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19oct10


Los bancos españoles embargarán los bienes en Ecuador a los inmigrantes morosos


Llegaron atraídos por el fuerte crecimiento de la economía española a partir del año 2000. Aquí había trabajo y dinero para todos. Muchos de los casi 500.000 ecuatorianos que viven en España firmaron un contrato con alguna constructora, las locomotoras del momento. Se dejaron llevar por el 'ladrillo' y compraron pisos para invertir el dinero que ganaban. Sin embargo, llegaron las vacas flacas y el trabajo se esfumó; la hipoteca apretó y ellos, los inmigrantes, quisieron dejar las llaves de su casa al banco antes de volver a Ecuador. Lo que nadie les dijo al firmar la hipoteca es que en España el escenario es muy distinto: si en el país latinoamericano el banco sólo puede reclamar el bien hipotecado en caso de impago, en España el deudor responde con todo su patrimonio hasta completar el préstamo.

Presos de la misma situación, miles de ecuatorianos trasladaron su malestar desde España hasta las instituciones ecuatorianas. Desde Ecuador, hasta el mismísimo presidente, Rafael Correa, ha criticado duramente los excesos de la banca española durante los años de la 'burbuja' inmobiliaria que ahora ahoga a sus compatriotas.

El embajador de Ecuador en Madrid trasladó hace seis meses al gobernador del Banco de España el malestar que le transmitían sus compatriotas, unidos en asociaciones de afectados por impago. Galo Chiriboga denunciaba así ante Miguel Ángel Fernández Ordóñez que se concedieran créditos que cubrían más del 100% del valor de la hipoteca más gastos de tasación, impuestos, escrituración, intermediación y la reforma del piso.

Es un juego complicado. En España, los bancos y cajas ponen a los ecuatorianos las mismas condiciones que a los españoles: cada hipotecado asume el riesgo que firmó. Sea cual sea su nacionalidad. Y Correa no está dispuesto a que sus compatriotas paguen con sus bienes nacionales las deudas en España. Por eso critica que "los bancos y cajas no presentan soluciones socialmente razonables ni financieramente sostenibles a largo plazo", ya que es evidente que un ecuatoriano sin trabajo nunca podrá pagar el valor del piso adquirido en territorio.

Auditoría social del fraude hipotecario

Desde la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) denuncian el fraude hipotecario cometido por los bancos y cajas por el cual incrementaron enormemente sus ganancias. "Exigimos al gobierno español la realización de una auditoría social del fraude hipotecario que afectó gravemente a miles de familias inmigrantes de nuestros pueblos y nacionalidades, así como la sanción a los responsables de este delito". Llegan a decir que hay bancos que han amenazado a sus compatriotas con embargar sus bienes en Ecuador si salen de España.

El todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, siempre ha defendido que el fenómeno de la inmigración debe estar bien "regulado y ordenado". Por el contrario su predecesor, Jesús Caldera, extendió la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección si se tiene en cuenta que en España los inmigrantes representan el 12,8% de la población o, lo que es lo mismo, 5,6 millones de personas. De ellas, 4,5 millones están en edad de trabajar, y se encuentran mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción.

El conflicto hipotecario se produce ahora, cuando el Gobierno intenta disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios. La prioridad es dar empleo a los 4,5 millones de parados que hacen cola en el Inem. Al mismo tiempo, Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. Estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito. Los inmigrantes alegan que ellos quieren volver a sus países de origen, pero antes quieren deshacerse de los bienes que compraron en España y no están dispuestos a que, para pagar el valor de estos inmuebles, tengan que vender los suyos personales. España y Ecuador tendrán que saldar cuentas si se quiere repatriar a estos inmigrantes.

[Fuente: El Confidencial, Madrid, 19oct10]

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