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17mar03


El deterioro de la documentación de la penitenciaría de Navarra dificulta certificar la estancia en prisión de reclusos.


El archivo histórico de la prisión de Pamplona sufre un deterioro alarmante rayano en la putrefacción. La documentación que contiene la información penitenciaria de todo el siglo XX en la Comunidad foral, incluyendo la procedente de las desaparecidas prisiones de Estella y Tafalla y del fuerte-presidio de San Cristóbal, se almacenan desordenadamente en una dependencia de la vetusta cárcel de Pamplona.

Ensuciados por las deposiciones de palomas, amontonados junto a enseres y muebles en desuso, deteriorados y en algunos casos en un estado tal de descomposición que impide su manejo, cientos de legajos con valiosísima información histórica y administrativa padecen las consecuencias de un deterioro de décadas.

La situación ha sido denunciada públicamente por la sección sindical de ELA. El estado de abandono del archivo dificulta, hasta hacerla imposible en ocasiones, la tramitación de los preceptivos certificados que acreditan la estancia en la cárcel de prisioneros del régimen franquista, cuyos descendientes tramitan las indemnizaciones correspondientes.

Más de un centenar de solicitudes de familiares de aquellos reclusos, un buen número procedentes de Euskadi, se acumulan en la prisión pamplonesa a la espera de que sea encontrado el papel donde se certifique el paso por la cárcel de sus parientes, un requisito imprescindible para cobrar las ayudas económicas arbitradas en los últimos años por diversos ejecutivos autonómicos, entre ellos el vasco.

El archivo se ubica en un ático de la cárcel de Pamplona, un edificio con cien años de existencia. Se trata del antiguo departamento donde residían las monjas cuando eran cuidadoras de la prisión.

Los trabajadores de la cárcel que habitualmente acceden al lugar para realizar la gestión del papeleo deben hacerlo provistos de batas, mascarillas especiales y guantes de protección para evitar afecciones a su salud, especialmente por la presencia de esporas del hongo aspergillus en altas concentraciones.

La localización de los certificados es lenta y laboriosa. La documentación está muy desordenada. A mediados del siglo XX, un incendio dañó el archivo y la pasada década un recluso ejerció las labores de archivero y extrajo documentación alterando sustancialmente la situación del propio archivo. Las trabajadores de la cárcel que realizan hoy en día esa tarea carecen de cualquier preparación específica en la materia, un trabajo añadido que les ha sido adjudicado al margen de sus ocupaciones habituales en el recinto carcelario.

La dirección de la prisión niega que haya legajos pudriéndose. "La denuncia sindical ha sido alarmista. Lo único que hay es mucho polvo acumulado durante años", indicó un portavoz de la dirección, "pero se van tramitando los certificados", añadió.

No obstante, fuentes de la prisión han confirmado a EL PAÍS el lamentable estado del archivo, cuya protección legal es competencia de la dirección general de Instituciones Penitenciarias. Actualmente se desarrolla un incipiente proceso de informatización del archivo consistente en la elaboración de un listado nominal con información básica.

Fuentes del Gobierno de Navarra han señalado que existe un informe de recuperación y tratamiento archivístico pero se carece de competencias para desarrollarlo. "Si se produjera la transferencia a Navarra la situación se podría arreglar", indicó una fuente cercana al Ejecutivo foral. La dirección de la cárcel se negó a permitir que la archivera autora del trabajo, realizado en 2002 por una profesional ajena al centro, informara a EL PAÍS el contenido del mismo.

Indemnizaciones.

El Gobierno vasco, por su parte, ha recibido 7.000 solicitudes de percepción de las indemnizaciones arbitradas en el decreto 280/2002 de 19 de noviembre para compensar el encarcelamiento durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El plazo de entrega de la documentación se abrió el 29 de noviembre de 2002 y se cerró el pasado 28 de febrero, aunque se ha habilitado una prórroga temporal.

Mientras, en Navarra, un decreto foral de 1995 arbitró las ayudas a 127 peticiones. Se recibieron un total de 272 solicitudes, de las que 100 no fueron atendidas al no poder acreditar documentalmente la estancia en prisión, bien porque los archivos fueron quemados o por la desaparición de los mismos. El Gobierno foral gastó 78 millones de pesetas. El decreto establecía una indemnización mínima de 183.330 pesetas a las que se sumaron 30.555 pesetas por cada mes adicional de cárcel, hasta una cuantía máxima de 1,1 millones.

El decreto vasco, que destina a este fin 3,6 millones de euros, exige como requisito para acceder a la indemnización haber padecido prisión o reclusión en campos de internamiento o concentración durante al menos seis meses y tener cumplidos los 65 años. El importe máximo por persona o familiar será de 9.600 euros.

[Fuente: Por Mikel Muez del diario El País, País Vasco, Pamplona, 17mar03]

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Este documento ha sido publicado el 17sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights