Admite que "el proyecto es perfectible en la aplicación concreta del fondo de fomento y en la definición concreta de libro argentino, entre otros aspectos", aunque lo relativo "a la conducción del Instituto será más complejo de debatir". Vale decir, el Poder Ejecutivo no cederá fácilmente el control político.

Coscia, que fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, defiende que la existencia de una réplica para el libro beneficiará el sector y aumentará la producción. "Sin el Incaa no habría cine argentino", dice. Los editores críticos replican que la diferencia es que en el cine hay una industria dominante externa que no da empleo en el país. Coscia agrega: "No legislo para las corporaciones, sino para toda la sociedad".

Levin afirma que "lo curioso es que los críticos de la iniciativa porque el Estado interviene no lo dicen cuando el Estado compra libros de texto. No pretendemos hacer la revolución Yo soy un empresario con 120 empleados que está trabajando para perfeccionar un proyecto que nos beneficia a todos".

[Fuente: Por Susana Reinoso, de la Redacción de La Nación, Bs As, 25jun06]

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