Carta abierta al Excmo. Sr D. Abel Matutes Juan con relación a posición oficial española ante la 55ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Madrid. 15 de febrero de 1999
Excmo. SR D. Abel Matutes Juan, Ministro de Asuntos Exteriores Ministerio de Asuntos Exteriores
Excelentísimo señor,
Nos dirigimos a Usted con motivo de la próxima celebración del 55º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 22 de marzo al 30 de abril de 1999.
El programa electoral que el Partido Popular, hoy en el Gobierno, presentó en las elecciones del 3 de marzo de 1996 afirmaba que "la política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos". Amnistía Internacional, insta al Gobierno español a traducir esa declaración en compromisos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos
Amnistía Internacional considera de gran importancia el trabajo desempeñado por los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, especialmente la Comisión de Derechos Humanos. Como organización no gubernamental con estatuto consultivo especial ante el ECOSOC, AI está presente en la Comisión todos los años para seguir y contribuir al desarrollo del debate.
En este 55° periodo de sesiones, AI llama a todos los gobiernos a adoptar acciones efectivas en la Comisión, principalmente en relación a las graves, persistentes y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas en: Argelia, Arabia Saudí, Camboya, Colombia, China/Tibet, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Indonesia/Timor, México, la Región de los grandes Lagos y Turquía. El hecho de que AI se ocupe principalmente de estos países no significa que la organización descuide la situación de otras naciones donde se producen violaciones graves de derechos humanos y que merecen la vigilancia y atención de la Comisión.
Asimismo, nuestra organización prestará especial atención a los siguientes temas, que pedirá sean incluidos durante los trabajos de la Comisión:
- Como seguimiento a la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Declaración sobre los Defensores d5e los Derechos Humanos, Al instará a la Comisión a designar un Relator Especial que exhorte a los Estados a dar pasos importantes en la aplicación de esta declaración;
- El problema del reclutamiento de menores de edad en los conflictos armados, la tortura, las "desapariciones forzadas" y la cuestión de la pena de muerte.
Con respecto al Gobierno español, la Sección española de AI, le insta a prestar especial atención a la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Argelia, Colombia, Estados Unidos de América y México, y a promover acciones concretas para intentar paliar esta situación
Nos permitimos presentarle propuestas concretas y factibles, con el fin de que el Gobierno español pueda tomarlas en cuenta en la preparación, tanto a nivel interno como a nivel europeo, de los trabajos del 55 período de sesiones de la Comisión. Amnistía Internacional considera que estas medidas deberían ser adoptadas ya que son pasos completamente necesarios si realmente queremos que la situación de los derechos humanos en estos países mejore. Es obligación de los gobiernos promover que el respeto de la normativa internacional sobre derechos humanos sea una realidad.
Argelia
Los abusos y violaciones contra los derechos humanos han seguido produciéndose a gran escala a lo largo de todo 1998. Las fuerzas de segundad y las milicias armadas por el Estado han seguido siendo responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales, matanzas deliberadas y arbitraras, torturas "desapariciones" y detenciones arbitrarias. Por otra parte, los grupos armados de oposición que se autodenominan islámicos, han seguido utilizando como objetivo a los civiles. siendo responsables de multitud de asesinatos, tanto colectivos como individuales, incluyendo entre las victimas a niños, mujeres y ancianos.
Los responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos se encuentran protegidos por un manto de impuridad. Las autoridades argelinas, a pesar de que han informado que varios miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias armadas por el Estado han sido llevados ante la justicia por abusos contra los derechos humanos, no facilitan información detallada e impiden la realización de investigaciones independientes. El incumplimiento reiterado de las promesas de permitir el acceso de los Relatores especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y Arbitrarias, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja, no ha originado acciones concretas de la comunidad internacional y en concreto de la Comisión de Derechos Humanos, tendentes a abordar la crisis de derechos humanos en este país.
Amnistía Internacional, por todo ello, pide al Gobierno español que aliente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a adoptar las siguientes acciones:
- Nombramiento de un Relator Especial para Argelia.
- Exhortar al Gobierno argelino a que invite al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias y Forzosas de Naciones Unidas para que visite el pais e investigue los casos de desapariciones;
- Pedir la liberación de todos los "desaparecidos", a menos que estén acusados de un delito tipificado, en cuyo caso deberán ser trasladados a lugares reconocidos oficialmente y emprenderse el proceso legal correspondiente.
- Demandar de las autoridades investigaciones independientes e imparciales sobre todos los casos de "desapariciones", aclarar el paradero de los desaparecidos, facilitar información sobre las causas y circunstancias de la muerte de los "desaparecidos" muertos, notificar a las familias el lugar en el que se encuentran enterrados, y facilitar la exhumación y exámenes forenses independientes;
- Exhortar al gobierno a que disuelva las milicias de autodefensa armadas por el Estado;
- Solicitar al Gobierno argelino que cumpla sus repetidas promesas de permitir el acceso a los Relatores Especiales sobre Tortura y de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias;
- Pedir a las autoridades que se permita, sin ningún tipo de restricción, el acceso del CICR a todos los centros de detención, así como el de organizaciones internacionales de derechos humanos al país;
- Solicitar al Gobierno argelino la adopción de las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos, celebrado en julio del pasado año, entre las que se incluyen:
- Asegurar mecanismos independientes que permitan investigar todas las violaciones del derecho a la vida y a la seguridad de la persona cometidas por las fuerzas de seguridad, a todos los niveles jerárquicos, que permitan llevar a los responsables ante la justicia y hacer públicos los resultados de las investigaciones;
- Crear un registro central de archivo de casos de "desapariciones", ayuda a las familias de "desaparecidos", crear un sistema de vigilancia y prevención de tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante para todos los detenidos v. asegurar que nadie podrá ser arrestado o detenido "fuera de la ley";
- Conceder acceso inmediato a Argelia del Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros observadores independientes;
- Mantener dentro de la policía y fuerzas de seguridad la responsabilidad de mantener la ley y el orden y que las milicias de autodefensa se subordinen a un estricto y efectivo control por parte de órganos responsables del Estado, siendo llevados ante la justicia en caso de abusos.
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Colombia
La grave situación de los derechos humanos en Colombia está determinada, desde hace décadas, por la persistencia de uno de los conflictos internos más antiguos de América Latina. En la actualidad, en el contexto de conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y los principales grupos armados de oposición, todas las partes del conflicto han intensificado sus acciones y continúan violando sistemáticamente los derechos humanos de la población civil, lo cual afecta especialmente a activistas sociales y políticos, defensores de derechos humanos y campesinos pobres habitantes de áreas en conflicto. Ser tachado de "subversivo" o de "cómplice con la subversión" puede equivaler a una sentencia oficiosa de muerte. La población civil que habita en las zonas de conflicto y los defensores de derechos humanos son las principales víctimas de esta criminalización injusta que ha costado, en los últimos tiempos, la vida a un buen número de defensores de derechos humanos y el acoso a sus organizaciones.
Amnistía Internacional conoce y denuncia que los grupos armados de oposición también vulneran frecuentemente el derecho Internacional Humanitario. Según los informes, alrededor de una tercera parte de los asesinatos cometidos por motivos políticos corresponden a estos grupos. El resto se debe a la acción conjunta de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares.
La población civil es la principal victima de estos enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad y los distintos grupos paramilitares vinculados a aquellas llevan a cabo una estrategia contrainsurgente que no se detiene ante las violaciones de derechos humanos. Durante 1998, cientos de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y "desaparecidos" en el contexto de la expansión territorial de los grupos paramilitares. Se calcula que hay 1.200.000 desplazados internos en Colombia que se han visto obligados a abandonar sus hogares para salvar su vida.
Los paramilitares actúan con total impunidad, a pesar de las promesas de los sucesivos gobiernos de hacerles frente. Diversas investigaciones independientes y judiciales han demostrado que muchos de estos grupos actúan en complicidad y, en muchos casos , en coordinación con las fuerzas armadas colombianas. Las cifras reflejan que en los últimos tiempos las violaciones de derechos humanos cometidas directamente por las fuerzas de seguridad han ido disminuyendo en beneficio de las cometidas por los paramilitares, lo cual indicaría que aquellas simplemente han delegado en estos la labor de "guerra sucia".
Las acciones judiciales tendentes a esclarecer las posibles relaciones entre paramilitares y fuerzas de seguridad han sufrido todo tipo de interrupciones, agravadas por los mecanismos de impunidad de que se valen los miembros de los estamentos militares para evitar investigaciones públicas e imparciales y juicios justos sobre estas imputaciones. A pesar de las recomendaciones judiciales e internacionales al respecto, la impunidad persiste como principal escollo para acabar con la crisis de los derechos humanos en Colombia.
La Sección Española de Amnistía Internacional pide al Gobierno Español, en relación con Colombia, y ante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), lo siguiente:
- Promueva, junto a los demás gobiernos de la Unión Europea, una resolución en la que la Comisión reitere su preocupación por la profunda crisis de derechos humanos en Colombia y en la que se recuerde al Gobierno Colombiano que el respeto por los derechos humanos no debe depender de un eventual acuerdo político entre el estado y los grupos de oposición armada;
- Instar al Gobierno Colombiano a que adopte medidas inmediatas para que se pongan en práctica todas las recomendaciones hechas por los diferentes mecanismos temáticos de Naciones Unidas en relación con los derechos humanos;
- Apoye la prolongación del mandato de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandato que finaliza en abrir de 1999;
- En este sentido, AI pide al Gobierno Español que, en el ámbito de sus competencias contribuya a que se refuerce el trabajo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con la incorporación de un número suficiente de expertos para que la Oficina cumpla de forma efectiva su mandato: 1a supervisión de la situación de los derechos humanos y el asesoramiento al Gobierno Colombiano sobre la puesta en práctica de las recomendaciones de la propia Comisión y de sus mecanismos temáticos.
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Estados Unidos de América
A pesar de pretender el liderazgo internacional en el campo de los derechos humanos y de tener muchas instituciones destinadas a la protección de las libertades civiles, Estados Unidos no cumple la promesa fundamental de hacer que los derechos sean para todos. Existe una persistente y generalizada pauta de violación de los derechos humanos en los EE. UU. Las violaciones de derechos humanos parecen afectar desproporcionadamente a minorías étnicas o raciales. La brutalidad policial es común en todo el país, así como las violaciones de los derechos humanos de los detenidos. El aumento de los delitos castigados con pena de muerte, su imposición para delitos cometidos por menores de 18 años de edad y el incremento de ejecuciones, contradicen los pactos internacionales de derechos humanos. Es alarmante la creciente práctica de detener a solicitantes de asilo, así como el hecho de que muchos continúen retenidos en prisiones, junto a delincuentes comunes, sin revisión judicial de su detención.
A pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte más de 350 presos han sido ejecutados en EE. UU desde 1990, y 3.500 personas esperan su ejecución. La pena capital se aplica de forma arbitraria e injusta en función de la raza o del status económico. Los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la aplicación de la pena de muerte para los crímenes cometidos por menores de edad o discapacitados mentales. Estos tratados también exigen las más estrictas garantías legales en juicios por delitos que puedan ser castigados con pena de muerte. Estados Unidos falta en el cumplimiento de todos los estándares mínimos. Cuando EE. UU. ratificó el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reservó el derecho de imponer la pena de muerte a las personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer el delito. El Comité de Derechos Humanos ha establecido que esta reserva es incompatible con el objetivo y propósito del Convenio. Además, expertos en derechos humanos nombrados por la Comisión para dirigir misiones de investigación en los EE. UU. no han recibido una cooperación plena de las autoridades estadounidenses. Al relator especial sobre la violencia contra las mujeres se le denegó el acceso a un elevado número de prisiones en el estado de Michigan y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos a la hora de reunirse con autoridades federales.
Amnistía Internacional pide al Gobierno español que junto a los restantes países de la UE en el marco de la Comisión apremie a las autoridades estadounidenses a:
- Ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, (sólo quedan por ratificarlo EE.UU y Somalia) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (es uno de los diez únicos países que no lo han hecho);
- Instar a EE.UU a retirar sus reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura, especialmente las que limitan la aplicación de los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1, 3 y 16 de la Convención contra la Tortura. También debe retirar las reservas que limitan la incorporación de las obligaciones internacionales estadounidenses a sus leyes nacionales todas las medidas necesarias para prevenir la brutalidad policial, así como cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad;
- Garantizar que todas tas denuncias sobre violación de los derechos humanos sean investigadas de forma completa e imparcial, que los responsables de las violaciones sean juzgados, y que los estándares internacionales relevantes sobre derechos humanos se incorporen al derecho interno y a las políticas gubernamentales;
- La declaración inmediata de una moratoria de las ejecuciones, con vistas a una abolición total de la pena de muerte Debe ser inmediatamente suspendida la imposición de la pena capital a crímenes presuntamente cometidos por menores o discapacitados mentales;
- Invitar al Relator Especial sobre tortura y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias a llevar a cabo una visita a los Estados Unidos. La visita deberá centrarse especialmente, pero no exclusivamente, en la administración de justicia en el país. En este contexto, el Grupo de Trabajo deberá realizar una revisión de las detenciones de los solicitantes de asilo. Los expertos podrían ser requeridos para informar en la siguiente sesión de la Comisión;
- Solicitar que sus Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre las formas actuales de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, sobre la venta de niños, prostitución y pornografía infantil, y sobre violencia contra las mujeres, realicen un informe conjunto de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas una vez finalizadas las misiones de investigación. Cuando no hayan sido llevadas a cabo, se deberán adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
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México
La situación de los derechos humanos en México continúa siendo muy preocupante. Los derechos humanos se violaron, especialmente en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia que se llevaron a cabo en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estos abusos, en lineas generales, fueron atribuibles a miembros de la Policía, el ejército y las organizaciones paramilitares que actúan con la aquiescencia de las autoridades
Muchos de los acusados de cometer violaciones de derechos humanos actuaron con impunidad. Entre ellos se encuentran oficiales de alta graduación implicados en la masacre de 17 campesinos indígenas cerca de Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1995. De igual modo, los responsables de la masacre de 45 campesinos indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada en diciembre de 1997, que todavía no han sido juzgados. Al menos 20 personas fueron muertas en dos incidentes distintos, ocurridos en junio de 1998 y en los que se vieron envueltas las fuerzas de seguridad de El Charco, Guerrero, y el Bosque, Chiapas. Al parecer, algunas de aquéllas fueron ejecutadas extrajudicialmente. En diciembre de 1998, las investigaciones todavía no habían llegado a concluir cuáles habían sido las circunstancias, forma y causas de estas muertes. Cientos de "desapariciones", la mayoría de larga duración, permanecen sin resolver.
En agosto de 1998, la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, urgió al gobierno mexicano, en su resolución 1998/4, "a combatir la impunidad de los autores de graves violaciones de derechos humanos, especialmente sufridos por numerosos miembros de comunidades indígenas", y pidió que la Comisión de Derechos Humanos analice la situación de los derechos humanos en su próxima sesión. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, concluyó, tras su visita a México en 1997, "que la tortura y otros malos tratos suceden frecuentemente en muchos lugares [del país]"
Amnistía Internacional pide al Gobierno español que promueva en el marco de la Comisión:
- Se analice la situación de los derechos humanos en México en su próxima sesión;
- Urgir al gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones del Comité contra la Tortura y del Relator Especial sobre Tortura, en particular que los casos de tortura de civiles perpetrados por miembros de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales civiles y que no se admitan aquellas declaraciones de los detenidos, a menos que hayan sido realizadas en presencia de un juez;
- Urgir al gobierno de México a extender invitaciones a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, y sobre la independencia de jueces y abogados.
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Esperamos que al establecer las instrucciones de la Delegación de España, encuentre Usted útil la información y las propuestas que le hemos presentado. Le pedimos nos comente lo expuesto y le insistimos en la necesidad de que los gobiernos utilicen todos los instrumentos y mecanismos de los que disponen para asegurar el respeto do el cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos.
Nos gustaría conocer en detalle cuáles de estas propuestas de Amnistía Internacional van a ser asumidas por parte del Gobierno español en la preparación v desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esperamos que en el marco del 55° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se obtengan los resultados propios y coherentes con el tan celebrado 50° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Atentamente,
Andrés Krakenbergen Larsson, Presidente de la Sección Española ,Amnistía Internacional
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